Denuncia – piensaChile

Carcel de Kenitra, Marruecos: Solidaridad con Preso Político saharaui con 39 días en Huelga de Hambre

Redacción piensaChile — Thu, 16 Jul 2026 14:35:49 +0000

Imagen superior: El Sahara Occidental es la única y última colonia en Africa. De jure (por derecho internacional) España sigue siendo considerada la potencia administradora del Sáhara Occidental y responsable, por lo tanto, de sus habitantes, pero NO hace nada frente a las acciones de las tropas de ocupación marroqui. ¿Por qué?

16 de julio de 2026

El luchador saharaui Naama Asfari, encarcelado en Marruecos desde 2010, se adentra en el segundo mes de huelga de hambre indefinida en protesta por sus condiciones de reclusión y según fuentes oficiales marroquíes, presenta un estado de salud «normal» y está sometido a un protocolo especial para este tipo de situaciones.

Asfari, de 56 años que cumple una condena de 30 años en la cárcel de Kenitra, al norte de Rabat, inició el pasado 8 de junio una «huelga de hambre indefinida» en demanda de una revisión de sus condiciones, atención médica adecuada y su traslado a una prisión en el territorio del Sáhara Occidental.

Boletin emitido el 2026.07.14

Boletín informativo

Solidaridad del preso Salek Laasiri con el preso en su huelga de hambre abierta

En el marco de la campaña de solidaridad continua con el preso civil saharaui Naama Asfari, quien prosigue su huelga de hambre abierta en la prisión de Kenitra, alcanzando hoy su trigésimo séptimo día consecutivo,

El preso civil saharaui Salek Laasiri, recluido en la prisión de Safi «Moul El Bergui» y condenado a cadena perpetua, anuncia el inicio de una huelga de hambre solidaria de 48 horas durante los días 15 y 16 de julio del mes en curso, en solidaridad absoluta con su compañero Naama Asfari en su heroica lucha.

Naama Asfari

Salek Laasiri

La Liga para la Protección de los Presos Saharauis elogia este gesto de solidaridad que encarna la profundidad del espíritu de lucha y de unidad entre los presos saharauis en las cárceles marroquíes, a pesar de la política de aislamiento y dispersión aplicada por la administración penitenciaria.

Asimismo, la Liga responsabiliza plenamente a las autoridades de ocupación marroquíes de la vida de los presos, y exige:

La prestación de atención médica urgente.
La liberación inmediata e incondicional de todos los presos civiles saharauis.
El fin inmediato de la política sistemática de venganza y negligencia médica.

La Liga insta a todos los organismos de derechos humanos internacionales y regionales a intervenir de manera urgente para detener estas graves violaciones y abrir una investigación independiente sobre las condiciones de los presos saharauis.

Liga para la Protección de los Presos Saharauis en las Cárceles Marroquíes

El Aaiún Ocupado / Sáhara Occidental

Martes, 14 de julio de 2026

Bulletin d’information

Solidarité du prisonnier Salek Laasiri avec le prisonnier Naama Asfari dans sa grève de la faim illimitée

Dans le cadre de la campagne de solidarité continue avec le prisonnier civil sahraoui Naama Asfari, qui poursuit sa grève de la faim illimitée au sein de la prison de Kénitra, atteignant aujourd’hui son trente-septième jour consécutif,

Le prisonnier civil sahraoui Salek Laasiri, détenu à la prison de Safi « Moul El Bergui » et condamné à la prison à perpétuité, annonce son entrée en grève de la faim solidaire de 48 heures les 15 et 16 juillet courant, en solidarité absolue avec son compagnon Naama Asfari dans sa lutte héroïque.

La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis salue ce geste de solidarité qui incarne la profondeur de l’esprit de lutte et d’unité entre les ocupacion marroqui prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines, en dépit de la politique d’isolement et de dispersion appliquée par l’administration pénitentiaire.

De même, la Ligue tient les autorités d’occupation marocaines pour pleinement responsables de la vie des prisonniers, et exige :

La fourniture de soins médicaux urgents.
La libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers civils sahraouis.
La fin immédiate de la politique systématique de vengeance et de négligence médicale.

La Ligue appelle l’ensemble des instances internationales et régionales de défense des droits de l’homme à intervenir d’urgence pour mettre fin à ces graves violations et à ouvrir une enquête indépendante sur les conditions de détention des prisonniers sahraouis.

Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines

El Ayoun occupée / Sahara Occidental

Mardi 14 juillet 2026

رسالة إخبارية

تضامن الأسير السالك العسيري مع الأسير النعمة أصفاري في إضرابه المفتوح عن الطعام

في

إطار الحملة التضامنية المستمرة مع الأسير المدني الصحراوي النعمة أصفاري،

الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجن القنيطرة، والذي بلغ اليوم

اليوم السابع والثلاثين على التوالي،

يعلن

الأسير المدني الصحراوي السالك العسيري، المعتقل بسجن أسفي «مول البرڭي»

والمحكوم بالسجن المؤبد، عن خوضه إضرابا تضامنيا عن الطعام لمدة 48 ساعة،

وذلك يومي 15 و16 يوليو الجاري، تضامنا مطلقا مع رفيقه النعمة أصفاري في

نضاله البطولي.

وتُشيد

رابطة حماية السجناء الصحراويين بهذه الالتفافة التضامنية التي تجسد عمق

الروح النضالية والوحدة بين الأسرى الصحراويين داخل السجون المغربية، رغم

سياسة العزل والتفريق التي تتبعها إدارة السجون.

كما تُحمّل الرابطة سلطات الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى ، وتطالب بـ:

توفير الرعاية الطبية العاجلة.
الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى المدنيين الصحراويين.
وضع حد فوري لسياسة الإنتقام والإهمال الصحي الممنهجة.

وتدعو

الرابطة جميع الهيئات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى التدخل العاجل لوقف

هذه الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيق مستقل في أوضاع الأسرى الصحراويين.

رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية

العيون المحتلة / الصحراء الغربية

الثلاثاء 14 يوليوز 2026

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¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera

Redacción piensaChile — Fri, 10 Jul 2026 10:35:08 +0000

10 de julio de 2026

Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?

¡Callar es ser complice!

La Miopía de los Salmoneros

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Brasil y el increíble caso de Doña María

Redacción piensaChile — Tue, 30 Jun 2026 21:47:00 +0000

30 de junio de 2026

Una mujer brasileña de mediana edad se volvió una celebridad de internet criticando la gestión de Lula da Silva. En poco tiempo logró destacarse entre los miles de usuarios. Solo hay un detalle: María no existe.

21-06-2026 03:22

Doña María tiene unos 60 años, piel morena y usa gafas. A simple vista, parece una brasileña común, aunque comenzó a destacar porque siempre estaba enfadada. Le molestaba la situación política y social de su país: el precio de la comida, el funcionamiento de los servicios o la gestión del presidente Lula y sus ministros.

Toda esa ira que sentía la expresaba sin tapujos en Instagram, donde llegó a sumar más de 800.000 seguidores gracias a sus vídeos de quejas y con elogios a la oposición de derecha. Pero su viralidad se acabó hace unas pocas semanas. Y no porque se cansara de publicar, sino porque Doña María nunca existió. Era un personaje creado con inteligencia artificial que la Justicia de Brasil ordenó eliminar.

Según el Digital News Report del año 2025, los influencers se han consolidado como líderes de opinión y están reemplazando en ese rol a instituciones tradicionales como los medios de comunicación. El fenómeno es especialmente relevante en redes como Instagram y TikTok, donde un porcentaje creciente de usuarios les presta más atención que a los periodistas en el momento de informarse. Desde la Cátedra Ideograma-UPF de Comunicación Política y Democracia, abordamos recientemente este fenómeno en un libro titulado Influencers y comunicación política (Editorial UOC, 2025).

Con Doña María, la extrema derecha brasileña buscaba aprovechar ese impacto creciente de los influencers saltándose los retos y limitaciones que tiene trabajar con estos personajes en la vida real. Por unos meses, la estrategia funcionó. Los vídeos, creados con herramientas simples de IA como Gemini, llegaron a una audiencia estimada de unos 100 millones de personas. Muchos creyeron que era una brasileña de carne y hueso. Pero precisamente ese éxito fue la razón de su fin: organizaciones políticas denunciaron el caso ante la Justicia argumentando que se estaba engañando a los ciudadanos al no advertir claramente que la mujer no existía. La decisión final fue que la cuenta fuera suspendida.

Brasil tiene ya un largo historial de campañas políticas sucias que usan la desinformación para confundir o movilizar a los ciudadanos en contra de candidaturas específicas. En 2022, el equipo de Lula tuvo que crear un sitio web especial para denunciar fake news, una iniciativa que después continuó desde el gobierno.

Ahora que el país se prepara para una nueva elección presidencial, sectores de la extrema derecha han redoblado la apuesta utilizando herramientas de IA. El volumen de contenidos falsos o manipulados creados de esta forma se triplicó entre 2024 y 2025, según el Observatorio Lupa.

La creación de influencers artificiales es una práctica especialmente peligrosa por el creciente impacto que tienen estos personajes en la formación de la opinión pública. Un creador de contenidos de carne y hueso, y sujeto a la normativa vigente, evitará difundir ciertos contenidos que puedan generarle conflictos legales. No es el caso de los digitales. Estos dirán cualquier cosa que se les indique y, si están bien hechos, también conseguirán conectar emocionalmente, como mostró Doña María.

