Con 10 estudiantes detenidos y violentamente golpeados por agentes de las fuerzas especiales de carabineros, terminó la marcha entre la sede de la privada Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, ubicada en la calle Libertad 53 en la comuna de Santiago y el Ministerio de Educación situado a metros del Palacio de La Moneda. Hasta el cierre de este artículo urgente, el joven Leandro Torchio, estudiante de Filosofía de ARCIS, esperaba la decisión del fiscal  por el cargo de “maltrato a obra de carabineros”, toda vez que el castigado físicamente por la policía fue el muchacho.

Producto de la profunda crisis que atraviesa la institución de estudios superiores desde hace varios meses (http://www.rebelion.org/noticia.php?id=189179), la comunidad organizada triestamentalmente (académicos, trabajadores y estudiantes) resolvió realizar una nueva caminata que reunió a medio millar de personas este martes 23 de septiembre de 2014, con el fin de exigir al gobierno una respuesta ante la incertidumbre que recorre a toda la entidad.

No obstante, ya en el Ministerio de Educación, los representantes de la comunidad ARCIS sólo recibieron como respuesta que el conflicto “es un asunto entre privados”, y ni siquiera les fue agendada alguna reunión futura.

CRÍTICA FUNDADA A LA REFORMA EDUCACIONAL EN DEBATE

En una declaración pública dirigida tanto a las autoridades gubernamentales de enseñanza, como a la opinión pública chilena, la comunidad organizada de ARCIS indica que su crisis es “expresada de manera grave y visible en el permanente retraso de los pagos de los sueldos a trabajadores y académicos (…) que se viene produciendo desde enero del presente año”.

Asimismo, la declaración anota que “La crisis que atraviesa la universidad dejó de ser un simple problema de irregularidad en el flujo de los recursos y se ha transformado en un problema de carácter estructural, al constatarse que los créditos con aval del Estado y los demás ingresos financieros no logran cubrir los gastos esenciales de la institución (…), todo lo cual significa que está en juego la viabilidad económica de nuestra universidad en el corto plazo.”

Apuntando al fondo del problema, la comunidad ARCIS plantea que ”la situación por la cual atraviesa nuestra universidad es la manifestación de la crisis que vive el modelo de mercado en educación superior y constituye un síntoma de un problema mayor frente al cual aún no existen soluciones reales. La existencia de universidades privadas está basada en el cobro de las familias, y por tanto, en la idea de una educación como bien de consumo; se sustenta además en el endeudamiento de las familias y en la bancarización del sistema, por lo que finalmente representa  un negocio basado en relaciones de mercado, que no contempla variables éticas, sociales o culturales.”

Las fuerzas universitarias en acción consideran que “es el Estado quien debe hacerse cargo de los agudos problemas que vive la educación superior privada e intervenir con un enfoque público y sentido de proyecto en las situaciones de crisis. (…) El Estado debe aprovechar la oportunidad que otorga la crisis para ampliar su acción en la educación superior y extender el sistema público.”

En términos del debate y tramitación de la reforma educacional en el Congreso, la comunidad ARCIS cree que “el proyecto de ley de administración provisoria, tal como fue presentado, no responde al llamado “cambio de paradigma” del que ha hablado el ministro de Educación y más bien mantiene la lógica de mercado al no permitir la expansión pública del sistema, limitándose a sanear a las instituciones (en caso de no cerrarlas)  y devolverlas al mercado. Nos interesa, en definitiva, no la defensa corporativa ni la mantención de intereses privados en educación superior, sino la construcción de un sistema nacional de educación pública en el que nuestra universidad sea partícipe.”

TRASCENCIDOS

De acuerdo a fuentes ligadas a la repartición financiera de la corporación dueña de la universidad ARCIS, el déficit económico alcanzaría casi los USD3 millones, además de las propiedades en infraestructura que están en una forma de bienes vendidos con posibilidad de ser recuperados por el valor de aproximadamente USD10 millones. Sin embargo, la misma fuente, informó que la cuestión de fondo es de carácter político y que deben transparentarse públicamente todas las maniobras económicas que llevaron a la crisis universitaria.  Y sobre ese aspecto, los dueños de la universidad hasta enero de 2014, el Partido Comunista de Chile, tiene algo qué decir.

El articulo La lucha de la Universidad ARCIS en Chile: Un síntoma de la crisis de la educación de mercado apareció primero en piensaChile.

Al acceder a los resultados, y establecer un pequeño análisis, es posible constatar que las políticas educacionales del Estado de Chile continúan perpetuando la exclusión y la segregación social. Si se separa por países, se puede constatar que más del 70% de las postulaciones seleccionadas corresponden al Reino Unido y Estados Unidos (41,4% y 29,9% respectivamente), si lo hacemos por área geográfica, más del 52% son para Europa occidental, y si lo hacemos por idioma, más del 95% de las universidades seleccionadas por el programa de becas imparten sus carreras en lengua no hispana.

Sin embargo, lo que más llama la atención, es que por primera vez en la historia de Becas Chile, no existe ninguna Universidad Latinoamericana en el listado de selección, más aún, sólo el 4,6% de los postulantes beneficiados corresponden a estudiantes que continuarán estudios de posgrado en Universidades españolas. (ver tabla 1)

Es probable que muchos planteen que si bien la convocatoria es abierta, es sabido que dentro de las bases de postulación se establece que el “concurso se encuentra orientado a financiar (…) los programas que se imparten en una universidad y/o centro de investigación que se encuentra clasificada/o dentro de los primeros 150 lugares de los rankings de mejores universidades según el Times Higher Education (THE) o el Academic Ranking of World Universities (Shanghai, ARWU) (…)”. A pesar de lo anterior, también señala que también podrán participar en el concurso: “Programas que se imparten en una universidad y/o centro de estudios que NO se encuentran dentro de los indicados en el numeral 4.2.1. (Ranking), las cuales deberán además incluir en su postulación información adicional que acredite la excelencia de su programa y/o universidad, como otros rankings internacionales o nacionales acreditados.” Vale decir, no es excluyente (o al menos eso dice en el papel) que la Universidad o programa de estudio se encuentre en los ranking THE o Shanghai, siempre y cuando se acredite su excelencia.

Pero, ¿Por qué esas universidades y no otras? Lo cierto es que un programa universitario en Estados Unidos o en el Reino Unido supera por lejos los 20 millones de pesos. Si los comparamos con Universidades Latinoamericanas, que han sido cunas de premios nobeles, presidentes y grandes intelectuales, con un estudiante que se va a esos países (Estados Unidos o en el Reino Unido), es posible financiar a 20 en América Latina, es decir, de los 291 estudiantes becados, se pudo haber beneficiado a casi 6.000 estudiantes para que estudiaran en nuestra región, sin considerar que los gastos mencionados sólo cubren matrícula y arancel. Peor aún, muchas de esas universidades buscan y persiguen abiertamente el lucro, generando una profunda discriminación y un verdadero negocio en el “mercado educacional”. ¿Será entonces que el Estado de Chile sólo persigue el lucro en Chile pero continúa favoreciéndolo hacia fuera?.

A la luz de los datos analizados, es posible observar que más del 95% de las universidades presentes en la selección de Becas Chile corresponden a instituciones que imparten sus programas en una lengua no castellana. Es por la mayoría sabido que quienes logran superar los difíciles y complejos exámenes de idiomas pertenecen a estudiantes que provienen de los mejores colegios de Chile, colegios a los que asiste el 5% más rico del país. Vale decir, el programa de becas no solamente excluye, sino que viene a reproducir y perpetuar el modelo de segregación social chileno.

Hace unos días atrás, el sacerdote jesuita Felipe Berríos se refería, en un programa de televisión, a la construcción de dos hospitales en el sector oriente de Santiago, señalando que “es lícito que la Universidad de Los Andes construya un hospital en la cota mil. Es lícito que la Universidad Católica construya un hospital en San Carlos de Apoquindo. Pero es inmoral”. Podemos señalar, a la luz de sus palabras, que es lícito que Becas Chile y CONICYT imponga esas condiciones para postular en su concurso de posgrados, sin embargo es absolutamente inmoral, sobretodo tomando en cuenta las tremendas diferencias sociales que existen en Chile, donde se priorizan instituciones educacionales absolutamente fuera del alcance de la inmensa mayoría de los chilenos, con requisitos que muy pocos podrán alcanzar.

Acá no se trata de impedir que estudiantes deseen continuar sus estudios en universidades de los Estados Unidos o del Reino Unido, ni que si logran capacitarse para aprender inglés, francés, alemán o chino mandarín, lo hagan; se trata de establecer un proceso que no sólo incentive la postulación a esas instituciones, sino que logre diversificar el campo de estudio hacia otras universidades, quizás con porcentajes por regiones o zonas, para de ese modo lograr efectivamente que el llamado “capital humano” en Chile, aumente, mejore y se consiga efectivamente la transformación social que tanto se necesita. Latinoamérica tiene mucho que ofrecer a los estudiantes chilenos, el contacto con la realidad regional podría reportar enormes beneficios no sólo a nuestro país sino a nuestra región, es por lo mismo que darse cuenta que América Latina ha desaparecido, no deja de conmover sino también preocupar.

email: igna.caceres@gmail.com

El articulo Becas Chile: La perpetuidad de la exclusión y la desaparición de América Latina apareció primero en piensaChile.

“DIOS PROVEERA”, dice una frase que forma parte del léxico que desde el pulpito de manera insistente, se lanza con sonido más fuerte que el de cien martillos. Pero, por si acaso, sus representantes ensotanados en la tierra especulan con uno de los derechos fundamentales del hombre….la educación.

En los tiempos actuales donde los asuntos para una reforma educativa todos quieren ser primeros actores, encontramos antecedentes que permiten entender la ira del cardenal Ezzati, no queda ninguna duda que existen sobradas razones y antecedentes para sentir ese tufillo que nace de la defensa del lucro.

