Santiago, 04.02.2021

En paralelo a la revuelta popular y el proceso constituyente, el gobierno de Chile está negociando la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación (AA) que mantiene con la Unión Europea desde 2003. Este proceso no ha recibido la suficiente atención en el debate público pese al gran impacto que tendrá en la vida de quienes habitan Chile y en la posibilidad de consagrar las demandas de los movimientos sociales en una nueva Constitución.

Las negociaciones iniciadas en noviembre de 2017 continúan en la actualidad pese a que a fines de octubre de 2019, 45 eurodiputados de tres grupos parlamentarios suscribieron una carta enviada por Miguel Urbán, del partido español Podemos, a la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, denunciando “la militarización del país y la represión de las movilizaciones” y exigiendo “que la UE haga valer la cláusula de democracia del AA que se mantiene con Chile, donde se establece el respeto de los Derechos Humanos fundamentales”^[i]. Sin embargo, la UE decidió continuar las negociaciones en vez de exigir la protección de los Derechos Humanos de la población de su contraparte.

El subsecretario de relaciones económicas internacionales, Rodrigo Yáñez, afirmó que “La nueva Constitución, de existir, va a respetar los acuerdos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes y, por lo tanto, eso es algo que está fuera de discusión y por eso es tan importante esa norma. Cuando uno va a explicar el proceso fuera de Chile tiene que decir que el país va a permanecer en el fondo con una política de apertura comercial y de bienvenida a la inversión extranjera”^[ii].

LA DEMANDA DE MATERIAS PRIMAS

El cultivo de paltas consume grandes volúmenes de agua, al igual que otros productos primarios que se exportan a la UE. Pero en la propuesta de modernización del AA, pese a que existen iniciativas de protección al medio ambiente, éstas no son vinculantes. El capítulo de comercio y desarrollo sostenible para la modernización no establece ningún mecanismo para sancionar a empresas que contaminan el medio ambiente o afecten la biodiversidad. Tampoco en el capítulo sobre solución de controversias se incluyen los daños ambientales, sino que solamente se propone un panel de expertos que puede dar recomendaciones.

Tal como sucede con las paltas, la extracción de litio también utiliza mucha agua. En el marco del cambio climático la UE ha apostado a la transición hacia un modelo bajo en emisiones de carbono, donde la eléctromovilidad es un factor clave para reducir los gases de efecto invernadero y descontaminar las ciudades. El litio es uno de los metales con una demanda en aumento debido a su uso en la fabricación de baterías recargables, un componente indispensable en la fabricación de vehículos eléctricos.

Chile es el principal proveedor de este metal a la UE y el AA vigente establece un arancel cero para el comercio de productos de litio, por lo tanto, no hay margen para una mayor liberalización en un acuerdo modernizado. Sin embargo, según el estudio de impactos de la Comisión Europea, el estatus de “material estratégico” que tiene el litio legalmente en Chile, su extracción no es concesionable para empresas extranjeras, puede entrar en conflicto con el capítulo de protección de la inversión extranjera propuesto por la UE^[iii].

LONCO CALFUNAO: «A NINGUNA AUTORIDAD ANCESTRAL SE LE HA CONSULTADO DE MANERA FORMAL”

Los productos del sector forestal representan un 9% del total^[iv] de las exportaciones a Europa. La propuesta de la UE para la modernización del AA destaca la importancia del manejo forestal sostenible y el papel del comercio en la consecución de este objetivo, y alienta a la conservación y la gestión sostenible de los bosques y el comercio. Pero no se establece medidas vinculantes para su implementación, fiscalización ni mitigación de las prácticas ya existentes.

El Convenio 169 de la OIT, suscrito por Chile en 2008, y que el capítulo de comercio y sostenibilidad insta a cumplir; establece la consulta obligatoria a los pueblos originarios para medidas que les afecten, sin embargo, hasta la fecha no se ha realizado consulta ni se han reunido con autoridades tradicionales mapuche reconocidas por las comunidades.

Juana Calfunao, lonco de la comunidad Juan Paillalef en la comuna de Cunco en la Región de la Araucanía, indica que existe una asimetría de trato. Consultada sobre el fomento a las plantaciones, la autoridad tradicional es clara: “Respecto a la modernización del acuerdo entre Chile y la UE en el territorio mapuche a ninguna autoridad ancestral se le ha consultado de manera formal. Las consecuencias son catastróficas. Se genera un despojo total culturalmente y la muerte de la biodiversidad la que conlleva que exista un exterminio del pueblo mapuche”.

Al ser consultado respecto de la invitación de los pueblos originarios a las reuniones informativas de “Cuarto Adjunto”, Felipe Lopeandía, el jefe negociador de Chile, responde en la entrevista realizada el 24 de septiembre de 2020: “Nosotros tratamos de que sea lo más inclusivo posible, lo más abierto, pero efectivamente ellos [representantes del pueblo mapuche] no han concurrido… Probablemente ellos desconfían un poco de la instancia, no les parece interesante y por lo tanto ahí quizás nosotros tenemos que tomar un poquito más la iniciativa al respecto”.

UPOV-91: LA PRIVATIZACIÓN DE LAS SEMILLAS EN EL ACUERDO

En el capítulo de propiedad intelectual, se establece que las partes protegerán los derechos de los obtentores vegetales de conformidad con la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) según su última versión revisada en marzo de 1991^[v]. La UPOV es una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que protege los intereses de los fitomejoradores al considerarlos como ‘creadores’ de las variedades vegetales.

