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“La desaparición de Julia Chuñil es parte y consecuencia de la corrupción del sistema”

Redacción piensaChile — Mon, 16 Dec 2024 19:26:14 +0000

Imagen superior: Estado en que quedó la oficina de la abogada Orietta Llauca luego del atentado incendiario a su oficina, realizado con el claro objetivo de destruir la documentación que ella ha acumulado en años de lucha en Defensa del Territorio, de los Derechos del Pueblo Mapuche y de los Defensores de los DD.HH.

16 de diciembre de 2024

Cuando Orietta Llauca se tituló de abogada, iba a cumplir tres años litigando a favor de una comunidad indígena que se sentía atacada por una empresa salmonera; esta causa marcó su compromiso no solamente con la defensa de su pueblo –Nación Mapuche- sino también con su territorio y los recursos del mismo.

Por ello, desde el año 2013 su participación legal en estos litigios ha ido en aumento, así como el número de comunidades y personas que llegan a solicitar su asesoría para contrarrestar el accionar de diversas empresas como, por ejemplo, las forestales, con quienes lidian por reivindicaciones territoriales ancestrales.

Orietta Llauca Huala, abogada y defensora territorial

En ese contexto, conversamos con Orietta Llauca para saber más detalles acerca del difícil momento que sufren los defensores territoriales que les ha significado vivir bajo amenazas y amedrentamientos, actos que también incluyen la desaparición de Julia Chuñil.

Sabemos que has sido víctima de amenazas y que sufriste un atentado incendiario que destruyó tu oficina. ¿Cómo has podido enfrentar toda esta situación, pensando en lo que pasó con Julia Chuñil y su desaparición?

Julia era una persona que estaba amenazada por su resistencia a firmar o acceder a algunos proyectos y no es solamente que tenía ‘una disputa de terreno con un vecino’, sino que detrás también hay una forestal; estas empresas son contrapartes habituales de nosotros, quienes defendemos la tierra. En otras partes también lo son las inmobiliarias y las salmoneras las que utilizan las peores prácticas para intimidar porque lo primero que hacen es asesinar tu imagen… te la destruyen. Yo no he quedado sin trabajo porque soy abogada y hago ejercicio libre de mi profesión, lo que afortunadamente me confiere algunos pesos que me permiten establecer medidas de seguridad, pero la lamien no…Julia hacía todo a pie y por cuenta propia. Entonces, el riesgo de que en cualquier momento desconocidos la pudieran abordar era inminente.

Y el asesinato de imagen cuestiona tu credibilidad…

Sí, y también está ligado con los tentáculos del poder, los que, finalmente, están todos bajo un solo alero que es este capitalismo perjudicial. Y me refiero a muchos organismos públicos en los que se lidia con la corrupción misma. Nosotros hace rato que conocimos la corrupción y sabemos de dónde viene, pero como a una le han asesinado la imagen que ya estuvo con avisa, no te creen cuando vamos a hacer denuncias por las amenazas… Prácticamente tenemos que convencer al carabinero de que no estamos mintiendo para que dejen constancia de la denuncia, pero muchas veces los afectados se devuelven porque en lugar de escucharles se burlan de ellos. En mi caso, yo he tenido que hacer valer mi posición de abogada y obligarles a dejar constancia, pero no todos los defensores territoriales son abogados y, claro, no conocen las obligaciones que tiene el funcionario al momento de tomar la denuncia… Como le decía, muchas veces empiezan a dar vuelta la situación y empiezan a hacer sentir a la lamien que son ellos quienes han cometido delitos y se van antes que los detengan.

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Defensores territoriales y el Acuerdo de Escazú

¿Y tu trabajo como abogada lo desarrollas bajo alguna organización, entidad o actúas de manera independiente?

