Recientemente, en una de sus agudas columnas semanales, el periodista Daniel Matamala llamaba a preguntarse por las causas de fondo del mediocre desempeño exhibido por la economía chilena en los últimos años, apuntando en definitiva a la superficialidad con que se suele abordar este problema en el debate político nacional y destacando, en cambio, el escaso grado de diversificación y el crónicamente pobre desarrollo productivo de la economía nacional.

Lo primero que habría que señalar es que, siendo esta observación correcta, solo pone de relieve una realidad que necesita, a su vez, ser explicada. El diagnóstico no es nuevo. Desde hace muchos años han sido  numerosos los economistas que han señalado e insistido, una y otra vez, que para mejorar el desempeño de la economía nacional resulta indispensable agregar valor a los productos que se producen y exportan desde Chile. Y sin embargo pasan los años y todo sigue igual.

La pregunta entonces es, por qué estas cosas son como son. Y si hacemos un poco de memoria recordaremos que hasta el golpe de 1973 las capacidades productivas existentes en Chile eran un poquito más diversificadas y complejas. Aquí se fabricaban televisores, aparatos de radio, tocadiscos, calculadoras, neumáticos, se armaban automóviles, etc. Pero en lugar de desarrollarse más, todas esas capacidades productivas fueron destruidas por una decisión política deliberada.

Esa decisión, adoptada por la dictadura a propuesta de los Chicago-boys, fue la de terminar de raíz con las políticas de desarrollo impulsadas bajo el alero protector del Estado y abrir unilateralmente de par en par las puertas de la economía chilena a la voracidad de las empresas transnacionales. El principio invocado fue el de la «subsidiariedad» del Estado y el procedimiento la abrupta disminución de los aranceles que protegían a la producción de la industria nacional.

Las consecuencias no se hicieron esperar: en el plano económico, se produjo una insolvencia y quiebra masiva de empresas  o, en algunos casos, su conversión en importadoras de los mismos bienes que antes fabricaban, todo lo cual redujo en 10 puntos la participación de la industria manufacturera nacional en el PIB; en el plano social, lo que experimentamos fue un aumento extraordinario del número de desempleados y un fuerte incremento de la pobreza más extrema.

Pero este harakiri económico no cayó del cielo sino que fue gatillado en función de los insaciables apetitos del gran capital transnacional que buscaba en todo el mundo abrir las economías para hacer prosperar sus negocios. La justificación «técnica» esgrimida por los ideólogos del gran capital fue doble: 1) si es más barato importar un producto no debe elaborarse internamente; 2) lo único importante es la rentabilidad de lo exportable, no su nivel de sofisticación tecnológica.

Es del todo evidente que tal justificación sintoniza con los intereses de los capitalistas y no del pueblo trabajador o de un proyecto de desarrollo nacional. A los capitalistas les permite abaratar sus costos laborales e incrementar la rentabilidad de sus inversiones pero a expensas de los trabajadores que quedan sin trabajo y los intereses del país que sufre la pérdida de las competencias técnicas que había logrado acumular en la producción de bienes más complejos.

Se prescindió así de todo proyecto nacional de desarrollo, transformando a los inversionistas privados en el exclusivo motor de la actividad económica. Al Estado solo le correspondería entonces normar, estimular y proteger la iniciativa empresarial privada en todos los planos, convirtiendo a ésta en la llamada a determinar, solo en función de sus expectativas de rentabilidad, el rumbo que tomaría el país. Ese sería el virtuosismo de la llamada cooperación público-privada.

Es claro que los inversionistas que se busca atraer mediante todo tipo de granjerías no están interesados en lo más mínimo en el desarrollo del país ni en la situación de sus habitantes sino exclusivamente en las oportunidades de negocios, lo más seguros y rentables posible, que el espacio económico nacional esté en condiciones de ofrecerles. Y esto no vale solo para los extranjeros sino también para las decisiones de inversión de los grandes empresarios nacionales.

En consecuencia, nada tiene de extraño que en el marco de las políticas neoliberales imperantes no se opere una reorientación significativa del rumbo de la actividad económica. Porque un proyecto de desarrollo nacional, que defina objetivos y medios claros para alcanzarlos, solo puede ser fruto de una voluntad política materializada a través de la acción del Estado, su ordenamiento jurídico y políticas de fomento productivo y promoción social apropiadas en todos los planos.

Pero hay más: el planteo de Matamala es también tributario del paradigma de la economía convencional que se aferra, como principal indicador de desempeño, al objetivo de un crecimiento permanente de la economía en un contexto de competencia cada vez más exacerbada entre empresas y países, cuyo resultado inevitable es, en lo inmediato, una minoría de ganadores junto a una gran mayoría de perdedores y, en un plazo algo mayor, la catástrofe ambiental definitiva.

En rigor, lo que se necesita hoy para asegurar condiciones de vida dignas y seguras a toda la población del planeta no es un mayor incremento de la explotación de los seres humanos y la naturaleza sino una apropiación colectiva de la riqueza acumulada a fin de producir de manera sustentable lo necesario para asegurar la cobertura universal de las necesidades humanas básicas y, sobre eso, el reconocimiento de las capacidades y esfuerzos aportados por cada cual.

