Denuncia – piensaChile

¿Hasta cuándo?: 10 muertes en sólo 6 meses en la «industria» salmonera

Redacción piensaChile — Fri, 10 Jul 2026 10:35:08 +0000

10 de julio de 2026

Hace ya 20 años estabamos junto a los que denunciaban la destrucción del Medio Ambiente en las limpias aguas del Sur Austral. Los gobiernos no escuchan. Los congresistas se dejan sobornar para no legislar o legislar a favor del gran capital. ¿Hasta cuándo?

¡Callar es ser complice!

La Miopía de los Salmoneros

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Brasil y el increíble caso de Doña María

Redacción piensaChile — Tue, 30 Jun 2026 21:47:00 +0000

30 de junio de 2026

Una mujer brasileña de mediana edad se volvió una celebridad de internet criticando la gestión de Lula da Silva. En poco tiempo logró destacarse entre los miles de usuarios. Solo hay un detalle: María no existe.

21-06-2026 03:22

Doña María tiene unos 60 años, piel morena y usa gafas. A simple vista, parece una brasileña común, aunque comenzó a destacar porque siempre estaba enfadada. Le molestaba la situación política y social de su país: el precio de la comida, el funcionamiento de los servicios o la gestión del presidente Lula y sus ministros.

Toda esa ira que sentía la expresaba sin tapujos en Instagram, donde llegó a sumar más de 800.000 seguidores gracias a sus vídeos de quejas y con elogios a la oposición de derecha. Pero su viralidad se acabó hace unas pocas semanas. Y no porque se cansara de publicar, sino porque Doña María nunca existió. Era un personaje creado con inteligencia artificial que la Justicia de Brasil ordenó eliminar.

Según el Digital News Report del año 2025, los influencers se han consolidado como líderes de opinión y están reemplazando en ese rol a instituciones tradicionales como los medios de comunicación. El fenómeno es especialmente relevante en redes como Instagram y TikTok, donde un porcentaje creciente de usuarios les presta más atención que a los periodistas en el momento de informarse. Desde la Cátedra Ideograma-UPF de Comunicación Política y Democracia, abordamos recientemente este fenómeno en un libro titulado Influencers y comunicación política (Editorial UOC, 2025).

Con Doña María, la extrema derecha brasileña buscaba aprovechar ese impacto creciente de los influencers saltándose los retos y limitaciones que tiene trabajar con estos personajes en la vida real. Por unos meses, la estrategia funcionó. Los vídeos, creados con herramientas simples de IA como Gemini, llegaron a una audiencia estimada de unos 100 millones de personas. Muchos creyeron que era una brasileña de carne y hueso. Pero precisamente ese éxito fue la razón de su fin: organizaciones políticas denunciaron el caso ante la Justicia argumentando que se estaba engañando a los ciudadanos al no advertir claramente que la mujer no existía. La decisión final fue que la cuenta fuera suspendida.

Brasil tiene ya un largo historial de campañas políticas sucias que usan la desinformación para confundir o movilizar a los ciudadanos en contra de candidaturas específicas. En 2022, el equipo de Lula tuvo que crear un sitio web especial para denunciar fake news, una iniciativa que después continuó desde el gobierno.

Ahora que el país se prepara para una nueva elección presidencial, sectores de la extrema derecha han redoblado la apuesta utilizando herramientas de IA. El volumen de contenidos falsos o manipulados creados de esta forma se triplicó entre 2024 y 2025, según el Observatorio Lupa.

La creación de influencers artificiales es una práctica especialmente peligrosa por el creciente impacto que tienen estos personajes en la formación de la opinión pública. Un creador de contenidos de carne y hueso, y sujeto a la normativa vigente, evitará difundir ciertos contenidos que puedan generarle conflictos legales. No es el caso de los digitales. Estos dirán cualquier cosa que se les indique y, si están bien hechos, también conseguirán conectar emocionalmente, como mostró Doña María.

