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En este nuevo programa de «Informe Geoeconómico» Alberto Iturralde analiza el supuesto plan de Estados Unidos para dominar el sistema energético global. Abordamos la guerra en Irán, la eliminación de competidores como Rusia y los países del Golfo, y el papel clave del gas y petróleo estadounidense en Europa y Asia. También exploramos proyectos estratégicos en el Mediterráneo, el papel de Israel, la respuesta de China y las graves consecuencias para Europa: inflación, dependencia energética y presión económica.

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Análisis profundo de la situación en Oriente Medio y los mercados financieros con Alberto Iturralde, responsable de operativa DAX.

En esta entrevista, Iturralde explica por qué las élites globalistas buscan un conflicto entre Irán y los países del Golfo para rediseñar el mapa regional y favorecer el proyecto del «Gran Israel». Analizamos la postura de Donald Trump frente al estrecho de Ormuz y su papel en la política estadounidense.

En clave de mercados, Iturralde señala por qué el S&P 500 seguirá marcando máximos gracias al sector software y la inteligencia artificial, advirtiendo sobre el peligro de las próximas salidas a bolsa de empresas como OpenAI y las divisiones de Elon Musk. ¿Es Kevin Warsh realmente independiente?

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04 de abril de 2026

Por qué Irán cobra a los europeos el paso por el estrecho de Ormuz en yuanes y no en euros

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NdT. Desde el inicio de la guerra entre EE. UU., Israel e Irán el 28 de febrero de 2026, el estrecho de Ormuz – por el que transita habitualmente el 20 % del petróleo mundial – se ha convertido en el escenario de una mutación geopolítica y monetaria sin precedentes. Mientras la flota usamericana permanece acantonada en Baréin y Donald Trump lanza a sus aliados europeos un «Arréglense ustedes, vayan a tomarlo», Irán ha puesto en marcha un sistema de peaje selectivo, militar y totalmente ajeno al dólar yankee.

Algunos analistas occidentales, como Alex Krainer en TrendCompass, en un artículo titulado Irán se prepara para asestar un golpe fatal al sistema del petrodólar (Iran prepares to ‘nuke’ the petrodollar system, 3 de abril de 2026), han visto en esta maniobra un intento de «bomba nuclear» contra el petrodólar mediante la imposición del euro. La idea es intelectualmente seductora: forzar a los europeos a pagar en euros para abrir una brecha entre la UE y EE. UU., y así liberar al Viejo Continente del yugo del dólar.

Pero esta tesis reposa sobre un presupuesto muy occidental: que Irán todavía buscaría jugar dentro del sistema monetario de sus adversarios. Sin embargo, los hechos muestran una orientación iraní muy distinta.

Ya el 31 de marzo de 2026, el sitio House of Saud describía un sistema a dos velocidades: de un lado, los buques chinos, rusos, indios, pakistaníes y malasios atraviesan tras pagar un peaje en yuanes a través del banco chino Kunlun Bank; del otro, los pabellones usamericanos, británico e israelí están bloqueados. Ninguna mención al euro.

El 3 de abril de 2026 – el mismo día en que Krainer publicaba su análisis – House of Saud anunciaba que dos buques occidentales acababan de franquear el estrecho por primera vez desde el inicio de la guerra: el CMA CGM Kribi (francés) y el Sohar LNG (japonés). Su derecho de paso fue pagado no en euros, sino en yuanes o en stablecoins (criptomonedas vinculadas a monedas estables). La tarifa: aproximadamente 1 dólar por barril para un petrolero, hasta 2 millones de dólares para un portacontenedores.

¿Por qué rechazaría Irán los euros? Porque el euro circula a través de SWIFT, un sistema controlado por los occidentales, y Teherán ya ha sido excluido de SWIFT en varias ocasiones. Aceptar euros es seguir siendo vulnerable. En cambio, el yuan chino transita por CIPS, la red interbancaria china, y el Kunlun Bank permite transacciones invisibles para el Tesoro yankee

La finalidad iraní no es «nuclearizar» el petrodólar por el placer de dañar a Occidente. Es mucho más pragmática: salir de la dependencia monetaria occidental, vincularse a China – el único socio capaz de reconstruir el país y comprar su petróleo sin condiciones – y financiar la guerra mediante un peaje cobrado en una moneda que no necesita pasar por Nueva York ni Londres.

Krainer, como muchos expertos occidentales incluso críticos, sigue prisionero de una visión centrada en Occidente. Imagina que Irán quiere maniobrar dentro del sistema. La realidad, documentada por House of Saud, es que Irán está construyendo un sistema paralelo – militar, comercial y monetario – en el que el euro no tiene cabida. Y ese sistema bien podría sobrevivir a la guerra.

Por eso hemos elegido no traducir el artículo de Krainer, sino ofrecerles más bien la traducción íntegra del artículo de House of Saud del 3 de abril de 2026, completada con las informaciones del 31 de marzo. En él se puede leer el funcionamiento concreto del peaje en yuanes, los primeros buques occidentales afectados y las consecuencias para la economía mundial.

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Primeros barcos occidentales cruzan Ormuz desde el inicio de la guerra – pagan a Irán en yuanes

houseofsaud.com, Mohammed Omar, First Western Ships Cross Hormuz Since War Began Paying Iran in Yuan, 3 de abril de 2026

Dos barcos, dos pagos, un nuevo sistema

El CMA CGM Kribi navegó hacia el este desde aguas de Dubái, pasando por el canal entre las islas de Qeshm y Larak, con destino a Pointe-Noire (República del Congo), según Bloomberg y Euronews. CMA CGM es la tercera mayor naviera de contenedores del mundo. La compañía se negó a comentar los arreglos de tránsito o posibles tasas pagadas, informa gCaptain.

El Sohar LNG, un metanero de 72.000 toneladas de peso muerto construido en 2001, se dirigió hacia el este, hacia la terminal de exportación de GNL de Qalhat, en Omán. El buque no transportaba carga en ese momento. Mitsui OSK Lines también se negó a discutir los detalles del pago, según gCaptain.

Tanto Francia como Japón habían hecho un llamamiento público a un alto el fuego a principios de la misma semana, señala gCaptain – una postura diplomática que pudo haber facilitado la aprobación del CGRI para estos tránsitos.

Estos cruces elevan a al menos 28 el número total de buques vinculados a Occidente que han utilizado el corredor preaprobado por el CGRI desde que entró en funcionamiento alrededor del 13 de marzo. En todo marzo, aproximadamente 77 barcos cruzaron Ormuz, según TRT World – frente a los miles mensuales que transitaban antes de la guerra.

¿Cómo funciona realmente el corredor de peaje iraní?