Sería ingenuo pensar que este problema se limita a Brasil. Es posible que el país sea especialmente vulnerable por el uso intensivo de las redes sociales por parte de su población y la gran proliferación e impacto que tienen allí los influencers. Por ejemplo, se estima que casi la mitad de los brasileños ha comprado alguna vez un producto por recomendación de estos y en todo el territorio hay más de 14 millones de cuentas de Instagram con más de 1.000 seguidores.

Pero estudios recientes de la Universidad de Oslo y de Indiana advierten que la IA hace que las fake news sean más creíbles en todo el mundo. Una prueba de ello fuera de Brasil es el caso de Jessica Foster. Una supuesta militar estadounidense que llegó a postear fotos con Trump en Instagram e incluso abrió un perfil de Only Fans.

Este uso de la IA para crear avatares artificiales con objetivos políticos plantea dos grandes dilemas. El primero se vincula a la suplantación de identidad y cómo se garantiza que todas las personas puedan saber con claridad cuándo están viendo a una persona real y cuándo a una máquina.

Más allá de las consecuencias sociales y psicológicas que puede tener el peligro de que los seres humanos interactúen indistintamente con unos u otros sin poder diferenciarlos, esto también genera riesgos políticos específicos. Diversos estudios muestran que los chats de IA ya se amoldan por completo a los usuarios para ser especialmente persuasivos, con el objetivo de maximizar el engagement. ¿Podrán también actores políticos crear influencers artificiales a medida para convencer a nichos específicos de electores? ¿Es Doña María un primer paso hacia la automatización que podría venir y que sería aún más efectiva? Parece cada vez más probable, si no hay una regulación clara.

El segundo dilema es quién se responsabiliza por las acciones y mensajes de estos influencers. Cuando en algunos países se empieza a discutir sobre la posibilidad de dar personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial, intelectuales como Yuval Noah Harari plantean una pregunta importante: ¿cómo se garantizará que cumplan con la ley, si para ellos las penas y castigos que se imponen a los humanos, como la cárcel, no representan una verdadera amenaza?

Y hay que añadir otro interrogante al debate: ¿estos agentes podrían crear sus propios influencers artificiales para manipular a las audiencias en caso de que quieran beneficiar a políticos que favorecen la IA?

Desde hace un siglo, las nuevas tecnologías han cambiado las campañas electorales y han transformado la comunicación política. Durante años, dejamos que muchos de estos avances nos sorprendieran sin que analizáramos previamente sus consecuencias. Pero esta vez tenemos la responsabilidad colectiva de que no sea así. Es fundamental que se abra un debate profundo sobre cómo se aplican y regulan estas tecnologías de IA en el día a día, y en la política. La democracia depende de ello.

-El autor, Antoni Gutiérrez-Rubí, es asesor de comunicación. www.gutierrez-rubi.es

*Fuente: Perfil.com

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Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral

Redacción piensaChile — Mon, 29 Jun 2026 22:00:14 +0000

29 de junio de 2026

Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo. La firma usaba redes de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial, y borró su presencia en línea cuando la investigaron. El propio gobierno francés admitió que no pudo identificar quién la contrató.

En France, VIGINUM es el servicio técnico del Estado encargado de detectar y analizar las operaciones de manipulación de información e injerencias digitales extranjeras. Creado en 2021 y dependiente del SGDSN (Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional), el organismo cumple funciones clave

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La jugada maestra del tecnofascismo sobre América Latina

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Despido libre y término de indemnización por años de servicio: la contrarreforma que liquida un siglo de conquistas obreras

Redacción piensaChile — Sat, 27 Jun 2026 18:46:51 +0000

21/06/2026

La iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema de seguro constituye uno de los ataques más profundos dirigidos contra los trabajadores desde la dictadura. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, planteó en El Dínamo que una de las fórmulas que se estudian considera una cotización adicional a cargo del empleador, la que se sumaría al Seguro de Cesantía. Con este lenguaje tecnocrático de «modernización» y de «adaptación a los nuevos tiempos», lo que se pretende es alterar la estructura misma sobre la que descansa la protección jurídica del trabajo asalariado en Chile. La indemnización por años de servicio no es simplemente una compensación económica asociada al término de la relación laboral. Es uno de los mecanismos que obligan al empleador a justificar jurídicamente la decisión de despedir a un trabajador y que, por esa vía, permite la subsistencia efectiva del sistema de derechos laborales reconocidos por la legislación.

