Anyelina Rojas (Iquique, Chile)

La defensa de los tres funcionarios del Ejército de Bolivia, presentó durante la audiencia de control de detención efectuada esta tarde de miércoles, una versión muy distinta a la entregada en nuestro país y tras exponer los antecedente en dicha audiencia, pidió que se declare como ilegal la detención de los militares detenidos y  acusados de participar en un robo con intimidación en la zona fronteriza, traspasando el límite hacia el lado chileno. Además se les acusa el porte de arma de fuego, indicando el abogado defensor, que el uso de las armas como el uniforme militar, era el reglamentario.

Además, la defensa pidió que se acoja una denuncia por supuestos ataques que recibió el Teniente Jaime Herbas, lo que obligó  a prestarle atención de urgencia en el consultorio de Colchane.  La patrulla la integraban además, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal.

Según el abogado defensor  no hay evidencia certera que acredite que los tres imputados fueran autores del ilícito que se investiga, dando a conocer la versión de sus representados, que difiere de los antecedentes  presentados por la Fiscalía de Pozo Almonte.

Según esta versión, los tres militares bolivianos, realizaban tareas de control en la zona fronteriza, en el lado boliviano, tal como lo hacen los carabineros en el lado chileno de la frontera.  Todo esto, en una zona limítrofe entre ambos países, que en ese sector no cuenta con hitos o demarcaciones claras, indicó la defensa.

La noche del martes, los militares bolivianos según la defensa cumplían labores de persecución de personas que cometían delitos de contrabando, ingresando mercadería ilegal desde Bolivia a Chile. Se debe considerar que en esa persecución en la planicie altiplánica, donde en esta fecha oscure ya hacia las 6 de la tarde, la unidad se desplazaba en una zona carente de punto claros de delimitación y  que no contaban con datos georeferenciados por GPS, ni apoyo logístico.

También indica la defensa que el traspaso de los funcionarios bolivianos, no fue más de 500 metros, mientras estaban en persecución, indicando  que quienes se dicen ser las víctimas, estaban siendo perseguidos por los militares. De allí que la defensa se pregunte, ¿las víctimas son realmente víctimas?

Finalmente, la defensa solicitó que se investigue la denuncia formulada por el teniente boliviano, a cargo de la patrulla, Jaime Herbas, que acusa que fue atacado con arma blanca durante la detención.  La patrulla además la integraban el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal, según consigna el diario La Razón de Bolivia.

DESDE BOLIVIA

En la prensa boliviana se ha abordado profusamente este tema, dando cuenta la postura del Ministerio de Defensa de ese país, que calificó el hecho como un “lamentable impasse”.

“La patrulla que realizaba el operativo fue interceptada por carabineros de Chile haciendo uso de la fuerza; producto de este incidente resultó herido un oficial boliviano que fue trasladado a la ciudad de Oruro-Bolivia para su atención médica y tres efectivos bolivianos fueron retenidos por carabineros. Al respecto, se activaron los canales diplomáticos para superar este lamentable impasse”, establece el documento del Ministerio de Defensa, según el reporte del diario El Deber, de Bolivia.

*Fuente: EdiciónCero

 

El articulo Colchane, Chile: Defensa de militares bolivianos acusa detención ilegal apareció primero en piensaChile.

ENTREVISTA A LUIS BRITTO GARCÍA POR MARÍA FERNANDA BARRETO

Cómo defines el paramilitarismo en su versión latinoamericana.

-Ante todo el paramilitarismo es un eufemismo para la simple delincuencia. Paramilitar suena “muy bonito”, militar es un término latino. Pero el paramilitar es un delincuente que ejerce el terrorismo, el asesinato, el robo y todos los tipos de violencia contra los seres humanos. Lamentablemente, en América Latina esas actividades son realizadas con fines políticos, con el objetivo de apuntalar los intereses de gobiernos conservadores aniquilando a la oposición. Yo diría que son grupos armados -usualmente apoyados de manera clandestina por un gobierno conservador- que ejercen las tareas de terror y de exterminio que les están vetados legalmente a los ejércitos constituidos. En ese sentido son una especie de ejército no declarado, así como hay un mercado paralelo, hay un ejército paralelo y por eso le dicen paramilitar. El problema, es que esas fuerzas a la larga se convierten en poderes políticos y pueden determinar la posición de importantes fuerzas políticas. En Colombia por ejemplo, hubo un debate sobre la “parapolítica” porque estas fuerzas paramilitares, con los intereses económicos que reunían habían logrado colocar en el poder legislativo colombiano una gran cantidad de parlamentarios y entonces, naturalmente se podía decir que muchas de las decisiones de ese poder legislativo estaban fuertemente influidas por una organización delincuencial que actuaba fuera de la ley, que cometía violaciones de DDHH y ejercía asesinatos y robos a gran escala. En otras palabras: el crimen era quien hacía las leyes. Esa una situación muy problemática para un país.

Hace poco citaba en uno de mis artículos palabras del libro que publicaste junto a Miguel Ángel Pérez Pirela “Operación Daktari” en torno a la importancia de recordar que el paramilitarismo se vincula a la parapolítica que acabas de mencionar pero además a una paraeconomía. Qué puedes decirnos al respecto.

-Sí, el paramilitarismo tiene que ver con actividades claramente delincuenciales como el narcotráfico, pero se va implantando poco a poco en una sociedad a través de una serie de mixturas abusivas de operaciones económicas. Por ejemplo, en los estados donde comienza a manifestarse el paramilitarismo aparecen primero una cantidad de organizaciones de supuesta vigilancia contra el hampa que son en realidad paramilitares. Dos, estas organizaciones empiezan a cobrarle por su vigilancia a los ciudadanos, a las empresas, y llega un momento en que se atreven a “cobrar vacuna”, bajo el pretexto de que se están recaudando gastos para la seguridad, y que por tanto no puede ser considerado más que como extorsión. Literalmente se le está imponiendo un tributo a la ciudadanía, impuesto que no es sancionado por un poder legislativo sino por una autoridad que no existe como tal. Luego se establecen alcabalas, toques de queda, y así empiezan a moverse dentro del ámbito de imposición de la autoridad ejerciendo actividades que son propias de los poderes legítimos y suplantándolos progresivamente. Paralelamente con esas actividades comienza la injerencia en el sistema económico. En la revista Semana de Colombia, se denunciaba que los paramilitares estaban migrando a países vecinos porque tenían cuentas pendientes con la justicia y se habían llevado sus capitales y los estaban invirtiendo entre otras cosas en industrias del juego, casas de juego, maquinitas, etc. Esa es una industria que da fabulosos réditos. Por otro lado, están involucrados en el narcotráfico. Se van asentando en territorios populares, comienzan a relacionarse con la delincuencia común o a suplantarla para crear nuevas redes de distribución de la droga que son sumamente difíciles de detectar y combatir. De ahí pasan a la “economía legal”, fondos del narcotráfico comienzan por ejemplo, a comprar fundos agrícolas. Los trabajadores de esos fundos son controlados por el paramilitarismo con el objetivo de que no exijan reivindicaciones sociales o laborales. Si hay algún trabajador que tiene problemas con los dueños, desaparece misteriosamente. Hay que señalar además que, según informaciones que me han llegado, muchas de las personas que compraron fundos en la frontera con Colombia tienen trabajadores colombianos y para controlar a esos trabajadores traen paramilitares colombianos. También he sabido de la participación de paramilitares en empresas de supuesta vigilancia, empresas de transporte (lo que les da un poder tremendo en caso de generar por ejemplo, paros de transporte o cortes viales), ciertas empresas de cultivos vitales: me han llegado informes de que tienen inversiones y casi dominan por ejemplo, el cultivo de la papa y el plátano en los estados andinos. Y así se van convirtiendo en un poder económico fundado en el poder paramilitar. Que en determinado momento puede sabotear competidores, amenazar de muerte y ejecutar esas amenazas para irse posicionando poco a poco como una fuerza económico terrorista en las zonas donde se van implantando.

Según las investigaciones que has hecho, en qué momento comienza a entrar el paramilitarismo colombiano a Venezuela.

-Para mí una de las primeras intervenciones visibles del paramiltarismo colombiano en Venezuela fue la masacre de Cararabo ya a finales del siglo XX en Venezuela, un puesto fronterizo fue atacado de un modo muy peculiar. Se atormentó a los soldados de una manera bárbara que tendía más a dejar un mensaje de terror que a lograr un objetivo estratégico. Esa masacre causó una gran conmoción porque era un simple puesto de vigilancia venezolano, y el ejército regular colombiano no debió haberlo hecho porque pues no había una situación de guerra, eran ejércitos que convivían con cierta paz. Evidentemente allí hubo una situación aviesa que se le atribuyó  a la guerrilla colombiana, la cual tampoco tenía ningún motivo para ejecutar una acción de esa índole en Venezuela, ni en ningún sitio. De ahí en adelante comenzaron a menudear señales de la presencia paramilitar. Entre otras, la expansión extraordinaria de casas de juego y casinos en Venezuela. Como dije, la revista Semana señaló que una de las principales inversiones de los paramilitares en el exterior está en la industria del juego. Venezuela en un lapso muy breve llega a tener más de 60 casinos. Entonces, uno se pregunta por qué esa industria recibe un impulso tan poderoso a pesar de que en el Código Penal venezolano está prohibido abrir una casa de juego al público, tú puedes jugar juegos de azar en tu casa cerrada, pero no abrirlos al público, eso es ilegal. Tiene como sanción la confiscación de los implementos de esa casa y una multa que con los años ha devenido en irrisoria. Pero es una actividad ilegal. ¿Cómo es que una actividad ilegal se expande de una manera tan extraordinaria, cómo es que se crea una comisión de casinos en el poder legislativo y cómo es que esa comisión ocupa hoy ni más ni menos que la antigua embajada de los Estados Unidos, un edificio lujoso en la Campiña que quizás tiene más oficinas que la propia Asamblea Nacional?

