El Instituto de Salud Pública (ISP) es «el organismo de referencia del Estado, que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica (…), cumpliendo ello con altos estándares de calidad, transparencia, innovación y equipo humano comprometido con el servicio público», de acuerdo a su portal web. Es decir, en el cumplimiento de sus tareas se juega la vida de las personas.

Una de las funciones estratégicas del ISP corresponde a la ejecución del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC), labor que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 1972, y que está dirigida al control de los laboratorios clínicos del país para asegurar la buena calidad de los exámenes necesarios para asegurar un buen tratamiento a la población.

Sin embargo, los propios profesionales de la entidad, avalados por su probada excelencia científica y agrupados en la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública (APRUS-ISP), advirtieron que «la administración de turno en La Moneda, como ha sido ampliamente difundido, está ejecutando un enorme recorte presupuestario al sector sanitario para ‘ahorrar’ gastos del Estado. Para ello ha puesto su foco en el  PEEC del ISP, lo que redunda en un violento encarecimiento de los servicios involucrados, toda vez que las evaluaciones a los laboratorios tendrían que ser realizadas por entidades internacionales que cobran alrededor de un 400% más de lo que cuesta aplicarla por el ISP».

¿Cómo se ahorra gastando más?

La APRUS indicó que «la evaluación externa de la calidad se ha consolidado como una herramienta indispensable para asegurar resultados analíticos precisos y comparables entre laboratorios. Su implementación no solo permite fortalecer la confianza de los usuarios en sus exámenes, sino también garantizar estándares homogéneos en los distintos establecimientos de salud de Chile».

En el país, esta exigencia se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio. El Decreto Supremo N°20 de 2011, que aprueba el Reglamento de Laboratorios Clínicos, establece en su artículo 23° la obligación de los laboratorios de participar en programas de control externo de calidad para todas las áreas en las que otorguen prestaciones. Del mismo modo, los Decretos Supremos N°18 de 2009 y N°37 de 2010 del Ministerio de Salud determinan que estos programas comportan un requisito esencial para validar los reembolsos de las prestaciones por parte de los usuarios.

Para la APRUS-ISP, las notables discrepancias económicas que se producen entre la oferta internacional para este tipo de programas, que incluye organizaciones como, CAP (EEUU), RIQAS (Reino Unido), UK NEQAS, PNCQ (Brasil), etc. y el PEEC que hace el ISP en el país, valen de tres a cuatro veces más ya que hay que sumar a los costos básicos gastos como el triple embalaje; control de la temperatura; transporte internacional bajo condiciones de refrigeración; seguros; honorarios de agencias aduaneras; y otros. Es así que los recortes presupuestarios para este 2026 pueden llegar a disminuir a la mitad el programa de evaluación de calidad, y, eventualmente, eliminarse totalmente para el año 2027.

En este sentido, los científicos del Instituto pusieron de ejemplo que

«un hospital público que ejecuta 15 subprogramas por el PEEC en Chile, tiene un costo de $1.800 millones de pesos. Eso mismo, pero con un programa extranjero, le vale al hospital cerca de $9.000 millones de pesos», lo que significa un desembolso adicional para el Estado de aproximadamente $7.200 millones de pesos. En otras palabras, lo que está definido como racionalización del gasto se convertiría en un costo mayor para las arcas fiscales. Esto califica como un absoluto sinsentido: en lugar de ahorrar, se está generando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones».

El médico, académico de diversas universidades, presidente de la Corporación Alma Ata, ex Subsecretario de Redes Asistenciales, ex Director del Instituto de Salud Pública y parte del directorio de la Revista Científica, entre otras responsabilidades y cargos, Ricardo Fábrega, manifestó que «el Programa de Evaluación Externa de la Calidad que hace el ISP es muy antiguo y ahorra recursos al sistema, no lo contrario», y sumó que «por la información que tengo, es una mala idea eliminarlo o limitarlo, e imagino que las autoridades correspondientes podrán expresar esto mismo a quienes correspondan. A la hora de la verdad, lo importante es que no hagan recortes porque no parece razonable».

– ¿Qué opinión te merece plantearse el objetivo de promover y llegar a alcanzar la soberanía sanitaria, la facultad de producir investigación, innovación tecno-científica propia en el territorio de la salud dentro del país?

«Eso es muy importante. En la actual situación internacional donde el comercio mundial se ve amenazado producto que graves conflictos en curso, muy lejos de nuestras fronteras; tras una pandemia que demostró el valor de contar con la mayor independencia y autonomía sanitaria posible; pues, en vez de estar fragilizando el Estado, lo que necesitamos es fortalecer las capacidades que tenemos para impulsar su desarrollo. Cuando empiecen a golpear de verdad los precios en nuestra economía real a causa de las importaciones, el Gobierno no sólo no podrá recortar más presupuesto, sino que tendrá que destinar más recursos a la salud. De lo contrario, los hospitales van a terminar en peores condiciones de las que ya están. De hecho, si se pretende mantener el precario nivel que tenemos al respecto, con estas políticas, la salud sanitaria saldrá más cara que barata. Lo que ocurre en la economía real no pareciera que se tuviera muy claro. Efectivamente, hay que distribuir los recursos del Estado de manera inteligente. Creer que hoy se puede ahorrar en el área de salud es un pensamiento mágico.»

El articulo Salud: «en lugar de ahorrar, se está preparando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones» apareció primero en piensaChile.

09 de junio de 2026

¿Estamos hoy preparados para dar conducción al Pueblo ante el inminente desmoronamiento del moribundo modelo neoliberal y el corrupto sistema político post dictadura?

