Como una de las tantas deudas que han dejado los gobiernos de la posdictadura, las organizaciones de derechos humanos califican a la mantención del secreto de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura consignados en el Informe Valech. “En el gobierno de Ricardo Lagos, y él siendo responsable de esta cláusula de secreto durante 50 años aduciendo algo que es falso que es la protección de las personas testimoniantes