La Iglesia Católica es el más importante cartel entre los sostenedores privados. El año 2013 el Estado depositó en sus bancos $ 109.673 millones de pesos, cifra que en su interior tienen $ 14.867 por subvención SEP, recursos destinados para aportar a los escolares vulnerables, en total en la región metropolitana, educan en sus colegios a 159.000 alumnos. El sonido de las monedas que tan bien describe el Arcipreste de Hita, queda aquí reflejado.

Al cardenal Ezzati le gusta el lucro, el copago y la selección de alumnos, eso no tiene nada nuevo, si el cardenal fuera consecuente andaría vestido de franciscano, pero no es así. El cartel de la Iglesia se atrinchera junto a otros sostenedores católicos y convoca a otros emprendedores católicos para defenderse de lo que ellos dicen que se está preparando una especie de puñalada a la libertad de la enseñanza.

Hay que dejar constancia que existen algunas congregaciones dedicadas a la enseñanza y que hacen existir colegios bajo forma de fundaciones que se declaran sin fines de lucro, y que hacen muchos esfuerzos para no parecerse, ni que se les compare con los pretorianos del cardenal Ezzati.

La base de datos del año 2013 del Mineduc en la Región Metropolitana existen 2.076 colegios que reciben recursos estatales, 190 establecimientos, que representan la no menor cifra del 9.1%, están relacionados con una congregación, un obispado o una obra apostólica de laicos que se declaran parientes cercanos de una orden religiosa o de una diócesis.

“El copago nació buscando una democratización de la educación, buscando que los papás que educaban a sus hijos en colegio pagado y que no podían hacer, lo pudieran hacer de manera más participativa y con mayor facilidad y eso ha sido un beneficio social muy grande, especialmente, para la clase media” (1)

Se hace necesario hacer público y dejar constancia del promedio mensual de copago, la UDI manifiesta que las cifras bordean alrededor entre $ 15.000 y $ 20.000, pero la verdad es distinta: Colegio Inmaculada Concepción $ 74.880, Colegio Particular Corazón de María de San Miguel $ 74.600, Colegio Madre de la Divina providencia $ 71.322.

Nadie duda que la educación no solo constituye un derecho, sino que es uno de los pilares indispensable en la sobrevida de un país, del futuro de la patria. Está demostrado que los países que compran ciencia y tecnología serán siempre pobres, y hay más pobres aún, como los que compran ropa interior usada, de segunda mano en las ferias libres de esta angosta faja de tierra.

La desigualdad se refleja y se reproduce. Los jóvenes que van a la educación pobre, municipal, los que no llegan a terminar la obligatoria educación media, son la mano de obra barata que necesita el modelo, por esos que la UDI rompe todas sus lanzas y que denomina clase media, la que según ellos pueden comprar casas de hasta 4.000 UF. Basta preguntarse porque en el campo no hay colegios particulares, sencillamente porque no son buen negocio, entonces la alternativa es la educación municipal que dada lo precario del modelo, hace que se perpetúe la desigualdad..

Ezzati y su brazo armado, la UDI….no dice nada, guardan silencio como si de un estado de confesión se tratara….

Los resultados de la PSU 2013 dejó en evidencia la enorme desigualdad, que ya podría decirse con rasgos de criminalidad por sus consecuencias. El 80% de los mejores colegios según puntaje promedio, pertenecen a Las Condes, Viña del Mar, Vitacura, todos son particulares pagados y en su gran mayoría son propiedad de Holding Educacionales donde la mensualidad promedio es de $ 300.000 y donde el pago por incorporación se acerca a los $ 2.000.000.

No quedan dudas de la cristiana visión del proceso educativo que tiene el mandamás del cartel. “El hecho educativo es un hecho de confianza entre el alumno y el educador, entre el padre de familia y el proyecto educativo que ofrece el educador, y naturalmente la confianza supone conocimiento. El hecho de que se diga que no tiene que haber selección, creo que está equivocado. Tiene que haber una selección positiva en este sentido” cardenal Ezzati.

La UDI defiende la selección, eso está en su ADN, se siente cómoda en un país desigual. Un niño para entrar a Kinder, debe llegar con su certificado de bautizo y el de matrimonio de sus padres, no hay espacio para un hijo de separado o divorciado. Combate cualquier intento que signifique sentar las bases de un tipo de sociedad más justa y solidaria, y no se habla ni de dictadura del proletariado ni mucho menos.

Esconden la cabeza bajo sotana cuando escuchan eso de “multiplicar los panes y los peces”, sencillamente porque ellos les gustaría tenerlos en sus supermercados envasados para que sean pagados…… con tarjetas del retail.

Y como si fuera poco, la UDI y Ezzati se lanzan en una campaña para condenar a las mujeres, se resisten a despenalización del aborto en tres causales bien concretas. No logran entender que la mujer tiene derechos fundamentales y que es justamente en los sectores más vulnerables, donde se hace más patente esta realidad sobre la que hay que legislar. A la UDI y a Ezzati no le gusta el condón, ni la educación sobre lo magnifico que es una sexualidad responsable.

Nota:

(1)  21 de mayo 2014, página web episcopado.

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CIPER revisó las cifras oficiales de los ingresos que recibieron en 2013 los sostenedores de colegios particulares subvencionados de la Región Metropolitana, y descubrió que en muchos casos se repiten los mismos propietarios bajo distinta razón social. Desenmarañando la madeja del “multirut” de los sostenedores, identificamos a los siete grupos que reciben más subvenciones: $62.371 millones en total. Una de las fórmulas que usan para sacar utilidades es pagar servicios o arriendos a sociedades de su misma propiedad. Sepa quiénes son y cómo operan los empresarios que lideran el negocio.

Walter Oliva es un democratacristiano que no está a gusto con el programa de Michelle Bachelet. Y se entiende, porque Oliva –quien fue vicepresidente de la DC en la directiva que encabezó Soledad Alvear-, es sostenedor de colegios particulares subvencionados, un negocio que Bachelet quiere clausurar con uno de los proyectos eje de su gobierno: la reforma que elimina el lucro con recursos públicos en la enseñanza básica y secundaria. En 2013, según los datos del Ministerio de Educación (Mineduc), los ocho colegios de Walter Oliva Munizaga recibieron $6.890 millones en subvenciones. De ellos, $1.312 millones correspondían a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinada a mejorar las condiciones de aprendizaje de alumnos “vulnerables”, es decir, los más pobres. Como la ley obliga a ocupar la totalidad de los recursos SEP exclusivamente en mejoras educativas, prohibiendo en la práctica el lucro con ese dinero, algunos sostenedores dieron con la fórmula para obtener utilidades de los fondos SEP que el Estado les confía. Oliva es uno de ellos.

CIPER indagó esas fórmulas no escritas que aumentan las utilidades de los sostenedores, identificó a los siete principales grupos de “megasostenedores” que operan en la Región Metropolitana y cuantificó los recursos estatales que reciben. Walter Oliva encabeza uno de esos siete grupos, los que en conjunto captaron en 2013 una suma total de subvenciones que superó los $62.371 millones. La cifra equivale a más del 10% del total de recursos públicos ($604 mil millones) que se repartieron el año pasado entre los 2.076 colegios particulares subvencionados de la región (vea la nómina de todos los sostenedores de la Región Metropolitana con sus ingresos en 2013) .

Aunque las cifras que maneja el Mineduc indican que cerca del 80% de los sostenedores administra sólo un colegio y muchos de ellos lo hacen con dificultad para cuadrar su caja, en el 20% restante hay algunos que operan varios establecimientos y logran economías de escala que les permiten obtener mayores utilidades. Además de las ganancias que consiguen con la subvención, muchos de ellos contratan distintos servicios con sus empresas relacionadas y declaran gastos genéricos que aprovechan las exenciones tributarias reservadas para los establecimientos subvencionados. Sobre este tipo de sostenedores han puesto el foco los expertos del Mineduc que planifican la reforma.

Según las estimaciones ministeriales, el monto global del lucro en el sistema particular subvencionado, supera los US$300 millones anuales. Esa cifra equivale a cerca del 50% del volumen total que reciben los colegios privados con subvención estatal por concepto de “financiamiento compartido” (copago de los apoderados).

MIL MILLONES PARA LA ATE DE OLIVA

Los fondos SEP pueden gastarse en recursos materiales -como libros y computadores- y en asistencia o capacitación para la función docente. Si se ocupan en la segunda opción los sostenedores están obligados a contratar la asesoría de una consultora ATE (Asistencia Técnica Educativa) registrada previamente en el Mineduc. Walter Oliva tiene su propia ATE: Innovación Tres Limitada. Y se “autocontrató”. Entre 2011 y 2012 sus colegios le pagaron más de mil millones de pesos a su consultora.

Para acreditar cómo opera una de las fórmulas que acrecientan las utilidades de este negocio, CIPER pidió al Mineduc (por Ley de Transparencia) los pagos realizados en 2011 y 2012 por los colegios de Walter Oliva a su propia ATE. La respuesta de la cartera consignó que en ese periodo se registraron 500 facturas pagadas con recursos SEP por esos establecimientos a su consultora Innovación Tres Limitada, por un total que supera los $1.058 millones (vea el documento enviado por el Mineduc).

Además, en los mismos años, los establecimientos de Oliva contrataron, también con recursos SEP, la ATE de su ex esposa, Claudia Peirano, quien inicialmente había sido designada por la Presidenta Bachelet como subsecretaria de Educación, cargo que finalmente no asumió debido a los cuestionamientos por estos mismos conflictos de interés (vea los reportajes de CIPER “La incómoda mochila de la próxima subsecretaria de Educación” y  “Nuevo nexo con escuelas de Walter Oliva hacía inviable permanencia de Claudia Peirano en Educación”). La consultora de Claudia Peirano –Grupo Educativo Limitada– recibió $56,7 millones de los colegios de su ex marido (vea el detalle en el documento del Mineduc).