El compromiso del defensor territorial que desarrollamos dista mucho de lo que son las fundaciones, que hacen un trabajo importante y se valora, pero hay una diferencia: ellos son escuchados cuando se reúnen con el gobierno, en cambio a nosotros no nos oyen; a nosotros nos persiguen y acosan… a mí me incendiaron la oficina, me han incautado mis cosas; ese tipo de cosas se vive cuando se es defensor territorial acá y en otros países. Quienes somos defensores territoriales no somos parte de ninguna orgánica porque el tipo de lucha que desarrollamos no es aceptada por las fundaciones, ni tampoco por el acuerdo de Escazú, ya que nuestras formas de luchar no son consideradas pacíficas, porque si bien una parte de nuestro trabajo es la abogacía, también nosotros desarrollamos la defensa fáctica del territorio, lo que significa que si hay que protestar en terreno, tenemos que estar. Supón tú, si hay que sacar una máquina que está destruyendo un río, nosotros vamos, levantamos e implementamos la defensa táctica en el lugar donde éste se está interviniendo a fin de que eso no continúe, mientras se espera —-con regular esperanza — que los tribunales de justicia puedan resolver algo que pudiese proteger a ese río. Entonces, ese trabajo que nosotros realizamos no lo validan las fundaciones ni el acuerdo de Escazú, que en su protocolo dice que ‘va a proteger a los defensores ambientales pacíficos’, y como nosotros protestamos, vamos a las zonas en conflicto y expulsamos a quienes están dañando el territorio, no cabemos en dicho acuerdo. Muchas veces ingresamos a predios sin autorización y, por lo mismo, nos ha tocado enfrentar causas por violación demorada, pero tú comprenderás que nadie que está destruyendo un río nos va a abrir la puerta para ir a buscar la prueba y comprobar que están cometiendo un delito. Ese es nuestro trabajo como defensores territoriales; no somos de andar escribiendo libros con lo que hacemos ni andar haciendo ferias con lo que hacemos ni ir a los colegios mucho menos nos aceptarían en los colegios-—, pero nuestro trabajo es en el territorio y eso no es bien visto incluso por algunas fundaciones. No nos interesa que se pongan a escribir de lo que nosotros hacemos, cuando en realidad en los momentos más difíciles nosotros estamos solos; nos apoyamos entre nosotros y ese es el tipo de defensa que nosotros hacemos. Ahora estamos defendiendo el río Maullín junto a una comunidad indígena familiar a la que pertenezco porque una empresa quiere desviar su cauce y con eso va a matar un humedal y un estero, entonces, ahora nos toca asumir la defensa. Llevamos mucho tiempo en trámites judiciales y los tribunales retardan y retardan las resoluciones, por lo que vamos a tener que hacer una vigilancia constante y es probable que seamos perseguidos por los marinos y que nos intenten detener, pero ese es el resultado de los tentáculos que tienen contra quienes luchamos. Están ahí, arraigados, como lo vimos con Hermosilla; por lo tanto, si nosotros esperamos 67 veces durante un año que el Tribunal Ambiental resuelva lo del río Maullín, ya estaría destruido…no nos queda otra alternativa que tirarnos nomás. Todo esto los jueces lo saben, pero los jueces no acogen los recursos de protección, entonces, aunque tú le lleves toda la prueba, siempre la respuesta es una sola y que indica que la empresa ‘tiene todos los permisos sectoriales’, entonces la Corte que dice que actuó con los permisos debidos y rechazan el recurso…y adivina, ¿quiénes le dieron los permisos? Ahí está el foco de la corrupción. Hace bastantes años que Chile está obligado a que cada cosa que resuelvan los tribunales debe incorporar de suyo los tratados internacionales, pero uno los invoca y hay jueces que ni siquiera se pronuncian. En esa negación siguen su camino como si tú no existieses, como si en el juicio solamente estuviese la parte contraria. En mi caso, mis alegatos en la corte de Valdivia los han omitido… ni siquiera me han puesto en el acta que yo he alegado. Entonces, no queda otra que la defensa fáctica porque hay que salvar y cuidar nuestro territorio. Ese el trabajo que nosotros hacemos y por eso es que nos quieren hacer desaparecer.

