Para los constituyentes de 1980, la libertad, la igualdad y la justicia están supeditadas al mercado: el Estado garantiza a los “sostenedores” la libertad de emprender, es decir, el derecho ilimitado y sin control para fundar escuelas y universidades, sin mayores regulaciones estatales. El mercado, como es lógico, debe basar su éxito en la rentabilidad, y los métodos de enseñanza-aprendizaje están a su servicio.