Las revelaciones, publicadas por una prensa valiente y alimentadas con la filtración de nombres y documentos, llevaron al senado a aprobar una ley que podría castigar hasta con 541 días de prisión a cualquiera que haga pública información sobre investigaciones judiciales en curso.
Los periodistas la califican como una “ley mordaza” que restringiría la libertad de información al público en una época en que la élite gobernante pasa por momentos vergonzosos.