oea – piensaChile https://piensachile.com Tu ventana libre... Sat, 03 Aug 2024 14:35:28 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.8.13 https://piensachile.com/wp-content/uploads/2021/03/cropped-favicon-32x32.png oea – piensaChile https://piensachile.com 32 32 Héctor Bejar (Perú) le puso fin al Grupo de LIMA y analiza la situación en Perú https://piensachile.com/2024/08/03/hector-bejar-peru-le-puso-fin-al-grupo-de-lima-y-analiza-la-situacion-en-peru/ https://piensachile.com/2024/08/03/hector-bejar-peru-le-puso-fin-al-grupo-de-lima-y-analiza-la-situacion-en-peru/#respond Sat, 03 Aug 2024 14:34:29 +0000 https://piensachile.com/?p=91243 El sociólogo, escritor, politólgo y revolucionario peruano Hector Bejar, nos comparte su lectura sobre la nueva crisis venezolan en el nuevo contexto geopolíto global. El breve paso de Béjar por la Cancillería durante el gobierno de Pedro Castillo, sería el incio del fin del llamdo GRUPO DE LIMA

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]]> 03 de julio de 2024

El sociólogo, escritor, politólgo y revolucionario peruano Hector Bejar, nos comparte su lectura sobre la nueva crisis venezolan en el nuevo contexto geopolíto global. El breve paso de Béjar por la Cancillería durante el gobierno de Pedro Castillo, sería el incio del fin del llamado Grupo de Lima.

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]]> https://piensachile.com/2024/08/03/hector-bejar-peru-le-puso-fin-al-grupo-de-lima-y-analiza-la-situacion-en-peru/feed/ 0 «América para todos» o la Doctrina López Obrador https://piensachile.com/2022/06/11/america-para-todos-o-la-doctrina-lopez-obrador/ https://piensachile.com/2022/06/11/america-para-todos-o-la-doctrina-lopez-obrador/#respond Sat, 11 Jun 2022 13:58:35 +0000 https://piensachile.com/?p=78615 “La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”.

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]]> 11 de junio de 2022

-El autor, Marcelo Ebrard, es Secretario de Relaciones Exteriores de México

En las últimas semanas ha tenido lugar un debate acerca de la forma en que debemos relacionarnos entre nosotros, los países de América; una nueva reflexión en cuanto a si resulta pertinente, posible y deseable un proyecto de integración entre las naciones de nuestro continente. Esta discusión fue detonada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que condicionaría su participación en la IX Cumbre de las Américas –que se celebra esta semana en Los Ángeles– a que los anfitriones estadunidenses extendieran invitaciones a todos y cada uno de los Estados americanos.

Pese a los esfuerzos de las diplomacias mexicana, estadounidense y de los tres países excluidos para acercar posiciones, no se alcanzó un punto de acuerdo y, en consecuencia, Cuba, Venezuela y Nicaragua quedaron fuera de la convocatoria a la reunión hemisférica, con el argumento de que carecen de regímenes democráticos, característicos del resto de la región.

Ante esto, y según lo anunciado previamente por el presidente López Obrador, la representación de México en la cumbre estará a cargo de un servidor, en mi calidad de secretario de Relaciones Exteriores.

Algunos observadores han interpretado esta postura como una decisión precipitada, motivada por la ideología de izquierda de nuestro gobierno. En sus argumentaciones señalan, de manera errónea, que el presidente López Obrador optó por alinearse o “defender” a aquella tríada de “dictaduras latinoamericanas” en detrimento de Estados Unidos –no sólo una democracia plena, sino nuestro mayor socio comercial–, y concluyen que México perdería demasiado –el favor de nuestro vecino, que es la primera potencia económica global– a cambio de muy poco –la defensa de tres Estados autoritarios con los que no tenemos relaciones económicas de peso–. Otra línea de cuestionamiento es que México no debería expresar ni desarrollar posiciones de política exterior no ceñidas a las de Washington. Para un interlocutor sin el contexto adecuado, esto resulta persuasivo, pero se trata de planteamientos simplistas y falaces.

Lo que ha hecho México va más allá de defender o tomar partido por Caracas, La Habana y Managua frente a Washington. El gobierno de López Obrador –un demócrata incuestionable– no reniega del régimen democrático y de respeto a los derechos humanos del que es el principal artífice en su fuero doméstico: lo que está haciendo México es recuperar su mejor tradición de política exterior, aquella que pondera el respeto al derecho internacional y cuya piedra angular es la defensa del no intervencionismo, ambos elementos fundamentales cuando se aspira a erigir una arquitectura continental renovada.

Expresado con otras palabras, el Presidente defiende así el principio de no intervención y acusa las contradicciones del principio de intervención selectiva. Lo hace por un tema de valores y principios, sí, pero también como un cálculo estratégico y con la vista puesta en la construcción de un arreglo inédito de relaciones políticas y económicas en el continente americano para el siglo XXI.

En los siguientes apartados argumento:

I) Que la batalla por la inclusión universal es consistente con la tradición diplomática y las necesidades estratégicas de México.

II) Que la exclusión de tres países latinoamericanos de la IX Cumbre de las Américas resulta inconsistente, si no es que contradictoria con la realidad que impera en otras organizaciones internacionales de gran importancia como el G20 y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que es cuestionable desde un tema de legalidad panamericana.

III) Que las sanciones políticas y económicas impuestas como instrumentos para el cambio de regímenes políticos han fallado en forma recurrente y, usualmente, sólo han provocado daño a la población civil.

Por último, apunto que los principios de inclusión, respeto al no intervencionismo y apego al derecho internacional son fundamentales para implementar la visión del presidente López Obrador y otros líderes que consideran necesaria una mayor integración de las Américas ante el ascenso económico y político de otros bloques y potencias.

I

En primer lugar, la posición de México en esta coyuntura recupera la mejor tradición de nuestra política exterior y se halla muy lejos de constituir una ocurrencia. A lo largo de nuestros más de 200 años de existencia como Estado independiente, sucesivas generaciones de líderes mexicanos entendieron a golpes de realidad –desde invasiones hasta pérdidas de territorio– que enfrentábamos una situación de desventaja ante Estados Unidos y potencias europeas como Francia, Reino Unido y España, dadas las diferencias en el tamaño de nuestras economías y ejércitos.

Para compensar o atemperar el desbalance, nuestros dirigentes y diplomáticos comprendieron que en el interés estratégico de México se encuentra postular la prevalencia del multilateralismo, el no intervencionismo y el derecho internacional. Esa tradición tiene sus raíces en el pensamiento juarista y está consagrada en los postulados de la Constitución de 1917 y en la doctrina formulada por Genaro Estrada en 1930, que no sólo representan valores abstractos, sino que se desarrollaron durante decenios con base en el interés nacional.

Cuando fue secretario de Relaciones Exteriores de México (1970-1975), Emilio Rabasa Mishkin escribió que “nada se ha inventado nuestra política exterior, es consecuencia inmediata y lógica de la azarosa historia nacional”. Por su parte, Bernardo Sepúlveda Amor, durante su gestión como canciller (1982-1988), explicó de este modo la razón de ser de nuestros principios de política exterior: México defiende algo más que meros postulados teóricos, defiende su derecho a ser un pueblo soberano frente a los demás pueblos. Se trata, por otra parte, de principios cuya violación México ha sufrido en experiencia propia a lo largo de su historia y cuya validez universal y acatamiento constituirían un valladar para la defensa del país.

II

En segundo lugar, la exclusión de países de esta IX Cumbre de las Américas y de otros mecanismos de gobernanza continental, en especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), no sólo está en contra de los principios de México, sino que además resulta inconsistente, por no decir contradictoria, con la realidad que prevalece en la membresía de la mayoría de las organizaciones de gobernanza global.

En el G20, por ejemplo, durante muchos años las naciones occidentales han convivido, negociado y acordado con regímenes que ellos mismos califican, en otros foros, como no democráticos –como los excluidos de la cumbre de Los Ángeles–. ¿Por qué? Porque es necesario: así lo requiere el funcionamiento correcto de la economía global, del comercio internacional y de las relaciones políticas entre los países. En las Naciones Unidas, una mayoría de Estados miembros no son considerados por los países occidentales como democracias plenas, cuando no calificados como autoritarios. De aceptarse el postulado que se pretende imponer a la Cumbre de las Américas, no existirían la ONU ni el G20 ni el Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico (APEC), o al menos tendrían una membresía debilitada y resultarían inoperantes.

En este 2022, en que se celebrará la IX Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, el gobierno de Estados Unidos –ese mismo que ha excluido de la reunión continental a tres países latinoamericanos por la naturaleza de sus regímenes– ha impulsado un acercamiento con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental y lanzado el Marco Económico del Indo-Pacífico, en los que varios de sus integrantes carecen de regímenes con el estándar democrático exigido a Cuba o Venezuela. Se trata entonces de que la denominada cláusula democrática no se aplica por igual en todos los casos, sino sólo en algunos, cuando es conveniente.

III

En tercer lugar, por principio, ningún país tendría el derecho de excluir a otro de la participación en la Cumbre de las Américas. Es decir, la membresía en la Cumbre de las Américas no es –ni ha sido– una prerrogativa del país anfitrión. Puesto de otro modo: la Cumbre de las Américas es o debería ser de todos, no de quienes la hospedan. A la letra, el artículo 10 de la Carta de la OEA reconoce que los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de iguales derechos e igual capacidad para ejercerlos, en tanto que el artículo 19 defiende la no intervención, un valor fundamental de convivencia entre los miembros.

Y el artículo 20 complementa el principio de no intervención a una escala panamericana, al prohibir las medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. Ciertamente, la evolución del sistema panamericano ha puesto la promoción de la democracia como uno de sus más altos valores, sin dejar de lado el principio de no intervención.

La vigencia de la Carta Democrática Interamericana, veinte años despuésEn septiembre de 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana, en cuyo artículo segundo se establece que la democracia representativa es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados miembros de la OEA. No obstante, la Declaración de la Ciudad de Quebec, emanada de la III Cumbre de las Américas (2001), establece que los países acordamos “llevar consultas en caso de una ruptura del sistema democrático de un país que participe en el proceso de cumbres”. Tales consultas no tuvieron lugar antes de decidirse la exclusión para Los Ángeles, por ejemplo, de Cuba, país que ya había sido invitado a participar en las últimas dos reuniones continentales.

