Categoría: Análisis

La crisis es como un lejano rumor. Cuando Europa colapsa, Estados Unidos pierde su condición de superpotencia económica y China reduce su ritmo de crecimiento y de motor de la economía mundial, Chile vive ensimismado en su delirio de consumo. El ciudadano, más informado por la publicidad que por los periódicos, continúa en la bicicleta financiera, armándose de nuevos créditos para adquirir más bienes, en tanto el sector financiero y el comercio siguen trazando proyecciones, acomodando activos y ampliando sus mercados.

La “guerra contra el terror” inaugurada por George W Bush tras los atentados del 11 S, está siendo desplazada por la “contención” de China, la nueva estrategia delineada por el Pentágono para cercar y, eventualmente, ahogar a la potencia asiática, con el objetivo de mantener la supremacía global. El último viraje del imperio involucra de lleno a Sudamérica.
El segundo paso no es militar sino económico. Consiste en un ambicioso acuerdo de libre comercio entre varios países del Pacífico denominado Acuerdo de Asociación Trans-pacífico, TPP(1). Hasta ahora se trata de nueve países: Australia, Brunei, Chile, Estados Unidos, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. China es dejada fuera y se consigue romper la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sureste Asiático, donde ese país tiene un papel hegemónico.

Por eso el primer país que firmó un TLC con el Mercosur fue Israel en 2007. Por eso ahora se ha concretado uno similar con Palestina. Estamos haciendo política real sudamericana; no es cuestión de ideologías de izquierda ni derecha, es el nacimiento de una política de estado común de los sudamericanos. Cuando miramos hacia afuera, el panorama es bastante desalentador, y el escenario se muestra muy crítico, para la paz y estabilidad de sus pueblos.

Pocas personas se atreverían a negar que la reforma de la educación se presenta, hoy, como una de las grandes tareas a realizar por las coaliciones que se disputan en las justas electorales el gobierno de la nación. Pero así como puede existir consenso en aceptar dicha premisa, también ha de haberla en cuanto a señalar que la de la salud se perfila como otra de las tantas que es necesario acometer y que puede acarrear múltiples problemas al gobierno de turno.
Para poder introducirnos en el tema, previo es, sin embargo, retroceder un poco en el tiempo y recordar algunos hechos que tuvieron especial relevancia en el desarrollo de los acontecimientos posteriores.

Presentamos el examen del doctor Julián Aceitero, el segundo de una serie, cuya primera parte ya fue publicada en piensaChile, cuestiona, desde otro ángulo, pero siguiendo un camino también tomado por el doctor Ravanal, el contenido de los informes forenses elaborados por el equipo internacional interdisciplinario y el SML, a partir de un detallado análisis crítico de sus respectivos textos. Es aquí donde se ponen al descubierto una serie de anomalías, errores e inconsistencias de aquellos documentos, que no representan simples detalles menores, sino que ponen en entredicho y en última instancia refutan sus conclusiones centrales.

En su calidad de movimiento, las organizaciones estudiantiles se han enfrentado a una estrategia estatal que presenta un doble carácter: por una parte, el que realiza el Gobierno y sus aparatos anexos; por otra, el que ejecuta la llamada ‘oposición’, también como función propia del Estado. En palabras más simples: el movimiento estudiantil se ha enfrentado al Estado como un todo. Y ante ello, debe tener presente algo crucial: que es el Estado organizador político de las clases dominantes a la vez que desorganizador político de las clases dominadas. El Estado no negocia con movimientos que son actores sociales, sino con actores políticos.

cuestiono que la empresa estatal esté adquiriendo recursos que, aseguró, pertenecen a todos los chilenos: “Aparece inaudito que Chile, Codelco, esté comprando un yacimiento que es chileno. La Constitución dice categóricamente que el Estado es el dueño absoluto de las minas, imprescriptible, inalienable y exclusivo. Eso lo dice la Constitución, para marcar la soberanía nacional sobre los recursos naturales. ¡Está comprando eso!”

En construcciones, alfombras, quincallerías, lavamanos, guardapolvos se han gastado decenas de millones provenientes de la Ley Reservada del Cobre que dice estrictamente que sus recursos deben destinarse a aumentar el potencial bélico del país. La historia arranca en 2007, tras la decisión de Bachelet de devolver el Edificio Gabriela Mistral y regresar el Ministerio de Defensa a calle Zenteno. Hasta hoy se está echando mano a los excedentes de la venta del cobre para fines inmobiliarios. La explicación del actual subsecretario para las Fuerzas Armadas es clara: “antes que yo, lo hicieron otros”.

De las 10 universidades que recibieron más aportes de privados en 2010, sólo una es estatal. La mayoría son instituciones conservadoras en lo valórico, liberales en lo económico y con una matrícula compuesta por alumnos de estratos altos. Las empresas donantes descuentan esos dineros de sus impuestos, en virtud de una norma promulgada por el gobierno militar, apoyando proyectos que les son afines ideológicamente con dinero que debieron haber pagado al Fisco.

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