Por los compromisos comerciales Chile ya debería haber ratificado la UPOV-91, pero no lo ha hecho debido a la resistencia de las organizaciones sociales. Alicia Muñoz de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) afirma que si el UPOV-91 se implementa, se criminalizará la práctica campesina de custodia e intercambio de las semillas tradicionales, así como la pérdida de la libertad para decidir y producir, además del encarecimiento de la producción al tener que comprar las semillas a las grandes empresas que dominan este mercado y sus productos asociados.

Por otra parte, los monocultivos requieren más plaguicidas que el cultivo tradicional y muchos de los plaguicidas provienen de Europa. Desde la entrada en vigencia del AA la importación de químicos desde la UE incrementó un 135%^[vi] y durante los últimos 20 años, en el caso particular de los plaguicidas, han aumentado un 469% según la FAO. En Chile están permitidos por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 1.379 nombres comerciales de plaguicidas, concentrados en 400 ingredientes activos, de los cuales 103 han sido clasificados como altamente peligrosos. De esos, 51 provienen de la Unión Europea a pesar de que 24 de ellos están prohibidos en territorio europeo^[vii]. Asimismo, según un informe de 2019 de la asesoría técnica parlamentaria “Regulación de Plaguicidas” elaborado para la Comisión de Agricultura en el marco de la discusión del “Proyecto que prohíbe plaguicidas de elevada peligrosidad”, de los 579 ingredientes activos permitidos en Chile, 92 no están permitidos en la Unión Europea.

María Elena Rozas de la Red de Acción en Plaguicidas sostiene que el tratado con la UE ha aumentado la comercialización de estos productos por lo que los exportadores de plaguicidas serían uno de los sectores que se verían más beneficiados: “Los tratados de libre comercio son una muy mala noticia para las abejas, para los consumidores y para quienes pretendemos que se proteja la biodiversidad en nuestro país. Entonces es ganancia para algunos y pérdida para el país”.

“LOS CHILENOS ESPERARÍAN UNA OLEADA DE DEMANDAS”

La UE es el principal inversor en Chile, con un 33% del monto total de inversiones extranjeras directas en el país. Las inversiones se concentran en el sector de energía, servicios financieros y transporte, comunicaciones, seguros, y áreas de protección social como las AFP.

Un punto central de la modernización es la inclusión de un capítulo de protección a la inversión extranjera, la UE busca establecer de manera permanente un Sistema de Corte de Inversión, ICS por su sigla en inglés^[xviii], un cambio respecto al actual modelo, el Sistema de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS) . Las cláusulas de protección a la inversión son usadas por los inversores extranjeros para demandar a los Estados cuando consideran que un cambio en las políticas del país receptor afecta sus legítimas expectativas de ganancias, aunque se trate de políticas que busquen proteger la salud pública, los derechos laborales o el medio ambiente.

En cuanto al cambio de mecanismo, Felipe Lopeandía detalla: “No hemos tenido una historia de juicio o de litigio con empresas europeas en el pasado. Entonces, el temor es que creemos un ente al respecto que no tenga mayor uso en la práctica.” Sin embargo, la postura chilena es “tener un análisis lo más abierto posible con respecto a una instancia como ésta”.

El fondo de inversión italiano Generali es dueño de la AFP PlanVital que tiene 1.693.025 afiliados en Chile. En 2007 Generali demandó al Estado libanés, argumentando que este no habría brindado la protección plena y seguridad que le correspondía según el tratado de inversión suscrita entre los dos Estados. Ante cambios en el sistema de pensiones que afectasen las expectativas de ganancias de los inversionistas europeos, con el acuerdo modernizado, Generali podrá demandar al Estado chileno también.

La empresa española, Sacyr, que administra cuatro empresas de gestión del ciclo integral del agua en Chile, brindando servicios a más de 150.000 habitantes^[ix], demandó en 2018 al Estado de Panamá en relación con una ampliación del canal de Panamá. Así como podría suceder con el fin de las AFP, si la desprivatización de las aguas se materializa a futuro, existe la posibilidad de que el Estado chileno, con base en el acuerdo modernizado con la UE, se enfrente a demandas de parte de empresas europeas como Sacyr.

El profesor de Derecho de Inversión de la Universidad de York, Canadá, Gus van Harten, señala: “Los chilenos esperarían una oleada de demandas atacando cualquier reforma que interfiera con las prioridades de negocio de multinacionales,” afirma consultado por la posibilidad de que Chile sea demandado en un escenario donde el Estado recoge las demandas ciudadanas tales como el cambio del sistema de pensiones o la desprivatización de las aguas. “Desprivatización: ahí mismo podrás esperar reclamos. [Los mecanismos de protección de inversión] están diseñados para eso”.

Sin embargo, la Comisión Europea sostiene que sus propuestas no son contrarias al ejercicio de soberanía de Chile en medio de un proceso constituyente. En una respuesta escrita a las autoras, mediante la oficina de prensa, afirma que “la Unión Europea está negociando la protección a la inversión con sus socios comerciales respetando plenamente su derecho a la autodeterminación, y apoyando su proceso interno de democratización. Provisionando protección de inversión balanceada, apuntamos a proteger a inversores y sus inversiones establecidas en el exterior contra una variedad limitada de prácticas del Estado receptor”.

