¿Tiene el Ejecutivo, en determinados casos (como en el caso de pandemia), potestad constitucional para establecer la eutanasia como forma de muerte para quienes no puedan ser atendidos por los servicios? ¿Puede aplicarse la pena de muerte a miles de personas, por vía administrativa, a quienes se les priva de atención médica por defender una política interesada de las autoridades gubernamentales? ¿Son, tanto el Gobierno como todos sus colaboradores, responsables de la muerte de quienes fueron contagiados por el virus Corona y no pudieron ser atendidos?