El proceso es burocrático, minucioso y militar. Los operadores de los buques deben presentar una documentación completa a intermediarios vinculados al CGRI: número de la OMI (Organización Marítima Internacional, identificador único de cada barco), manifiesto de carga, lista completa de la tripulación, estructura de propiedad y destino final, según reportajes de Al Jazeera y Lloyd’s List (publicación especializada en transporte marítimo). Una vez autorizados, los barcos reciben un código de ruta difundido por VHF (radio de muy alta frecuencia). Los comandantes del CGRI llaman a los barcos al acercarse para verificar el código, y luego envían una lancha piloto para escoltar a cada barco por aguas territoriales iraníes alrededor de la isla de Larak.

El trazado es deliberado. Al canalizar los barcos por aguas territoriales en lugar de por aguas internacionales (según el dispositivo de separación del tráfico normalmente utilizado), Irán ancla la justificación legal del peaje en una zona donde su autoridad según el derecho internacional es incontestada, explica USNI News (medio especializado en asuntos navales usamericanas).

Bridget Diakun, analista principal de riesgos y cumplimiento en Lloyd’s List Intelligence, estima que 63 barcos utilizaron el corredor del CGRI en sus dos primeras semanas de operación. Documentó «al menos dos casos de navieros pagando a Irán para obtener permiso de paso», y otros obteniendo el paso mediante «negociaciones diplomáticas». Diakun también observó que «más de la mitad de los petroleros y gaseros que pasan son flotas fantasma – estos barcos ya están acostumbrados a las interrupciones» (las flotas fantasma son buques opacos, a menudo viejos, utilizados para eludir sanciones).

Arran Kennedy, analista asociado de Control Risks (firma consultora en riesgos), declara: «El sistema de peaje del CGRI permite al liderazgo iraní proyectar un nivel de poder en el Golfo y en el estrecho.»

Este sistema se parece estructuralmente al corredor de «paso seguro» instaurado por los hutíes (rebeldes yemeníes apoyados por Irán) en el mar Rojo: presentar documentación, recibir un código de autorización, aceptar escolta, pagar una tasa, según informó NPR (radio pública yankee) el 3 de abril. Es un modelo probado, aplicado a una vía de agua mucho más estratégica.

Yuanes, stablecoins y la ausencia del dólar

Irán ha formulado una estructura de tarifas de aproximadamente 1 dólar por barril para los petroleros, pagaderas en yuanes chinos o stablecoins, con tarifas ad hoc para otros tipos de buques que pueden alcanzar los 2 millones de dólares por tránsito, según Bloomberg y Cryptopolitan. Al menos dos barcos ya habían pagado en yuanes al 1 de abril, informa Bloomberg.

El diputado iraní Alaeddin Boroujerdi confirmó el extremo superior de la horquilla. «Irán cobra 2 millones de dólares a algunos barcos para que pasen», declaró a Al Jazeera.

La aceptación de stablecoins extiende una infraestructura financiera iraní ya existente. Irán legalizó la minería de bitcoins en 2019 como parte de su estrategia de elusión de sanciones, y la adopción por parte del CGRI de pagos con criptomonedas para las tasas de tránsito se basa en esa base, informa Bloomberg.

Alisha Chhangani, directora asociada para el futuro del dinero en el GeoEconomics Center del Atlantic Council (think tank con sede en Washington), publicó el 30 de marzo un análisis titulado «Dentro de la caseta de peaje de Teherán». Describe cómo Irán utiliza canales formales, semiformales e informales para evitar las sanciones usamericanas y vender petróleo a China, presentando la arquitectura de pago de Ormuz como un proyecto de infraestructura antidólar. El Atlantic Council estima que la aplicación selectiva del peaje podría generar entre 500 millones y 1.000 millones de dólares anuales para Irán.

El petróleo que fluye por el circuito de pago en yuanes ya tiene un descuento de 3 a 8 dólares por barril frente al petróleo del circuito en dólares, según Middle East Insider (sitio de información especializado), reflejando las primas de riesgo por sanciones y la compatibilidad limitada con las refinerías. El sistema de peaje de Ormuz añade otra capa de infraestructura de transacciones no dólar a un mercado paralelo que ha ido creciendo desde que se intensificaron las sanciones occidentales en 2022.

La fractura entre el CGRI y el Parlamento iraní

El Parlamento iraní ha decidido formalizar lo que el CGRI construyó sin esperar la autorización legislativa. El 30 de marzo, la comisión parlamentaria de seguridad aprobó un plan de gestión del peaje de Ormuz. Al día siguiente, el pleno del Parlamento avanzó en una legislación que codifica las tasas de tránsito, afirma la soberanía iraní sobre la vía de agua y otorga autoridad explícita para denegar el paso a buques vinculados a «naciones hostiles» – principalmente USA e Israel, según The Week India y la agencia Anadolu (agencia de prensa turca). El proyecto de ley aún requiere una votación plenaria, la revisión del Consejo de Guardianes (instancia de control iraní) y la firma presidencial para convertirse en ley.

Pero el proyecto contiene una divergencia que revela las dinámicas de poder internas. La legislación parlamentaria estipula que las tasas se paguen en riales iraníes, según Anadolu. El sistema operativo del CGRI ya acepta yuanes y stablecoins, como informó Bloomberg el 1 de abril. El Parlamento está redactando una cobertura legal para un sistema que el CGRI diseñó, construyó y comenzó a operar semanas antes de que la legislatura actuara. El proyecto de ley es una autorización retroactiva, no una autoridad operativa.

Irán busca que Omán coadministre el estrecho

El 2 de abril, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, anunció que Irán y Omán se encuentran en «fase final» de redacción de un protocolo de posguerra para la navegación en el estrecho de Ormuz, que exigiría a los buques obtener permisos anticipados de ambos países. El impulso iraní para incorporar a Omán a un marco de coadministración es anterior al proyecto de ley parlamentario.

Gharibabadi presentó el protocolo en un lenguaje de servicio: el tráfico de petroleros «debería ser supervisado y coordinado» con Irán y Omán, declaró a la IRNA (agencia de prensa iraní). El protocolo «no implicará restricciones, sino que facilitará y asegurará el paso seguro y proporcionará mejores servicios a los barcos que transiten por esta ruta».

Omán no ha emitido confirmación pública alguna del protocolo. Todas las declaraciones públicas sobre el acuerdo conjunto provienen exclusivamente de funcionarios iraníes, según CNBC y la agencia Tasnim (agencia de prensa iraní).

Quién pasa el estrecho – y quién no

Irán opera una «clasificación de amistad» de las naciones en una escala del 1 al 5 para la verificación de buques, según Al Jazeera. Las naciones permitidas confirmadas incluyen China, Rusia, India, Irak, Pakistán, Malasia y Egipto. Los buques vinculados a USA e Israel están totalmente bloqueados.

