Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y sobrevivientes de la dictadura marcharon hasta La Moneda para rechazar la posibilidad de que el gobierno otorgue indultos a condenados por crímenes de lesa humanidad. La movilización surge tras declaraciones del Presidente José Antonio Kast y del ministro de Justicia que abrieron la puerta a evaluar eventuales beneficios penitenciarios.

El articulo Kast : Impunidad para asesinos apareció primero en piensaChile.

“Rechazamos el intervencionismo político y esperamos que la autoridad cumpla con su mandato legal”, publicó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el comunicado por el caso de César Manríquez Bravo.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.

La defensa del exagente de la DINA, cercano a Manuel Contreras, logró a través de un recurso acreditar su condición de enajenación mental sobreviniente.

Tras conocerse esta situación, la ANFUDDHH la calificó como un “pésimo precedente” y recordó que el “Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.

Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza son condenados a 12 años más de cárcel por crimen de miristas

“No obstante, la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, consignó.

“No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, declaró también.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von ANFUDDHH (@anfuddhh)

*Fuente: 24horas.cl

Más sobre el tema:

Antecedentes en Memoria Viva. César Manríquez Bravo

El articulo Liberación de ex DINA: funcionarios acusan que subsecretaría de DD.HH. instruyó no apelar apareció primero en piensaChile.

Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.

El articulo El mar no olvida… nosotros tampoco apareció primero en piensaChile.

El proyecto de cumplimiento alternativo de penas que se discute en el parlamento chileno, tal como está redactado, podría permitir que personas condenadas por delitos muy graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— cumplan penas fuera de la cárcel, lo que sería contrario al derecho internacional.

SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.

El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.

El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.

También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.

Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.

“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.

Para muchos, el proyecto impulsado por la derecha golpista tendría como objetivo abrir la puerta a la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figura el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los esbirros más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet, quien acumula más de mil años de condena por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.

Ver análisis aquí.

*Fuente: prensaOPAL

Chile: Oficina envió análisis al Senado sobre proyecto de cumplimiento alternativo de penas

marzo 10, 2026

El articulo ONU advierte al parlamento chileno por penas alternativas apareció primero en piensaChile.

Ante el proyecto que podría excarcelar a presos del ex Punta Peuco, el abogado especializado en DD.HH. acusó que la iniciativa es una «afrenta a familiares de detenidos desaparecidos». “Significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”, subrayó.

Para el abogado experto en derechos humanos, Nelson Caucoto, el proyecto que podría excarcelar a criminales de lesa humanidad y que fue recientemente aprobado en general por el Senado, “significa dejar en nada 50 años de lucha judicial”. 

Radio y Diario Universidad de Chile conversó con el litigante que ha encabezado cientos de causas por hechos ocurridos en dictadura, a propósito del avance del proyecto propuesto por la derecha, que permitiría el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para personas de avanzada edad o con enfermedades terminales.

Caucoto lamentó la aprobación de la idea de legislar, argumentando, entre otros factores, que ha costado mucho “encarcelar a estos sujetos, que han tenido los mejores abogados, pero en todas las instancias finalmente han sido vencidos”.

Asimismo, el abogado habló de una “afronta a los familiares de detenidos desaparecidos”, que pese a todo lo que han vivido, han confiado en los tribunales de justicia.

“Ese es un elemento que ha sido poco destacado en Chile. Los familiares saben quiénes son los secuestradores de sus seres queridos, sin embargo, no han actuado por vía directa. Afortunadamente, han acudido a los tribunales de justicia y eso demuestra el pacifismo de esta lucha. Ellos han confiado en los tribunales, les ha costado mucho obtener soluciones positivas, pero desde hace 20 años a esta fecha han conseguido todo lo que ellos pedían, es decir, han conseguido la justicia que anhelaban desde siempre. Entonces, que de la noche a la mañana, de una plumada, se borre todo ese avance… Claramente es una afrenta en contra de estos familiares”, reflexionó.

Caucoto acusó también que se trata de “un proyecto absolutamente mentiroso”.  A su juicio, lo que realmente se intenta hacer es excarcelar a los criminales de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, y en el camino, se incorporó a delincuentes comunes.

“Esta derecha, que es la que propugna la libertad de los militares presos, habla y hace gárgaras con la seguridad, pero, ¿a qué seguridad aportan si abren las cárceles? Ahí hay una contradicción indudable”, estimó.