Esto mismo debe significar para ustedes todo tipo de amenazas.

Por supuesto. La primera amenaza de muerte le llegó a mi hijo el año 2022 y de ahí no han parado ; tengo un informe que yo hice de las amenazas que he recibido y que envié a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir protección, porque acá dentro de nuestro país no se investiga: las denuncias se archivan. Y como tampoco allá tuvimos eco, entonces nosotros tenemos que tener aliados que luchen igual que nosotros para protegernos, aliados que estén con la misma perspectiva de lucha, las fácticas, como digo yo, que son las más efectivas. Y es que defendemos a la tierra y por eso nos toca defendernos de muchas situaciones generadas no solamente desde el poder político, sino también por el capitalismo… Por eso peleamos acá con forestales, con las mineras y las inmobiliarias; es el propio sistema el que nos persigue, esa es la vida de un defensor de la tierra.

¿Y han establecido algún sistema como de autocuidado o de protección en caso de que se sientan muy amenazados?

Sí, estamos obligados a eso, al autocuidado. Tenemos establecidos refugios y cuando sabemos que estamos amenazados, vamos hacia allá; son espacios con personas que saben lo que hacemos. Por ejemplo, el incendio de la cabaña donde funcionaba mi oficina ya estaba anunciado desde el año pasado, solo que no sabía en qué momento ocurriría. Cuando llegó esa amenaza que sí te intimida, en ese momento nosotros no nos quedamos a dormir en esa casa. Así es que, mientras logramos controlar el temor que nos generó la amenaza, nos vamos a un refugio.

Son altas las consecuencias por su forma de enfrentar la destrucción del territorio…

Sí, pero hay que actuar de facto; este es el único camino a seguir para combatir -en este momento- este modelo, porque los tribunales no te dan garantías de nada, o sea, uno como abogado, conozco ambas líneas, ambos lados y te das cuenta. Uno usa las herramientas que establece el legislador de este país; por ejemplo, yo presenté una demanda por daño ambiental defendiendo los humedales a Valdivia y pedí las medidas cautelares para que se decrete de inmediato la paralización de la obra, pero no…pasa el tiempo y al final, nosotros tuvimos que ir a protestar al Tribunal Ambiental de Valdivia para que se digne a resolver mi escrito donde yo estaba solicitando aquello. Y recién allí lo resolvió y accedió a la medida cautelar, pero pasó un mes y tuvimos que viajar de Puerto Montt para protestar y colocar un recurso de protección. Entonces, estamos lidiando contra un sistema donde desborda la corrupción y nos toca sobrevivir, pero como nosotros somos defensores del alma, nos nace del alma defender el territorio, pues nadie nos formó, no nos vamos a rendir. A nosotros nos dicen estar atacando este río o este bosque y, a la hora que sea, nosotros nos movilizamos y vamos a detener su destrucción.

*Fuente: Villa Grimaldi

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Denunciamos una “Persecución Política” en contra del alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue

Redacción piensaChile — Mon, 03 Jun 2024 21:36:30 +0000

3 de junio de 2024

DECLARACIÓN PÚBLICA

Denunciamos una “Persecución Política” en contra del alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial, Daniel Jadue

Ante la situación que hoy afecta al alcalde de Recoleta y ex precandidato presidencial por la coalición Chile Digno, Verde y Soberano, Daniel Jadue, y otros funcionarios de esa Municipalidad, el movimiento Chile SIGUE en Contra, declara lo siguiente:

