Dos contratos que llevan la firma de Pablo Longueira son la evidencia clave de su formalización por cohecho, la que acaba de pedir la Fiscalía. CIPER accedió a ambos documentos, los que sellaron para SQM el beneficio tributario al que accedió en la ley de royalty minero de 2010. Esa ley incluye un artículo –que modificó el proyecto original- redactado en SQM y entregado al entonces senador Longueira, quien lo derivó al gobierno. Un año después, el mismo Longueira, ya como ministro, rubricó los contratos que le otorgaron la invariabilidad tributaria a SQM.