Según el recurso de amparo, “la policía realizó un ilegal e infundado acoso sistemático en contra de los estudiantes peruanos desde que ingresaron a Chile, contra quienes presentaron una denuncia por el simple hecho de poseer unos libros de marxismo y ciencias sociales en general. Esta denuncia fue la base para que el Intendente de Antofagasta, Arturo Rosamel Molina Henríquez, dispusiera su expulsión del país, al considerarlos ‘propagandistas o incitadores de ideologías’ que entiende son contrarias a la estabilidad del país”.