El 15 de noviembre,a casi un mes después del inicio de las movilizaciones populares, casi todos los partidos políticos con representación parlamentaria,y una vez superados el temor y la incertidumbre inicial, firman un “Acuerdo por la paz social y la nueva Constitución”, con el objeto de intentar detener la rebelión y evitar en el corto plazo la muy probable caída del gobierno, y proponer un camino de salida a la crisis que les asegure seguir manteniendo el poder y el statu quo, y que se traduce en una reforma a la Constitución, que establece un procedimiento restringido para elaborar una nueva, limitando el EJERCICIO PLENO DE LA SOBERANIA POPULAR, en este caso, de lo que debiera ser el PODER CONSTITUYENTE