La pérdida de credibilidad en las actuales instituciones políticas (95% de rechazo a los partidos políticos y sus dirigentes, y 98% de rechazo al Congreso), le deja un solo camino a la Ciudadanía: intervenir la política y ejercer directamente la soberanía que le es inherente. El Estallido social de 2019 demostró que la clase política se aferra a un modelo económico y un sistema político institucional que sólo beneficia los intereses y privilegios de una minoría.

Chile vive momentos cruciales de su historia caracterizados por el rechazo mayoritario a un modelo económico y una estructura de poder político que sólo benefician a unos pocos privilegiados e impiden la participación democrática de la ciudadanía en la toma de decisiones y construcción de la sociedad y del Chile que queremos.

El poder ciudadano está de vuelta y para ejercerlo el Pueblo no necesita permiso de nadie, menos de “representantes” que nunca lo fueron y de instituciones cuya autoridad se desmorona y desploma.

La ciudadanía, mayoritariamente, comprende que todos los problemas que la afectan, que la mala calidad de vida que la agobia, que el endeudamiento que la asfixia, que los salarios de hambre y abusos de quienes se apoderan y concentran la riqueza que nos pertenece a todos los chilenos; todo proviene de un modelo de sociedad diseñado por una minoría para proteger sus propios intereses.

Es el sistema todo el que está en crisis.

Es la institucionalidad toda la que está en crisis.

Es el modelo inhumano de sociedad impuesto por la fuerza en dictadura el que cruje entero porque la corrupción del dinero ha corroído las bases estructurales del sistema económico, político y judicial.

El nuevo Chile por construir requiere de nuevas organizaciones sociales y políticas, y del protagonismo decisivo del mundo popular con nuevos voceros y representantes.

La nueva generación para lograr las transformaciones estructurales que se necesitan es una generación política, no etárea, como lo demostraron las históricas jornadas del Estallido Social, con hombres y mujeres de todas las edades tomando las calles de Chile.

LA CIUDADANIA DESCONFÍA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El desafío más grande que debe enfrentar esta nueva generación de dirigentes que irrumpe desde los movimientos sociales -y muy excepcionalmente de los partidos no tradicionales- es cambiar las formas de entender y hacer política, desterrando para siempre los códigos mafiosos y las malas prácticas con que actúan los partidos de la actual clase política.

La Encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research de septiembre de 2024, revela que el 95.8% considera que la clase política es corrupta (78.9% muy corrupta, y 16.9% medianamente corrupta).

Mientras que el 94% considera que las Instituciones Públicas son muy corruptas (68.3%) y medianamente corruptas (31.7%).
Y para el 94% el Poder Judicial es corrupto (73.4% muy corrupto, y 20.6% medianamente corrupto).

Estas cifras de repudio, desconfianza y rechazo a la clase política y a las instituciones del Estado, permanecen inalterables desde hace más de dos décadas. Y sin duda aumentarán mucho más al conocerse y comprobarse, con el “Caso Hermosilla” que en Chile las instituciones funcionan sólo en beneficio de los poderosos, de los grandes empresarios, de la clase política, de los altos mandos de las policías y las FFAA cuyos delitos, estafas, robos y fechorías quedan en la impunidad mediante una gigantesca y transversal red de sobornos y protección.

UN SOLO CAMINO ES POSIBLE: SOBERANÍA POPULAR. ORGANIZACIÓN Y LUCHA DE LAS COMUNIDADES

El análisis riguroso de la actual crisis de la sociedad chilena, en la que el 01% es dueño del 50% de la riqueza del país, y considerando la evolución desde 1973 hasta hoy, muestra que la actual contradicción de clases se da entre entre el poder económico y la clase política (la clase dominante), por un lado, y el Pueblo que no pertenece al 01% de privilegiados que controlan el poder, legislando para favorecer legalizar y proteger sus propios intereses, aumentando cada vez más sus riquezas y privilegios, dejando el chorreo para la mayoría de de la sociedad.

El desafío de la izquierda hoy, es usar correctamente nuestra matriz ideológica en la aplicación acertada que nos enseña que la lucha de clases debe ser estudiada en cada realidad según cada sociedad.

La tarea de hoy es militar en el Pueblo, ser parte de los movimientos sociales, de cada comunidad territorial, poblacional, estudiantil, laboral. Organizar al Pueblo para que se represente a sí mismo frente al poder de la clase dominante. Debatir en cada comunidad los problemas que las aquejan producto de la injusticia social de un modelo que no busca el bien común ni el bienestar general, sino que sólo el enriquecimiento sin límites de una casta privilegiada.

No podemos seguir por los mismos caminos que nos han llevada a derrota tras derrota.

No podemos seguir engañando al Pueblo diciéndole que el sistema se puede cambiar si ganamos elecciones.

El Pueblo recoge las enseñanzas del largo camino que ya se recorrió en casi más de un siglo y que terminó en la derrota de 1973, en 17 años de dictadura, en 34 años de neoliberalismo feroz, en una falsa “democracia en la medida de lo posible”, de cambios graduales, y en una eterna “transición” controlada por los grupos económicos (Oligarquía) y una clase política corrupta al servicio de las grandes empresas y el poder financiero internacional.

El Pueblo es el soberano y no puede ni debe seguir esperando peras del olmo.