Pero no se cerraron los Casinos en Venezuela.

-No, los casinos siguen funcionando, ha habido esfuerzos de algunas autoridades con el objetivo de cerrarlos. Por ejemplo, Jorge Rodríguez en algún momento cerraba casinos como uno que se encuentra en San Bernardino, y sin embargo, al poco tiempo venían sentencias del Tribunal Supremo de Justicia concediéndoles medidas de amparo. Una cuestión que crea asombro y sin embargo sucedía así. Jorge Rodríguez cerraba el casino, 24 horas después llegaba el recurso de amparo y entonces había que volver a abrirlo hasta que  Jorge Rodríguez volvía a cerrarlo, y así sucedió con muchos garitos. Fuera de eso hay que señalar una proliferación de juegos de maquinitas y casas de apuestas, también una serie de juegos internacionales por internet para hacer apuestas sobre carreras que se corren en el exterior, en los que se apuesta en divisas. Lo grave de eso, en mi concepto, es toda la maquinaria de sobornos que implica. Mi posición personal, el que quiera jugar que se encierre en su casa y si quiere jugar ruleta rusa pues allá él, pero los casinos implican una superestructura que está vinculada a una actividad ilegal en Venezuela y para ejercerla debe comprar la benevolencia de autoridades municipales, estadales, nacionales y tribunales, con lo cual se va instalando un mecanismo de corrupción para que esas autoridades pasen a obedecer a los casinos y no a los ciudadanos que lo eligieron.

En un casino se capturó a Carlos Ortega si mal no recuerdo.

-Claro, Carlos Ortega fue capturado en uno de esos casinos, lo que demuestra la selecta concurrencia que hay en esos sitios. Y además,  para establecer esta actividad ilegal viene gente que sabe manejar este tipo de empresas, con sus guardaespaldas que generalmente son delincuentes, por lo cual la instalación de esos casinos es siempre negativa.

Pero ese no es el único negocio vinculado al blanqueo de capitales, tú mismo hablaste de la compra de tierras y ahora tenemos otra actividad ilícita muy rentable que es el contrabando de extracción y ahora ese juego con el llamado dólar paralelo, que aunque pueda tener sobre todo un objetivo político, también sirve para este blanqueo de capitales.

-Sí, es que lo que explica su misteriosa proliferación es que es fundamental para el blanqueo de capitales. Si un casino dice que hizo tal cantidad en una noche, quién va a decir que no. Por cierto, se hizo una Ley de Casinos sumamente paradójica, que les fija unas tazas de tributación ridículas y que para colmo de ironía, establece que los directivos de los casinos deben ser personas de elevada reputación moral. En definitiva, esta es una de las múltiples actividades para el lavado de capitales de origen ilegítimo. Pero por otra parte ha habido importantísimas compras de propiedades de toda índole por capitales del narcotráfico, uno ve repentinamente que aparecen  edificios de lujo cuyos apartamentos al parecer no se venden, pasa el tiempo y los apartamentos permanecen vacíos; hoteles con ocupación mínima. Evidentemente son actividades de lavado de capitales, esto se ve sobre todo en Margarita pero también en otras zonas turísticas. Con razón la ley relativa a los casinos prevé la instalación de esta plaga en zonas a las que denomina “turísticas”, que con ello se convierten de facto en zonas rojas.

Y el contrabando de extracción y el dólar paralelo

-Por supuesto, una actividad donde tiene incidencia el paramilitarismo colombiano es en ese contrabando de extracción. Venezuela subsidia gran cantidad de los bienes que pone en manos de sus ciudadanos, empezando por la gasolina cuyo precio es irrisorio y no tiene nada que ver con los precios internacionales. Entonces sacar  de Venezuela una gasolina que casi no cuesta nada y venderla en otro país por hasta diez o veinte veces lo que se pagó en Venezuela es un negocio fabuloso, superior al del narcotráfico. Igual sucede con las medicinas, los alimentos y productos de limpieza para los que el gobierno da dólares subsidiados a los importadores y exige su venta a precios subsidiados, los contrabandistas los compran masivamente y los venden en otros países vecinos a  precios muy superiores.

Pero además de la ganancia que dan estas ventas, hay leyes colombianas que legalizan estos productos y entonces convierten esas ganancias en capitales legales y con ello favorecen el lavado de capitales, ¿no?

-Claro, se convierten en capitales legales y suponen una sangría tremenda para la economía venezolana. El presidente Maduro decía que por la frontera de Venezuela se iba alrededor del 40 por ciento de que Venezuela produce o importa. Ningún ser humano que se esté desangrando podría aguantar una sangría de esa cuantía, y tampoco la puede soportar una economía. Lamentablemente, allí  tiene que haber connivencias en diversos niveles. Eso refleja lo inquietante del paramilitarismo, porque cuando se montan empresas de ese tamaño es porque los ilegales han logrado ciertos acuerdos con los legales. No hay otra explicación para que exista esta masiva fuga de bienes y de productos por la frontera: ello implica que hay una connivencia que hay que investigar y atacar.

En el libro que escribiste junto con Miguel Ángel Pérez Pirela, denuncias esa invasión paramilitar desde Colombia, que tiene como momento cumbre el que da pie al libro, Operación Daktari en el año 2004 cuando se capturan 150 paramilitares a pocos Km. De Caracas. Pero  quisiera saber ¿cuándo comienza precisamente esa invasión y por qué la llamas de ese modo?

-Yo diría que esa invasión comienza ya en las últimas décadas del siglo pasado. Hay toda una cantidad de información sobre compras masivas de tierras por capitales presuntamente colombianos, hay leyendas urbanas de gente con maletas llenas de dólares que llegaban a las tierras a  ofrecer el doble, el triple del valor de las tierras para convencer a la gente de vender. Naturalmente esos intereses, traían gente para defenderlos y protegerlos. Hubo incidentes aislados que daban cuenta de ello, como esa masacre de Cararabo, pero ya en publicaciones colombianas denunciaban en ese momento, el flujo de paramilitares hacia naciones vecinas de Colombia. Finalmente se transparentó esa presencia paramilitar en Venezuela con la llamada Operación Daktari. Centenar y pico de paramilitares colombianos se situaron en una finca del contrarrevolucionario Robert Alonso, con falsos uniformes del Ejército venezolano. Lo que detectó el Sebin es que esos paramilitares tenían un plan de magnicidio contra el presidente Chávez y que iba a ser acompañado de ataques de esos delincuentes disfrazados contra unidades militares venezolanas, para hacer aparecer en el exterior que había un enfrentamiento entre fracciones militares, para asemejar una guerra civil y culminar el magnicidio con una invasión. Desde entonces, a pesar de que ese plan fue develado, esa invasión paramilitar ha continuado teniendo ese objetivo fundamental. Vamos a explicarnos, las guerras de cuarta generación que llenan el panorama de los conflictos de este siglo, no son guerras  que un estado declara a otro y en el cuál ejércitos formales se enfrentan en un campo de batalla. Las guerras actuales no se declaran. Se empiezan las hostilidades sin declararlas y no se pelean con las fuerzas legítimas del país que las emprende, sino a través de intermediarios o como le dicen los estadounidenses “proxys” o fuerzas que no tienen una vinculación reconocida con el estado agresor, que se hacen pasar por fuerzas vernáculas o internas y que crean perturbaciones dentro del país, ejerciendo actividades terroristas, de represión política, asesinatos selectivos, de destrucción de bienes y propiedades sin ningún parapeto legal. El paramilitarismo, en este sentido, es el ejército ideal para llevar a cabo una guerra de cuarta generación.

Mi impresión es que el paramilitarismo – y esto me lo han confirmado una serie de fuentes- ha ido instalándose en Venezuela hasta cubrir toda la geografía nacional. Cuando Chávez en el 2006 decía “ya están en la capital”, ya estaban en San Juan de las Galdonas, en el oriente del país. Porque van insertándose en los sectores populares, suplantando al hampa criolla. Nosotros teníamos un hampa muy mal intencionada pero que podríamos llamar “ingenua”. Llegan estos en cambio con su armamento militar, disciplina militar, organización militar y relación con grandes negocios como el de la droga y además de eso intentan establecer relaciones sociales en el territorio donde se establecen. Cuenta Iraida Vargas, por ejemplo, que los paramilitares colombianos llegaban a sitios en Colombia y casaban a sus efectivos con muchachas del pueblo para establecer relaciones familiares. Así una persona que no estaba de acuerdo con sus acciones, de todos modos se inhibía de denunciar a su cuñado o a su yerno. Entonces fundan relaciones basadas en el parentesco, el terror o la  corrupción, que poco a poco van penetrando en el tejido social, e incluso pueden también plantearse como vanguardia de falsos procesos insurreccionales internos, que no son tales, sino que son procesos planeados, financiados, lanzados y dirigidos desde el exterior. En las últimas décadas a nivel internacional, ha habido varios de esos procesos. Supuestas insurrecciones internas, a veces con tintes muy bonitos como “revoluciones de colores” que buscan la “libertad” que en realidad eran la acción de bandas paramilitares. En Venezuela esto se declaró de manera absoluta desde que el presidente Nicolás Maduro gana las elecciones y el candidato perdedor llama a una oleada terrorista que causa gran cantidad de muertes. Posteriormente el otro dirigente del partido “Voluntad Popular”, López, llama a otra oleada de terrorismo y se dan de nuevo  manifestaciones  en los municipios que están en manos de la oposición, donde las policías municipales protegen a estos terroristas. En el caso del municipio donde vivo, he visto cómo seis muchachos de la oposición trancaban una calle y ocho policías municipales los protegían. Si bien a veces hay ciudadanos en las manifestaciones,  hay también una fuerza de choque que es paramilitar. Cuando algún ciudadano trata de limpiar los obstáculos que ha puesto la oposición en la vía, le disparan con armas largas, desde larga distancia y le dan un tiro en la cabeza. Eso sólo lo hace un individuo bien entrenado. Atacan coordinadamente vehículos militares, instalaciones militares, pero también escuelas, centros de salud, se destruyen unidades de transporte público de forma masiva.