En efecto, para superar la pobreza en el mundo no se requiere incrementar los actuales niveles de la producción sino reorientarla decididamente desde la constante producción de males como el armamentismo y el despilfarro de bienes suntuarios hacia el objetivo de satisfacer las necesidades y aspiraciones del grueso de la población. Para acabar con el desempleo tampoco es indispensable crecer más: basta con reducir la jornada de trabajo y redistribuir las horas disponibles entre todos.

La pobreza en el mundo no es fruto de insuficientes capacidades o niveles de producción sino de la aberrante desigualdad social existente, la que es creada y constantemente reproducida e incrementada por los criterios de racionalidad económica, centrados en la incesante valorización del capital, del sistema de explotación capitalista actualmente imperante. Y también lo son los agudos conflictos políticos entre nacionales y la catástrofe ambiental actualmente en curso.

Una mayor explotación de los seres humanos y depredación de la naturaleza solo aproxima a la humanidad al abismo de su propia destrucción. Esto lleva necesariamente a pensar a nivel global en algo radicalmente distinto: a esforzarnos por avanzar en la perspectiva de construir un nuevo orden económico mundial, que sustituya la actual competitiva guerra económica de todos contra todos por armónicas relaciones de cooperación y solidaridad entre los pueblos.

La dicotomía que se observa entre las necesidades de la sociedad como un todo y los intereses de las empresas privadas responde al hecho, puro y simple, de que el objetivo supremo que orienta e impulsa la actividad de estas últimas es la valorización del capital, esto es la rentabilidad privada de la inversión, mientras que las necesidades e intereses sociales se resumen en un objetivo claramente distinto: valorizar la vida de las personas, tanto en el plano material como espiritual.,

El desafío político que esta perspectiva plantea es, ciertamente, inmenso, pero es necesario asumirlo como el horizonte de las pequeñas y superficiales luchas cotidianas que se libran actualmente en el marco de los fragmentados espacios económicos y políticos nacionales como la única salida racionalmente consistente con la naturaleza y extrema gravedad de los problemas y amenazas que los seres humanos encaramos en el presente.

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El descontento por los recortes y el proyecto de megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast, que inicia su tramitación en el Senado, se ha trasladado a las calles. Miles de estudiantes y de profesores han marchado este miércoles en el centro de Santiago de Chile en contra de las políticas de ajuste adoptadas por el presidente ultraconservador, según las estimaciones de los organizadores. Carabineros aún no ha entregado cifras oficiales. De acuerdo con la última encuesta Pulso Ciudadano, el mandatario, que no lleva ni tres meses en el poder, ya acumula una desaprobación del 53,3%.

La movilización, convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), es la primera protesta masiva desde que Kast asumió como presidente el 11 de marzo y tiene como una de sus consignas que “la educación pública se defiende”. El recorrido ha partido cerca de las 10.30 horas en la Plaza Baquedano, un punto emblemático de protestas y celebraciones en Santiago, en Chile, que ya fue el epicentro del estallido social en octubre de 2019. Los manifestantes solo han avanzado unos 700 metros antes de encontrarse con un cerco policial en la avenida Libertador Bernardo O’Higgins, conocida como Alameda, que les ha impedido continuar hasta las cercanías del Palacio de La Moneda.

La ruta prevista por los estudiantes, desde la Plaza Baquedano hasta Los Héroes, carecía de la autorización de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, a cargo de Germán Codina, que había otorgado un permiso para otro trayecto: desde Los Héroes hasta la estación del Metro Ecuador. Sofía Ávila, de la Federación de Estudiantes de la Universidad Diego Portales (Fedep), ha dicho a EL PAÍS que la participación fue masiva y que acudieron distintos sectores, pero que fueron reprimidos “desde el momento en que se inició la marcha, bajo la justificación de que el permiso entregado por las autoridades” tenía otra ruta. “Hay personas detenidas”, agregó. Diego Torres, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Mayor, ha comentado a este diario: “Nos reprimieron violentamente”. Pero Carabineros no ha ofrecido un balance oficial sobre el número de asistentes a la marcha ni de detenciones hasta ahora.

Los incidentes no solo han provocado cortes en la principal arteria vial del centro de Santiago, la avenida Bernardo O’Higgins, sino el cierre de algunas estaciones del Metro. Un grupo de jóvenes encapuchados se ha enfrentado con oficiales de Control del Orden Público de Carabineros en las inmediaciones de la Plaza Baquedano. Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores de Chile, subió un video en redes sociales en el que denuncia que la mayoría de los manifestantes no estaban provocando violencia y, “sin embargo, hay una represión que no se justifica” y “una provocación al no autorizar la marcha por la Alameda”, como es tradicional en Chile. Señaló que “aquí tenemos la situación de violencia que el Gobierno buscaba”.