A todo lo anterior, el abogado agregó que Chile no tiene las herramientas para fiscalizar de manera adecuada el cumplimiento alternativo de penas y que en el pasado, los condenados por violaciones a los derechos humanos no han acreditado de manera adecuada sus condiciones de salud. “Los perpetradores de lesa humanidad han acudido a todas las argucias para librarse del cumplimiento de sus penas en las cárceles. Presentan informes que son falsos, situaciones de estado de salud falsos. Se ha sido muy poco cuidadoso, del punto de vista de la justicia, en torno a estos informes, porque con un solo informe personas han sido enviadas a sus casas”, comentó.

“Nosotros hemos logrado recurrir a expertos internacionales que nos han ayudado a demostrar que en el caso de una demencia, un Alzheimer, no basta con un informe de un psiquiatra. Se requiere a lo menos cinco o seis informes básicos de psiquiatra, fisiatra y una serie de especialidades médicas para poder determinar si efectivamente la persona está en un estado de enfermedad de esa naturaleza”, añadió.

Derechos humanos en el gobierno de Kast

Nelson Caucoto además expresó su preocupación por lo que podría ocurrir durante la administración de José Antonio Kast. Su proyección es que será “un desafío”: “El gobierno de Kast va a hacer una involución fatal en el tema de los derechos humanos”.

En ese contexto, aseguró que el movimiento de derechos humanos debe defender lo que ya se ha logrado, la jurisprudencia y la doctrina de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, el Programa de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y también, el Plan Nacional de Búsqueda.

“Si tú dejas libre a todas estas personas, que se vayan a sus casas, es sepultar definitivamente la búsqueda de los más de mil chilenos que nunca más volvieron a sus hogares. Si a lo menos están presos, algún día uno de estos sujetos podrían decir: ‘Yo podría optar a mi libertad si entrego información de dónde están los desaparecidos’, pero no van a tener ese aliciente, porque van a estar en sus casas”, indicó.

*Fuente: Radio UdeChile

El articulo Nelson Caucoto y la contradicción de la derecha: «¿A qué seguridad aportan si abren las cárceles para criminales de lesa humanidad? apareció primero en piensaChile.

El articulo Perú: Fallo del Tribunal Constitucional valida la “ley de impunidad”, permitiendo la prescripción de crímenes de lesa humanidad apareció primero en piensaChile.

En el debate organizado por la Archi, supimos que el mismo candidato que habla de mano dura contra los delincuentes y de “fusilar a los violadores” (aunque antes “bromeaba” con condecorarlos con una medalla de honor), ahora quiere liberar vía indulto a algunos de los peores criminales de nuestra historia.

Si algo distingue a los delincuentes de Punta Peuco, es el sadismo y la cobardía con que ejecutaron sus crímenes.

Ellos tratan de disfrazarse de honor militar, y hablan de sí mismos como soldados participantes en una guerra. Pero los crímenes por los que purgan condena no se cometieron en ningún campo de batalla.

El trabajo principal de estos burócratas del terror consistía en secuestrar a civiles y encerrarlos en campos de tortura donde ejercieron los más sádicos vejámenes sobre seres humanos indefensos, incluyendo agresiones sexuales y violaciones, para luego asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.

El término “violaciones a los derechos humanos” es un eufemismo que ha contribuido a edulcorar el horror, y ha permitido a ciertos políticos usar la expresión “derechos humanos” como una especie de broma.

Tal vez haya que ser más explícito, y dedicar unos párrafos a explicar en qué consisten esas violaciones a los derechos humanos.

La parrilla era un catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido para aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre labios, heridas o genitales.

Usaban también una “parrilla doble”, en que a la víctima se la interrogaba en una cama, mientras en la otra se torturaba a un padre, hijo, pareja o amigo.

La asfixia era otro método habitual. Había dos modalidades. En el submarino húmedo, mantenían la cabeza de la víctima dentro de un recipiente con agua sucia o con excrementos. En el submarino seco, se les asfixiaba cubriendo su cabeza con una bolsa plástica.

Las agresiones sexuales también eran parte del menú, incluyendo las violaciones a víctimas delante de sus parejas o padres; para estos vejámenes sexuales se usaban artefactos de tortura e incluso perros amaestrados.

Podríamos seguir por páginas y páginas, más detalladas y escabrosas. Cualquier persona que haya estudiado algo del horror que se vivió en Chile sabe que los “abuelitos de Punta Peuco” no son más que criminales cobardes y abyectos.