Entonces ¿Podemos decir que el paramilitarismo colombiano se ha imbricado con las bandas delincuenciales venezolanas hasta el punto que se ha formado ya un paramilitarismo binacional?

-Sí, así es.

Y ¿cuál es la vinculación entre ese paramilitarismo y los planes del imperialismo en la región y específicamente en Venezuela?

-La relación es total. Los eslabones son los siguientes: Estados Unidos mantiene vínculos sumamente estrechos con la oposición venezolana a la que financia, a veces con donativos directos y a veces a través de unas ONG que son en realidad, agencias de influencia de los Estados Unidos. La oposición, que ha tenido una veintena de fracasos electorales desde que ganaron el poder el bolivarianismo y Hugo Chávez Frías,  ha optado por la vía de la violencia, y esa vía tiene los siguientes pasos: fingir que hay una sublevación social y a través de esta mentira abrirle el paso a una intervención extranjera con tintes “humanitarios”. Últimamente se han inventado un “imperialismo humanitario” que destruye los países para luego salvarlos de ellos mismos. Entonces la idea es plantear que hay un conflicto local y que los países imperiales se ven obligados a intervenir en él para supuestamente proteger los derechos humanos. Así pasó en Libia. Se inventó que Gadaffi había bombardeado una movilización de protesta y en virtud de eso se invadió. El país fue asaltado por bandas de mercenarios financiados desde el exterior y lograron dividirlo  en varias porciones. El plan es el mismo en Venezuela. Estas puntas de lanza instaladas en el país son los agentes perfectos para fingir que hay una sublevación social, y de hecho tú veías esto en las últimas oleadas terroristas de este año en Venezuela. Había una gran cantidad de personas enmascaradas con pertrechos militares (armas, escudos, a veces armas artesanales, a veces convencionales) que actuaban coordinadamente contra la fuerza pública, la cual además tenía prohibido disparar y utilizar fuerza mortal. Esta gente era fotografiada masivamente por los medios internacionales tratando de representar que acá había una sublevación contra el gobierno tiránico. Todos los venezolanos sabemos que no era así. Esto ocurría apenas en 19 de los 365 municipios que tiene el país.

¿Crees que los objetivos político-económicos y militares de esta invasión se han ido cumpliendo o hemos logrado ponerle algún freno a sus intensiones?

-Lamentablemente en gran parte se han ido cumpliendo. En primer lugar, por el mero hecho de haber logrado implantarse y permanecer. El paramilitarismo es indeseable en cualquier país. En el nuestro ha adquirido poder económico y poder político, creando una especie de parapolítica a través de sus vínculos con la oposición, que se vale de ellos para el asesinato, el terrorismo, para prácticas como prenderle fuego a compatriotas vivos. Yo creo que no se han tomados acciones contundentes para derrotar esta infiltración y las pruebas de que está viva y operativa están en la última oleada terrorista que tuvimos durante más de tres meses, que costó la vida de más de un centenar de venezolanos y cuyos objetivos eran tan claramente políticos que cuando se lograron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente que demostró palmariamente que esa supuesta insurrección no tenía base popular, de  manera abrupta, un país que parecía que estaba en una guerra civil, amaneció repentinamente pacificado tan solo un día después de esa elección.

¿Consideras que hay alguna relación entre los planes de esas acciones paramilitares en Venezuela y la ley que hace poco se aprobó en Estados Unidos que ampliaría los poderes del presidente norteamericano para que ordene una intervención donde quiera que considere que hay una presencia terrorista que puede poner en riesgo la seguridad de su país sin pasar por la aprobación del congreso?

-Obviamente, sí la hay. Lo primero que se debe señalar es que en realidad el presidente de los Estados Unidos nunca necesitó realmente la aprobación para iniciar conflictos. La guerra de Vietnam por ejemplo, nunca existió, nunca fue declarada por el congreso de los Estados Unidos ni por nadie, simplemente de pronto estaban ahí. Y después de eso el resto de las guerras nunca han sido declaradas de manera legal por las autoridades de los Estados Unidos. Esta nueva ley es simplemente un quitarse la máscara. “Llevamos más de medio siglo cometiendo ilegalidades, en lugar de corregirlo, vamos a declarar que la ilegalidad es legal”: que un presidente puede meter al país en un conflicto bélico sin pedirle permiso a nadie. Esas son atribuciones dictatoriales, es decir, una sola persona puede someter a un estado de guerra a un país completo sin consultarle a nadie.

¿Eso tiene alguna relación con Venezuela?

-Sí, la tiene. Fíjate, ¿qué ha impedido que en  Venezuela estén lloviendo bombas desde hace varios años? Yo me doy una explicación que es la siguiente, el bolivarianismo ha tenido una muy inteligente política internacional de sur-sur, multipolar y esa política le ha traído una relativa alianza con China y de Rusia, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, y cualquier iniciativa abierta de guerra contra Venezuela recibiría muy posiblemente un veto de China y Rusia en el Consejo de Seguridad. Lamentablemente eso no pasó con la Libia de Gadaffi y ya vemos la tragedia que ocurrió en ese país. Aparentemente no están dispuestos a repetir ese error, por ejemplo en Siria, Rusia ha intervenido abiertamente para impedir que inmolen otro país. Entonces, al ocurrir esa situación que puede paralizar una operación abierta pues las potencias enemigas de Venezuela, lo que quieren es fingir que hay una situación interna, porque contra eso si ya no puede vetar el Consejo de Seguridad. Necesitan decir que es un enfrentamiento del pueblo contra el pueblo, una cosa espontánea. Y por esto todo este coordinado esfuerzo para fingir que hay una rebelión popular en Venezuela que no existe, contando para ello con una vanguardia paramilitar que acompañan a veces a grupos de manifestantes de la oposición de buena fe que no andan prendiéndole fuego a la gente, ni aterrorizando.

Crees que el avance en los gobiernos regionales de frontera por parte de la oposición es un agravante para esta situación.

-Sí claro, es sumamente grave. A pesar de que en estas elecciones hubo un resonante triunfo del bolivarianismo, aún en medio de una situación económica bastante difícil pero la oposición logró ganar estados claves, bastante estratégicos, como en el caso del Zulia, donde luego se repitieron las elecciones y ganó el bolivarianismo, en un estado que  tiene la segunda ciudad del país y además es una de las grandes fuentes de hidrocarburos. Táchira y Mérida son estados fronterizos con una densa población en los que hay gente de la derecha en connivencia con los paramilitares y muy vinculados al contrabando de extracción, el cual también sucede  en el Zulia. La isla de Margarita, es parte del estado Nueva Esparta,  donde hace unas décadas ha surgido un enorme flujo de capitales foráneos vinculados al área turística y a la multiplicación de casinos. Según informantes míos también hay una presencia paramilitar. Han acabado con lo que era la tradición cultural popular de Margarita que era muy rica. A mí por ejemplo me invitaron a dar unas conferencias en un hotel donde el único huésped era yo ¿Cómo es posible mantener una estructura tan grande, con todo y personal, vacía?

Ah, pensaba que Roberto Malaver te brindaba alojamiento en Margarita. (Risas)

-No, uno tiene que alojarse con gente seria como son los lavadores de capitales. Entonces uno se pregunta cómo proliferan en ese estado esa cantidad de tiendas de lujo que no tienen que ver con las necesidades del venezolano. Y Anzoátegui, ha consecutivamente votado por el proceso bolivariano y está en una zona centro-costera por donde podría venir una invasión naval.

Y no hay que olvidar el tráfico de combustible hacia el Caribe.

-Claro, hay evidencias de barcos que salen cargados de combustible disque a pescar, y la pesca consiste en que le transfieren el combustible en alta mar a otras embarcaciones, ganan con eso una fortuna y le compran pescado a alguna otra embarcación. Además del contrabando de droga y otras especies. Yo he sido navegante deportivo muchos años y he visto con gran frecuencia en los puertos turísticos venezolanos, unas lanchas que son unos torpedos que llaman “Cigarettas”, son una especie de proyectiles llenos de combustible que alcanzan velocidades de 20 o 30 nudos. Es decir, altas velocidades. Esas lanchas son evidentemente muy buenas para contrabandistas. Mientras practicaba el submarinismo y el velerismo me encontré en alta mar me encontré con embarcaciones amenazadoras. Supuestos buques pesqueros pero con un par de motores de 75 o 100 caballos de fuerza, cosas muy sospechosas…

Y hay que destacar que hay muchos más Km. De frontera hacia el Caribe que hacia Colombia.

