¿Qué perspectiva institucional y ética puede tener un país en que se decide que el financiamiento ilegal de la política –que  disuelve la igualdad ciudadana y toda la teoría de la representación, que pone el dinero por encima del voto ciudadano y en que se venden decisiones legislativas– es un problema económico y no político ni criminal? ¿Uno donde se han utilizado miles de millones de pesos por un vasto número de empresas para torcer la voluntad popular y el orden público? ¿Un país donde el Tribunal Constitucional se usa para litigar como órgano de fuero común, pero no se recurre a él para dar certidumbre a la norma constitucional, como ha ocurrido con el SII y el Ministerio Público, y todo presionado por el Gobierno y la oposición de manera conjunta?