La denuncia se sustenta en presuntos delitos de concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito, vinculando al abogado con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la fundación FIPAS. Analizamos los seis ejes de esta grave acusación, que incluye testimonios de jefes paramilitares como Salvatore Mancuso y alias «Ernesto Báez».

El articulo Colombia: Cepeda denuncia penalmente a Abelardo de la Espriella por nexos paramilitares apareció primero en piensaChile.

A través de cartas, fotografías y testimonios, esta publicación reconstruye la identidad política y humana de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de la violencia estatal. El lanzamiento se realizará este jueves 14 de mayo, a las 18:30 horas, en el Auditorio de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, ubicado en Ramón Carnicer 15, Providencia.

La Universidad de Chile será sede de la presentación de Cantando al sol como la cigarra: niñas, adolescentes y mujeres ejecutadas políticas durante la dictadura civil militar (1973-1990), texto que recupera las trayectorias de vida de quienes sufrieron el terrorismo de Estado durante ese período.

Mediante relatos, archivos personales y registros fotográficos, el ejemplar impulsa un ejercicio de memoria que trasciende las cifras y pone en el centro las vivencias, luchas y dimensiones humanas de las víctimas.

El trabajo nace de una colaboración entre la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile y la Unidad de Cultura, Memoria y Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Participarán en la presentación Ana Lamas, presidenta de la Confederación de Trabajadores del Cobre; Malucha Pinto, actriz y dramaturga; y Maximiliano Montes, coordinador general de la Secretaría de Derechos Humanos FECH. Además, contará con la participación artística de Marcelo Garcés, estudiante de Medicina de la Universidad de Chile.

Este lanzamiento marca el cierre de una trilogía editorial iniciada con los dos tomos de Rompiendo el silencio, enfocados en infancia y adolescencia. En esta nueva entrega, el contenido se divide en tres apartados: el primero aborda casos de niñas desde recién nacidas hasta los 18 años; el segundo se centra en jóvenes entre 19 y 20 años; y el tercero reúne historias de mujeres mayores de 21 años.

Como parte de este ejercicio de reparación y memoria, se otorgará un ejemplar del libro por persona a quienes asistan a la ceremonia.

Con esta instancia, la casa de estudios reafirma su compromiso con la preservación de la memoria histórica y promueve una reflexión necesaria sobre derechos humanos, dignidad y democracia.

Las inscripciones para asistir se realizan a través del siguiente formulario. 

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“Rechazamos el intervencionismo político y esperamos que la autoridad cumpla con su mandato legal”, publicó la Subsecretaría de Derechos Humanos en el comunicado por el caso de César Manríquez Bravo.

La Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias de la Subsecretaría de Derechos Humanos rechazó la decisión del órgano de no apelar al fallo de la Corte de Apelaciones de San Miguel que ordenó el término de cumplimiento de la pena de César Manríquez Bravo, condenado por delitos de lesa humanidad.

La defensa del exagente de la DINA, cercano a Manuel Contreras, logró a través de un recurso acreditar su condición de enajenación mental sobreviniente.

Tras conocerse esta situación, la ANFUDDHH la calificó como un “pésimo precedente” y recordó que el “Programa de Derechos Humanos, que presta apoyo legal y social a familiares de víctimas de ejecución política y desaparición forzada, históricamente se ha hecho parte en este tipo de decisiones buscando que criminales de lesa humanidad cumplan sus condenas luego de años de impunidad”.

Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza son condenados a 12 años más de cárcel por crimen de miristas

“No obstante, la autoridad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, apartándose de este precedente, instruyó no apelar la decisión, lo que va en contra de las obligaciones del Estado y del mandato legal de la propia institución”, consignó.

“No agotar todas las instancias judiciales en causas relativas a condenados por violaciones a los derechos humanos va en contra de los estándares del derecho internacional en la materia, favoreciendo la impunidad e impide garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, declaró también.

