«Solicitamos formalmente al congreso nacional, a los decanos de las facultades de derecho y a las organizaciones de la sociedad civil que fiscalicen el actuar de los consejeros y consejeras que designaron para resguardar y fortalecer la labor institucional de proteger y promover los derechos humanos en Chile. Estamos ante la crisis más grave de derechos humanos desde el fin de la dictadura y no podemos permitir que la institución encargada de protegerlos quede sujeta a las presiones políticas del gobierno de turno, perdiendo así su autonomía y dejando de cumplir su rol de denuncia respecto de los delitos y crímenes cometidos por agentes del Estado.»