El próximo lunes 17 de febrero se cumplen 101 días que Julia Chuñil Catricura, de 72 años de edad, se encuentra desaparecida.

Desde el pasado viernes  8 de Noviembre de 2024, en qué salió en busca de sus animales junto a su perro Cholito, se perdió su rastro desde su casa, en el sector Ciruelos, límite de la comuna de Máfil, Los Lagos.

Hasta el día de hoy, no hay  indicios de ella, ni menos de su perrito, a pesar de campañas de búsqueda incesante en toda la zona.

Julia es una mujer mapuche que ha luchado por su tierra (ñuke mapu), por tener sus animales, por tener una vida en equilibrio con la naturaleza. Ha sido una mujer de esfuerzo que salió adelante con su familia.

Julia fue maltratada, insultada y amenazada; y lleva más de 3 meses desaparecida: ¡Nos falta Julia!

Por ella y por todos los desaparecidos, se realizará en el Memorial Puente Bulnes, el lunes 17 de febrero de 2025, a las 18 horas, un acto poético-musical:

¿DÓNDE ESTÁ JULIA CHUÑIL?

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Estocolmo, Suecia 2025-01-08

A la atención de: El Estado y el Poder Judicial de Chile, Santiago, Chile

Asunto: Exigencia de Protección y Acción Urgente en el Caso de Julia Chuñil Catricura

Nos dirigimos a ustedes con profunda preocupación y urgencia respecto a la desaparición de Julia Chuñil Catricura, una reconocida defensora ambiental y líder de la comunidad mapuche Putreguel, que hoy cumple dos meses sin ser encontrada. Julia desapareció el 8 de noviembre de 2024 en la comuna de Máfil, región de Los Ríos, y desde entonces no se ha tenido ninguna noticia de su paradero.

Julia Chuñil Catricura ha dedicado su vida a la protección de su territorio ancestral y a la defensa de los derechos de su comunidad. Su desaparición ha generado gran inquietud y consternación entre sus familiares, su comunidad y múltiples organizaciones nacionales e internacionales. Además, se ha informado que Julia había recibido amenazas directas debido a su labor en la conservación del bosque nativo y su resistencia a la tala de árboles por parte de empresarios locales.

En un país que se autoproclama un Estado de Derecho, es imperativo que las autoridades actúen con diligencia y eficacia para garantizar la protección de los derechos humanos y la seguridad de quienes defienden la justicia y la equidad.

Desde Estocolmo, Suecia, exigimos que el Estado Chileno y el Poder Judicial actúen con la urgencia y la responsabilidad que esta situación amerita y que no caigan en la indolencia!

Exigimos que se intensifiquen las investigaciones para encontrar a Julia Chuñil Catricura y que se identifiquen y sancionen a los responsables de su desaparición.

Además, exigimos que se brinde protección inmediata a su familia, quienes también han sido objeto de amenazas y hostigamientos. La seguridad de su familia es fundamental para asegurar que puedan continuar con la lucha por la justicia y la defensa de los derechos ancestrales.

La desaparición de Julia Chuñil Catricura no solo es un golpe a su familia y comunidad, sino también a la lucha por los derechos humanos y la protección del medio ambiente en territorio ancestral y del mundo.

Agradecemos de antemano su atención y esperamos una respuesta rápida y efectiva.

¡JULIA CHUÑIL, TE QUEREMOS VIVA!

Grupo de apoyo por la aparición con vida de Julia Chuñil-Estocolmo

Carta entregada al Embajador de Chile en Suecia, Tucapel Jiménez:

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Al respecto señala Juana Aguilera, Presidenta de la Comisión Ética Contra La Tortura: “El silencio de CONADI de los Ríos es revelador de su rol y responsabilidad en las acciones u omisiones que están tras la desaparición de la señora Julia Chuñil Catricura.”  Esta organización ha sido parte de la intensa campaña que se desarrolló desde los primeros días en redes sociales tanto por organizaciones de derechos humanos como por otras de carácter ambiental, entre las cuales están Escazú Ahora y el MAT,  exigiendo la aparición con vida de la defensora del bosque nativo y ríos de su territorio ancestral y visibilizando las dificultades de las tareas de búsqueda.

Recién el 10 de Diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, el Presidente Boric y la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla comprometieron verbalmente recursos para fortalecer la búsqueda. El Presidente ha reconocido que Julia es defensora ambiental de su comunidad y debe ser protegida por el Estado, de acuerdo con los compromisos derivados del tratado de Escazú. El tardío reconocimiento oficial puede estar asociado a la nula efectividad de la búsqueda desarrollada, en la que no se reporta ningún tipo de hallazgo pese a que la mujer estaba acompañada de su perro, Cholito, y llevaba consigo una herramienta de trabajo cuando salió de su casa a buscar sus animales extraviados, internándose en el terreno en disputa. En la querella se detalla que dos días después de la desaparición, cerca de las huellas de los pasos de Julia Chuñil, su hijo, Claudio Troncoso Chuñil vio huellas de neumáticos en un camino en desuso, hecho inusitado en esa área.

