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Contundente advertencia de la ONU que deja a Kast en el banquillo por posibles indultos a violadores de derechos humanos

Redacción piensaChile — Sat, 28 Mar 2026 18:38:20 +0000

28 de marzo de 2026

El sistema de Naciones Unidas advirtió a Chile sobre la ilegalidad internacional de indultar a agentes estatales condenados por violaciones a los derechos humanos. Lejos de ser un debate técnico, la propuesta abre una grieta ética, jurídica y humana que reubica al poder político frente a sus propias víctimas.

La advertencia no fue ambigua ni diplomática en exceso. A través de sus Procedimientos Especiales, el sistema de Naciones Unidas expresó “profunda alarma” ante los anuncios del Ejecutivo sobre la posibilidad de otorgar indultos particulares a funcionarios de seguridad sancionados por su actuar durante el año 2019. No se trata de una opinión aislada ni de una lectura ideológica. Es una señal institucional, precisa, que apunta a un límite: hay decisiones que un Estado simplemente no puede tomar sin violar el derecho internacional.

El mensaje es claro. Existe una prohibición tajante frente a medidas de gracia en casos de esta gravedad. No es una recomendación, es un estándar. El derecho internacional de los derechos humanos no deja espacio para ambigüedades cuando se trata de tortura, tratos crueles o violaciones graves cometidas por agentes del Estado. Indultar en ese contexto no es clemencia. Es impunidad.

La advertencia va más allá. Subraya que estas decisiones erosionan la independencia del Poder Judicial y vulneran el derecho a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Esto no es un detalle técnico. Es el corazón del problema. Porque cuando un tribunal condena, no solo sanciona. Reconoce. Nombra el daño. Devuelve, en parte, la dignidad que fue arrancada.

El indulto interviene en ese momento.
Lo desarma.
Lo vuelve frágil.

Y en ese gesto, el Estado no solo modifica una pena. Interviene en el proceso de reparación de quienes fueron dañados.
La propia advertencia internacional introduce otro elemento que debería incomodar profundamente a cualquier democracia: el riesgo de crear espacios de “impunidad de hecho”. Esa expresión no es retórica. Describe con precisión lo que ocurre cuando una condena existe en el papel, pero pierde su efecto en la realidad.

Y ahí es donde la propuesta deja de ser un debate político más.
Porque lo que está en juego no es solo el destino de quienes fueron condenados. Es el sentido mismo de haberlos condenado.
Frente a este escenario, el mandato del sistema universal es inequívoco: los Estados tienen el deber de asegurar que los responsables rindan cuentas sin excepciones. Sin excepciones. Esa frase debería bastar para cerrar cualquier discusión honesta.

Pero la discusión no se cierra.
Se abre.

Y se abre porque la propuesta de indultar a agentes estatales condenados no surge en el vacío. Surge desde una narrativa que busca reconfigurar a los victimarios como víctimas. Que sugiere persecución donde hubo sanción judicial. Que intenta desplazar el eje desde el daño causado hacia la incomodidad de quien fue condenado.

Esa operación no es nueva.
Pero sigue siendo peligrosa.

Porque introduce una grieta en la percepción colectiva de la violencia estatal. Desdibuja responsabilidades. Relativiza el abuso. Y, sobre todo, instala una idea inquietante: que el poder puede, en última instancia, protegerse a sí mismo.
Aquí es donde el problema deja de ser solo jurídico.
Se vuelve humano.

Detrás de cada una de esas condenas hay personas que atravesaron un proceso largo, muchas veces desgastante, para obtener algo mínimo: que el Estado reconociera que lo que les ocurrió fue injusto.

No es fácil denunciar al Estado.
No es fácil sostener esa denuncia en el tiempo.
No es fácil enfrentar la duda, la exposición, el desgaste emocional.
Y, sin embargo, muchas personas lo hicieron. Llegaron a juicio. Obtuvieron una condena.
Y en ese momento —ese momento preciso— ocurre algo fundamental: el Estado deja de ser solo el agresor y comienza, tímidamente, a convertirse en garante.

El indulto rompe ese tránsito. Y lo que produce no es reconciliación.
Es desorientación.

Desde la psicología del trauma, esto tiene nombre aunque no siempre se diga con esa crudeza: revictimización.

Porque la víctima no revive solo el hecho inicial. Revive la sensación de indefensión. La idea de que, incluso después de haber hablado, de haber probado, de haber resistido, el resultado puede ser revertido por decisión política. Revive, en el fondo, la experiencia de que el poder sigue estando del mismo lado. Y eso tiene consecuencias. No solo individuales. Colectivas.

Una sociedad también aprende de estos gestos. Aprende qué significa la justicia. Aprende qué valor tiene la ley. Aprende si las instituciones sostienen lo que declaran o si, llegado el momento, lo negocian.
Cuando un Estado sanciona a sus agentes, establece un límite.
Cuando los indulta, ese límite se vuelve difuso.

Y cuando el límite se vuelve difuso, la violencia encuentra espacio.
Por eso la advertencia de Naciones Unidas no es un trámite diplomático más.
Es una señal de alarma.
No sobre el pasado. Sobre el futuro.

Porque lo que está en juego no es únicamente si se conceden o no esos indultos. Es qué tipo de sociedad decide estar dispuesta a hacerlo. Y qué está dispuesta a sacrificar para lograrlo.

Porque en ese cálculo —frío, político, aparentemente racional— hay algo que no siempre se mide.
El costo humano.
El costo de decirle a una víctima que su dolor puede ser relativizado.
El costo de decirle a la sociedad que la justicia puede ser corregida cuando incomoda.
El costo de erosionar, una vez más, la frágil confianza entre ciudadanía y Estado.
Por eso esta no es una discusión técnica. Es una línea.

Y lo que la advertencia de la ONU deja en evidencia es que cruzarla no solo pone a Kast en el banquillo internacional.
Pone a Chile frente a sí mismo.