Sería ingenuo pensar que este problema se limita a Brasil. Es posible que el país sea especialmente vulnerable por el uso intensivo de las redes sociales por parte de su población y la gran proliferación e impacto que tienen allí los influencers. Por ejemplo, se estima que casi la mitad de los brasileños ha comprado alguna vez un producto por recomendación de estos y en todo el territorio hay más de 14 millones de cuentas de Instagram con más de 1.000 seguidores.

Pero estudios recientes de la Universidad de Oslo y de Indiana advierten que la IA hace que las fake news sean más creíbles en todo el mundo. Una prueba de ello fuera de Brasil es el caso de Jessica Foster. Una supuesta militar estadounidense que llegó a postear fotos con Trump en Instagram e incluso abrió un perfil de Only Fans.

Este uso de la IA para crear avatares artificiales con objetivos políticos plantea dos grandes dilemas. El primero se vincula a la suplantación de identidad y cómo se garantiza que todas las personas puedan saber con claridad cuándo están viendo a una persona real y cuándo a una máquina.

Más allá de las consecuencias sociales y psicológicas que puede tener el peligro de que los seres humanos interactúen indistintamente con unos u otros sin poder diferenciarlos, esto también genera riesgos políticos específicos. Diversos estudios muestran que los chats de IA ya se amoldan por completo a los usuarios para ser especialmente persuasivos, con el objetivo de maximizar el engagement. ¿Podrán también actores políticos crear influencers artificiales a medida para convencer a nichos específicos de electores? ¿Es Doña María un primer paso hacia la automatización que podría venir y que sería aún más efectiva? Parece cada vez más probable, si no hay una regulación clara.

El segundo dilema es quién se responsabiliza por las acciones y mensajes de estos influencers. Cuando en algunos países se empieza a discutir sobre la posibilidad de dar personalidad jurídica a los agentes de inteligencia artificial, intelectuales como Yuval Noah Harari plantean una pregunta importante: ¿cómo se garantizará que cumplan con la ley, si para ellos las penas y castigos que se imponen a los humanos, como la cárcel, no representan una verdadera amenaza?

Y hay que añadir otro interrogante al debate: ¿estos agentes podrían crear sus propios influencers artificiales para manipular a las audiencias en caso de que quieran beneficiar a políticos que favorecen la IA?

Desde hace un siglo, las nuevas tecnologías han cambiado las campañas electorales y han transformado la comunicación política. Durante años, dejamos que muchos de estos avances nos sorprendieran sin que analizáramos previamente sus consecuencias. Pero esta vez tenemos la responsabilidad colectiva de que no sea así. Es fundamental que se abra un debate profundo sobre cómo se aplican y regulan estas tecnologías de IA en el día a día, y en la política. La democracia depende de ello.

-El autor, Antoni Gutiérrez-Rubí, es asesor de comunicación. www.gutierrez-rubi.es

*Fuente: Perfil.com

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Francia acusa a la firma israelí BlackCore de injerencia electoral

Redacción piensaChile — Mon, 29 Jun 2026 22:00:14 +0000

29 de junio de 2026

Francia, a través de su agencia de detección de desinformación Viginum, señaló a la empresa israelí BlackCore por injerencia en las elecciones de Francia, Nueva York y Escocia, con operaciones en Angola y Togo. La firma usaba redes de cuentas falsas y contenido generado con inteligencia artificial, y borró su presencia en línea cuando la investigaron. El propio gobierno francés admitió que no pudo identificar quién la contrató.

En France, VIGINUM es el servicio técnico del Estado encargado de detectar y analizar las operaciones de manipulación de información e injerencias digitales extranjeras. Creado en 2021 y dependiente del SGDSN (Secretaría General de la Defensa y de la Seguridad Nacional), el organismo cumple funciones clave

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Despido libre y término de indemnización por años de servicio: la contrarreforma que liquida un siglo de conquistas obreras

