Documentos viciados, instrumentos ideológicamente falsos, nulas garantías de certeza jurídica y la fe pública abandonada al criterio de funcionarios privados, son algunas de las prácticas que abundan cuando las personas negocian créditos con instituciones financieras. Sin percibirlo, los deudores son víctimas de acuerdos privados y reglas autoimpuestas que dejan al descubierto la fragilidad de la referida fe pública y los intereses de los bancos que manejan las operaciones a su conveniencia, sobre la base de pagarés y deudas impagas. Ambos, amos y señores de un negocio en perjuicio de los consumidores.