India ocupa una categoría distinta: los barcos indios han transitado el estrecho sin pago, según NPR – lo que implica un acuerdo diplomático de paso separado del sistema comercial de peaje. Esta exención refleja el posicionamiento prudente de la India, entre su dependencia energética del petróleo del Golfo y sus relaciones con Washington y Teherán.

Los petroleros de Saudi Aramco (la compañía petrolera estatal saudí) operan bajo arreglos extraoficiales que nominalmente los eximen del sistema de peaje, según Middle East Insider. Pero la exención es en gran medida teórica: Aramco ha cerrado cuatro supergigantescos yacimientos marinos a medida que las plataformas del Golfo se apagaban, y ha perdido el acceso a sus principales terminales de exportación del Golfo en Ras Tanura y Jubail. Arabia Saudita depende ahora de su oleoducto Este-Oeste (Petroline) para mover crudo a las terminales del mar Rojo – una ruta que evita completamente Ormuz pero no puede reemplazar el volumen que el estrecho transportaba antes.

El sistema crea una estructura de acceso escalonada donde la alineación geopolítica determina el costo de mover mercancías a través del paso marítimo más importante del mundo. Martin Kelly del EOS Risk Group (firma consultora en riesgos) dijo a NPR que Irán busca el reconocimiento internacional de su soberanía sobre la vía de agua, comparando sus ambiciones con el control egipcio del canal de Suez – aunque Kelly y otros expertos señalan que la comparación no se sostiene en el derecho internacional, ya que Suez es un canal artificial a través de territorio soberano egipcio, no un estrecho internacional natural.

¿Pueden los oleoductos reemplazar el estrecho?

El oleoducto Este-Oeste saudí – el Petroline, de 1.200 kilómetros, que conecta los campos petroleros del este con Yanbu en el mar Rojo – alcanzó a finales de marzo su capacidad máxima de 7 millones de barriles por día después de que Aramco redirigiera sus exportaciones, según Bloomberg y Fortune. El oleoducto de Abu Dabi (ADCOP – Abu Dhabi Crude Oil Pipeline) añade aproximadamente 1,5 millones de barriles por día de capacidad de evasión, según Al Jazeera.

Juntos, los dos oleoductos pueden mover unos 8,5 millones de barriles por día rodeando el estrecho. Antes de la guerra, Ormuz transportaba unos 20 millones de barriles por día. La brecha estructural es de 11,5 millones de barriles por día – un déficit que ninguna combinación de infraestructura existente puede cerrar.

Las cifras hablan por sí mismas. Incluso a máxima capacidad, los productores del Golfo no pueden mover la mayor parte de su producción sin Ormuz. El sistema de peaje iraní no necesita procesar los volúmenes de antes de la guerra para generar ingresos o ejercer control. Solo necesita seguir siendo la única alternativa a una escasez de suministro permanente.

El petróleo crudo cotiza a 141,36 dólares por barril, según CNBC. La Reserva Federal de Dallas ha estimado que un Ormuz cerrado reduciría el PIB mundial en 2,9 puntos porcentuales en tasa anualizada por trimestre de cierre. Los ingresos petroleros vinculados al CGRI durante el bloqueo se han estimado en 139 millones de dólares por día, según el Seoul Economic Daily y TankerTrackers (sitio de seguimiento de petroleros).

La batalla legal por las tasas de tránsito

Ningún Estado ha impuesto jamás con éxito tasas de tránsito en un estrecho internacional reconocido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS). El artículo 44 de la UNCLOS prohíbe explícitamente a los Estados ribereños cobrar tarifas por el paso. El precedente histórico más cercano – la crisis de Suez de 1956 – reafirmó la libertad de navegación como principio rector, según Shipping and Freight Resource.

Irán firmó la UNCLOS en 1982 pero nunca la ratificó, y afirma que no está vinculado por el régimen de paso en tránsito de la convención. Los expertos en derecho marítimo disputan esta posición, argumentando que los derechos de paso en tránsito han alcanzado el estatus de derecho internacional consuetudinario, que vincula a todos los Estados independientemente de la ratificación de tratados.

Jason Chuah, profesor de derecho marítimo, declara: «Detener todo el tráfico comercial o cobrar tasas de tránsito excede los límites de la legítima defensa y se convierte en una guerra económica ilegal.»

El secretario de USA Marco Rubio, calificó las tasas de tránsito iraníes de «inaceptables no solo para nosotros sino para el mundo entero», advirtiendo que el sistema sentaría un precedente, según el Washington Times. Sultan Al Jaber, ministro de Energía de los Emiratos Árabes Unidos y jefe de ADNOC (la compañía petrolera estatal emiratí), describió el bloqueo de Ormuz como «extorsión económica global», informa Gulf News.

Una coalición de 41 naciones ha pedido la reapertura del estrecho, mientras que el Consejo de Seguridad de la ONU lucha por avanzar en una resolución con poder de ejecución. La brecha entre el lenguaje diplomático y la realidad operativa se amplía cada semana que el sistema de peaje funciona. La posición iraní – de que la soberanía sobre el estrecho es una condición previa para cualquier alto el fuego – convierte la estructura de peaje no solo en una herramienta de ingresos sino en una moneda de cambio que Teherán no tiene incentivos para abandonar en la mesa de negociaciones.

El presidente Trump ha dicho públicamente a los aliados que «tomen» el estrecho ellos mismos – una declaración que no ha producido una respuesta militar coordinada.

Contexto y perspectivas

Los tránsitos del 3 de abril del CMA CGM Kribi y el Sohar LNG representan una nueva fase. Antes de ellos, los cruces aprobados por el CGRI involucraban barcos de naciones consideradas amigas (China, Rusia, India…). Los buques francés y japonés son los primeros de naciones alineadas con la coalición occidental – lo que sugiere que el CGRI está dispuesto a extender el acceso de peaje más allá de sus aliados geopolíticos cuando el precio es adecuado y las condiciones diplomáticas son favorables.

El cierre total del estrecho siempre fue la opción más extrema y menos sostenible para Irán. Un bloqueo permanente invita a la escalada militar, acelera las alternativas de oleoductos y aleja a los mediadores potenciales. Un sistema de peaje selectivo que genera ingresos, refuerza las reclamaciones de soberanía y opera fuera del dólar crea una estructura que Irán puede mantener indefinidamente – durante la guerra y, potencialmente, después.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos ingresos podría generar Irán con el sistema de peaje de Ormuz?