En total, los fondos SEP que en 2011 y 2012 las escuelas de Oliva destinaron al pago de las consultoras de su propiedad y de su ex esposa, suman $1.114 millones. Una cifra que adquiere mayor peso específico si se compara con los recursos SEP que obtienen los colegios de Oliva en sólo un año: los registros del Mineduc revisados por CIPER indican que en 2013 estos establecimientos recibieron un total de $1.312 millones por este concepto.

En el Mineduc saben que la fórmula que utiliza Oliva de contratar con fondos SEP su propia ATE también la ocupan varios de los grandes sostenedores. Desde hace mucho tiempo la autoridad sabe que, así como los controladores de algunas universidades privadas burlaron la prohibición de lucrar contratando servicios de empresas relacionadas, aquí ocurre lo mismo. Con el agravante de que, cuando se trata de fondos SEP, se cortan tajadas del dinero destinado a los niños más desprotegidos del país.

Frente a este escenario, y por primera vez, el ministerio solicitó al Servicio de Impuestos Internos (SII) que le informe cuáles son todas las sociedades comerciales relacionadas con sociedades sostenedoras, para detectar si entre ellas existen pagos por servicios que comprometan recursos SEP o que se declaren como gastos que podrían ser objeto de rebajas tributarias improcedentes. En el SII confirmaron a CIPER que la solicitud del Mineduc ingresó el 13 de abril y que están trabajando en ella. La respuesta ha demorado, dicen en el SII, porque la nómina de sostenedores es muy extensa y establecer la red de sociedades relacionadas ha resultado una tarea compleja.

EL “MULTIRUT” DE LA EDUCACIÓN

Si los sostenedores de la Región Metropolitana se ordenan según el monto de los recursos que recibieron del Estado en 2013, en la cúspide de esa nómina aparecen fundaciones o corporaciones sin fines de lucro. El primer lugar lo ocupa la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), con un aporte de fondos públicos que totaliza $14.932 millones. Le sigue la Fundación Belén Educa, con $10.312 millones en subvenciones. Luego se ubican la Sociedad de Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino ($6.933 millones) y la Fundación Juan Piamarta (de la Congregación Sagrada Familia de Nazaret, con $5.390 millones). Pero el orden de esta nómina -confeccionada con los datos oficiales- no tiene más valor que el de una ilusión óptica.

CIPER revisó los registros del Diario Oficial para analizar la composición de las sociedades sostenedoras con fines comerciales (sociedades por acciones, anónimas, limitadas y de responsabilidad individual) que operaron en la Región Metropolitana en 2013. Y comprobó que, bajo distintas razones sociales se repiten los mismos socios, muchos de los cuales están emparentados por lazos familiares o por otros negocios: una suerte de “multirut” de los sostenedores. En las fichas que acompañan este reportaje, se puede ver el detalle de todas las sociedades a las que aparecen vinculados.

Esta concentración del mercado es corroborada por el director del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales, Gregory Elacqua, quien ha desarrollado diversas investigaciones sobre el sistema educacional: “El 80% de los sostenedores con fines de lucro son Pymes, la mayoría son profesores que tienen entre 300 y 400 alumnos. Luego tienes sostenedores que operan dos colegios o tienen un establecimiento grande. Eso dicen los datos oficiales, pero hay cosas escondidas en esos datos, como los sostenedores que son socios en distintos colegios. Y hay varios que están asociados a diversos RUT”.

CIPER agrupó las sociedades sostenedoras según estos nexos no declarados y reordenó el ranking de los que obtuvieron más recursos públicos en 2013 en la Región Metropolitana. El resultado: siete grupos de sostenedores, que no aparecen en los primeros lugares del ranking confeccionado con datos oficiales, irrumpen en la cima de la nómina. Con el nuevo orden, la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) ya no lidera los colegios que reciben más subvenciones, sino el grupo de sostenedores de la familia Hasbún-Ramírez (con $15.166 millones de subvenciones). La SIP se ubica en segundo lugar y le siguen el grupo Cifuentes-Narváez, Belén Educa, el grupo Alicante-Alcántara, las Escuelas Católicas Santo Tomás de Aquino, el grupo Romo, el grupo Oliva, el grupo Boston College y la Fundación Piamarta. Cierra el cuadro el grupo Cemsu-Edutep (vea el ranking elaborado por CIPER con los 50 sostenedores metropolitanos que recibieron más subvenciones en 2013).

Los ingresos de estos siete grupos de “megasostenedores” contrastan con los montos que exhiben las restantes sociedades que participan en el rubro. En la Región Metropolitana opera un universo cercano a los 1.700 sostenedores de colegios particulares subvencionados. De ellos, sólo un centenar obtuvo en 2013 ingresos por sobre los mil millones de pesos y apenas una treintena registraron ingresos superiores a los $2 mil millones.

LOS SIETE GRUPOS “MEGASOSTENEDORES”

De acuerdo con el ranking elaborado por CIPER con datos del Mineduc, en la cúspide de los sostenedores de la Región Metropolitana con más ingresos totales (subvenciones más copago) se ubica el grupo Alicante-Alcántara. Entre sus socios relevantes figuran Jaime Melnick, David Gottlieb, Sergio Gloger, Juan Andrés Silberstein y René Peter Silberstein. El grupo está compuesto por nueve sociedades sostenedoras que operan igual cantidad de colegios, los que suman una matrícula de 16.786 alumnos. En 2013 este grupo recibió $9.495 millones de recursos públicos (la suma de la subvención normal y SEP).  Y con el copago que cobró a sus apoderados, la cifra de sus ingresos totales se elevó a $18.704 millones (vea la ficha con las cifras e historia del grupo Alicante-Alcántara).

El segundo lugar del ranking lo ocupa el grupo Ramírez Hasbún, conformado por los miembros de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez. Uno de ellos, Alejandro Hasbún Ramírez, es vicepresidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados (Conacep), agrupación que lidera la oposición a la reforma que impulsa el gobierno. Otro socio relevante es Luis Ramírez Valle, presidente de la entidad que reúne a los colegios del grupo: la Corporación San Isidoro. Aunque recibió el nombre de “corporación”, todos sus colegios son con fines de lucro.

Los diversos integrantes de las familias Ramírez Caselli y Hasbún Ramírez forman parte de 14 sociedades sostenedoras que administran 19 colegios, los que en conjunto atienden a un total de 22.900 alumnos. El grupo recibió en 2013 fondos estatales por más de $15.166 millones y sus ingresos totales se elevaron a $17.937 millones al agregar el aporte de los apoderados (vea la ficha del Grupo Ramírez Hasbún).

El grupo Cifuentes Narváez es el tercero del ranking. Lo componen las sociedades de Filomena Narváez y de su sobrino, Jorge Cifuentes Narváez. Cuenta con diez sociedades sostenedoras que administran 20 colegios en la Región Metropolitana, en los que estudian 17.500 alumnos. Cuatro de estas sociedades están integradas por Filomena Narváez y sus hijos. Las otras seis son de Jorge Cifuentes. El grupo, en conjunto, recibió subvenciones por una suma superior a $13.038 millones. Los ingresos aumentan a $15.160 millones al sumar el copago de los apoderados (vea la ficha del Grupo Cifuentes Narváez).

En la cuarta posición está el grupo Boston College. Entre sus socios relevantes se cuenta a los hermanos Julio, Francisco y Claudio Martínez Cárcamo. El grupo cuenta con siete establecimientos administrados por igual número de sociedades sostenedoras, los que ofrecen una matrícula global de 10.900 alumnos. Sus ingresos totales en 2013 sumaron $9.418 millones, de los cuales $5.966 millones correspondieron a subvenciones (vea la ficha del grupo Boston).

El grupo Oliva ocupa el quinto puesto. Son cuatro las sociedades sostenedoras en las que participa Walter Oliva y su madre, Aurelia Munizaga. El grupo opera ocho establecimientos, con una matrícula que alcanza a los 9.200 estudiantes. En 2013 recibió recursos públicos que ascendieron a $6.890 millones y sus ingresos totales se elevaron a $8.440 millones con el copago (vea la ficha del grupo Oliva).

En la sexta posición se ubica el grupo Romo. Está integrado por 14 colegios administrados por 13 sociedades sostenedoras: dos son de Marta Romo Valdivia y sus hijos; dos pertenecen a Osvaldo Romo Valdivia y Elena Figueroa Navarrete; tres son de Raúl Orlando Romo Rojas y su familia; seis están manos de Pedro Gerardo Romo Rojas y Sonia del Pilar Alvariño, y una es propiedad de Paulina Romo Rojas.

Los colegios del grupo Romo, en conjunto, ofrecen enseñanza a 9.871 alumnos y en 2013 obtuvieron subvenciones que alcanzaron a $6.926 millones. Gracias al aporte de los apoderados, sus ingresos totales superaron los $7.888 millones (vea la ficha del grupo Romo).

Cerrando el cuadro está el grupo Cemsu-Edutep, cuyos principales socios son Jorge Ernesto Valenzuela Rudy, Leyla Elena Armijo Abdo y David Mauricio Valenzuela Rudy. A través de cinco sociedades sostenedoras cuenta con el mismo número de colegios, los que imparten educación a 7.400 alumnos. El año pasado registró ingresos por subvenciones que ascendieron a $4.887 millones, con el aporte de los apoderados esa cifra subió a $ 6.938 millones (vea la ficha del grupo Cemsu-Edutep).

UTILIDADES ENTRE 8% Y 15%

En un reportaje publicado por El Mostrador el 8 de mayo pasado, el gerente del sector educación de la Sociedad de Inversiones Norte Sur S.A., José Ruiz, arrojó las primeras luces sobre un tema que hasta ese momento transitaba por la penumbra: las utilidades que deja el negocio de los colegios particulares subvencionados. Ruiz conoce bien el rubro, pues Norte Sur ha adquirido el 50% de las sociedades sostenedoras de 12 colegios, la mitad de ellos en la Región Metropolitana.