El origen de la causa judicial que ha involucrado a Jadue y otros directivos municipales, es una “autodenuncia”, realizada en 2020, por César Ramírez, comisionista de la empresa Best Quality Esta empresa, cuyo dueño es Álvaro Castro Robles, se encontraba prácticamente en quiebra en ese momento y ha estado involucrada reiteradamente en intentos de soborno en diversas instituciones públicas.
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Después de más de 3 años de esa “autodenuncia” de Ramírez, que ha implicado una amplia e inusual exposición pública, recién se ha realizado la formalización del caso y se espera que la investigación judicial pueda extenderse por varios meses más. Ninguna de las imputaciones que se hacen a Jadue, ni a los demás funcionarios municipales, ha sido demostrada hasta ahora y solo el resultado final del juicio penal, si se apega realmente a derecho, establecerá las faltas y delitos que se hayan cometido.
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No obstante, el caso montado sobre Daniel Jadue y sus colaboradores, es sin duda alguna una operación de la derecha y de sectores del propio gobierno de Boric, para intentar sacar del escenario político, a la figura de izquierda que más cerca ha estado de concretar una alternativa de gobierno, que dispute el poder a la oligarquía, la derecha y al establishment concertacionista, que ha gobernado y hoy gobierna nuestro país.
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En su origen, el “lawfare” (law, ‘ley’ y warfare, ‘guerra’) es un “método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”. En los últimos años, este método se ha extendido a la política, con el objetivo de anular a los adversarios, mediante un conjunto de acciones donde juegan fiscales, jueces, periodistas, fake news, y, por cierto, políticos de derecha a nivel mundial. El caso más emblemático (Lava Jato) es el que llevó a la cárcel por 580 días al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva, quien finalmente fue absuelto de todos los cargos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas señaló que se violó el debido proceso. Más recientemente, la esposa del presidente español, Begoña Gómez, está siendo denunciada a la justicia por supuestas acciones de tráfico de influencias que deberán ser investigadas, lo que la prensa también relaciona a una operación de “lawfare”.
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En este contexto, resulta indignante la actitud de altos personeros de este gobierno, al calificar de “barristas”, no solo a los abnegados militantes comunistas, sino a decenas de militantes de otras organizaciones políticas de izquierda y progresistas, de independientes, y especialmente de vecinas y vecinos de Recoleta, y de otras comunas que decidimos voluntariamente manifestar nuestro apoyo, “en las buenas y en las malas”, a Daniel Jadue, por tratarse de un hombre digno, íntegro y consecuente con los ideales de la izquierda chilena. Una estatura política, respecto a la cual, el subsecretario Monsalve, se encuentra a años luz de distancia.

Finalmente, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el tribunal, es claramente desproporcionada, ensañándose contra Daniel Jadue y buscando desprestigiar el proyecto popular municipal que desde la alcaldía de Recoleta se está desarrollando. Expresamos nuestra total solidaridad con Daniel, su familia y la militancia comunista popular. Llamamos al pueblo de Chile a apoyar su causa y denunciar esta “operación política” en Chile y el mundo.

Chile SIGUE en Contra…

…de las maniobras del poder económico, la derecha y del ‘partido del orden’ concertacionista, para anular las

alternativas populares de gobierno

…de un gobierno que dejó de representar los intereses pueblo trabajador y traicionó sus compromisos

A levantar una alternativa política de izquierda en 2025 y a disputar las elecciones municipales y regionales AHORA!!!

#ChileSIGUEenContra

Chile, 3 de junio de 2024.

Datos de contacto:

Correo electrónico: chile.vota.encontra@gmail.com
Sitio WEB: https://porchilevotaencontra.cl/
X: https://x.com/VotaEnContra

Y los sinvergüenzas, para hacer esto, ¡no se ponen ni colorados!

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Quieren impunidad

Redacción piensaChile — Sun, 05 May 2024 10:56:10 +0000

En Temucuicui, comuneros bajan de la carroza el féretro con los restos de Camilo Catrillanca, joven mapuche asesinado durante un operativo policial en noviembre de 2018. Foto: Héctor Andrade / Agencia Uno

05 de mayo de 2024

José Huenante tenía 16 años de edad. Hijo de una familia de escasos recursos de Puerto Montt, trabajaba empaquetando erizos. El 3 de septiembre de 2005 fue detenido por una patrulla de Carabineros.

