12 de abril de 2026

La noticia del estacionamiento del misil SARMAT SR-28, ruso, en territorio de Irán no ha sido confirmado oficialmente, pero es posible que eso haya tenido lugar, pues entre Rusia e Irán existe desde hace algunos meses un Tratado de Defensa mutua, el que podría haberse activado ante las reiteradas amenazas de Trump y de Netanyahu de hacer desaparecer Irán, con sus 93 millones de habitantes, de la faz de la tierra. Lo que el video muestra está dentro de lo posible en la realidad que vive Irán.
La Redacción de piensaChile

Los informes sugieren que Irán podría poseer ahora capacidades avanzadas vinculadas al RS-28 Sarmat ruso — un potente misil intercontinental diseñado para transportar múltiples ojivas nucleares y vehículos de planeo hipersónico. Este análisis desgrana lo que esto podría significar para la seguridad de Israel, las opciones militares de EE.UU. y el futuro de la estabilidad nuclear global.

Si tan solo parte de este desarrollo es real, las consecuencias podrían reconfigurar el equilibrio de poder de la noche a la mañana — afectando no solo a la geopolítica, sino a los precios de la energía, los riesgos de seguridad y el futuro que le espera a tu familia.

Timestamps:
00:00 – La Transferencia Silenciosa que lo Cambió Todo
06:40 – El Sistema de Armas Satán-2 por Dentro
13:20 – Por Qué Putin Tomó Esta Decisión
20:00 – Israel Ante una Amenaza Existencial
26:40 – La Parálisis Estratégica de América

Asi funciona aproximadamente el Sarmat RS-28

Más sobre el tema:

Seyed M. Marandi: Las negociaciones han fracasado: Irán vuelve a la guerra

El articulo De madrugada, Irán despliega el Satán-2 ruso, el que la OTAN ha denominado «Satán» apareció primero en piensaChile.

En una conversación con Glenn Diesen, el experto y profesor Mohammad Marandi hace una declaración contundente: la vía diplomática está cerrada. Tras repetidas violaciones de sus obligaciones y la ausencia de garantías reales por parte de Washington, Teherán vuelve a aplicar sus protocolos de defensa.

Puntos clave de la conversación:

• Punto de no retorno: Por qué las últimas rondas de negociaciones resultaron ser una farsa y quién es el responsable.
• La incapacidad de Trump: Marandi explica por qué la administración estadounidense ha perdido el derecho a ser considerada un actor negociador.
• Realidad militar: ¿Qué significa un «regreso a la guerra» para la infraestructura regional y las bases estadounidenses?
• Glenn Diesen sobre el colapso de la confianza: Cómo la destrucción de los últimos vestigios de la diplomacia el 12 de abril impactará las relaciones Este-Oeste durante décadas.
• El ultimátum de Irán: ¿Cuáles serán los próximos pasos de Teherán en ausencia de un acuerdo?
• Marandi subraya: Irán ha hecho todo lo posible por reducir la tensión, pero ahora es el momento de la «realidad física» en el campo de batalla.

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12 de abril de 2026

El fracaso de las negociaciones se pudo intuir en el ambiente. Solo había que escuchar las declaraciones de los representantes de EE. UU., antes de que se concretaran las negociaciones. Y efectivamente eso fue lo que pasó.

Pero ¿por qué fracasó?

Parece ser que Donald Trump quiere retrasar su propia caída, quizá con la esperanza de que todo pueda repuntar a su favor.

Su personalidad narcisista le impide asumir la derrota. El fracaso no está en su vocabulario. Retrasar su propia caída pareciera ser la solución para no pasar a la historia de los EE. UU. como “el presidente que fracasó en Medio Oriente”. —¿Fracasar yo, el que solía despedir a los fracasados?

Donald Trump se empeña en evadir la realidad y construir un relato fantástico del terreno. Lo peor de todo es que su empeño en evadir la realidad únicamente habrá de prolongar la presión económica global, especialmente en el propio EE. UU.

El problema de EEUU es que le falta humildad, le cuesta aceptar la realidad en el terreno, aceptar su propia derrota. Su arrogancia únicamente habrá de complicar la situación. Irán no tiene ningún apuro.

Si el objetivo de las recientes negociaciones en Islamabad para EEUU era ver claudicar a Irán, se equivocaron profundamente. Es no entender la situación en la que se encuentran.

Es de esperar que EE. UU. pueda estar dispuesto a volver a negociar y que se pueda hacer respetar el actual alto el fuego de dos semanas. Todo se habrá de complicar aún más si EE. UU. no hace entrar en razón a Israel y frena sus incursiones militares en el Líbano.

El fracaso de las negociaciones del pasado 11 de abril no pueden verse como algo definitivo; debe verse como una oportunidad para buscar alcanzar una serie de avances que puedan permitir llegar a acuerdos.

EE. UU. debe aterrizar de la nube fantástica en la que se encuentra. Prolongar el fuego, únicamente ahondará la crisis de su propio aparato militar y ahondará la crisis de sus aliados en la región.

En definitiva, el fin de las guerras o los grandes conflictos no se logran a partir de una sola reunión negociadora. Pueden durar semanas, meses o años. Pero de EE. UU. es de quien depende el fracaso o éxito de las negociaciones.

El consejo que se le podría dar a EE. UU. es que pueda cambiar, cuanto antes, a su equipo negociador inexperto. No puedes poner a cargo a unos muchachos que no tienen idea de cómo se manejan las cosas en el ámbito diplomático o sin una carrera diplomática sólida.

No puedes poner a cargo a personas tomadas al azar, aunque puedas tener todo el poder del mundo, y menos a personas vinculadas con el sionismo.

¿Podrá EE. UU. aceptar la realidad en la que se encuentra o habrá de prolongar su agonía?

-El autor, Nikolas Stolpkin, es analista internacional – Geopolítica – Crítica – Opinión – Pensamiento

https://stolpkin.net/

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3 países rechazaron el documento que condenada la esclavitud y sugiere pagar reparaciones: EE.UU., Israel y Argentina

52 países se abstuvieron, entre ellos los 27 países de la Unión Europea. ¡Vaya unanimidad!

Si crees que Occidente lamenta la esclavitud o su pasado colonial, piénsalo de nuevo. La votación más reciente en la ONU muestra claramente que el Occidente político no ha aprendido NADA de sus pecados y espera poder repetirlos.

Hoy me acompaña el exministro de Asuntos Exteriores de Malta, Evarist Bartolo, para hablar sobre la votación de la ONU acerca de las reparaciones por la esclavitud, las abstenciones y la oposición occidentales, la relación entre esclavitud, colonialismo y poder actual, la compensación a los propietarios de esclavos, Haití, las relaciones entre África y Europa, la creciente presión de la mayoría global y la lucha más amplia por la dominación, la deuda, la guerra y la solidaridad.