La historia de esta institución demuestra precisamente su carácter protector. La discusión actualmente abierta por el gobierno apunta a sustituir un sistema en que el empleador asume directamente el costo del despido por otro basado en fondos o seguros previamente financiados. Según diversos análisis publicados durante las últimas semanas, el Ejecutivo estudia fórmulas orientadas a reemplazar la actual indemnización por mecanismos de aseguramiento que desligan al empleador del pago directo al momento de despedir.

El problema central no radica únicamente en quién paga. Lo decisivo es que cuando desaparece el costo asociado al despido injustificado, desaparece también uno de los principales incentivos que obligan al empleador a respetar los derechos de sus trabajadores. Los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo establecen causales específicas para poner término al contrato. La existencia de indemnizaciones obliga a justificar la decisión empresarial y permite que los tribunales revisen la legalidad de esa actuación. Si el despido pasa a financiarse mediante un seguro previamente constituido, el empleador queda liberado de esa carga económica y el despido tiende a transformarse en una facultad discrecional.

Las consecuencias de una medida de esta naturaleza se extienden mucho más allá de la pérdida de una compensación monetaria. El procedimiento de tutela laboral fue concebido precisamente para sancionar vulneraciones de derechos fundamentales producidas en el contexto de la relación de trabajo. La protección contra represalias antisindicales, discriminaciones, hostigamientos, acoso laboral, persecuciones por actividad gremial o vulneraciones a la libertad de expresión en el trabajo se apoya en un sistema en que despedir arbitrariamente tiene consecuencias para el empleador. Al eliminarse ese costo, la tutela laboral se debilita estructuralmente y los derechos fundamentales pasan a existir principalmente sobre el papel.

El mismo efecto devastador se proyecta sobre los derechos colectivos. En un país donde la huelga continúa restringida a los estrechos límites de la empresa heredados de la legislación dictatorial, entregar al empleador la posibilidad práctica de despedir sin costo equivale a destruir las bases materiales de la organización sindical. Ningún sindicato puede negociar eficazmente cuando la amenaza del despido deja de representar una carga para la empresa. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga quedan reducidos a formalidades vacías.

Particularmente revelador es que esta ofensiva no encuentre resistencia significativa en el régimen político. Mario Marcel ha manifestado recientemente su disposición a discutir fórmulas de reemplazo de la indemnización por años de servicio, destacando alternativas basadas en seguros o fondos especiales. Del mismo modo, iniciativas promovidas anteriormente por sectores del Frente Amplio, incluyendo propuestas asociadas al hoy senador Diego Ibáñez, han transitado en una dirección semejante bajo la fórmula de poner fin al límite de la indemnización por años de servicio.

La convergencia entre gobierno y oposición en esta materia demuestra que las principales fuerzas parlamentarias burguesas comparten una orientación común destinada a reducir los costos laborales exigidos por el gran empresariado.

La eliminación de la indemnización por años de servicio, por todo lo indicado, no constituye una reforma aislada. Forma parte de un proyecto más amplio orientado a desestructurar el sistema de derechos laborales construido durante décadas de lucha obrera. El objetivo es instaurar de hecho el despido libre, debilitar la organización sindical y abaratar el costo de la fuerza de trabajo para incrementar las ganancias empresariales. Quienes presentan esta iniciativa como una medida técnica o administrativa buscan ocultar su verdadero contenido de clase.

Frente a esta ofensiva resulta indispensable impulsar un plan general de movilización en defensa de la indemnización por años de servicio y del conjunto de los derechos laborales. La defensa de esta conquista no es una cuestión corporativa ni jurídica. Es la defensa de uno de los últimos mecanismos que limitan el poder patronal dentro de la empresa. Si esta barrera cae, los trabajadores chilenos volverán al siglo XIX, quedando abierto el camino para una ofensiva aún más profunda contra los salarios, la organización sindical y las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora chilena.

La gravedad del momento radica precisamente en que el despido libre ya no constituye una mera hipótesis académica ni una propuesta marginal elaborada por centros de estudio empresariales. El proyecto forma parte de la agenda gubernamental y su discusión avanza aceleradamente en el Congreso. Durante las próximas semanas el Senado deberá pronunciarse sobre iniciativas que afectan directamente derechos históricos de los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno ha impulsado la eliminación del feriado legal para las elecciones, demostrando que existe una orientación coherente destinada a reducir derechos democráticos y laborales considerados por el empresariado como obstáculos para aumentar la rentabilidad del capital. Lo que hoy se presenta como una reforma administrativa o un perfeccionamiento técnico constituye en realidad una transformación profunda de las relaciones sociales dentro de la empresa.

