La Iglesia católica argentina renunciará progresivamente a la aportación estatal, de 130 millones de pesos anuales (3.5 millones de dólares), y reclamará más solidaridad económica de los fieles para compensar la merma. No se trata de un gran sacrificio, ya que los 130 millones suponen menos del 10% de su presupuesto, pero sí de un gesto cargado de simbolismo: a los obispos se les reprochó, durante la reciente batalla legislativa por la legalización del aborto, que cobraran del presupuesto público. La renuncia implica más independencia frente a un poder político con en el que, en general, no simpatizan. Y acaba con una prebenda que data de la última dictadura militar.