-Exactamente, ahí hay una panorámica bastante compleja.

O sea que en conclusión sí vez una relación entre este avance de la derecha en estados fronterizos, el avance paramilitar y los planes imperiales. Y también lo ves con el Plan Balboa.

-Evidentemente todo está ahí preparado para intentos de secesión como el que fracasó en Bolivia. Nuestra oposición por cierto ha tenido siempre vínculos muy fuertes con la derecha colombiana. Capriles por ejemplo hizo su campaña en la frontera con un sombrero típico de Colombia. Y los dirigentes de la derecha venezolana le han rendido mucha pleitesía a Uribe, un gobernante bastante conservador que según parece está muy vinculado al paramilitarismo.

Vivimos una situación estratégica delicada. Estados Unidos a pesar de ese mecanismo legal, va a preferir siempre una guerra a través de intermediarios y en ese tipo de guerra el instrumento paramilitar es el más adecuado. Esa guerra puede generar una situación interna de ingobernabilidad que sirva de falso pretexto para  una intervención “humanitaria” de potencias imperiales, quizás vehiculadas a través de países vecinos con el objetivo de dividir a Venezuela o colocarla bajo un gobierno de extrema derecha que entregue los recursos naturales al extranjero.

¿Y la ley de fronteras es un buen instrumento para protegernos?

-Sí, pero es una ley todavía insuficiente, y sobre todo muy mal aplicada.

Siempre que hago este tipo de reflexiones me preocupo por diferenciar al Pueblo colombiano de la oligarquía colombiana, porque la xenofobia es una herramienta para el enemigo, por ello la vinculo al proyecto santaderísta contra el proyecto bolivariano y en ese proyecto bolivariano estamos unidos colombianos y venezolanos. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación?

-Sí como no, en el transcurso de la entrevista estuve pensando hacer esa aclaratoria en cualquier momento: estos son proyectos de un sector de la oligarquía colombiana vinculada a fuerzas paramilitares que  ella misma ha desarrollado e incoado, el pueblo colombiano nada tiene que ver con esto y es más bien, víctima. Hay que señalar que en Venezuela, en un momento en que teníamos aproximadamente 27 millones de habitantes, el presidente Maduro reconoció una presencia de 5.600.000  habitantes de origen colombiano, eso implica que uno de cada 5 o 6 habitantes de Venezuela sería de origen colombiano próximo. Esa no es una situación reversible, no entra ni en la tradición generosa del pueblo venezolana de acogida a todos los pueblos que vengan a establecerse, ni en nuestra legislación, la posibilidad de hacer deportaciones masivas, y además algo así sería complicadísimos.

Venezuela en los años cincuenta, cuando tenía apenas 5 0 6 millones de habitantes ingresó más de 800.000 inmigrantes mayoritariamente de origen europeo. Y eso transcurrió sin que hubiera incidentes xenófobos de ninguna índole. Yo creo que ante esta realidad, la política venezolana debe ser de incluir y asimilar a todos estos nuevos habitantes de Venezuela porque no hay vuelta atrás. Venezuela no puede ni deportar ni rechazar a toda esta cantidad de personas que han venido a buscar cobijo, en algunos casos por razones políticas y en otros casos porque la situación económica era mejor. Es importante disipar una falsedad que se difunde de que Venezuela sería un país del que la gente está huyendo, no. Venezuela sigue teniendo un saldo demográfico migratorio positivo, es muchísimo mayor la cantidad de personas que ingresan al país que la de los que salen. Curiosamente hace poco leí la información de que la mayoría de la gente que sale hacia Colombia, serían colombianos que ingresaron a nuestro país y ahora regresan. Y nada de extraño tiene que alguien quiera regresar al país en que nació.

Entonces ¿la xenofobia no tiene cabida en la lucha contra esta invasión paramilitar?

-No, en absoluto. Y además sería muy erróneo. También por ejemplo, 5.600.000 personas de las cuales ya a muchos se les ha concedido la nacionalidad y cuando han vivido cierto tiempo en el país tienen derecho al voto aun sin tener la nacionalidad, son una fuerza electoral muy poderosa. En fin, yo creo que afortunadamente esto no entra en el pensamiento ni del pueblo ni del gobierno venezolano. Venezuela debe siempre integrar estos contingentes humanos como lo ha hecho con otros inmigrantes.

Y además muchas de las personas nacidas en Colombia que viven en Venezuela, están dispuestas a defender la revolución hasta las últimas consecuencias, como tu entrevistadora.

-Claro, y  no solo eso. Por ejemplo, gran parte de los llaneros, los campesinos en general venezolanos por las condiciones de nuestra economía migraron durante años a la ciudad y gran parte de los campesinos de los fundos en Venezuela son colombianos ¿Quien arrearía ganado, quién sembraría si hubiera una política de exclusión a estos trabajadores? Pero también muchas de las actividades profesionales y culturales de Venezuela tienen que ver con ese flujo migratorio. Es decir, erradicar a la migración no está ni en la cultura, ni en el pensamiento, ni en la legislación venezolanas.

Tu conclusión.

-Bueno, lamentablemente sí hay una infiltración paramilitar, sí ha actuado activamente en la política venezolana hasta el punto de comenzar a desarrollar una parapolítica y sí ha participado activamente en las oleadas terroristas de los últimos años; por lo tanto tenemos que tomar conciencia de eso y desarrollar una política para anular esa agresión.

*Fuente: Blog Luis Britto

El articulo El paramilitarismo en Venezuela apareció primero en piensaChile.

8 Julio, 2017

Imágenes de la detención de los funcionarios bolivianos en territorio chileno:

Vuelco en caso de contrabando en la frontera: Ahora son los transportistas chilenos, que acusaron a funcionarios bolivianos, los acusados de contrabando
por Edición Cero (Iquique, Chile)
Publicado el 1 Junio, 2017

El articulo Evo da ejemplo a Chile y anuncia que devolverá a los dos carabineros detenidos al traspasar la frontera apareció primero en piensaChile.

1 Junio, 2017 

A los nueve hermanos detenidos en Chile: No están solos, pase lo que pase, con la lucha y unidad del pueblo, pronto los liberaremos.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 24 de mayo de 2017

Además, se sumó la opinión pública boliviana, con iniciativas como la cuenta de twitter @LiberenALos9. También e sumó desde Argentina el Premio Nóbel de la Paz, Adolfo Pérez Ezquivel.

Agradecer al hermano Adolfo Pérez Esquivel por hacer un llamado al diálogo entre Bolivia y Chile, y abogar por la liberación de los nueve. pic.twitter.com/ZTzcw8LICa

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 27 de mayo de 2017

-La autora, Anyelina Rojas Valdés, es Periodista de Edición Cero y Administradora Pública.

*Fuente: Edición Cero

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Senador Rossi desesperado por ser candidato: ¡¡Anda pidiendo firmas a cambio de un subsidio !!!!
por Alejandra Huerta (Iquique, Chile)
Publicado el 31 Mayo, 2017

El articulo El caso de los funcionarios bolivianos detenidos en Chile: ¿Era necesario? apareció primero en piensaChile.

31 Mayo, 2017 

El articulo Vuelco en caso de contrabando en la frontera: Ahora son los transportistas chilenos, que acusaron a funcionarios bolivianos, los acusados de contrabando apareció primero en piensaChile.

¿Cree usted que hay sintonía entre lo que dice el Gobierno y lo que está viviendo el país con la crisis económica, la escasez, la inflación?
-Lo que dice el gobierno, hasta donde sé, es que los precios de nuestro crudo bajaron de más de cien dólares por barril hasta 23 a principio de año, y que apenas ahora están repuntando un poco más de 38. Como nuestro sector privado tiene muy poca capacidad de producción y de exportación, ello significa un descenso de la capacidad de importación de bienes. El gobierno también señala que la empresa privada desapareció en importaciones fantasmas unos 60.000 millones de dólares que le fueron otorgados en divisas a tasa preferencial, y que el contrabando de extracción hace que por las fronteras se pierda el 40% de lo que el país produce o importa. Estos señalamientos explican la escasez y la inflación. Quizá no explican de manera suficiente cómo se pudieron otorgar tantas divisas a empresas de maletín sin exigirles garantías, ni tampoco por qué no se evita un contrabando de extracción tan nutrido, ni por qué subsiste el mercado negro que impide que los bienes subsidiados lleguen al consumidor. En cuanto a la inflación, es el sector privado quien eleva los precios a capricho, y el gobierno quien inexplicablemente no lo sanciona con la severidad debida cuando viola las regulaciones de precios vigentes o desaparece los bienes regulados, mientras abarrota el mercado con los no sometidos a regulación.

¿Por qué desde el Gobierno se insiste en el diálogo, pero otros voceros  como Diosdado -Cabello dicen que no?
-El poder Ejecutivo, que representa al Gobierno, está a su vez representado por el presidente Nicolás Maduro, que está llamando al diálogo desde antes de asumir el poder. Diosdado es un diputado, que tiene derecho a expresar su parecer en virtud de la libertad de expresión que garantiza la Constitución. Quizá Cabello señala que, como todo el mundo lo sabe, los anteriores llamamientos al diálogo han sido infructuosos. Pero la vía del diálogo debe estar siempre abierta.