Declaración sobre la Calificación de la Trata de Africanos Esclavizados y la Esclavitud Racializada de Africanos como el Crimen de Lesa Humanidad más Grave

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Max Blumenthal analiza por qué el consenso sobre la asociación entre Estados Unidos e Israel se está desmoronando, ya que la influencia intrusiva de Israel se percibe ampliamente como un factor que socava los intereses estadounidenses. La desastrosa guerra con Irán ha intensificado la guerra civil dentro del movimiento MAGA. Blumenthal es el editor en jefe de The Grayzone, un periodista galardonado y autor de varios libros, entre ellos los superventas Republican Gomorrah*, *Goliath*, *The Fifty One Day War y *The Management of Savagery*. Ha publicado artículos en diversos medios, numerosos reportajes en vídeo y varios documentales, entre ellos *Killing Gaza*.

No era MAGA (Make America Great Again.), era MIGA (Make Israel Great Again)

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El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabezó la delegación de su país en las negociaciones con EE.UU. que se desarrollaron en Pakistán, declaró este domingo que Washington «no pudo ganarse la confianza» de Teherán.

A través de su cuenta de X, el jefe negociador reiteró que «debido a las experiencias de las dos guerras anteriores», Teherán desconfía de Washington, que tampoco «pudo ganarse la confianza» del la nación persa, tras la última ronda de conversaciones donde la parte iraní propuso «iniciativas con visión de futuro».

Estos son los principales desacuerdos entre Irán y EE.UU.

En cuanto a la actitud de EE.UU., Ghalibaf señaló: «comprendió nuestra lógica y nuestros principios, y ahora le corresponde decidir si puede ganarse nuestra confianza o no».

En este contexto, apuntó que su país considera la diplomacia como «un método más, junto con la lucha militar, para lograr los derechos del pueblo iraní» y prometió no ceder en su «empeño» de «consolidar los logros de los 40 días» de la guerra.

Durante las negociaciones de este sábado en la capital pakistaní, Islamabad, se discutieron diversos aspectos cruciales, incluidos el estrecho de Ormuz, la cuestión nuclear, las reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y «el fin definitivo de la guerra contra Irán y la región», anunció la nación persa. Sin embargo, las partes no lograron llegar a un acuerdo, porque, según denunció Teherán, Washington planteó «exigencias excesivas».

Por su parte, el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, que lideró el equipo negociador de su país, señaló que la parte estadounidense dejó «muy claro» cuáles son las «líneas rojas», es decir, qué cosas Washington está «dispuesto a acomodar y qué cosas no», pero Irán rechazó sus términos. Vance se negó a precisar qué puntos fueron los que no aceptó Teherán.

*Fuente: Actualidad RT

JD Vance: diálogo EU-Irán terminó tras 21 horas sin llegar a un acuerdo

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El secuestro de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos abrió una ventana de oportunidad para el campo opositor de tomar el poder en Venezuela. La oposición radical, encabezada por Machado, podría aprovechar esa ventana para desatar provocaciones, simular delitos por parte del gobierno venezolano y emplear otros métodos de propaganda negra.

Analizando los movimientos en el terreno y las dinámicas internacionales, los indicios apuntan a una conclusión perturbadora: convencida de que el tiempo para una transición de poder se está agotando, Machado empezó a considerar seriamente desencadenar una guerra civil rápida en Venezuela, utilizando su presunto arresto como el detonante. Esa conclusión confirma fuente cercana al mando opositor que indica preparación para posible cambio forzoso del poder en el país. Desde el primer punto de vista, se puede concluir que es una acusación sin pruebas; por eso hay que analizar el contexto que rodea a Machado y su actividad política.

Para entender la urgencia de Machado, es preciso observar el cambio de paradigma en la Casa Blanca. Según revelaciones recientes, administración de Donald Trump planificó el secuestro de Maduro con meses de antelación, pero la sucesión no fue diseñada para la oposición venezolana. El exejecutivo de Chevron en Venezuela, Ali Moshiri, jugó un papel clave aconsejando a la CIA que instaurar a Machado llevaría a un escenario negativo, argumentando que la líder opositora carecía de control sobre el aparato de seguridad y las estructuras chavistas. La recomendación fue clara:

apostar por Delcy Rodríguez para evitar dramáticas perturbaciones y asegurar la estabilidad institucional. Eso se explica la distancia entre María Machado y Donald Trump: Machado apoya elecciones presidenciales a corto plazo, Donald Trump ve a Delcy Rodríguez como la sucesora del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Comprendiendo la postura política de Trump, Machado activó una agenda de negociaciones con distintos políticos estadounidenses, impulsando un lobby que, en teoría, podría cambiar la opinión en el Despacho Oval. La figura principal de este lobby es Marco Rubio, quien también apoya la idea de realizar elecciones presidenciales en Venezuela a corto plazo.

Sin embargo, su plan no se limita únicamente al territorio venezolano, sino que también abarca a la diáspora venezolana. Recientemente, Machado anunció su viaje internacional por los países que han acogido a migrantes venezolanos, el primer país de la visita es España. Según fuentes del campo, entre otras tareas, Machado intenta persuadir a los venezolanos para que regresen a la patria y así reforzar sus posiciones en las calles (en el exterior viven más de 9 millones de venezolanos). Claro está, la mayoría prefiere esperar el fin de las perturbaciones políticas en Venezuela antes de regresar, y por eso Machado negocia con el mando del país para acelerar el proceso. Eso confirma las declaraciones del presidente chileno José Antonio Kast, quien tras la visita oficial de Machado dijo que su gobierno va a “ir avanzando, paso a paso, en la expulsión de migrantes irregulares, incluso venezolanos” —más de 500 mil— y confió en que los extranjeros sin papeles abandonen el país de manera voluntaria.

Paralelamente con la agenda extranjera Machado está preparando terreno en Venezuela para su regreso. En las últimas semanas, se ha detectado un aumento exponencial de campañas informativas y viajes de operadores opositores por todo el territorio venezolano para popularizar su figura. Las fuentes indican que es un trabajo de inteligencia de campo. Los enviados de Machado están evaluando la viabilidad de organizar disturbios y provocaciones, arrastrando a la población bajo el pretexto de la ‘lucha por la democracia’. El objetivo es replicar los desórdenes de julio de 2024 durante las elecciones presidenciales, pero esta vez con una ambición de escala mucho mayor

En paralelo, el partido liderado por Machado Vente Venezuela ha decidido restablecer y movilizar a sus militantes llamados «comanditos» a nivel nacional. Sería mentira afirmar que todos son elementos radicales, pero las elecciones presidenciales de 2024 mostraron que la oposición es capaz de organizar comanditos para provocar manifestaciones caóticas con incendios de cauchos y disturbios masivos.

¿Una amenaza real o solo planes sobre la mesa?

Es evidente que la guerra civil no siempre fue el plan original de Machado, ni ha sido la única vía que ha evaluado para alcanzar el poder. Comenzó a considerar esta opción con extrema seriedad tras la normalización de los vínculos entre Washington y Delcy Rodríguez. El punto de no retorno se alcanzó cuando la administración Trump retiró a la presidenta encargada de la lista de sanciones, confirmando que la Casa Blanca había elegido el gobierno de Rodríguez.