Hasta 2007, Inversiones Norte Sur era uno de los controladores del Banco del Desarrollo, el que fue vendido a Scotiabank en una operación que le reportó más de US$400 millones. Desde entonces ha invertido en diversos rubros que arrojan buenos márgenes de ganancias. Uno de los mercados sobre los que apostó fue la educación particular subvencionada. Ya había incursionado en el sector de la Educación Superior, primero ingresando a la Universidad de Viña del Mar, participación que en 2009 le vendió al grupo Laureate, y después, en 2011, con un fallido intento de hacerse del control de la Universidad Central (vea el reportaje de CIPER). Uno de los empresarios que encabeza este grupo inversionista es Vicente Caruz, reconocido como un histórico simpatizante de la Concertación y financista de sus campañas.

En el artículo de El Mostrador, el gerente José Ruiz declaró: “Cuando un colegio no reinvierte, el dueño se puede llevar el 15% de los ingresos (como utilidad). En nuestro caso, la rentabilidad está entre el 8% y el 10%”.

En el Mineduc concuerdan con estos números. Quienes están trabajando en el diseño de la reforma estiman que las utilidades oscilan entre el 10% y el 15% de los ingresos totales que recibe un sostenedor (la suma de la subvención normal más la SEP y, eventualmente, el copago).

(Fuente:www.alcantara-alicante.cl)

Los especialistas calculan que las utilidades se aproximan al 15% de los ingresos cuando el sostenedor maneja varios colegios y logra una economía de escala significativa. Así, por ejemplo, y bajo un cálculo conservador que sitúe las utilidades en un 10% de los ingresos anuales, un grupo tan extenso como el de las familias Ramírez Hasbún, que recibió más de $17.937 millones en 2013, pudo haber registrado utilidades cercanas a $1.700 millones.

En todo caso, dicen en el Mineduc, esto no significa que los sostenedores se llevan esa suma “para la casa”. Muchos de ellos están pagando deudas contraídas para levantar la infraestructura de sus colegios o recuperando el capital propio que invirtieron con ese mismo objetivo. En ese ministerio sostienen que las fórmulas que se barajan, en el contexto de la reforma en curso, para que el Estado compre inmuebles a los sostenedores que no deseen seguir en el rubro, no es más que el “sinceramiento” de lo que ya ocurre: los sostenedores pagan o recuperan su inversión en edificios y terrenos con los recursos públicos provenientes de la subvención. Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos que acompaña al proyecto de la reforma, la compra de inmuebles puede demandar un gasto de hasta US$5 mil millones en 12 años.

Para cotejar los cálculos sobre utilidades y recuperación de las inversiones de los sostenedores, CIPER solicitó entrevistas con Alejandro Ramírez Hasbún y Luis Ramírez Valle (del grupo Ramírez Hasbún), Ana Humeres (del grupo Alicante-Alcántara), Jorge Cifuentes (del grupo Cifuentes Nárvaez), Julio Martínez y Claudio Martínez (del grupo Martínez Cárcamo),  Walter Oliva (del grupo Oliva), Rodrigo Bosch (ex presidente de Conacep) y Hernán Herrera (presidente de Conacep). El único que respondió los mensajes fue Rodrigo Bosch, pero rechazó dar entrevista.

RENDICIONES DE CUENTAS

Sólo un representante de los grandes grupos de sostenedores aceptó conversar con CIPER, pero bajo reserva de su identidad. Reconoció que una parte importante de las utilidades provienen de negocios con sociedades relacionadas y que la mayoría de los grandes sostenedores son dueños también de consultoras ATE que contratan en sus colegios. Señaló además, que la fiscalización de los recursos SEP por parte de la Superintendencia de Educación es particularmente puntillosa respecto de que se usen exclusivamente en mejoras educativas. Pero no verifica si hay contratos con sociedades relacionadas ni la calidad de las asesorías. Tampoco la posibilidad de que se facture con sobreprecio.

El mismo sostenedor afirmó que la fiscalización de los gastos que se financian con la subvención normal, es muy laxa. Y las razones que da para ello CIPER las escuchó reiteradamente de otros actores del sistema: la superintendencia no tiene ni recursos humanos ni materiales para auditar al detalle las rendiciones de cuentas de los sostenedores. En el Mineduc están conscientes de que la fiscalización es laxa, porque pesquisar los vínculos entre sostenedores y sus sociedades relacionadas no era relevante, lo que cambiaría ahora por la reforma educacional que plantea el fin del lucro. De hecho, el ministerio ya está recabando antecedentes acerca de consultoras ATE pagadas con fondos SEP que aparentemente abultan el cobro de sus servicios de común acuerdo con el sostenedor, para luego repartirse el excedente.

En las rendiciones de cuentas que recibe la superintendencia se incluyen gastos en alimentación, transporte, peajes, recursos informáticos, impresión, publicidad y capacitación, entre otros, que pueden ser provistos por empresas relacionadas sin que se tome nota de aquello. Ocurre lo mismo con el pago de los arriendos de los inmuebles que ocupan los colegios. Desde fines de la década pasada muchas sociedades sostenedoras se dividieron, dando origen a sociedades de inversión y sociedades inmobiliarias. Según explican los sostenedores, esto se debe a que cuando ofrecían en garantía los inmuebles para obtener un crédito, los bancos les exigían que la propiedad no estuviese asociada al giro educativo. Esto, porque si el deudor no paga, el banco prefiere liquidar la deuda enajenando sólo el inmueble, pero no desea hacerse cargo de los problemas que acarrea el cierre de un colegio, como la cancelación de las matrículas y el finiquito de los docentes.

Producto de estas divisiones, las sociedades sostenedoras se quedaron con el giro educacional, pero transfirieron gran parte de su patrimonio a las nacientes sociedades de inversión e inmobiliarias. Así, los inmuebles en los que funcionan sus colegios pasaron a ser patrimonio de las nuevas sociedades. En consecuencia, los sostenedores ahora se pagan arriendo por el uso de sus propios edificios, tal como ocurre en las universidades privadas que por esta vía burlan la prohibición de lucrar.

A diferencia de lo que sucede en las universidades, en el sistema escolar subvencionado no está prohibido el lucro -al menos mientras no se apruebe la reforma-, por lo que declarar el arriendo como gasto no transgrede norma alguna de las leyes de educación, pero tiene el efecto de enmascarar una parte significativa de las utilidades. No obstante, esta figura podría vulnerar las normas tributarias.

Los sostenedores gozan de beneficios tributarios respecto de los gastos que hacen con la subvención. Estas exenciones están detalladas en el decreto DFL Nº2 de 1996 de Educación. La norma establece que no pagan impuestos “los gastos destinados al pago de remuneraciones del personal, la administración, reparación, mantención o ampliación de las instalaciones de los establecimientos beneficiados  o  cualquier otra inversión destinada al servicio de la función docente”. Según especialistas tributarios consultados por CIPER, el proyecto de reforma educacional ha provocado que el SII preste especial atención a estos criterios. Un punto que debe definirse es si podrían existir irregularidades en el pago de arriendos a sociedades relacionadas con los sostenedores.

Para evitar la fuga de dineros por la vía de los arriendos u otros contratos o convenios con entidades relacionadas, la reforma propuesta por el Mineduc establece que todos los sostenedores deben convertirse en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro y ser dueños de los inmuebles donde operan sus colegios. Además, tendrán prohibido comprar bienes y celebrar contratos con sociedades relacionadas y estarán obligados a entregar memorias y balances auditados a la Superintendencia de Educación. De prosperar la reforma, este organismo estará dotado de nuevas facultades de fiscalización y auditoría. Por ejemplo, podrá pedir al SII que avalúe los bienes adquiridos por los sostenedores, para evitar transacciones con sobreprecios.

Un cambio radical al sistema de fiscalización y al monto de los fondos destinados para ello es uno de los requisitos para el fin del lucro. Porque hasta ahora la fiscalización del Ministerio de Educación a los colegios particulares subvencionados se ha concentrado principalmente en una sola irregularidad: la adulteración de las planillas de asistencia de los alumnos. Los sostenedores han desarrollado distintas triquiñuelas para abultar estos índices dado que la subvención se paga por los alumnos que efectivamente asisten a clases. Y a pesar de que en muchos casos las visitas de los fiscalizadores son advertidas con anticipación a los colegios, en los últimos años el Ministerio de Educación ha aumentado las sanciones e incluso el cierre de establecimientos, debido a la reiteración de esta irregularidad que bordea lo ilícito.

El detalle del nuevo sistema de fiscalización quedará plasmado en un reglamento que debe ser promulgado a más tardar un año después de la aprobación de la ley que consagre la reforma. Pero todo esto corre el riesgo de convertirse en letra muerta si no se aprueban los fondos suficientes para dotar a la Superintendencia de Educación de personal capacitado a la altura de la complejidad de sus nuevas funciones. Fue precisamente esta carencia lo que posibilitó el negocio de la Educación Superior, al no existir ni reglamento que sancionara el lucro ni organismo que lo fiscalizara.

RECONVERTIRSE O “BAJAR LA CORTINA”

Los cálculos del Mineduc indican que para el 80% de los sostenedores que hoy tienen fines de lucro, el cambio propuesto en la reforma educacional sería beneficioso. Ese es el porcentaje de sostenedores pequeños, que tienen sólo uno o dos establecimientos y que captan hasta $300 millones anuales en subvenciones. Como consecuencia del fin del copago que impulsa la reforma, la subvención se incrementará para compensar la eliminación de los aportes que hoy hacen los apoderados. Esa es la “zanahoria” que ofrece la reforma a los pequeños sostenedores: los que hoy no cobran copago verán incrementados sus ingresos por el aumento de la subvención, mientras que aquellos que hoy reciben aporte de las familias, igual serían beneficiados, pues contarían con un ingreso fijo en reemplazo del monto variable que hoy recaudan con el financiamiento compartido.