 

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*Fuente: 24horas.cl

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Antecedentes en Memoria Viva. César Manríquez Bravo

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Durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990) en Chile, cientos de presos políticos fueron lanzados al mar desde helicópteros para desaparecer sus cuerpos, práctica conocida como los «vuelos de la muerte«. Se estima que más de 400 personas fueron víctimas de esta práctica.

El articulo El mar no olvida… nosotros tampoco apareció primero en piensaChile.

El proyecto de cumplimiento alternativo de penas que se discute en el parlamento chileno, tal como está redactado, podría permitir que personas condenadas por delitos muy graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— cumplan penas fuera de la cárcel, lo que sería contrario al derecho internacional.

SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.

El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.

El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.

También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.

Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.

“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.

Para muchos, el proyecto impulsado por la derecha golpista tendría como objetivo abrir la puerta a la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figura el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los esbirros más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet, quien acumula más de mil años de condena por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.

Ver análisis aquí.

*Fuente: prensaOPAL

Chile: Oficina envió análisis al Senado sobre proyecto de cumplimiento alternativo de penas

marzo 10, 2026

El articulo ONU advierte al parlamento chileno por penas alternativas apareció primero en piensaChile.

La llegada a la presidencia de Chile de José Antonio Kast podría cambiar el destino de uno de los violadores de derechos humanos más emblemáticos de la dictadura.

Santiago de Chile

23 de febrero de 2026 (10:35 CET)

La primera vez que Gladys Díaz vio a Miguel Krassnoff fue en medio de una sesión de tortura. Las preguntas volaban por la sala al mismo ritmo que los golpes de electricidad cuando la periodista se dio cuenta de que alguien más entraba en la habitación. ¿Dónde están las armas? Dame los nombres de otros militantes. ¿Dónde viven? ¿Cuándo te encuentras con ellos? Ella no podía distinguir si las voces que la interrogaban eran las mismas que la habían sacado a rastras de su casa unas horas antes, pero sí vio que la persona que se sumaba iba vestida con un mono de aviador verde. Era él.

Como ella no había contestado nada de lo que le pedían, Krassnoff comenzó a gritar:

“¿Qué crees, estúpida? ¿Que te van a condecorar tus cenizas, que le van a poner tu nombre a una calle? ¿Que te van a levantar una estatua? No señora, nadie va a saber qué pasó con tu vida y a nadie le va a importar”.

Luego anunció: “Pasen la maquinita, yo sí que la voy a hacer hablar”. De inmediato, ella sintió cómo la electricidad, que ya laceraba su piel, se extendía por su cuerpo como puñales afilados. El militar había subido el voltaje al máximo para causarle un dolor que no se pudiera describir. No recuerda si la sesión duró dos o tres horas, pero sí que él se ponía cada vez más eufórico a medida que apretaba la Gigí.

Fue el primero de varios encuentros con uno de los personajes más temidos de la dictadura y su estreno en el centro de detención y tortura de Villa Grimaldi. Era febrero de 1975 y ella llevaba varios meses en la clandestinidad porque dirigía El Rebelde, el medio de comunicación oficial del movimiento más perseguido, el MIR. No sabía en ese momento que pasaría tres meses en ese lugar siniestro y además encerrada en la torre donde recluían a las personas que estaban destinadas a ser ejecutadas o a desaparecer. Tampoco que de todos los prisioneros con los que coincidió en unas celdas de un metro cuadrado, sin ventanas ni orificios, y a las que se entraba reptando por una puerta de guillotina, solo sobreviviría ella para encararlo en un tribunal.

Hay pocos personajes más controvertidos en la historia reciente de Chile que Miguel Krassnoff Martchenko. Hijo y nieto de cosacos del Don que lucharon con las fuerzas unificadas de la Alemania nazi y murieron a manos de los soviéticos, llegó a Chile en 1948 cuando tenía solo dos años. El viaje lo hizo con su madre y su abuela y los primeros días los pasó en los camarines del Estadio Nacional que acogían refugiados, los mismos que se convertirían en 1973 en celdas para los presos políticos que serían recluidos allí. A los 14 años ingresó en la Escuela Militar a la que sumó una formación en la Escuela de las Américas, en Panamá, el lugar donde se entrenaron muchos de los condenados por crímenes de lesa humanidad del Cono Sur. El 11 de septiembre de 1973 fue uno de los militares golpistas que participó en el asalto a la residencia presidencial de Tomás Moro, donde vivía Salvador Allende, algo que le allanó el camino para convertirse en escolta personal de Augusto Pinochet y luego en jefe del grupo Halcón de la DINA, la policía secreta del régimen.