El proceso constituyente que se abrió tiene un espíritu profundamente democratizador, de recuperación de derechos de todo tipo, reflexiona Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Plaguicidas. Al respecto la periodista indica que: “La modernización del AA va en el sentido contrario. Son procesos que en el fondo son incompatibles por representar intereses incompatibles. El proceso chileno busca ampliar los derechos de las personas y de los territorios que habitan, en cambio la modernización busca asegurar los privilegios de los inversionistas europeos, a costa de esos derechos.”

En general los tratados tienen un plazo de vigencia de 15 o 20 años en que las partes no pueden salirse. Si se integra el capítulo propuesto por la UE en la modernización del acuerdo, reemplazaría automáticamente todos los tratados entre Chile y países europeos, además de extender su cobertura a los 7 países europeos con los que no tiene tratados, lo que dificultaría la retirada de Chile. La Unión Europea propone, mediante una cláusula de término, obligar a las partes a mantener los derechos de inversores extranjeros por 20 años más tras salir del acuerdo^[x].

*Fuente: CiperChile

NOTAS Y REFERENCIAS

[i] Urbán, Miguel (2019, octubre 29). Sobre la grave represión de las protestas sociales en Chile. Disponible aquí.

^[ii] Centro de Estudios Internacionales UC (2020, septiembre 25). Conversatorio: Chile-EU Post Pandemia. Disponible aquí.

^[iii] Comisión Europea (2019, mayo 07). Evaluación del impacto de sostenibilidad de la modernización del pilar comercial del Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE. Disponible aquí.

^[iv] Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (2018). Anuario de las exportaciones chilenas. Disponible aquí.

^[v] Comisión Europea (2018, febrero 6). EU-Chile Free Trade Agreement. EU Textual Proposal: Intellectual Property. Disponible aquí.

^[vi] Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior y Centro de Economía Política Argentina (2020, junio). Los efectos de los Tratados de Libre Comercio en el trabajo, la industria y el desarrollo regional. Disponible aquí.

^[vii] Rozas, María.Elena (2020). Informe sobre la situación de los plaguicidas altamente peligrosos en Chile. Santiago, Chile. Disponible aquí.

^[viii] En inglés: Investor-State Dispute Settlement

^[ix] El Economista América (2020, julio 20). Sacyr inicia la operación de cuatro empresas sanitarias en Chile. Disponible aquí.

^[x] Comisión Europea (2018, febrero 6). Art. 2.17. EU-Chile Free Trade Agreement. EU Textual Proposal: Investment and Trade in Services. Disponible aquí.

El articulo Acuerdo comercial con Europa pone en jaque las demandas constituyentes apareció primero en piensaChile.

El articulo El TPP amenaza derechos humanos apareció primero en piensaChile.

[resumen.cl] El 5 de octubre, en la ciudad norteamericana de Atlanta, concluyeron las negociaciones en torno al Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, o TPP (por sus siglas en inglés), entre Australia, Brunei, Canadá, Estados Unidos, Malasia, México, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y Chile.
En cuanto a Chile, el 9 de octubre se realizó la primera reunión del “Cuarto Adjunto”, que la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales ha definido como un “espacio de información, diálogo y debate que ayudará a definir las posiciones de Chile en esta negociación”, lo cual constituye una mofa para la comunidad, si se considera que los cabildeos ya habían terminado cuatro días atrás y que el contenido de los capítulos del TPP permanecen en secreto por decisión de quienes lo rigen.
En fecha próxima el Congreso chileno deberá votar si aprueba o no la adhesión de Chile a este Acuerdo, mientras que lo poco que se conoce de él es gracias a la divulgación del capítulo de “propiedad intelectual”, hecha por WikiLeaks, también el pasado 9 de octubre. Aquí, se puede leer, en el artículo QQ.A.8, que el Convenio UPOV 91 está dentro de los Acuerdos Internacionales a los cuales deben suscribir las partes integrantes del TPP. Es decir, la participación del Estado de Chile en el TPP, lo obligaría a adherir a este Convenio, el cual persigue la privatización del uso de las semillas en favor de empresas multinacionales, de las cuales, sólo diez han llegado a concentrar el 75,3% del mercado mundial de las semillas, según cálculos de ETC Group.
¿Qué es el Convenio UPOV 91 y por qué, junto con otras imposiciones del TPP, la adhesión a éste constituye una pérdida de soberanía?
En su sitio web institucional se puede leer que “la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental… La misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad”. La acepción que tiene la palabra “protección” para la UPOV, es que el uso de una variedad vegetal esté controlada por quien tenga el “derecho de obtentor” de ella.
Si bien, la UPOV se fundó en 1961, recién en 1968 se adhirieron a ella los primeros Estados (Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Reino Unido). Progresivamente fueron sumándose otros y las especies vegetales propias de estas naciones fueron sometidas al control de obtentores que han llegado a manejar prácticamente la totalidad de especies y, con ello, ejercen el dominio de su agricultura. Desde hace dos décadas, UPOV gestiona la adhesión de Estados del Tercer Mundo a su Acta de 1991 y en Chile, el año pasado, diversas organizaciones sociales consiguieron que el Gobierno de Bachelet retirara el proyecto de ley destinado a “adecuar las normas chilenas actualmente vigentes a los estándares del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (1991)”, según señalaba el documento.