Hay quienes aseguran que sectores internos del chavismo estarían pidiendo al presidente Nicolás Maduro la renuncia, ¿qué opina?
-Aquí hay que aplicar las preguntas básicas del periodismo: ¿Qué, quién, cuándo, para qué, por qué y cómo? ¿Si esos supuestos sectores internos del chavismo existen, por qué no se pronuncian en público? Yo no me imagino a chavistas exigiendo la renuncia del sucesor político designado por el mismo Hugo Chávez Frías y puesto en el poder por el voto de los venezolanos progresistas.  Lo que hay que pedir es la renuncia de los inventores de infundios.

¿Cómo conciliar a un país aún tan polarizado?
-El país siempre ha estado polarizado: conquistadores contra indígenas y afrodescendientes, conservadores contra liberales, gomecistas contra demócratas, cuartorrepublicanos contra revolucionarios. La conciliación se dará cuando una oligarquía ínfima renuncie a la pretensión de monopolizar el poder económico y además el político.

¿Será más fácil superar lo económico que lo político?
-La situación económica actual es difícil de superar por nuestra propia iniciativa, porque la caída de los precios de los hidrocarburos depende de un dumping organizado por Estados Unidos para quebrar a los países productores de petróleo indóciles. Cada vez que se produce una baja en los precios del petróleo, enfrentamos una situación política difícil. Sin embargo, creo que el dumping va camino de fracasar. Con los precios actuales de los hidrocarburos, las empresas del mundo desarrollado, cuyo costo de producción por barril es de 50 a 60 dólares, enfrentan la quiebra. Deberán restringir su producción, para que los precios se eleven, y con ellos se elevarán los de los hidrocarburos venezolanos. Pero cuando eso suceda, debemos tomar precauciones elementales: crear reservas en divisas y preferiblemente en oro,  promover la producción nacional de bienes básicos de consumo para las grandes mayorías, y evitar el contrabando de extracción, que hace inútil todo esfuerzo.

¿Por qué el rechazo del chavismo a un referéndum revocatorio este año?
-Lo que todos rechazamos es que se pretenda convocar un referendo revocatorio sin cumplir con los trámites constitucionales y legales, tales como número de firmas; que éstas sean válidas y no falsas, que provengan de electores legítimos bien identificados. Si se pudiera convocar referendos sin cumplir con los requisitos, se podría pretender convocar esta tarde uno para deponer al presidente de la Asamblea Nacional.

¿El diálogo es la solución? ¿Qué falta hacer para que ambos bandos sectores políticos se sienten, la asistencia del Papa Francisco?
-Hace falta que el Departamento de Estado, la USAID y la NED, que financian a la oposición en sus campañas desestabilizadoras, le corten los subsidios en dólares y las promesas de intervención militar para ponerlos en el poder .

¿Puede el Gobierno superar la crisis económica sin el sector privado?
-La crisis económica mundial que revienta en 2009 es culpa del sector privado capitalista, y la que aqueja a Venezuela también. Si tuviéramos un sector privado productivo y que además no acaparara y escondiera los bienes para cuya producción o importación les han sido concedidos generosos subsidios en divisas a tasa preferencial, no habría escasez. No tiene sentido continuar bombeando un diluvio de dólares preferenciales para un sector privado que hace importaciones fantasmas, contrabando de extracción, acaparamiento y mercado negro, con los resultados que todos conocemos. He recomendado en forma persistente que el Estado asuma  directamente la importación de bienes básicos y, de ser indispensable, el control del sistema bancario. Pero hay que recordar que no soy, y no he querido ser nunca,  más que un ciudadano de a pie.

¿El papel de la FANB cómo lo evalúa en esta coyuntura de país que tenemos?
-Imagino que sobre la FANB llueven incitaciones para que se sacrifiquen dando un golpe de Estado para entregarle el poder a Fedecámaras o a Estados Unidos. Hasta el presente han sido inútiles. Las FANB saben muy bien que no hay un proyecto alternativo político consistente, coherente y con consenso que pueda garantizar la gobernabilidad, la democracia y las conquistas sociales. Por no hablar de la soberanía nacional.

¿Qué opina sobre el hecho que a la actual Asamblea Naciona (AN) no se le deje accionar?
-La AN puede y debe accionar dentro de las competencias que la Constitución le asigna. Esas competencias no incluyen amnistiar terroristas, delincuentes financieros, narcotraficantes y culpables de delitos de lesa humanidad, anular las conquistas sociales, destituir presidentes ni convocar revocatorios sin cumplir con los requisitos constitucionales y legales.

Ya  entramos en el segundo semestre del año. ¿Qué le preocupa a usted de la situación del país, la confrontación política, la economía golpeada?
-Ambas. En relación con la economía, pienso que los precios de los hidrocarburos repuntarán antes de fin de año, porque el mundo sigue funcionando con petróleo y llegará el invierno, que aumenta su consumo. Para entonces los bajos precios de la energía fósil habrán quebrado a muchas empresas, y la baja en la producción elevará los precios. En el orden interno, una acción decidida contra el contrabando de extracción y las cadenas de intermediarios de los llamados bachaqueros mejoraría considerablemente el abastecimiento. En cuanto a la confrontación política, ésta es normal en una democracia, y sólo preocupa que un sector pretenda tomar el poder invocando la intervención extranjera, el terrorismo callejero con paramilitares y asesinatos selectivos o el golpe militar. Pero este sector fracasará mientras carezca de unidad, de proyecto político y de credibilidad.

¿Qué mensaje envía a los políticos?
-Pensar en el país antes que en sus intereses inmediatos. Para los políticos en el poder, reprimir de manera implacable la corrupción, el bachaqueo y el contrabando de extracción, sean cuales sean los intereses que se golpeen. He señalado que cada producto bachaqueado cuesta un voto, y que éste es un precio que ningún proyecto político democrático puede costear. Para la oposición, abandonar sus proyectos de aplicar paquetes neoliberales que han conducido al mundo a la crisis actual, dejar de lado la idea de subastar PDVSA a las transnacionales y de llegar al poder mediante la intervención extranjera, el golpe militar o la anarquía paramilitar.

*Fuente: Luis Britto García

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Para salir de la cárcel, Cristián Avilés Trigo pagó $7 millones de fianza en el Tribunal de Garantía de San Antonio. El ahora ex funcionario del Servicio Nacional de Aduanas recibía en 2015 un sueldo de $691 mil mensual, pero se hacía de un “extra” gracias a su colaboración con una bien montada organización de contrabandistas dedicada al ingreso clandestino de cigarrillos y a la sustracción de mercadería de lujo falsificada –como carteras Louis Vuitton y perfumes- que estaba retenida en Aduanas para su destrucción.
El ilícito descubierto en el Puerto de San Antonio –que hoy investiga el Ministerio Público- es solo la punta del iceberg de las profundas falencias que arrastra Aduanas desde hace años. Ello se expresa en la escasa revisión física de las importaciones, pocos fiscalizadores; el control casi inexistente de las exportaciones de minerales y el conflicto de interés latente por la entrega a laboratorios privados de las certificaciones de la ley (calidad) del cobre, oro y plata. CIPER pudo verificar que algunos de estos laboratorios son de propiedad de las mismas mineras exportadoras.
Con sus 1.766 funcionarios –menos de los que tiene la Municipalidad de Santiago-, de los cuales solo 375 son fiscalizadores, Aduanas es la barrera de control de todo el comercio exterior chileno que en 2015 sumó US$119 mil millones.

Dirección Nacional de Aduanas

Sus funcionarios no solo son responsables de cobrar los gravámenes de las importaciones. Su tarea más delicada la cumplen en 92 puntos de control -puertos, aeropuertos y pasos fronterizos- del país donde deben: verificar el valor y contenido físico de las mercaderías; ser escudo contra el narcotráfico, el contrabando, las falsificaciones y los productos peligrosos para la salud; además de hacer cumplir los tratados y acuerdos de comercio que Chile tiene con 25 países.
Aduanas recauda casi el 30% de los impuestos que percibe anualmente el país. Así, ese servicio ingresó en 2015 a las arcas fiscales US$12.244 millones, una cifra menor que en 2014 cuando recaudó US$14.309 millones. Ese cuantioso flujo se obtiene al aplicar a las importaciones el 6% de derechos aduaneros más el 19% del IVA y equivale a disponer del dinero necesario para financiar durante 16 años la gratuidad de la educación superior a los alumnos del 50% de las familias más vulnerables de Chile (US$ 766 millones anuales).
La recaudación podría ser mayor. Y ello, porque la evasión le arrebata al país unos US$400 millones cada año. Así lo estableció un estudio encargado en 2014 por el Ministerio de Hacienda. “Lo inferior a US$30 no se revisa y puedo declarar un repuesto de helicóptero en US$29”, dice un aduanero en ese mismo informe (ver estudio).
Transcurrido más de un año y a pesar de la contundencia del estudio, los fiscalizadores de Aduanas siguen siendo los mismos. Aún cuando está claro que los 375 fiscalizadores solo dan abasto para revisar visualmente (aforo físico) el 5% de la mercadería importada y verificar que el producto, la cantidad y el valor de la mercadería declarada documentalmente por la empresa propietaria y la agencia de aduana que realiza los trámites, sea real.
En el caso de las exportaciones, la revisión visual es prácticamente nula.
Aduaneros dijeron a CIPER que el 5% que se inspecciona visualmente es claramente insuficiente. Y lo sigue siendo –insistieron- incluso si se controla otro 5% de embarques, utilizando modelos de riesgo o “de inteligencia” que identifica procedencias o importadores sospechosos. Los fiscalizadores criticaron la priorización de estos modelos por sobre el aforo físico (visual) y responsabilizaron de ello al depuesto director Gonzalo Pereira.
A lo anterior se suma la ausencia casi total de control de otros minerales exportados por empresas mineras en el concentrado de cobre. Entre ellos, destaca el molibdeno y hasta hace muy poco el oro y la plata, los que salen del territorio como productos “no transables”. Recursos que generan millonarias utilidades para las empresas exportadoras, las que no cancelan impuestos por esas ganancias.
La escasez de fiscalizadores también facilita el narcotráfico y el contrabando, en especial de cigarrillos, producto que paga altos impuestos. Aunque resulte increíble, hay puntos de control -como Punta Arenas- que no cuentan con máquina de rayos X para inspeccionar contenedores y vehículos.