Machado es plenamente consciente de que pisar Venezuela garantiza su arresto inmediato. Sin embargo, las fuentes en el campo opositor revelan que su objetivo no es evitar la cárcel, sino «sacar el máximo provecho» de ella. La lógica es puramente maquiavélica y depende de la velocidad: un arresto altamente represivo y mediáticamente explosivo sería la chispa exacta para detonar un conflicto armado inmediato. Acorralada por el tiempo, esta se ha convertido en su última y más peligrosa carta en la mesa. Los venezolanos no queremos ver cauchos encendidos en las calles de las ciudades de la poderosa República Bolivariana de Venezuela.

El articulo María Corina Machado muestra señales de preparación para una guerra civil en Venezuela apareció primero en piensaChile.

Luis Muñoz, Juan Hernández, Manuel Tamayo

El 3 de abril de 1976, en el marco de la Operación Cóndor, la Dina y la policía federal argentina secuestraron, en Mendoza, a tres jóvenes socialistas chilenos: Luis Muñoz Velásquez, detenido junto a Juan Hernández Zaspe, presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Técnicos de Chile, que militaba en el PS clandestino sector Comisión de Consenso, y Manuel Tamayo Martínez, ex dirigente de los estudiantes industriales, alumno de sociología e ingeniería comercial de la Universidad de Concepción, que militaba en el PS clandestino como enlace del dirigente nacional Ricardo Lagos Salinas. Los tres jóvenes trabajaban en la reorganización clandestina del socialismo chileno. Luego de ser trasladados a Cuatro Álamos y Villa Grimaldi, en Chile; se pierde el rastro de ellos, siendo por tanto, detenidos desaparecidos.

¡LA MEMORIA VENCE A LA MUERTE!

«Quiero minar la tierra hasta encontrarte
y besarte la noble calavera
y desamordazarte y regresarte.

…
que tenemos que hablar de muchas cosas,
compañero del alma, compañero.»
Miguel Hernández

El articulo Domingo 12, acto por compañeros chilenos Detenidos en Mendoza y Desaparecidos en Villa Grimaldi apareció primero en piensaChile.

Costa Rica – Estados Unidos: algunos apuntes con relación al reciente acuerdo migratorio sobre deportaciones vía aérea

El 24 de marzo del 2026, se anunció la firma de un convenio migratorio entre Estados Unidos y Costa Rica para acoger en Costa Rica a unas 25 personas semanalmente, deportadas por los servicios migratorios de Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad y esta nota de CNN).

En esta nota del New York Times sobre el mismo tema, se puede apreciar una fotografía que debería de interesar a los especialistas en materia de lenguaje corporal de un Jefe de Estado. Una búsqueda de las fotografías desde mayo del 2022 en las que la máxima autoridad costarricense recibe a un(a) funcionario(a) de otro Estado permitiría saber si no estamos ante una verdadera «première» en la gestual presidencial en Costa Rica de la administración (2022-2026).

El 27 de marzo del 2026, un editorial de La Nación refirió a la total opacidad con respecto a lo suscrito con la representante de Estados Unidos de paso en la capital costarricense en estos últimos días del mes de marzo del 2026 (véase editorial). A pocas horas de editado el texto en La Nación, se hizo público el texto integral, reproducido al final de esta nota del Semanario Universidad (texto en inglés).

Una breve precisión desde el punto de vista del derecho internacional público

Desde la perspectiva del derecho internacional público, hay que tener claro que dos Estados pueden pactar en un acuerdo bilateral cuestiones relacionadas a la migración o al traslado de personas de un territorio a otro y no hay ninguna regla internacional que lo pueda impedir. En una materia como la migratoria, el ordenamiento jurídico internacional reconoce a cada Estado un amplio margen de maniobra para regular internamente de manera libre y soberana las condiciones de entrada y estadía en su territorio.

En el caso de un acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Costa Rica no obstante, mientras el primero no está sometido a obligaciones internacionales al no haber ratificado una gran cantidad de instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, Costa Rica es un Estado que sí ha ratificado la mayoría de los tratados existentes en materia de derechos humanos, sean de carácter universal, sean de carácter regional.

El caso el más emblemático es posiblemente el de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en 1969 en la capital costarricense, que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar en 1970, y que a la fecha, Estados Unidos se resiste a ratificar, así como Canadá (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). En cambio, un tratado internacional sobre derechos humanos que ni Costa Rica ni Estados Unidos han tan siquiera optado por firmar es la Convención de Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares (véase texto y estado oficial de firmas y ratificaciones), y que constituye, en el caso de Costa Rica, un persistente lunar con relación a la imagen internacional que intenta proyectar en materia de derechos humanos. Este lunar explica en gran parte el sistema de explotación laboral que sufren muchos trabajadores migrantes en Costa Rica, y ello en muy distintos sectores de la economía costarricense (Nota 1).

En ambos casos (Estados Unidos y Costa Rica), de firmar un acuerdo migratorio bilateral, las regulaciones internas vigentes en cada uno de estos dos Estados sobre garantías fundamentales deben respetarse, en el entendido que las que derivan del ordenamiento jurídico costarricense se ven reforzadas y (a veces) completadas por las obligaciones internacionales que establecen instrumentos internacionales aplicables en la materia, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma práctica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya está conociendo de casos de personas deportadas «a la fuerza» desde Estados Unidos a Centroamérica (Nota 2).

Costa Rica: alineación con Estados Unidos y El Salvador

Costa Rica en los últimos años ha dado de que hablar a nivel nacional e internacional, al develarse una cara desconocida con respecto a la imagen internacional que ha tradicionalmente proyectado: escándalos ambientales a repetición que terminan en los tribunales con una declaratoria de ilegalidad del megaproyecto y una condena al Estado, pero también intento por parte del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa de socavar algunas garantías fundamentales so pretexto de controlar la criminalidad organizada.

1. a) Alineación con Estados Unidos y … ¿alienación de Costa Rica?

Como bien se sabe, las actuales autoridades costarricenses se han mostrado muy cercanas a Estados Unidos en los últimos años, y más aún desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante, el 20 de enero del 2025. En febrero del 2025, sin mayor consulta (ni mayor preparación ni anticipación…), aceptaron recibir un primer vuelo con unas 200 personas deportadas desde Estados Unidos (véase nota del Semanario Universidad).

Además de este acuerdo migratorio sobre deportaciones semanales anunciado el pasado 24 de marzo, hay que recordar que el 7 de marzo, Costa Rica anunció desde Miami integrar una «coalición militar» liderada por Estados Unidos: se trata de una iniciativa tomada (nuevamente) sin mayor consulta, y que examina el juez constitucional costarricense desde hace unas semanas (véase nota del medio digital Delfino.cr).

Este anuncio sobre lo que podríamos denominar «aventuras militares abreviadas» costarricenses recuerda otro en el 2003 en el que Costa Rica apareció oficialmente en una «coalición militar» en guerra contra Iraq liderada por Estados Unidos: al respecto merece lectura (y relectura) el voto 9992 del 8 de septiembre del 2004 de la Sala Constitucional (véase texto completo) en el que el juez constitucional le ordenó al Poder Ejecutivo ser mucho más consistente con la tradición pacífica y de neutralidad de Costa Rica, y con un sinnúmero de declaraciones dadas a conocer en diversos foros internacionales, exigiéndole tramitar el retiro inmediato de Costa Rica de esta coalición, al señalar en el «Por tanto» que:

«por ser contrario a la Constitución Política; al sistema internacional de la Organización de Naciones Unidas y al derecho internacional aceptado por Costa Rica, se anula el acuerdo del Poder Ejecutivo del diecinueve de marzo del dos mil tres, relacionado con el conflicto bélico contra Iraq, y todo acto o actuación relacionado con este. Proceda el Gobierno de la República a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos de América excluya a nuestro país de la lista de países «aliados» de la «Coalición» o «Alianza», que consta en la página web de la Casa Blanca«.