*Fuente: Pressenza

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ONU advierte al parlamento chileno por penas alternativas

Redacción piensaChile — Tue, 10 Mar 2026 21:43:49 +0000

10 marzo, 2026

El proyecto de cumplimiento alternativo de penas que se discute en el parlamento chileno, tal como está redactado, podría permitir que personas condenadas por delitos muy graves —incluidos crímenes de lesa humanidad— cumplan penas fuera de la cárcel, lo que sería contrario al derecho internacional.

SANTIAGO (10 de marzo de 2026) – ONU Derechos Humanos en América del Sur envió hoy una carta al Senado de Chile analizando el proyecto de ley (N° 17.370-17) sobre el cumplimiento alternativo de penas para personas privadas de libertad.

El documento, suscrito por el Representante Regional, Jan Jarab, responde al mandato de la Oficina de promover y proteger el goce y plena realización, para todas las personas, de todos los derechos contemplados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional de los derechos humanos.

El análisis de ONU Derechos Humanos enfatiza que el derecho internacional de los derechos humanos establece que los Estados tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar la comisión de delitos con penas adecuadas y proporcionales a la gravedad de los hechos.

En tal sentido, el proyecto transgrede el principio de proporcionalidad de la pena – esto es, que los delitos más graves requieren penas mayores – porque no hace ningún tipo de distinción a este respecto.

También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.

Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.

“El Estado debe promover políticas penales que prioricen medidas no privativas de libertad cuando sea apropiado. Sin embargo, tales políticas deben respetar siempre el derecho internacional de los derechos humanos”, aseguró Jarab.

Para muchos, el proyecto impulsado por la derecha golpista tendría como objetivo abrir la puerta a la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes de lesa humanidad. Entre ellos figura el ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, uno de los esbirros más sanguinarios de la dictadura de Augusto Pinochet, quien acumula más de mil años de condena por secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.

José Antonio Kast es conocido por su cercanía con Krassnoff e incluso lo visitó en la cárcel donde cumple condena.

Ver análisis aquí.

*Fuente: prensaOPAL

Chile: Oficina envió análisis al Senado sobre proyecto de cumplimiento alternativo de penas

marzo 10, 2026

También podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley, pues carece de criterios objetivos para su adecuada aplicación.

Adicionalmente, la propuesta contraviene a los estándares internacionales relativos a condenas por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones de derechos humanos.

FIN

Revisa el análisis aquí.

Para más información y solicitudes de prensa, favor contactar a:
María Jeannette Moya +56979996907 / maria.moya@un.org; y Felipe Iturrieta +56979993343 / felipe.iturrietagonzalez@un.org.

***

Te preocupa el mundo en que vivimos? Entonces defiende los derechos humanos de alguien hoy. #Standup4humanrights y visita: http://www.standup4humanrights.org/es

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Trump desaparecerá, pero el derecho del pueblo saharaui permanecerá

Redacción piensaChile — Thu, 20 Nov 2025 22:35:50 +0000

20 de noviembre de 2025

Los saharauis fueron abandonados a su suerte tras la ocupación militar y colonial de Marruecos en 1975. Hoy siguen padeciendo una ocupación criminal: muchos están detenidos, torturados o desaparecidos.

19/11/2025

El mismo Consejo de Seguridad, donde EE.UU. vetó todas las iniciativas para parar el genocidio contra el pueblo palestino, planificado por el gobierno de Israel, propuso, a propuesta estadounidense, una resolución infame y contraria al derecho internacional, la 2797(2025) [1] por la que se insta a facilitar y llevar a cabo negociaciones, en relación al territorio no autónomo del Sáhara Occidental, sobre la base de la propuesta de la fuerza ocupante marroquí, de anexionarse el territorio otorgando un estatus regional de autonomía. Esta resolución no aprueba el plan marroquí de autonomía. Reafirma las resoluciones anteriores, las dictadas tras la aprobación del Plan de Arreglo (1991 de NN.UU y Organización para la Unidad Africana) y prorroga un año la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO).

El pasado 6 de noviembre se cumplían 50 años de la despreciable marcha, organizada por el Reino de Marruecos, «la marcha negra» calificada por los saharauis, para ocupar por la fuerza e ilegalmente, el territorio del Sáhara Occidental, entonces administrado por España. El sátrapa rey de Marruecos, Mohamed VI es el responsable máximo de la violación sistemática de los derechos humanos saharauis y de su maltratado pueblo marroquí, del expolio de sus recursos naturales del territorio ocupado y de la burla permanente a las resoluciones de las Naciones Unidas relativas a la autodeterminación del pueblo saharaui.

La Corte Internacional de Justicia (16 octubre de 1975), concluyó que el pueblo del Sáhara Occidental tiene el derecho a su autodeterminación y que los lazos históricos invocados por Marruecos no privaron a ese pueblo de ese derecho. De forma reiterada, la Asamblea General de las Naciones Unidas se viene pronunciando sobre ese derecho. Por ejemplo, la A/RES/34/37 que reafirma de forma recurrente “el inalienable derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación e independencia” y solicita medidas de descolonización y seguimiento por parte del secretario general y de los órganos competentes[2]. Estas resoluciones son la expresión política regular de la comunidad internacional en las NN.UU.

La propia creación de la Misión de las Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), en resolución 690 de abril de 1991, explicita su mandato para organizar y garantizar un referéndum de autodeterminación.[3]

Sobre la base del informe de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) (A/76/425, párr. 37), la Asamblea General aprobó la resolución 76/89 sobre «la Cuestión del Sáhara Occidental» donde reafirmaba «el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y a la independencia, de conformidad con los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas»[4].