Las estimaciones varían considerablemente según los volúmenes de tráfico. La proyección conservadora del Atlantic Council, basada en una aplicación selectiva con el tráfico reducido actual, es de 500 millones a 1.000 millones de dólares anuales. Los ingresos petroleros vinculados al CGRI durante el bloqueo se estiman en unos 139 millones de dólares diarios de todas las fuentes, según el Seoul Economic Daily y TankerTrackers. Los ingresos reales del peaje son una fracción de esto, ya que solo 77 barcos cruzaron en marzo y muchos lo hicieron bajo exenciones diplomáticas o de naciones aliadas.

¿Qué ocurre si un barco intenta transitar sin la aprobación del CGRI?

No se ha informado públicamente de ningún intento de tránsito no autorizado desde que el corredor de peaje entró en funcionamiento a mediados de marzo. El CGRI ha desplegado lanchas de ataque rápido, baterías de misiles costeros y vigilancia aérea en los puntos más angostos del estrecho, según USNI News.

¿Por qué Francia y Japón obtuvieron acceso antes que otras naciones occidentales?

Ambas naciones habían pedido públicamente un alto el fuego en los días inmediatamente anteriores a los tránsitos del 3 de abril, según gCaptain. Ni Francia ni Japón tienen fuerzas militares directamente involucradas en el conflicto. La compañía francesa CMA CGM tiene amplias operaciones en Oriente Medio y África, lo que puede facilitar negociaciones informales. La aguda dependencia de Japón de las importaciones de GNL a través del estrecho (Japón es el mayor importador mundial de GNL) crea un fuerte incentivo económico para que Tokio dialogue diplomáticamente con Teherán – e Irán tiene interés en demostrar que su sistema puede servir a las grandes economías.

¿Puede la Armada yankee reabrir el estrecho por la fuerza?

La Quinta Flota de EE. UU. tiene su base en Baréin, y EE. UU. mantiene importantes activos navales en la región. Sin embargo, reabrir el estrecho por la fuerza requeriría operaciones sostenidas de barrido de minas, la supresión de las baterías de misiles antibuque costeras de Irán y un escolta naval continua para los buques comerciales – un compromiso que, según los analistas militares, llevaría semanas de establecer y meses de mantener. La administración Trump ha señalado hasta ahora que los aliados deberían asumir la carga de la reapertura, en lugar de comprometer a las fuerzas usamericanas en una operación naval unilateral. No se ha anunciado ninguna misión de barrido de minas o escolta de coalición al 3 de abril.

¿Es probable que entre en vigor el protocolo de navegación conjunto Irán-Omán?

El viceministro iraní de Asuntos Exteriores Gharibabadi anunció el 2 de abril que el protocolo se encuentra en «fase final», pero Omán no ha confirmado públicamente su participación. Omán ha mantenido históricamente una posición diplomática neutral entre Irán y las monarquías árabes del Golfo, y cofirmar públicamente un protocolo de navegación que efectivamente legitima el sistema de peaje iraní representaría un cambio sustancial en la política exterior omaní. El silencio de Omán puede reflejar negociaciones en curso, renuencia interna o una preferencia por evitar alinearse públicamente con cualquiera de los bandos mientras la guerra continúa.

*Fuente: Faustotounsi

Assistance Fausto Giudice

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Lo que hay realmente detrás del tablero geopolítico de Venezuela: petróleo, oro, dólar, poder e influencia. En este video analizamos cómo los recursos estratégicos venezolanos se conectan con el darwinismo geopolítico, la Doctrina Monroe, el papel de Estados Unidos, Israel, el sionismo y los nuevos equilibrios de poder global.

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17 de septiembre de 2025

Segunda parte de una serie de tres sobre «Atlas of AI» (Atlas de la IA), de Kate Crawford.
Primera parte: La inteligencia artificial y sus consecuencias secretas

Todos sabemos que las grandes potencias mundiales, especialmente China y Estados Unidos, siempre han valorado más la prosperidad económica que el aire y el agua limpios. La administración Trump llega incluso a fetichizar su desprecio por la legislación que daría prioridad al aire y al agua limpios sobre los beneficios empresariales.

Los silenciosos maestros de este tipo de doble lenguaje, escribe Kate Crawford en Atlas of AI, son las empresas de inteligencia artificial del mundo, que se esfuerzan por crear el mito de la IA como «la nube», lo que implica «algo flotante y delicado dentro de una industria verde natural». Los servidores están ocultos en centros de datos anónimos, y sus cualidades contaminantes son mucho menos visibles que las chimeneas rugientes de las centrales eléctricas de carbón».

El hecho es, como ella escribe, «que se necesita una cantidad gigantesca de energía para hacer funcionar la infraestructura computacional de Amazon Web Services o Azure de Microsoft, y la huella de carbono de los sistemas de IA que se ejecutan en esas plataformas está creciendo. Sin duda, la industria ha realizado importantes esfuerzos para que los centros de datos sean más eficientes desde el punto de vista energético y para aumentar el uso de energías renovables». Pero los esfuerzos han servido de poco. «Ya», informa Crawford, «la huella de carbono de la infraestructura informática mundial ha igualado a la de la industria aeronáutica mundial en su apogeo, y está aumentando a un ritmo más rápido». Un estudio canadiense estima que el sector tecnológico contribuirá con el 14 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero en 2040, y un equipo sueco predice que la demanda de electricidad de los centros de datos se multiplicará por quince en 2030.

La conclusión inevitable, escribe Crawford, es que «el deseo de aumentos exponenciales en velocidad y precisión está teniendo un alto costo para el planeta». Cita un estudio de la Universidad de Massachusetts Amherst de 2019 que calculó que la huella de carbono de ejecutar un solo modelo de IA de procesamiento del lenguaje natural generaría más de 660 000 libras de emisiones de dióxido de carbono a lo largo de su vida útil, lo que equivale a las emisiones de carbono de 125 vuelos comerciales de ida y vuelta de Nueva York a China.

El equipo de investigación concluyó, escribe Crawford, que sus hallazgos eran solo una estimación de referencia y no reflejaban la escala comercial en la que operan empresas como Amazon y Apple, que «recopilan conjuntos de datos de toda la Internet y alimentan sus propios modelos de PLN para que los sistemas de IA como Siri o Alexa suenen más humanos». Pero se desconoce la cantidad exacta de consumo energético de los modelos de IA de los sectores tecnológicos; esa información se mantiene como un secreto corporativo altamente restringido. «Aquí también», dice Crawford, «la economía de los datos se basa en mantener la ignorancia medioambiental».

En los centros de datos de IA, se realiza un esfuerzo constante por maximizar los ciclos computacionales para mejorar el rendimiento, una necesidad, escribe Crawford, que se basa en la idea de que cuanto más grande, mejor. Esto ha provocado un fuerte aumento del consumo de energía. Los centros de datos de IA se encuentran ahora entre los mayores consumidores de electricidad del mundo.