Y desapareció para siempre.

Las diligencias de la PDI revelaron una serie de irregularidades cometidas por la patrulla a cargo, incluida la adulteración del kilometraje del vehículo y del libro de detenidos. El fiscal alcanzó a acusar a los carabineros envueltos, pero entonces el caso fue traspasado a la justicia militar, por haber uniformados involucrados.

Allí languideció por años.

En 2010 y 2016, sucesivas reformas firmadas por los Presidentes Piñera y Bachelet permitieron al fin que crímenes como el de Huenante fueran vistos por tribunales civiles. Pero ya era demasiado tarde. Cuando el caso volvió a la justicia regular, en 2018, encontrar nueva evidencia ya era casi imposible. Su abogado alertó que pruebas clave se habían perdido y ocultado.

Hoy José Huenante tendría 35 años. Su familia lo sigue buscando. Y su caso sigue impune.

En 2018, Camilo Catrillanca fue asesinado de un tiro en la nuca mientras, desarmado, se trasladaba en un tractor junto a un adolescente de 15 años. Las primeras versiones oficiales atribuyeron los hechos a un enfrentamiento, aseguraron que no había registro de cámaras, y, luego, que esa evidencia había sido destruida.

Sin embargo, gracias a las reformas de Piñera y Bachelet, este caso fue visto por un fiscal, en la justicia civil, que desarticuló el encubrimiento. Las imágenes del crimen salieron a la luz, el carabinero Carlos Alarcón confesó que fue obligado a mentir por sus superiores, y la justicia condenó al autor por un homicidio consumado y uno frustrado.

El crimen de Catrillanca tuvo verdad y justicia. El de Huenante, ni la una ni la otra.

Este jueves, Chile retrocedió a los tiempos oscuros de la justicia militar. Las comisiones unidas de la Cámara de Diputados aprobaron que los actos cometidos por militares y policías en ciertas circunstancias, como los estados de excepción y otras, “serán siempre conocidos” por tribunales militares.

Fue el punto culminante de una semana de ataques políticos contra la justicia. Una campaña de acoso y derribo que pretende intimidar a fiscales y jueces que han tenido la insolencia de hacer su trabajo: investigar eventuales delitos.

Y si no se dejan intimidar, deshacerse de ellos.

Esta campaña se aprovechó del deleznable asesinato de tres carabineros en Cañete. La misma mañana en que se conoció el crimen, RN y la UDI ya pedían una ley de amnistía para carabineros y militares responsables de torturas, mutilaciones y homicidios de civiles entre 2019 y 2020. Luego, exigieron la destitución de los fiscales Armendáriz y Chong, y su presión política logró que la Fiscalía postergara la formalización del general Ricardo Yáñez.

La diputada RN Camila Flores habló de “carabineros que son perseguidos por el activismo judicial de la fiscal Chong”. (Sabemos que el odio político contra Chong tiene otro origen: es la única fiscal que ha logrado meter en la cárcel por corrupción a un senador en Chile, el UDI Jaime Orpis).

El republicano Cristián Araya habló de “fiscales y jueces indecentes convertidos en verdaderos activistas del octubrismo”. Una escalada a la que se sumó la alcaldesa Evelyn Matthei, al denunciar que “fiscales están inventando delitos”.

Estos políticos están usurpando la labor de la justicia y destruyendo la independencia de los poderes del Estado. Y lo hacen difundiendo información falsa o engañosa para minar la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Un caso ilustrativo al respecto: muchos políticos, así como almirantes en retiro de la Armada, están usando el caso de Yordan Llempi como argumento para traspasar los casos a la justicia militar. En él, según la candidata Marcela Cubillos, infantes de marina están siendo llevados a juicio por “el delito de haber llegado a tiempo a defender y salvar a otros carabineros que estaban bajo ataque terrorista”.

