A propósito de boletas falsas y financiamiento irregular de la política
Me ha tocado estar en el centro de una polémica a propósito de dineros entregados para la campaña electoral de un candidato en donde un informe de la PDI señala a una persona por quien tengo especial aprecio como dador de una boleta falsa (‘trucha’, en el lenguaje chileno) por el valor de 1.500.000 pesos a un operador político vinculado a empresarios de dudosa reputación. Conozco el caso desde hace muchísimo tiempo y tengo desde esa fecha, en mis manos, la obra hecha por la persona a quien se sindica en ese informe haber entregado esa presunta boleta falsa; sabía, por tanto, que por la redacción de dicha obra se le pagó ese dinero que hoy, merced a ese liviano informe de la PDI, aparece entregado en retribución a una boleta falsa.
Los pagos bajo investigación a Longueira y su red de boleteros suman más de $900 millones
Es notable ver como los financistas de Longueira involucraban a sus hijos, novias y parientes para emitir boletas falsas. Es impresionante la cantidad de estudiantes de Derecho de la Finis Terrae que entregaron boletas y eso nos hace preguntarnos si no debiera existir una norma que regule los delitos de los futuros abogados, ya que si parten mamando en el seno de la familia esta liviandad para mentir y defradudar al Estado, cabe preguntarse qué harán más tarde en su vida laboral.