El financiamiento ilegal de la política por parte de privados tiene su contraparte en los préstamos que el Estado le da a empresas que nunca son pagados. Alberto Salas, presidente del gremio empresarial (CPC), era director de la Enami cuando se otorgó un crédito de US$1 millón a la minera de su entonces suegro y de cuyo holding era gerente. Dos meses después la minera cerró faenas. Nunca se pagó la deuda. A Salas lo reemplazó en la Enami Jorge Riesco, representante de una minera también deudora de la empresa estatal y en la que participó el subsecretario de Minería y director de Enami, Ignacio Moreno.