Su nombre es un hilo conductor que atraviesa centenares de testimonios de sobrevivientes de los centros de ejecución, desaparición y tortura de la DINA, que lo recuerdan dirigiendo interrogatorios y sesiones en Villa Grimaldi, Londres 38 y en el cuartel José Domingo Cañas. También vincula las declaraciones de los agentes que han confesado cómo funcionaba el aparato represivo y que le recuerdan por sus alias de Caballo loco y Capitán Miguel y por los “vuelos de la muerte” en los que se lanzaban al mar los cuerpos de los opositores políticos. No es casualidad que Gladys Díaz lo viera aquel día vestido de aviador. Desde 2005, Miguel Krassnoff cumple condenas por delitos de lesa humanidad que suman más de mil años en el penal de Punta Peuco.

Este historial no ha impedido que haya contado siempre con personas importantes que le han defendido. El actual presidente electo, José Antonio Kast, es uno de ellos. “Yo conozco a Miguel Krassnoff y, viéndolo, no me imagino todas las cosas que se dicen de él”, señaló después de una de las visitas que le hizo en el penal de Punta Peuco en las que puso en duda los crímenes que la justicia le atribuye. En la última campaña eludió pronunciarse frente a un posible indulto, pero cuando no tuvo más alternativa que decir algo, defendió un proyecto de ley impulsado por la derecha que busca facilitar el arresto domiciliario a personas de edad avanzada. Si antes le defendía con el argumento de que primaba la venganza sobre la justicia, ahora dice que es un tema humanitario.

El destino que tendrá Krassnoff y los 139 militares que cumplen penas por los crímenes de la dictadura es una de las cuestiones que se desvelará a partir del 11 de marzo, cuando asuma el nuevo gobierno de extrema derecha. El anuncio de que dos abogados defensores de Pinochet se convertirán en ministros y uno de ellos, Fernando Rabat, en la cartera de Justicia y Derechos Humanos, es una señal bastante explícita sobre las decisiones que podría adoptar Kast sobre esta materia y sobre su visión de la memoria histórica y democrática del país, una que sigue a medio construir después de 35 años de democracia.

Fernando Rabat, que sería el hombre encargado de buscar la fórmula de la liberación, se formó con uno de los fundadores de la organización paramilitar de extrema derecha Patria y Libertad, que participó activamente en la desestabilización del gobierno de Salvador Allende. Como abogado, fue parte del equipo que defendió en 2004 al exdictador en el llamado caso Riggs que reveló cuentas secretas de Pinochet en el extranjero. Se le considera una persona vinculada al grupo de fieles que buscó blindarlo jurídicamente, como lo es también la persona que será ministro de Defensa, Fernando Barros, que fue uno de los abogados que defendió al exdictador durante su detención en Londres.

Cuando en enero de 2005, Miguel Krassnoff fue notificado de su ingreso a prisión, entregó a la prensa una carta de seis páginas en la que calificaba de ridículos e inexistentes los crímenes atribuidos por la justicia a la cúpula de la DINA. “Hoy el destino nos castiga injustamente, a través de manos que no han sabido comprender cabalmente su misión ni sus responsabilidades propias. Pero el destino es esencialmente modificable, todo cambia y todo es transitorio”, aseguró entonces. Sus palabras adquieren ahora una connotación amenazante, de mal augurio, que extiende una sombra sobre sus víctimas y sobre las organizaciones de defensa de los derechos humanos que nunca imaginaron que la derecha pinochetista pudiera volver al poder por las urnas.