Aquí es pertinente apuntar que la exclusión de foros políticos forma parte de un cuerpo de sanciones más amplio, que contemplan embargos u otras medidas de boicot o presión económica, cuyo fin último es modificar el régimen político de un país. La visión de México consiste en que, además de ser expresiones de un intervencionismo inaceptable, representan herramientas inefectivas de política, cuyos efectos negativos se sienten en el largo plazo entre la población de las naciones afectadas. Estados Unidos mantiene contra Cuba el régimen de sanciones económicas más antiguo de cualquier parte del mundo.

Tras más de 60 años, el principal objetivo de las mismas no se ha conseguido; a saber: el derrocamiento del régimen revolucionario en esa nación del Caribe. Resulta imposible Una propuesta por el levantamiento del bloqueo contra Cuba llega al Pleno municipal de Teruelcalcular el costo humano del bloqueo: han sido décadas de separación de miles de familias cubanas; sin embargo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) ha cifrado en 130 mil millones de dólares las pérdidas de la economía cubana a causa de las sanciones estadunidenses: un monto superior a su PIB. En plena pandemia, el bloqueo a la isla, por ejemplo, imposibilitó a empresas vender el combustible que requerían los hospitales cubanos para operar sus plantas de electricidad.

* * *

Hasta aquí he argumentado que la decisión del presidente López Obrador de oponerse a la exclusión de países de la IX Cumbre de las Américas es consistente con nuestra tradición de política exterior; contradictoria con la realidad imperante en otras organizaciones e instituciones internacionales en las que participan Estados Unidos y las democracias occidentales, como la ONU y el G20, y congruente con los principios fundacionales de la OEA y lo establecido en la Declaración de Quebec.

Falta, sin embargo, señalar que es indispensable un criterio de inclusión y respeto al principio de no intervencionismo que favorezca un nuevo orden interamericano, uno de mayor integración, como el planteado con visión de estadista por el presidente de México ante el ascenso de otras potencias y regiones.

López Obrador aseguró que reunión de la Celac ocurrió en ambiente de mucho respeto: “No tenemos problema con ningún gobierno” - InfobaeEn su ya célebre discurso pronunciado el verano pasado ante cancilleres de países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el Castillo de Chapultepec, López Obrador propuso un nuevo arreglo interamericano que deje atrás la historia de agravios que caracterizó la relación de Estados Unidos con sus vecinos latinoamericanos durante buena parte de los últimos 200 años:

“La propuesta es, ni más ni menos, construir algo semejante a la Unión Europea, pero apegado a nuestra historia, a nuestra realidad y a nuestras identidades. En ese espíritu, no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia”.

Discurso del Presidente Manuel López Obrador ante Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en el Castillo de Chapultepec, sábado 18 de septiembre 2021

Así lo expuso entonces y volvió a plantear su visión en noviembre pasado, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte. En el Salón Este de la Casa Blanca, ante al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, López Obrador alertó una vez más acerca de la posible pérdida de peso relativo que tendría la economía norteamericana y llamó a una mayor integración económica y movilidad laboral entre los países del continente.

Una escuela de pensamiento en México y América Latina ha postulado durante décadas que nuestros países deben plegarse sin cuestionar las decisiones de política exterior de Washington. Otras, en el polo opuesto, son sistemáticamente antiestadounidenses. En el gobierno del presidente López Obrador, nuestra convicción es que podemos y debemos tener autonomía en nuestras decisiones de política exterior, cuando ello sea acorde a nuestros principios e intereses. Así ocurrió, por ejemplo, en 1962, cuando nos opusimos a la expulsión de Cuba de la OEA. Nuestro postulado es que el arreglo necesario para las Américas debe constituirse con base en el diálogo y el respeto a las diferencias de los países del continente.Américas En El Globo Político Con Las Banderas Stock de ilustración - Ilustración de estados, bandera: 88022041

Esta IX Cumbre de las Américas podría haber sido el momento de retomar el camino iniciado por el presidente Barack Obama en la cita de 2015, en la ciudad de Panamá. El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, bajo su administración, es el mejor ejemplo de que debemos y podemos construir en este continente políticas que beneficien a nuestros pueblos, incluso desde las más profundas diferencias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha hablado de la urgencia de apuntalar el sistema interamericano de manera que se convierta en una comunidad de naciones soberanas, cada vez más y mejor integrada para afrontar los retos del llamado “siglo del Pacífico”. Es una propuesta que abona al bienestar de las naciones latinoamericanas, pero también de Estados Unidos ante el declive de su peso relativo en la economía y la geopolítica mundial. Frente a este desafío, la disyuntiva implica permitir la prevalencia del intervencionismo y la desconfianza, o bien transitar hacia un nuevo panamericanismo fundado en el respeto para todas las naciones y que derive en mejores condiciones de bienestar para nuestros pueblos.

Para nosotros resulta claro: creemos que una América de todos y para todos es posible.

-El autor, Marcelo Ebrard, es Secretario de Relaciones Exteriores de México

*Fuente: SurySur

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]]> https://piensachile.com/2022/06/11/america-para-todos-o-la-doctrina-lopez-obrador/feed/ 0 La libertad de opinión en EE.UU. https://piensachile.com/2022/06/11/la-libertad-de-opinion-en-ee-uu/ https://piensachile.com/2022/06/11/la-libertad-de-opinion-en-ee-uu/#respond Sat, 11 Jun 2022 09:15:11 +0000 https://piensachile.com/?p=78605 Asi es como entiende "el gigante del norte" la democracia y la libertad de opinión. Una mujer, con un megáfono en la mano expresa su opinión en la calle, defendiendo seguramente las ideas, los principios, que los grandes medios callan, tergiversan, ocultan. Que cobarde ataque el de ese policía y que valentía y coraje el de esa mujer, que derribada al suelo, sigue enfrentando al poder armado.

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]]> Asi es como entiende «el gigante del norte» la democracia y la libertad de opinión. Una mujer, con un megáfono en la mano expresa su opinión en la calle, defendiendo seguramente las ideas, los principios, que los grandes medios callan, tergiversan, ocultan. Que cobarde ataque el de ese policía y que valentía y coraje el de esa mujer, que derribada al suelo, sigue enfrentando al poder armado.

 

«Lo que quede de aldea en América ha de despertar. Estos tiempos no son para acostarse con el pañuelo a la cabeza, sino con las armas de almohada, como los varones de Juan de Castellanos: las armas del juicio, que vencen a las otras. Trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra.»
José Martí

Nuestra América

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]]> https://piensachile.com/2022/06/11/la-libertad-de-opinion-en-ee-uu/feed/ 0 Rebelión de ‘las Américas’ por una Cumbre de las Américas que marginó a Cuba, Venezuela y Nicaragua https://piensachile.com/2022/06/05/rebelion-de-las-americas-por-una-cumbre-de-las-americas-que-margino-a-cuba-venezuela-y-nicaragua/ https://piensachile.com/2022/06/05/rebelion-de-las-americas-por-una-cumbre-de-las-americas-que-margino-a-cuba-venezuela-y-nicaragua/#respond Sun, 05 Jun 2022 06:29:26 +0000 https://piensachile.com/?p=78596 La novena edición de la Cumbre de las Américas se celebrará en los próximos días en Los Ángeles, EE.UU. Como muestra de su compromiso con las "voces históricamente marginadas", EE.UU. excluyó de la convocatoria a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Seguramente consideraban que los países del hemisferio sur contestarían como deben de hacerlo habitualmente: agachando la cabeza y poco más. Y ahí es cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo inesperado para el organizador.

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]]> 05 de junio de 2022
La novena edición de la Cumbre de las Américas se celebrará en los próximos días en Los Ángeles, EE.UU. Como muestra de su compromiso con las «voces históricamente marginadas», EE.UU. excluyó de la convocatoria a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Seguramente consideraban que los países del hemisferio sur contestarían como deben de hacerlo habitualmente: agachando la cabeza y poco más. Y ahí es cuando las cosas empezaron a tomar un rumbo inesperado para el organizador.

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]]> https://piensachile.com/2022/06/05/rebelion-de-las-americas-por-una-cumbre-de-las-americas-que-margino-a-cuba-venezuela-y-nicaragua/feed/ 0 Nicaragua renuncia y se desvincula de la OEA https://piensachile.com/2021/11/20/nicaragua-renuncia-y-se-desvincula-de-la-oea/ https://piensachile.com/2021/11/20/nicaragua-renuncia-y-se-desvincula-de-la-oea/#comments Sat, 20 Nov 2021 15:48:52 +0000 https://piensachile.com/?p=74959 Nicaragua anunció oficialmente su renuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) dando por terminado el vínculo entre el Estado y ese organismo por sus reiteradas acciones injerencistas.

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]]> En defensa de su soberanía y dignidad Nicaragua se retira de laOEA. Organismo injerencista y agresor digitado por los EEUU.

Nicaragua anunció oficialmente su renuncia a la Organización de Estados Americanos (OEA) dando por terminado el vínculo entre el Estado y ese organismo por sus reiteradas acciones injerencistas.

El Ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada Colindres, con instrucciones del Presidente de la República Comandante Daniel Ortega Saavedra, informó al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que hoy viernes 19 de noviembre a las 8:00am se envió, al secretario general de la Organización de Estados Americanos, comunicación denunciando la Carta de la OEA.

Ver la declaración completa del canciller de Nicaragua:

 

*Fuente: WerkenRojo

 

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]]> https://piensachile.com/2021/11/20/nicaragua-renuncia-y-se-desvincula-de-la-oea/feed/ 1 Rafael Correa hunde a Luis Almagro y la OEA https://piensachile.com/2021/11/19/rafael-correa-hunde-a-luis-almagro-y-la-oea/ https://piensachile.com/2021/11/19/rafael-correa-hunde-a-luis-almagro-y-la-oea/#respond Fri, 19 Nov 2021 23:45:28 +0000 https://piensachile.com/?p=74946 En una magistral ponencia en la Feria del Libro Zócalo2021_ México, el expresidente de Ecuador #RafaelCorrea, se refirió a la necesidad de impulsar a la #CELAC como alternativa a la OEA, en ese sentido, criticó el rol de dicho organismo y su Secretario General #LuisAlmagro en las democracias en la región.

