Estuvieron cómodos y no decían nada durante los 90 y 2000, mientras continuaban las privatizaciones de prácticamente todo lo existente y el Estado negaba derechos básicos a la población como la salud, educación y el agua, y profundizaba el racismo hacia los pueblos originarios, a través de la aplicación de leyes terroristas y la expansión del negocio forestal.