España debe asumir de una vez su responsabilidad política, jurídica y ética como potencia administradora del último proceso africano pendiente de descolonización

Las Naciones Unidas nunca han considerado ni a Marruecos ni a Mauritania como potencias administradoras del territorio del Sáhara Occidental al figurar en la lista de NN.UU. como único territorio español pendiente de descolonización, según resolución 1542 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Corresponde pues a España asumir de una vez su responsabilidad como potencia administradora del último proceso africano pendiente de descolonización, una responsabilidad política, jurídica y ética para con los habitantes, hombres y mujeres que, a pesar de constar como españoles en 1975 (El Sahara adquirió el estatus de provincia en 1959), fueron abandonados a su suerte tras la ocupación militar y colonial de Marruecos. Según el profesor Isaías Barreñada, «el papel de España ha sido cuando menos escandaloso. Si la cesión del territorio fue resultado de un apaño en las postrimerías de la dictadura, la España democrática ha hecho poco para deshacer el entuerto. A diferencia de Timor Este, que contó con un apoyo constante y coherente de su exmetrópoli colonial (Portugal denunció a Indonesia en distintos foros internacionales, y a Australia por explotar recursos naturales de Timor ocupado), el Sáhara se ha visto abandonado por España, más interesada en reconciliarse con el régimen marroquí»[5].

El Frente de Liberación de Saguía el Hamra y Rio Oro (POLISARIO), es considerado por las NN.UU. y la Unión Africana, como el legítimo representante del pueblo saharaui. De igual forma, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sucesivas sentencias relativas a la no aplicación de los acuerdos de pesca con Marruecos al aplicarse al Sáhara Occidental y aguas adyacentes, reitera que el pueblo del Sáhara Occidental, a través de su representante reconocido por las NN.UU., el Frente Polisario, debe dar su consentimiento expreso para los acuerdos que afecten a sus recursos naturales. Esas sentencias reconocieron específicamente la capacidad jurídica y legitimación procesal del Frente Polisario para interponer recursos ante los tribunales de la UE como representante del pueblo saharaui.

Las Naciones Unidas consideran al POLISARIO como el legítimo representante del pueblo saharaui y nunca han considerado ni a Marruecos ni a Mauritania como potencias administradoras

En ese contexto del derecho inalienable del pueblo saharaui a decidir su destino, la posición del presidente del gobierno de España y de su ministro de asuntos exteriores, contraria a que España asuma su papel de administradora en el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, y su apoyo a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad, además de colisionar con el derecho internacional, no representa la soberanía nacional expresada a través de la Cortes Generales. El Congreso de Diputados aprobó una resolución en abril de 2022 contra el viraje de la posición española sobre el Sáhara defendida por el presidente Sánchez y su ministro de asuntos exteriores Albares[6].

El embajador Omar Ben Jamaa, representante permanente de Argelia ante las NN.UU., afirmó en el debate del Consejo de Seguridad citando al presidente Woodrow Wilson que «los pueblos no deben ser entregados de una soberanía a otra mediante una conferencia internacional o un acuerdo entre rivales y antagonistas. Deben respetarse las aspiraciones nacionales. Los pueblos solo pueden ser dominados y gobernados con su propio consentimiento. La autodeterminación no es una mera frase; es un principio de acción imperativo»[7]. Contrario a la resolución aprobada, señaló que no satisface las expectativas ni las legítimas aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental, representado por el Frente Polisario, que durante más de 50 años ha luchado por determinar su propio futuro. Priorizar una opción sobre las demás limita la creatividad y la flexibilidad necesarias para alcanzar un acuerdo acorde con la doctrina de descolonización de las NN.UU.

Los hombres y mujeres del Sáhara Occidental que siguen padeciendo una ocupación criminal, muchos de ellos y ellas detenidas, torturadas o desaparecidas durante cincuenta años, cuentan con un arma poderosa e indestructible: el derecho a decidir su futuro. Y deben saber que en su defensa no están solos. El pueblo español, solidario con la causa saharaui, seguirá reclamando la realización de ese referéndum para el libre destino del Sáhara Occidental

«Mi vida como la de todos los activistas saharauis es una vida militante. Un militante que vive bajo una ocupación de una dictadura que no sabe respetar los DD.HH., que no respeta incluso ni a su gente. Estoy bajo vigilancia, la casa rodeada por la policía […]La policía está 24h en frente de nuestras casas…» Aminatou Haidar [8]

*Fuente: Mundo Obrero

Notas:

[1] https://press.un.org/en/2025/sc16208.doc.htm

[2] https://docs.un.org/es/A/RES/34/37

[3] https://undocs.org/es/S/RES/690(1991)

[4] http://undocs.org/es/A/Res/76/89

[5] https://dialnet.unirioja.es/servlet/ejemplar?codigo=90238&info=open_link_ejemplar

[6] https://elpais.com/espana/2022-04-07/el-congreso-consuma-su-reprobacion-al-giro-de-sanchez-sobre-el-sahara.html

[7] https://press.un.org/en/2025/sc16208.doc.htm

[8] https://www.descifrandolaguerra.es/aminatou-haidar-seguir-luchando-sahara-libre-o-muerta/

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Sáhara: colonialismo español, ocupación marroquí y traición de Pedro Sánchez

Redacción piensaChile — Thu, 06 Nov 2025 17:15:02 +0000

06 de noviembre de 2025

Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levin y Laura Arroyo analizan la traición del Gobierno español al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y la última resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Sáhara, que refuerza la agenda marroquí cuando se cumplen 50 años de la Marcha Verde. Con la participación de Jadiyetu El Mohtar, representante del Frente Polisario en Belgica.

Más sobre el tema:

La CIA desclasificó 12 millones de documentos sobre el Sáhara Occidental que destapan el infame papel de Juan Carlos I

«El factor Sahara Occidental» y la embajadora marroquí en Santiago como agente de viajes de parlamentarios chilenos

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Declaración conjunta de las organizaciones firmantes sobre el Sáhara Occidental

Redacción piensaChile — Tue, 28 Oct 2025 22:10:40 +0000

28 de octubre de 2025

Redacción, 26 de octubre de 2025

Han pasado cincuenta años desde la ocupación militar marroquí del territorio del Sáhara Occidental, y el pueblo saharaui sigue privado de su derecho inalienable a la autodeterminación, en flagrante violación del derecho internacional humanitario, las resoluciones de las Naciones Unidas, el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, así como las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del Tribunal Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos, del dictamen del asesor jurídico del Secretario General de las Naciones Unidas (2002) y del dictamen del asesor jurídico de la Unión Africana sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental (2015).