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]]> En una magistral ponencia en la Feria del Libro Zócalo2021_ México, el expresidente de Ecuador #RafaelCorrea, se refirió a la necesidad de impulsar a la #CELAC como alternativa a la OEA, en ese sentido, criticó el rol de dicho organismo y su Secretario General #LuisAlmagro en las democracias en la región.

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]]> https://piensachile.com/2021/11/19/rafael-correa-hunde-a-luis-almagro-y-la-oea/feed/ 0 La OEA, EE.UU. y la UE alimentan planes de nuevos golpes de estado en Latinoamérica https://piensachile.com/2021/11/16/la-oea-ee-uu-y-la-ue-alimentan-planes-de-nuevos-golpes-de-estado-en-latinoamerica/ https://piensachile.com/2021/11/16/la-oea-ee-uu-y-la-ue-alimentan-planes-de-nuevos-golpes-de-estado-en-latinoamerica/#respond Tue, 16 Nov 2021 13:26:50 +0000 https://piensachile.com/?p=74842 EEUU, la UE y la OEA están lanzando un nuevo intento de golpe de estado contra el gobierno sandinista de Nicaragua, negándose a reconocer sus elecciones de 2021 en la cual hubo un 65,26% de participación. The Grayzone observó la votación y desmiente los mitos mediáticos que buscan desacreditar el proceso.

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]]> 12 de noviembre de 2021

Desmintiendo mitos sobre las elecciones en Nicaragua, atacadas por EEUU, la UE y la OEA

EEUU, la UE y la OEA están lanzando un nuevo intento de golpe de estado contra el gobierno sandinista de Nicaragua, negándose a reconocer sus elecciones de 2021 en la cual hubo un 65,26% de participación. The Grayzone observó la votación y desmiente los mitos mediáticos que buscan desacreditar el proceso.

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MANAGUA, NICARAGUA – Millones de nicaragüenses fueron a las urnas el 7 de noviembre de 2021, re-eligiendo por un amplio margen al Frente Sandinista y su Presidente Daniel Ortega.

Sin embargo, la administración de Joe Biden se negó a reconocer los resultados. Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han lanzado lo que esencialmente es un nuevo intento de golpe de estado contra el gobierno sandinista de Nicaragua.

El 10 de noviembre, el Presidente Biden firmó la Ley RENACER, que impondrá más sanciones aplastantes a Nicaragua. La creciente campaña de guerra económica de Washington se complementó con la afirmación de la OEA de que la elección fue “ilegítima”.

Esta campaña de guerra híbrida que pretende derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua tiene muchos paralelos con los simultáneos intentos de golpe de Estados Unidos contra Venezuela y Cuba, así como con el golpe militar que la OEA orquestó contra el presidente socialista de Bolivia, Evo Morales, en 2019. Son las mismas tácticas y muchos de los mismos jugadores.

nicaragua election 2021 (1)
Votantes nicaragüenses en Chinandega el 7 de noviembre de 2021

Siguiendo la línea de Washington y Bruselas, los medios corporativos internacionales han difundido una serie de afirmaciones falsas sobre las elecciones de 2021 en Nicaragua, diciendo incorrectamente, por ejemplo, que el gobierno prohibió los partidos anti-sandinistas, que encarceló a los candidatos de la oposición o que la participación de los votantes fue muy baja.

A diferencia de los reporteros extranjeros que difunden estas falsedades desde Florida, Costa Rica o España, The Grayzone estuvo en Nicaragua para observar el proceso electoral.

Este periodista, Benjamín Norton, visitó cuatro centros de votación en varios puntos de Chinandega, una de las ciudades más grandes del país.

Ahí, hablé con más de una docena de votantes, para escuchar sus experiencias y conocer sus puntos de vista sobre las elecciones. Todas las personas a las que entrevisté dijeron que el proceso fue limpio, justo y transparente, y que pudieron votar sin ninguna dificultad.

 

Mito: la oposición no pudo participar en las elecciones de 2021 en Nicaragua

Aunque su corresponsal Natalie Kitroeff reportaba desde México, no desde Nicaragua, el New York Times lanzó varias acusaciones infundadas contra el gobierno sandinista, en un intento de desacreditar su victoria electoral.

Entre las más absurdas de estas afirmaciones fue que Nicaragua impidió la participación de los partidos de la oposición y cerró las mesas de votación.

Esto es simplemente falso. Había un total de siete alianzas diferentes que participaron en las elecciones de 2021 en Nicaragua: cinco partidos nacionales de oposición (todos de la derecha), otro partido de oposición regional en la Costa Caribe y finalmente la alianza izquierdista liderada por el Frente Sandinista, que a su vez estaba conformada de nueve partidos.

Los siguientes partidos compitieron en las elecciones del 7 de noviembre:

Partidos nacionales de oposición

  • Partido Liberal Constitucionalista (PLC)
  • Partido Liberal Independiente (PLI)
  • Alianza por la República (APRE)
  • Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)
  • Alianza Liberal Nicaragüense (ALN)

Partido de oposición regional en la Costa Caribe

  • Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA)

Alianza FSLN

  • Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)
  • Partido Liberal Nacionalista (PLN)
  • Partido Unidad Cristiana (PUC)
  • Alternativa por el cambio (AC)
  • Partido Resistencia Nicaragüense (PRN)
  • Partido Indígena Multiétnico (PIM)
  • Partido Movimiento Yapti Tasba Masraka Raya Nani (Myatamaran)
  • Partido Liberal Autónomo (PAL)
  • Partido Movimiento Indígena Progresista de la Moskitia (Moskitia Pawanka)

Los sandinistas crearon un sistema de autonomía política para la Costa Caribe de Nicaragua, respondiendo a las solicitudes de autodeterminación de las grandes comunidades indígenas y afrodescendientes allí.

Esto significó que, en las dos zonas distintas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), había siete opciones en la boleta en la elección de diputados regionales.

En el resto de Nicaragua, había seis opciones en la boleta, cinco de las cuales eran partidos de oposición antisandinistas.

Nicaragua 2021 election ballot parties
Las boletas de las elecciones del 7 de noviembre de 2021 en Nicaragua. A la derecha es la boleta de la Costa Caribe, con 7 opciones. A la izquierda es la boleta en el resto del país, con 6 opciones.

Mito: la participación electoral fue insignificante

Otra acusación infundada que fue difundida por los medios comerciales extranjeros para atacar la integridad de las elecciones de Nicaragua es que la participación de los votantes fue supuestamente muy baja.

Según los resultados oficiales del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, el Frente Sandinista obtuvo el 75,87% del total de 2.921.430 votos, con un 65,26% de participación.

El principal partido de la oposición, el PLC, obtuvo el 14,33%. Los otros cuatro partidos de oposición obtuvieron un 3% o menos.

EEUU y sus aliados buscaron desacreditar estos resultados electorales alegando que el CSE no es confiable. Pero cualquier persona que esté vagamente familiarizado con la historia de la política nicaragüense reciente puede ver que este resultado de 2021 es muy consistente tanto con las encuestas como con los resultados anteriores.

nicaragua election 2021 (4)
Votantes nicaragüenses en Chinandega el 7 de noviembre de 2021

En las elecciones de 2016 de Nicaragua, que fueron observadas por la OEA, el FSLN obtuvo el 72,44% de los votos y el PLC obtuvo el 15,03%, con una participación del 68,2%, cifras muy similares a las de 2021.

Y en las elecciones de 2011, que fueron monitoreadas por el Carter Center de EEUU, la Unión Europea y la OEA, el FSLN obtuvo el 62,46% de los votos.

Además, los resultados de las elecciones de 2021 no son sorprendentes si se consideran los meses de encuestas realizadas antes de la votación. La firma de encuestas más respetada y creíble en Nicaragua es M&R Consultores. (CID-Gallup hizo un estudio muy inexacto por parte de la oposición, que estaba plagada de problemas y muy criticada por su mala metodología.)

En los meses previo a la votación del 7 de noviembre, las encuestas de M&R Consultores encontraron consistentemente que entre el 60 y el 70% de los nicaragüenses apoyaban al Frente Sandinista y al gobierno del Presidente Ortega.

encuesta nicaragua mayo 2021 1

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Al considerar estas encuestas en combinación con las elecciones pasadas, los resultados de 2021 no son sorprendentes. Pero estos datos no interrumpieron la ola de desinformación que fluía de los medios comerciales extranjeros.

Varios medios de comunicación publicaron la dudosa afirmación de que sólo el 18,5% de los nicaragüenses participaron en la votación. En cada caso, la fuente era una organización sospechosa y poco conocida llamada Urnas Abiertas, que parece haber fabricado dicho dato.

De hecho, Urnas Abiertas no ha publicado sus datos públicamente, y apenas existe como organización.

Urnas Abiertas se autodenomina un “observatorio ciudadano”, pero no tiene credenciales técnicas. Su página web oficial y sus cuentas de las redes sociales no contienen información concreta sobre el grupo y ni siquiera revelan las identidades de los miembros de su personal.

El informe que publicó después de las elecciones es anónimo y consiste en sólo cuatro páginas. No incluye los datos sin procesar que supuestamente recopiló. Describe vagamente su metodología en dos breves párrafos, sin identificar a ninguna de las personas que pretendían ejecutar una operación secreta de monitoreo masivo.

Los informes anteriores de la organización también son anónimos; no identifican a ningún autor o investigador y no contienen datos, ni información sobre su metodología.

Además, los logotipos al final de sus informes anteriores muestran que Urnas Abiertas colabora con una serie de grupos de la oposición derechista en Nicaragua que son financiados por fachadas de la CIA.

Urnas Abiertas aliados ONG EEUU
Grupos de la oposición anti-sandinista en una lista de aliados publicada por Urnas Abiertas, con varias ONG financiadas por EEUU

De hecho, sólo dos personas han sido identificadas públicamente con esta organización sospechosa, y ambos son activistas parciales de la derecha que trabajan en ONGs políticas financiadas por gobiernos occidentales, sin ningún conocimiento técnico o experiencia en monitoreo de elecciones.

El hombre más vinculado a Urnas Abiertas es Pedro Salvador Fonseca Herrera, un activista anti-sandinista patrocinado por la Comisión Europea, un claro conflicto de interés, dado el papel de la UE en la financiación y el apoyo abierto a la oposición extremista en Nicaragua.