El agua, señala, «cuenta otra historia sobre el verdadero coste de la informática. La historia del uso del agua en Estados Unidos está llena de batallas y acuerdos secretos y, al igual que con la informática, los acuerdos sobre el agua se mantienen en secreto». Uno de los mayores centros de datos estadounidenses pertenece a la Agencia de Seguridad Nacional, en Bluffdale, Utah, que se inauguró en 2013. El monótono edificio gubernamental es un recinto cerrado, pero Crawford pudo echar un vistazo trepando por una colina cubierta de artemisa. A ella le pareció «un contenedor de almacenamiento gigante combinado con un bloque de oficinas gubernamentales». Ya sea un contenedor o un bloque de oficinas, la instalación es un gran consumidor de agua en el estado de Utah, azotado por la sequía. Los periodistas locales han tratado de confirmar, sin éxito, si las necesidades estimadas de agua de la instalación son los 1,7 millones de galones de agua al día que se cree generalmente.

Crawford no solo se refiere al consumo de agua de la instalación —había un contrato con las autoridades locales para el desvío de agua—, sino también al aislamiento de los principales centros de datos, sean militares o no: «La mayoría de los centros de datos están muy alejados de los principales núcleos de población, ya sea en el desierto o en las afueras semiindustrializadas. Esto contribuye a nuestra sensación de que la nube está fuera de nuestra vista y es abstracta, cuando en realidad es material y afecta al medio ambiente y al clima de formas que distan mucho de ser plenamente reconocidas y tenidas en cuenta. La nube es parte de la Tierra y, para que siga creciendo, es necesario ampliar los recursos y las capas de logística y transporte que están en constante movimiento».

Afirma que una de las razones por las que escribió un libro sobre sus preocupaciones acerca de la IA es que «encontrar nuevos métodos para comprender las profundas raíces materiales y humanas de los sistemas de IA es vital en este momento de la historia, en el que los efectos del cambio climático antropogénico ya están muy avanzados. Pero eso es más fácil de decir que de hacer. En parte, esto se debe a que las numerosas industrias que componen el sistema de IA ocultan los costes continuos de lo que hacen. Además, la escala necesaria para construir sistemas de inteligencia artificial es demasiado compleja, está demasiado oscurecida por las leyes de propiedad intelectual y está demasiado envuelta en complejidades logísticas y técnicas como para que podamos verla en su totalidad».

La próxima entrega de esta serie analizará a los multimillonarios que dominan la comunidad de la IA y su impulso por dominar el futuro de los 8200 millones de ciudadanos del mundo.

*Fuente: Substack

La inteligencia artificial y sus consecuencias secretas

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Institucionalidad ambiental y chilotes demandan declarar no válido permiso de ECOPOWER para Parque Eólico Chiloé por conducta maliciosa

El próximo martes 1° de julio en Santiago, en Morandé 360, a partir de las 10 AM, el Segundo Tribunal Ambiental decidirá la validez o no del permiso ambiental de EcoPower, para su proyecto en Ancud, Parque Eólico Chiloé, revalidado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2020.  La propia SMA sostiene hoy que no es válido, debido a la maliciosa conducta empresarial evidenciada para obtenerlo. En inusitada alianza, la institucionalidad ambiental y las comunidades afectadas que descubrieron y denunciaron esa maniobra, probarán que a horas de concluir el plazo legal para el inicio de actividades fijado para 2020, la empresa envió a la SMA un montaje fotográfico fraudulento para acreditar obras inexistentes.

Ecopower, de capitales chileno-suecos, alegará por la continuidad del proyecto, que comprende 42 aerogeneradores en el sector Mar Brava, instalados incluso a menos de 150 metros de distancia de las casas.  En representación de la comunidad ancuditana lo hará la Defensoría Ambiental. Desde Chiloé, se ha hecho un llamado a sus coterráneos que viven en Santiago, a acompañar con todo a la manifestación convocada para ese día por las coaliciones socioambientales Salvemos Mar Brava, Chiloé sin Eólicas, y apoyada por la citada Defensoría Ambiental, el Movimiento por el Agua y Territorios MAT y la Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo.

La línea de transmisión del proyecto se extiende por más de 10 localidades rurales de la comuna de Ancud que reciben miles de visitantes chilenos y extranjeros cada año.  Los impactos de esta iniciativa se sumarían a los que generará la llamada Carretera Eléctrica recientemente aprobada por el Comité de Ministros, un proyecto fuertemente rechazado por las organizaciones locales y para cuya aprobación aún hay pasos pendientes.

Gisella Saldivia, agricultora del sector impactado por la iniciativa, participa desde sus inicios del movimiento Salvemos Mar Brava, que ya lleva 15 años. Nos envía su apreciación:

“Ha sido un largo proceso sumamente burocrático y desgastador para nosotros. Hemos tenido que velar por cada paso de del avance del proyecto desde que la empresa inicia su acercamiento a la comunidad, el cual en realidad fue forzado, porque al principio el proyecto no contemplaba participación ciudadana.”

Interrogada sobre los impactos, sostiene:

“Las afectaciones son muy diversas, son medioambientales, sociales y también económicas porque hay toda una comunidad de habitantes en que muchos somos lugareños, hemos vivido siempre aquí, y muchos otros han llegado a vivir en la zona. Pero nuestras actividades están basadas precisamente en los recursos naturales, en el paisaje, y se combinan con actividades de turismo. Todas estas actividades resultan afectadas por este proyecto.”

Prontuario de EcoPower

El fotomontaje del 2020 quedó al descubierto porque la comunidad local verificó en terreno la inexistencia de la instalación del container de la foto en el sector de Mar Brava, por lo cual solicitó en 2022 a la SMA la invalidación del inicio de actividades. En enero de 2023 la empresa de nuevo intentó engañar a la SMA pero el control vecinal hizo fracasar ese intento, procediendo la Superintendencia a declarar inválido el inicio de actividades. La empresa tuvo éxito apelando al Tribunal Ambiental, sin embargo en 2024, la Corte Suprema en un recurso de casación, instruyó al Tribunal Ambiental a analizar el fondo del asunto, lo que se hará ahora. Es la segunda vez que la Corte Suprema sanciona a EcoPower, ya que en 2010 obligó a la empresa a realizar la consulta indígena a la comunidad huilliche AntuLafquen, eludida inicialmente.