La dirigenta mapuche, de 70 años, con una vida marcada por la pobreza y la discriminación hasta su retorno al campo, preside su comunidad, reconocida por CONADI en 2014 y ha liderado la reivindicación de sus tierras ancestrales ante CONADI, lo cual consta en actas de la comunidad firmada por el entonces director regional de CONADI, Cristián Cayul. En 2013 la tierra ancestral por ellos reclamada, de la que varias familias tienen títulos de merced, había sido asignada por Conadi a la comunidad Blanco Lepin. Esa comunidad, proveniente de Lautaro, acusó ante Contraloría a CONADI por irregularidades en la negociación y compra del fundo de 900 hectáreas y posteriormente demandó a CONADI. La Contraloría Regional de la Araucanía emitió un informe por los hechos denunciados sin profundizar en ellos por considerarlos conflictos entre particulares. La comunidad Blanco Lepin había argumentado no haber sido informada  del cambio de dueño del fundo cuya propiedad, en medio de la negociación, pasó del Scotia Bank al empresario Juan Carlos Morstadt, en 2011. El Banco había acordado vender los terrenos con derechos de agua, pero el nuevo dueño los omitió de la venta. CONADI pagó 1.250.000 por hectárea, ascendiendo a $1.114.250.000 el total cancelado a Morstadt. El contrato pactado establecía que el vendedor debía cercar la totalidad del predio, como condición indispensable para recibir el pago, sin embargo el empresario no lo hizo y CONADI entregó todo el dinero de igual forma, lo que constituye de hecho una acción en favor del empresario. Considerando estos hechos, la comunidad Blanco Lepin desistió de irse al predio, ante lo cual la comunidad presidida por Julia Chuñil, integrada por 17 familias, inició la ocupación del fundo, ya considerado tierra ancestral por la entidad pública.

Historia del despojo

En los años del gobierno del Presidente Allende las tierras reivindicadas por la comunidad fueron parte de la Reforma Agraria (Reserva CORA Número Uno-A), y luego del golpe cívico militar pasaron a manos de sucesivos dueños privados. El documental Mafil Ni Pu Tukulpazugun , Relatos de Mafil, del realizador Víctor Gutiérrez  (Cau Cau Films 2024), en que Julia Chuñil es una de las protagonistas, cuenta la historia del despojo histórico de estas tierras ancestrales iniciado en 1850 por  colonos alemanes con apoyo del Estado. Incluye testimonios sobre la pérdida de la tierra, alcohol de por medio. La discriminación hacia los mapuche es señalada como causa de la consiguiente pérdida de la lengua mapuche y de la cultura. Julia también señala allí la existencia de un cementerio indígena y expresa que ella desea que llegado el momento, ella y su familia quieren ser enterrados allí. También el documental registra declaraciones del citado empresario forestal Morstadt quien sostiene ante la comunidad, que él venderá esa tierra a CONADI y no pondrá trabas pero dejará constancia de que hay ocupación. Según los familiares de la dirigenta mapuche, desde 2015 Julia “asumió el cuidado y mantención del territorio, dedicándose por completo a su conservación y a la preservación de la biodiversidad local propia de sus tierras junto a la cría de ganado a pequeña escala”. Pero la historia se repite: la defensora del territorio tuvo que lidiar con el empresario Morstadt, descendiente de uno de los más conocidos colonos del siglo XIX, Carlos Andwanter.

Empresario en deuda con CONADI

En 2018, según la querella, los terrenos ahora cuidados por la comunidad Putraguel, volvieron a manos del empresario Morstadt Andwanter, pero CONADI nunca informó del hecho a la comunidad. El asunto había escalado a tribunales, y la Corte Suprema confirmó en 2017 la sentencia de la Corte de Apelaciones que ordenaba a Morstadt Andwanter devolver a CONADI el dinero que la entidad pública le había pagado por el terreno. Pero eso no ocurrió. Morstadt en cambio, habría inscrito el fundo en el Conservador de bienes Raíces utilizando una nueva razón social, una empresa creada por él.

En la querella, familiares de Julia Chuñil sostienen que este empresario forestal utiliza el predio para la tala de bosque nativo y comercialización de leña. Y denuncian que desde 2018 comienzan los actos de hostigamiento, que incluyen, entre otros, el corte de un puente por el que Julia transitaba, hecho por el cual el dueño legal del predio habría pagado $3.000.000 a José Luis Painean Coronado. También la familia sostiene haber sido testigo de ofertas de dinero para que Julia abandonara el territorio, ya que el empresario le dijo a la dirigenta en agosto de este año: “Ya po Julia, ya los tengo a todos comprados. Faltai tú nomás”. El autodenominado dueño del predio habría expresado además a Julia Chuñil que él tenía mucha influencia en CONADI así que no sacaba nada con ir allí.  Se configura así un cuadro de persecución y acoso a la dirigenta ambiental, similar al que han vivido defensores ambientales en América Latina, una región que como afirmó el propio Presidente, tiene los mayores índices globales de muertes de mujeres defensoras del territorio.

El gobierno informó de la constitución de una mesa de seguimiento del caso, integrada por los seremis de Justicia y Medio Ambiente, el INDH, y el equipo jurídico y de gabinete de la Delegación Presidencial Regional, sin embargo en ella está ausente CONADI, actor clave en la trama con una vida en suspenso y una danza de millones de pesos en juego.  Desde el gobierno también señalaron que el protocolo de Escazú suscrito por el gobierno para implementar el tratado, sólo entra en vigencia el 27 de diciembre.

*Fuente: Página19

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06 de febrero de 2024

Artículo publicado originalmente el 04 de septiembre de 2020 (Revista de la Universidad Nacional de Córdova, Argentina)

El geógrafo Joaquín Deón, becario de CONICET-UNC e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas, advierte en este minucioso informe que detrás de los incendios que en un 95% son intencionales está el agronegocio, la minería a cielo abierto, el sector inmobiliario y los deportes de élite como el golf, las carreras de enduro y motocross, quienes buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas arrasan con el bosque nativo. También señala que el control y seguimiento por parte de las autoridades políticas es escaso y deficiente, y reclama una activa participación ciudadana en el Plan Provincial del Manejo del Fuego y el cuidado de reservas hídricas.