Es de notar que pese a ser una decisión del 8 de septiembre del 2004, el 17 de mayo del 2006, el nuevo jefe de la diplomacia costarricense desde unos pocos días le solicitó nuevamente a Estados Unidos retirar de forma definitiva a Costa Rica de la precitada «coalición» (véase su carta reproducida en este cable confidencial filtrado de la embajada de Estados Unidos en Costa Rica – cable Wikileaks). Cabe recordar que la administración costarricense correspondiente al período (2002-2006) se mostró a veces extremadamente anuente a aceptar solicitudes de Estados Unidos, y ello en muy diversos ámbitos (Nota 3).

En otro campo, el pasado 20 de marzo del 2026, Estados Unidos entregó a Costa Rica personas fallecidas y otras heridas a raíz de una intercepción (cuyos detalles se desconocen) de una lancha sospechosa de transportar droga en el Océano Pacífico (véase nota de CRHoy del 20 de marzo): se ignora si las modalidades plasmadas en el acuerdo de patrullaje conjunto de 1999 en el Océano Pacífico entre Estados Unidos y Costa Rica (véase texto) han sufrido modificaciones recientes que permitan ahora intercepciones de este tipo, causando heridas y hasta la muerte de los tripulantes de estas lanchas. A nuestros estimables lectores, nos permitimos plantearles la siguiente pregunta; ¿a partir de cuantos muertos costarricenses entregados por Estados Unidos estiman que se llevará a cabo algún tipo de investigación independiente al respecto? Este comunicado de la ONG Human Rights Watch del 31 de marzo del 2026 denuncia la total ilegalidad de estos ataques norteamericanos a naves sospechosas de transportar droga en alta mar, sea en el Pacífico, sea en el Caribe, en abierta violación a todas las reglas internacionales existentes al capturar una tripulación e incautar cargamentos de droga en alta mar.

Siempre en marzo del 2026, fue el 18 de este mes que Costa Rica anunció oficialmente cerrar su embajada en Cuba: se trata de un gesto que si bien se presentó como una decisión soberana de Costa Rica, no deja de sorprender al no haber ningún otro Estado en América Latina en haber tomado semejante decisión (Nota 4). Dos semanas antes, Ecuador se limitó a declarar «persona non grata» al embajador de Cuba en Quito, sin dar mayores motivaciones (véase nota de prensa del 4 de marzo), ni anunciar formalmente suspender las relaciones diplomáticas. Es de recordar que en una votación en Naciones Unidas realizada en octubre del 2025 sobre el levantamiento del embargo a Cuba, Costa Rica optó por abstenerse, cuando llevaba muchos años votando a favor de dicho levantamiento (Nota 5). Poco tiempo después de anunciar su decisión Costa Rica, el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de Naciones Unidas hizo un llamado vehemente a los integrantes de la comunidad internacional para ayudar urgentemente a Cuba desde el punto de vista médico y hospitalario ante la profunda crisis humanitaria existente (véase comunicado del 28 de marzo del 2026). Anteiormente, fue el 13 de febrero del 2026 que desde el portal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, se alertó sobre la inminencia de dicha crisis humanitaria (véase comunicado oficial). Dejamos a cada uno/a de nuestros lectores hacerse una idea de la imagen que proyecta Costa Rica en el plano internacional al romper unilateralmente las relaciones diplomáticas con Cuba en plena crisis humanitaria y hospitalaria.

El anuncio hecho el 8 de abril del 2026 sobre la declaratoria como organizaciones terroristas de cuatro entidades de Oriente Medio por parte de Costa Rica, evidencia otra alineación de Costa Rica a Estados Unidos y a Israel (véase nota de La Nación y nota del Semanario Universidad en la que se hace ver las felicitaciones recibidas inmediatamente por parte del aparato diplomático de Israel). Sería de interés conocer la justificación oficial exacta para declarar, justo en estos momentos, a estas cuatro entidades como entidades terroristas, una iniciativa no exempta de riesgos, dada la fuerte tensión que se vive en Oriente Medio y la presencia numerosa de israelíes en algunas playas costarricenses (Nota 6). Tuvimos la ocasión  en diciembre del 2025 de referirnos a otra llamativa y cuestionable iniciativa de las actuales autoridades de Costa Rica con relación a Israel: anunciar la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) (Nota 7).

1. b) Alineación con el Salvador y… ¿alienación de Costa Rica?

En la región centroamericana, la cercanía de Costa Rica ha sido mucho mayor con las actuales autoridades de El Salvador, cuya política represiva de «mano dura» ha dado lugar a un reciente informe por parte de un equipo internacional de juristas que recomienda realizar gestiones ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la reiteración de crímenes de lesa humanidad en El Salvador (véase nota de la FIDH del 9 de marzo del 2026 y texto completo de este voluminoso y muy completo informe – 298 páginas – reproducido en su integralidad en el sitio de información costarricense SurcosDigital).  Se recomienda la lectura de este documento, en particular por parte de quienes alaban la política de «mano dura»  de El Salvador en Costa Rica. Como se recordará, el Estatuto de Roma de 1998 fue ratificado por El Salvador tan solo en el año 2016, convirtiéndose en el último Estado de América Latina en haber ratificado este importante instrumento (véase estado oficial de firmas y ratificaciones). Al cumplirse en marzo del 2023 un año de reconducción automática del «estado de emergencia» en El Salvador, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ya había advertido de lo anómalo de reconducir esta emergencia sin aportar justificación alguna. (véase comunicado oficial). En julio del 2024, varios expertos de Naciones Unidas exigieron levantar estas prórrogas automáticas al estado de emergencia (véase carta conjunta) señalando en su conclusión que:

«En vista de las observaciones anteriores, instamos al Gobierno de su Excelencia a que revise y reconsidere los Decretos Nos 803, 804 y 928 a la luz del hecho de que algunas de sus disposiciones socavarían gravemente las garantías esenciales del debido proceso y los derechos esenciales de las personas investigadas y procesadas y las expondrían al riesgo de ulteriores violaciones, incluyendo torturas y desapariciones forzadas. Alentamos al Gobierno de su Excelencia a garantizar que sólo las conductas de «naturaleza verdaderamente terrorista» puedan ser identificadas como tales en la legislación y la práctica de los Estados. Si bien reconocemos la amenaza concreta que las maras, pandillas y otros grupos criminales representan para la seguridad pública en El Salvador y reconocemos que el derecho internacional de los derechos humanos, a través de sus cláusulas de limitación y derogación, permite a cualquier Estado hacer frente temporalmente a situaciones complejas de seguridad, reiteramos que en situaciones en las que parecería no ajustarse a la definición de terrorismo, las disposiciones del derecho común deben prevalecer para respetar los principios de necesidad y proporcionalidad y deben ser compatibles con el principio de seguridad jurídica«.