El deficiente desempeño de esta empresa en Chiloé desmiente la propaganda empresarial actual acerca de que en Chile, es el exceso de normas lo que dilata los proyectos, lo que sería culpa de la institucionalidad ambiental. Con ese pretexto en el Congreso están avanzando iniciativas legales que hacen retroceder las leyes ambientales y su institucionalidad, mientras en el país se registra un clima creciente de amedrentamiento a los defensores del ambiente y los derechos humanos.

Uno de los sectores afectados en este proyecto es el área de Mar Brava, una playa de 9 km de fuerte oleaje con ecosistemas de dunas -con sitios arqueológicos- y lagunas; entre sus actividades económicas incluye la pesca artesanal, el ecoturismo y la agricultura campesina. Mar Brava está cercana al monumento natural Islotes de Puñihuil. Allí hay zonas de alimentación y reproducción de cetáceos protegidos. Otros sectores impactados son Quilo, Quetalmahue, Aucaco, Tehuaco, Lajas Blancas, Mechaico, Cogomó, Chorihue. Se trata de comunidades rurales e indígenas donde también existe bosque nativo.

Para las comunidades afectadas, que llevan 15 años resistiendo el proyecto y para la propia SMA, el uso de antecedentes falsos por ECOPOWER SAC representa «un peligro para la institucionalidad ambiental chilena», y se espera una sentencia que avale la legislación ambiental y evite que las empresas se burlen de las entidades encargadas de velar por su cumplimiento.

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INNOVACIONES EN FAVOR DEL LUCRO

Muchas de las innovaciones, que introdujo la dictadura pinochetista, durante su período, a la institucionalidad chilena, no solamente se mantuvieron durante los gobiernos que la sucedieron sino, en no pocos casos, las profundizaron. El caso de la generación y distribución de la energía eléctrica fue (y es, en la actualidad) una de aquellas. Tal fue el rol político desempeñado por los gobiernos de la Concertación.

Hasta 1981, tanto la producción como la distribución de la electricidad se encontraba en manos del Estado, sujeto social al que se consideraba (y se considera, aún) representante del interés público o de la comunidad. Y eso no era por la simple voluntad de hacerlo sino porque, al igual de otras actividades que afectaban la vida normal de la comunidad —como la salud, la educación, el transporte e, incluso, el desempeño de algunos cargos públicos—, se consideraban ‘servicios’ que el Estado mismo debía prestar a esa comunidad.

A partir de la fecha indicada, y como consecuencia del golpe de Estado de 1973, y la consiguiente instauración del llamado ‘Modelo de Economía Social de Mercado’, se inició un paulatino e irreversible proceso de privatización de las instituciones públicas. El objetivo era reducir el tamaño del Estado y, consecuentemente, vender todas las empresas estatales ―por considerarlas poco eficientes― al sector privado a fin de hacerlas rentables, sin importar si algunas de ellas eran empresas o servicios. Todo había de venderse; incluso a precios irrisorios.

La producción y distribución de la energía eléctrica estaba a cargo, en Santiago, de la Compañía Chilena de Electricidad CHILECTRA; en el resto del país, la Compañía General de Electricidad Industrial.  Desde el año indicado más arriba y hasta 1987, bajo los vientos renovadores de la dictadura pinochetista, comenzó un complicado proceso de privatización que transformaron lo que era un ‘servicio’ en un ‘negocio’ bajo la excusa de contar con empresas capaces de financiarse ellas mismas con su actividad. Al día de hoy, y luego del término de esa dictadura, la situación no ha variado ostensiblemente: las empresas que fueron privatizadas no solamente siguen en esa misma condición sino, además, se les ha brindado el apoyo necesario orientado a perfeccionar su funcionamiento. La excusa para realizar esos cambios no ha variado: el Estado es un mal administrador; ergo, hay que entregar su funcionamiento al sector privado. La electricidad, de esa manera, ha pasado a convertirse en un negocio para quien controla su actividad.

Esto es importante, porque pone de manifiesto la esencia misma de la privatización que no es sino el afán de lucro. De lo cual deriva que a las empresas privatizadas no se les puede pedir conductas altruistas o que pongan en duda su íntima naturaleza, cual es la captación cada vez más intensiva de plusvalor. En este nivel ha de situarse el caso de la producción y la distribución de la electricidad en Chile.

NOCIONES ELEMENTALES ACERCA DEL SISTEMA ELÉCTRiCO EN CHILE

El sistema eléctrico de Chile está integrado por numerosas empresas privadas, de entre las cuales se señala a ISA InterChile, Transelec y Transmisora Eléctrica del Norte (TEN S.A., ligada a Engie), entidades que estuvieron involucradas en el apagón[1] de 25 de febrero recién pasado. La prensa les llama, simplemente, ‘eléctricas’ y, en no pocas de ellas, participan en su directorio personajes tanto de la denominada ‘derecha’ como de la ‘izquierda’, que raras veces discuten entre ellos, porque, en el ejercicio de esa labor, reciben remuneraciones, gozan de buena posición social, aumentan sus contactos y porque, como lo señala ese antiguo refrán, ‘entre bueyes no hay cornadas’. Así, por los pasillos de las ‘eléctricas’ se puede encontrar a personajes tan conspicuos como Nicolás Eyzaguirre, Bernardo Larraín Matte, Viviana Blanlot, entre otros, lo que pone de manifiesto la estrecha vinculación entre el poder político y el empresariado[2]. No debe, así, llamar la atención que una de ellas (ISA InterChile) incrementara

“[…] sus ganancias en un 500% a septiembre de 2024 en relación al mismo mes del año anterior. El sistema eléctrico chileno se encuentra privatizado permitiendo grandes niveles de lucro para las compañías multinacionales”[3].

Por consiguiente, nos encontramos ante estructuras económicas cuya finalidad no es hacer patria; mucho menos, preocuparse de los problemas que puedan tener los gobiernos de turno, cuando no sea la prolongación de la vigencia de sus respectivos contratos de suministro. Si bien es cierto que esos contratos las obligan a esmerarse en prestar sus servicios de la mejor manera, no es menos cierto que saben, igualmente, quiénes son los actores políticos que, en el Parlamento, van a defender sus derechos a cualquier precio. Por eso, entre esforzarse por brindar el servicio prometido y asegurar sus ganancias, optarán ineluctablemente, por esta última alternativa.

UN APAGON IMPREVISTO

A las15:15,40, del 25 de febrero recién pasado[4], un apagón imprevisto paralizó la generalidad de las operaciones que se realizan en el país. En un documento emanado de ISA InterChile S.A., entregado con posterioridad al hecho se puede leer como causa eficiente del siniestro algo tan vago y difuso como que la referida interrupción del suministro eléctrico fue originada por

«[…] la activación no deseada de sus esquemas de protección»[5].