Por ello resulta ilusorio pensar que la indemnización por años de servicio puede ser sacrificada sin consecuencias sobre el resto del sistema de protección laboral. La experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Cada vez que el capital logra derribar una conquista fundamental, utiliza ese triunfo como plataforma para lanzar una nueva ofensiva. Si el empleador adquiere la facultad práctica de despedir sin costo, inmediatamente se debilita la capacidad de los trabajadores para organizar sindicatos, ejercer la negociación colectiva, denunciar abusos o participar en huelgas. El temor al despido se transforma entonces en el principal mecanismo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo.

La situación adquiere al día de hoy un carácter aún más urgente si se considera la pasividad de las direcciones sindicales y la convergencia política que comienza a configurarse entre gobierno y oposición parlamentaria en torno a la necesidad de sustituir la indemnización por mecanismos de seguro. Por supuesto

la dirección de la CUT no ha estado a la altura de la amenaza. Mientras miles de trabajadores observan con preocupación el avance de esta reforma, la principal central sindical ha privilegiado una política de diálogo y colaboración institucional orientada a legitimar la discusión impulsada por el gobierno.

La dramática ausencia de un plan efectivo de movilización nacional contrasta con la magnitud del ataque que se prepara contra las condiciones de trabajo de millones de personas.

La clase trabajadora no puede depositar sus expectativas en negociaciones parlamentarias ni en acuerdos de cúpulas que ya han demostrado su disposición a transar derechos históricos. La defensa de la indemnización por años de servicio exige la más amplia unidad de acción de sindicatos, federaciones, confederaciones, organizaciones territoriales y movimientos sociales dispuestos a enfrentar esta ofensiva antes de que se transforme en ley.

La lucha que se abre no se limita a preservar una determinada forma de compensación económica frente al despido. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital al interior de la empresa.

Como hemos indicado, la indemnización por años de servicio representa una de las pocas restricciones efectivas que aún pesan sobre el poder patronal. Su eliminación abriría las puertas a una nueva etapa de precarización laboral, debilitamiento sindical y degradación de las condiciones de vida de millones de trabajadores que no tiene precedentes desde 1990. Precisamente por eso, la defensa de este derecho debe transformarse en una causa nacional de la clase trabajadora y en el punto de partida para una movilización general capaz de frenar una de las ofensivas patronales más agresivas de las últimas décadas.

El autor de esta nota, Gustavo Burgos, es abogado y ejerce habitualmente ante la judicatura laboral

*Fuente: ElPorteño

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«La verdad a la pinta de cada uno» o, los que nunca estarán en el Registro de Vándalos e Incivilidades

Redacción piensaChile — Wed, 24 Jun 2026 10:51:25 +0000

24 de junio de 2026

«Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia». Como muy bien dice el «señor» abogado, en la vida real «Hay un margen de compresión, de tolerancia, no todo puede ser rígidamente aplicado». Escuchando a Julio Yung y André Rillón, estos grandes artistas nacionales, uno puede dejar de pensar en los casos de colución entre grandes empresas: Cencosud, Walmart y SMU; las cadenas de farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada o el caso del Papel Tissue y Pañales que Implicó a CMPC Tissue y Kimberly-Clark.

Felicitaciones póstumas a estos gigantes del teatro nacional.

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Registro de vándalos: Un proyecto peligroso que transforma al político de turno en rey

Redacción piensaChile — Tue, 23 Jun 2026 21:44:44 +0000

23 de julio de 2026

El gobierno ha presentado el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades como una herramienta de seguridad pública. No lo es. Es una arquitectura de castigo adicional sin equivalente en ninguna democracia occidental, diseñada no para hacer justicia sino para controlar conductas que un político decidió inaceptables, mucho más allá de lo que cualquier juez podría sancionar.

El problema central no es el Registro en sí. Es su lógica interna.

El proyecto trata de manera idéntica al que asesina a un carabinero y al que toma la micro sin pagar. Al que usa explosivos y al que vende comida en la calle sin patente. Al que usurpa un establecimiento educacional y al que hace un desorden en un espectáculo público. Todos entran al mismo registro. Todos enfrentan las mismas quince consecuencias: perder la beca universitaria, el subsidio de vivienda, el pasaporte, la licencia de conducir, la pensión garantizada, el Pase Cultural, la tarjeta BIP estudiantil. Un grafiti en una pared puede costarte el futuro educacional. Tomar el metro sin pagar puede dejarte sin pensión.

Esto no es desproporción por descuido, es la lógica del proyecto.

El gobierno llamará a estas consecuencias “medidas administrativas” para evitar la objeción jurídica más evidente: el principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho. Pero el nombre que le pones a algo no cambia su naturaleza. Si perder el pasaporte, la vivienda, la educación y la pensión no es un castigo, entonces las palabras no tienen significado. Es una doble condena. La primera la dicta un juez aplicando la ley. La segunda la diseñó un político aplicando su criterio sobre quién merece vivir plenamente en sociedad.