Como la mayoría de estos colegios atienden alumnado de escasos recursos, y la reforma plantea duplicar el aporte público para los estudiantes del primer y segundo quintil, estos establecimientos serán los más beneficiados. Una vez que entre en régimen la reforma, la subvención por cada uno de esos alumnos alcanzará una suma mensual de $140 mil.

Sin embargo, también existe preocupación en algunos sostenedores de menor tamaño, por el traspaso que deberán hacer de los inmuebles a las entidades sin fines de lucro. Muchos de ellos lo consideran una pérdida del principal patrimonio que han acumulado en años de trabajo.

Los registros oficiales indican que el 70% de los sostenedores que operan en la Región Metropolitana (cerca de 1.200) recibieron en 2013 un aporte de subvenciones igual o menor a $300 millones. Si sus utilidades fueron equivalentes al 10% de sus ingresos, tal como calculan los especialistas, eso significa que sus rentas mensuales no superan los $2,5 millones. Por ello, aún cuando la reforma les exija convertirse en entidades sin fines de lucro, es factible que los sostenedores conserven ese nivel de ingresos, ya no como utilidades, sino como un sueldo fijo por su labor directiva y de administración. Incluso, se espera que con el nuevo formato puedan ampliar su capacidad para captar donaciones, como ya lo hacen los sostenedores que administran colegios bajo la figura de entidades sin fines de lucro (ver recuadro).

Por todos estos factores, la apuesta de los impulsores de la reforma es que en este grupo de sostenedores, la mayoría aceptará las nuevas condiciones. Pero las cuentas del Mineduc no son claras cuando se refieren a lo que ocurrirá con los sostenedores con fines comerciales que cobran copagos por sobre los $60 mil mensuales. En este segmento parece difícil que la nueva normativa les permita igualar las utilidades actuales. Tampoco está claro que el aumento de la subvención compense el aporte que hoy reciben de las familias. Entre estos sostenedores impera el sentimiento de que simplemente serán “expropiados”.

Es probable entonces, que en este grupo se concentre la mayor cantidad de sostenedores que optaran por “bajar la cortina” y traspasarle el colegio al Estado. Este será uno de los flancos más conflictivos de la reforma que actualmente se discute en el Congreso. No sólo por la dura negociación para valorar los activos, sino por el universo de familias que se verían afectadas. A la luz de las cifras, aparece poco probable que muchos de estos establecimientos se reconviertan en particulares pagados. El nicho de la educación privada atiende apenas al 7% de la matrícula total del país. Un mercado muy acotado, que parte en los $150 mil mensuales por alumno, y por lo mismo, con escasas posibilidades de ampliación.

-Se está generando un mito sobre la cantidad de colegios que podrían pasar a particular pagado. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas mostró que entre 2010 y 2013 más de cien colegios particulares pagados pasaron a subvencionados con financiamiento compartido. Cambiaron porque las familias no podían pagar $140 mil. Esos colegios tenían muchos problemas de morosidad –corrobora el experto en educación de la UDP, Gregory Elacqua.

COMPETENCIA CON LA EDUCACIÓN PÚBLICA

La reforma que impulsa el gobierno no se agota en el proyecto que aspira a eliminar el lucro, el copago y la selección. Lo que viene ahora promete ponerle más problemas a los sostenedores de colegios particulares subvencionados, pues la idea del Mineduc es que los establecimientos públicos efectivamente queden en condiciones de disputarles el mercado y revertir la tendencia a la baja en las matrículas del sector de dependencia estatal.

En lo inmediato dos son las tareas urgentes en este ámbito. La primera, elaborar los detalles del nuevo sistema de administración que tendrá la educación pública desmunicipalizada. La segunda, poner en marcha un plan para financiar cien obras que en el Mineduc califican de “emblemáticas”. Un centenar de liceos y escuelas, repartidos por todo el país, serán reacondicionados con estándares de primer nivel. La idea es que queden con una infraestructura similar a la del remozado Liceo de Aplicación. El programa contempla inyectar recursos hasta por $5 mil millones en cada obra y la Dirección de Presupuestos ya confirmó que habrá fondos disponibles, aunque advirtió que tomará al menos dos años y medio que la pesada maquinaría administrativa del sector público permita poner en marcha los trabajos.

A la par, se lanzará una campaña comunicacional para mejorar la imagen de los establecimientos públicos. La campaña tendrá una versión nacional, otra regional y una comunal, para frenar la competencia de los colegios particulares subvencionados.

Todos estos planes, con un alto costo, son, finalmente, cosméticos. Porque como todos los expertos han insistido en estos días, el principal factor que ha socavado la enseñanza pública es la calidad. Y uno de los componentes que urge atacar es el nivel de los profesores. Un ítem que está en la agenda. En estos días ya se instaló la mesa de negociación entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores para abordar la tantas veces postergada reforma a la “carrera docente”. Uno de sus más ambiciosos objetivos es cambiar radicalmente la composición de las remuneraciones de los profesores. Actualmente sólo el 4% del sueldo que recibe el profesor está determinado por su desempeño y mérito.

El académico Elacqua valora la puesta en agenda del proyecto que modifica la carrera docente, un punto crítico por las presiones corporativas del gremio de los profesores que se prevén:

-Sabemos que el factor que más incide en calidad de la enseñanza es el profesor. Pero es un error pensar que las reformas ya presentadas no apuntan a mejorar la calidad, porque la selección perjudica la calidad, el financiamiento compartido crea una barrera que puede generar segregación y respecto del lucro no hay evidencia de que genere calidad. Las reformas que ya se presentaron son correcciones necesarias para poder aprovechar mejor las que vendrán ahora.

MATTE Y ASTORECA: UN MODELO SIN FINES DE LUCRO

Las fundaciones o corporaciones sin fines de lucro, que ya operan como sostenedoras de colegios particulares, han acumulado una experiencia en la administración de establecimientos que el Ministerio de Educación observa con especial interés. Su sistema de gestión puede servir de modelo para los sostenedores con fines comerciales que tendrán que reconvertirse, bajo las nuevas normas que estipula la reforma para eliminar el lucro.

Una de estas entidades es la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), administradora de la red de colegios Matte, que recibe los montos de subvención más altos entre aquellas que no persiguen fines de lucro. En 2013 registró ingresos por subvenciones que sumaron $14.932 millones, con los que financió la educación de 19 mil alumnos distribuidos en 18 colegios de sectores vulnerables. Su presupuesto anual contempla además ingresos por donaciones privadas, destinadas a proyectos específicos (infraestructura o programas de formación), que el año pasado alcanzaron los $1.600 millones.

El fin del copago impacta en el modelo SIP, porque cuentan con financiamiento compartido en todos sus colegios. El promedio que pagan las familias es de $12.800, pero lo cancela sólo el 45% de los alumnos. El resto recibe subvención SEP. “Si el ministerio compensa esos ingresos con un aumento en la subvención, bien, porque nos generaría mayor estabilidad en los ingresos. Pero es importante que esos recursos se puedan usar de un modo flexible, no restrictivo, porque es lo que nos permite invertir en obras y proyectos de mejoramiento en la calidad” sostiene Lily Ariztía, gerente general de la SIP.

En las escuelas Matte, el proceso de selección de alumnos se realiza por medio de una tómbola para llenar los cupos que quedan disponibles después de recibir hermanos de alumnos e hijos de funcionarios. Cada colegio opera como una unidad independiente al alero de un proyecto educativo común. La clave, explican, es el soporte que entrega la casa central, el cerebro de la corporación, con 70 profesionales que asesoran a los colegios en las áreas pedagógica, administrativa y operacional, todo financiado con la subvención.

-Somos muy estrictos en el diseño y control presupuestario, involucramos directamente a los directores de cada colegio, para equilibrar lo que es posible hacer con los sueños que tenemos. Es la única forma de financiarse y poder dejar fondos para invertir en programas de apoyo y mejoramiento- asegura Lily Ariztía.

La Fundación Marcelo Astoreca es otra institución sin fines de lucro observada con atención por los impulsores de la reforma. Tiene un modelo de gestión similar a la SIP, pero con mucho menos alumnos. Administran tres colegios, el último recién abierto en marzo en Lampa. En 2013 recibieron aportes del Estado por $1.386 millones para atender a 1.646 alumnos.

Ana María Lyon, gerente general, explica que cada establecimiento es una unidad independiente, con una administración central que apoya el manejo financiero y académico: “La fórmula que nos permite tener buenos resultados es un directorio comprometido, que se reúne semanalmente y lleva el pulso al detalle de lo que ocurre en cada colegio”. Los terrenos de los colegios los recibieron en comodato y la construcción la financiaron con aportes privados. No tienen deudas bancarias.

Una de las fuentes de financiamiento de Fundación Astoreca son los llamados “padrinos”, personas naturales que contribuyen con un aporte mensual a financiar parte de los gastos operacionales. No reciben copago y la selección de los alumnos es vía tómbola.

*Fuente: CiperChile en Reportajes de investigación

El articulo Colegios subvencionados: así operan los siete grupos de “megasostenedores” que lideran el negocio apareció primero en piensaChile.

Libertad, sí. Pero para los pobres primero. Ellos son hoy los que más lo necesitan. Este es el norte. Integración… (Jorge Costadoat, SJ).

El proyecto educacional del gobierno es una buena noticia para todos los niños de Chile porque es una buena noticia para los niños chilenos más pobres.

