La aprobación por 28 votos contra doce, de la moción parlamentaria que originó el proyecto de reforma constitucional que permite el resguardo de infraestructura crítica por parte de las FF.AA., constituye un paso más del golpe de Estado institucional que está desplegando el partido del orden, en respuesta a la sublevación popular del 18-0.
Las implicaciones son tan serias, que motejar de traidores a los «opositores» que votaron por el mini estado de sitio legalizado, es erróneo, desde el punto de vista su identidad política.