Según un informe del Instituto Gulich (UNC-Conae) que publicó UNCiencia a partir de imágenes satelitales, entre 1999 y 2017 el fuego dañó más de 700 mil hectáreas en Córdoba -una superficie igual a 12 ciudades Capital- siendo Sierras Chicas el sector más perjudicado de la geografía mediterránea, con un 38% de su extensión quemada. Un bosque con especies como las que crecen en las sierras cordobesas necesita al menos 30 años para recuperarse. “Para Córdoba implica un impacto enorme a escala ambiental, y está pasando a nivel mundial, por eso los periodistas e investigadores internacionales hablan de emergencia climática global, no cambio climático. Vivimos una crisis sistémica donde lo económico, lo social, lo ambiental, porque esta situación está atravesada por un capitalismo voraz que depreda y hace negocios sobre lo depredado”, afirma Joaquín Deón, geógrafo de la FFyH e integrante de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de Sierras Chicas.

De 12 millones de hectáreas de bosque nativo que había a principios del siglo XX en Córdoba, hoy queda el 3% de bosques nativos en el estado más parecido al natural inicial, y los incendios son una manera de aniquilarlo a escala industrial según Deón, porque detrás del fuego aparecen el negocio minero, agrícola, inmobiliario y de entretenimiento de élite, que buscan el cambio de uso del suelo una vez que las llamas dejaron tierra arrasada. Aunque la Ley de Bosques 9814 lo prohíbe, el poder económico encuentra resquicios para lograrlo, aprovechándose también de un escaso y deficiente control por parte de las autoridades de Ambiente de la Provincia, además de leyes paralelas como la ley provincial 10004 y 9841, ambas promovidas por el Instituto de Planeamiento del Área Metropolitana (IPLAM) y los municipios de ciudades próximas a Córdoba Capital. “En Córdoba hay una discusión de si queda el 3%, el 5% o el 7% de bosque nativo, la ONG Montes Córdoba y la Coordinadora en defensa del Bosque Nativo dicen que es el 3% y descontando. Más allá de estas cifras, lo que sí es seguro es que queda menos del 3% de los bosques naturales y eso es grave. Incluso, la tragedia de las inundaciones del 15 y 16 de febrero de 2015 fueron la consecuencia de los graves incendios de 2012 y 2014, por la pérdida de masa forestal en cuencas”, sostiene el geógrafo.

En una nota publicada por el Museo de Antropología de la FFyH, el antropólogo Julián Mignino señala que “el 95% de los incendios forestales en nuestra provincia son hechos intencionales”, “Algunos son activados porque desean quemar para construir grandes negocios inmobiliarios, mineros o recreativos, por eso nosotros decimos que donde hubo fuego negocios quedan. En el último incendio iniciado en Cosquín, donde se afectaron 20 mil hectáreas de Sierras Chicas (tanto del lado de Punilla como del Departamento Colón) dejaron un impacto brutal, y el origen tuvo que ver con un negocio inmobiliario desarrollado a partir de la tala del bosque nativo para un complejo de cabañas o una residencia privada. Un hecho que se está investigando en la fiscalía de Cosquín. Un acto de ‘limpieza’ (como le dicen) de la masa forestal, donde al bosque lo quitaron, lo prendieron fuego y no lo pudieron ocultar, ya que devino (junto a la enorme masa forestal seca y los vientos) en un enorme incendio que se vio del lado de Punilla y de las Sierras Chicas. Llegando el humo y la postal de llamas a Córdoba capital durante una semana. ¿La intencionalidad puede ser el descuido? Lo de Cosquín demuestra que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde se quemaron más de 30 mil hectáreas en Ischilín, Charbonier, Copacabana, hay gente que está siendo investigada por la fiscalía de Deán Funes por los incendios, porque las llamas pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos”, advierte Deón.

Para el investigador, “estamos hablando de zonas catalogadas como rojas en la Ley de Bosques, de bosque nativo del Chaco Serrano más tupido que queda en la zona que forma parte del escasísimo 3% del que hablamos. Por eso, muchos incendios tienen que ver con la ganadería, en un proceso de expansión del agronegocio, donde la producción animal se desplaza de la zona pampeana hacia las Sierras, para favorecer allí la sojización o el avance inmobiliario. No es llamativo que cuando se discutió la Ley de Bosque se pusiera en tela de juicio el rolado, que es una técnica autorizada que permite pasar un tractor por un inmueble y luego un rodillo gigante con sus cuchillas aplasta el monte bajo, bosques que tienen espinillos, carquejas, piquillines, rebrotes de quebrachos blancos, tintitacos y mucha fauna (insectos, abejas, mamíferos, reptiles, aves) que terminan aplastados por el rolaje, que se sigue haciendo para beneficiar las pasturas ganaderas. En el norte cordobés se quemaron muchos campos donde los feed lots vienen avanzando. La cría y engorde de animales a corral y en espacios reducidos tiene en los departamentos Ischilín, Totoral y Cruz del Eje los territorios de exclusividad, donde además los legisladores del oficialismo provincial buscan facilitar junto a CARTEZ la legalización de prácticas silvopastoriles y de rolado, haciendo del bosque sólo los árboles y bajo ellos pasturas y ganado vacuno (allí donde debería estar el fachinal o monte bajo con arbustos, herbáceas, hongos y fauna diversa)”.

Hecha la ley, hecha la trampa

Deón confirma que la Ley de Bosques establece la prohibición de eliminar bosque nativo para cambiar el uso del suelo después de los incendios, pero se pregunta quién y cuánto se controla eso: “Los controles no se hacen, o se hacen y no se continúan cuando se clausura una propiedad donde se cometió una infracción por tala o desmonte”.

