El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país porqué desarrolló bajo sus sucesivos gobiernos políticas destinadas a consagrar la impunidad de la tortura sistemática llevada a cabo por la dictadura. Desde ya, pese a que el Informe Rettig concluyó en 1991 que la tortura había sido un método sistemático de represión usado por la dictadura (Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, pp. 111-4), el gobierno de Aylwin no inició ninguna investigación destinada a identificar y reparar a sus víctimas, ni menos a buscar la sanción penal de sus victimarios.