Ahí está el problema de fondo: un político que quiere ser más que un político, más que un juez, un político que quiere tener el poder de un rey.

Los sistemas judiciales democráticos existen precisamente para que la decisión de quién es sancionado, por qué, en qué medida y por cuánto tiempo no quede en manos de quien ejerce el poder político del momento. El Registro rompe ese principio. Establece consecuencias uniformes, masivas y cruzadas que ningún juez podría imponer individualmente, aplicadas de manera automática sobre categorías de conducta que van desde el crimen grave hasta la infracción menor.

Y hay algo más que el proyecto revela sin querer: las conductas que activan las consecuencias más severas no son las que hacen más daño a las personas, sino las que amenazan al Estado y al orden institucional. Asesinar a un fiscal o a un carabinero está en la lista. Asesinar a un ciudadano común no. El proyecto no protege a las personas. Protege al poder.

Tampoco produce seguridad. La seguridad real requiere presencia del Estado en territorios abandonados, justicia rápida y efectiva, rehabilitación genuina. El Registro no hace nada de eso. Llega después de la condena, cuando el daño ya ocurrió, y solo añade exclusión. Excluye del sistema educacional, del sistema de vivienda, del sistema previsional, del transporte público subsidiado. No rehabilita: expulsa. Y expulsa precisamente de aquello que podría reintegrar a alguien a la sociedad.

El Registro no distingue entre el peligroso y el molesto porque no fue diseñado para hacer esa distinción. Fue diseñado para enviar un mensaje: el Estado puede seguirte castigando mucho después de que un juez cerró tu causa. Que tu capacidad de acceder a beneficios financiados con tus propios impuestos depende de tu comportamiento según criterios definidos por quien gobierna hoy.

Eso no es seguridad pública. Es control político. Y la diferencia importa.

Implementar este Registro costará más de 1.360 millones de pesos en su primer año. Es decir, el mismo político que recortó cerca de 3 billones del presupuesto de salud primaria, mermando los recursos de los municipios para sostener sus consultorios, decidió que sí hay recursos para marcar y vigilar, pero no para el médico del barrio.

Este es un proyecto peligroso, porque transforma al político en un rey. Un sujeto soberano que puede enjuiciar, condenar y castigar en la plaza pública. Y el político de hoy puso ciertas reglas, el de mañana pondrá otras.

¿Cuáles serán las causas del castigo de mañana? Tal vez insultar en redes sociales al político que te mintió. Compartir un meme. Gritar en la calle. Levantar una pancarta porque alguien decidió que eso es desorden público. Será lo que el político de turno quiera que sea.

Porque si este proyecto se aprueba, desde ese momento retrocedemos cientos de años a los tiempos en que quien mandaba no rendía cuentas a nadie. En que la justicia no era un derecho, era un privilegio que el rey otorgaba o quitaba según su criterio. Hoy, ese rey se llama político de turno. Y este registro es su primer decreto.

–La autora, Marisel Rodríguez, es Diputada de la República (IND-PC)

*Fuente: Radio BioBio

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Salud: «en lugar de ahorrar, se está preparando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones»

Redacción piensaChile — Thu, 18 Jun 2026 10:43:16 +0000

18 de junio de 2026

«El Programa de Evaluación Externa de la Calidad que hace el ISP es muy antiguo y ahorra recursos al sistema, no lo contrario», aseguró la autoridad médica Ricardo Fábrega

El Instituto de Salud Pública (ISP) es «el organismo de referencia del Estado, que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica (…), cumpliendo ello con altos estándares de calidad, transparencia, innovación y equipo humano comprometido con el servicio público», de acuerdo a su portal web. Es decir, en el cumplimiento de sus tareas se juega la vida de las personas.

Una de las funciones estratégicas del ISP corresponde a la ejecución del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC), labor que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 1972, y que está dirigida al control de los laboratorios clínicos del país para asegurar la buena calidad de los exámenes necesarios para asegurar un buen tratamiento a la población.

Sin embargo, los propios profesionales de la entidad, avalados por su probada excelencia científica y agrupados en la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública (APRUS-ISP), advirtieron que «la administración de turno en La Moneda, como ha sido ampliamente difundido, está ejecutando un enorme recorte presupuestario al sector sanitario para ‘ahorrar’ gastos del Estado. Para ello ha puesto su foco en el PEEC del ISP, lo que redunda en un violento encarecimiento de los servicios involucrados, toda vez que las evaluaciones a los laboratorios tendrían que ser realizadas por entidades internacionales que cobran alrededor de un 400% más de lo que cuesta aplicarla por el ISP».

¿Cómo se ahorra gastando más?