En septiembre del 2025, fueron congresistas norteamericanos los que alertaron sobre la ilegalidad de enviar desde Estados Unidos a personas a las cárceles en El Salvador, dado el maltrato que reciben las personas privadas de libertad y los actos de tortura que sufren, ampliamente documentados (véase carta).

Desde entonces, la declaratoria de estado emergencia ha sido reconducida en modo «automático» en El Salvador de manera ininterrumpida, permitiendo abusos de toda clase por parte de sus fuerzas de seguridad.

Haciendo a un lado estos y muchos otros cuestionamientos hechos a El Salvador en los últimos tiempos en materia de derechos humanos, en enero del 2026 los mandatarios de Costa Rica y de El Salvador colocaron la primera piedra de una «megacárcel » en Costa Rica (véase nota de la DW).

No está de más señalar que los órganos de la policía de El Salvador combinan desde varios años reconocimiento facial, inteligencia artificial y geo localización, modernas herramientas contratadas a una empresa israelí de seguridad (véase artículo de El Faro del 2023). En mayo del 2025, se informó de un interés similar en temas de seguridad por parte de las actuales autoridades ecuatorianas, también adeptas de una política de «mano dura» (véase nota oficial de la Cámara Marítima de Ecuador). Este 27 de marzo del 2026, un comunicado del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas  alerta sobre el hostigamiento que reciben activistas y organizaciones indígenas en Ecuador (véase comunicado).

El hostigamiento y las intimidaciones que han sufrido activistas, periodistas, integrantes de organizaciones sociales e intelectuales críticos en El Salvador desde hace varios años son muy similares a los que sufrieron sus homólogos en Marruecos (véase nota de Amnistía Internacional sobre el uso del programa informático israelí Pegasus del 2021 contra la prensa en Marruecos). Esta nota editada en enero del 2024 en la prensa en Brasil y esta  otra nota de prensa publicada en Argentina sobre el «descubrimiento» por parte de las actuales autoridades brasileñas de datos privados de unos 30.000 brasileños, albergados en una nube electrónica en Israel, confirma el mismo origen de este tipo de tecnología avanzada. En esta nota de prensa se hace ver que la precitada tecnología israelí es también a la que ha recurrido el mismo servicio migratorio norteamericano para poder efectuar algunas de sus acciones más cuestionables.

Cabe indicar que este  el 1ero de marzo del 2026, el New York Times informó  (véase nota) de una demanda contra Panamá por prestarse para acoger vuelos de personas deportadas desde Estados Unidos.

El precedente del 2025

Con relación a la deportación desde Estados Unidos a Costa Rica de personas, debe precisarse desde ya que no se trata de repatriar a nacionales de Costa Rica capturados por las autoridades migratorias de Estados Unidos, como sí es el caso de:

– Venezuela (donde ya ascienden a más de 20.000 las personas oriundas de Venezuela deportadas por Estados Unidos – véase nota de febrero del 2026 de Prensa Latina), o bien de;

– Colombia (véase nota de prensa de un vuelo repatriando a colombianos de febrero del 2026).

– Ecuador (véase nota de prensa de abril del 2025).

De lo que se trata en este caso, es de remitir a Costa Rica a personas que son deportadas por vía aérea desde Estados Unidos y que son de otras nacionalidades que la costarricense. En febrero del 2025, tres vuelos desde Estados Unidos a Panamá deportaron un total de 299 personas, según este comunicado de la ONG Human Rights Watch, condenando esta cuestionable práctica.

No está de más señalar que, en el caso de Costa Rica, se cuenta con un precedente judicial bastante reciente  del 2025: en esta ocasión, el juez constitucional condenó al Poder Ejecutivo costarricense por privar a más de 200 personas deportadas desde los Estados Unidos en febrero del 2025 (entre las cuales 79 menores de edad), de su derecho a la libre circulación, manteniéndolas privadas de su libertad en condiciones inadecuadas, al haber aceptado su deportación a suelo costarricense. Ya en marzo del 2025, la misma Defensoría de los Habitantes había denunciado esta situación totalmente anómala luego de ir a visitar a estas personas (véase nota del Semanario Universidad). Otro informe de organizaciones de la sociedad civil (véase documento)  enlistó (ver página 15) varios requerimientos de carácter urgente al Estado costarricense ante el «limbo legal» en el que se encontraban estas 200 personas en Costa Rica (véase comunicado de CEJIL).

Esta anomalía evidenció lo solícito y lo extremadamente hacendoso que es el actual Poder Ejecutivo costarricense para responder a solicitudes provenientes de Estados Unidos

En su voto 19485-2025 del 24 de junio del 2025 (véase texto completo), los jueces de la Sala Constitucional señalaron que:

«En virtud de lo expuesto, se desprende con claridad que desde el momento de su llegada a Costa Rica el día 20 de febrero de 2025, las personas amparadas fueron privadas de su libertad de forma ilegítima -incluyendo, en un inicio, a 79 personas menores de edad-, sin haber cometido delito o inclusive tener una presunción de una falta migratoria dentro del territorio nacional, ni una condición irregular en el país que facultara a las autoridades de migración a restringir la libertad de una persona extranjera que ingresa ilegalmente al país, durante el tiempo racionalmente indispensable  para hacer efectiva su expulsión y deportación. No puede perderse de vista que estas personas ni siquiera ingresaron al país irregularmente, sino que, de forma expresa y soberana, el propio Gobierno costarricense consintió su ingreso por razones humanitarias«.

En esta misma sentencia también se indica que:

«No se individualizó su condición de ingreso, sino que se adoptaron decisiones de carácter general, sus documentos de viaje fueron retenidos y la explicación de la necesidad de la privación de libertad por encontrarse en condición de tránsito, así como supuestamente para garantizar su propia seguridad, no se ajustan a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad propios de un Estado democrático de Derecho. Tampoco se explica en los informes, ni se deriva de forma alguna de las regulaciones migratorias, que lo actuado se sustentara en lo dispuesto en alguna ley. Tratándose de una situación sui generis y novedosa, se carecía de una regulación legal que respaldara la privación de libertad. Debió, por ende, en aplicación del principio pro libertatis permitir que este grupo de personas gozaran de su libertad sin restricciones de ninguna clase.

Es especialmente preocupante haber constatado que una parte importante de las personas a quienes se restringió su libertad eran niños y niñas, con lo que se agudiza la situación de vulnerabilidad propia del grupo, ya de por sí tributarios de una protección especial, en su condición de migrantes. A todas luces, por parte de las autoridades costarricenses recurridas, la privación de libertad es arbitraria y excesiva, con lo cual corresponde estimar este extremo del recurso». 

Es de recordar que ninguna de las personas deportadas a Costa Rica en el 2025 eran oriundas de América Latina: en efecto, entre estas 200 personas deportadas desde Estados Unidos, se encontraban, según se señala en esta misma sentencia, personas oriundas de China, Armenia, Uzbekistán, Turquía, Rusia, Afghanistán, Vietnam, Georgia, Jordania, Kazajistán, Irán, Ghana, Kirguistán, Congo, Nepal, Yemen, Angola, India, Pakistán y Tajikistán.

