«El derecho internacional prohíbe que una potencia colonial abandone ese territorio antes de que esa población se autodetermine vía celebración del referéndum. No se puede abandonar unilateralmente por la potencia colonial el territorio que administra. Por eso, el abandono declarado por España para finales de febrero de 1976 nunca fue reconocido por las Naciones Unidas y de hecho hay una resolución en octubre y diciembre de ese año en que la ONU sigue tratando a España como potencia colonial.» Y «la potencia colonial tiene la obligación de proteger judicialmente a esos ciudadanos […] porque el territorio [el Sahara Occidental] continúa siendo español hasta que se independice».