ENORME EVASIÓN Y POCA FISCALIZACIÓN

Las falencias de Aduanas no son nuevas. Ya en 2010 un informe de la Contraloría evidenció fallas en los procesos operacionales en la Aduana de San Antonio (ver informe). Entre los problemas estaba el atraso en la puesta en marcha del plan anual de fiscalización y diferencias entre la información que aparece en las declaraciones de importación (DIN) y los valores ingresados por los aduaneros.
Las fallas que detectó la Contraloría no ocurrían solo en San Antonio y fueron dimensionadas en 2014 por el doctor en Economía de la Universidad de Texas, Claudio Bonilla. En el estudio que encargó la Subsecretaría de Hacienda, Bonilla calculó que Chile pierde al menos US$400 millones cada año tributario solo en importaciones que evadieron impuestos. Además, señala como debilidad la falta de dotación fiscalizadora y personal con expertise en exportaciones sectoriales, como el pesquero, minero y químico.
En Iquique, el estudio de Bonilla dejó al desnudo la precariedad de la fiscalización: para los dos mil usuarios que generaron operaciones de franquicia en la Zona Franca, solo había tres funcionarios para el control de inventarios y se realizaron 38 revisiones. Esos controles generaron cobros de impuestos y denuncias que sobrepasaron los US$20 millones. “¿Qué hubiera pasado si se revisaban 60 de los dos mil?”, se plantea en el informe (ver estudio).
Uno de los sectores que exhibe mayor deficiencia en la fiscalización de Aduanas es el de las exportaciones de minerales. Así lo asegura Rolando Castillo, ex fiscalizador de ese servicio, quien ha denunciado en distintas instancias los miles de millones que el Estado deja de recibir por su ineficiente control.
Ya en 2009 Castillo había recurrido a la Contraloría por el molibdeno y el azufre contenido en el concentrado de cobre que exporta La Escondida (controlada por BHP Billiton), que no se consideraban como productos transables. La Contraloría respondió lo mismo que Aduanas en esa época: “La práctica comercial no los considera elementos pagables”. No tienen valor.
Castillo asegura que “durante mi permanencia en Aduanas observé que en ninguno de los embarques de concentrado de cobre de La Escondida se declaraba la existencia demolibdeno”. El no pago de impuestos por el molibdeno que se saca de Chile resulta extraño a la luz de los cálculos que otro organismo del Estado –la Corporación Chilena del Cobre (Cochilco)- ha hecho sobre el precio internacional del molibdeno para 2016: US$5,5 la libra, más del doble del precio del cobre en la misma fecha.
Según el ex fiscalizador de Aduanas, Rolando Castillo, en 2009 La Escondida habría obtenido ingresos por US$ 700 millones sólo por el molibdeno que contenía el concentrado de cobre exportado, si es que fue procesado fuera del país, antecedente que él desconoce. Una situación similar –afirma Castillo- ha ocurrido por décadas con el azufre y minerales como plata y oro; y metales como renio y selenio que se obtienen del molibdeno.
La aseveración de Castillo se ve avalada por un informe de la Contraloría sobre la inspección que funcionarios de Aduanas realizaron en 2013 al laboratorio que presta servicios de control de embarque a la Minera La Escondida. En terreno concluyeron que los procedimientos empleados no eran suficientes para garantizar que la muestra extraída fuera representativa y que el peso controlado fuera el declarado.
No fue la denuncia de Castillo lo que encendió la alerta de las autoridades. Un gigantesco robo de concentrado de cobre a la División El Salvador de Codelco en 2014, desembarcó el problema en la Cámara de Diputados. El concentrado lo había vendido la minera La Escondida a El Salvador, pero los camiones que lo trasladaban fueron interceptados en el camino –con la colaboración de los transportistas- donde se procedió a cambiar la carga por prácticamente escoria de cobre.
El robo provocó un perjuicio para el Estado de casi $6 mil millones. Si bien 22 personas resultaron detenidas, la investigación nunca logró establecer qué pasó con el concentrado sustraído. Según la PDI, éste fue comprado por Enami, pero también existe la sospecha de que fue exportado. El escándalo derivó en una comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Y fue allí que el entonces director de Aduanas, Gonzalo Pereira, reconoció que la fiscalización a las exportaciones de minería es la gran debilidad y el gran problema del servicio.
Pereira explicó la razón: “La exportación no genera ningún tipo de pago de impuesto y, por lo tanto, está muy en el ADN de los funcionarios fiscalizar la importación y no la exportación”. Por esa razón, agregó, se mejoraron las fórmulas de fiscalización documental “a posteriori”, transformando elDepartamento de Inteligencia Aduanera en el Departamento de Fiscalización a Posteriori, que tiene un plazo de hasta tres años para rectificar y cursar una infracción de ser necesario.
Las conclusiones de la Comisión Investigadora fueron claras (abril de 2014): Chile no cuenta con la institucionalidad pública adecuada para un control eficiente y riguroso que permita determinar la trazabilidad de un recurso tan preciado como el cobre. Y en las entidades responsables de ese trabajo, Cochilco y Aduanas, existe un déficit de funcionarios y medios técnicos para llevar adelante su labor.
“Lo anterior nos lleva a reflexionar de cómo es posible entender que se hayan robado toneladas de concentrado y ninguna institución del Estado pueda dar con su destino final”, dejaron consignado en su informe los diputados (ver informe de la comisión).

Paro de funcionarios de aduanas en 2015

Un año después, las debilidades no habían sido superadas pese a que Aduanas dictó una resolución que hizo más exigentes las certificaciones de las exportaciones mineras. En enero de 2015, un informe de la Contraloría constató que “la Aduana de Antofagasta no ha ejercido una fiscalización efectiva sobre los organismos de inspección” (las empresas privadas que realizan los controles sobre el mineral exportado). El ente contralor también apuntó que Aduanas de Antofagasta tampoco fiscalizaba las leyes de fino (pureza) de los metales y no metales presentes en los concentrados de cobre exportados, por lo que ordenó un sumario (ver informe).
En Aduanas aseguraron que entre 2013 y 2015 se hacían contramuestras de los embarques de minerales. CIPER tuvo acceso a la planilla de 110 contramuestras realizadas por el Laboratorio Químico de la Aduana entre enero y septiembre de 2015, sobre un total de 691 exportaciones de concentrado de cobre. Según la información entregada al ingeniero comercialMarcos Simunovic, vía Ley de Transparencia, las muestras y contramuestras arrojaron resultados muy cercanos.
Faltaba dilucidar cuán idóneos eran los análisis de Aduanas.