Eso es falso. En ese caso, un grupo de manifestantes cortó una ruta y se enfrentó con carabineros e infantes de marina. Sin embargo, la actuación de estos últimos desconcertó a los mismos policías. El sargento de Carabineros Raúl Canales declaró que el encargado de la Armada “se arrancó con los tarros. No me hizo caso y quiso hacer su procedimiento sin tomar en cuenta a mi persona como el más antiguo de Carabineros”.

Las comunicaciones radiales dan cuenta de ese descontrol, con instrucciones entre los marinos como “indios culiaos” y “me importa un pico si una mujer se va a morir”. Quien murió fue Yordan Llempi, un joven de 23 años ultimado de un tiro en el patio de su propia casa mientras, junto a su familia, intentaba llegar a la leñera para guarecerse de los disparos.

La Fiscalía acusa al cabo de la Armada Ricardo Seguel por esa muerte. Pero Seguel, como todo chileno, civil o militar, goza de presunción de inocencia. Será un tribunal independiente, en un juicio público y transparente, el que decida si es o no culpable.

Todo lo contrario a la justicia militar, donde quien investiga, acusa y condena es una misma persona, un uniformado sometido a la estructura de mando. No es una justicia ciega; es una justicia parcial, donde el militar es juzgado por su propia institución.

La comisión de la Cámara aprobó este proyecto por 14 votos a 12, gracias al apoyo del “demócrata” Miguel Ángel Calisto y el “amarillo” Andrés Jouannet. Los autoproclamados partidos de centro, herederos de los “30 años” y la Concertación, votaron así por traicionar una de las banderas históricas de la Concertación: la igualdad ante la ley y la desmilitarización de la justicia.

Al día siguiente, esta aberración fue rechazada por un solo voto en la sala de la Cámara, pero la oposición ya anunció que insistirá en el Senado.

En resumen: buscan dictar amnistías para que crímenes ya juzgados contra civiles queden en la impunidad. Intimidan a fiscales para impedirles hacer su trabajo. Diseñan una justicia ad-hoc, a la carta, para uniformados. Dividen a los chilenos en dos clases distintas ante la justicia, unos con más derechos que otros. Estos políticos están atacando las bases mismas del estado de derecho y destruyendo la igualdad ante la ley.

No quieren justicia. Lo que quieren es impunidad.

*Fuente: LaTercera

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Informe policial secreto: Camilo Catrillanca estaba en la mira de Carabineros

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La propuesta de Felipe Berríos para los presos de la revuelta: Buscar salida política y sacarlos de la cárcel

Redacción piensaChile — Sun, 11 Oct 2020 21:47:02 +0000

«¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?», se preguntó el sacerdote en entrevista con El Mercurio de Antofagasta. «Con la misma fuerza que dije que la violencia no era la solución (…) con esa misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en la cárcel», sentenció el jesuita.

Diario UChile

Sábado 10 de octubre 2020 12:31 hrs.

Muchos no tienen nada que hacer, están marcados por las precariedades, viven en ambientes hostiles y el proceso vivido a partir del 18 de octubre les dio “un sentido a sus vidas”. Así definió, en entrevista con El Mercurio de Antofagasta, el sacerdote Felipe Berríos al centenar de jóvenes que hoy están detenidos por distintos delitos en el marco del estallido social del 18 de octubre pasado. Al respecto, el jesuita propuso una medida radical: buscar una salida política y excarcelar a los acusados, una propuesta que considera de justicia y necesaria para avanzar en la resolución de un conflicto que -enfatiza- es político y no solo delictivo.

