Los civiles acusados de cometer supuestos delitos durante las manifestaciones que permanecen privados de libertad son 497. De ellos, 216 están bajo arresto domiciliario. Los policías y efectivos de Fuerzas Armadas investigados por la Fiscalía por supuestas violaciones de derechos humanos son 466. De estos, 64 están formalizados. Hasta el 15 de junio las acusaciones por eventuales abusos de DDHH ascendían a 8.510, pero sólo 800 se han traducido en querellas. El gobierno, en tanto, ha presentado 1.914 acciones judiciales contra 3.274 personas acusadas de incendio, agresión a uniformados y, principalmente, desórdenes.