Fonseca Herrera trabajó anteriormente en Washington, DC como “consultor” de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2017 y 2018, durante el violento intento de golpe de estado respaldado por la OEA en Nicaragua.

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Pedro Salvador Fonseca Hererra de Urnas Abiertas trabajó con la OEA y ahora es patrocinado por la Unión Europea

Antes de eso, Herrera se organizó con el grupo de cabildeo llamado Techo, que también es el ex empleador de la única otra persona conocida asociada con Urnas Abiertas, Olga Valle López.

El perfil de LinkedIn de Valle López muestra que ella también ha trabajado con Techo, que es financiado por gobiernos latinoamericanos y las mayores corporaciones multinacionales occidentales, y promueve sus intereses en América Latina, desestabilizando a los gobiernos progresistas.

Fonseca Herrera y Valle López fueron identificados como “investigadores” de Urnas Abiertas en un evento realizado en octubre, organizado por el Wilson Center, que es financiado por el gobierno de Estados Unidos, y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional), un grupo de presión respaldado por gobiernos occidentales.

El evento, una charla titulada “Nicaragua elecciones 2021: Un plan doloroso para acabar con la democracia”, ni siquiera actuaba como si fuera imparcial; pretendía explícitamente desacreditar la elección en el país semanas antes de que tuviera lugar. El anfitrión, de IDEA Internacional, se refirió a la próxima votación como una “farsa electoral”.

Fonseca Herrera y Valle López hablaron junto con activistas de la oposición derechista nicaragüense y venezolana, quienes son financiados por el gobierno estadounidense. Sus comentarios incendiarios dejaron muy claro que estos dos activistas antisandinistas son operativos políticos, no observadores electorales imparciales. Ya habían establecido su conclusión de que la elección de Nicaragua fue supuestamente ilegítima semanas antes de que tuviera lugar.

La charla fue la presentación de un informe del mismo nombre que Urnas Abiertas publicó en un esfuerzo conjunto con IDEA Internacional y activistas derechistas venezolanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

A diferencia de los otros informes publicados por Urnas Abiertas, este documento nombró a los autores: tres extranjeros de IDEA Internacional, dos activistas anti-chavista de Venezuela y sólo dos nicaragüenses: Olga Valle y Pedro Fonseca.

Urnas Abiertas Olga Valle Pedro Fonseca

En otras palabras, este documento que pretendía informar a la gente sobre la situación sobre el terreno en Nicaragua fue escrito mayormente por extranjeros fuera del país. Y contó con el apoyo de un grupo de presión financiado por gobiernos occidentales y de activistas venezolanos de la UCAB, un centro clave para la oposición anti-chavista.

LA UCAB, una de las universidades privadas más elitistas de Venezuela, es dirigida por la Iglesia Católica, que ha jugado un papel importante en los intentos de golpe de estado tanto en Venezuela como en Nicaragua. Al comienzo del golpe patrocinado por Estados Unidos en Venezuela en 2019, la UCAB recibió al líder golpista Juan Guaidó. La universidad es liderada por Francisco José Virtuoso, un sacerdote ultraconservador que apoyó abiertamente el intento de golpe y a Guaidó.

Urnas Abiertas IDEA Universidad Catolica Andres Bello

En resumen, Urnas Abiertas es un pequeño grupo marginal dirigido por dos jóvenes activistas antisandinistas sin experiencia en el monitoreo de elecciones. Ni siquiera está claro si están físicamente en Nicaragua, aunque cuentan con el apoyo de los gobiernos occidentales y la oposición derechista de Venezuela.

Sin embargo, estos claros conflictos de interés y la flagrante falta de credibilidad de Urnas Abiertas no impidieron que el diario Los Angeles Times publicara un artículo alabando a Urnas Abiertas y afirmando sin la más mínima evidencia que movilizó en secreto a 1.450 voluntarios en 563 centros de votación en Nicaragua para observar las elecciones.

Considerando que Urnas Abiertas tiene menos de 1.300 seguidores en Twitter, parece extremadamente inverosímil que un equipo tan minúsculo pueda movilizar en secreto a 1.450 observadores electorales, particularmente sin llamar la atención del gobierno. Pero esto no impidió que los medios comerciales publicaran su cifra absurda.

Los medios de la oposición en Nicaragua, que son financiados por el gobierno de Estados Unidos, también amplificaron las acusaciones infundadas de este grupo sombrío, sosteniendo un 81,5% de abstención en las elecciones de 2021. Pero una vez más, no presentaron pruebas para respaldar estas afirmaciones.

Todos los indicios muestran que Urnas Abiertas no es más que un grupo de fachada de la oposición anti-sandinista que se hace pasar por una organización de monitoreo, y con la intención declarada de desacreditar los resultados de las elecciones nicaragüenses antes de que se lleve a cabo la votación.

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Votantes nicaragüenses en Chinandega el 7 de noviembre de 2021

Mito: Nicaragua arrestó a candidatos presidenciales de la oposición

Una acusación aún más común hecha por gobiernos occidentales y los medios corporativos para desacreditar las elecciones de 2021 en Nicaragua es que el gobierno sandinista arrestó a siete “aspirantes a la presidencia” de la oposición derechista.

Las figuras que fueron detenidas han sido descritas en los medios internacionales como “precandidatos”. Pero en realidad, ni uno solo era un candidato registrado real.

En la elección del 7 de noviembre, había seis candidatos presidenciales diferentes para elegir. El Presidente Ortega ni siquiera era el primer nombre o cara en la boleta. (El número uno fue Walter Espinoza Fernández, el candidato presidencial del PLC.)

En cuanto a las figuras de la oposición que fueron detenidas varios meses antes de las elecciones, The Grayzone documentó cómo fueron arrestadas por conspirar con un gobierno extranjero (Estados Unidos), llevándose millones de dólares de Washington en un gran plan de lavado de dinero para organizar un violento intento de golpe de estado en 2018, en el que cientos de nicaragüenses fueron asesinados y el país fue desestabilizado, y en el que extremistas de la derecha persiguieron, torturaron y asesinaron a activistas sandinistas y fuerzas de seguridad del gobierno, e incluso prendieron fuego a algunos.

Que los opositores que fueron detenidos recibieron millones de dólares del gobierno de Estados Unidos para llevar a cabo estas operaciones es un asunto innegable, confirmado por documentos de fachadas de la CIA como la Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En cualquier otro país de la Tierra, estas personas habrían enfrentado consecuencias legales similares, si no más severas. Aceptar millones de dólares de un estado extranjero para intentar derrocar violentamente a su gobierno electo es ilegal en todo el planeta.

Pero cuando Nicaragua hace cumplir sus leyes, incluso cuando son leyes parecidas a legislación estadounidense que ha existido por décadas, Washington condena al país como “represivo” o “autoritario”.

Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA se refieren habitualmente a los delincuentes violentos como “presos políticos” después de ser detenidos en Nicaragua. Las personas arrestadas por asesinato y violación han terminado en listas de “presos políticos” patrocinadas por EEUU.

En un caso de alto perfil que causó un escándalo nacional en Nicaragua, un asesino que había estado activo en los “tranques”, o barricadas violentas, en el intento de golpe de 2018 fue arrestado, pero luego fue nombrado como un “preso político” y fue liberado bajo la presión de Estados Unidos, UE y OEA. No pasó mucho tiempo antes de que regresara a sus caminos violentos, apuñalando a su novia embarazada hasta la muerte.

Otro nicaragüense designado “preso político” por Estados Unidos fue liberado de la cárcel, sólo para ser capturado nuevamente con explosivos y armas de fuego, planeando un ataque terrorista contra la oficina de un alcalde pro sandinista.

Si una figura de la oposición es arrestada por violar una ley en Nicaragua, en un delito que sería punible en cualquier país, Washington suele responder de manera reflexiva calificando a esa persona de “preso político”. Si es rico y poderoso, Estados Unidos afirma que era un “candidato presidencial”, incluso si no hizo ningún esfuerzo por pasar por el proceso legal de registrarse oficialmente como candidato.

Esta es una manera de tratar de mantener la impunidad para los golpistas y los blanqueadores de dinero que son respaldados por Estados Unidos. Es el equivalente geopolítico de la estrategia que los insurgentes patrocinados por Washington en Hong Kong abrazaron abiertamente en el New York Times: “utilizar las acciones ‘no violentas’ más agresivas posibles para llevar a la policía y al gobierno a sus límites”, y luego presentar la autodefensa del estado contra la agresión extranjera como una forma de “represión” y “autoritarismo”.

Una de las razones por las que Estados Unidos estaba particularmente furioso de que Nicaragua arrestara a los líderes golpistas que había cultivado es porque Washington claramente había hecho planes para repetir la estrategia golpista de haber nombrado a Juan Guaidó como el llamado “presidente interino” de Venezuela.

Funcionarios del gobierno de EEUU y sus aliados derechistas centroamericanos insinuaron no tan sutilmente que planeaban reconocer a la oligarca Cristiana Chamorro como la “presidenta interina” de un régimen golpista paralelo en Nicaragua. Cuando fue arrestada por lavado de dinero en junio, frustró su nuevo plan de desestabilización.

Mito: no había observadores electorales ni periodistas extranjeros

Otro mito difundido por los medios de comunicación extranjeros es que no hubo observadores y periodistas extranjeros en Nicaragua para sus elecciones de 2021. Esta es otra distorsión masiva.

Es verdad que el gobierno de Nicaragua impidió que la Organización de Estados Americanos (OEA) enviara observadores, dado el papel bien documentado del grupo en la orquestación de un golpe militar derechista en Bolivia en 2019.

Pero había cientos de extranjeros acreditados para acompañar las elecciones, provenientes de más de dos docenas de países, entre ellos:

  • Estados Unidos
  • Canadá
  • España
  • Francia
  • Alemania
  • Bretaña
  • Irlanda
  • Italia
  • Bélgica
  • China
  • Rusia
  • Argentina
  • Perú
  • Puerto Rico
  • República Dominicana
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Guatemala
  • Honduras
  • México
  • Uruguay
  • Venezuela
  • Cuba
  • Panamá
  • Brasil
  • Chile

En total, hubo 232 extranjeros acreditados de 27 países, 165 para acompañar la elección y 67 como periodistas.