Redacción piensaChile — Sat, 27 Jun 2026 18:46:51 +0000

21/06/2026

La iniciativa impulsada por el gobierno de José Antonio Kast para reemplazar la indemnización por años de servicio por un sistema de seguro constituye uno de los ataques más profundos dirigidos contra los trabajadores desde la dictadura. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, planteó en El Dínamo que una de las fórmulas que se estudian considera una cotización adicional a cargo del empleador, la que se sumaría al Seguro de Cesantía. Con este lenguaje tecnocrático de «modernización» y de «adaptación a los nuevos tiempos», lo que se pretende es alterar la estructura misma sobre la que descansa la protección jurídica del trabajo asalariado en Chile. La indemnización por años de servicio no es simplemente una compensación económica asociada al término de la relación laboral. Es uno de los mecanismos que obligan al empleador a justificar jurídicamente la decisión de despedir a un trabajador y que, por esa vía, permite la subsistencia efectiva del sistema de derechos laborales reconocidos por la legislación.

La historia de esta institución demuestra precisamente su carácter protector. La discusión actualmente abierta por el gobierno apunta a sustituir un sistema en que el empleador asume directamente el costo del despido por otro basado en fondos o seguros previamente financiados. Según diversos análisis publicados durante las últimas semanas, el Ejecutivo estudia fórmulas orientadas a reemplazar la actual indemnización por mecanismos de aseguramiento que desligan al empleador del pago directo al momento de despedir.

El problema central no radica únicamente en quién paga. Lo decisivo es que cuando desaparece el costo asociado al despido injustificado, desaparece también uno de los principales incentivos que obligan al empleador a respetar los derechos de sus trabajadores. Los artículos 160 y 161 del Código del Trabajo establecen causales específicas para poner término al contrato. La existencia de indemnizaciones obliga a justificar la decisión empresarial y permite que los tribunales revisen la legalidad de esa actuación. Si el despido pasa a financiarse mediante un seguro previamente constituido, el empleador queda liberado de esa carga económica y el despido tiende a transformarse en una facultad discrecional.

Las consecuencias de una medida de esta naturaleza se extienden mucho más allá de la pérdida de una compensación monetaria. El procedimiento de tutela laboral fue concebido precisamente para sancionar vulneraciones de derechos fundamentales producidas en el contexto de la relación de trabajo. La protección contra represalias antisindicales, discriminaciones, hostigamientos, acoso laboral, persecuciones por actividad gremial o vulneraciones a la libertad de expresión en el trabajo se apoya en un sistema en que despedir arbitrariamente tiene consecuencias para el empleador. Al eliminarse ese costo, la tutela laboral se debilita estructuralmente y los derechos fundamentales pasan a existir principalmente sobre el papel.

El mismo efecto devastador se proyecta sobre los derechos colectivos. En un país donde la huelga continúa restringida a los estrechos límites de la empresa heredados de la legislación dictatorial, entregar al empleador la posibilidad práctica de despedir sin costo equivale a destruir las bases materiales de la organización sindical. Ningún sindicato puede negociar eficazmente cuando la amenaza del despido deja de representar una carga para la empresa. La libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga quedan reducidos a formalidades vacías.

Particularmente revelador es que esta ofensiva no encuentre resistencia significativa en el régimen político. Mario Marcel ha manifestado recientemente su disposición a discutir fórmulas de reemplazo de la indemnización por años de servicio, destacando alternativas basadas en seguros o fondos especiales. Del mismo modo, iniciativas promovidas anteriormente por sectores del Frente Amplio, incluyendo propuestas asociadas al hoy senador Diego Ibáñez, han transitado en una dirección semejante bajo la fórmula de poner fin al límite de la indemnización por años de servicio.

La convergencia entre gobierno y oposición en esta materia demuestra que las principales fuerzas parlamentarias burguesas comparten una orientación común destinada a reducir los costos laborales exigidos por el gran empresariado.

La eliminación de la indemnización por años de servicio, por todo lo indicado, no constituye una reforma aislada. Forma parte de un proyecto más amplio orientado a desestructurar el sistema de derechos laborales construido durante décadas de lucha obrera. El objetivo es instaurar de hecho el despido libre, debilitar la organización sindical y abaratar el costo de la fuerza de trabajo para incrementar las ganancias empresariales. Quienes presentan esta iniciativa como una medida técnica o administrativa buscan ocultar su verdadero contenido de clase.