La actividad de desmonte no cesa, agentes del estado provincial (Policía Ambiental) dieron a conocer que varios de los expedientes de desmontes en el norte de Córdoba han quedado cajoneados y allí el cambio de uso del suelo sí se hizo. Lo mismo que en zonas de Sierras Chicas y Punilla, donde después de muchos incendios se habilitaron circuitos de enduro y motocross. Los incendios benefician a grandes empresas, algunas de agro-ganadería, tal como se publicó en un estudio de Daniel Díaz Romero, del proyecto periodístico Sala Ambiental, quien investigó la relación de más de doscientos incendios intencionales de Pampa de Achala con la familia Becerra. O empresas de fideicomisos relacionadas a Agrocolor y Agro Empresa Argentina, empresas semilleras que prestan servicios del agro u otras que son contratadas por éstas. También algunas de demoliciones, como Mendiolaza Demoliciones, LJA Scavi, Retro Rental, Grupo Dinosaurio y empresas particulares “que limpian inmuebles sin fijarse en la ley vigente o que conociéndola acceden a realizar movimientos de suelos en zonas rojas o áreas de conservación, violando hasta fajas de clausura de predios realizadas por municipios o Policía Ambiental provincial o aprovechando que los controles son escasos”, señala el investigador del Conicet. Además, el financiamiento para hacer los controles es muy escaso, está todo centralizado en la ciudad de Córdoba y la inmensa mayoría de los desmontes se hace a 50 kilómetros de la Capital.

Un trabajo de los Guardambientes Voluntarios de Cuesta Blanca publicado el 4 de septiembre de 2020, indica que del registro de infractores entre octubre de 2013 y agosto de 2019 se resolvieron sólo 144 casos de las 635 intervenciones por infracciones forestales. Como ejemplo de esto, sólo en el informe de ejercicio del año 2014 se indica que se labraron 220 actas. Sin embargo, el registro de infractores cuenta únicamente con 47 expedientes de los iniciados en 2014, apenas un 21% de lo actuado en ese año. Además, los trámites resueltos demoraron en promedio 930 días (aproximadamente 2,5 años), con casos extremos como el del expediente 0517-003784/2004, que demoró 12 años en resolverse y en cobrarse una multa de $275.000, o el 0517-007256/2006, donde tras 10 años se abonó la irrisoria multa de $7000.

En cuanto a multas, la Policía Ambiental recaudó según el registro de infractores, $6.175.330 por intervenciones en el área forestal correspondientes a los 144 casos informados en el registro para el período octubre 2013-agosto 2019, con un valor promedio de $40.361 y valores tan bajos como $480. “Más allá del carácter recaudatorio, la pregunta que surge es si realmente los montos de las sanciones tienen algún efecto coercitivo para quienes pretenden seguir desmontando por fuera de la Ley”, dicen los guardambientes. Cabe aclarar que muchas veces esos desmontes son la chispa que luego terminan en incendios gigantescos. “Un antecedente no menor es el desmonte e incendio sucedido hace 4 años en la vieja Estancia La Overa en Salsipuedes, donde la empresa de Euclides Bugliotti, Grupo Dinosaurio, desmontó decenas de hectáreas para hacer la cancha de fútbol y el estadio donde practica la selección Argentina antes de los partidos que juega en el Kempes, además del Club Belgrano y otros clubes cuando hacen pretemporada en Salsipuedes”, aporta Deón.

Los 3 pilares del negocio de incendiar

Para el especialista de la UNC, la megaminería de canteras es uno de los vectores del negocio desarrollista. Estas empresas se instalan en áreas de consumo de triturado granítico que proviene de Córdoba y Sierras Chicas (mineras Gran Ombú, Cantesur, Grupo Mogote, Holcim) localizadas en áreas urbanas porque no hay ferrocarril -salvo Ferrocarril Nuevo Central Argentino- y la mayoría utiliza camiones para transportar su producción a las obras que el agronegocio proyecta en la región pampeana.

Este desarrollo minero junto al de la infraestructura de obra pública van de la mano. Por eso no hay que descartar que la obra pública que está en el marco de la ley provincial 9814 o las obras “de interés público”, (autovías, lagunas de retención, diques) son proyectos que sí permiten cambiar la categorización del bosque nativo de áreas rojas protegidas a áreas verdes donde se puede desmontar. En algunos casos se lograron frenar mega obras con la ciudadanía movilizada porque traían aparejado un cambio de uso del suelo destructivista y hermanado con el negocio inmobiliario (por caso la Autovía de Montaña en Punilla o las lagunas de retención y diques en Sierras Chicas -Carapé, Cabana 3M, Santa Lucía).

“El avance minero se ha dado por la facilitación de un cedulón o de una nota de prefactibilidad después de los asados que se comen en El Gran Ombú, Cantesur u otras mineras con agentes de los municipios, miembros del Comité Técnico Interdisciplinario de la Secretaría de Ambiente y la autorización de la Provincia. Así ocurrió en Villa Allende, La Calera, El Manzano, y Salsipuedes”, denuncia Deón. En los cráteres que dejan las mineras luego se solicita el cambio de uso del suelo, como pasó en Terrazas de La Estanzuela o La Deseada en La Calera, y se produce la destrucción de lo serrano con fines productivistas e inmobiliarios, los dos negocios van de la mano, como también la dependencia de arrendatarios y pequeños propietarios con la producción ganadera”.

En este sentido, el geógrafo explica que “los pequeños productores se ven afectados por los incendios porque se quedan sin pasturas para los animales. Algunas son familias que cuidan el bosque, las sierras, pero sin sustento se tienen que ir y ahí avanzan la minería y los negocios inmobiliarios, es lo que se ve en la zona de San Fernando, entre Villa Allende y La Calera, que linda con Cosquín y Santa María”.