El Estado de Chile, si bien, está adherido al Convenio UPOV del año 1978, no lo está al Acta de 1991 y eso constituye una gran diferencia, fundamentalmente porque en la versión de 1978 se permite a los Estados determinar las variedades vegetales dispuestas a ser otorgadas a los obtentores y, por otra parte, no se prohíbe a quienes usan variedades “protegidas” la guarda de las semillas para próximas cosechas. En cambio, en la versión de 1991 se obliga a los Estados a extender el derecho de obtención a todas las variedades vegetales presentes en el territorio bajo su jurisdicción y, además, se impide a quien no es obtentor de alguna variedad vegetal continuar ocupando el producto de la reproducción o multiplicación de sus ejemplares, sin el permiso del obtentor.
¿Cómo opera el Convenio UPOV 91?
Cuando un Estado se adhiere a este Convenio se obliga a disponer de una infraestructura institucional y jurídica para velar por el cumplimiento de sus disposiciones. En el artículo 30, sobre Aplicación del Convenio, se norma el establecimiento de una autoridad encargada de conceder derechos de obtentor. Además, se afirma que cada Estado deberá contar con una legislación adecuada para dar efecto a las normas del Convenio. Todo esto bajo el precepto del artículo 18, el cual indica que el derecho de obtentor es independiente al reglamento de cada país respecto a la producción, el control y la comercialización del material de las variedades “protegidas” y que, en cualquier caso, las normas nacionales “no deberán obstaculizar la aplicación de las disposiciones del presente Convenio”.
Como se puede entender, todo este andamiaje institucional está al servicio de los intereses del Obtentor que, según este Convenio, puede ser la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad, quien encargó tal labor o el causahabiente de estos. Para convertirse en obtentor de alguna variedad vegetal es necesario solicitar el derecho correspondiente, acreditando que “la suya” es nueva, distinta, homogénea y estable. Lo cual implica que:
-a la fecha de presentación de solicitud del derecho de obtentor, la variedad o alguna de sus partes no haya sido vendida o entregada a terceros por algún obtentor o con su consentimiento.
-la variedad se distinga claramente de cualquier otra que sea “notoriamente conocida”, es decir, que esté registrada en la UPOV.
-la variedad sea suficientemente uniforme en sus “caracteres pertinentes” a reserva de la variación previsible en su reproducción o multiplicación.
-la variedad mantenga inalterados sus “caracteres pertinentes” después de haber sido reproducida o multiplicada.
Cabe señalar que el concepto de “caracteres pertinentes” constituye una arbitrariedad, en tanto se refieren a las cualidades que interesan sólo a la UPOV en función de los propósitos del empresariado agroindustrial.
Cuando alguien se hace del derecho de obtentor de una variedad vegetal se constituye en una autoridad respecto del uso ésta. Luego de la adhesión de los países a este Convenio, las empresas multinacionales presentan múltiples solicitudes de derecho de obtentor respecto a las variedades vegetales propias de cada nación y, como no estaban registradas en la UPOV, se adjudican el derecho solicitado. De esta forma, las empresas pueden exigir diversas condiciones a quienes ocupen ejemplares de éstas, entre ellas el pago en dinero.
El artículo 14 del Convenio establece los alcances del derecho de obtentor, indicando las acciones para las cuales se requiere de su autorización si se usa una variedad “protegida” por éste. Estas son la producción, reproducción o multiplicación; la preparación para los fines de reproducción o multiplicación; la oferta en venta; la venta o cualquier otra forma de comercialización; la exportación; la importación; y la posesión para cualquiera de los fines mencionados anteriormente. El obtentor podrá establecer las condiciones y límites del uso de la variedad vegetal bajo su potestad que incluye al producto de las cosechas de ésta.
El artículo 15 de excepciones al derecho de obtentor contiene indicaciones alarmantes sobre el futuro de la agricultura de cualquier país adherido a este Convenio, pues establece, entre otras normas, que el derecho de obtentor no se extenderá a los actos realizados en el marco privado, con fines no comerciales y con el fin de crear nuevas variedades. Esta supuesta concesión, más que alivianar los efectos de este despojo de derechos, constituye una condena a un futuro de sometimiento, en tanto algunas de las acciones características de la agricultura, son precisamente el intercambio de saberes, prácticas y productos (semillas, plántulas, frutos u otros) y la mezcla entre ellos, con el propósito de satisfacer eficazmente sus requerimientos nutricionales. Por ejemplo, para llegar a producir los diversos tipos de maíz que conocemos actualmente, miles de mujeres y hombres de nuestra América fueron adecuándolos a través de su cultivo en diversas condiciones y diseminando sus semillas por gran parte del continente mediante su traspaso entre los pueblos.
