España es la Potencia Administradora de derecho de nuestra ex-Provincia 53 y, por consiguiente, conforme a la Ley Internacional, tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos. Se trata, en este caso, de una ciudadana valiente, luchadora, consecuente y merecedora de ser premiada por su resistencia a los matones y criminales que la asedian desde hace ya un año y que la han vejado y violado.