El memorial responde a un proyecto de ley presentado por distintos diputados del país, que busca recordar a todas las víctimas que fueron arrojadas al mar por las fuerzas armadas durante la dictadura cívico militar, lo que lo vuelve un importante hito de memoria y reparación, acorde con los tratados internacionales que ha firmado el Estado de Chile en materia de derechos humanos.