Considerando estos antecedentes se puede aseverar que las condiciones impuestas por este convenio prohíben y criminalizan actos propios de cualquier sociedad que busca reproducir sus condiciones de subsistencia. Más aún, si se considera que una de las acepciones de la palabra “comercio”, según el diccionario de la RAE, es “negociación que se hace comprando y vendiendo o permutando géneros o mercancías”, perfectamente los intercambios de semillas espontáneos o rituales estarán prohibidos y, junto con ellos, todas las acciones realizadas con independencia del empresariado agroindustrial.
Parece un escarnio de parte de la UPOV la afirmación de que, si bien un país puede restringir el derecho de obtentor debe hacerlo “dentro de límites razonables y a reserva de la salvaguardia de los intereses legítimos del obtentor”. Y, como era de esperar, si la limitación al derecho de obtentor se aplica en aras del “interés público”, el Estado “deberá adoptar todas las medidas necesarias para que el obtentor reciba una remuneración equitativa”, o sea, algo parecido a una indemnización por el eventual perjuicio.
UPOV 91 y TPP
Es una perogrullada decir que los obtentores de las variedades vegetales usadas en nuestra agricultura amasarán fortunas si se concreta este plan, ya sea mediante el cobro por derecho a ocuparlas o por la recepción de “remuneraciones equitativas”. Ellos se impondrán como autoridades de facto en nuestra sociedad y el TPP es útil para blindarlos ante las restricciones que puedan sufrir.
En un comentado artículo, el Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz y el economista Adam S. Hersh han explicado que el TPP impone el uso de “sistemas de arbitraje de diferencias estado-inversor”, especies de tribunales que dirimen controversias entre empresas y los Estados de las naciones donde operan. Los autores relatan que “bajo estos sistemas de arbitraje… los inversionistas extranjeros adquieren nuevos derechos para demandar a los gobiernos nacionales en arbitraje privado vinculante en casos de que se instituyan reglamentos que ellos consideran como un factor que disminuye la rentabilidad esperada de sus inversiones”.
Recientemente se han dado diversos casos en los cuales, Estados que han restringido las operaciones de alguna empresa en su país, han sido demandados para pagar cuantiosas cantidades de dinero como resarcimiento. Algunos ejemplos son el de la tabacalera Phillip Morris que demandó al Estado de Uruguay luego de aprobarse un aumento del tamaño de la fotografía referente a los riesgos del consumo de cigarros. O la demanda de la empresa Lone Pine contra el Estado canadiense después de que en Quebec se haya decretado una moratoria a la extracción gasífera mediante fractura hidráulica, por las nefastas repercusiones ambientales propias de esta actividad. Y, muy cerca, este año el Estado de Argentina fue condenado a pagar 405 millones de dólares a la empresa Suez por haber rescindido el contrato de concesión de los servicios de agua potable y alcantarillado el año 2006. La acusación de Suez se refería a la supuesta arbitrariedad con la cual actuó el Estado. Aunque hay muchos otros casos y se estima la multiplicación de estos con la entrada en vigencia del TPP, se puede augurar cómo se castigarán las “arbitrariedades” sufridas por las transnacionales.
En cuanto al Convenio UPOV 91 se puede aseverar que el mentado propósito de la “protección” de la variedades vegetales se refiere en realidad, al interés de la agroindustria por controlarlas, despojando a la comunidad de un derecho que parecía inalienable, pero, como se ve, está a punto de ser arrebatado.
Cada vez se hace más patente la necesidad de organizaciones y acciones de defensa y propuesta ante las agresiones sufridas por la sociedad chilena en su conjunto. La soberanía radica en la posibilidad de las comunidades de decidir eficazmente los modos de satisfacer sus necesidades y concretar sus objetivos.
En cuanto a la alimentación, hace mucho que la decisión sobre lo que comemos depende del poder adquisitivo de cada cual, condenando a la mayoría de la población a una dieta pobre nutricionalmente y nociva. Por su parte, la adhesión a este Convenio amenaza con pauperizarla más todavía.
Día a día los escándalos propios de la mafia político empresarial nos confirman que no habrán congresistas que voten “en conciencia”, sino que todo lo conseguido será producto del ejercicio de la presión social.
*Fuente: Resumen