El protagonismo popular no necesita autorización del sistema político para luchar por lo que le pertenece

Debemos rescatar lo mejor y aprender de los errores e insuficiencias. Aprender del heroico camino recorrido por el movimiento popular hasta el triunfo del proyecto de la Unidad Popular el 4 de septiembre de 1970, la valiente lucha contra la dictadura, de las múltiples luchas de movimientos sociales en defensa del medio ambiente y sus territorios, de la movilización de los Estudiantes por una Educación Pública gratuita y de calidad, y del Estallido Social de octubre de 2019.

No puede ser de otra forma.
No se puede repetir la ingenuidad de creer que se pueden hacer transformaciones estructurales sin tener la capacidad de movilizar al Pueblo, con toda la fuerza que emana de su poder soberano, en defensa de cada espacio conquistado.

Movilizar a la ciudadanía en cada elección para, a lo más, terminar administrando el modelo de los poderosos y que los chilenos reciban explicaciones y migajas por goteo, no es opción.

Creer en los cantos de sirena de la actual clase política y firmar acuerdos políticos de reformas insignificantes “para avanzar gradualmente”, es perpetuar el control de la elite dominante y sometimiento perpetuo.

El Pueblo tiene capacidad de aprendizaje y ve hoy a los partidos políticos como un problema, un obstáculo y no como parte de la solución.
Si el Pueblo no confía hoy en los partidos políticos, menos podrá confiar en un “líder”, un “candidato” o “candidata”.

Ese camino, el de la “buena carta electoral”, es la máxima expresión del individualismo y la decadencia de la política. No se puede creer en una “figura” que no tiene obligación de rendir cuentas, y que puede ponerse al servicio del poder real, de los poderes fácticos, desde el día uno de su gobierno.

Así lo aprendieron los Estudiantes Secundarios cuando un “acuerdo político” de derecha y Concertación, el de “las manitos alzadas” cambió la ley LOCE por la Ley LGE en 2009, para simular una reforma al sistema educacional que dejaba todo igual, hasta hoy. También lo aprendió Chile entero con los estériles procesos constituyentes de 2022 y 2023 acordados y controlados por la clase política sin participación de los movimientos sociales y usando el mismo sistema de representatividad política con que los partidos políticos eligen a diputados y senadores.

Otras organizaciones, como el movimiento social de Magallanes, de Aysén, de Calama, de Freirina y otros movimientos territoriales, han aprendido también la lección de que no se puede confiar en la actual dirigencia política porque mayoritariamente sirven los intereses de la elite que controla el poder.

Eso explica la marginación de parlamentarios en la búsqueda de solución a sus demandas, como ocurrió en Freirina donde la interlocución para sacar a Agrosuper del Territorio fue directa entre la Asamblea de la Comunidad, representada por sus voceros mandatados por Asamblea, y el presidente de la República, representado por su ministro de Salud, ministra de Medioambiente y Subsecretario del Interior.

El Pueblo entiende que es soberano.

Su organización para intervenir en la política es previa a los partidos de izquierda. Es más, fue decisión de los trabajadores crear un partido político para crecer en fuerza y poder, para organizarse, desarrollarse, fortalecerse y disputar espacios en el sistema político.

Esa memoria de lucha y soberanía se expresó en las movilizaciones multitudinarias del Estallido Social.

APRENDER DE DERROTAS Y VICTORIAS

A diferencia de la derrota de 1973, el Estallido Social fue la más grande victoria popular de la post dictadura, generando, hasta hoy, la inestabilidad del sistema político que ha preferido ignorar las demandas de la ciudadanía, desconociendo que se trató de la máxima expresión de movilización, de unidad y de fuerza colectiva que registra la historia de Chile.

¡El Estallido Social fue una gran victoria política del Pueblo porque la ciudadanía se puso de pie para decir BASTA de tanto mercantilismo, deshumanización y desigualdad!

No tenía un objetivo determinado, sino simplemente decirle al poder, a la elite, al poder económico, al empresariado corrupto y ladrón, a la clase política empleada de las grandes empresas, al Poder Judicial protector de la elite, “se acabó la fiesta”, no aceptamos más este modelo de abusos e injusticias.

No aceptamos más las desigualdades del modelo económico y sistema político que han construido desde la dictadura en contra del bienestar general y la participación de la ciudadanía.

No aceptamos más las promesas de cambios que terminan en mero maquillaje, en parto de los montes.

No aceptamos más los acuerdos políticos que sólo profundizan el neoliberalismo para proteger y aumentar los intereses y privilegios de una minoría.

No aceptamos más que se usen nuestros ahorros previsionales para enriquecer a los grupos económicos mientras a nosotros nos condenan a pensiones de miseria.

Que la Educación Pública esté destruida y sólo una minoría con dinero pueda acceder a una educación de calidad.

Que instalen proyectos extractivistas y otros altamente contaminantes y destructivos del medioambiente en nuestros territorios.

Que nos quiten años de vida porque la Salud Pública no tiene los recursos para atender al 80% de los chilenos.

No aceptamos más la impunidad de los delincuentes poderosos, de empresarios y políticos que cometen graves delitos y quedan en la sin castigo porque en Chile hay una justicia para ricos y una justicia para pobres.

No aceptamos más un modelo que incentiva la delincuencia y el crimen organizado porque sólo le interesa el crecimiento de los grupos económicos y las grandes empresas.

No aceptamos más este modelo mercantilista que nos priva de la vida, que nos quita el descanso, la vida en familia, el derecho a descansar y a ser felices.

El Estallido Social fue la movilización ciudadana más grande que registre la historia.
No fue solo un día y un millón de chilenos en la Plaza Dignidad.