Monitorearon los centros de votación en los 10 departamentos de Nicaragua (Managua, Masaya, Estelí, Chinandega, León, Granada, Matagalpa, Rivas, Chontales y Carazo), así como en ambas regiones autónomas de la Costa Caribe (RACCN y RACCS).

El gobierno de Nicaragua optó por utilizar el término “acompañante” para referirse a estos monitores internacionales, en lugar de “observador”, debido a la historia de los llamados observadores de la OEA y la UE interfiriendo en el proceso electoral interno del país a favor de la oposición anti-sandinista.

La última acusación engañosa difundida por el New York Times y otros medios de comunicación corporativos para deslegitimar las elecciones de 2021 es que Nicaragua prohibió a los partidos realizar grandes concentraciones públicas. Esto es técnicamente cierto, pero no por razones políticas, sino más bien debido a las restricciones de salud del Covid-19.

De hecho, el propio Frente Sandinista no ha realizado una manifestación oficial desde marzo de 2020, antes de que se descubrieran casos del nuevo coronavirus en el país. Muchas naciones extranjeras han impuesto restricciones mucho más severas, prohibiendo las protestas y atacando a manifestantes sin la indignación de la autoproclamada “comunidad internacional”.

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Votantes nicaragüenses en Chinandega el 7 de noviembre de 2021

Izquierda latinoamericana advierte sobre intento de golpe de Estados Unidos y la OEA en Nicaragua

Estados Unidos tiene una larga historia de injerencia sangrienta en Nicaragua. El ejército estadounidense invadió y ocupó el país centroamericano en numerosas ocasiones durante el siglo XIX y principios del XX. Luego, Washington ayudó a instalar la dictadura derechista del General Anastasio Somoza, y la respaldó hasta la Revolución Popular Sandinista de 1979.

En la década de 1980, la CIA libró una guerra terrorista contra Nicaragua, armando y entrenando a escuadrones de la muerte de la extrema derecha, la llamada Contra. Sus propios antiguos líderes admitieron que los contras “incendian escuelas, hogares y centros de salud tan rápido como los sandinistas los construyen”.

Desde que falló el violento intento de golpe de estado en 2018, el gobierno de EEUU ha intensificado su guerra económica contra Nicaragua. Al final de ese año, la administración de Donald Trump implementó la Ley NICA, que impuso sanciones agresivas a la nación centroamericana.

En los dos años siguientes siguieron varias rondas más de sanciones estadounidenses contra Nicaragua. Luego, el 3 de noviembre, en una flagrante forma de injerencia apenas cuatro días antes de las elecciones de 2021, la Cámara de Representantes de EEUU votó 387-35 para aprobar la Ley RENACER, que golpeará a Nicaragua con una nueva ronda de sanciones económicamente punitivas.

The Grayzone informó sobre una sesión del Congreso en septiembre, organizada por diputados neoconservadores, donde los legisladores dejaron en claro que Washington había estado preparando una brutal campaña de guerra económica contra Nicaragua, al tiempo que planeaba expulsar al país del Tratado de Libre Comercio Centroamérica (CAFTA) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 9 de noviembre, la OEA anunció oficialmente que había rechazado los resultados de las elecciones de Nicaragua, calificándolos de “ilegítimos”.

Esta declaración fue publicada casi exactamente dos años después de que la OEA hiciera lo mismo en Bolivia, difundiendo falsas acusaciones de “fraude” para justificar un golpe militar contra el presidente socialista, Evo Morales, quien fue elegido democráticamente.

En un claro reflejo de sus motivos ocultos, el mismo día en que denunció las elecciones de Nicaragua, la OEA realizó un “Foro del Sector Privado” en el que se pidió a las empresas extranjeras que inviertan en América Latina.

La conferencia neoliberal encapsuló perfectamente las prioridades de la OEA, que apoya a corporaciones norteamericanas mientras orquesta golpes de estado en Latinoamérica.

Entre sus participantes más notorios estuvo el presidente de extrema derecha de Colombia, Iván Duque, quien sólo llegó al poder gracias a un esquema ilegal de compra de votos por parte de un narcotraficante llamado Ñeñe Hernández, por órden del capo político Álvaro Uribe, un aliado cercano de Washington.

Como víctima de la intromisión de Estados Unidos y la OEA, Evo Morales reconoció de inmediato las amenazas contra Nicaragua y advirtió sobre otro intento de golpe.

En declaraciones en Twitter después de la votación, Morales felicitó “al digno pueblo de Nicaragua que en una demostración de coraje y madurez democrática eligió al hermano Daniel Ortega como presidente constitucional pese a la campaña de mentiras, chantaje y amenazas de EEUU.”

El expresidente boliviano dijo que Estados Unidos está atacando “la voluntad democrática y soberana de Nicaragua” y que el “triunfo de Ortega es la derrota del intervencionismo yanqui”.

Cuando el presidente estadounidense Joe Biden demonizó el voto de Nicaragua en 2021 como una “pantomima electoral”, Morales replicó: “La única “pantomima” se actúa cada día en la Casa Blanca donde los llamados “presidentes” en lugar de atender a su pueblo siguen órdenes de transnacionales, industrias armamentistas y la CIA.”

Mientras Cuba, Venezuela y otros líderes de izquierda en Latinoamérica felicitaron al Frente Sandinista y a Ortega por su victoria, advirtiendo sobre los esfuerzos de desestabilización de EEUU, hay una nueva generación de líderes reformistas liberales, cultivados por las ONG en la región, quienes son mucho más débiles con el imperialismo.

En Chile, Gabriel Boric, el rostro del complejo industrial de las ONG, condenó a los sandinistas y afirmó su “solidaridad” con la oligarquía derechista Cristiana Chamorro, descendiente de la dinastía más poderosa de Nicaragua e hija de Violeta Barrios de Chamorro, el primer presidente neoliberal en tomar el poder después de la Revolución Sandinista, gracias a una masiva campaña de intromisión por parte de la CIA.

Asimismo, la Cancillería de Perú emitió un comunicado denunciando las elecciones de Nicaragua. Fue una señal del debilitamiento del recién inaugurado presidente progresista, Pedro Castillo, cuyo canciller Héctor Béjar, orgullosamente anti-imperialista, fue obligado a renunciar por las fuerzas armadas pocas semanas después de asumir el cargo.

Béjar advirtió que la renuncia forzada y la toma del Ministerio de Relaciones Exteriores por el ejército y la derecha fue “un golpe de estado blando o el comienzo de él”.

Entonces, mientras las fuerzas progresistas disfrutan de un resurgimiento en partes de América Latina, la izquierda también está dividida entre una generación anterior de anti-imperialistas revolucionarios y una generación más nueva de socialdemócratas favorables a los medios de comunicación y respaldados por las ONG que no desafían el imperio estadounidense.

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El Presidente Daniel Ortega dando un discurso en la Plaza de la Revolución de Managua el 8 de noviembre de 2021

El Presidente Ortega promete resistencia contra la injerencia de EEUU

Por su parte, el Presidente Daniel Ortega ha prometido seguir resistiendo los intentos de Estados Unidos y Europa de meterse en los asuntos internos de su país.

El líder nicaragüense dio un enérgico discurso el 8 de noviembre, el día después de las elecciones, en conmemoración del 45 aniversario del asesinato del fundador del Frente Sandinista, Carlos Fonseca Amador, por la dictadura de Somoza.

“Es imposible para los nicaragüenses y yo diría para los latinoamericanos y caribeños es imposible dejar de hablar de la política Intervencionista, de la política expansionista, colonialista, de los Estados Unidos de Norteamérica, y de los países europeos”, dijo Ortega.

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Activistas de la Juventud Sandinista en el acto del Presidente Ortega el 8 de noviembre de 2021

“Estamos bajo la amenaza del Imperio yanqui, bajo las agresiones del Imperio yanqui y bajo la amenazas de los colonialistas europeos. Y eso no lo digo yo, lo dicen ellos”, agregó el presidente nicaragüense.

“Creen que somos su colonia, quieren decirnos cómo comportarnos y quieren decidir qué tipo de democracia debemos practicar”, continuó Ortega. “Continúan con sus prácticas colonialistas, para dominar estas tierras. Pero no para bien, sino para subyugarlos y explotarlos, e involucrarlos en sus políticas expansionistas y belicistas ”.

“Creen que somos una colonia de ellos, y quieren dictar cómo debemos comportarnos, y quieren decidir qué tipo de democracia debemos practicar”, continuó Ortega. “Es decir, siguen con sus prácticas colonialistas para dominar estos territorios, pero no para el bien, sino para someterlos y explotarlos y comprometerlos en sus políticas expansionistas y guerreristas”.

Reflexionando sobre la larga historia de resistencia de su país, el líder nicaragüense declaró que su pueblo no cedería a otra conquista extranjera.

“Al final, no pudieron derrotar a Sandino”, declaró. “El presidente que iba llegando a la presidencia [de EEUU], fuese demócrata o republicano, venía a tratar de oprimir a Nicaragua, pero siempre se encontraba con la resistencia, con el heroísmo, con la combatividad del pueblo nicaragüense”.

Nicaragua Daniel Ortega mariachi
El Presidente Ortega con músicos después de su acto el 8 de noviembre de 2021

-El autor, Benjamin Norton, es editor asistente de GrayZone, periodista, escritor y cineasta. Su periodismo se trata de la política exterior de EEUU y la geopolítica. Vive en Latinoamérica, y habla inglés y español.

*Fuente: GrayZone

El articulo La OEA, EE.UU. y la UE alimentan planes de nuevos golpes de estado en Latinoamérica apareció primero en piensaChile.

]]> https://piensachile.com/2021/11/16/la-oea-ee-uu-y-la-ue-alimentan-planes-de-nuevos-golpes-de-estado-en-latinoamerica/feed/ 0 La OEA elegira a cuatro nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos https://piensachile.com/2021/11/05/la-oea-elegira-a-cuatro-nuevos-integrantes-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/ https://piensachile.com/2021/11/05/la-oea-elegira-a-cuatro-nuevos-integrantes-de-la-corte-interamericana-de-derechos-humanos/#respond Fri, 05 Nov 2021 21:59:11 +0000 https://piensachile.com/?p=74466 Durante este mes de noviembre del 2021, se realizará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual debió celebrarse en el mes de junio en Guatemala: las condiciones epidemiológicas imperantes obligaron a trasladar la fecha de esta cita anual interamericana a la del 10-12 de noviembre.