Puede parecer un tanto cómica la expresión empleada, pero tal ha sido la explicación: hubo una ‘activación no deseada’. Algo que no se quiso hacer. Una torpeza que no se quiere sindicar de tal para lo cual se recurre a un eufemismo. Bueno, está bien. Una ‘activación no deseada’ bien puede parecer un concepto científico y estimarse como tal. Ha permitido que el Coordinador Eléctrico Nacional ―organismo encargado de la coordinación del conjunto de instalaciones del sistema eléctrico nacional―, diez días después de ocurrido el hecho, declare que

“[…] la falla se originó cuando personal de la empresa ISA InterChile intentó normalizar el canal de comunicaciones de la función diferencial de línea (87L) en la línea 2×500 kV Nueva Maitencillo – Nueva Pan de Azúcar”[6].

El sistema se desincronizó. Al intentar volverlo a su lugar (sincronizarlo, nuevamente), el personal que operaba el programa produjo una ‘desconexión forzada’ de ambos circuitos, pues ejecutó

“[…] una actuación no esperada e imprevista de dicha función de protección”[7].

Bueno, ya. Otro eufemismo. Pero no es eso lo importante. No es la ´primera vez que las ‘eléctricas’, con su pasividad y mal manejo de las circunstancias, han provocado un apagón. Durante los temporales del año pasado, la inacción de esas empresas causó estragos entre los sectores más desprotegidos de la población. Por supuesto, recibieron la advertencia de las autoridades. Pero, sus órganos directivos saben que las advertencias de aquellas son únicamente eso: sólo se les aplicará una multa y seguirán funcionando como hasta ahora lo han hecho.

INTENTANDO ENCONTRAR LA RAIZ DE LOS PROBLEMAS

A nuestro entender, la raíz de los problemas no está en centrar el debate acerca de si hubo o no un eficiente manejo de la situación, tarea que bien se puede encomendar a los técnicos en la materia, sino en develar la naturaleza de la actividad que paralizara por completo a la nación y su significado para la comunidad nacional.

La electricidad, para la moderna sociedad, se ha transformado en un elemento vital. Como lo es el aire para los seres vivos. El avance impresionante que han experimentado las fuerzas productivas, revolucionando el conjunto de las relaciones de producción, ha hecho que la electricidad se torne imprescindible para el funcionamiento de la sociedad moderna. No debe sorprender que también lo sea también para la chilena. Ni que, reflexionando sobre lo mismo, señalaran dos analistas:

“Con toda la situación vivida, el corte de luz despertó una interrogante que durante mucho tiempo estuvo dormida. Y es que hasta el apagón masivo del 25 de febrero, pocos se habían cuestionado sobre la inevitable dependencia que existe hacia la electricidad, la luz, la energía y los dispositivos tecnológicos. También, sobre cómo actuar frente a estos sucesos”[8].

La electricidad no es cualquier actividad económica. Es el basamento energético sobre el cual descansa todo el funcionamiento de la moderna sociedad. La electricidad lo abarca todo. Permite a una comunidad, por lo demás, proyectarse hacia el futuro por lo que debe ser considerada como ‘actividad estratégica’. No fue otro el sentido que antaño se le dio a la misma, cuando aún no representaba lo que hoy sí representa.  Quien ejerce dicha actividad, sea persona natural o jurídica, debe ser estimado como ‘empresa estratégica’, es decir, una organización cuyo funcionamiento es fundamental para el funcionamiento de la sociedad en su conjunto. La interrupción o suspensión del flujo que provee a la nación puede causar daños irreparables a su normal funcionamiento.

Estas empresas de carácter estratégico no son sino, en general, lo que se ha dado en denominar ‘infraestructura crítica’, es decir, actividades del país que han de ser protegidas por el Estado chileno por intermedio de sus institutos armados. Pero no solamente aquello: son actividades cuya paralización puede poner en riesgo la soberanía nacional.

AUDACES QUE PONEN EN PELIGRO LA SOBERANÍA

El apagón pudo ser un apagón. Y nada más. Pero no fue así. Hubo algo muy grave, escandalosamente más grave. Muy propio de la empresa privada, en donde los intereses estatales se subordinan a los del comercio. Según lo señala un analista,

“En un hecho sin precedentes, el encargado de coordinar el sistema energético –que encabeza Juan Carlos Olmedo, quien también es teniente de reserva del Ejército- realizó una solicitud sin respaldo en ningún protocolo de recuperación de servicio. No sólo eso, según varios expertos en la materia, dejó en evidencia la carencia de criterio en la gestión de crisis de nuestra infraestructura crítica. Una decisión que trascendería lo meramente técnico –aseguran–, teniendo claras implicancias políticas, económicas y diplomáticas”[9].

En efecto, se había solicitado ayuda de Argentina para la solución del imprevisto, poniendo al descubierto, con esa acción,

“[…] la vulnerabilidad de no tener los planes de contingencia bien probados… una sensación de vulnerabilidad escalofriante, de violación de la seguridad nacional”[10].

Es cierto que quienes se encuentran a cargo del sistema eléctrico chileno —el Coordinador Eléctrico Nacional CEN— reciben buenas remuneraciones. Pero eso no basta para asegurar su buen desempeño: un ejército de mercenarios no sustituye a un ejército de nacionales. Por eso, de nada sirve reclamar, como lo hacen algunos analistas:

“La pregunta que uno se hace, entonces, es cómo cinco ejecutivos bien pagados y de dedicación exclusiva en el tema, les metieron un gol de ese tamaño. Ingenieros eléctricos probados y experimentados, que vienen del antiguo sistema y que todavía no saben con claridad la causa de la falla. Es realmente escandaloso lo que ocurrió”[11].

Analizar, por tanto, desde el punto de vista técnico las causas de la falla y entregar las recomendaciones respectivas a aquellas para evitar que se vuelvan a repetir, no resuelve el problema. De nada sirve, en consecuencia, esforzarse en entregar opiniones acerca de las causas materiales que pudieron afectar al sistema productor y distribuidor de energía. La generación y distribución de la energía eléctrica ha sido entregada a manos de personajes que buscan el lucro y no la protección de una nación. Tampoco quienes son pagados para que controlen lo que otros hacen. Es un campo manejado por los interesas que subyacen tras la oferta de prestar el respectivo servicio.

BUSCANDO UNA SOLUCIÓN

Sucede que la verdadera solución a los problemas que aquejan a la nación, en materia de electricidad, irrita la sensible epidermis pecuniaria que poseen los grandes empresarios y sus dependientes políticos. Nadie quiere innovar. Pero sí, quieren que el Estado solucione los problemas. Y, sin embargo, el Estado chileno no puede estar gastando sus ingresos en proteger la infraestructura crítica de la nación si ésta se encuentra en manos privadas y el objetivo de las empresas eléctricas es lucrarse a costa de toda la población. Menos si el Estado, para tener control sobre esas actividades, ha creado una red de estructuras que controlan a controladores, a productores y transmisores de electricidad y les asigna remuneraciones que se extraen del bolsillo de todos los chilenos pues la contribución se encuentra incorporada en las boletas del cobro de la luz. El Coordinador Eléctrico Nacional recibe un sueldo que supera los veintitrés millones de pesos mensuales (23.000.000).