El derecho internacional, y en particular el dictamen de la Corte Internacional de Justicia de 1975, confirma que Marruecos no tiene soberanía alguna sobre el Sáhara Occidental, que sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, a la espera de que concluya el proceso de descolonización.

Tras la retirada de la potencia colonial española, la fuerza de ocupación marroquí invadió el territorio del Sáhara Occidental en octubre de 1975. El Frente Polisario, movimiento de liberación nacional saharaui y único representante legítimo del pueblo saharaui, se opuso a esta ocupación, lo que dio lugar a una guerra prolongada que solo terminó con la firma de un alto el fuego en 1991, bajo los auspicios de la Organizació s de las Naciones Unidas y la Unión Africana. Este acuerdo estipulaba explícitamente la organización de un referéndum de autodeterminación. Sin embargo, desde entonces, el Estado ocupante marroquí no ha dejado de sabotear este proceso y, desde 2020, ha intensificado abiertamente sus violaciones del alto el fuego, sumiendo al pueblo saharaui en un conflicto armado, ante el silencio y la preocupante inacción de la comunidad internacional.

Las organizaciones abajo firmantes hacemos un llamamiento a la descolonización urgente del Sáhara Occidental y afirmamos lo siguiente:

Violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos

Crímenes contra la humanidad: ejecuciones extrajudiciales, secuestros, tortura, detenciones y juicios políticos, desplazamientos forzados, alteración demográfica impuesta y represión sistemática.
Vigilancia, acoso y violencia contra los activistas, con el silenciamiento de organizaciones de defensa de los derechos humanos como el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA).
Uso por parte de Marruecos de drones armados contra civiles al este del muro militar de ocupación, en grave violación del derecho internacional humanitario.

Desplazamientos forzados y fragmentación social

La mitad del pueblo saharaui vive en campos de refugiados en Argelia, en condiciones climáticas extremas, mientras que la otra mitad subsiste bajo ocupación o en el exilio, separada por un muro militar, campos de minas y más de 120 000 soldados marroquíes.
Generaciones enteras han nacido en un estado de apatridia, privadas de la certeza de poder regresar a su país, lo que alimenta la frustración y la inestabilidad.
La imposición de políticas de lealtad forzada en los territorios ocupados socava el derecho del pueblo saharaui a la identidad y la dignidad.

Saqueo organizado de los recursos

Explotación intensiva de los fosfatos, los recursos pesqueros y agrícolas, en clara violación del derecho internacional humanitario.
La continuación por parte de las instituciones europeas y los Estados miembros de la UE de acuerdos comerciales ilegales, a pesar de las repetidas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE, la última de ellas de octubre de 2024, que anulan dichos acuerdos.
Estas prácticas constituyen una complicidad directa en el delito de ocupación.

Primacía de los intereses geopolíticos sobre los imperativos de la justicia

Los gobiernos europeos persisten en su silencio, dando prioridad a los intereses comerciales, el control migratorio y las alianzas estratégicas en detrimento del respeto del derecho internacional.
Las potencias internacionales tratan deliberadamente la cuestión del Sáhara Occidental como un punto ciego geopolítico, ignorando sus efectos desestabilizadores en el Magreb y la región sahelosahariana.

Resiliencia de la resistencia y renovación de la esperanza

A pesar de la represión, la lucha del pueblo saharaui por su derecho inalienable a la autodeterminación sigue viva e inquebrantable.
Las mujeres saharauis desempeñan un papel fundamental en la cohesión comunitaria en los campamentos y en la conducción de la resistencia en los territorios ocupados.
El movimiento internacional de solidaridad sigue reforzando la reivindicación saharaui de libertad, justicia y democracia.

Nuestros llamamientos

A las Naciones Unidas:

Reforzar la protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental mediante el establecimiento de una oficina independiente encargada de supervisar la situación y presentar informes periódicos al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General.
Imponer mecanismos de presión eficaces sobre Marruecos para poner fin a la ocupación, incluyendo resoluciones vinculantes.
Garantizar la participación del Frente Polisario, como representante del pueblo saharaui, en todas las negociaciones sobre el futuro del territorio, de conformidad con el derecho a la autodeterminación consagrado en la Carta de las Naciones Unidas.

A la Unión Europea y a sus Estados miembros:

Hacer respetar el derecho internacional humanitario, manteniéndose fiel a una solución democrática basada en un referéndum de autodeterminación, tal y como se prevé en el acuerdo de alto el fuego de 1991 y en las resoluciones internacionales.
Rechazar las pretensiones de soberanía del Estado ocupante marroquí, así como cualquier intento de imponer una división unilateral o el supuesto «plan de autonomía», que violan el derecho a la autodeterminación.
Garantizar la aplicación efectiva de las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE poniendo fin a todas las actividades económicas relacionadas con los recursos del Sáhara Occidental ocupado, y obligar a los gobiernos y empresas europeos a cumplirlas.
Condenar las violaciones de los derechos humanos que se están produciendo y ejercer presión para la liberación inmediata de los presos políticos saharauis, incluido el grupo de Gdeim Izik, e investigar los ataques con drones contra civiles, persiguiendo a sus autores.
Proporcionar ayuda humanitaria de emergencia, en particular agua y alimentos, a los campos de refugiados saharauis en Argelia, donde las condiciones se están deteriorando debido al cambio climático y la falta de financiación.
Crear mecanismos internacionales de rendición de cuentas, incluyendo un órgano independiente de supervisión de los derechos humanos e informes periódicos del Parlamento Europeo sobre la aplicación de las sentencias del TJUE.
Ejercer presiones políticas y económicas concretas condicionando los acuerdos de asociación y las relaciones bilaterales entre la UE y Marruecos al respeto de los derechos humanos y los principios democráticos.