Fueron meses de movilizaciones, de marchas y asambleas populares diarias con millones de personas, ciudadanos, desde el extremo norte al extremo sur. Desde los faldeos cordilleranos, los Valles y las ciudades costeras.

Fueron meses de ejercicio real de la soberanía popular, en los que el Pueblo se tomó las calles, las carreteras, las plazas para anunciar que había un ciclo de la historia que terminaba y que comenzaba la agonía del modelo neoliberal impuesto en dictadura y consolidado y profundizado con agrado por la Concertación, la Nueva Mayoría y el actual gobierno. El Estallido Social fue el anuncio de la ciudadanía de que un nuevo ciclo comenzaba a nacer por la decisión y la inteligencia colectiva del Pueblo Soberano.

1973, 1988 Y OCTUBRE DE 2019

El Estallido Social fue una Victoria del Pueblo unido, sin partidos políticos.
Sostener que todo fue preparado por un partido con la participación de “terroristas extranjeros” es una mentira propagandística goebbelsiana de la derecha que pretende esconder y negar inútilmente la inteligencia y capacidad de lucha del Pueblo.

Es más, el poder económico, los partidos de derecha, de la Concertación y del Frente Amplio y el Partido Comunista fueron sorprendidos por un Estallido que sobrepasaba a todas las estructuras políticas, incluyendo a las organizaciones sociales tradicionales e institucionales que se vieron sin ningún poder de conducción.

Pero el Estallido Social también fue en parte una derrota, como la de 1973 y la de 1988.

En 1973, el imperialismo junto al gran empresariado, a los gremios de Camioneros, Comercio, Colegios Profesionales, a la alianza política Derecha-Democracia Cristiana (Confederación de la Democracia, CODE) y el uso de las FFAA, frenan con un criminal golpe de estado el proceso de transformaciones revolucionarias encabezado por el presidente Allende.

Año 1988. A partir de 1980, y más profunda y masivamente a partir de 1983, se termina la etapa de resistencia y se incrementa el proceso de movilización y lucha frontal para terminar con la dictadura través de la vía insurreccional y las “Protestas Nacionales”.

Ese mismo año 1983, desde el seno del Partido Comunista y su reducida estructura político-militar, el “Frente Cero”, entra en acción y se presenta oficialmente el “Frente Patriótico Manuel Rodríguez”, FPMR, como un factor más de la implementación de la “Política de Rebelión Popular de Masas”, anunciada públicamente por el PC en 1980.

Esta PRPM, de intensificación de la lucha popular con la más amplia unidad política desde las bases, reconoce el derecho del Pueblo a rebelarse contra una tiranía -que proyectaba quedarse en el poder hasta 1997-, usando todas las formas de lucha, incluyendo el uso de las armas, que encaminaran al Pueblo, por la vía insurreccional, hacia el término de la dictadura con la perspectiva de una salida democrática popular.

Y para consolidar la mayor unidad política, en septiembre de 1983 se forma el “Movimiento Democrático Popular”, MDP, frente político y social de izquierda allendista que se abre paso públicamente.

Integraban el MDP: el Partido Socialista Almeyda, el sector socialista CNR, el Partido Comunista, el sector Jekar Nehgme del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, un sector de la Izquierda Cristiana y el MAPU

El MDP declara que su principal objetivo es 1) ayudar al Pueblo a lograr la caída de Pinochet y el fin del sistema político, del orden jurídico, económico y social impuesto por la dictadura; 2) impulsar la más amplia movilización y lucha en todos los barrios y espacios públicos del país; 3) propone un acuerdo con la “Alianza Democrática” para establecer un gobierno provisional sin exclusiones que lleve adelante la tarea de redemocratizar la sociedad chilena.

Reconocido y validado por el movimiento popular, el MDP encabeza los llamados a las Protestas Nacionales, participando activamente, en todas las regiones y comunas del país, en la reconstrucción y fortalecimiento de los movimientos sociales de Pobladores, Mujeres, Estudiantes y Trabajadores.

Estados Unidos, atento a lo que ocurría en Chile, comprendió que la fuerza y decisión del Pueblo podía derivar en una sublevación nacional y una salida por la izquierda, pues veía, con claridad, que la creciente protesta popular contra el régimen avanzaba con la unidad y creciente lucha de los trabajadores organizados en el “Comando Nacional de Trabajadores”, CNT, encabezado por Rodolfo Seguel, y los principales dirigentes sindicales de izquierda, que se expresaba con grandes movilizaciones, como las masivas protestas nacionales. Se sumaban marchas contra la dictadura de miles de trabajadores de Chuquicamata a Calama. La creciente influencia política del MDP, y el aporte decisivo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y cuadros militares de otras fuerzas de izquierda, cuyo accionar influyó no sólo en mejorar la capacidad de lucha, sino que constituía un factor relevante en el estado anímico de la ciudadanía.

Estados Unidos, con el acuerdo del sector más conservador de la Iglesia Católica chilena y del propio Papa Juan Pablo Segundo, con el objeto de impedir una salida por la izquierda con el Pueblo como sujeto y protagonista principal de los cambios, promueve una negociación, un entendimiento político que incluye a la Derecha, a la Democracia Cristiana, al Partido Radical, a figuras de las Social Democracia, a la Izquierda Cristiana y al PS Briones y PS Mandujano, que firman un “Acuerdo Nacional para la Transición a la Plena Democracia” en agosto de 1985.
Este Acuerdo termina por debilitar al izquierdista MDP, Movimiento Democrático Popular, con la salida del PS Almeyda en 1987.