Pero sí lo debe hacer —y es su obligación hacerlo—, cuando esa infraestructura crítica pertenece a toda la comunidad nacional y funciona como ‘servicio’ de la misma. No como ‘negocio’ del sector privado y como devoradora de plusvalor.

En apoyo a nuestra opinión, señalaba un analista, hace un tiempo atrás y refiriéndose a lo sucedido durante los temporales, que lo lógico sería que determinadas actividades, estrechamente relacionadas con la seguridad nacional debieran ser estatales pues es indesmentible que

“[…] hay sectores en la economía en cuya gestión la labor del sector privado es insuficiente por si sola”[12].

Y, también, otro defensor de los intereses de la comunidad nacional:

“La estatización de los servicios vitales que antes fueron públicos es una demanda ciudadana que hoy vuelve a cobrar actualidad: las privatizaciones de la dictadura y de las dos derechas que le sucedieron forman parte del pasado”[13].

Nuestra idea va en esa dirección. Las actividades básicas de la nación, sus servicios esenciales, no pueden estar en manos privadas; al igual que sus riquezas básicas, deben ser propiedad de todos los chilenos. Por lo mismo, las organizaciones sociales ―ya que los partidos políticos no lo hacen― deben contemplar en sus demandas, la nacionalización o estatización de los servicios básicos de la nación y exigir del Estado la protección de los mismos por parte de los institutos armados. Más aún, ahora que la fiebre electoral comienza a desatarse.

Santiago, marzo de 2025

[1] Por vía ejemplificativa, señalaremos, además, que se acostumbra a dividir las ‘eléctricas entre ‘generadoras’ y ‘transmisoras’. De entre las primeras, señalaremos a Engie, Aes Andes, Cerro Dominador y Colbún, entre varias; algunas de las transmisoras son Transelec, Transemel, Sonnedix, en fin.

[2] San Martin, Pablo: “’Radiografía’ a las eléctricas. Cuáles son las empresas que influyen en las cuentas de la luz y cómo funciona el sistema”, 28 de junio de 2024, EMOL.

[3] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, El Clarin, 3 de marzo de 2025.

[4] Herrera, Polet: CEN por apagón: ‘ISA InterChile había informado a las 13,35 horas que dicha protección estaba fuera de servicio’”, CNN Chile, 06 de marzo de 2025.

[5] Redacción: “La crisis detrás del ‘black out’ que dejó a Chile sin luz”, RT, 26 de febrero de 2025.

[6] Browne Russo, Vicente: “Origen del apagón: Coordinador advierte que empresa ISA intervino el sistema sin informarles y sin permiso para hacerlo”, ‘Ex Ante, 07 de marzo de 2025.

[7] Browne Russo, Vicente: Trabajo citado en (6).

[8] Oportot Campillay, Juan y Montes, Manuel José: “El apagón de Chile: la cada vez más inevitable dependencia de la electricidad”, ‘The Clinic, 01 de marzo de 2025.

[9] Pizarro Sanguesa, Claudio: “Las críticas contra el CEN por ignorar el factor geopolítico en la solicitud de energía a Argentina”, ‘El Mostrador’, 09 de marzo de 2025.

[10] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[11] Pizarro Sanguesa, Claudio: Trabajo citado en (9).

[12] Salce, Felipe: “Mercado eléctrico: el ejemplo perfecto de que el sector privado no lo es todo”, CIPER, 09 de agosto de 2024.

[13] Alcayaga Brisso, Hugo: “En el país de las emergencias”, ‘El Clarin’03 de marzo de 2025.

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En los últimos meses, Santiago ha sido testigo de una serie de cortes de luz que han dejado a miles de familias en la oscuridad. Estos cortes no sólo interrumpen nuestras rutinas diarias, sino que también ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de las personas más vulnerables en nuestra sociedad: las madres y mujeres cuidadoras.

Enel, la empresa encargada de suministrar electricidad en nuestra ciudad, ha demostrado una incapacidad preocupante para resolver esta crisis de manera efectiva. Cada apagón prolongado se convierte en un desafío, especialmente para quienes cuidan de niños pequeños, personas mayores o familiares enfermos.

La electricidad no es un lujo, sino una necesidad básica. Es la energía que alimenta los equipos médicos, los refrigeradores donde se conservan alimentos y algunos medicamentos esenciales, como la insulina, y la iluminación que proporciona seguridad en la oscuridad. Las interrupciones en el suministro eléctrico dificultan la preparación de comidas adecuadas afectando la conservación de alimentos, lo que puede llevar a problemas de salud.

Las madres que dependen de dispositivos médicos para el bienestar de sus hijos se encuentran en una situación desesperada. La falta de electricidad significa que estos dispositivos no pueden funcionar, poniendo en peligro la continuidad de su vida.

Para las mujeres cuidadoras de personas mayores, los cortes de luz son igualmente devastadores. Los adultos mayores, a menudo con movilidad reducida, dependen de una iluminación adecuada para moverse con seguridad en sus hogares. Sin ella, el riesgo de caídas y accidentes se incrementa considerablemente. Además, la falta de calefacción en invierno puede agravar condiciones médicas preexistentes, poniendo en peligro la vida de nuestros seres queridos.

Sin electricidad, las tareas cotidianas se vuelven casi imposibles y los riesgos se multiplican. Enel debe asumir su responsabilidad y trabajar con urgencia para solucionar estos cortes de luz frecuentes y extensos. Las excusas y promesas vacías no son suficientes. Necesitamos acciones concretas y soluciones sostenibles que garanticen un suministro eléctrico continuo y confiable para todos los hogares.

Como sociedad, debemos alzar la voz y exigir que se priorice la estabilidad del suministro. La electricidad es parte de los servicios básicos y su falta no puede ser tolerada en ninguna ciudad de Chile. Hago un llamado a Enel y a las autoridades correspondientes para que tomen medidas inmediatas y efectivas, así como de sostén mientras resuelven las fallas de reposición del servicio y reparación del daño. Las vidas y el bienestar de muchas mujeres y sus familias dependen de ello. No podemos permitir que la vulnerabilidad de nuestras madres y cuidadoras siga siendo ignorada.

-La autora, Libertad Méndez Núñez. es Médica Ginecóloga.

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