La APRUS indicó que «la evaluación externa de la calidad se ha consolidado como una herramienta indispensable para asegurar resultados analíticos precisos y comparables entre laboratorios. Su implementación no solo permite fortalecer la confianza de los usuarios en sus exámenes, sino también garantizar estándares homogéneos en los distintos establecimientos de salud de Chile».

En el país, esta exigencia se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio. El Decreto Supremo N°20 de 2011, que aprueba el Reglamento de Laboratorios Clínicos, establece en su artículo 23° la obligación de los laboratorios de participar en programas de control externo de calidad para todas las áreas en las que otorguen prestaciones. Del mismo modo, los Decretos Supremos N°18 de 2009 y N°37 de 2010 del Ministerio de Salud determinan que estos programas comportan un requisito esencial para validar los reembolsos de las prestaciones por parte de los usuarios.

Para la APRUS-ISP, las notables discrepancias económicas que se producen entre la oferta internacional para este tipo de programas, que incluye organizaciones como, CAP (EEUU), RIQAS (Reino Unido), UK NEQAS, PNCQ (Brasil), etc. y el PEEC que hace el ISP en el país, valen de tres a cuatro veces más ya que hay que sumar a los costos básicos gastos como el triple embalaje; control de la temperatura; transporte internacional bajo condiciones de refrigeración; seguros; honorarios de agencias aduaneras; y otros. Es así que los recortes presupuestarios para este 2026 pueden llegar a disminuir a la mitad el programa de evaluación de calidad, y, eventualmente, eliminarse totalmente para el año 2027.

En este sentido, los científicos del Instituto pusieron de ejemplo que

«un hospital público que ejecuta 15 subprogramas por el PEEC en Chile, tiene un costo de $1.800 millones de pesos. Eso mismo, pero con un programa extranjero, le vale al hospital cerca de $9.000 millones de pesos», lo que significa un desembolso adicional para el Estado de aproximadamente $7.200 millones de pesos. En otras palabras, lo que está definido como racionalización del gasto se convertiría en un costo mayor para las arcas fiscales. Esto califica como un absoluto sinsentido: en lugar de ahorrar, se está generando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones».

«Creer que hoy se puede ahorrar en el área de salud es un pensamiento mágico»

El médico, académico de diversas universidades, presidente de la Corporación Alma Ata, ex Subsecretario de Redes Asistenciales, ex Director del Instituto de Salud Pública y parte del directorio de la Revista Científica, entre otras responsabilidades y cargos, Ricardo Fábrega, manifestó que «el Programa de Evaluación Externa de la Calidad que hace el ISP es muy antiguo y ahorra recursos al sistema, no lo contrario», y sumó que «por la información que tengo, es una mala idea eliminarlo o limitarlo, e imagino que las autoridades correspondientes podrán expresar esto mismo a quienes correspondan. A la hora de la verdad, lo importante es que no hagan recortes porque no parece razonable».

– ¿Qué opinión te merece plantearse el objetivo de promover y llegar a alcanzar la soberanía sanitaria, la facultad de producir investigación, innovación tecno-científica propia en el territorio de la salud dentro del país?

«Eso es muy importante. En la actual situación internacional donde el comercio mundial se ve amenazado producto que graves conflictos en curso, muy lejos de nuestras fronteras; tras una pandemia que demostró el valor de contar con la mayor independencia y autonomía sanitaria posible; pues, en vez de estar fragilizando el Estado, lo que necesitamos es fortalecer las capacidades que tenemos para impulsar su desarrollo. Cuando empiecen a golpear de verdad los precios en nuestra economía real a causa de las importaciones, el Gobierno no sólo no podrá recortar más presupuesto, sino que tendrá que destinar más recursos a la salud. De lo contrario, los hospitales van a terminar en peores condiciones de las que ya están. De hecho, si se pretende mantener el precario nivel que tenemos al respecto, con estas políticas, la salud sanitaria saldrá más cara que barata. Lo que ocurre en la economía real no pareciera que se tuviera muy claro. Efectivamente, hay que distribuir los recursos del Estado de manera inteligente. Creer que hoy se puede ahorrar en el área de salud es un pensamiento mágico.»

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James Sinclair: el nuevo embajador de Kast en el Vaticano firmó destrucción de archivos secretos de la CNI y es hijo de condenado de la Caravana de la Muerte

Redacción piensaChile — Fri, 12 Jun 2026 12:25:57 +0000

11 de junio de 2026

El gobierno designó a Sinclair como embajador ante la Santa Sede. Hijo del general Santiago Sinclair Oyaneder -ex integrante de la Junta Militar condenado por crímenes de lesa humanidad- su perfil omite que figuró como encargado de destruir los documentos que ligaban a Cancillería con la CNI. Desde la AFEP, afirman que informarán al Papa León XIV.