Con todo, el PC sigue avanzando con la Política de Rebelión Popular de Masas, PRPM, y define 1986 como el “año decisivo” para derrotar a Pinochet y terminar con la dictadura con la lucha del Pueblo como protagonista.

Se diseña un plan que implica un peldaño más en la Rebelión Popular de Masas, con un pueblo que demuestra tener capacidad y voluntad para enfrentar y derrotar en todos los terrenos la represión del dictador.

El descubrimiento en agosto de 1986 de la segunda internación de armas por Carrizal, en la costa de Vallenar -que se hizo pensando en estar suficientemente preparados para una fase insurreccional de sublevación nacional-, y la fallida emboscada para eliminar al tirano un mes después, en septiembre de 1986, sirven para que los sectores más conservadores y reticentes del PC se impongan comenzando el desmantelamiento del FPMR que formaba parte del partido, para sumarse al proceso de “transición a la democracia” y poner fin a la Política de Rebelión Popular de Masas.

Octubre 2019.
Afirmo que el Estallido Social también termina en derrota porque la elite, el poder económico y la derecha -después de salir de esa parálisis inicial, porque “no la vieron venir”, y de responder desatando con Carabineros y Militares, la más brutal y criminal represión efectuada contra el Pueblo en democracia- fueron capaces de aislar al movimiento social con un nuevo pacto político de la derecha y la Concertación, al que se sumaron el Partido Revolución Democrática y, por decisión personal, el referente del Frente Amplio, Gabriel Boric: el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”.

A este pacto no concurrió el Partido Comunista.

La clase política hizo lo de siempre: buscar un “acuerdo político”, desde el Frente Amplio a la UDI, para sacar al Pueblo de las calles, sostener al presidente derechista Sebastián Piñera en La Moneda, dividir a la izquierda y tender una trampa de cambio constitucional que les daría tiempo para retomar el control total de la política y mantener y legitimar la Constitución impuesta en dictadura. Lo que lograron, en el mismo orden.

Un punto más sobre el Estallido Social que remeció a la clase política, a los grupos económicos y al poder empresarial, y cuya fuerza, muchos coinciden, permanece en estado de latencia.

Multitudinarias marchas y manifestaciones en las que participaban niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores se sucedían por todo el país.
Hombres y mujeres recorrían las calles y carreteras uniendo a una ciudad con otra.

En todas las movilizaciones se expresaban las demandas más sentidas de la sociedad: Igualdad entre las personas, terminando con cualquier forma de discriminación y violencia contra las Mujeres. Dignidad. No más AFP y pensiones dignas. Salud y Educación Pública Gratuitas y de Calidad. Vivienda digna. Recuperación de los recursos naturales entregados a manos privadas. Fin a los abusos, robos y colusiones empresariales. Igualdad de géneros. Igualdad ante la ley y la justicia. Término de los abusos de las ISAPRES, de las farmacias y los supermercados. Derecho a la dignidad y a la felicidad.

La clase política, de derecha a izquierda, estaba paralizada y atemorizada observando cómo la Ciudadanía protestaba contra dos siglos de injusticias y contra 30 años de mentiras, de promesas de cambios incumplidas, de profundización y fortalecimiento del neoliberalismo inhumano impuesto a represión y sangre por la derecha en 17 años de dictadura. De “democracia en la medida de lo posible” que sólo beneficiaba a los poderosos. De crecimiento sin equidad. De más desigualdad e injusticia. De instituciones que funcionan, pero al servicio del poder económico.

La ciudadanía protestaba contra una clase política corrupta y servil a los intereses de los grupos económicos que se enriquecen más y más a costa de nuestros recursos naturales y, principalmente, del uso privilegiado de los ahorros previsionales de todos los trabajadores.

Quien quiera quedarse con la imaginativa tesis de la derecha y la Concertación del “estallido delictual” y del “octubrismo” violentista que quería “incendiar Chile”, entra en un laberinto que lo aleja completamente de la realidad.

Y si esa es la única conclusión voluntarista que saca la derecha, la Concertación y buena parte de la “izquierda”, sólo se hacen trampa en el solitario.

RECONOCIMIENTO DE LA CIUDADANÍA

Sólo organizaciones políticas verdaderamente creíbles para la ciudanía pueden tener cabida y ser parte de la organización del Pueblo.
Organizaciones políticas que sean parte de las más diversas comunidades de base y no entes externos. Que no estén por sobre los movimientos sociales ni se consideren “vanguardia”. Que entiendan la política no como “la forma de gobernar y negociar para que nada cambie”, sino como la forma de hacer los cambios y transformaciones revolucionarias que conduzcan a un nuevo modelo de sociedad con la lucha protagónica de la mayoría del Pueblo. Que participen activamente en todas las tareas y acciones de protesta, movilización y creación de poder popular, rescate y promoción de la cultura popular en su más amplio sentido, con la máxima unidad y con todas sus formas de lucha usadas con decisión y sabiduría, según las necesidades de cada momento.

El Pueblo debe ser el Protagonista de los cambios.
Los partidos que se definen de izquierda deben respetar, aceptar y sumarse a las decisiones que adopte el Pueblo ejerciendo a pleno su soberanía, haciendo política directamente, con sus propios voceros, y decidiendo colectivamente los caminos para enfrentar y derrotar a los que se han apoderado del Estado para que las instituciones protejan sus intereses.