Los testimonios de las personas que sobrevivieron a Miguel Krassnoff permitirían escribir decenas de libros. Unos cuantos fueron testigos de cómo él y su jefe, Marcelo Moren Brito, acabaron con la familia Gallardo Moreno al completo en Villa Grimaldi el 18 de noviembre de 1975. Lo recuerdan porque sucedió en el patio, a modo de escarmiento para el resto de los prisioneros. A todos los colgaron del árbol Ombú del jardín y a uno de ellos de los testículos. A las mujeres las rociaron con agua y aceite hirviendo y los que sobrevivieron a los golpes y las torturas fueron liquidados con cables de alto voltaje. El historiador Gabriel Salazar, que estaba presente aquella noche, dice que él fue uno de los pocos que no pasó por la parrilla de Villa Grimaldi, pero Krassnoff ordenó en medio de un interrogatorio que le cambiaran la venda que le cubría los ojos por una vieja y podrida. La infección ha dejado las marcas de la DINA en sus párpados hasta el día de hoy.

Gladys Díaz ha publicado recientemente un libro sobre su paso por Villa Grimaldi y dice que aún no se explica cómo salió con vida. En varias ocasiones estuvo al borde de la muerte por las golpizas y las torturas, pero su cuerpo siempre se recuperó acurrucado en el suelo de una celda en la que ni siquiera podía estirarse. Mientras a otros se les gangrenaban las heridas, ella resistía. Actualmente es posible visitar una reconstrucción de la torre en la que estuvo recluida en el Parque por la Paz Villa Grimaldi, en el mismo lugar donde estaba la original que fue demolida por los militares. Se llega caminando por un sendero de guijarros en el que se siente la fragancia de las rosas, la misma que acompañaba a Gladys Díaz cuando la conducían vendada al baño o a los interrogatorios. Además de la rosaleda, quedan algunos restos de la piscina que de lunes a viernes servía para torturar y los fines de semana se convertía en un sitio de recreo para los oficiales y sus hijos, también para las hijas de Krassnoff de seis y ocho años.

Cuando recién había vuelto la democracia, en 1992, Gladys Díaz tuvo la oportunidad de enfrentar a su torturador. Fue en un careo a petición de la jueza Gloria Olivares en el que participaban otras personas que habían sufrido prisión política y tortura. Su turno llegó de noche, al final de una jornada maratoniana a la que Krassnoff se había presentado con su uniforme y sus medallas y cargado de arrogancia. Llevaba horas insistiendo en que solo desempeñaba labores de analista en la DINA y que nunca había visto a las personas que lo interpelaban, pero a ella sí aceptó conocerla. “Muy buenas noches, señora Díaz”, le dijo al verla entrar. La jueza levantó los brazos y exclamó: ¡Es la primera vez que reconoce a alguien!

En vez del hombre que daba órdenes sin pestañear en Villa Grimaldi, Gladys Díaz se encontró un personaje inquieto, con temblores esporádicos en las mejillas y un parpadeo constante. Otros le habían insultado, pero ella se limitó a recordarle frente a la jueza las sesiones de tortura en que él manejaba la situación y aumentaba el voltaje de la parrilla, cada vez más, cada vez más. También la ocasión en que, estando a punto de ser liberada, él intentó ejecutarla, o hizo el amago de hacerlo. Le puso una pistola en la sien y accionó el percutor mientras se burlaba de su palidez, pero unos golpes en la puerta interrumpieron la escena. Nunca supo si alguien había intervenido a su favor o era una última forma de torturarla.

En Villa Grimaldi quedan hoy pocos vestigios de aquellos días. La rosaleda se ha convertido en un memorial a las mujeres que continúan desaparecidas y en un muro construido en piedra se han grabado los nombres de las personas que fueron asesinadas aquí, unas 241 de un total de 4.500 que pasaron por este lugar. Donde antes estaba la vieja casona que servía para oficinas y las celdas de madera, ahora hay jardines, árboles, esculturas y fuentes de agua que simbolizan y recuerdan a las víctimas. Muchas placas están en el suelo para mantener la perspectiva de las personas detenidas que permanecían siempre vendadas y solo podían ver sus pies, las baldosas rojas, la gravilla del jardín. El antiguo portón de acceso, que era el lugar por el que ingresaban todas las personas detenidas, fue clausurado para simbolizar que esta puerta nunca más sería transitada por persona alguna. Solo sobrevive intacto, como testigo silencioso del infierno, el Ombú del que colgaron a la familia Gallardo Moreno.