A la Unión Africana:

Presionar a Marruecos para que ponga fin a la ocupación militar y permita al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación.
Apoyar al pueblo saharaui en los campos de refugiados y los territorios ocupados para preservar su identidad y reforzar la resiliencia comunitaria.
Activar el papel de los mecanismos africanos de protección de los derechos humanos para reforzar la rendición de cuentas, denunciar los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad, y contribuir activamente a la liberación de los presos políticos saharauis recluidos en las cárceles marroquíes.

-Traducción del francés al castellano por piensaChile, con apoyo de software

*Fuente: LaPatrieNews

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La ONU reafirma el estatus jurídico del Sáhara Occidental y la responsabilidad de la ONU hacia el pueblo saharaui

Redacción piensaChile — Mon, 27 Oct 2025 22:51:12 +0000

27 de octubre de 2025

La Cuarta Comisión de la ONU adopta una resolución que reafirma el estatus jurídico del Sáhara Occidental y la responsabilidad de la ONU hacia el pueblo saharaui | Sahara Press Service (SPS)

Artículo publicado originalmente el 16 de octubre de 2025

Nueva York (Naciones Unidas), 16 de octubre de 2025 (SPS) – La Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó hoy una resolución sin votación sobre la cuestión del Sáhara Occidental en el marco del tema relativo a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

La Cuarta Comisión tomó nota del informe del Secretario General de las Naciones Unidas de fecha 31 de julio de 2025 presentado a la Asamblea General en su actual período de sesiones, en el que el Secretario General destacó que la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la Asamblea General y el Comité Especial encargado de la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales abordan la cuestión del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización.

También recordó todas las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, incluida la resolución 690 (1991) del Consejo de Seguridad, de 29 de abril de 1991, por la que el Consejo de Seguridad estableció, bajo su autoridad, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO).

En la resolución, el Comité reafirmó el derecho inalienable de todos los pueblos a la libre determinación y la independencia de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

También reiteró la responsabilidad de las Naciones Unidas hacia el pueblo del Sáhara Occidental y solicitó al Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales (C-24) que siguiera examinando la situación en el Sáhara Occidental e informara al respecto a la Asamblea General en su octogésimo primer período de sesiones. Asimismo, invitó al Secretario General a que presentara a la Asamblea General, en su próximo período de sesiones, un informe sobre la aplicación de la presente resolución.

En una declaración a los medios de comunicación, el Dr. Sidi Mohamed Omar, Miembro del Secretariado Nacional, Representante del Frente POLISARIO ante las Naciones Unidas y Coordinador ante la MINURSO, destacó que la resolución adoptada hoy por la Cuarta Comisión reafirma, como cada año, el estatuto jurídico del Sáhara Occidental como cuestión de descolonización, así como el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación y la independencia de conformidad con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General, que contiene la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales.

El diplomático saharaui añadió que la reafirmación por parte de la Cuarta Comisión del estatus jurídico del Sáhara Occidental como una cuestión de descolonización es una respuesta fuerte y clara a los esfuerzos realizados por Marruecos, el Estado ocupante, para alterar el estatus jurídico de la cuestión saharaui repitiendo las mismas acusaciones engañosas y trayendo a un “grupo” de mercenarios y agentes para repetir su falsa propaganda ante la Cuarta Comisión, así como recurriendo a la intimidación verbal y otros métodos “vulgares”, como ha presenciado la Comisión.

Esta resolución es también una respuesta clara a las posiciones de algunos Estados que apoyan a Marruecos, el Estado ocupante, y su política expansionista en el Sáhara Occidental al promover “propuestas” que contradicen el espíritu y la letra de la Carta de las Naciones Unidas y pretenden socavar el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación, la independencia y la soberanía permanente sobre sus recursos naturales y el respeto a la integridad territorial de su territorio.

La cuestión del Sáhara Occidental, como cada año, ha estado presente con fuerza en el Debate General de alto nivel de la Asamblea General, donde varios Jefes de Estado y de Gobierno hicieron declaraciones en las que expresaron su firme apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la independencia, así como a la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental y a la descolonización de la última colonia de África. Numerosos Estados y peticionarios también expresaron la misma postura durante las sesiones de la Cuarta Comisión, que comenzaron sus trabajos el 3 de octubre.

*Fuente: NoTeOlvidesDelSahara

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«Programa Originarias» celebra 9. Aniversario con la primera Gran Feria en Santiago

Redacción piensaChile — Mon, 06 Oct 2025 14:51:40 +0000

06 de octubre de 2025

Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y potenciar oficios y emprendimientos de las mujeres indígenas participantes del Programa Originarias de ONU Mujeres apoyado por Teck, se llevará a cabo la primera edición Feria Originarias en Santiago, entre el 10 y 12 de octubre en el centro comercial CasaCostanera.

Esta muestra reunirá a 30 mujeres de diferentes pueblos indígenas, portadoras de diversos saberes ancestrales, quienes exhibirán y comercializarán productos que son testimonio vivo de sus tradiciones y conocimientos ancestrales.

La feria será una oportunidad para conocer, aprender y adquirir artículos únicos, desde textiles aymaras y alimentos del altiplano, hasta rutas turísticas y literatura, todos con el sello de mujeres que como guardianas culturales preservan y transmiten su herencia cultural.

Esta primera versión se dispondrán 15 stands de agrupaciones y creadoras indígenas. Además se desarrollarán talleres dictados por las mismas participantes, espacios de aprendizaje que no sólo permiten compartir técnicas y oficios tradicionales, sino también fortalecer el reconocimiento de las mujeres como maestras de saberes, contribuyendo a una valoración del patrimonio cultural y la transmisión intergeneracional de conocimientos.

Acerca del Programa Originarias

El Programa Originarias de ONU Mujeres, apoyado por Teck, es una iniciativa que busca promover el empoderamiento de las mujeres indígenas en Chile a través del fortalecimiento de los liderazgos, la participación económica y social reconociendo su rol fundamental como transmisoras de conocimientos y cuidadoras de la vida, y su contribución esencial al desarrollo sostenible.. A través de oportunidades de formación, desarrollo de competencias y creación de redes de apoyo, el programa fortalece su participación activa en la toma de decisiones en sus comunidades y en la economía del país. Esta iniciativa contribuye a los objetivos de la Agenda 2030 de «No dejar a nadie atrás».