“Son chiquillos que la sociedad tiro para el lado. Ellos están al margen, quieren cambiar esta sociedad que los discrimina a ellos y ha marginado a sus padres, que trabajan y tienen salarios que no les alcanzan para vivir, que se les enferma la abuelita y deben esperar un año para una operación. Yo, en su lugar, también habría protestado”, señaló al medio local.

Las lecciones del estallido social

“Lo que se inició el 18 fue un estallido y los estallidos uno sabe cómo comienzan, pero no sabe cómo terminan. La violencia es irracional, pero el estallido tenía algo de ético, la gente que salió a las calles algo tenía que decir. Y muchos de quienes estuvieron en la parte violenta, son muchachos a los que el sistema dejó fuera y que no tenían nada que perder, porque no tenían futuro, presente, no nos preocupamos de ellos“, reflexionó el sacerdote jesuita respecto de las lecciones que dejó la crisis social de fines del año pasado.

Consultado sobre si aquél, para él, era el perfil de quienes habían protagonizado distintos hechos de violencia y por cuáles creía Berríos que eran los elementos que caracterizaban a este grupo de jóvenes, el sacerdote contestó: “Cuando llegué a chile venía de una sociedad donde no se producía nada de basura porque no había consumo, y llegué a una sociedad basada en el consumo, la producción y donde las cosas se botan: lo viejo, lo usado; una sociedad que produce mucha basura y que también produce gente que es considerada basura y dentro de ese grupo están los chiquillos que están presos; se les ha negado su futuro, no tienen sueños; han visto cómo han sufrido sus familias, viven en ambientes feos y eso es lo que quieren cambiar”.

“Y creo que ellos debieran compartir la responsabilidad con quienes azuzaron eso y que hoy están pensando en cómo ganar votos para los puestos que se ofrecen, mientras estos jóvenes están pagando todo aquello de lo cual el resto de la sociedad está tomando conciencia“, aseguró.

Felipe Berríos en su hogar en el sector de La Chimba en Antofagasta

El sacerdote jesuita Felipe Berríos vive en el sector de La Chimba en Antofagasta, en donde participa de instancias vecinales y sociales junto a los vecinos y vecinas de la población. Foto: Archivo.

A Berríos se le planteó que pese a las precariedades de todo tipo de estos jóvenes y pese a que fueron parte de un momento histórico, cometieron delitos que tienen determinadas; consultado por si es que se debía hacer una salvedad en ese sentido, contestó que sí.

“La salvedad es que esto se da justo cuando vemos que una empresa hizo algo más tremendo que romper luminarias y vitrinas: corrompió el sistema político de Chile y el propietario no ha tenido ni un día de cárcel, y además se hizo millonarios y se le aplicaron multas que son rebajadas, mientras los otros jóvenes llevan casi un año presos. Y son chiquillos. La sociedad debe aprovechar esa rebeldía y ver cómo se les ayuda a enfocarlos, pero lo que no puede pasar es que ellos ‘paguen el pato’”, indicó.

“¿Por qué la justicia es tan blanda con algunos empresarios y tan dura con estos chiquillos? ¿Será porque son pobres?”, se preguntó el sacerdote.

Entre los jóvenes antofagastinos encarcelados, tanto en el recinto del Nudo Uribe, como en el ex Surgam, o con arresto domiciliario, habría 32 involucrados. De ellos destacan 13 con prisión efectiva y siete con arresto domiciliario completo o nocturno. Entre los detenidos, los casos más complejos son los de acusados por ataques contra efectivos de carabineros. Consultado por si en estos casos debía considerarse el contexto, Berríos fue enfático. “Fui uno de los primeros que me opuse a la violencia porque no ayuda a nada y siempre termina ayudando a los más poderosos“, respondió.

“Creo que cuando uno comete un delito, debe sancionarse, pero la sanción no puede ser venganza. La sanción no puede destruirte así como a algunos les dan clases de ética como castigo, a estos chiquillos no hay que reventarles la vida. No estoy pidiendo que se haga vista gorda, sino que se haga justicia. Y hacer justicia implica darles otra oportunidad”, agregó el sacerdote.