CONTROL EN MANOS PRIVADAS

El sistema de control de calidad y pureza de minerales se encuentra externalizado por Aduanas desde 2002. El análisis de los minerales exportados corre por cuenta de laboratorios privados, acreditados por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Estos laboratorios emiten informes de calidad sobre las exportaciones de concentrado de cobre: algunos certifican el peso de la carga y otros controlan los metales preciosos. Son funcionarios de esos laboratorios los que toman las muestras y se responsabilizan de la correspondiente certificación para su exportación. 
CIPER revisó dos registros de laboratorios proporcionados por Aduanas y encontró que varios pertenecen a las propias empresas mineras.
Los cinco laboratorios privados acreditados para el análisis de las exportaciones de metales preciosos, son propiedad de compañías mineras. Dos de ellos, pertenecen a las mineras Meridian Limitada y Florida. Ambas son parte del consorcio Yamana Gold Inc., que explota en Chile las minas de oro y plata “El Peñón” y “Minera Florida”.
Otros dos laboratorios que entregan la certificación que requiere Aduanas para el análisis de metales preciosos, también pertenecen a empresas mineras:Compañía Minera Mantos de Oro y Compañía Minera Maricunga,dedicadas a la extracción de plata y oro.Las dos son propiedad de la multinacional Kinross Gold. El quinto laboratorio acreditado en este mismo rubro de metales preciosos, pertenece aGuanaco Compañía Minera, de propiedad del consorcio Austral Gold (ver listado de laboratorios).
En el listado de los diez laboratorios que analizan el concentrado de cobre de exportación, hay dos que son propiedad de empresas mineras. Uno de ellos, pertenece a la Compañía Minera Candelaria, cuyo dueño es Lunding Mining Corporation y se dedica a la extracción de cobre en la Región de Atacama (Proyecto Candelaria). Ella misma está acreditada hasta diciembre de 2019 para certificar informes de calidad de minerales. Un segundo laboratorio para concentrado de cobre es de propiedad de la Minera Esperanza, la actual Minera Centinela (nació de la fusión de Minera El Tesoro con Esperanza) y pertenece a Antofagasta Minerals (propiedad del Grupo Luksic) y Marubeni Corporation (ver listado de laboratorios).
El evidente conflicto de interés en perjuicio del Estado fue expuesto por la Contraloría en enero de 2015, en el informe “Sobre eventuales irregularidades en el Servicio Nacional de Aduanas respecto del muestreo de minerales”. Allí se afirma que los organismos de inspección y emisores de informes de peso “no pueden tener relación con el exportador a quien provean servicio”.
En la indagación de 2014, funcionarios de Contraloría revisaron una lista de 10 emisores de informes de calidad y otra de seis organismos de inspección del concentrado de cobre. La conclusión fue:“No se acreditó la existencia de nexos de propiedad y/o comerciales entre los organismos de inspección y emisores de informes de peso y los exportadores a quienes proveen tales servicios”.Pero no se explica por qué quedaron fuera de la revisión los laboratorios que certifican la calidad de los metales preciosos, los que sí tienen vínculo de propiedad con las mineras.
Lo más grave que constataron los fiscalizadores de la Contraloría, fue que representantes de dos laboratorios privados –Alfred H. Knight Int. Ltd. Chile Ltda. y CIMM Tecnologías y Servicios– explicaron que sus análisis “se restringían a los componentes de cobre, oro y plata “(dejando fuera los restantes metales o no metales, como el molibdeno). La razón: “el exportador no les permitía obtener información y les restringía el acceso al contrato de compraventa de la exportación”. La conclusión de la Contraloría fue clara: “Todo ello deja de manifiesto una falta de control por parte del Servicio de Aduanas”.

CONTRABANDO DESDE PANAMÁ

El producto estrella del contrabando en Chile son los cigarrillos. Entre 2013 y 2015 se decomisaron más de 15 millones de cajetillas, lo que significó una evasión de impuestos que supera los US$57 millones. Las investigaciones indican que el puerto de San Antonio es uno de los puntos vulnerables. Y es precisamente allí donde recientemente se han descubierto bandas organizadas que, coludidas con funcionarios de Aduanas, ingresan cigarrillos por vía ilegal.
Una de esas bandas enfrenta hoy a la justicia por asociación ilícita, comercio clandestino, comercio ilegal, cohecho, soborno y fraude al Fisco. En total, la Fiscalía acreditó que el fraude superó los $2 mil millones.
La indagatoria realizada por la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brideco), concluyó en enero de 2014 que el líder de la banda era Miguel Alcaíno Aleu (registra condena por infracción a la propiedad intelectual, comercio clandestino y contrabando), quien financiaba y dirigía las internaciones ilegales de contenedores con cigarrillos desde Panamá y Argentina.
Las escuchas telefónicas realizadas por la PDI permitieron identificar el modus operandi más recurrente: compraban la mercancía en Panamá y la enviaban por barco a Chile, pero con una factura marítima (Bill of Lading) falsificada (otra mercadería, otro país de origen y falso destinatario). Para evitar que apareciera Panamá como origen de la mercancía (es un factor de alerta en Aduanas), el contenedor no viajaba directo a Chile: lo enviaban a las islas de Curazao o Jamaica y desde allí la redirigían a Chile. Y como importadores utilizaron a “Salfa” y “Emasa”, identificadas como compañías “confiables”.

Puerto de San Antonio

En estas operaciones participaban dos miembros de la banda de Alcaíno:Fernando Hernández viajaba a Panamá a comprar los cigarrillos y Nelson Laraproveía la información de la ruta del barco, los documentos y realizaba gestiones con funcionarios de Aduanas para que el contenedor no fuera fiscalizado. Una vez desaduanado, el contenedor era llevado a un galpón en el Camino Lonquén (San Bernardo), donde los cigarrillos se comercializaban clandestinamente.
Otra ruta usada por la banda de Alcaíno era el Paso Cardenal Samoré, en Osorno, para lo cual contaban con ayuda de transportistas de Argentina. Una vez que el camión estaba en marcha hacia Chile, Alcaíno se contactaba con Nelson Lara, quien hacía los contactos con funcionarios de Aduanas, enviándoles mensajes de texto con la patente y hora de salida del vehículo que transportaba el contrabando.
La investigación policial también descubrió que la organización delictual, con la complicidad del aduanero Avilés Trigo, se apropiaba de mercadería que se encontraba incautada en galpones de Aduanas por ser falsificada, infringiendo la ley de propiedad industrial. Entre los productos había perfumes, carteras, relojes y zapatillas imitación de marcas de lujo, todo lo cual debía ser destruido.
En la reconstrucción de la operación delictual, la PDI determinó que el aduanero Cristián Avilés no solo modificó la notificación judicial y el acta de destrucción de las especies, a cargo  de la empresaLogística Ambiente Sano Limitada. En los hechos, Avilés se habría coludido con los dueños de esa empresa –Karen Maulén, Mauricio Rivera y Héctor Valenzuela– y en vez de eliminar las especies, éstas fueron llevadas a distintas bodegas en Santiago.
Pero los contactos de los contrabandistas se extendían más allá de la Aduana de San Antonio. Los peritajes policiales detectaron vínculos con funcionarios de Aduanas de Punta Arenas, Los Andes e Iquique, donde habrían utilizado estos mismos métodos para ingresar al país productos sin pago de impuestos.
A pesar de las evidencias entregadas por la Fiscalía, la Corte de Apelaciones de Valparaíso dejó aMiguel Alcaíno y a Nelson Lara solo con arresto domiciliario nocturno; y a Cristián Avilés Trigocon prisión preventiva. Pero como al aduanero se le otorgó el beneficio de una fianza de $7 millones, suma que su esposa canceló, de inmediato recuperó su libertad. Avilés se desempeñaba como fiscalizador en San Antonio desde enero de 2011. A pesar de que su sueldo era de $691 mil mensuales, era propietario de una gran casa en Santo Domingo y de dos vehículos de doble tracción. Solo por su complicidad en la apropiación de mercadería falsificada incautada, recibió $2 millones.

CIGARRILLOS EN EL NORTE

A fines de enero de 2016, el asesor de la dirección nacional de Aduanas, Juan José Pérez Cotapos –quien además es abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso- entregó una carilla titulada “Informe de gestión enero 2016”. Allí el asesor enumeró algunos de los problemas del servicio: “Arica: propiedad intelectual y contrabando”, “Asesoría por contrabando Aduana de San Antonio”, “Aduana de Iquique: documentos no cumplidos, cargos por faltantes de inventarios, deudores incobrables”.
Lo que Pérez Cotapos enunció en su informe sobre la Aduana de Iquique no era novedad: el inventario de cigarrillos es uno de los más difíciles de controlar en la Zona Franca. De hecho, en 2015 una denuncia interna dio paso a un sumario -aún en curso- a cuatro fiscalizadores del servicio por sospechas de que habrían certificado la salida de tres millones de cajetillas de cigarrillos desde la importadora Saint Patrick (entre 2013 y 2015). Los cigarrillos desaparecieron, pero nunca fueron exportados a otro país, como aparecía en los documentos de la empresa autorizados por los aduaneros.
El representante legal y fundador de Saint Patrick es Leonardo Solari Alcota, ex presidente en dos periodos de la Zona Franca y conocido empresario del norte, donde además figuró como presidente local de la Fundación Augusto Pinochet.
Solari Alcota enfrentó un juicio en 2006 por supuesta infracción a las normas de propiedad intelectual, según acusó la tabacalera Philip Morris. Fue condenado en primera instancia y luego absuelto por la Corte de Apelaciones de Iquique. CIPER intentó contactar a Solari, pero en su empresa dijeron que estaba en viaje de negocios fuera del país, junto a la plana mayor de Saint Patrick. Tampoco respondió a las consultas de CIPER por correo electrónico.

Decomiso de cigarrillos.

La investigación de Aduanas indica que parte de esas 3 millones de cajetillas de cigarrillos habrían salido supuestamente de Iquique bajo la fórmula legal “rancho de naves”: productos destinados al consumo de las tripulaciones de los barcos mercantes. Aduanas consultó a la Naviera Ultramar si habían adquirido cigarrillos a Saint Patrick bajo esa modalidad, lo cual la empresa naviera negó, como consta en el documento al que tuvo acceso CIPER (ver documento).
La sospecha es que ese enorme cargamento de cigarrillos, que desapareció de las bodegas de la Zona Franca, en realidad se vendió ilegalmente en Chile. En Aduanas calculan que el perjuicio causado al Fisco es de US$ 7,29 millones, poco más de $5 mil millones. El Ministerio Público inició una investigación aún en desarrollo.
No hay duda de que Aduanas necesita y con urgencia una reingeniería. Pero los cambios se han dilatado. La sorpresiva salida del director nacional, el abogado Gonzalo Pereira, y su reemplazo el 1 de marzo por otro abogado, Juan Araya Allende, es solo el primer paso para poner fin al menos al desorden. Una muestra de ello ocurrió en enero de 2016, cuando se pagaron sueldos en exceso a 1.400 empleados, los que tendrán que devolver esos dineros.
Lo importante está en el Congreso. Una ley que apunta a la modernización del Servicio Nacional de Aduanas y a un cambio total a la fiscalización que hoy realizan sus funcionarios, espera su trámite desde 2015.