La carrera diplomática de James Sinclair, embajador designado para el Vaticano por el presidente José Antonio Kast, tiene dos caras.

Una, destacada por el gobierno republicano, como egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1978, ex embajador en Singapur y como director general de Ceremonial y Protocolo durante el primer mandato de Sebastián Piñera.

La otra, omitida en su presentación, como hijo del ex general del Ejército, Santiago Sinclair Oyaneder, miembro de la Junta Militar condenado por su participación en la Caravana de la Muerte y en la Masacre de Chihuío, penas que evadió con un diagnóstico de “enajenación mental”, y como colaborador de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Tras un paso en la Embajada de Chile en Argentina, a Sinclair le fue encargada la destrucción de 31 documentos secretos que registraban comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Central Nacional de Informaciones (CNI), policía secreta y organismo de inteligencia de la dictadura.

En el oficio secreto 03146, del 7 de abril de 1988, el entonces canciller Ricardo García le remitió al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, un «Acta de Destrucción» firmada por Sinclair en su calidad de secretario del ministro. El documento fue difundido en el libro Asociación Ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, de Carlos Dorat y Mauricio Weibel, y por la agencia alemana DPA.

Ruidos del pasado

Al igual que otros funcionarios del régimen, Sinclair se arrimó a la Transición a la Democracia. Entre 1989 y 1994 estuvo destinado en la Embajada de Chile en EE. UU., luego en el consulado de Chile en Tacna y finalmente como Director de Servicios Consulares.

Entre el 2000 y 2006 fue nombrado embajador en Indonesia y concurrente en Timor Leste. En su primer gobierno, Sebastián Piñera nombró Director General de Ceremonial y Protocolo.

Sin embargo, su carrera se vio golpeada con la revelación del acta que lo liga a la destrucción de documentos secretos de la CNI.

En 2014, el segundo gobierno de Michelle Bachelet propuso su nombre como embajador en Australia. No obstante, para entonces ya era conocida su colaboración con el régimen.

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acta

La reacción fue inmediata: exiliados chilenos en Sydney y Melbourne organizaron protestas, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) exigió revertir el nombramiento, bajo el argumento «nadie que haya colaborado con la dictadura puede representar a un Estado democrático».

En ese momento, un elemento clave agravaba el caso: Sinclair sería el representante en el país donde aún reside Adriana Rivas, ex secretaria del director de la DINA Manuel Contreras, quien estaba y sigue en proceso de extradición.

Finalmente, Bachelet no firmó el decreto, pero una semana después, Sinclair fue designado embajador en Singapur, cargo que ejerció hasta 2019, cuando presentó su renuncia ante Sebastián Piñera.

Acercamiento a Kast

Desde enero de 2026, James Sinclair se dejó ver en el comando de la casona de La Gloria 88, comando utilizado por Kast para el proceso de cambio de mando.

Primero como contraparte de Cancillería y, más tarde, empoderado a coordinador general del cambio de mando, fue el encargado de las bilaterales de Kast con delegaciones extranjeras el día del cambio de mando.

A pesar de que su nombre sonó como jefe de protocolo, el cargo recayó en el ex embajador Óscar Fuentes Lira. Según consignó La Tercera, Sinclair «estaba impedido, pues se retiró del servicio a fines de 2019.»

AFEP: “Nombrar a James Sinclair como embajador, y además ante la Santa Sede, es un precedente nefasto”

La misma semana que Sinclair fue nominado embajador, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) realizó una marcha contra los eventuales indultos a violadores de derechos humanos y el intento del gobierno de José Antonio Kast “de desmantelar el Plan Nacional de Búsqueda sobre la detención forzada”.

Consultados sobre la designación del nuevo embajador en el Vaticano, señalan que: “Desde el día que asumió el presidente José Antonio Kast, hemos visto que ha intentado imponer más impunidad, y esto es un precedente más. Nombrar a James Sinclair como embajador, y además ante la Santa Sede, es un precedente nefasto”.

Desde la asociación afirman que evaluarán acciones sobre la nominación: “Por eso el sábado tuvimos esa movilización: en defensa de lo avanzado en materia de derechos humanos y para salir al camino en todo lo que quiere imponer impunidad. Vamos a buscar la forma de hacer llegar al Santo Padre esta opinión de las agrupaciones de víctimas de la dictadura civil militar”.

Respecto a los documentos destruidos por Sinclair afirman “los archivos tienen una gravedad especial: esa información que desapareció o que quemaron era valiosa. Con ella podríamos haber encontrado lugares, fechas, dónde están nuestros familiares”

*Fuente: Interferencia

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¿Hay un Golpe de Estado «encubierto» actualmente en Colombia?

Redacción piensaChile — Thu, 04 Jun 2026 22:17:29 +0000

4 de junio de 2026

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