Un Estado que protege los intereses y privilegios de una minoría y no el bien común ni el interés y bienestar general, es un Estado fallido, una falsa democracia, contra la cual el Pueblo tiene el derecho y el deber de rebelarse y rescatar el Estado para ponerlo al servicio de las mayorías.
Esa es la única forma de construir una sociedad que tenga en el centro la dignidad y la felicidad humana y no sólo la acumulación y concentración de riqueza en unas pocas manos. La Justicia Social, la igualdad y la equidad son la base de la justicia social, la democracia y un verdadero estado de derecho.

Que la concentración de la riqueza y la avaricia se hayan prolongado por milenios en la historia de la humanidad, no la hacen inevitable ni legítima.
El atrincheramiento del poder económico y la derecha en un modelo que condena a millones de seres humanos a la desigualdad, al sufrimiento y a la exclusión social, que niega al Estado jugar un rol regulador y de participación activa en la economía, hacen que al Pueblo no le quede otro camino que verlo como un enemigo a derrotar para lograr una vida digna, con salarios justos y plena satisfacción de los derechos sociales básicos como la Educación, la Salud, la Vivienda y las Pensiones.

La nueva sociedad se construirá sin permiso de la elite.

El poder económico y la derecha, con la cooperación de falsos partidos de “izquierda” que se han subyugado al neoliberalismo, jamás implementarán políticas que apunten al bienestar general, porque ideológicamente ven a la justicia social como perversa por buscar una equitativa distribución de la riqueza.

Su ideología de defensa del capitalismo como único modelo viable, es sólo una gran mentira, un disfraz que esconde su deshumanización por la insaciable ambición de acumular dinero y justificar el robo y apropiación de los bienes y recursos naturales que son todos.

SÓLO LOS PUEBLOS CAMBIAN LA HISTORIA

Miguel Garay Martínez
Apuntes Políticos.
Izquierda Región Coquimbo #IRC

¿Estamos hoy preparados para dar conducción al Pueblo ante el inminente desmoronamiento del moribundo modelo neoliberal y el corrupto sistema político post dictadura?…

— Izquierda Región Coquimbo (@izquierda_RC) June 8, 2026

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Recientemente, en una de sus agudas columnas semanales, el periodista Daniel Matamala llamaba a preguntarse por las causas de fondo del mediocre desempeño exhibido por la economía chilena en los últimos años, apuntando en definitiva a la superficialidad con que se suele abordar este problema en el debate político nacional y destacando, en cambio, el escaso grado de diversificación y el crónicamente pobre desarrollo productivo de la economía nacional.

Lo primero que habría que señalar es que, siendo esta observación correcta, solo pone de relieve una realidad que necesita, a su vez, ser explicada. El diagnóstico no es nuevo. Desde hace muchos años han sido  numerosos los economistas que han señalado e insistido, una y otra vez, que para mejorar el desempeño de la economía nacional resulta indispensable agregar valor a los productos que se producen y exportan desde Chile. Y sin embargo pasan los años y todo sigue igual.

La pregunta entonces es, por qué estas cosas son como son. Y si hacemos un poco de memoria recordaremos que hasta el golpe de 1973 las capacidades productivas existentes en Chile eran un poquito más diversificadas y complejas. Aquí se fabricaban televisores, aparatos de radio, tocadiscos, calculadoras, neumáticos, se armaban automóviles, etc. Pero en lugar de desarrollarse más, todas esas capacidades productivas fueron destruidas por una decisión política deliberada.

Esa decisión, adoptada por la dictadura a propuesta de los Chicago-boys, fue la de terminar de raíz con las políticas de desarrollo impulsadas bajo el alero protector del Estado y abrir unilateralmente de par en par las puertas de la economía chilena a la voracidad de las empresas transnacionales. El principio invocado fue el de la «subsidiariedad» del Estado y el procedimiento la abrupta disminución de los aranceles que protegían a la producción de la industria nacional.

Las consecuencias no se hicieron esperar: en el plano económico, se produjo una insolvencia y quiebra masiva de empresas  o, en algunos casos, su conversión en importadoras de los mismos bienes que antes fabricaban, todo lo cual redujo en 10 puntos la participación de la industria manufacturera nacional en el PIB; en el plano social, lo que experimentamos fue un aumento extraordinario del número de desempleados y un fuerte incremento de la pobreza más extrema.

Pero este harakiri económico no cayó del cielo sino que fue gatillado en función de los insaciables apetitos del gran capital transnacional que buscaba en todo el mundo abrir las economías para hacer prosperar sus negocios. La justificación «técnica» esgrimida por los ideólogos del gran capital fue doble: 1) si es más barato importar un producto no debe elaborarse internamente; 2) lo único importante es la rentabilidad de lo exportable, no su nivel de sofisticación tecnológica.

Es del todo evidente que tal justificación sintoniza con los intereses de los capitalistas y no del pueblo trabajador o de un proyecto de desarrollo nacional. A los capitalistas les permite abaratar sus costos laborales e incrementar la rentabilidad de sus inversiones pero a expensas de los trabajadores que quedan sin trabajo y los intereses del país que sufre la pérdida de las competencias técnicas que había logrado acumular en la producción de bienes más complejos.

Se prescindió así de todo proyecto nacional de desarrollo, transformando a los inversionistas privados en el exclusivo motor de la actividad económica. Al Estado solo le correspondería entonces normar, estimular y proteger la iniciativa empresarial privada en todos los planos, convirtiendo a ésta en la llamada a determinar, solo en función de sus expectativas de rentabilidad, el rumbo que tomaría el país. Ese sería el virtuosismo de la llamada cooperación público-privada.