La expresión “extremadamente solícito y hacendoso” usada con anterioridad en este texto, cobra particular interés al revisar con detenimiento la ubicación geográfica de Costa Rica con relación a la lista de Estados de los que son nativas estas 200 personas.

A modo de conclusión

Como se puede apreciar, el marco legal aclarado al Poder Ejecutivo en el 2025 por el juez constitucional obliga ahora a las autoridades de Costa Rica a cambiar las modalidades al materializarse en el futuro un segundo vuelo con personas deportadas desde  Estados Unidos a suelo costarricense.

Se mantiene no obstante la pregunta de saber si Costa Rica no perpetúa y le da continuidad a una situación atentatoria a los derechos de estas personas: en efecto, muchas de ellas son capturadas en Estados Unidos de manera arbitraria y sin muchas veces conocer de los cargos que se les imputan, y sin haber sido objeto de un procedimiento en el que puedan presentar algún tipo de descargos. Con relación a la ilegalidad de estas y muchas otras decisiones de la actual administración norteamericana, este reciente compendio alerta sobre el irrespeto a decisiones judiciales en su contra (Nota 8).En este breve análísis publicado en Estados Unidos por el sitio especializado JustSecurity, se señala que el vuelo del 15 de marzo del 2025 a destinación de El Salvador con personas oriundas de Venezuela  capturadas en Estados Unidos fue objeto de una solicitud urgente de un juez norteamericano de suspenderlo de inmediato, solicitud ignorada por el Poder Ejecutivo norteamericano.

Se mantiene también la interrogante sobre el punto de saber qué es lo que recibirá Costa Rica a cambio de satisfacer esta repentina solicitud de Estados Unidos. En el 2025, se pudo observar que, luego de aceptar un vuelo con personas deportadas en febrero del 2025, Costa Rica fue objeto de aranceles determinados de manera unilateral por Estados Unidos en materia comercial similares a los de los demás Estados de Centroamérica y República Dominicana, con excepción de Nicaragua (véase nota de la BBC de abril del 2025).

Cabe señalar que, salvo error de nuestra parte, no se tiene información actualizada sobre el paradero exacto de cada una de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en el 2025, ni se sabe si el Poder Ejecutivo entregó a quince días de emitida dicha sentencia del juez constitucional, un informe detallado individualizando los datos correspondientes de cada una de estas personas, tal y como solicitado.

En este comunicado de prensa del 24 de marzo del 2026 de la Defensoría de los Habitantes, se indica únicamente que:

«Mediante un informe emitido el 11 de Febrero del 2026 por el Coordinador Policial de Paso Canoas, se confirmó que, de las 200 personas deportadas de Estados Unidos, 110 salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido, de los cuales 59 eran personas adultas y 51 personas menores de edad. Además, 34 personas egresaron del CATEM-Sur tras presentar solicitudes de refugio, de las cuales 27 eran personas adultas y siete personas menores de edad. También, el informe reportó a 56 personas que realizaron salidas voluntarias del CATEM-Sur, (34 personas adultas y 22 personas menores de edad)«.

Esta información de seguimiento pormenorizada e individualizada sería de sumo interés, en aras de observar si una vez puestas en libertad en Costa Rica, las personas que se quedaron en Costa Rica lograron integrarse, o bien emigraron luego a otro destino de su libre escogencia o bien… volvieron, ya sea desde Costa Rica, ya sea desde otro lugar,  a emprender la ruta para entrar nuevamente a Estados Unidos.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1: Recientemente una tesis de Licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR) exhibió ante la sociedad costarricense el nivel de abuso laboral a los que se someten a humildes personas trabajando en bananeras. ¿Interpelará o no a la sociedad costarricense la situación de abuso laboral al que se prestan numerosas empresas, garantizadas de una impunidad total al saber que ningún migrante en situación irregular irá a denunciarlas por ello ante el departamento de Salud ocupacional del Ministerio de Trabajo o de la Caja Costarricense del Seguro social (CCSS)? Un informe previo de la prestigiosa ONG británica Oxfam sobre las condiciones laborales en las piñeras en Costa Rica del 2018 ya advertía de la situación de total indefensión de sus trabajadores, personas migrantes en situación irregular en su inmensa mayoría.

Nota 2: En octubre del 2025, la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos ordenó a El Salvador medidas provisionales con relación a un ciudadano deportado hacia El Salvador desde Estados Unidos en un vuelo realizado el 15 de marzo del 2025  (véase decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos).

Nota 3: En este otro cable filtrado Wikileaks del 2005,  se hace ver la anuencia del canciller costarricense de la administración 2002-2006 a  suscribir un Acuerdo Bilateral de Inmunidad (ABI) con Estados Unidos de manera que Costa Rica no pueda entregar a la justicia penal internacional de La Haya a nacionales norteamericanos responsables de cometer genocidios, crímenes de guerra, o crímenes de lesa humanidad. En este otro cable del 2005, se hace ver el entusiasmo del titular costarricense de finanzas con respecto al Taatado de Lire Comercio con Estados Unidos (TLC). En este otro cable de enero del 2006, se menciona el «estado de pánico» del titular costarricense de la cartera de comercio exterior ante las sanciones previstas en Estados Unidos, de no adoptarse en Costa Rica el TLC con Estados Unidos y una propuesta de «creative accounting» para seguir beneficiando de ciertos fondos norteamericanos de su parte. Con respecto a las denominados ABI que Estados Unidos intentó obtener de los Estados de Centroamérica, véase al respecto BOEGLIN N.,  «A diez años de la entrada en vigor del Estatuto de Roma: breves reflexiones desde una perspectiva latinoamericana», Revista del Poder Judicial, 107, marzo del 2013, pp.13-21. Texto disponible aquí.  Véase también sobre el caso particular de Costa Rica un artículo del ex canciller de Costa Rica, Bruno Stagno Ugarte en el período (2006-2010): STAGNO B.,  «Defendiendo la integridad del Estatuto de Roma: los altos y bajos del caso de Costa Rica, 2002-2008” in BOEGLIN N., HOFFMAN J & SAINZ-BORGO J., (Editores), La Corte Penal Internacional: una perspectiva latinoamericana, 2014, Universidad para la Paz,  pp. 303-330). Texto integral disponible aquí.

Nota 4: El comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica del 18 de marzo del 2026 se lee como sigue:

«Cierre de la Embajada de Costa Rica en Cuba y retiro de personal diplomático de Cuba en Costa Rica

San José, 18 de marzo de 2026. El Gobierno de Costa Rica ha tomado la decisión de proceder al cierre de la Embajada de Costa Rica en la República de Cuba, para lo cual ya han iniciado los trámites diplomáticos y administrativos necesarios.

De igual manera, se le ha solicitado al Gobierno de Cuba retirar a su personal diplomático acreditado en Costa Rica. Sin embargo, podrá permanecer en Costa Rica el personal consular y administrativo necesario para la prestación de servicios a los ciudadanos cubanos residentes en Costa Rica.

Por su parte Costa Rica, en la medida de lo posible, prestará servicios consulares para ciudadanos costarricenses residentes en Cuba desde el Consulado de Costa Rica en la Ciudad de Panamá.