El otro eje son las actividades recreativas de élite junto al negocio inmobiliario urbano. Este vector de desarrollo propicia hacer de la tierra un negocio que incluye canchas de golf o circuitos de enduro y motocross. Las canchas necesitan mucha movilización del suelo, consumo excesivo de agua y agrotóxicos, que ponen en riesgo a las poblaciones locales con la fumigación para mantener el pasto. En tanto, los circuitos de motos y cuadriciclos, que por ley necesitan estudios de impacto ambiental y audiencias públicas, han generado un desmonte enorme y han tenido participación en cinco grandes incendios (de entre 5.000 y 22.000 hectáreas) entre los años 2013 y 2020 en Sierras Chicas. Por ejemplo, en la Reserva Bamba, en la Reserva Quisquizacate y en la Reserva Villa Allende, es una actividad descontrolada, destruyen sitios arqueológicos e históricos, que son motivos de investigación, arrasan con lugares ancestrales, provocan accidentes contra transehuntes y ciclistas y producen una creciente desecologización. Esto es, los vehículos motor facilitan la ruptura de las relaciones entre sociedad con la naturaleza. “Su impacto les sirve de excusa a empresas inmobiliarias, fideicomisos y mineras para solicitar recategorización de zonas rojas de la ley 9814 por estar dañados los bosques por esta práctica, para pasar a zonas donde se puedan hacer usos mineros, cabañas, loteos o fraccionamientos de escala urbana”, advierte Deón.

Esos intereses llevan desmontadas más de 160 hectáreas para circuitos de enduro y motocross en Villa Allende, San Roque, Bialet Massé, Cosquín y La Calera y fueron taladas 180 hectáreas para hacer canchas de golf como en el Terrón, Mendiolaza, por el grupo Tagle.

Lo mismo pasa en Candonga con un proyecto inmobiliario que está enclavado en zona roja de bosque nativo, hoy judicializado y con varias clausuras por parte de policía ambiental gracias a la lucha de la Asamblea de Vecinos del Chavascate contra Ticupil S.A. y Chacras Las Perdices. O el pedido de grandes terratenientes para que se cierre el camino público S-522 a San Fernando, que beneficiara a la minera El Gran Ombú S.A. (de Rubén y Nabila Lugón).

En este punto, Deón pone el acento en la política gubernamental de Córdoba: “Muchos de los directores de obras privadas de la Provincia y los Municipios, de los agentes públicos del IPLAM, de minería de la Provincia, del Ministerio de Agricultura o legisladores que a la vez son representantes o dueños de empresas locales y de empresas traslatinas, buscan avanzar en lugares no permitidos para poner en marcha nuevos procesos de renta de capital”.

La desecologización actual ataca la relación virtuosa, agroecológica, ambiental, para relacionarnos de manera violenta con la naturaleza.

Otra estrategia del agronegocio que señala el geógrafo es lo que se llama proceso de chacrarización de lo serrano. Consiste en subdividir grandes inmuebles en pequeñas parcelas o chacras que no superan los 20 inmuebles, evitando la ley de loteos que exige estudios de impacto ambiental y audiencias públicas. Esas chacras se comercializan y luego se vuelven a subdividir o en ellas se construyen varias unidades con cabañas, casas o residencias de veraneo. «Pocas o ninguna vez se respeta la ley de bosques para estos procesos de subdivisión que pululan en las sierras», dice.

Espejitos de colores

Para obtener el apoyo de parte de la ciudadanía, estas empresas mineras ofrecen obras. “La megaminera El Gran Ombú propone lagunas de retención o embalses para poder cambiar el uso del suelo, la juegan de ambientalistas amparándose en la misma Ley de Bosques, que permite el cambio de uso del suelo si se realizan obras de interés público. Así se proyectaron decenas de embalses tras la inundación del 15F, pero las comunidades los frenaron, igual que al dique Carapé en La Granja, en plena Reserva Natural Ascochinga, donde los vecinos propusieron nuevas alternativas. En la Reserva Hídrica y Natural  Los Quebrachitos se frenó el proyecto de dique Cabana 3M, a metros de la Capilla de Buffo, y en Villa Allende estamos expectantes con el proyecto de embalse en Santa Lucía, en el camino de Pan de Azúcar, y con los más de veinte embalses que proponen grandes empresarios, quienes buscan beneficiarse con proyectos inmobiliarios en los perilagos de estos diques serranos que se harían con la anuencia del gobierno provincial y financiamiento internacional”, apunta el entrevistado. “No aceptan que es necesario decir basta al desmonte y ponerse a cuidar las cuencas y recuperar los bosques nativos”, agrega.

El megaproyecto provincial de traer agua del Paraná se explica por el descuido de las cuencas propias, que es cada vez mayor. “En lugar de facilitar la tierra en muchas manos, de promover la agroecología, la conservación, restauración y recuperación del bosque nativo, como lo proponen las comunidades del pueblo-nación comechingón, las familias campesinas, las asambleas socio-ambientales, la comunidad científica, y la ciudadanía movilizada en general, el gobierno promueve el destructivismo con infraestructura, negocios inmobiliarios, agronegocio y avance minero, los cuatro vectores de la propuesta de desarrollo que operan capitales nacionales e internacionales”, precisa Deón.

Color cemento

El sector inmobiliario tiene muy aceitado el proceso del cambio de uso del suelo : “Como la ley 9814 lo prohíbe, encontraron un camino al medio para saltearla a través de las leyes 9841 y 10.004, que propone el Instituto de Planificación del Área Metropolitana (IPLAM). Ahí dice cómo cambiar el uso del suelo estableciendo, casi con los mismos colores que la ley provincial 9814 de OTBN, pero invirtiendo su sentido”, explica el especialista. Así, el rojo establece las zonas prioritarias a ser urbanizadas, el beige la urbanización condicionada (aquella que sólo dejaría algunos árboles) y con el rosa las que se podrían urbanizar de manera diferida. En Villa Allende se han dispuesto ordenanzas municipales para ello, como la 37/19, donde además, y afortunadamente, se restringe el avance de la minería.

El Plan IIRSA, que es la otra pata del desarrollismo, el segundo anillo de circunvalación, y a su vera los barrios cerrados, son estrategias para modificar el uso del suelo. “Esos programas de avance con el negocio urbano (como lo llama Ana Fanni Alessandri Carlos, 2015) lo están haciendo los municipios. La ley provincial del IPLAM (9841 y 10004) se actualiza cada dos años y siempre es en beneficio del desarrollismo minero e inmobiliario”, apunta Deón.

