En un crudo diagnóstico, el preinforme señala que los datos recabados demuestran que en Chile ha ocurrido “una represión sistemática y masiva” y constató en terreno “un fenómeno de retraumatización, al revivirse prácticas heredadas de la dictadura”.  En este sentido, interpela a la administración Piñera por desoír las advertencias de los organismos internacionales y optar por una agenda cuya “prioridad parece ser criminalizar la protesta social”. De ahí que planteen que “frente a esta situación extremadamente crítica, queda la interrogante sobre la voluntad, el liderazgo y el actuar concreto del Gobierno para frenar y poner término a las violaciones a Derechos Humanos”.