Es claro que los inversionistas que se busca atraer mediante todo tipo de granjerías no están interesados en lo más mínimo en el desarrollo del país ni en la situación de sus habitantes sino exclusivamente en las oportunidades de negocios, lo más seguros y rentables posible, que el espacio económico nacional esté en condiciones de ofrecerles. Y esto no vale solo para los extranjeros sino también para las decisiones de inversión de los grandes empresarios nacionales.

En consecuencia, nada tiene de extraño que en el marco de las políticas neoliberales imperantes no se opere una reorientación significativa del rumbo de la actividad económica. Porque un proyecto de desarrollo nacional, que defina objetivos y medios claros para alcanzarlos, solo puede ser fruto de una voluntad política materializada a través de la acción del Estado, su ordenamiento jurídico y políticas de fomento productivo y promoción social apropiadas en todos los planos.

Pero hay más: el planteo de Matamala es también tributario del paradigma de la economía convencional que se aferra, como principal indicador de desempeño, al objetivo de un crecimiento permanente de la economía en un contexto de competencia cada vez más exacerbada entre empresas y países, cuyo resultado inevitable es, en lo inmediato, una minoría de ganadores junto a una gran mayoría de perdedores y, en un plazo algo mayor, la catástrofe ambiental definitiva.

En rigor, lo que se necesita hoy para asegurar condiciones de vida dignas y seguras a toda la población del planeta no es un mayor incremento de la explotación de los seres humanos y la naturaleza sino una apropiación colectiva de la riqueza acumulada a fin de producir de manera sustentable lo necesario para asegurar la cobertura universal de las necesidades humanas básicas y, sobre eso, el reconocimiento de las capacidades y esfuerzos aportados por cada cual.

En efecto, para superar la pobreza en el mundo no se requiere incrementar los actuales niveles de la producción sino reorientarla decididamente desde la constante producción de males como el armamentismo y el despilfarro de bienes suntuarios hacia el objetivo de satisfacer las necesidades y aspiraciones del grueso de la población. Para acabar con el desempleo tampoco es indispensable crecer más: basta con reducir la jornada de trabajo y redistribuir las horas disponibles entre todos.

La pobreza en el mundo no es fruto de insuficientes capacidades o niveles de producción sino de la aberrante desigualdad social existente, la que es creada y constantemente reproducida e incrementada por los criterios de racionalidad económica, centrados en la incesante valorización del capital, del sistema de explotación capitalista actualmente imperante. Y también lo son los agudos conflictos políticos entre nacionales y la catástrofe ambiental actualmente en curso.

Una mayor explotación de los seres humanos y depredación de la naturaleza solo aproxima a la humanidad al abismo de su propia destrucción. Esto lleva necesariamente a pensar a nivel global en algo radicalmente distinto: a esforzarnos por avanzar en la perspectiva de construir un nuevo orden económico mundial, que sustituya la actual competitiva guerra económica de todos contra todos por armónicas relaciones de cooperación y solidaridad entre los pueblos.

La dicotomía que se observa entre las necesidades de la sociedad como un todo y los intereses de las empresas privadas responde al hecho, puro y simple, de que el objetivo supremo que orienta e impulsa la actividad de estas últimas es la valorización del capital, esto es la rentabilidad privada de la inversión, mientras que las necesidades e intereses sociales se resumen en un objetivo claramente distinto: valorizar la vida de las personas, tanto en el plano material como espiritual.,

El desafío político que esta perspectiva plantea es, ciertamente, inmenso, pero es necesario asumirlo como el horizonte de las pequeñas y superficiales luchas cotidianas que se libran actualmente en el marco de los fragmentados espacios económicos y políticos nacionales como la única salida racionalmente consistente con la naturaleza y extrema gravedad de los problemas y amenazas que los seres humanos encaramos en el presente.

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El descontento por los recortes y el proyecto de megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, que inicia su tramitación en el Senado, se ha trasladado a las calles. Miles de estudiantes y de profesores han marchado este miércoles en el centro de Santiago de Chile en contra de las políticas de ajuste adoptadas por el presidente ultraconservador, según las estimaciones de los organizadores. Carabineros aún no ha entregado cifras oficiales. De acuerdo con la última encuesta Pulso Ciudadano, el mandatario, que no lleva ni tres meses en el poder, ya acumula una desaprobación del 53,3%.

La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es la primera protesta masiva desde que Kast asumió como presidente el 11 de marzo y tiene como una de sus consignas que “la educación pública se defiende”. El recorrido ha partido cerca de las 10.30 horas en la Plaza Baquedano, un punto emblemático de protestas y celebraciones en Santiago, en Chile, que ya fue el epicentro del estallido social en octubre de 2019. Los manifestantes solo han avanzado unos 700 metros antes de encontrarse con un cerco policial en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como Alameda, que les ha impedido continuar hasta las cercanías del Palacio de La Moneda.

La ruta prevista por los estudiantes, desde la Plaza Baquedano hasta Los Héroes, carecía de la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, a cargo de Germán Codina, que había otorgado un permiso para otro trayecto: desde Los Héroes hasta la estación del Metro Ecuador. Sofía Ávila, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep), ha dicho a EL PAÍS que la participación fue masiva y que acudieron distintos sectores, pero que fueron reprimidos “desde el momento en que se inició la marcha, bajo la justificación de que el permiso entregado por las autoridades” tenía otra ruta. “Hay personas detenidas”, agregó. Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, ha comentado a este diario: “Nos reprimieron violentamente”. Pero Carabineros no ha ofrecido un balance oficial sobre el número de asistentes a la marcha ni de detenciones hasta ahora.