Para confirmar el avance urbano sobre la superficie serrana, el investigador recuerda que en la apertura legislativa de marzo de 2017, el gobernador Schiaretti anunció la protección de 80 mil hectáreas de bosque nativo en Sierras Chicas, cuando en realidad hay 110 mil. “Incluso dejan que avancen las especies invasoras para poder cambiar el uso del suelo, deteriorando el bosque nativo, perdiendo este su categoría de nativo y ganando la de bosques mixtos. Con ello se consideran bosques a intervenir áreas con cobertura vegetal que merece ser restaurada para volver a ser nativa plenamente y no recategorizada para justificar en la presencia de especies exóticas el cambio de uso del suelo”, señala el investigador de Conicet.

Otro punto crítico son las cuencas hídricas. “Se dejó quemar la Reserva Bamba, la reserva de Villa Allende, que son áreas de protección de cuencas que no están reglamentadas, es decir áreas de conservación en el papel que otras ordenanzas posteriores no establecen qué actividades se pueden hacer o no y de que manera se controlará su cumplimiento. En los incendios de agosto se incendió la zona donde el gobierno provincial insiste que pase la Autovía de Punilla, y años atrás se incendió donde se urbanizará La Deseada, donde antes se hizo minería, y en sus cráteres se puede ver desde Córdoba capital cómo hoy pasan las calles hormigonadas por el bosque nativo para edificar barrios cerrados de elites, exclusivos”, sostiene Deón.

Para el geógrafo, las leyes 9841 y 10.004 están pensadas para el avance inmobiliario en beneficio de grandes empresas que proyectan avanzar. Y en cuanto a los intereses mineros, el artículo 37 de la ley 9814 permite la minería en zonas rojas, avalando la regresividad en materia ambiental, algo que está prohibido por la ley nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos. “Para frenar estos procesos es necesario que Sierras Chicas, que es la zona más afectada por el avance inmobiliario, reglamente y amplíe los límites de las reservas presentes en las cuencas hídricas, establezca mecanismos compensatorios para quienes ya vienen realizando el reguardo del monte con actividades de bajo impacto ambiental y se trabaje en la conservación de áreas naturales con la activa participación de las comunidades locales”.

Redefinir el Plan del Manejo del Fuego

“El plan de manejo del fuego no se usa para controlar los incendios, sino para que las cenizas se conviertan en negocios”, afirma desafiante el entrevistado, quien se apoya en datos: “Haberse quitado del cobro de impuestos el impuesto para combatir los incendios fue un vector de facilitación del fuego, que se tradujo en falta de materiales, pedidos de aviones a la Nación, personal cada vez más escaso, falta de articulación entre bomberos voluntarios y autoridades locales, información errónea y confusa sobre incendios que seguían prendidos y se anunciaban apagados en los medios de comunicación, e impedimento por parte de la Provincia del ingreso de cuerpos de brigadistas de Chavascate, Cosquín, Río Ceballos y voluntarios de Unquillo para combatir el fuego y utilizar gente agotada, que tuvo 5 noches sin dormir en muchos casos”.

Por eso, señala que “la situación del Plan Provincial del Manejo del Fuego está cada vez más complicada, sin haber podido disminuir luego de 21 años la merma de los incendios forestales. Todo lo contrario, los incendios han crecido en magnitud”.

Como posibles soluciones, Deón propone capacitar a cuerpos de brigadistas, a voluntarios de asambleas de base que han combatido el fuego cuerpo a cuerpo: “Claro que para ello se necesita capacitación y equipos. Los brigadistas reciben capacitaciones de municipios, privados de campos pequeños y cuarteles de bomberos y bomberos profesionales. Son gente de apoyo en incendios forestales. En estos últimos incendios hubo áreas de conservación que no fueron  protegidas, presupuestos que se modificaron y no se han utilizado o se han congelado”.

Ante esta situación de precarización, muchos cuarteles de bomberos voluntarios cuentan con equipos porque se movilizan durante todo el año para tenerlos a través de donaciones, pero estos no sólo trabajan en incendios también participan en accidentes viales y otros trabajos constantes, no sólo incendios. “Es necesario debatir los límites entre lo voluntario y el trabajo remunerado”, sostiene, y agrega: “Córdoba tiene más de veinte reservas que están en jurisdicciones municipales o privadas, y es necesario acordar con ellos el uso del agua y la prevención del fuego”.

Además, para bajar el riesgo de incendios es fundamental “controlar que no se prenda fuego en lugares riesgosos, apoyar a los bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad que tienen que evitar esto. Es clave trabajar en equipo, estar atentos, que los caminos estén abiertos y no cerrados por mineras (como en Bamba) o grandes terratenientes que se apropian hasta de caminos públicos (como el camino a San Fernando S-522), monitorear de manera permanente, hacer picadas perimetrales cortafuegos en grandes campos, y prohibir ingresos de motocros y enduro”.

*Fuente: Alfilo

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“Árboles de Chile” es el nombre de este libro trabajado junto a la editorial Bosque Chileno, una obra que a través de sus 300 páginas recorre los aspectos taxonómicos y ecológicos de las especies arbóreas de Chile continental e insular. “Cuando nos dimos cuenta que no había un libro que compilara realmente todos los árboles de Chile, decidimos armar esto”, confiesa Nicolás Morales, uno de los autores de la publicación.

“El proceso de documentación comenzó en nuestra carrera, a medida que íbamos aprendiendo lo que eran los árboles, cuál era su importancia, etc. Pero hace dos años comenzamos a recopilar la información, fotografías, ilustraciones, hacer todo el tema más técnico para poder dar a luz a esta obra”, agrega.

