Próspera nació bajo el régimen de las ZEDE, zonas especiales aprobadas por el Estado hondureño con la promesa de atraer capital, empleo y modernización en uno de los países más pobres de la región. Durante años avanzó con respaldo político. Pero el gobierno cambió y, en 2024, la Corte Suprema de Honduras declaró inconstitucional el marco legal que sostenía estas zonas. Desde entonces, Próspera dejó de ser un experimento urbano y se convirtió en un conflicto abierto. Ya no se discute en campañas ni en plazas públicas, sino en cortes y tribunales internacionales.