El articulo UPOV 91 ataca de nuevo. Aprobación del TPP implica la privatización de las semillas apareció primero en piensaChile.

16 de enero de 2015
“El estudio  sobre alternativas de protección jurídico-normativa y de otra índole para semillas y prácticas tradicionales relacionadas con la agricultura, dado a conocer esta semana por ODEPA (Oficina de Planificación Agraria) y realizado por docentes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile junto a otros académicos, es una propuesta funcional a la reactivación del proyecto de  Ley Monsanto (Ley de Obtentores Vegetales). No aborda el convenio UPOV 91, la principal amenaza  legal que se cierne sobre la semilla,  la agricultura familiar campesina y la biodiversidad”, afirma María Elena Rozas, coordinadora nacional de RAP-Chile, organización miembro de la campaña Yo No Quiero Transgénicos en Chile.  Lucía Sepúlveda, encargada del área de semillas de la organización agrega: “No vamos a legitimar ningún truco del gobierno que esté orientado a ocultar o maquillar los verdaderos objetivos de la Ley de Obtentores Vegetales. Seguiremos adelante con la campaña de defensa de la semilla campesina e indígena, junto a todos los consumidores que buscan contar con alimentos sanos y quieren alimentar a sus familias con alimentos libres de transgénicos, patentes y plaguicidas.”
El tema de la semilla y su efectiva protección no ha sido una preocupación del Estado chileno en sucesivas administraciones.  Pero la campaña ciudadana contra la Ley Monsanto obligó a la Presidenta Bachelet a suspender en marzo de 2014 la tramitación del  cuestionado proyecto e iniciar  la búsqueda de diferentes mecanismos para viabilizar ley, tales como el estudio [1] que comentamos y la redacción de indicaciones al proyecto original, dadas a conocer por el Ministerio de Agricultura en un proceso unilateral  que no ha tenido carácter nacional ni ha significado una rectificación de las ideas centrales del proyecto. Tampoco lo ha hecho coherente con la soberanía alimentaria, objetivo que había señalado la propia mandataria durante su campaña electoral.
UPOV 91 es lo central
Al revés de los consultores que realizaron este estudio, las organizaciones sociales, campesinas y ambientales tenemos  muy claros los objetivos centrales del proyecto de ley de Obtentores Vegetales: promulgar el convenio UPOV 91 que cercena derechos fundamentales de los y las campesinas e indígenas, amenaza la biodiversidad y pavimenta el camino para la expansión de los transgénicos y su introducción al mercado interno. Así quedan a disposición de los obtentores (las grandes transnacionales) todas las semillas tradicionales que podrán ser “puestas a punto” o “descubiertas” para  luego ser registradas a nombre de las empresas.  Todos los agregados que se hagan a esta ley pretendiendo resguardar los derechos campesinos serán letra muerta frente a la preeminencia  del convenio internacional, como ha ocurrido en otros países. La decisión del gobierno de eludir la consulta indígena respecto de la Ley Monsanto y de realizar reuniones sobre las modificaciones a la ley sólo en Santiago, agravan la situación. La consultoría por su parte, de la que participa el vicedecano de la Facultad de Agronomía, Carlos Muñoz, Presidente del Comité de FitoMejoradores creado por ANPROS en 2008, limitó su investigación a un estrecho universo con baja participación campesina (un total de unos 60 participantes en dos talleres en Santiago y uno en Temuco,)   que excluyó  a organizaciones campesinas históricas como ANAMURI  y a otras organizaciones ambientales con investigación y trabajo en el tema como RAP-AL.
RAP-AL ha manifestado públicamente que no se necesita una ley de obtentores e hizo entrega en cambio, en esta oportunidad, a la directora de ODEPA, Claudia Carbonell de las propuestas de políticas públicas a favor de la agroecología  elaboradas por  organizaciones campesinas, ambientales y de consumidores de todo el país en un taller realizado con ese fin en Santiago en agosto de 2014.
Privatización de la semilla
Las propuestas del estudio encargado por ODEPA  apuntan  en lo central a fortalecer formas de protección intelectual de la semilla, como son los registros de semillas tradicionales,  y son consistentes con el contenido de la versión 2 del proyecto de Ley Monsanto  que el gobierno chileno reactivará en forma pronta, al parecer  sin realizar la consulta indígena. Otras propuestas de este mismo estudio, van en sentido contrario y apuntan a resguardar los derechos de los campesinos a vender, usar e intercambiar libremente la semilla,  pero estas buenas intenciones pierden todo sentido si se promulga el convenio UPOV 91. La Ley Monsanto, al ser promulgada precisamente derogaría la actual ley de semillas que los consultores proponen modificar. Los académicos hacen recomendaciones sobre varios instrumentos internacionales como el Protocolo de Nagoya y el TIRFA (sobre Recursos Fitogenéticos, de FAO) pero no se pronuncian sobre el UPOV 91 ni sobre el Protocolo de Cartagena, pese a mencionar el Convenio de Biodiversidad. Cuando en 2011 el Tribunal Constitucional analizó –a pedido de 21 senadores- la legalidad del convenio UPOV 91 aprobado por el Senado, entre quienes defendieron la privatización de la semilla estuvo Carlos Muñoz, en representación del Comité de Fitomejoradores ligado a ANPROS, la Asociación Nacional de Productores de Semillas.
Transgénicos y centros de origen
El estudio licitado por ODEPA aborda la relación entre la existencia de cultivos transgénicos y la protección de la semilla campesina, y de forma implícita avala la coexistencia entre estas dos formas antagónicas de cultivo. Las consecuencias de la adscripción al Convenio UPOV 91 incluyen en la práctica la expulsión de los campesinos de su territorio, facilitando la expansión de los cultivos transgénicos y su introducción al mercado interno.
La contaminación de los cultivos tradicionales o convencionales por transgénicos, es un riesgo real y los daños están comprobados en Chile y otros países.  Sin embargo ,los consultores y agrónomos Ricardo Pertuzé,  Carlos Muñoz  y Dinko Covacevich no consideran que sea necesario exigir al SAG que monitoree la posible contaminación genética de los cultivos emparentados con maíz transgénico. Esa propuesta de protección fue presentada en el estudio  en forma separada por M. Isabel Manzur (Chile Sustentable), Salvador Millaleo (experto en derecho indígena)  y Blanche Magarinos-Rey (abogada francesa de la ong Kokopelli), quienes también integraron el equipo consultor.  Los citados académicos de la Facultad de Agronomía  de la Universidad de Chile se manifiestan contrarios a que los nuevos cultivos transgénicos se sometan un estudio de impacto ambiental, propuesta apoyada por los consultores  disidentes. Esto, por lo demás, es parte de la actual legislación aunque no se ha elaborado el reglamento respectivo.  Muñoz, Pertuzé y Covacevich sostienen que sólo el Ministerio de Agricultura debe intervenir en las autorizaciones, haciéndolo caso a caso y sin Evaluación de Impacto Ambiental.
El estudio también incluye un análisis de la legislación comparada pero omite mencionar la moratoria a los transgénicos vigente en Perú como medida de protección a la semilla. El equipo consultor no incluye la moratoria a los transgénicos entre las propuestas a ser consideradas o incorporadas y dedica  escaso espacio a la relación entre la semilla y la ingeniería genética y a las consecuencias de ello.
En el curso de la presentación de esta consultoría ante la sociedad civil, la directora de ODEPA, Claudia Carbonell, confirmó que los consultores conocieron   la versión 2 de la Ley de Obtentores Vegetales (Ley Monsanto), elaborada por Hugo Martínez, asesor del ministro Furche, cuyo contenido ya fue rechazado por organizaciones ambientales y campesinas en las reuniones en que se presentaron estos agregados. No entregó fechas para el reinicio de la tramitación en el Senado de la Ley Monsanto pero afirmó que el estudio y la revisión de la ley habían sido procesos paralelos.
RAP-Chile, junto a la campaña YNQT en Chile llama a las organizaciones sociales, campesinas, ambientales y de consumidores a mantenerse unidas y alerta frente a este nuevo intento de aprobar una ley que sólo beneficia a las transnacionales del agronegocio,  y que constituye una amenaza para la biodiversidad,  la agricultura familiar campesina y la soberanía alimentaria,  vulnerando también el derecho a la alimentación sana que  todos y todas tenemos.
 