La eliminación del lucro, de la selección y del co-pago beneficiará directamente a las familias y a los niños más pobres porque, en lo inmediato, mejorará la calidad de la educación que reciben y, además, por les dará la libertad que no tiene de elegir la escuela que quieren. La derecha política aboga por la libertad, pero la de los que pueden pagar. Lo que la reforma en curso permitirá, es que los que han debido resignarse con una mala educación (municipal), puedan ahora optar por una diversidad de instituciones que no cobrarán y que, esperamos, ofrezcan, sin criterios odiosos de selección, diversos proyectos educativos. Así se encontrarán la libertad para ofrecer educación con la libertad de los pobres para optar, quienes hasta ahora han debido resignarse a cualquier cosa que lleve el nombre de escuela.

La reforma favorece la integración. La eliminación de la selección favorecerá que niños de distintas condiciones sociales se interrelacionen, lo que está probado que ayuda a la formación de unos y otros. De esto modo, ya en la escuela, se anticipará la realización de un valor que se necesita urgentemente: la integración. Esta, que es lo que más necesita Chile, podrá ser practicado desde temprano.

Por último, el proyecto le da un norte a la educación pública y privada del país. En adelante será muy difícil justificar la educación de las elites, precisamente porque ellas, si alguna vez ayudaron a sacar al país en la miseria, actualmente lo tienen apernado en la desigualdad y el clasismo. De momento, según parece, el país no puede acabar con esta selección. Seguirán existiendo 50 colegios públicos de excelencia que seleccionarán, aunque ya no de un modo brutal, a sus alumnos. Pero el gobierno instala una tendencia. La selección discriminadora tiene que terminar. Lo cual también debiera terminar un día en los colegios privados.

Libertad, sí. Pero para los pobres primero. Ellos son hoy los que más lo necesitan. Este es el norte. Integración entre todos y, urgentemente, libertad para los pobres.

– El autor, Jorge Costadoat, es Sacerdote Jesuíta

Cristo en Construcción

*Fuente: Reflexión y Liberación

El articulo Reforma educacional para un país integrado: “Libertad, sí. Pero para los pobres primero” apareció primero en piensaChile.

“El vals de los inútiles” nos acerca a las movilizaciones tomando como eje central la actividad “1800 horas por la educación pública” en la que ciudadanos de todas las edades se relevaron unos a otros para cumplir con esa cantidad de tiempo corriendo alrededor de la Moneda, como gesto de presión para que los gobernantes reaccionaran ante las demandas de la educación. La elección de este evento es particularmente relevante ya que grafica como las preocupaciones que lo motivan van más allá de los estudiantes, involucrando a personas de distintas edades y procedencias, entre ellas los dos personajes principales de esta película.

Desde el inicio del filme la cámara construye la narración intercalando las potentes imágenes de las movilizaciones con planos más pequeños en donde se muestra la cotidianeidad de un estudiante del Instituto Nacional y de un hombre mayor, profesor de tenis. Las escenas van, muchas veces acompañadas de audios de noticieros televisivos y radiales que informan del avance del movimiento estudiantil y permiten que el espectador pueda poner en contexto estas imágenes. Así, la película va construyendo un relato sobre cómo los estudiantes van tomando las decisiones de salir a las calles, tomarse los colegios, negociar o no, y finalmente bajar las tomas.

Lo más destacable del filme es la calidad de su registro. Se celebra la destreza del director Edison Cajas – egresado de la carrera Cine y Televisión de la Universidad de Chile- y su equipo para lograr filmar la contingencia con una precisión y una belleza en la composición realmente admirable. Con ese material es entendible el que la película haya logrado interés en co productores internacionales que apoyaron su desarrollo.

La dificultad del filme aparece al querer ir más allá de las marchas y las tomas. La película escoge dos personajes para llevar el relato a la cotidianeidad del movimiento, pero no logra presentarlos de una manera que de verdad implique al espectador. La decisión de no vincular a estos personajes sino hasta el final, y muy lateralmente, dificulta pasar de una mirada distante a verdaderamente emocionarse con lo que uno está viendo. Así la sensación final no logra ser todo lo conmovedora que podría haber sido ante un material de este nivel y trascendencia.

“El vals de los inútiles” resulta un documento valioso para acercarnos a un momento brillante en la historia de los movimientos sociales, las imágenes que nos presentan permiten ver privilegiadamente cómo nuestra sociedad se ha ido transformando en los últimos años. Su debilidad es no ser capaz de pasar desde el registro de esas poderosas imágenes públicas a expresar la relevancia que, privadamente, este movimiento significa para todos los chilenos.

Claves: antonella estevez, cine, documental, movimiento estudiantil

El articulo “El vals de los inútiles”: Imágenes de la civilidad apareció primero en piensaChile.

¿En un sistema liberal de mercado? La palabra libertad tiene una acepción muy clara en las garantías constitucionales, contenidas en la Carta Fundamental de 1980: no es pluralismo ideológico, tampoco la elección, por parte de los padres y apoderados, del tipo de educación que quieren dar a sus hijos; no es la libertad de educación, defendida por don Abdón Cifuentes y el partido conservador, que no tiene que ver en nada con los valores religiosos. Para los constituyentes de 1980, la libertad, la igualdad y la justicia están supeditadas al mercado: el Estado garantiza a los “sostenedores” la libertad de emprender, es decir, el derecho ilimitado y sin control para fundar escuelas y universidades, sin mayores regulaciones estatales. El mercado, como es lógico, debe basar su éxito en la rentabilidad, y los métodos de enseñanza-aprendizaje están a su servicio. Claramente, el establecimiento educacional que tenga más recursos, que esté mejor administrado dentro de la lógica económica subsistirá y, aquellos menos dotados en la lucha en el capitalismo salvaje tendrán que desaparecer. Esta situación nos lleva al más puro y brutal darwinismo educacional. La derecha concibe la educación como una labor subsidiaria del Estado, de ahí que el papel del Ministerio de Educación sólo sea auxiliar a las empresas privadas fracasadas: lo mismo que ocurre en el mundo económico, se da en el ámbito de la educación. Por estas razones, no nos puede extrañar que la enseñanza-aprendizaje sea un mero espejo de la  brecha social, cada día más inaceptable..

¿La municipalización ha contribuido a una educación diferenciada regionalmente Hay municipios pobres y municipios ricos; hay corporaciones educacionales bien administradas y con mucho dinero y las hay, también, muy pobres  y carentes de funcionarios para una mejor gestión: el fondo común municipal no logra una mayor equidad entre las distintas  Comunas del país; es la misma Asociación de Municipalidades, en reciente declaración, que reconoce que el fardo de la función educativa dificulta a los alcaldes realizar sus tareas propias de su cargo. Está claro que la municipalización pinochetista hizo agua y sería una pérdida de tiempo y recursos ir en su auxilio, por consiguiente, no queda otra salida que el Estado retome, como es nuestra tradición republicana, el deber de garantizar, para todos los chilenos, una educación equitativa y de calidad.

¿Puede Chile tener un proyecto educativo nacional, si la educación es subsidiaria?

La subsidiariedad, según la doctrina tomista, supone que la educación no es deber del Estado, sino tarea del emprendimiento privado; sólo cuando los privados no son capaces de cumplir la tarea que se les ha encomendado, el Ministerio de Educación viene en su auxilio. Los programas de focalización, como el de 900 Escuelas, para la enseñanza básica, y el Proyecto Montegrande, para la enseñanza media, por su limitado alcance y cobertura no han tenido mayor incidencia en resolver el tema de inequidad y mala calidad de nuestra educación; lo mismo ocurre con los MECES básico, rural, de educación media y superior. La reforma educacional, planificada e implementada por tecnócratas, ha demostrado una clara insuficiencia para dar respuesta a una educación acorde con la dignidad de los estudiantes y con el desarrollo del país. Un ministerio de educación con tan pocas facultades de regulación, gestión y control muy poco puede hacer frente a la voracidad de los sostenedores y privados, que han transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje en un lucrativo negocio.

Los programas de reforzamiento de aprendizajes no han demostrado aún resultados contundentes para lograr conocimientos y saberes significativos y relevantes. Por lo demás, los sistemas de evaluación, respecto a las escuelas beneficiadas con la subvención diferenciada son bastante discutibles, pues aplican indicadores similares a los del SIMCE que, por su uniformidad no diferencian las situaciones de los alumnos con carencias económicas y, en muchos  casos, cognitivas..

¿Qué diferencia existe entre la sociedad docente y un Estado docente?

La derecha, que comprende la verdadera catástrofe de la municipalización pinochetista, pretende plantear una sociedad docente, una especie de entelequia utópica que, concordando con los grandes maestros del neoliberalismo, supone que en la sociedad reina una perfecta igualdad de oportunidades y que los aprendizajes de escuelas ricas y pobres son iguales, o las regula el mercado, ente perfecto para alcanzar la igualdad jurídica, que no tiene nada que ver con la equidad social y educativa. En Chile sólo el Estado docente, que tiene una larga tradición histórica puede enfrentar, junto a la sociedad, un proyecto educativo nacional que evite las injusticias del darwinismo social. Es evidente que no queremos repetir, exactamente, las experiencias de los grandes educacionistas del siglo XIX y XX, como Valentín Letelier, Abelardo Núñez, Alejandro Venegas, Diego Barros Arana, y otros; ahora hay que pensar un Estado que abra canales de participación creciente, de los distintos agentes del sistema educativo y de la sociedad en general.

¿Qué debemos hacer para lograr una mejor calidad y equidad en nuestra educación?

La creación de un gran proyecto educativo nacional representativo de las comunidades educacionales donde participen, principalmente, profesores, para docentes, padres, apoderados y alumnos.

Integrar a este proyecto la televisión y la cibernética: debemos considerar que más de cinco horas de la vida diaria de los estudiantes transcurre frente al aparato de televisión y, otras tantas, ante el computador, cuando tienen acceso. El proyecto Enlaces no ha dado los resultados esperados, pues aún su masificación es de corto alcance y los profesores no están capacitados para utilizar materiales pedagógicos audiovisuales. Esta tarea supone enfrentar al monopolio de la televisión para exigir que se ponga al servicio de intenciones pedagógicas y no solamente comerciales. Es una estupidez sostener que los programas culturales tienen, necesariamente, que ser aburridos: pueden constituirse en grandes educadores de niños y adultos.