Sobre la iniciativa Rebeca Sanhueza, Gerenta del Programa Originarias Sostuvo: “La realización de esta primera Feria Originarias en Santiago marca un hito para visibilizar y reconocer el liderazgo de las mujeres indígenas como empresarias y guardianas de sus culturas. Estos espacios son fundamentales para abrir nuevos mercados, generar redes y poner en valor el patrimonio cultural que ellas preservan y transmiten a través de sus productos y saberes. Promover su participación es apostar por un desarrollo con identidad, equidad y sostenibilidad.”

Centro Originarias

Inaugurado en 2019 en Iquique, el Centro Originarias es el primer espacio en Latinoamérica y el Caribe dedicado a potenciar las iniciativas de participación económica y social de las mujeres indígenas. Este centro busca fortalecer habilidades, promover redes de apoyo y convertir a las propias mujeres en protagonistas de su desarrollo, visibilizando y valorando su cultura y patrimonio.

Hasta la fecha, el programa ha permitido que más de 4.000 mujeres indígenas accedan a capacitaciones, mentorías y asistencia técnica, con fondos adjudicados por más de 340 millones de pesos para sus emprendimientos. Además, el 94% de las participantes reporta mejoras en liderazgo, derechos y negocios.

Iniciativa «Conectando Negocios»

En 2023, para ampliar la participación de las mujeres indígenas en nuevos mercados, se lanzó la plataforma digital Conectando Negocios. Esta plataforma reúne a más de 300 emprendedoras y proporciona un espacio para exhibir su cultura, historia y productos, además de facilitar la creación de redes colaborativas para potenciar sus negocios.

Compromiso de Teck con el empoderamiento de mujeres indígenas

Desde 2016, Teck ha apoyado el programa Originarias de ONU Mujeres, destinando recursos y esfuerzos para fortalecer la participación económica y social de las mujeres indígenas en el norte de Chile. En 2022, la compañía amplió su apoyo, reafirmando su compromiso con el reconocimiento y conservación de saberes ancestrales y promoviendo el desarrollo sostenible de las comunidades indígenas.

Este programa busca fortalecer los lazos comunitarios, promover el reconocimiento de las mujeres como agentes de cambio y mejorar su autonomía y calidad de vida, en línea con una visión de desarrollo inclusivo y sostenible.

Lugar Feria Originarias: Planta Baja Casacostanera

Fecha: desde el viernes 10 al domingo 12 de octubre

Horario: de 10:00 a 20:30 horas

Entrada: gratuita

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Organizaciones de la sociedad civil presentan informe a la ONU sobre negligencias del estado para hacer respetar la ley y los derechos ciudadanos

Redacción piensaChile — Fri, 08 Aug 2025 18:54:14 +0000

08 de agosto de 2025
Organizaciones de la sociedad civil presentan informe sobre chile al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas

A casi 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil, las organizaciones firmantes del informe “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas en su 78º período de sesiones” convocaron a un punto de prensa el jueves 7 de agosto en la mañana a la calle Teatinos 180 (Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile), donde presentaron el contenido y las principales denuncias de este documento.

El informe fue elaborado de manera colaborativa por la Comisión Ética Contra la Tortura (CECT), el Centro Ecocéanos, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), la Plataforma Chile Mejor sin TLC y el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), alertando sobre la profunda regresión de derechos humanos y ambientales en Chile.

También denuncia la desaparición forzada de la lideresa mapuche Julia Chuñil Catricura, como símbolo de la violencia e impunidad que enfrentan defensoras y defensores de los territorios.

En sus páginas, el documento revela graves vulneraciones como la expansión del extractivismo disfrazado de transición energética, leyes que permiten el uso letal de la fuerza por parte del Estado, zonas de sacrificio ambiental activas y la falta de reparación para víctimas del estallido social. Se abordan casos concretos en territorios de conflictos ambientales, como Quintero-Puchuncaví, Calama, el Alto Biobío y los salares del norte, con datos actualizados, testimonios y recomendaciones directas al Estado chileno.

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COMUNICADO DE PRENSA

A 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil: organizaciones presentan informe sobre retrocesos en derechos humanos y ambientales en Chile

Este 7 de agosto, en el frontis del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, cinco de las organizaciones que integran el Espacio Día a Día por Julia Chuñil, la Comisión Ética Contra la Tortura, el Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), el Centro Ecocéanos y la Plataforma Chile Mejor sin TLC, presentaron ante la prensa y la opinión pública el informe “De la sociedad civil al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, en su 78º período de sesiones”.

En 15 páginas y anexos, el documento denuncia un preocupante retroceso en el respeto y garantía de los derechos humanos, sociales y ambientales en Chile, así como una profundización del modelo extractivista bajo la justificación de la transición energética. Las organizaciones alertan sobre una política estatal que promueve la impunidad, criminaliza la protesta social y debilita la protección a defensores y defensoras de derechos humanos, en particular en contextos territoriales e indígenas.

Así, ad portas de los nueve meses de la desaparición forzada de la defensora mapuche Julia Chuñil Catricura —lideresa de 72 años, madre, y presidenta de su comunidad— el Estado no ha entregado respuestas efectivas. Las medidas cautelares otorgadas por la CIDH y la presión de organizaciones de derechos humanos no han bastado para activar una búsqueda real ni para garantizar justicia. El caso de Julia evidencia la desprotección estructural hacia defensoras ambientales, en especial mujeres indígenas, y revive prácticas represivas propias de épocas pasadas.

El informe también cuestiona la Estrategia Nacional del Litio, impulsada por el gobierno bajo el argumento de una “transición energética”. Según las organizaciones, esta estrategia perpetúa el extractivismo y amenaza con convertir los salares y ecosistemas del norte en nuevas zonas de sacrificio. Se denuncia que más del 70% de los salares ha sido declarado “explotable”, sin garantizar el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas, ni una evaluación ambiental con participación real.

