Prohibir la discriminación a los afectados es un deber importante del estado, pero un deber secundario. El deber primario es prevenir y reducir esas «mutaciones o alteraciones de material genético» a un mínimo, en lo posible, eliminando las fuentes que lo provocan. ¡Es su deber informarnos y es un deber del estado reducir esos riesgos a un mínimo!