El articulo La OEA elegira a cuatro nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos apareció primero en piensaChile.

]]> Recta final para designación de nuevos integrantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este 2021: algunas reflexiones

Durante este mes de noviembre del 2021, se realizará la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual debió celebrarse en el mes de junio en Guatemala: las condiciones epidemiológicas imperantes obligaron a trasladar la fecha de esta cita anual interamericana a la del 10-12 de noviembre.

Es en el marco de esta cumbre de la OEA que se escogerá a cuatro nuevos integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cabe recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es una jurisdicción regional especializada en materia de derechos humanos, con sede en San José (Costa Rica) y que se creó en 1969 en un instrumento internacional (la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida como «Pacto de San José«): se compone de siete magistrados (véase composición actual), electos por un período de seis años (renovable por un segundo período, siempre y cuando logren ser reelectos) y cuenta con un presupuesto anual de unos 5,2 millones de US$ (véase sección de gestión financiera de su último informe anual del 2020).

En este enlace oficial, figuran las respectivas hojas de vida de los actuales siete magistrados/a de la Corte de San José.

Integrantes actuales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, compuesta por (izquierda a derecha) juristas de Argentina, México, Uruguay (segundo plano) y de Colombia, Ecuador, Costa Rica y Chile (primer plano).  Fotografía del servicio de prensa de la Corte IDH.

En la última elección, la cual se realizó en el mes de junio del 2018, el juez mexicano y el juez colombiano fueron reelectos como jueces para el período 2019-2025, al tiempo que fue electo el candidato de Uruguay para el mismo período.

Las elecciones del 2021: la renovación de una mayoría (cuatro)

Renovar cuatro sillas en este 2021 en el seno de la Corte representa un desafío, en particular si se considera que son siete los magistrados que componen la totalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta renovación puede contribuir a reafirmar y a consolidar su línea jurisprudencial o bien, por el contrario, puede intentar alterarla en aras de modificarla.

La afirmación anterior cobra particular relevancia en momentos en los que, para algunos sectores políticos de América Latina, se considera como una verdadera amenaza a sus convicciones, así como a sus intereses y pretensiones, la línea jurisprudencial seguida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos sectores políticos no solamente adversan sus recientes decisiones en materia de reconocimiento a los derechos de la población sexualmente diversa, sino también en una materia como la de la independencia del Poder Judicial (que han logrado resquebrajar y/o minar), o bien en materia de derechos de pueblos indígenas y en materia ambiental. Sobre estos dos últimos ámbitos, la fuerte polarización de la discusión en torno al Acuerdo de Escazú desde el 2018 en varias latitudes del continente americano, ilustra la férrea oposición de algunos de estos sectores a la idea de proteger los defensores del ambiente y de garantizar una participación ciudadana en materia ambiental muchos más efectiva.

También se ha considerado, esta vez por parte de otras entidades y especialistas (véase por ejemplo carta suscrita por doce mujeres de renombre en derechos humanos), que este año 2021 constituye una verdadera oportunidad para balancear de mucho mejor manera la igualdad de género en esta jurisdicción interamericana, instando a los Estados a postular a candidatas para integrar la futura Corte Interamericana.

Con relación al precitado Acuerdo de Escazú, es de indicar desde ya que, de los numerosos Estados que han propuesto formalmente a un(a) candidato(a) en estas elecciones y que no han retirado su postulación, únicamente uno (Argentina) ha ratificado este novedoso instrumento regional. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado divulgado con ocasión de la COP-26 en Glasgow, reiteró la necesidad de ratificar este importante e innovador instrumento regional (véase texto completo del comunicado del 4/11/2021).

El sistema previsto para las elecciones de los futuros jueces interamericanos

Cabe recordar que son los mismos Estados los que escogen mediante votación, quiénes ocuparán este tipo de puestos (candidaturas de personas a título individual), a diferenciar de candidaturas oficiales (candidaturas/país).

En el primer caso (candidatura de experto/a), la persona escogida una vez en funciones, debe mantener una total independencia con respecto al Estado que la designó.

Mientras que en el segundo caso (candidatura/país), es el Estado el que se postula y, una vez obtenidos los votos necesarios para materializar sus pretensiones, designa a su representante oficial para participar en las sesiones del órgano en el que fue electo: al respecto, tuvimos la oportunidad de analizar la reciente elección de Argentina, Honduras y Paraguay en el seno del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en este mes de octubre del 2021 (Nota 1).

En el caso particular de la elección de jueces del sistema interamericano de derechos humanos, es necesario precisar que si bien la OEA cuenta formalmente con 34 Estados Miembros, únicamente participan en la votación secreta para escoger a los jueces los 24 Estados que son Parte a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH, más conocida como Pacto de San José): por ejemplo Canadá, Estados Unidos, varios Estados isleños del Caribe anglófono, y, desde el 2012 Venezuela (véase breve nota al respecto) hasta el 2019 (Nota 2), así como Trinidad y Tobago (desde 1998) no participan en esta elección.

El estado actual de firmas, ratificaciones, reservas y denuncias de la CADH está disponible en este enlace oficial de la OEA: su lectura detallada permite apreciar cuán interamericano es el sistema de protección de los derechos humanos vigente en el hemisferio.

El carácter secreto de la votación (véanse el artículo 53 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 9 del Estatuto de la Corte Interamericana) conlleva el hecho que no se deba evidenciar nominalmente el voto de cada uno de los 24 Estados. Se trata de una práctica internacional muy consolidada en la designación de personas llamadas a integrar un órgano internacional: los apoyos recibidos no se hacen público más que en cuanto a los números obtenidos para cada candidatura, pero el detalle (es decir el saber cual Estado votó por cual candidatura) se maneja con extrema discreción en aras de evitar exponer a los Estados. Las inéditas infidencias hechas por el mismo jefe de la diplomacia costarricense en enero del 2015 (véase reporte de prensa de CRHoy) evidencian la impreparación de unos.

Las candidaturas y el cabildeo de los aparatos diplomáticos estatales

En efecto, el lograr, para un Estado, reunir los votos suficientes en favor de su candidato/a, resulta del intercambio de apoyos a los que frecuentemente recurren los departamentos de candidaturas de las direcciones de asuntos multilaterales (o de derechos humanos cuando los hay) de cada uno de los ministerios de relaciones exteriores.

Estos intercambios de votos responden usualmente a criterios de oportunidad como parte de una negociación política. Cabe precisar que, a menudo, este tipo de candidaturas son negociadas por los Estados a cambio de un apoyo por otra candidatura en otra organización internacional.

Estos intercambios de favores no se limitan únicamente a candidaturas de nacionales a título individual, sino que pueden a veces incluir una candidaturas/país: por ejemplo, en el año 2005, se informó en la prensa costarricense del apoyo de Costa Rica a Nicaragua para ocupar una silla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, honrando así un compromiso adquirido con Nicaragua al solicitarle votar en junio del 2003 en favor del candidato de Costa Rica para ocupar el cargo de juez en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase nota de La Nación de octubre del 2005).

Los Estados que han presentado candidatos/as para ocupar vacantes en la Corte

Al momento de redactar estas líneas, son en total ocho los Estados que han postulado a un (o a una) candidato(a) para la contienda de este 2021, a saber: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay, Perú y Suriname. A estas postulaciones, se puede añadir a un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que estuvo hasta hace unos meses en busca de un patrocinio estatal para su reelección, tal y como lo veremos a continuación.

La hoja de vida de la candidata de Argentina se encuentra en este enlace oficial de la OEA, así como la hoja de presentación del candidato de Brasil (véase enlace).

En enero del 2021, Paraguay presentó oficialmente a su candidata (véase nota oficial de su diplomacia del 19/01/2021), seguido unos días después por Panamá que también oficializó la postulación de su candidata (véase nota oficial de su diplomacia del 25/01/2021): es de notar desde ya que nunca en la historia estos dos Estados contaron con un(a) nacional fungiendo como magistrado(a) en la Corte de San José. En el caso de Mesoamérica, Panamá no es el único en esta situación, al compartir esta situación con El Salvador así como con Guatemala. Un mes después de anunciada oficialmente su candidatura, Panamá optó por retirar la postulación de su candidata (véase nota de prensa de La Estrella del 26/02/2021).

Pocos días después de Panamá, fue Costa Rica quién anunció postular a una candidata (véase comunicado oficial del 27/01/2021), decisión que se tomó oficialmente «tras la decisión de la actual jueza y presidenta de la Corte IDH, Dra. Elizabeth Odio Benito, de no optar por la reelección«. Costa Rica ha contado en el pasado con integrantes de su nacionalidad en cuatro ocasiones (Nota 3), la última jurista costarricense siendo electa en junio del 2015 (Nota 4).

Unos días después de Costa Rica, fue Chile el que anunció la candidatura de una nacional (véase nota oficial del 6/02/2021) y cinco días después, fue Perú el que oficializó la candidatura de un nacional en febrero del 2021 (véase nota oficial de su diplomacia del 11/02/2021). Ambos Estados de la región andina ya han contado en el pasado con nacionales en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Nota 5). En la subregión andina, Bolivia es el único Estado en nunca haber tenido a un nacional integrante de la Corte.

El 6 de abril del 2021, una nota de la Misión de Surinam en la OEA circuló el nombre de una candidata para, de igual forma, integrar la Corte Interamericana: Surinam nunca ha contado con un nacional como integrante de la Corte. Es muy posible que la solidaridad existente entre los tres Estados isleños caribeños anglófonos y Surinam busque reunir votos para intentar  obtener los apoyos necesarios en favor de la candidata surinamesa.

Como dato de cierto interés, el pasado 24 de mayo, Bolivia anunció que retiraba la postulación del actual juez ecuatoriano, candidato a su reelección (véase nota de prensa), sin anunciar posteriormente la de un(a) nacional. Es muy posible que el actual juez ecuatoriano (y Vice Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) esté en busca de un Estado proponente, dado que al parecer sus autoridades nacionales en Ecuador no desean postularlo.

En días pasados, como parte de la campaña en favor de su candidata, Costa Rica la presentó formalmente en una reunión realizada en la misma sede de la OEA en Washington (Nota 6).