Los incidentes no solo han provocado cortes en la principal arteria vial del centro de Santiago, la avenida Bernardo O’Higgins, sino el cierre de algunas estaciones del Metro. Un grupo de jóvenes encapuchados se ha enfrentado con oficiales de Control del Orden Público de Carabineros en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, subió un video en redes sociales en el que denuncia que la mayoría de los manifestantes no estaban provocando violencia y, “sin embargo, hay una represión que no se justifica” y “una provocación al no autorizar la marcha por la Alameda”, como es tradicional en Chile. Señaló que “aquí tenemos la situación de violencia que el Gobierno buscaba”.

Antes de que se produjeran los disturbios, las personas se concentraban en este punto de la ciudad con pancartas, banderas y cárteles, como Isadora Arraño y Antonia Gómez, de 24 y 23 años, respectivamente. “Kast criminaliza a la pobreza; para este Gobierno, los pobres no son dignos de tener educación y salud”, dijo Gómez. Y Arraño agregó: “Hay descontento porque los recortes están desmejorando la calidad de vida de la gente”.

Las principales preocupaciones de los chilenos orbitan en la actividad económica, que en abril cayó un 1,2% anual, y en el desempleo, que ya escaló a su nivel más alto en casi cinco años. Kast, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso, en Valparaíso, el pasado lunes, prometió ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía, aunque advirtió que esto “no será rápido, va a haber dolor”.

Cuando Kast estaba en campaña presidencial, en 2025, ya había adelantado que recortaría 6.000 millones de dólares en 18 meses debido a la estrechez fiscal que heredaría del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Al asumir, el mandatario ordenó una rebaja del 3% en el gasto de todos los ministerios -en el caso de Salud fue del 2,5% (unos 460 millones de dólares)- y solo exoneró a la cartera de Seguridad Pública. Los ajustes abrieron un flanco con la oposición, incluyendo a alcaldes de distintos signos políticos, que pedían no realizar ajustes en salud, vivienda y educación.

Al descontento por los recortes se ha sumado que el Gobierno impulsa en el Congreso una megarreforma con medidas, como rebajar del 27% al 23% el impuesto corporativo y otorgar invariabilidad tributaria por 25 años a las grandes inversiones, cuestionadas por economistas y organismos, como el Fondo Monetario Internacional, porque amenazarían la sostenibilidad fiscal. “Por parte de la Cofech estamos denunciando los retrocesos que significa el proyecto de Reconstrucción Nacional [así fue bautizada la megarreforma]. Es un proyecto que trae beneficios para las grandes empresas, trae beneficios para los que más tienen en el país en desmedro de la recaudación fiscal y de la sociedad en su conjunto”, dijo Torres a Radio ADN.

Este semana, en paralelo, el Gobierno ha pedido al Congreso autorización para aumentar el límite del endeudamiento en 6.200 millones adicionales para este 2026, lo que fue criticado por la oposición debido a los posibles daños a las arcas públicas.

“Nos decían que si votábamos por la izquierda iba a crecer el desempleo, pero lo que estamos viendo hoy es peor: 9,1% de desempleo y en el caso de las mujeres es del 10,5%. No solo estamos preocupados por las desmejoras económicas, que nos falte el pan, sino por los retrocesos en los derechos sociales. El retorno de la ultraderecha es degradante para Chile”, dice Antonia Gómez, mientras estaba rodeada de un grupo de profesores que sostenía una pancarta azul que los identificaba como miembros de un sindicato. Uno de ellos era Rodrigo Muñoz, un docente de música en un colegio de la comuna de San Bernardo, que aseguró estar preocupado: “Estamos reclamando por los recortes a la educación propuestos por el Gobierno, que influyen directamente en la funcionalidad de la educación. Nosotros como profesores estamos en desacuerdo con estas medidas (…) Todas las actividades extracurriculares estarán en desmedro, ya han sido desvinculados muchos talleristas de algunos colegios”.

A la protesta también han acudido Hernán y Norma, casados y cada uno con 84 años, con pancartas colgadas sobre sus cuellos que demandan mejores pensiones para los adultos mayores y decían: “Los abuelos apoyamos a nuestros nietos”. Hernán comentó que acudieron a la convocatoria “en apoyo a nuestros nietos, a los jóvenes y para manifestar que estamos en contra de todo lo que este Gobierno nos quiere quitar, como la PGU [Pensión Garantizada Universal] y los alimentos a los niños que están en los colegios. ¿Cómo puede quitarse la comida a los niños? Deberían salir muchos viejos más a defender esto”.

*Fuente: ElPaís (España)

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Miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon este 3 de junio por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada para exigir mayores recursos para educación y salud, terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, reabriendo el debate sobre la respuesta estatal frente a la protesta social.

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Continúan las manifestaciones contra el gobierno de José Kast en el centro de Santiago. Alameda Ahumada (15:00) pic.twitter.com/xKQqFYrYjr

— PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 3, 2026

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Llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.

 

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25 de mayo de 2026

El análisis periodístico de la visita del cofundador de Palantir, Peter Thiel, a Chile pone el foco en sus encuentros estratégicos con José Antonio Kast y Johannes Kaiser. Hernán Larraín Matte cuestionó en T13 Radio los objetivos detrás de estas reuniones y la posible implementación de tecnologías de vigilancia de datos que desafían los límites de la democracia liberal. Se investiga además un eventual paso del magnate por el Palacio de La Moneda y su vinculación con los sectores más extremos de la derecha nacional.

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