La medida se toma ante un agravamiento significativo de las restricciones a las libertades fundamentales, incluyendo limitaciones a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica, según lo reportan diversas organizaciones internacionales y testimonios de la sociedad civil que han señalado la persistencia de hostigamiento y otras formas de presión contra quienes sostienen posiciones críticas frente al Gobierno cubano.

A esta situación se suma el progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población. La escasez de bienes esenciales, las dificultades en el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos, así como el debilitamiento de las oportunidades económicas, que han generado un contexto humanitario cada vez más complejo que afecta directamente al bienestar del pueblo cubano.

El país continuará observando atentamente la evolución de la situación en Cuba.

Comunicación Institucional

076-2026 Cierre de la Embajada de CR en Cuba

Miércoles 18 de marzo de 2026″

Nota 5: Observar a Estados del continente latinoamericano cuestionar la condena al embargo a Cuba y objetando que se exija su levantamiento, ante al consenso existente a nivel internacional, resulta bastante llamativo: se trata posiblemente de la medida unilateral de Estados Unidos contra un Estado mas longeva (adoptada en febrero de 1962), y que ha demostrado ser un fracaso total al no debilitar mayormente al régimen cubano desde entonces y consolidarlo como tal, y al afectar gravemente la vida diaria de las familias cubanas, causando el exilio de muchas de ellas. Un reciente reportage de la cadena Al Jazeera detalla de una manera muy completa el drama que significa para muchas familias cubanas el tener a algunos de sus integrantes padeciendo de enfermedades graves, ante la falta de material médico moderno que Estados Unidos impide sea exportado hacia el sistema hospitalario y de salud de Cuba (véase enlace). No está de más recordar que en el 2016, la resolución anual que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas exigiendo el levantamiento del embargo a Cuba fue adoptada con 191 votos a favor y una abstención (la de Estados Unidos), tal y como lo analizamos en esta nota nuestra de octubre del 2016. En noviembre del 2023, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado (Ucrania) optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En octubre del 2024, el mismo texto fue adoptado con 187 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y un Estado optando por abstenerse (véase nota de prensa oficial de Naciones Unidas). En cambio, en el último ejercicio de esta naturaleza (octubre del 2025), el voto registrado fue de 165 a favor, 7 en contra (entre los cuales Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones (entre las que figuran las de Costa Rica y de Ecuador). Estos números del 2025 reflejan el nivel de presiones que logra ejercer Estados Unidos sobre algunos Estados, en particular desde la llegada a la Casa Blanca de su actual ocupante (20 de enero del 2025).

Nota 6: Un reportaje de la televisión costarricense (véase enlace) de marzo del 2024 explica cómo en pocas horas, de surfear en un conocida playa en el Cóbano, jóvenes israelíes pasan a combatir en Gaza unos días después. Este reportaje merecería ser completado por otro para saber un poco más sobre los israelíes que, de regreso de varios meses en Gaza, entran a Costa Rica para ir a surfear en esta misma playa de Santa Teresa de Cóbano, objeto del precitado reportage. En el 2021, en esta misma playa se registró la muerte de un israelí por parte, al parecer, de coterráneos de la misma víctima (véase nota de CRHoy). En diciembre del 2025, en otra playa en Guanacaste, se registró un fuerte altercado con activistas denunciando el genocidio en Gaza (véase nota del Semanario Universidad). Artículos publicados en inglés en el exterior como éste y este otro  y esta nota detallan la presencia de una importante comunidad israelí en algunas playas en Costa Rica.

Nota 7: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «El tratado de libre comercio (TLC) con Israel firmado por Costa Rica el 8 de diciembre del 2025: reflexiones y preguntas, algunas incómodas«, 22 de diciembre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 8: Sobre las numerosas «Executive Orders» firmadas en la Casa Blanca que terminan siendo declaradas ilegales por los mismos tribunales norteamericanos, pero que el Poder Ejecutivo norteamericano mantiene vigentes, véase este interesante compendio realizado por autores del sitio JustSecurity, y titulado «The “Presumption of Regularity” in Trump Administration Litigation (4th edition)«.

El articulo Costa Rica firma con EE.UU. acuerdo para recibir migrantes deportados de terceros países apareció primero en piensaChile.

En la pampa nortina —territorio de viento, polvo y vida extrema— surgió un teatro popular autónomo y profundamente ligado a la experiencia cotidiana. Fuera de los circuitos oficiales, obreros y aficionados desarrollaron una práctica escénica que trascendió el entretenimiento, convirtiéndose en espacio de sociabilidad, formación cultural y representación colectiva.

En este contexto emergen figuras como Enrique Horacio Sampson, cuya trayectoria refleja el carácter autodidacta y comunitario del teatro pampino. Este artículo sostiene que dicho teatro no solo configuró una cultura escénica propia, sino que también dio origen a las formas de espectáculo popular urbano en el norte de Chile, reconfigurándose en ciudades como Iquique desde la década de 1960 sin perder su vínculo con la memoria y la vida social.

Teatro pampino y cultura obrera

Uno de los nombres representativos de este proceso fue Enrique Horacio Sampson, carpintero de oficio y, simultáneamente, cantante, poeta y dramaturgo. Su trayectoria, reconstruida a partir del testimonio de su hija Gloria Sampson, permite acceder a un universo donde la creación artística se encontraba estrechamente vinculada a las condiciones materiales de existencia.

“Mi padre comenzó a trabajar en teatro en la compañía de Pedro Sienna en Santiago”, recuerda Gloria Sampson (2015). Esta experiencia inicial lo condujo posteriormente al norte, específicamente a la Oficina Salitrera Gloria, donde consolidó tanto su vocación escénica como su vida familiar. Allí conoció a quien sería su esposa, una libretera, con quien contrajo matrimonio en 1936.

Lejos de constituir un vacío cultural, la pampa se configuró como un espacio fértil para la creación colectiva. Sampson se integró a la compañía de los hermanos Paoletti, con quienes recorrió diversas oficinas salitreras —entre ellas Gloria y La Noria— llevando a las tablas obras que combinaban humor, drama y tramas de la vida cotidiana. La participación de su hija desde temprana edad revela el carácter familiar, intergeneracional y comunitario de estas agrupaciones.

El repertorio estuvo dominado por el sainete, género ágil, popular y profundamente conectado con su audiencia. Más allá de su función recreativa, operó como un dispositivo de representación social, en el que las tensiones de clase, los códigos del humor popular y las identidades locales adquirieron visibilidad escénica. Aunque muchas piezas escénicas provenían de repertorios nacionales o extranjeros, en el contexto pampino fueron resignificadas mediante la incorporación de experiencias y referencias propias del mundo salitrero (Vera-Pinto Soto, 2016, p. 87).

Estas iniciativas, ocasionalmente respaldadas por las administraciones salitreras, fueron en su mayoría fruto de la autogestión. En este sentido, el teatro funcionó como un espacio de cohesión social: una pausa significativa en medio de la dureza del trabajo, pero también un lugar donde la comunidad se pensaba y se representaba a sí misma.