Costa Rica, al igual que Argentina y Chile, buscan en estas elecciones del 2021 mantener a una persona de su nacionalidad dentro de la Corte, dado que las cuatro vacantes objeto de estas elecciones corresponden a las dejadas por juristas provenientes de Argentina, Costa Rica, Chile y Ecuador.

Las candidaturas a jueces en derechos humanos  y su idoneidad

Uno podría suponer que la escogencia de personas llamada a integrar la máxima instancia en derechos humanos de la región sea objeto de una cuidadosa selección, en aras de encontrar a las personas más idóneas, con mayor preparación y compromiso con la causa de los derechos humanos; y que en este proceso de selección, se busque la manera de asociar a organizaciones de la sociedad civil, universidades y centros especializados en materia de derechos humanos que presenten una terna final de candidatos a los decisores políticos. Nada más alejado de la realidad.

En Panamá, a penas dado a conocer públicamente el nombre de la postulante, se originó una fuerte resistencia y un álgido debate (véase nota de prensa) que culminó con el retiro de la candidata propuesta por las mismas autoridades panameñas a finales de febrero del 2021. Por alguna razón, Panamá no consideró oportuno reconducir la candidatura de otro (a) nacional, perdiendo así la posibilidad de contar, por vez primera en la historia, con un(a) juez(a) de nacionalidad panameña en el seno de la Corte. Las preguntas que muchos observadores se pueden hacer es la siguiente: ¿no había otra candidatura en Panamá de un(a) especialista en derechos humanos que no fuera la candidata postulada inicialmente?¿Tan carente estará Panamá en cuanto a juristas especializados en derechos humanos?

En Costa Rica, la regresión significativa de la jurisprudencia de su juez constitucional en materia ambiental en los últimos años se destacó a la hora de analizar la forma con la que su Sala Constitucional complicó de manera innecesaria la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto foro realizado por  la Asociación Americana de Juristas el pasado 4 de junio) (Nota 7); a tal punto que un reconocido colectivo ecológico como Bloque Verde pidió, a raiz de extrañas declaraciones oídas durante la presentación de un libro, reconsiderar la postulación de la magistrada presentada por Costa Rica (véase nota publicada en Surcos digital). Por su parte, uno de los sindicatos de empleados públicos pidió también retirar esta candidatura, por razones muy distintas a las externadas por el colectivo Bloque Verde (véase pronunciamiento de la ANEP). Notemos que en el 2017, la Sala Constitucional de Costa Rica, en una insólita decisión, decidió que la participación ciudadana en materia ambiental, ya no califica – según ella – como un derecho humano … (Nota 8); al tiempo que en el 2016, consideró que la libertad de empresa prevalece sobre un acuerdo municipal estableciendo una moratoria para nuevas plantaciones de piña, tomado en aras de proteger la salud pública de comunidades aledañas a este monocultivo en el cantón de Los Chiles (Nota 9).

Sobre el proceso de nominación existente en Costa Rica, se lee en un reciente informe  que la misma candidata costarricense externó ante un panel internacional de expertos que:

» … la candidata se refirió sobre el procedimiento de nominación indicando que el Presidente de la República, junto con su equipo de asesores, y la Cancillería de la República, la escogieron para la nominación. Agregó que posteriormente fue informada directamente por parte del Presidente de la República a través de una llamada telefónica sobre su intención de nominarla» (p.76).

En Paraguay, fue esta vez un colectivo de mújeres el que denunció el inadecuado perfil de la postulada por la diplomacia paraguaya (véase nota de prensa).

Estas (y muchas otras situaciones y cuestionamientos) se podrían evitar si los Estados aceptaran de manera abierta y transparente, que las organizaciones de la sociedad civil, el sector académico, y los profesionales en derechos humanos fueran asociados en procura de designar a una terna de personas con el perfil más idóneo; y que los colectivos de abogados, gremios profesionales,  y defensores de los derechos humanos, mediante un concurso público, pudieran participar de lleno a la escogencia de los mejores profesionales en derechos humanos con los que se cuenta.

Es de notar desde ya que muchos de estos profesionales cuentan además con una sólida formación, completada con diplomas obtenidos en el exterior: las universidades norteamericanas, canadienses y europeas gradúan a una gran cantidad de juristas latinoamericanos en materia de derechos humanos  en el marco de estudios de posgrado, de doctorado o de postdoctorado, sin que ello aparezca necesariamente en la hoja de vida de los (las) postulados(as) por las autoridades nacionales para llenar una vacante en el único tribunal interamericano especializado en derechos humanos.

En el 2018, un grupo de expertos internacionales revisó la idoneidad de los candidatos/as propuestos para ocupar las tres sillas vacantes para integrar la jurisdicción interamericana: véase nota y en particular el  texto completo del valioso informe elaborado por el panel de expertos y en particular sus recomendaciones finales. Se trata de una primera iniciativa en la dirección correcta, propiciada, como era de prever, desde la sociedad civil.

Para este 2021, se consideró oportuno revalidar la precitada iniciativa para las cuatro vacantes: el  informe publicado el pasado 5 de octubre permite conocer leer las diversas observaciones formuladas por un panel de expertos constituído para este fin, con relación a los candidatos/as propuestos/as para integrar tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En lo que respecta al candidato postulado por Colombia para integrar a la Comisión Interamericana, cabe señalar que se indica que:

«No obstante lo anterior, a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas que no fueron respondidas por su parte, el Panel le ofreció nuevamente su disponibilidad de entrevistarlo. Carlos Bernal fue el único candidato, de la Corte y de la Comisión, que no participó en esta etapa de entrevistas» (véase informe, página 32).

En varias partes de este reciente informe, se señala, en lo que atañe a los candidatos a integrar la Corte, que no llegó al panel de expertos información que pudiera poner en tela de duda la independencia, la imparcialidad y/o la falta de ética de los (las) candidatos(as) propuestos(as).

Con relación a eventuales avances en la transparencia, publicidad y apertura del procedimiento de designación de candidatos/as dentro de cada Estado, en el precitado informe dado a conocer en los primero días del mes de octubre del 2021, los expertos señalan de manera enfática que:

«Los procedimientos de nominación a nivel nacional siguen siendo mayoritariamente controlados de manera discrecional y exclusiva por el Poder Ejecutivo» (p. 6).

Nótese no obstante que en Argentina, un proyecto de ley titulado «Ley nacional de selección de jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos» (véase texto completo) buscar remediar esta situación al establecer un mecanismo de designación de una terna mucho más abierto y más transparente, asociando a diversas instancias argentinas. Se desconoce de otra iniciativa legislativa similar discutida en el seno de otro congresos, que sería muy recomendable replicar en otras latitudes del hemisferio americano.

En este artículo académico publicado por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) en el 2007 se hacía ver que, en el sistema europeo de derechos humanos, el proceso de selección ha dado lugar a la creación de órgano específico dentro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa:

«In the ECtHR, the possibility of appointing a committee in charge of examining the candidatures to the court benches has been enacted. Thus, the Parliamentary Assembly created a permanent76 subcommittee to the Committee on Legal Affairs and Human Rights that is responsible for reviewing state-made nominations. This committee guarantees that the candidates meet the requirements for judges at the ECtHR as set out in the ECHR, examining their curricula vitae and carrying out individual selection interviews with each candidate prior to voting in the Parliamentary Assembly» (p. 209).

Una sentida y persistente ausencia

Es de notar que varios Estados del Caribe anglófono son Estados Partes a la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, a diferencia de otras épocas no tan lejanas, la actual Corte se compone de nacionales de Estados de habla hispana en su totalidad: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. No cuenta con ningun nacional de un Estado del Caribe anglófono del hemisferio americano, ni tampoco de Guyana o Surinam.

Esta situación persiste desde el 2012: en efecto, durante el período 2007-2012, se pudo contar con la presencia de la jueza Margarette May Macaulay, de Jamaica; durante,  el período1995-2006 con la del juez Oliver Jackman (Barbados); y durante el período 1979-1985, con el juez Huntley Eugene Munroe (Jamaica).

Esta ausencia puede contribuir a reforzar en los diez Estados anglófonos insulares del Caribe, así como en Belice, Guyana y Surinam en el continente, el profundo desinterés de su opinión pública por los órganos interamericanos de derechos humanos: los activistas y las organizaciones de derechos humanos deben enfrentar en su labor diaria este desinterés, ante un sistema regional de protección de los derechos humanos que no pareciera valorar, a la hora de escoger a posibles futuros(as) jueces, los aportes de la cultura jurídica anglosajona.

Es de prever que los Estados anglófonos intentarán, en este 2021, unir sus esfuerzos para que Surinam logre materializar la postulación de su candidata, en aras de paliar a esta significativa ausencia.

A modo de conclusión: una nueva y decisiva contienda diplomática

En nuestra precitada nota sobre las elecciones para ocupar cuatro vacantes en el seno de la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizadas en el 2015, se indicaba que fue la diplomacia de Ecuador la que obtuvo mejores resultados en esta votación, al tiempo que Uruguay, los peores:

«el candidato de Ecuador logró 22 votos, la candidata de Costa Rica 20 votos, el candidato de Argentina 18 votos. Con 20 votos el actual juez chileno fue reelecto, quedando fuera de la contienda (y de la Corte) el candidato del Uruguay, con tan solo 9 votos» (Nota 10).

En junio del 2018, México obtuvo los mejores resultados y Bolivia los peores, al tiempo que Uruguay mejoró sustancialmente su marca anterior: para tres vacantes, el juez mexicano (reelección) obtuvo 21 votos, el juez colombiano (reelección) 20 votos, y el candidato de Uruguay reunió 16 votos; al tiempo que la candidata de Bolivia no resultó electa, con tan solo 7 votos en su favor (véase nota de prensa).

Con siete candidaturas para cuatro vacantes en este 2021 (y tal vez un Vice Presidente ecuatoriano que logre – finalmente – obtener un patrocinio estatal de última hora), la contienda diplomática se anuncia intensa entre los Estados que han decidido postular a un candidato/a para integrar lo que se considera el máximo órgano de derechos humanos en el hemisferio americano.