El siglo XXI  es la sociedad del conocimiento. Una educación precaria  condena a las mayorías a la miseria y la pobreza privándolas del acceso a las oportunidades que nos entrega el mundo del conocimiento y niega las herramientas para hacer frente a una sociedad cada vez más compleja y incierta.

30.3.2014

El articulo Escuelas para ricos y escuelas para pobres. Chile segregado apareció primero en piensaChile.

Uno de mis amigos, Felipe Portales, en una de sus recientes columnas, fruto de serias y concienzudas  investigaciones, publicada en Diarios electrónicos prueba, con lujo de detalles, que la Nueva Mayoría es igual a la Concertación pues, dentro de este conglomerado político el Partido Comunista, el MAS y la  Izquierda Ciudadana, pesan menos que un paquete de cabritas. Recién viene a descubrir la diputada Camila Vallejo que los democratacristianos van a tirar para el programa de Bachelet.

La Presidenta, a su vez, es muy hábil para esconder a los “bacalaos” que pululan en la Concertación, y algunos de ellos ya han sido nominados para ocupar cargos de embajador en las sedes más importantes – Gazmuri, ex Mapu y conocido neoliberal, Barón socialista sin castillo, ha sido destinado a Brasil; otro pez gordo se va, posiblemente, a Italia -; otros a empresas del Estado.

El “bacalao” mayor, Camilo  Escalona, no se puede conformar con una embajada, que sería muy adecuada para un persona que se ha convertido en repúblico para los Diarios de la derecha; lo único que le falta para ser un oligarca “gotoso” son los apellidos y, aunque no nació en cuna de oro, es como los capataces de hacienda, el más servil ante los “patrones”. Un caso parecido fue, en el pasado, el senador Juan Antonio Coloma, el abuelo del actual senador UDI; era uno de los más fanáticos conservadores integristas que, entre otras gracias, condenaba a los católicos maritainianos.

No hay que equivocarse: en la apariencia, Escalona estaría peleado con la Presidenta Bachelet quien, hasta el momento, no suelta prenda para él, pero a pesar de pseudo exilio, este político sigue moviendo el ajedrez en el gobierno;  su operador político está representado por un muchacho venido de la ex Izquierda Cristiana – hoy muchos de sus ex militantes se han convertido en los príncipes de Chile -, también  el subsecretario Mahmud Aleuy, que fue durante mucho tiempo el encargado de llevar el maletín y, además, operador político del dueño de PS, Camilo Escalona.

Con razón, el “bacalao Escalona” es despreciado no sólo dentro del Partido Socialuista, sino también por la ciudadanía: cuando se presentó como candidato a senador por Bío Bío, en las últimas elecciones parlamentarias, perdió ante Alejandro Navarro y, además, dio cabida a la elección de Jacqueline van Rysselberghe impidiendo así un doblaje seguro si Escalona se hubiera abstenido de participar para dar el cupo a un candidato más empático.

Al abandonar el senado, su discurso fue verdaderamente patético: se puso a lloriquear porque la Presidenta no daba ni  bola y, como se cree el retrato alabancioso que los Diarios derecha le dedican a su egregia figura, dijo que “el no era un técnico y que solamente aceptaría cargos políticos” – pienso que este personaje se parece, cada día más, al noble de la película Patrimonio Nacional, de Luis García Berlanga.

Para no extender más esta columna, en una próxima oportunidad trataré sobre otros “bacalaos” escondidos por Bachelet –  Gutenberg Martínez, Mariana Aylwin, J.J. Brunner, entre otros -.

26/03/2014

El articulo Los pillines de la Concertación no estaban muertos, andaban de parranda apareció primero en piensaChile.

¿La municipalización ha contribuido a una educación diferenciada regionalmente Hay municipios pobres y municipios ricos; hay corporaciones educacionales bien administradas y con mucho dinero y las hay, también, muy pobres  y carentes de funcionarios para una mejor gestión: el fondo común municipal no logra una mayor equidad entre las distintas  Comunas del país; es la misma Asociación de Municipalidades, en reciente declaración, que reconoce que el fardo de la función educativa dificulta a los alcaldes realizar sus tareas propias de su cargo. Está claro que la municipalización pinochetista hizo agua y sería una pérdida de tiempo y recursos ir en su auxilio, por consiguiente, no queda otra salida que el Estado retome, como es nuestra tradición republicana, el deber de garantizar, para todos los chilenos, una educación equitativa y de calidad.

¿Puede Chile tener un proyecto educativo nacional, si la educación es subsidiaria?

La subsidiariedad, según la doctrina tomista, supone que la educación no es deber del Estado, sino tarea del emprendimiento privado; sólo cuando los privados no son capaces de cumplir la tarea que se les ha encomendado, el Ministerio de Educación viene en su auxilio. Los programas de focalización, como el de 900 Escuelas, para la enseñanza básica, y el Proyecto Montegrande, para la enseñanza media, por su limitado alcance y cobertura no han tenido mayor incidencia en resolver el tema de inequidad y mala calidad de nuestra educación; lo mismo ocurre con los MECES básico, rural, de educación media y superior. La reforma educacional, planificada e implementada por tecnócratas, ha demostrado una clara insuficiencia para dar respuesta a una educación acorde con la dignidad de los estudiantes y con el desarrollo del país. Un ministerio de educación con tan pocas facultades de regulación, gestión y control muy poco puede hacer frente a la voracidad de los sostenedores y privados, que han transformado los procesos de enseñanza-aprendizaje en un lucrativo negocio.

Los programas de reforzamiento de aprendizajes no han demostrado aún resultados contundentes para lograr conocimientos y saberes significativos y relevantes. Por lo demás, los sistemas de evaluación, respecto a las escuelas beneficiadas con la subvención diferenciada son bastante discutibles, pues aplican indicadores similares a los del SIMCE que, por su uniformidad no diferencian las situaciones de los alumnos con carencias económicas y, en muchos  casos, cognitivas..

¿Qué diferencia existe entre la sociedad docente y un Estado docente?

La derecha, que comprende la verdadera catástrofe de la municipalización pinochetista, pretende plantear una sociedad docente, una especie de entelequia utópica que, concordando con los grandes maestros del neoliberalismo, supone que en la sociedad reina una perfecta igualdad de oportunidades y que los aprendizajes de escuelas ricas y pobres son iguales, o las regula el mercado, ente perfecto para alcanzar la igualdad jurídica, que no tiene nada que ver con la equidad social y educativa. En Chile sólo el Estado docente, que tiene una larga tradición histórica puede enfrentar, junto a la sociedad, un proyecto educativo nacional que evite las injusticias del darwinismo social. Es evidente que no queremos repetir, exactamente, las experiencias de los grandes educacionistas del siglo XIX y XX, como Valentín Letelier, Abelardo Núñez, Alejandro Venegas, Diego Barros Arana, y otros; ahora hay que pensar un Estado que abra canales de participación creciente, de los distintos agentes del sistema educativo y de la sociedad en general.

¿Qué debemos hacer para lograr una mejor calidad y equidad en nuestra educación?

La creación de un gran proyecto educativo nacional representativo de las comunidades educacionales donde participen, principalmente, profesores, para docentes, padres y apoderados, alumnos

Integrar a este proyecto la televisión y la cibernética: debemos considerar que más de cinco horas de la vida diaria de los estudiantes transcurre frente al aparato de televisión y, otras tantas, ante el computador, cuando tienen acceso. El proyecto Enlaces no ha dado los resultados esperados, pues aún su masificación es de corto alcance y los profesores no están capacitados para utilizar materiales pedagógicos audiovisuales. Esta tarea supone enfrentar al monopolio de la televisión para exigir que se ponga al servicio de intenciones pedagógicas y no solamente comerciales. Es una estupidez sostener que los programas culturales tienen, necesariamente, que ser aburridos: pueden constituirse en grandes educadores de niños y adultos

El siglo XXI  es la sociedad del conocimiento. Una educación precaria  condena a las mayorías a la miseria y la pobreza privándolas del acceso a las oportunidades que nos entrega el mundo del conocimiento y niega las herramientas para hacer frente a una sociedad cada vez más compleja y incierta

19.03.2014

El articulo Educación de mercado o estado docente descentralizado apareció primero en piensaChile.

“Nos preocupa que nuestros líderes políticos están pensando en extender de modo masivo, más allá de la gradualidad que pueda acordarse, una política amplia de gratuidad en la educación superior”, decía una carta firmada en noviembre de 2011 por la futura subsecretaria de Educación, Claudia Peirano (DC), junto una lista transversal de figuras públicas –entre ellas Harald Beyer, Patricia Matte, Mariana Aylwin y Eduardo Engel–, que cuestionaban la implementación de la gratuidad total en la educación superior.

Una misiva que hoy puede resultar incómoda para la nueva subsecretaria, pues uno de los principios con los que se armó el nuevo gabinete de Michelle Bachelet es que todos sus integrantes deben adscribir y estar dispuestos a seguir al pie de la letra el contenido de un programa presidencial en que la gratuidad de la educación es una de las piedras angulares. “Creemos que en las circunstancias actuales es razonable acotar la gratuidad a las proporciones que sean razonables para no desalentar el acceso a la educación superior de los más vulnerables”, agregaba la misiva.

Claudia Francisca Peirano Rodríguez es reconocida como una de las economistas con más experiencia en temas de gestión educacional. Una experiencia que no es sólo académica, sino también práctica, como consultora educativa que asesora desde colegios a corporaciones municipales, y también en el sector público, como coordinadora económica del programa MECE del Ministerio de Educación. Ahora en la Subsecretaría del ramo deberá ser la segunda de a bordo del también economista Nicolás Eyzaguirre, próximo ministro de Educación, que liderará la reforma más emblemática del segundo gobierno de Michelle Bachelet.