Entre los puntos más destacados del informe, se encuentra la denuncia de leyes regresivas como la Ley Naín Retamal y la Ley Antiterrorista, que facilitan el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes estatales; la alarmante situación de zonas de sacrificio como Quintero-Puchuncaví y Calama; la privatización del agua en manos de industrias; y el avance de proyectos mineros y energéticos que violan el consentimiento indígena y ponen en riesgo ecosistemas frágiles como los salares altoandinos.

Finalmente, se advierte sobre las graves consecuencias sociales, laborales y ambientales de la industria de la salmonicultura en el sur del país. El informe denuncia la muerte de al menos 81 trabajadores —principalmente buzos— entre 2013 y 2025, además del uso masivo de antibióticos y la contaminación crítica de ecosistemas marinos. La actividad salmonera, que recibe subsidios estatales, ha sido señalada por expertos internacionales como una de las mayores amenazas para la biodiversidad de la Patagonia chilena.

Lucía Sepúlveda, vocera del Movimiento por el Agua y los Territorios y Chile Mejor sin TLC, manifestó: “En estas horas queremos pujar para que nazca la Verdad y Justicia, tras 9 meses de la desaparición de Julia Chuñil, defensora ambiental, territorial y de los derechos de su pueblo en Máfil, en su comunidad rural. Lo ocurrido a Julia Chuñil está en el marco de la regresión en materia de derechos humanos y ambientales en Chile, por nuevas leyes como la Naín Retamal que permiten la impunidad de quienes violan los derechos de los pueblos, por ejemplo con el cierre de las causas por la revuelta Popular. Enfatizamos además que el gobierno, que firmó el Acuerdo de Escazú, debe cumplir su deber de defender a los defensores ambientales.”

Para Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura, “hay una omisión del estado respecto a las acciones tanto nacionales como extranjeras, que no se hacen cargo del daño que dejan en el medio ambiente y las personas… Esta fractura social termina con la vida de muchas personas, que precarizadas o urgidas tienen que trabajar en condiciones adversas donde muchas veces pierden la vida”.

Por su parte, Juan Carlos Cárdenas, director del Centro Ecocéanos, señaló preocupación por lo que considera “una nueva fase de asalto a los territorios, a los recursos naturales y comunidades locales en un contexto en el que se apunta a eliminar todo tipo de resistencia social”. Agregó que “la elaboración de un proyecto de ley por parte de la bancada que controla la industria salmonera apunta a criminalizar y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil y defensores de la naturaleza, de derechos humanos y comunidades de pueblos originarios. Y esto se complementa con otro que va a penalizar a los periodistas que cubren toda información molesta para el estado o el gran empresariado. Hacemos llamado a la sociedad a estar alerta y organizarse”.

Las organizaciones exigen al Estado chileno implementar medidas urgentes de reparación, no repetición y protección efectiva a las comunidades y territorios afectados, así como cumplir con los estándares internacionales en derechos humanos y ambientales.

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Francia maniobra para salvar su desacreditado plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental

Redacción piensaChile — Tue, 29 Jul 2025 20:11:11 +0000

29 de julio de 2025

Francia maniobra para modificar el inútil plan de autonomía marroquí tras el fracaso diplomático en el Sáhara Occidental

El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Nasser Bourita, se dispone a viajar a París en una visita que no es de cortesía, sino una citación a capítulo. Convocado por las autoridades francesas, este viaje forma parte de una operación política más amplia que busca salvar lo que queda del desacreditado plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Una iniciativa supervisada en 2007 por el Palacio del Elíseo y promovida con entusiasmo por Emmanuel Macron, que ahora intenta recomponer el rompecabezas tras el fracaso de su estrategia.

Lejos de lo que intenta proyectar la diplomacia de Rabat, esta visita no es una muestra de fuerza ni de consolidación de alianzas. Todo lo contrario: Francia, que apostó imprudentemente por imponer el plan marroquí como «única solución posible» al conflicto del Sáhara, se enfrenta ahora al costo político de haber marginado las resoluciones de Naciones Unidas y de haber desafiado el principio de autodeterminación del pueblo saharaui.

El presidente Macron, cegado por su ambición de acelerar una resolución favorable a los intereses de Francia —y de paso, a los de Israel—, no previó la firmeza de Argelia ni la resistencia de las fuerzas que defienden el derecho del pueblo saharaui a decidir libremente su destino. La crisis diplomática con Argel, que persiste desde entonces, es solo uno de los múltiples efectos secundarios de esta deriva.

Los equipos del embajador de Francia en Rabat, Christophe Lecourtier, y los de la embajadora de Marruecos en París, Samira Sitaïl, trabajan desde hace semanas en la logística de esta visita. Se esperaba que tuviera lugar en verano, pero finalmente fue pospuesta. La razón principal: Francia busca introducir «enmiendas» al texto de la Iniciativa marroquí de autonomía, que lleva 18 años sin actualizarse. Un intento por parte del Elíseo de matizar su postura sin renegar públicamente de ella, tratando de volver, aunque sea de forma encubierta, al marco multilateral que impone el derecho internacional.

Hay un hecho fundamental: el plan de autonomía es un intento unilateral de consagrar la ocupación del Sáhara Occidental, contraviniendo todas las resoluciones de la ONU y el principio de descolonización.

Según fuentes diplomáticas, París exigirá a Rabat que precise un calendario de aplicación de las medidas contempladas en el plan. Sin embargo, el régimen marroquí, que había condicionado cualquier revisión a la obtención de un nuevo respaldo internacional, ya ha recibido un espaldarazo por parte del Reino Unido en junio de este año, que también reconoció la supuesta «primacía» del plan marroquí. Una victoria efímera y superficial, que no cambia el hecho fundamental: el plan de autonomía es un intento unilateral de consagrar la ocupación del Sáhara Occidental, contraviniendo todas las resoluciones de la ONU y el principio de descolonización.