Antes de que se produjeran los disturbios, las personas se concentraban en este punto de la ciudad con pancartas, banderas y cárteles, como Isadora Arraño y Antonia Gómez, de 24 y 23 años, respectivamente. “Kast criminaliza a la pobreza; para este Gobierno, los pobres no son dignos de tener educación y salud”, dijo Gómez. Y Arraño agregó: “Hay descontento porque los recortes están desmejorando la calidad de vida de la gente”.

Las principales preocupaciones de los chilenos orbitan en la actividad económica, que en abril cayó un 1,2% anual, y en el desempleo, que ya escaló a su nivel más alto en casi cinco años. Kast, en su primera Cuenta Pública ante el Congreso, en Valparaíso, el pasado lunes, prometió ordenar las finanzas públicas y reactivar la economía, aunque advirtió que esto “no será rápido, va a haber dolor”.

Cuando Kast estaba en campaña presidencial, en 2025, ya había adelantado que recortaría 6.000 millones de dólares en 18 meses debido a la estrechez fiscal que heredaría del Gobierno de Gabriel Boric (2022-2026). Al asumir, el mandatario ordenó una rebaja del 3% en el gasto de todos los ministerios -en el caso de Salud fue del 2,5% (unos 460 millones de dólares)- y solo exoneró a la cartera de Seguridad Pública. Los ajustes abrieron un flanco con la oposición, incluyendo a alcaldes de distintos signos políticos, que pedían no realizar ajustes en salud, vivienda y educación.

Al descontento por los recortes se ha sumado que el Gobierno impulsa en el Congreso una megarreforma con medidas, como rebajar del 27% al 23% el impuesto corporativo y otorgar invariabilidad tributaria por 25 años a las grandes inversiones, cuestionadas por economistas y organismos, como el Fondo Monetario Internacional, porque amenazarían la sostenibilidad fiscal. “Por parte de la Cofech estamos denunciando los retrocesos que significa el proyecto de Reconstrucción Nacional [así fue bautizada la megarreforma]. Es un proyecto que trae beneficios para las grandes empresas, trae beneficios para los que más tienen en el país en desmedro de la recaudación fiscal y de la sociedad en su conjunto”, dijo Torres a Radio ADN.

Este semana, en paralelo, el Gobierno ha pedido al Congreso autorización para aumentar el límite del endeudamiento en 6.200 millones adicionales para este 2026, lo que fue criticado por la oposición debido a los posibles daños a las arcas públicas.

“Nos decían que si votábamos por la izquierda iba a crecer el desempleo, pero lo que estamos viendo hoy es peor: 9,1% de desempleo y en el caso de las mujeres es del 10,5%. No solo estamos preocupados por las desmejoras económicas, que nos falte el pan, sino por los retrocesos en los derechos sociales. El retorno de la ultraderecha es degradante para Chile”, dice Antonia Gómez, mientras estaba rodeada de un grupo de profesores que sostenía una pancarta azul que los identificaba como miembros de un sindicato. Uno de ellos era Rodrigo Muñoz, un docente de música en un colegio de la comuna de San Bernardo, que aseguró estar preocupado: “Estamos reclamando por los recortes a la educación propuestos por el Gobierno, que influyen directamente en la funcionalidad de la educación. Nosotros como profesores estamos en desacuerdo con estas medidas (…) Todas las actividades extracurriculares estarán en desmedro, ya han sido desvinculados muchos talleristas de algunos colegios”.

A la protesta también han acudido Hernán y Norma, casados y cada uno con 84 años, con pancartas colgadas sobre sus cuellos que demandan mejores pensiones para los adultos mayores y decían: “Los abuelos apoyamos a nuestros nietos”. Hernán comentó que acudieron a la convocatoria “en apoyo a nuestros nietos, a los jóvenes y para manifestar que estamos en contra de todo lo que este Gobierno nos quiere quitar, como la PGU [Pensión Garantizada Universal] y los alimentos a los niños que están en los colegios. ¿Cómo puede quitarse la comida a los niños? Deberían salir muchos viejos más a defender esto”.

*Fuente: ElPaís (España)

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Miles de estudiantes, profesores, trabajadores de la salud y organizaciones sociales marcharon este 3 de junio por el centro de Santiago en rechazo a las políticas de ajuste impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast. La movilización, convocada para exigir mayores recursos para educación y salud, terminó siendo dispersada por un amplio operativo de Carabineros, reabriendo el debate sobre la respuesta estatal frente a la protesta social.

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Continúan las manifestaciones contra el gobierno de José Kast en el centro de Santiago. Alameda Ahumada (15:00) pic.twitter.com/xKQqFYrYjr

— PIENSAPRENSA 361 mil Seguidores (@PiensaPrensa) June 3, 2026

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Llamamos a protestar este sábado 30 de mayo, a las 19:00 horas, frente al Teatro Municipal de Viña del Mar, contra el genocidio en Palestina, contra el sionismo y contra toda forma de complicidad cultural, diplomática o institucional con el Estado de Israel.

 

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