“La selección de los árboles también fue una revisión bibliográfica bastante amplia, nos tomó mucho tiempo. Así, pudimos describir al inicio del libro qué es para nosotros un árbol y cómo hicimos este filtro. Todas esas decisiones están justificadas desde los aspectos legales, biológicos y evolutivos. Parece increíble que no esté 100% definido lo que es un árbol cuando son los seres más importantes de la naturaleza”, señala Hernán Retamales, el coautor.

El libro recorre las especies arbóreas de Chile de norte a sur, incluyendo el archipiélago de Juan Fernández y la Isla de Pascua. “Tuvimos conversaciones directas con colegas de esos lugares que nos proporcionaban información sobre las especies que habitan allá, porque la verdad es que este proyecto nace de la colaboración de muchas personas. Es muy enriquecedor haberlo hecho así, porque ayuda a que el trabajo quede bien hecho”, sostiene Retamales.

“Nuestra intención fue hacer un libro no necesariamente tan técnico, sino que también atractivo a la vista, para que así a un niño le interese ver el libro y tenerlo en su casa. Este es nuestro patrimonio biológico que debemos conocer y cuidar”, finaliza Morales.

El libro “Árboles de Chile” está disponible a través del sitio web de la editorial Bosque Chileno en formato preventa y se lanzará oficialmente durante diciembre.

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Para conocer algo de la historia de esta lucha por salvar El Panul:

La batalla de la empresa Gesterra por acabar con lo que queda de bosque nativo preandino en la RM

Dueños de Oxiquim-Gesterra demandan a la comunidad y buscan cierre del Parque Panul

Rodolfo Carter miente, una vez más: Un proyecto para destruir el Bosque El Panul ya esta en trámite

El articulo Hay que salvar el «Parque El Panul», el último bosque nativo de Santiago apareció primero en piensaChile.

• La campaña de la que participa la Universidad de Chile es la reforestación nativa es la más grande del país.
• Apunta a ayudar a las zonas afectadas por el incendio forestal del último verano, en el que más de 530 mil hectáreas resultaron quemadas, 95 mil de ellas de bosque nativo.

El articulo Proyecto plantará 500 mil árboles nativos en Maule y O’Higgins apareció primero en piensaChile.

Hace algunos meses, l@s visitantes del Bosque Panul se sorprendieron al ver que el acceso y el lugar usado normalmente como estacionamiento estaba completamente cercado. La Inmobiliaria Enaco, dueña del predio y responsable de la construcción de casas en ese sector es quien cerró el lugar, ya que ahí deben construir una plaza como medida de mitigación. Ahí es donde nos surge la duda ¿Se hará el mismo tipo de plaza del sector o se realizará algo más acorde al bosque nativo?

El Bosque Panul está dividido en al menos 3 fundos, de los cuales 2 de los dueños son inmobiliarias. El sector de la entrada habitual de calle Las Tinajas corresponde a la Inmobiliaria Enaco, la cual ya ha desarrollado en la parte baja varios proyectos inmobiliarios, incluidos Jardines de la Viña y Cumbres de la Viña, este último es el más cercano al Bosque Panul y el cual se ha estado terminando en los últimos meses. Junto con la construcción de viviendas, la inmobiliaria debe “aportar a la comuna” con espacios públicos, que por lo general consiste en plazas construidas en los lugares donde no se permite construir viviendas y las aprovechan como medidas de mitigación.

En este caso el sector colindante a la Quebrada de Santa Rosa corresponde a un área de restricción por riesgo, por lo que no se puede construir viviendas pero si equipamiento y es ahí donde ejecutarán la nueva plaza. Este lugar, habitualmente usado como estacionamiento para acceder al Parque Panul, corresponde aún a Bosque Nativo, pese a su extremada erosión y compactación por el constante paso de vehículos motorizados, así como su contaminación por la basura que deja la gente inconsciente. Pese a esto, aún se puede encontrar gran cantidad de flora y fauna nativa viva en el lugar.

Carpinterito (Veniliornis lignarius) en árbol seco del lugar.

Las Plazas Ya Existentes

Este tipo de plazas ya se han realizado con anterioridad en el sector. Sin ir más lejos, la continuación hacia abajo de este lugar al borde de la quebrada, fue implementada como plaza hace algunos años luego de terminar la etapa anterior del proyecto inmobiliario. Haciendo en breve recorrido por esta plaza, encontraremos una deficiente planificación y una paupérrima ejecución.

La formula utilizada es la misma usada en todas las plazas de La Florida: Un pequeño espacio con Pasto mal cuidado, gran cantidad de especies exóticas, y una exagerada cantidad de Maicillo. Esta Formula, deficiente y con una mirada cortoplasista, carece aún más de sentido en un terreno en pendiente, ya que todo el material sólido puesto en la superficie, tiende a descender a zonas más bajas junto con el agua de lluvia o de riego.

Derrumbe de Maicillo:

El Maicillo es un material rocoso de uso paisajistico compuesto de roca granítica molida. Para la creación de este material se destruyen miles de hectáreas de cerros, arrasando con su bosque Nativo. Este material no tiene mayor uso que el de secar la tierra y evitar el crecimiento de plantas para así disminuir el gasto en riego, pero ciertamente es de muy mal gusto ya que las supuestas Áreas Verdes están transformadas en Áreas Café por el sobre uso de este material, dejando zonas demasiado secas, calurosas y sucias, que no invitan a hacer uso de ellas.

Foto 1: Derrumbe de Maicillo cubre la calle. Foto 2: Cárcavas de Maicillo y derrumbe sobre el pasto.

Este material puesto en pendiente tenderá a rodar cerro abajo hasta llegar a una parte plana, es así como en todo el sector de Jardines de La Viña podemos notar grandes grietas provocadas por la degradación que este material provoca en el suelo, sumado a la erosión del agua de lluvia y riego. Grandes cantidades de maicillo se acumulan en las calles tapando alcantarillas y provocando inundaciones. (Luego estúpidamente vuelven a rellenar las grietas con más maicillo).