Ni las declaraciones coreografiadas por las capitales europeas, ni los gestos simbólicos de ciertas potencias occidentales, han logrado ocultar una verdad esencial: el plan de autonomía marroquí no tiene legitimidad internacional, porque niega al pueblo saharaui el derecho a ejercer su autodeterminación. Y eso, en pleno siglo XXI, no es aceptable.

Desde Marruecos, el régimen alauita continúa vendiendo este plan como una supuesta victoria diplomática ante una población agotada por la miseria, la desigualdad y la represión. El expolio sistemático de los recursos naturales saharauis —fosfatos, pesca, energía solar— alimenta una maquinaria corrupta y autoritaria, mientras los marroquíes padecen sed, inflación y una crisis social que se agrava día a día. En lugar de ofrecer libertades, Rabat ofrece propaganda. En lugar de escuchar a su pueblo, silencia a la disidencia.

En este contexto, la visita de Bourita a París no tiene nada de rutinaria. Es el intento de dos gobiernos —el francés y el marroquí— de redefinir una hoja de ruta que ha perdido toda credibilidad. El llamado “partenariado de excepción” entre Macron y Mohamed VI, anunciado durante la visita del presidente francés a Rabat en octubre de 2024, no ha pasado de las declaraciones huecas. El propio monarca marroquí, ausente del país la mayor parte del año, mantiene una relación instrumental con Francia, basada más en intereses personales que en estrategias de Estado.

La comunidad internacional, y muy especialmente quienes defendemos el derecho inalienable del pueblo saharaui, debemos estar alerta ante estos movimientos diplomáticos encubiertos. La revisión del plan de autonomía no es una señal de apertura, sino una maniobra para preservar el statu quo. Cualquier propuesta que no contemple el referéndum de autodeterminación, con todas las opciones sobre la mesa —incluida la independencia—, es una farsa más al servicio del ocupante.

La batalla por el Sáhara Occidental no se libra solo en los campos de Tinduf o en los pasillos de Naciones Unidas. También se libra en las cancillerías europeas, en los despachos del Elíseo y en las declaraciones cuidadosamente redactadas por diplomáticos que buscan tapar el fracaso con ambigüedades.

Cuando se publique la declaración conjunta entre Bourita y su homólogo francés, habrá que leer entre líneas. Y sobre todo, habrá que recordarle al mundo que la única solución justa, legítima y duradera para el Sáhara Occidental es la autodeterminación.

Fuente: NoTeOlvidesDelSaharaOccidental

París da marcha atrás y pide a Rabat que revise su plan de autonomía – Algérie Patriotique

Francia y Marruecos exigen reconocer que el plan de pseudo-autonomía marroquí para el Sahara Occidental es la «única» o la «mejor» «solución», pero sus ministros de Exteriores están preparando una reunión para modificarlo y «mejorarlo»

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El Sáhara denuncia en la ONU: «Más que las Naciones Unidas, esto parece el imperialismo unido»

Redacción piensaChile — Tue, 18 Feb 2025 08:58:25 +0000

18 de febrero de 2025

«Las palabras se convierten en papel; el papel se convierte en archivo y este se convierte en nada»

Publicamos aquí el discurso de Taleb Alisalem pronunciado en junio de 2024 en la Naciones Unidas, porque sigue siendo plenamente vigente. Nada ha cambiado desde entonces. Se trata de un pequeño documento histórico de denuncia.
La Redacción de piensaChile

Viernes, 14 de Junio de 2024
En días pasados, el joven activista saharaui Taleb Alisalem compareció una vez más ante la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, en Nueva York, para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU para la descolonización del Sáhara Occidental (…).

Por Eugenio Fernández para Canarias-Semanal.org-

En días pasados, el joven activista saharaui Taleb Alisalem compareció una vez más ante la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas, en Nueva York, para exigir el cumplimiento de las resoluciones de la ONU para la descolonización del Sáhara Occidental.

El año pasado, Alisalem ya denunció, durante su alocución, «la hipocresía y la doble moral de la ONU y las grandes potencias y su incapacidad para llevar a cabo esta descolonización del territorio ocupado por Marruecos».

En esta ocasión, el activista fue todavía más contundente a la hora de señalar la responsabilidad de esta institución internacional en la sistemática vulneración de los derechos de su pueblo.

«Es el tercer año que vengo a las Naciones Unidas para dar una palabra ante este comité. Una palabra que se convierte en papel; un papel que se convierte en archivo; un archivo que se convierte en nada. Por eso, esta vez he querido traerles algo material y tangible desde los territorios ocupados del Sáhara Occidental para que la palabra no se convierta en archivo, para que el archivo no se convierta en nada y deseando y buscando quizás despertar alguna conciencia», comenzó exponiendo.

Este «algo tangible» que Alisalem mostró a los presentes fue un trozo de la ropa de una compatriota suya, Sultana Jaya, violada y torturada por las fuerzas de ocupación marroquíes en el Sáhara Occidental.

Esta grafica no está contenida en el artículo de Canarias-Semanal. Ha sido insertada aquí por la Redacción de piensaChile, por la fuerza de su mensaje

«Este trozo de prenda —continuó el joven saharaui— tiene su sangre. Sangre que representa vuestra vergüenza, que representa vuestra inacción y vuestra ineficacia, pero también es la sangre que dignifica nuestra lucha y que refuerza nuestra voluntad».

En su durísima crítica hacia la ONU, Alisalem recordó que sólo reciben de esta organización «palabras vacías y resoluciones en papel».

«Esta organización de las Naciones Unidas -denunció – más que una herramienta que garantice el derecho de los pueblos a ser libres y soberanos, se ha convertido en un instrumento en manos del poder imperialista. Más que las Naciones Unidas, parece el imperialismo unido. Más que las Naciones Unidas, parece la colonización unida. Más que las Naciones Unidas, parece el poder económico unido».

*Fuente: Canarias-Semanal

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