[1] http://www.odepa.cl/estudio/estudio-alternativas-de-proteccion-juridico-normativa-y-de-otra-indole-para-semillas-y-practicas-tradicionales-relacionadas-con-la-agricultura-utilizadas-y-mantenidas-por-agricultoras-y-agri/
Comentario:
Luego de analizar el contenido del documento dado a conocer por ODEPA y elaborado por un equipo de consultores hemos considerado necesario dar a conocer nuestro rechazo a esta nueva maniobra pro Ley Monsanto.
(Licitación ganada por la Facultad deAgronomía de la U de Chile con un equipo ad-hoc.) Los agrónomos de la U tienen una posición pro UPOV 91y algunos lo han manifestado así antes, entre ellos Carlos Muñoz y Ricardo Pertuzé.​
Hacemos llegar a Ustdes el PDF del estudio (son como 100 páginas).

El articulo RAP-Chile reafirma su rechazo a la Ley Monsanto y a todo mecanismo funcional a su aprobación apareció primero en piensaChile.

1. 1.       «… Nuestro compromiso es mejorar la calidad de vida del agricultor, aumentar la productividad de los cultivos, disminuyendo el uso de recursos naturales. » –

R: Mejorar la calidad de vida del agricultor desplazándolo de sus tierras, arruinándolo económicamente cuando no les alcanza para pagar el royalty y la estratosférica cantidad de agrotóxicos necesarios asociados a los cultivos GM, liquidarle la salud y la de su familia por la cantidad de veneno que respiran, y por el agua y el suelo contaminados.
Aumentar la productividad de los cultivos, es un tema aun en discusión, estudios muestran que después del 4 o 5 año de aumento en la producción (si es que lo logra) empieza a disminuir (Failure to Yield, Sustainability and innovation in in staple crop production in the US Midwest), y los costos de los insumos aumentan (precios de las semillas se va disparando año tras año, agrotoxicos cada vez más caros, potentes y en mayor cantidad), además del tema de la resistencia al glifosato de malezas e insectos, costo adicional…
2. «… Pero hoy generamos impacto positivo en la calidad de vida, el medioambiente y en la salud de los consumidores. Creamos una variedad de soya que acumula ácidos grasos omega3; en Chile hicimos los estudios de campo que le permitieron a Monsanto desarrollar el primer maíz resistente a sequía y decidimos entregar esta tecnología a cero costo en varios países de África. »
R- Puede que la soya sea alta en Omega 3, pero está reventada en agrotóxicos (niveles impresionantemente más altos que la norma permitida), pero eso no te lo dicen (http://www.testbiotech.de/sites/default/files/TBT_Background_Glyphosate_Argentina_0.pdf)...
Uno se preguntará si eso tendrá efectos en la salud de las personas… la respuesta obvia sería «sí», pero no se puede confirmar, porque no se han hecho estudios epidemiológicos; el maíz resistente a la sequía no está «desarrollado», todavía es experimental y con el cambio climático, no saben qué tan efectivo será en realidad, el altruismo de Monsanto de «regalar» la tecnología en Africa a costo 0 es una conocida estrategia para ganar terreno en el mercado local de semillas y asentar – aún más- el monopolio semillero en la región, pero eso tampoco te lo dicen.
3. «… Esa ley existe en Chile desde 1994 que es la UPOV 78 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), pero una de las negociaciones para el TLC con Estados Unidos fue actualizar la ley de propiedad intelectual vegetal. Eso es lo que se discute en Chile y busca proteger a la persona que gastó tiempo, esfuerzo y recursos en desarrollar una variedad en que se tardó 10 a 15 años. Cuál es nuestra posición: revisen la ley todo el tiempo que sea necesario. Nosotros como Monsanto no necesitamos la ley para operar«-
La persona que gastó «tiempo, esfuerzos y recursos» ya está siendo remunerada con UPOV78 Y TRIPS (OMC) de forma más que contundente, UPOV91 tiene la gran diferencia que convierte los derechos del agricultor en un delito (intercambio, guarda, resiembra), por lo tanto, se traduce en más ganancia para los «certificadores» y «obtentores» (o sea, personas como Erik Von Baer, la industria (Monsanto, Pioneer, Syngenta), ANPROS y el actual Ministro de Agricultura, Luis Mayol), por supuesto que no necesitan esa ley para operar porque la ley ya existe, el marco legal funciona hace rato.
Chile no tiene necesidad de aplicar UPOV en cualquiera de sus versiones, las obtenciones vegetales están más que protegidas con la cláusula TRIPS de la Organización Mundial de Comercio (Chile podría des- adherirse de UPOV mediante decreto del Presidente)
4. «… El otro gran cuestionamiento es que, de nuevo, Monsanto y sus secuaces estaban calladitos haciendo esto para apropiarse de la quínoa y el merkén y todas las semillas autóctonas…, yo les digo: regulemos. Proponemos hacer un arca de Noé con todas las semillas de Chile primero. Un barrido completo y, una vez que todo el mundo sienta que el patrimonio nacional está bien protegido, vemos la ley.»