Grandes cárcavas se han generado en las plazas en pendiente cubiertas de maicillo.

 

Pasto sólo donde se vea:

El Pasto puede ser de doble filo, si bien es un noble y fresco vegetal que invita a ser pisado, a sentarse y jugar en él, también requiere de mucho riego para mantenerlo. Riego que en La Florida hay sólo para los sectores acomodados, ya que el resto se tiene que conformar con Ladrillo Molido. Por lo tanto si se decidió poner pasto hay que hacerse cargo y mantenerlo, cosa que el Municipio se negó a hacer en el sector.

Las plazas actuales al borde de la quebrada sólo tienen riego y mantención en el pasto que se ve desde la calle. Sin embargo subiendo la loma y acercándose a la quebrada, se aprecia que el pasto está seco y muerto, lleno de maleza y basura pues se les negó el riego y la mantención. Recordemos que en La Florida las Plazas están hechas para ser vistas desde los autos y no para ser usadas por las personas y mucho menos con un fin ecosistémico.

Transición de la calle a la quebrada.

Un árbol nativo cada 30 introducidos:

Hay que ser francos, se agradece que en el sector hayan considerado plantar algunos árboles nativos como Quillayes y Maiténes, pero son contados con los dedos. Estas plazas están acompañadas principalmente de cientos de Liquidambar (plantados recientemente) y una alarmante cantidad de Plátanos Orientales.

La mirada cortoplacista del paisajísmo hace preferir árboles que crezcan rápido, que se vean como en el render del Autocad y que son dañinos para la población y el ambiente, antes que preferir arboles adaptados por millones de años al clima local y que entregan muchos más beneficios ecosistémicos.

Cientos de Plátanos Orientales se suman a otros cientos de Liquidambar y Tuliperos.

La Responsabilidad de la Inmobiliaria y el Municipio

La construcción de esta nueva plaza aún no ha comenzado, si bien ya van meses desde el cierre del sector, las obras esperan de una orden superior para ser realizadas.

Las obras las debe realizar, con sus recursos, la propia empresa inmobiliaria Enaco. La misma que para construir su ultimo proyecto en el sector, taló 5,24 hectáreas de bosque nativo, lo que fue denunciado por los vecinos y castigado por la entidad competente.

Sin embargo, el diseño de esta nueva «área verde» está encargado al municipio de La Florida. Vale decir, las obras no comenzarán hasta que los encargados de las áreas verdes municipales entreguen el diseño que ellos quieren para la comuna y este sea aprobado por el archicuestionado alcalde Rodolfo Carter. Para esto es necesario considerar que serian las mismas autoridades municipales que llevan años talando ya más de 700 arboles en la comuna, incluyendo muchos arboles nativos, y que además ha presentado diseños y ejecuciones de pésima calidad en los nuevos «parques» que se han construido.

Sabiendo todo esto ¿qué podemos esperar de la inmobiliaria Enaco y el municipio de La Florida? Nos atrevemos a decir que para perpetuar un modelo de negocio rentable, seguramente hagan más de lo mismo.

Aún queda mucho por salvar

El catastro en terreno realizado por el equipo de Germina La Florida, encontró que en el sector que sería intervenido aún quedan 40 árboles nativos y otros 7 introducidos que aún están vivos. A la par de muchos arbustos y renovales de árboles nativos. Durante el catastro también se observaron diversas especies de aves que aún habitan este lugar de 10.600 metros cuadrados.

Muchos de los árboles aún vivos en el lugar son Espinos (Acacia caven) un árbol basureado por las empresas extractivistas y sus respectivos profesionales, pero que es realmente uno de los árboles más importantes para el desarrollo y madurez del bosque nativo de la zona central.

Es de esperar que para realizar su nueva plaza, talen al ras todos estos árboles, tal y como ya lo hicieron con anterioridad en las plazas anteriores. Es por esto que será necesario defenderlos de la eventual tala masiva, de esas que al municipio de La Florida les encanta realizar.

Propuesta de Plaza-Bosque

El lugar en cuestión está bastante deteriorado. Con el suelo compactado por el paso de vehículos, su flora disminuida y una gran cantidad de basura. Si bien la comunidad se ha dedicado por años a limpiar y proteger este lugar, la culpa de que este siga así es del Estado que se ha negado a darle protección oficial y convertirlo en parque.

Pese a esto, siempre ha existido el anhelo de la comunidad de convertir este espacio en el camino de transición entre la ciudad y el bosque nativo que es el Panul. Para esto, la formula clásica para la plazas -que ya probamos deficiente y mediocre- no debería aplicarse más.

La propuesta es simple: Mantener los árboles y arbustos ya existentes, potenciar la flora incorporando sólo árboles nativos del sector, y considerar un sólo sendero que lleve desde la parte baja hasta la entrada del futuro Parque Panul.

El Sendero no es necesario que esté demarcado con Solerillas, sino que pueden ser simples rocas extraídas de las construcciones aledañas y por supuesto sin usar Maicillo, sino que dejando la tierra natural del lugar, permitiendo así una normal infiltración del agua.

Se podría incorporar algunos parches de Pasto rodeando los arbustos ya existentes y por supuesto, ya que se trataría de una transición, instalar equipamiento como bancas y luminaria.

De realizarse esta plaza como quiere la gente y como sugiere el sentido común, ésta podría convertirse en la plaza que más aporte al ecosistema de toda La Florida, así como la más fresca y sobre todo, la más útil.

¿Podemos esperar que esto suceda? Quizás lo mejor sería comenzar a presionar. Ayúdanos a difundir esta información, compártela con tus familiares y amig@s y firma esta petición para demostrar que somos miles l@s que queremos que se comiencen a hacer las cosas bien!

¡FIRMA AQUÍ LA PETICIÓN!

Hagamos de La Florida una comuna realmente Florida.

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