Y si Eyzaguirre ha concentrado las críticas de los dirigentes estudiantiles por su rol como ministro de Hacienda cuando se aprobó el cuestionado Crédito con Aval del Estado (ver reportaje sobre el CAE), Claudia Peirano se encuentra indirectamente ligada a uno de los íconos de lo que la reforma de Bachelet pretende eliminar: el lucro en la educación. Durante 22 años estuvo casada con Walter Oliva, dirigente DC (ver recuadro) y dueño de la cadena de colegios particulares subvencionados “Red Educacional Crecemos”, algunos de cuyos establecimientos han sido asesorados por una empresa consultora de Peirano, tal como lo informó un artículo de El Mostrador. Oliva fue presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares (Conacep) y en ese rol encabezó públicamente la defensa del derecho al lucro en la educación escolar (ver entrevista en La Segunda). Uno de los hijos de la pareja, Ignacio Oliva Peirano, es vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) y militante el movimiento Nueva Acción Universitaria (NAU), organización que exige la gratuidad universal y el fin del lucro en la educación.

La relación entre Peirano y Oliva ya fue cuestionada en julio de 2012 en un reportaje de La Tercera que detectó que la consultora de Peirano, Grupo Educativo, había asesorado a escuelas de Oliva con financiamiento de fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para alumnos vulnerables.  Unos meses más tarde, en noviembre de ese año, la pareja se divorció, pero de acuerdo a los registros del Diario Oficial aún mantienen vínculos comerciales a través de tres sociedades.

La primera, Muebles Industriales Chilenos (MIC S.A.), fue creada pocos meses después del matrimonio de la pareja, en agosto de 1990, y en ella participan Claudia Peirano, su ex esposo, la madre y el hermano de Walter Oliva (ver documento). Luego, en julio de 2003, la economista creó junto a su hermana Paula Peirano la sociedad Ventisquero Colgante Ltda., que está registrada para realizar distintos tipos de asesorías. En julio de 2007, Oliva compró en $50.000 la participación de su cuñada, quedándose con el 1% de la sociedad (ver documento).  Oliva y Peirano registran otra sociedad comercial: Lago LleuLeu Ltda. en la que desde 2005 él tiene el 99% y ella, el 1% (ver documento).

Además de las  tres sociedades con su ex esposa, el centro de las actividades comerciales de Oliva está ligado a su madre, Aurelia Munizaga Véliz. Ambos son propietarios de numerosas sociedades e inmobiliarias, cuyo eje es el grupo de colegios Crecemos. La web de la Red Educacional Crecemos informa que está compuesta por siete colegios, los que en los registros del Mineduc aparecen recibiendo subvenciones a través de la Sociedad Colegios Teniente Dagoberto Godoy, la Sociedad Colegios Santiago S.A. y Sociedad Administradora de Establecimientos Educacionales Santiago Emprendedor.

Grupo Educativo

Peirano estuvo a cargo del Área de Educación del Centro de Microdatos del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, una de las principales canteras del nuevo gabinete, pero su principal actividad es como socia de una de las más grandes consultoras ATE (entidades de Asistencia Técnica Educativa). Las ATE son validadas por el Ministerio de Educación para asesorar el mejoramiento de la enseñanza en colegios que reciben subvención pública. La consultora de Claudia Peirano se llama Grupo Educativo y fue incorporada por la cartera al registro ATE en abril de 2009, de acuerdo con la información contenida en el certificado extendido por el Registro Público de Entidades Pedagógicas y Técnicas de Apoyo.

Grupo Educativo es el nombre comercial adoptado por la sociedad Asesorías y Servicios Grupo Educativo Limitada, constituida en noviembre de 2008 por Claudia Peirano y Paulina Araneda Díaz, cada una como propietaria del 50% de la sociedad.

La consultora está conformada por un equipo de profesionales bien calificados y goza de buena reputación en el mercado de las ATE. La empresa ha tejido redes de manera preferente con organismos internacionales y grandes empresas. En su página web se menciona que ha trabajado con el propio Ministerio de Educación, la Unesco, la Pontificia Universidad Católica, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del Trabajo, Microsoft, Fundación Luksic, Bhp Billiton y Educación 2020, entre otras entidades. También ha tenido como clientes a corporaciones o departamentos municipales de Educación, como los de Melipilla, Quillota y Lo Barnechea. Y ha asesorado directamente a colegios, como el Liceo La Chimba y el Liceo Bicentenario de Molina.

Entre los clientes de la consultora también se cuentan colegios de la cadena que posee el ex cónyuge de Claudia Peirano, Walter Oliva. De acuerdo con la información disponible en la web del registro ATE, Grupo Educativo prestó asesoría a tres de los siete establecimientos que integran la Red Educacional Crecemos, de la cual es sostenedor Oliva. La consultora fue contratada por los establecimientos Escuela Particular Teniente Dagoberto Godoy (de La Granja), Escuela Básica Teniente Dagoberto Godoy (de El Bosque) y Liceo Teniente Dagoberto Godoy Nº 3 (Lo Prado). De acuerdo con las fichas de estos colegios archivadas en el sistema MIME (Más Información Mejor Educación),  los tres tienen planes de mejoramiento de la enseñanza financiados con recursos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) destinada a los alumnos más vulnerables, con los que se pagan las consultoras ATE.

El registro del Mineduc indica que la intervención de Grupo Educativo en los tres colegios de Walter Oliva tuvo por objeto evaluar el aprendizaje de los alumnos en Lenguaje, Matemáticas, Comprensión de la Naturaleza y de la Sociedad, para establecer programas de mejoramiento y refuerzo.

La relación entre la consultora de Claudia Peirano y los colegios de su ex cónyuge fue abordada por primera vez en un artículo de La Tercera en julio de 2012. El reportaje informó que la sociedad de Claudia Peirano recibió $ 26 millones por estos trabajos y expuso la preocupación de las entonces autoridades de Educación por este tipo de nexos entre las ATE y los dueños de colegios, pues podían configurar “autocontratación”. El artículo indicó que los colegios de Oliva también habían contratado, por un total de $165 millones, a otra ATE vinculada al sostenedor: la consultora Innovación Tres, cuyos dueños eran el propio Oliva y su madre, Aurelia Munizaga.  La jefa de la División de Educación General del ministerio, Verónica Simpson, declaró en ese reportaje que se buscaban mecanismos para evitar estas relaciones: “En el espíritu de la legislación actual, lo que se busca es la no contratación de parientes, pero eso no está claro. En el nuevo reglamento queremos ser explícitos”.

La nueva subsecretaria no sólo tendrá que anotar en sus declaraciones de patrimonio e intereses su consultora ATE, sino también sus vínculos con la Empresa Editora Zigzag, la que participa en licitaciones de asesorías y textos escolares que organiza el Ministerio de Educación. En efecto, Zig Zag se asoció con la sociedad matriz de la consultora Grupo Educativo para constituir en diciembre de 2010 la sociedad Grupo Educativo Soluciones Integrales S.A. .

CIPER intento comunicarse con Claudia Peirano, pero no respondió los mensajes que se le enviaron.

Oliva: Empresario educacional e histórico dirigente DC

En dos ocasiones Walter Oliva Munizaga fue vicepresidente de la DC y formó parte de la directiva que encabezó la senadora Soledad Alvear, a partir de mayo de 2006. De ahí que se le identifique con el sector “guatón” del PDC. El empresario es públicamente conocido como uno de los financistas de esa colectividad y de algunos candidatos al Congreso, con quienes tiene mayor cercanía. Sus redes en la Democracia Cristiana son múltiples y por lo mismo en la elección de 2010 del Consejo Nacional de ese partido consiguió el noveno lugar, de 19 cupos. Esa instancia es clave en la falange pues allí se toman decisiones gravitantes, como podría ser el reemplazo del cupo de la senadora Ximena Rincón, de la que según El Mostrador Oliva es actualmente pareja.

La relación con la futura ministra de la Secretaría General de la Presidencia es estrecha. Oliva fue su jefe de campaña, cuando ésta se enfrentó a Claudio Orrego en las primarias de su partido para elegir al candidato presidencial. Y si bien esa opción fue derrotada, el 40,8% obtenido por Ximena Rincón la posicionó como una de las figuras de la DC.

En esa contienda, la ex esposa de Oliva y recién nominada subsecretaria de Educación, Claudia Peirano, estuvo en veredas opuestas al liderar la comisión de Educación de la campaña de Orrego.

El apoyo entre Oliva y Rincón ha sido recíproco. En 2009, la senadora por el Maule Norte lo apoyó en uno de sus  intentos por llegar al Congreso como diputado por Puente Alto, tal como quedó  registrado en Youtube. Sin embargo, Oliva fue derrotado por el diputado y presidente del PS, Osvaldo Andrade, al obtener solo 26.061 votos versus los 55.152 sufragios de su compañero de lista. Quiso también ser pre candidato por Coyhaique y lo mismo hizo en 2013 por Maipú, pero el cupo fue cedido al PPD y al PC.

Walter Oliva es miembro del directorio de la Universidad Miguel de Cervantes, de la que es rector el ex presidente de la DC Gutenberg Martínez.

Se le reconoce también como muy cercano a Mariana Aylwin, una de sus socias en Ediciones Giro País S.p.a, creada en 2010 con un capital de $60 millones para publicar el diario electrónico El Dínamo. Junto a otros socios, Oliva y Aylwin ya habían encabezado otro emprendimiento periodístico, la revista Paréntesis, a través de una sociedad creada en 2003.

*Fuente: http://ciperchile.cl/2014/01/29/la-incomoda-mochila-de-la-proxima-subsecretaria-de-educacion/

El articulo Claudia Peirano, la incómoda mochila de la próxima subsecretaria de Educación apareció primero en piensaChile.