Categoría: Declaraciones

Horas antes de dar inicio a una consulta popular que decidiría sobre la instalación de una cuarta urna en las elecciones del próximo 29 de noviembre, en la que se determinaría la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente en la República de Honduras; un Golpe de Estado orquestado por una pequeña cúpula de las fuerzas armadas del país, apoyada por la extrema derecha burguesa y las empresas de medios de comunicación, ha vulnerado la democracia latinoamericana y la potestad del pueblo hondureño de decidir sobre sus asuntos internos.

Declaración Urgente
Hemos sido informados que el Presidente de Honduras Manuel Zelaya ha sido detenido por las Fuerzas Armadas y según versiones de prensa trasladado a Costa Rica. 
Con esto las Fuerzas Armadas han querido detener la consulta ciudadana que se realizaría este domingo 28 de junio y que tenia por fin que el pueblo de honduras soberanamente decidiera la posibilidad de llamar, en noviembre próximo, a una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución democrática para Honduras. 

Por atreverse a plebiscitar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente
Una vez más la ultraderecha latinoamericana, acompañada de las grandes empresas de comunicación, ha demostrado su talante antidemocrático y su empeño por acabar con la autonomía de los pueblos que deciden emprender procesos de cambio de la mano de gobiernos legítimamente constituidos. Esta vez el objetivo de la arremetida oligárquica es el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien durante su gobierno se ha distanciado de los grupos de poder económico y político, acabando con el usufructo que los dueños de las grandes empresas obtenían del Estado (especialmente en los sectores del combustible, medicinas y armas), a costa de la miseria de la mayoría del pueblo hondureño.

Por atreverse a plebiscitar el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente
El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, ha sido un objeto de un intento de golpe de Estado técnico de parte del Congreso nacional, miembros de las Fuerzas Armadas y la Corte Suprema de Justicia de su país.
"Estamos, lógicamente luchando en esta sociedad por instalar una democracia participativa, pero hay quienes dicen que yo sólo quiero quedarme en el poder. Ya he dicho que culminaré mi mandato en 2010", sentenció Zelaya. Su gobierno está realizando mañana domingo 28 de junio un plebiscito para decidir el llamado a una Asamblea Constituyente.

Declaración Pública, Segundo Informe de Derechos Humanos
Este informe, contiene las deudas pendientes del Estado Chileno sobre la tortura ejercida durante la dictadura; deudas relacionadas con las medidas de no repetición, la educación en derechos humanos; la denegación de Justicia que guarda por 50 años los datos de los responsables de tortura, prolongando la gravedad del crimen cometido; las deudas relacionadas con la reparación integral para los sobrevivientes de tortura, la reapertura de las instancias de calificación y la generación de una institucionalidad del Estado chileno en materia de derechos humanos. [NdR: La entrega se efectúa hoy, viernes 26 de junio, a las 11:30 hrs., en el Palacio de la Moneda]

Informe y análisis político del ejecutivo provisorio del Movimiento de los Pueblos y los Trabajadores para la Asamblea General del 27 de junio de 2009
En el actual período de desventaja transitoria de los intereses organizados del pueblo trabajador, el MPT tiene el deber de imponerse el crecimiento incesante entre los polos de pueblo agrupado en miles de expresiones, a lo largo y ancho del país; crecer hacia abajo y hasta los límites dibujados por los principios y plataforma de lucha acordadas. El MPT es el instrumento político mandatado a revelar en la práctica la pirotecnia de la ilusión burguesa y sus estrategias de control, dominio y expoliación, por un lado, y convertirse,  paso a paso, en el referente federado y unido de la izquierda anticapitalista chilena, por otro.

«Alan García debería pedir perdón a ese pueblo (de las ciudades de La Paz y El Alto) masacrado por Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros»,
Perú concedió en mayo último asilo a Jorge Torres Obleas, ex ministro boliviano de Hacienda, y refugio a su colegas de Salud, Javier Torres Goitia, y de Participación Popular, Mirtha Quevedo, acusados, junto a Sánchez de Lozada, por la muerte de 67 civiles durante una represión policial militar en octubre de 2003 en los Andes de Bolivia.
También le conminó a «pedir perdón al pueblo peruano» por la represión que desató en la localidad amazónica de Bagua y que dejó, según una Organización Interétnica de Perú, entre 60 y 100 aborígenes muertos.

Nuevamente el rostro lívido de la Bestia, el fascismo, último recurso del capitalismo asesino, desesperado por mantener sus privilegios seculares, masacra impunemente al pueblo peruano. Los señores del caucho se han reencarnado horrorosamente en los gobernantes de una república bananera: Alan García Pérez, el genocida de los penales, el Gabinete Ministerial en pleno, compinches de la masacre, los congresistas del APRA, Unidad Nacional y el fujimorismo, mienten todos al pueblo peruano, insistiendo en que la población amazónica y sus dirigentes son los culpables de la masacre desatada con exclusiva responsabilidad de Alan García Pérez.

La “suspensión”, no es otra cosa que postergar  nuevamente la MASACRE, para la entrega de nuestros territorios ANCESTRALES, por lo que no debemos ser triunfalistas, frente al “silencio” o “renuncia” de la ministro del interior MERCEDES CABANILLAS, EL PRIMER MINISTRO, por que no resuelve el problema de fondo, por el contrario, es una estrategia para continuar con su política entrevista y genocida de los patrimonios ancestrales.  Esta política, se aplica también a los millones de pobres del Perú, condenados a vivir  en las VILLAS MISERIAS, que se han quintuplicado en este gobierno.

En el Día del Medio Ambiente, 5 de junio, la Alianza por una Mejor Calidad de Vida, integrada por la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y la Corporación de Investigación en Agricultura Alternativa (CIAL) denuncia la complicidad del senador Jaime Naranjo (PS), Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, con los empresarios y distribuidores de plaguicidas en contra de los campesinos.