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Tocados y hundidos

En la actualidad, el Registro Internacional Boliviano de Buques registra 37 embarcaciones de las que 18 son cargueros. Entre 2014 y 2016 al menos 14 buques con pabellón boliviano han tocado puertos de Siria, Libia, Líbano, Egipto, Turquía o Grecia, rodeando una zona con dos guerras activas y varios conflictos menores. Muchos de estos cargueros ya no figuran en el registro al haber cambiado de pabellón recientemente. Casualidad o no, la flota boliviana no parece ser una de las más recomendables.

Según explica Christine Bossard, de la organización francesa Robin Des Bois, esa flota es bastante antigua, formada en su mayor parte por viejos barcos de carga general construidos entre los años 60 o 70. Sin ir muy lejos, Joudi, por ejemplo, tiene 44 años, mientras que Haddad 1, 40. “Es chatarra pura, en ningún registro serio podrías inscribir un barco que tiene 30 o 40 años”, opina Jaime Rodrigo de Larrucea, presidente de la sección de derecho marítimo del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona.
Robin Des Bois, por otra parte, recuenta alrededor de un centenar de embarcaciones que enarbolan esta bandera y revela que, algunos reportados como “desconocidos” en bases de datos oficiales, “podrían ser bolivianos”. En general, “la bandera boliviana tiene mala reputación en términos de control de buques o certificados falsos”, una imagen casi comparable con pabellones tan sucios como los de Camboya, Togo o Tanzania y clasificados en la lista negra del informe del Memorando de París donde, sin embargo, los de La Paz ni siquiera aparecen.
Según explican portavoces de Paris MoU, solo se reflejan en el documento completo (en sección blanca, gris o negra) aquellos buques que, durante los 3 años sobre los que se calculan las listas, hayan sido inspeccionados un mínimo de 30 veces en puertos que pertenezcan al Memorando. Sin embargo, entre 2012 y 2014, solo 13 buques bolivianos se sometieron a inspección, lo que quiere decir que no visitan con frecuencia dichos puertos.
No obstante, el Haddad 1 está vetado desde noviembre de 2014 en cualquier puerto europeo después de presentar problemas graves durante una inspección en Málaga, cuando aún tenía bandera camboyana y se llamaba Mamo. El propio Joudi también tiene prohibida la entrada a los mismos puertos desde mayo de 2014.
Bossard declara que aunque la organización no puede determinar si muchos de los bolivianos están involucrados en cuestiones ilegales, sí puede decir que “los buques deficientes a menudo se utilizan para este propósito porque son baratos”.
Ese es precisamente uno de los problemas que surgen en torno a las banderas de conveniencia pues, como sostiene Elvira Jiménez, responsable de Océanos de Greenpeace, suelen utilizarse para evitar ciertas legislaciones o favorecerse con otras. Al final, cada barco sigue la normativa del país en el que está abanderado, lo que permite a sus dueños acceder a posibilidades “más laxas en cuanto, por ejemplo, derechos laborales, normativas de seguridad, inspecciones e incluso impuestos”.
Por otra parte, algunos de los buques que antes eran bolivianos en cierto momento pasan a ser de otros países que ejercen aún menos control. Es el caso de Lady Safia, que entre 2013 y 2015 tenía bandera boliviana, ahora es de Togo y navega entre Misrata (Libia), Cerdeña y Líbano bajo el nombre de Byblos.
Rodrigo de Larrucea cree que esto puede deberse a que, cuando un barco ha pasado varios controles y tiene deficiencias graves, es difícil que pueda volver a navegar por aguas europeas. Al final “o tiene que desguazarse o se dirige a donde puede operar, en el tercer mundo, África, Asia y países árabes”, zonas que no ejercen tanto control como América o Europa.
Esos que no cambian de bandera, sin embargo, acaban muriendo, encallando o en el desguace después de haber sido inspeccionados y detenidos en ocasiones. Twins MJ, por ejemplo, se estropeó en 2013, mientras estaba anclado y cuando le quedaba poco para ser desguazado en Turquía. En enero de 2015, el Sea Bird encalló en Anamur (en la costa turca), después de una tormenta. Aunque actualmente es mongol y sigue navegando después de ser reflotado, en el momento del problema era boliviano y no tenía los papeles en regla.
Esta tendencia, sin embargo, no parece ser reciente. También el Sea Bright, que antes tuvo bandera de Moldavia, Sierra Leona y Georgia, acabó tocado y hundido en 2010 en la costa de Antalya (suroeste de Turquía), con bandera boliviana y después de haber sido detenido en 8 ocasiones entre 2006 y 2010. Era, por cierto, administrado por Phoenicia Maritime LLC, la misma empresa que Haddad 1.
¿Simples naufragios? ¿O será que resulta más rentable que encallen a que sean desguazados? El abogado Rodrigo de Larrucea no cree que alguien pueda tener la intención de cobrar un seguro dadas las características de los pabellones bolivianos. “Las compañías de seguro, con barcos tan antiguos, toman todas las precauciones del mundo”.
Lo que les ocurre a estos buques, piensa, es solo fruto del paso del tiempo, una circunstancia que hará que, poco a poco, los estados ribereños los empiecen a controlar con especial dedicación. “Van a ser objeto de alta prioridad de inspección porque nadie va a tolerar que en sus aguas territoriales o puertos haya barcos en mal estado”.
A pesar de los ejemplos, desde el Registro Internacional de Buques Bolivianos aseguran que siempre evalúan los antecedentes de las embarcaciones en cuestiones de seguridad marítima y de prevención de la contaminación del medio acuático. Respecto al armador, suelen verificar que no haya estado comprometido en actos ilegales o que no aparezca en listas determinadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
En condiciones perfectas, el armador y la empresa deberían coincidir. Sin embargo, los armadores del Joudi, del Haddad 1 y de varios otros buques en similares condiciones, solo son oficinas de administración de cargueros con muy mala reputación.
La libanesa GMZ Ship Management, detrás de Joudi, cuenta con una flota de 33 embarcaciones, “la mayoría de ellas con banderas en la lista negra”, dice Bossard, quien recuerda que muchas han sido detenidas por razones de seguridad. Por lo general, las de esta compañía suelen tener problemas con las autoridades portuarias y algunos de sus ejemplares, con bandera de Togo, no pueden entrar a Europa.
Mientras tanto, Haddad 1 es propiedad de Haddad Shipping SA, que “parece ser una empresa fantasma registrada en Belice”, aunque está administrada por Phoenicia Maritime LLC, con sede en la inestable Siria.

Pasar desapercibidos

El cambio de nombre y de registro suele ser habitual en la flota marítima. Sin embargo, lo que no es normal es que esos cambios sean excesivos. Haciendo un breve recuento, Joudi, por ejemplo, ha pasado por 9 nombres; Haddad 1, Ahmad Prince, Abdullah y Shark, por 4 cada uno; Sea Bird, por 5; Abd Alkarim y Natalia, por 6, el pesquero Entisar por 7. “Tanto cambio huele mal, muy mal, es un factor de prioridad en la inspección”, asegura Rodrigo de Larrucea.
Eso sin contar que los dos cargueros que han dado de qué hablar en los últimos meses habían tenido antes pabellón de Camboya, uno de los más negros junto con el de San Vicente y las Granadinas, Belice, Comoros, Dominica, Islas Cook, Togo, Moldavia o Tanzania o Mongolia. “Son las más baratas, las que admiten barcos en peores condiciones”, esos a las que van todos los que no cumplen con los requisitos del resto, añade el abogado.
Prácticamente la totalidad de los 14 cargueros que actualmente navegan por el Mediterráneo y que han utilizado la bandera boliviana en los últimos dos años, también han enarbolado antes o después el pabellón de uno o varios de los países de esta lista.
Esas modificaciones constantes muchas veces esconden “barcos que han realizado alguna actividad delictiva” y que intentan que su seguimiento sea más complicado, detalla Jiménez. Sin embargo, en los últimos tiempos, el sector apuesta por el número IMO: inamovible, el ADN particular de cada barco, una suerte de matrícula y el dato que le convierte en localizable en todo momento. Sólo así se puede verificar si el buque que ayer era boliviano y se llamaba Lady Safia, hoy es togolés y se llama Byblos. Todos los demás datos, como código de radiollamada etcétera, también pueden cambiar.
La finalidad del IMO según Arroyo y Martínez, es reforzar la seguridad, evitar la contaminación, “así como facilitar la prevención del fraude marítimo”. No obstante, aún no es obligatorio “ni en todas las flotas ni en todos los países”, añade Jiménez.
A pesar del negro panorama, lo más probable es que, aunque Bolivia sea responsable de los buques, ni el país ni sus funcionarios estén involucrados en la dudosa actividad que han desarrollado algunos (y en la que otros podrían estar implicados). Simplemente, puede pensarse que “su registro tenga ganas de captar flotas” y por eso es bastante abierto y, en tanto que no actúan en Bolivia, “el Estado no puede controlarlos” con efectividad, dice Rodrigo de Larrucea. Es la situación más atractiva para quienes quieren hacer contrabando en alta mar sin dar muchas explicaciones ni desembolsar grandes sumas de dinero.
*Fuente: M’Sur

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