Desplazamientos y continuidades

Con el declive del ciclo salitrero, este mundo teatral no se extinguió. Por el contrario, migró, se desplazó y se rearticuló en los márgenes urbanos, trasladando consigo repertorios, saberes y formas de organización.

Tras separarse de su esposa en 1939, Sampson se trasladó a Tocopilla, donde ejerció como cronista deportivo bajo el seudónimo de “Ranquin”. Sin embargo, su vínculo con las artes escénicas persistió: continuó actuando tanto en el puerto como en Santiago. Según el testimonio de su hija, sus interpretaciones más destacadas correspondían a roles de “cínico” y “galán”, lo que evidencia su versatilidad y adaptación a distintos registros teatrales.

La vitalidad de estas dinámicas no se sostiene únicamente en la memoria oral. La prensa regional da cuenta de una actividad escénica constante, con presentaciones en liceos, centros sociales y espacios comunitarios, lo que evidencia la persistencia de circuitos culturales activos en la región (Hemeroteca Biblioteca Nacional de Chile, 1950–1959).

En este tránsito, el teatro popular no solo cambió de escenario: transformó sus modos de producción y circulación, adaptándose a nuevas configuraciones sociales sin perder del todo su impronta comunitaria.

Iquique y la bohemia artística de los años sesenta

En medio de este nuevo panorama, Iquique se consolidó como un núcleo clave para el desarrollo de prácticas escénicas. Ciudad portuaria de larga tradición bohemia, experimentó durante la década de 1960 un auge económico vinculado a la industria pesquera, lo que incrementó la demanda por espectáculos y entretenimiento.

En este entorno emergió con fuerza el teatro revisteril o de variedades, formato heredero de tradiciones escénicas previas, que combinaba humor, música, danza y sketchs en estructuras fragmentarias orientadas al consumo masivo.

Esta forma de espectáculo introdujo nuevas lógicas de producción, marcadas por la inmediatez, la rotación de números y la centralidad del impacto escénico; precisamente por ello, encontró en la contingencia su principal materia prima, llevando a escena temas de la actualidad inmediata y contribuyendo activamente a la formación y dinamización de la opinión pública.

Este proceso puede leerse como parte de una modernización cultural que implicó, al mismo tiempo, una progresiva mercantilización del espectáculo. Las formas solidarias y comunitarias del teatro obrero comenzaron a tensionarse frente a una lógica de consumo, en la que el público pasó de ser partícipe a espectador. Sin embargo, esta transformación no implicó una ruptura total: persistieron elementos de continuidad, especialmente en la cercanía con el público y en el uso de códigos populares.

Incluso en el marco de estas nuevas lógicas de producción, el teatro revisteril conservó su dimensión convivial, en tanto siguió sustentándose en la copresencia y el intercambio directo entre artistas y público, condición que Dubatti identifica como núcleo ontológico del fenómeno teatral (Dubatti, 2012, p. 21).

La valoración de estas prácticas no estuvo exenta de debate. En la revista En Viaje, el periodista Hernán Espejo recoge la opinión del director Hugo Miller, quien afirmaba que estos espectáculos eran “tan necesarios como cualquier otro” y que ningún género es vulgar en sí mismo, sino que dicha condición depende de la calidad de su ejecución (Espejo, 1996, p. 42).

En Iquique, el teatro revisteril se desarrolló principalmente fuera de los circuitos escénicos tradicionales. Bares, boîtes y locales nocturnos se transformaron en plataformas fundamentales para su difusión. Gloria Sampson fue una de sus protagonistas: “Yo cantaba, bailaba y actuaba en sus revistas cuando me solicitaban” (Sampson, 2015).

Su participación fue recurrente en locales emblemáticos de la bohemia iquiqueña —como el Dominó, Max, Ludimar, Ragú, Murex y La Gaviota—, espacios donde se configuró una red cultural dinámica, caracterizada por la circulación constante de artistas, repertorios y públicos.

A ello se sumaban las carpas itinerantes, instaladas en distintos sectores de la ciudad, desde donde se proyectaban giras hacia Pisagua, Arica y Pica, articulando circuitos regionales de circulación artística. Según el testimonio de Gloria Sampson, en estos ámbitos culturales se presentaron figuras como Mónica Val, Daniel Vilches, Mino Valdés, Guillermo Bruce, Manolo González y Eduardo Thompson, en espectáculos que combinaban canto, danza y humor en formatos accesibles y de alta rotación.

Más que simples ámbitos, estos entornos se configuran como territorios culturales en permanente construcción.

En términos de Lefebvre, el espacio urbano no es un contenedor pasivo, sino una construcción social generada por prácticas que lo habitan y resignifican continuamente (Lefebvre, 1974, p. 58). En este sentido, la bohemia iquiqueña operó como un dispositivo activo de producción cultural.

Paralelamente, salas formales acogieron a figuras de la música popular latinoamericana y del espectáculo internacional. En el Teatro Nacional de Iquique circularon artistas como Julio Jaramillo, Lucho Gatica, Antonio Prieto, Olga Guillot, Sandro, Salvatore Adamo, Libertad Lamarque y Yaco Monti, junto a exponentes de la Nueva Ola chilena. Estas presencias evidencian la inserción de la ciudad en redes culturales de alcance transnacional.

Conclusiones

Entre la pampa salitrera y la ciudad portuaria, el teatro en Tarapacá se configuró como una práctica social clave, articuladora de identidades, memorias y vínculos colectivos, más allá del mero entretenimiento.

El tránsito desde el teatro obrero pampino hacia las expresiones revisteriles urbanas no implicó una ruptura, sino una rearticulación de sus sentidos en una nueva coyuntura histórica. En este proceso, el teatro no desapareció: cambió de forma para seguir cumpliendo una función similar.

Figuras como Enrique y Gloria Sampson permiten reconocer la continuidad de una tradición frecuentemente marginada de los relatos oficiales, pero fundamental en la configuración del imaginario cultural del norte chileno.

En esta perspectiva, el teatro puede entenderse como una forma de producción social del sentido, en la que las culturas populares —como plantea Subercaseaux— disputan legitimidad y lugar en la historia cultural del país (Subercaseaux, 1997, p. 213).

Entre la pampa y la ciudad, entre el obrero y el artista nocturno, persiste una misma pulsión: la necesidad de representar la vida colectiva. Allí, en ese gesto, el teatro popular del norte chileno encuentra su continuidad más profunda.

-El autor, Iván Vera-Pinto Soto, es cientista social, pedagogo y dramaturgo

Referencias

• Dubatti, J. (2012). Introducción a los estudios teatrales. Atuel.
• Espejo, H. (1996). Directores del teatro “serio” enfocan el arte “frívolo” en Chile. Revista En Viaje, (395), 40–43.
• Hemeroteca Biblioteca Nacional de Chile. (1950–1959). Prensa regional de Tarapacá.
• Lefebvre, H. (1974). La producción del espacio. Anthropos.
• Subercaseaux, B. (1997). Historia de las ideas y de la cultura en Chile. Editorial Universitaria.
• Vera-Pinto Soto, I. (2016). Historia social del teatro en Iquique y la pampa (1900–2015). Ediciones Oñate Impresores.
• Sampson, G. (2015). Testimonio oral.

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