-¿Por qué tendríamos que «regular» un negocio que nos dejaría con la agrobiodiversidad destruida y privatizada?
 
¿ Por qué tendríamos que hacer un «Arca de Noé» para «proteger» lo que es de todos, más aún de los pueblos originarios y campesinos, echar por la borda costumbres y herencias de cientos de años y arrastrarlos a que cumplan leyes que no entienden ni tendrían por qué entender para que delincuentes biopiratas puedan operar legalmente en nuestro territorio?
5. «… Hay que aclarar también que es falso que cualquier empresa pueda patentar las semillas de los pequeños agricultores o de grupos indígenas. La ley regula derechos de nuevas variedades vegetales, es decir, por definición todas aquellas variedades ancestrales antiguas no son sujeto de protección intelectual.»
R:  Para tener «nuevas variedades» necesitas de una variedad «madre» para hacer las «mejoras» y crear una variedad «nueva»…¿ De dónde creen que sacan esa «materia prima»?
Obvio, les tendrían que pagar una especie de «finders fee» a los indígenas o agricultores que aporten esa «semilla madre»¿ verdad?
No, no les pagan ni un peso, y más encima después vienen y dicen «Oye, tu semilla se parece a la mía, te voy a demandar por infracción a la ley de propiedad intelectual». Negocio redondo.
6. «No hemos hecho el esfuerzo necesario para explicar a las personas qué es una planta transgénica, cómo se produce y por qué son seguras. Entendamos que ni los pimentones, ni el melón, ni el maíz, ni los tomates, ni las cebollas de la forma en que los conocemos hoy nunca existieron en la naturaleza. Existieron en forma silvestres y la humanidad a través de mejoramiento genético desarrolló este tipo de productos.»
R: No necesitamos que nos «expliquen» lo que es una planta transgénica, lo sabemos perfectamente, menos de parte de una industria que insiste en hacer de un transgénico y un híbrido un sinónimo. NO ES LO MISMO.
Un híbrido es de lo que habla la entrevista, mejora genética a través de los años y esfuerzo de agricultores/ pueblos que, a través de la polinización cruzada, se crean nuevas variedades, siempre cruzando vegetales de la misma familia.
La  transgenia se hace en laboratorio, «metiendo mano» a los genes de forma aislada, y cruzando genes que no son de la misma familia, y a veces, no son siquiera del mismo reino (animal- vegetal). No están ni cerca de ser comparables, mucho menos sinónimo.
7. «Toda planta transgénica antes de ser utilizada debe ser aprobada por una autoridad regulatoria y para ello se lleva a cabo una gran cantidad de estudios que analizan aspectos, como inocuidad alimentaria hacia animales y personales, pero también hacia el medioambiente. Lo que dice la OMS, la FAO, una gran cantidad de academias científicas, más de 20 premios nobeles, es que lsa plantas transgénicas son seguras desde una perspectiva de inocuidad. Eso debería entregar tranquilidad a la población.»

R:  Todos sabemos lo que está pasando con la «ciencia»; los «científicos» y los «journals» (Revistas donde los científicos publican sus experimentos) los «reguladores» y los «gobiernos», acomodando estudios, despachando leyes que convienen y adecúan a la industria, mientras le quitan derechos a ciudadanos… la «inocuidad» de los transgénicos fue decidida por la Organización Mundial de Comercio junto con la industria («equivalencia sustancial»), y no por un ente científico. ¿Tranquilidad?
8. El «tema Séralini» es un tema muy polémico, pueden ver más detalles en www.gmoseralini.org

9. «Pero la UE es importador de granos transgénicos que se usan como materia prima en alimentación.»
R:  Alimentación animal, no «alimentación» en genérico, pero eso no te lo dicen. Es cierto, se exportan transgénicos para alimento animal en Europa, pero ya los están empezando a prohibir también como alimento animal (como es el caso de Turquía).
10. «… Hubo una discusión en la industria de por qué no abrimos la información, hagamos público el mapeo, pero con todo este tema de la polémica los agricultores no van a querer que vayan los activistas y les quemen los cultivos. Ahora, todo el mundo sabe dónde están los cultivos transgénicos, no exactamente el punto GPS, pero las zonas maiceras son nichos muy definidos. Si voy al valle de Talca, a San Clemente, ahí está la zona donde mejor se dan.»
R: Lo que no quieren es perder negocio y que las demandas se acumulen. Los agricultores se van dando cuenta por sí solos el pésimo negocio en el que se metieron, y, los que se pueden salir, deben gastar mucha plata para arreglar el daño gigantesco de sus tierras de los químicos y monocultivo que les dejó el suelo inutilizable.
Ver también:
Los Transgénicos: Todo lo que Ud. necesita saber para defenderse de ellos
Una completa guía para luchar contra los transgénicos

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