La iniciativa popular plantea que la nueva Constitución desprivatice el agua poniendo fin al mercado de las aguas. El Código de Aguas se entenderá derogado con la promulgación de la Constitución. En el corto plazo, se propone adoptar medidas inmediatas de redistribución de las aguas. A mediano y largo plazo, la nueva institucionalidad redistribuirá los usos del agua a través de Licencias de Uso incomerciables, temporales y revocables.