“Tales consejos no fueron sino grotescas farsas, y todos ellos deben anularse, no sólo porque nunca hubo «guerra», no sólo porque todos los acusados fueron sometidos a torturas y ninguno tuvo algún tipo de actuación después del golpe, etc., etc., sino porque en el caso de las sentencias de muerte, debía haber unanimidad entre sus miembros. Y no la hubo”. Una vez que los prisioneros políticos fueron ejecutados, sus cadáveres no fueron entregados a las familias, como es el caso de los cuatro ejecutados tras el Consejo de Guerra del 29 de octubre: Rodolfo Jacinto Fuenzalida Covarrubias, Juan Antonio Ruz Díaz, José Demóstenes Sampson Ocaranza y Freddy Marcelo Taberna Gallegos, que hasta hoy, se mantienen como detenidos desaparecidos, ya que sus restos no fueron encontrados.