Los pronósticos son reservados en cuanto a la capacidad de maniobra de cada aparato diplomático para reunir los votos necesarios: intensas negociaciones deben estarse dando a distintos niveles, incluyendo reuniones y consultas al más alto nivel, reconsideración de votos y de apoyos, así como el uso de los distintos canales diplomáticos previstos para el cabildeo que supone llevar a feliz término una candidatura de esta naturaleza. No se vislumbra ningún retiro de candidaturas en aras de favorecer a otra, y si Guatemala pensaba poder beneficiarse de su condición de anfitrión de la Asamblea General de la OEA, no ha considerado oportuno postular a uno(a) de sus nacionales.

Al intentar cada Estado convencer a los demás 23 de la idoneidad de su candidato/a, la batalla diplomática es la que decidirá del resultado de las votaciones. Si para algunos observadores, la actual coyuntura en Brasil en materia de derechos humanos podría jugar en contra de su candidato, bien es sabido que, usualmente, el aparato diplomático brasileño es extremadamente eficiente en el ámbito multilateral a la hora de reunir los votos en favor de nacionales que postula.

Los resultados finales de la votación se darán a conocer en el marco de la próxima Asamblea General de la OEA a celebrarse en Guatemala del 10 al 12 de noviembre del 2021: las marcas obtenidas permitirán evaluar la capacidad de cabildeo de cada uno de los Estados en favor de su candidato/a.

Esta nota fue publicada por Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Univesridad de Costa Rica (UCR).

*Fuente: Nicolás Boeglin

Notas:

Nota 1:  Véase BOEGLIN N., «Argentina, Honduras y Paraguay electos como integrantes del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas«, Derecho Constitucional, edición del 17/10/2021, disponible en este enlace.

Nota 2: El caso de Venezuela es bastante insólito en los anales del derecho internacional público, al haber denunciado formalmente en setiembre del 2012 la Convención Américana de Derechos Humanos. No obstante, jurídicamente, Venezuela parece haberse reintegrado  plenamente al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, mediante una carta del autoproclamado Presidente legítimo de Venezuela Juan Guaidó que los órganos de la OEA reconocen como tal (véase su carta de 31/07/2019). No así varios Estados Miembros de la OEA que siguen, del mismo modo que las Naciones Unidas, reconociendo como legítimas a las autoridades venezolanas encabezadas por Nicolas Maduro.

Nota 3: Los siguientes costarricenses integraron la Corte a lo largo de su historia: Rodolfo Piza Escalante (1979-1988), Sonia Picado Sotela (1989-1994), Manuel Ventura Robles (2004-2009) y (2010-2015) y Elizabeth Odio Benito (2016-2021). Notemos que el jurista de nacionalidad norteamericana, Thomas Buergenthal, fue propuesto por Costa Rica como candidato y quedó electo en 1979 como juez de la Corte: véase al respecto este artículo del mismo Thomas Buergenthal, disponible aquí, en especial pág. 12 en la que indica que pensó, inicialmente, que se trataba de una mala broma de uno de sus estudiantes:

«Convencido de que se trataba de alguna broma de un estudiante de mi seminario, le di las gracias y le pedí su número de teléfono para poder comunicarme con él después de haber consultado a mi esposa«.

Nota 4: Al respecto, véase nuestra breve nota: BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

Nota 5: En el caso de Chile, se trata de Máximo Pacheco Gómez (1992-1997) y (1998-2003), de Cecilia Medina Quiroga (2004-2009) y de Eduardo Vio Grossi (2010-2015) y (2016-2021).  En el caso de Perú, se trata de Máximo Cisneros Sánchez (1979-1985) y de Diego García Sayán (2004-2009 y 2010-2015).

Nota 6: El pasado 29 de setiembre, la diplomacia costarricense circuló el siguiente comunicado de prensa:

«Candidata costarricense presenta al Consejo Permanente de la OEA los principios de su nominación para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos«. San José, 29 de setiembre de 2021.- La Magistrada Nancy Hernández López presentó hoy, en una sesión extraordinaria y abierta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) los principios y bases de su candidatura para jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya elección se llevará a cabo al margen de la 51 Asamblea General de la OEA que se realizará de forma virtual del 10 al 12 de noviembre de 2021.

El Canciller Rodolfo Solano Quirós, durante su intervención en la sesión, destacó la amplia carrera y atestados de la Magistrada Hernández López, entre ellos, los 34 años de experiencia que tiene en la defensa y promoción de los derechos humanos, de los que 30 años los ha dedicado a ejercer profesionalmente en el Poder Judicial, de los cuales los últimos 8 años ha fungido como jueza Constitucional de la Corte Suprema de Justica.

La Magistrada Hernández, por su parte, enfatizó el papel fundamental de la Corte Interamericana en los esfuerzos de los Estados por alcanzar estándares de respeto a la dignidad humana, la justicia y la equidad, y por tanto reiteró su compromiso con el fortalecimiento de la Corte, resguardando siempre su carácter subsidiario y el justo equilibrio que tiene que existir, entre la protección de los derechos humanos como fin del sistema interamericano, la seguridad jurídica y la equidad procesal que aseguran la confiabilidad en la tutela internacional.

Resaltó, asimismo, puntos fundamentales que motivan su aspiración como candidata a la Corte, entre ellos el fortalecimiento de la legitimidad e independencia de la Corte, su mayor transparencia y eficiencia, una mayor permanencia y diversidad en la representatividad de las juezas y jueces, así como el fortalecimiento del diálogo con los Estados, las víctimas y la sociedad civil para tener una justicia más cercana.

Durante la sesión participaron también las otras personas candidatas a la Corte, que han sido por nominados por Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y Surinam.

La candidatura de la Magistrada Hernández López reviste gran importancia en consonancia con el compromiso del país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que ha sido fundamental en sentar las bases de los valores de democracia, libertad y protección y respecto de los derechos humanos en la región.

Comunicación Institucional / (1979 CR CIDH candidatura Nancy Hernández) / Miércoles 29 de setiembre de 2021″.

Nota 7: Sobre lo insólito que resulta en Costa Rica el hecho que persista en no ser Estado Parte al Acuerdo de Escazú (un instrumento internacional adoptado en marzo del 2018 en Costa Rica y que ya ha sido ratificado por 12 Estados), véase en particular nuestra sección «El Poder Judicial en la mira» en BOEGLIN N. ,»La entrada  en vigencia del Acuerdo de Escazú: una celebración en América Latina y un profundo sinsabor en Costa Rica«,  DerechoalDia, edición del 4/05/2021, disponible en este enlace.

Recientemente, ante la falta de voluntad política para aprobar el Acuerdo de Escazú en Costa Rica, y la verdadera campaña de desinformación desplegada en contra el Acuerdo de Escazú por algunos sectores, la Universidad de Costa Rica (UCR) elaboró dos cortos videos, que, en lo personal se recomiendan:

«El Acuerdo de Escazú y los defensores del ambiente«,  disponible en You Tube aquí y otro video titulado «UCCAEP y el Acuerdo de Escazú«, disponible  aquí .

Nota 8: Sobre tan desconcertante conclusión del juez constitucional costarricense que se lee en el párrafo V de la sentencia 1163-2017 (véase texto completo), resulta oportuno señalar que fue objeto de tan solo dos votos salvados (suscritos por los magistrados Fernando Cruz y Paul Rueda) al tiempo que los cinco magistrados/a restantes consideraron que ir en contra de  la jurisprudencia de la misma Sala Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no amerita ninguna reflexión particular. Sobre este peligrosa regresión del juez constitucional costarricense, véase breve nota nuestra al respecto. De manera a no causar mayor sonrojo al provocado por esta decisión del juez constitucional costarricense en el mes de febrero del 2017, nos permitimos remitir a nuestros estimables lectores  al párrafo 231 de la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dada a conocer en el 2018 (véase texto completo) que precisa bien que:

«231. Por tanto, esta Corte estima que, del derecho de participación en los asuntos públicos, deriva la obligación de los Estados de garantizar la participación de las personas bajo su jurisdicción en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, para lo cual previamente deben haber garantizado el acceso a la información relevante».

En el párrafo 242 de la misma opinión consultiva del juez interamericano, se lee que:

«g. Los Estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la participación pública de las personas bajo su jurisdicción, consagrado en el artículo 23.1.a de la Convención Americana, en la toma de decisiones y políticas que pueden afectar el medio ambiente, de conformidad con los párrafos 226 a 232 de esta Opinión«.

En un reciente estudio del jurista Alvaro Sagot Rodríguez sobre las repetitivas regresiones ambientales del juez constitucional costarricense, el autor cita una decisión del 2012 de la Sala Constitucional en la que se lee textualmente que:

«En este sentido, el derecho ambiental no podría conducir a una tiranía de la participación ciudadana» (sic) (p. 30 del precitado estudio).

Nota 9: Véase texto completo de la sentencia 11545-2016  en la que se lee textualmente que:

«Dicho lo anterior, las municipalidades no tienen competencia  para prohibir una determinada actividad económica lícita en sus territorios o declarar moratorias, definidas o indefinidas. Esa competencia corresponde al Estado, toda vez que el Derecho de la Constitución (valores, principios y normas) es claro y preciso, en el sentido de que el régimen de las libertades públicas está reservado a la Ley. En el caso que nos ocupa, no existe ninguna norma jurídica con rango de Ley que autorice a la municipalidad recurrida a prohibir el cultivo de piña en su territorio, o declarar  una moratoria indefinida del cultivo de ese producto, de ahí que su actuación es arbitraria y, por consiguiente, contraria al ordenamiento jurídico«. Al tratarse de una moratoria por un plazo de 5 años, resulta cuestionable que la Sala considere que se trate de una «moratoria indefinida«. Nuevamente aquí la lectura del voto particular del magistrado Fernando Cruz permite ver cuán errática y antojadiza es la decisión tomada por la mayoría de sus colegas: el magistrado Cruz concluye explicando que «dadas las amenazas y efectos lesivos para la salud y el ambiente que provoca el cultivo de la piña, las comunidades tienen plena legitimidad legal y política para dictar medidas preventivas, temporales, para asegurarse que sus ciudadanos no resultarán perjudicados por una actividad agroexportadora que provoca daños y amenazas sobre la biodiversidad».

Nota 10: Véase  BOEGLIN N., «Elecciones en el marco de la Asamblea General de la OEA: un breve análisis«, publicado en el sitio jurídico de DerechoalDia, edición del 17/06/2015, disponible aquí.

 

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