*Fuente: Coolt

El articulo A mí me torturó Miguel Krassnoff apareció primero en piensaChile.

El articulo Netanyahu acelera la anexión silenciosa de Cisjordania apareció primero en piensaChile.

26 noviembre, 2025

El articulo Justicia cita a Eduardo Frei en caso por ayuda a Pinochet para evadir proceso en Londres apareció primero en piensaChile.

En el debate organizado por la Archi, supimos que el mismo candidato que habla de mano dura contra los delincuentes y de “fusilar a los violadores” (aunque antes “bromeaba” con condecorarlos con una medalla de honor), ahora quiere liberar vía indulto a algunos de los peores criminales de nuestra historia.

Si algo distingue a los delincuentes de Punta Peuco, es el sadismo y la cobardía con que ejecutaron sus crímenes.

Ellos tratan de disfrazarse de honor militar, y hablan de sí mismos como soldados participantes en una guerra. Pero los crímenes por los que purgan condena no se cometieron en ningún campo de batalla.

El trabajo principal de estos burócratas del terror consistía en secuestrar a civiles y encerrarlos en campos de tortura donde ejercieron los más sádicos vejámenes sobre seres humanos indefensos, incluyendo agresiones sexuales y violaciones, para luego asesinarlos y hacer desaparecer sus cuerpos.

El término “violaciones a los derechos humanos” es un eufemismo que ha contribuido a edulcorar el horror, y ha permitido a ciertos políticos usar la expresión “derechos humanos” como una especie de broma.

Tal vez haya que ser más explícito, y dedicar unos párrafos a explicar en qué consisten esas violaciones a los derechos humanos.

La parrilla era un catre de metal sobre el que se amarraba desnudo al detenido para aplicarle descargas de corriente eléctrica sobre labios, heridas o genitales.

Usaban también una “parrilla doble”, en que a la víctima se la interrogaba en una cama, mientras en la otra se torturaba a un padre, hijo, pareja o amigo.

La asfixia era otro método habitual. Había dos modalidades. En el submarino húmedo, mantenían la cabeza de la víctima dentro de un recipiente con agua sucia o con excrementos. En el submarino seco, se les asfixiaba cubriendo su cabeza con una bolsa plástica.

Las agresiones sexuales también eran parte del menú, incluyendo las violaciones a víctimas delante de sus parejas o padres; para estos vejámenes sexuales se usaban artefactos de tortura e incluso perros amaestrados.

Podríamos seguir por páginas y páginas, más detalladas y escabrosas. Cualquier persona que haya estudiado algo del horror que se vivió en Chile sabe que los “abuelitos de Punta Peuco” no son más que criminales cobardes y abyectos.

Por décadas, la justicia tuvo las manos amarradas para poder perseguir estos delitos, por la acción de los mismos políticos que hoy se espantan de que haya personas de avanzada edad pagando por sus crímenes.

El escándalo es que esos criminales no hayan sido encarcelados cuando debieron serlo. La ley de amnistía, los pactos de silencio, la defensa de la cúpula militar, el respaldo político a la impunidad, y la inacción de muchos jueces, postergaron la justicia.

Estos cobardes han tenido privilegios de los que no goza ningún delincuente en Chile. Su primer beneficio fue la impunidad. Gozaron décadas de vida espléndida, con rango y sueldo fiscal, los privilegios y beneficios propios del poder y, luego de pasar a retiro, millonarias pensiones.

Luego, se les construyó una cárcel especial, e incluso se habilitó un centro vacacional del Ejército, junto al mismo Comando de Telecomunicaciones desde el cual se espiaba a políticos: el Penal Cordillera. Un cómodo resort para la tercera edad, con coquetas casas en torno a un espléndido prado.