Desde el 18 de octubre al 8 de diciembre, Fiscalía pidió prisión preventiva en 3.447 de los 3.850 casos de saqueos que llegaron a Tribunales. Se otorgó la medida cautelar en 2.873 casos, representando el 83,4% de las solicitudes. Foto: Archivo.

Consultado por si había tenido la oportunidad de conversar con los involucrados, el sacerdote contestó que sí. “Y debo decir que yo, en el caso de ellos, tal vez me habría dedicado a fumar pasta base, robar o no hacer nada”, dijo. “Pero ellos tienen valores y uno podrá decir que tienen equivocada la forma, todo lo que tú quieras, pero es gracias a ellos que estamos conversando lo que estamos conversando en Chile: una nueva Constitución“, añadió Berríos.

“Ya ha pasado el fragor del comienzo, yo acompañé a los comerciantes, a gente que quedó sin trabajo. Pero ahora tenemos la obligación de hacer una segunda reflexión e ir a una cosa más profunda, no puede ser que como sociedad tengamos a 19 cabros pagando las consecuencias. La injusticia trae violencia”, sostuvo. “Con la misma fuerza que dije que la violencia no era la solución y que había que sacar la voz y separar la violencia; con la misma fuerza que le respondí al senador Alejandro Guiller cuando decía que el Presidente Piñera tenía que renunciar y yo dije que no, porque los problemas políticos deben tener soluciones políticas y democráticas; con esa misma fuerza digo que es injusto que estos jóvenes estén presos hoy en la cárcel“, sentenció el sacerdote jesuita.

Consultado por si la situación requiere de una salida política, Berríos asintió y señaló que “requiere que le demos una oportunidad para que ellos estudien, se formen, porque son valiosos y lo digo con la misma fuerza que critiqué la violencia o que se buscara una salida no democrática”. “Ya han pagado (por los actos cometidos). Algunos llevan cerca de un año de cárcel. O sea, de qué me están hablando. Me violenta que aquellos que han destruido la política en Chile con la corrupción no tengan ni un día de cárcel. Entonces, la justicia no es justicia“, agregó.

Finalmente, a Berríos se le preguntó si había conversado con alguna autoridad política o de gobierno sobre esta propuesta de tener una salida política a las extensas excarcelaciones de los jóvenes detenidos en el contexto de las manifestaciones. “Sí, pero hay que ser muy delicados. La gente se queda tranquila cuando hay un culpable y hay cuestiones difíciles de solucionar. La propuesta es gatillar algo distinto y que ellos tengan la oportunidad de generar algo diferente“, concluyó el sacerdote.

*Fuente: DiarioUdeChile

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Caso «Colusión de Farmacias»

Redacción piensaChile — Thu, 19 Jul 2018 02:30:44 +0000

Domingo 14 de julio de 2013

Señor Director:

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago recomendó clases de ética empresarial a los imputados por el caso «colusión». A una mujer pobre que microtrafica para alimentar su familia se le «recomienda» entre tres y cinco años de prisión. Esta desproporcionalidad hace en la práctica que el que tiene y obtiene más de manera ilícita, no sea delincuente, en tanto que quien no tiene y obtiene algo de manera ilícita, sí lo sea. El rico coludido a quien la justicia lo obliga a asistir a clases de ética gozará transcurrido un año de irreprochable conducta anterior. La mujer pobre que para alimentar a sus niños cometió delito es encerrada, condenada a abandonar su familia y cargará para siempre con el estigma de haber estado en la cárcel. Seguirá siendo pobre, al igual que sus hijos, y nunca encontrará trabajo estable, salvo contados casos.

Como el mundo está al revés, sugiero a una parte de nuestros jueces y legisladores que asistan a clases de sentido común.

Luis Roblero A., SJ
Capellán de Cárceles

*Fuente: El Mercurio

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