Por décadas, la justicia tuvo las manos amarradas para poder perseguir estos delitos, por la acción de los mismos políticos que hoy se espantan de que haya personas de avanzada edad pagando por sus crímenes.

El escándalo es que esos criminales no hayan sido encarcelados cuando debieron serlo. La ley de amnistía, los pactos de silencio, la defensa de la cúpula militar, el respaldo político a la impunidad, y la inacción de muchos jueces, postergaron la justicia.

Estos cobardes han tenido privilegios de los que no goza ningún delincuente en Chile. Su primer beneficio fue la impunidad. Gozaron décadas de vida espléndida, con rango y sueldo fiscal, los privilegios y beneficios propios del poder y, luego de pasar a retiro, millonarias pensiones.

Luego, se les construyó una cárcel especial, e incluso se habilitó un centro vacacional del Ejército, junto al mismo Comando de Telecomunicaciones desde el cual se espiaba a políticos: el Penal Cordillera. Un cómodo resort para la tercera edad, con coquetas casas en torno a un espléndido prado.

Cuando en 2013 entrevistamos a Manuel Contreras en ese lugar, pude ver el plácido día a día de estos sujetos, y su trato despectivo hacia los gendarmes, a quienes trataban como sus sirvientes. “Está para llevarme el bastón”, me dijo Contreras sobre el gendarme que lo acompañaba.

Todo esto, a un alto costo fiscal. Entonces se reveló que el mantenimiento de cada “preso” (huésped, más bien) de Cordillera costaba seis veces más que un reo común, con una dotación de 6,4 gendarmes por cada preso, y derecho a visitas ilimitadas durante todo el día.

Punta Peuco es un poco más “barato”; entonces se calculaba que el costo de cada uno de estos huéspedes era cuatro veces mayor al de un reo en una cárcel común, sin contar atenciones de salud y largas estancias en hospitales castrenses, todo financiado de nuestro bolsillo.

Hasta hoy, mantienen una situación de privilegio, con condiciones de vida infinitamente mejores que las de cualquier cárcel común y acceso a atención de salud de excelencia.

José Antonio Kast ha visitado varias veces a los criminales de Punta Peuco. En campañas anteriores, ha dicho que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”. En 2025, se ha negado a hablar de ese tema al ser consultado.

Su posta la ha tomado Johannes Kaiser, quien en el debate de las radios, dijo sobre un indulto a Krassnoff, un criminal condenado a más de mil años de cárcel, que “voy a cerrar el capítulo, para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”.

Tomemos nota que secuestrar, torturar, violar, asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de seres humanos, hoy se resume como “no caer bien políticamente”.

Kaiser también dijo que los derechos humanos de estos criminales se verían afectados si se permite que Punta Peuco reciba a otros presos, además de sus camaradas de crímenes.

Y aseguró que “muchos de ellos han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina”.

Esa es una mentira, difundida por bots de ultraderecha y ahora repetida en un debate por un candidato presidencial. Ningún militar fue condenado por el caso de Bernarda Vera. El criminal Hugo Guerra, al que se refiere este bulo, fue sentenciado por otros múltiples casos.

Todo vale para lavar la imagen de estos abyectos delincuentes; incluso mentir en medio de una campaña presidencial.

Ante eso, solo queda responder llamando a las cosas por su nombre. La justicia es justicia, no venganza. Los secuestradores, violadores y asesinos son criminales, no abuelitos. Los cobardes son cobardes, no valientes soldados. Las mentiras son mentiras y nada más.

Secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a una persona es una violación a los derechos humamos. Hacer que el responsable de esos crímenes responda por ellos, no lo es.

Son criminales, cobardes y abyectos. Y punto. Aunque algunos intenten torcer la historia con un giro macabro, para convertir a esos victimarios en víctimas.

*Fuente; LaTercera

Villa Grimaldi, métodos de tortura

Y ella, la mujer que entrenaba peros para torturar, a pesar de todos sus crímenes, no pasó un sólo día en la cárcel:

«Bestia»

El articulo Son criminales apareció primero en piensaChile.

El articulo Carta a Ana González de Recabarren ante el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago apareció primero en piensaChile.

El articulo Las falsedades de Punta Peuco apareció primero en piensaChile.

El articulo Baltasar Garzón escribe: «El virus de la impunidad» apareció primero en piensaChile.