Cuando en 2013 entrevistamos a Manuel Contreras en ese lugar, pude ver el plácido día a día de estos sujetos, y su trato despectivo hacia los gendarmes, a quienes trataban como sus sirvientes. “Está para llevarme el bastón”, me dijo Contreras sobre el gendarme que lo acompañaba.

Todo esto, a un alto costo fiscal. Entonces se reveló que el mantenimiento de cada “preso” (huésped, más bien) de Cordillera costaba seis veces más que un reo común, con una dotación de 6,4 gendarmes por cada preso, y derecho a visitas ilimitadas durante todo el día.

Punta Peuco es un poco más “barato”; entonces se calculaba que el costo de cada uno de estos huéspedes era cuatro veces mayor al de un reo en una cárcel común, sin contar atenciones de salud y largas estancias en hospitales castrenses, todo financiado de nuestro bolsillo.

Hasta hoy, mantienen una situación de privilegio, con condiciones de vida infinitamente mejores que las de cualquier cárcel común y acceso a atención de salud de excelencia.

José Antonio Kast ha visitado varias veces a los criminales de Punta Peuco. En campañas anteriores, ha dicho que “conozco a Miguel Krassnoff y viéndolo no creo todas las cosas que se dicen de él”. En 2025, se ha negado a hablar de ese tema al ser consultado.

Su posta la ha tomado Johannes Kaiser, quien en el debate de las radios, dijo sobre un indulto a Krassnoff, un criminal condenado a más de mil años de cárcel, que “voy a cerrar el capítulo, para todos. Usted no puede tener gente de 80 y 90 años pudriéndose en una cárcel solo porque no le cae bien políticamente”.

Tomemos nota que secuestrar, torturar, violar, asesinar y hacer desaparecer los cuerpos de seres humanos, hoy se resume como “no caer bien políticamente”.

Kaiser también dijo que los derechos humanos de estos criminales se verían afectados si se permite que Punta Peuco reciba a otros presos, además de sus camaradas de crímenes.

Y aseguró que “muchos de ellos han sido condenados injustamente, como demostró el caso del coronel fallecido en Punta Peuco, que había sido condenado por el secuestro de la persona que apareció en Argentina”.

Esa es una mentira, difundida por bots de ultraderecha y ahora repetida en un debate por un candidato presidencial. Ningún militar fue condenado por el caso de Bernarda Vera. El criminal Hugo Guerra, al que se refiere este bulo, fue sentenciado por otros múltiples casos.

Todo vale para lavar la imagen de estos abyectos delincuentes; incluso mentir en medio de una campaña presidencial.

Ante eso, solo queda responder llamando a las cosas por su nombre. La justicia es justicia, no venganza. Los secuestradores, violadores y asesinos son criminales, no abuelitos. Los cobardes son cobardes, no valientes soldados. Las mentiras son mentiras y nada más.

Secuestrar, torturar, asesinar y hacer desaparecer a una persona es una violación a los derechos humamos. Hacer que el responsable de esos crímenes responda por ellos, no lo es.

Son criminales, cobardes y abyectos. Y punto. Aunque algunos intenten torcer la historia con un giro macabro, para convertir a esos victimarios en víctimas.

*Fuente; LaTercera

Villa Grimaldi, métodos de tortura

Y ella, la mujer que entrenaba peros para torturar, a pesar de todos sus crímenes, no pasó un sólo día en la cárcel:

«Bestia»

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10 de agosto de 2025

Rechazo absoluto al proyecto de ley que busca beneficiar a violadores de derechos humanos consignado en el Boletín 17.370-17

Nosotras, mujeres sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura civil-militar en Chile, rechazamos con firmeza el proyecto de ley que permitiría la suspensión de penas para adultos mayores condenados por crímenes de lesa humanidad.

Texto del Proyecto de Ley presentado por Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), y Luciano Cruz-Coke (Evopoli), Alejandro Kusanovic (RN) e Ignacio Kuschel (RN) publicado en el Boletín 17.370-17 del Congreso Nacional. Que sus nombres no caigan en el olvido.

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