Frente a esta ofensiva resulta indispensable impulsar un plan general de movilización en defensa de la indemnización por años de servicio y del conjunto de los derechos laborales. La defensa de esta conquista no es una cuestión corporativa ni jurídica. Es la defensa de uno de los últimos mecanismos que limitan el poder patronal dentro de la empresa. Si esta barrera cae, los trabajadores chilenos volverán al siglo XIX, quedando abierto el camino para una ofensiva aún más profunda contra los salarios, la organización sindical y las condiciones de trabajo de toda la clase trabajadora chilena.

La gravedad del momento radica precisamente en que el despido libre ya no constituye una mera hipótesis académica ni una propuesta marginal elaborada por centros de estudio empresariales. El proyecto forma parte de la agenda gubernamental y su discusión avanza aceleradamente en el Congreso. Durante las próximas semanas el Senado deberá pronunciarse sobre iniciativas que afectan directamente derechos históricos de los trabajadores. Al mismo tiempo, el gobierno ha impulsado la eliminación del feriado legal para las elecciones, demostrando que existe una orientación coherente destinada a reducir derechos democráticos y laborales considerados por el empresariado como obstáculos para aumentar la rentabilidad del capital. Lo que hoy se presenta como una reforma administrativa o un perfeccionamiento técnico constituye en realidad una transformación profunda de las relaciones sociales dentro de la empresa.

Por ello resulta ilusorio pensar que la indemnización por años de servicio puede ser sacrificada sin consecuencias sobre el resto del sistema de protección laboral. La experiencia histórica demuestra exactamente lo contrario. Cada vez que el capital logra derribar una conquista fundamental, utiliza ese triunfo como plataforma para lanzar una nueva ofensiva. Si el empleador adquiere la facultad práctica de despedir sin costo, inmediatamente se debilita la capacidad de los trabajadores para organizar sindicatos, ejercer la negociación colectiva, denunciar abusos o participar en huelgas. El temor al despido se transforma entonces en el principal mecanismo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo.

La situación adquiere al día de hoy un carácter aún más urgente si se considera la pasividad de las direcciones sindicales y la convergencia política que comienza a configurarse entre gobierno y oposición parlamentaria en torno a la necesidad de sustituir la indemnización por mecanismos de seguro. Por supuesto

la dirección de la CUT no ha estado a la altura de la amenaza. Mientras miles de trabajadores observan con preocupación el avance de esta reforma, la principal central sindical ha privilegiado una política de diálogo y colaboración institucional orientada a legitimar la discusión impulsada por el gobierno.

La dramática ausencia de un plan efectivo de movilización nacional contrasta con la magnitud del ataque que se prepara contra las condiciones de trabajo de millones de personas.

La clase trabajadora no puede depositar sus expectativas en negociaciones parlamentarias ni en acuerdos de cúpulas que ya han demostrado su disposición a transar derechos históricos. La defensa de la indemnización por años de servicio exige la más amplia unidad de acción de sindicatos, federaciones, confederaciones, organizaciones territoriales y movimientos sociales dispuestos a enfrentar esta ofensiva antes de que se transforme en ley.

La lucha que se abre no se limita a preservar una determinada forma de compensación económica frente al despido. Lo que está en juego es la correlación de fuerzas entre el trabajo y el capital al interior de la empresa.

Como hemos indicado, la indemnización por años de servicio representa una de las pocas restricciones efectivas que aún pesan sobre el poder patronal. Su eliminación abriría las puertas a una nueva etapa de precarización laboral, debilitamiento sindical y degradación de las condiciones de vida de millones de trabajadores que no tiene precedentes desde 1990. Precisamente por eso, la defensa de este derecho debe transformarse en una causa nacional de la clase trabajadora y en el punto de partida para una movilización general capaz de frenar una de las ofensivas patronales más agresivas de las últimas décadas.

El autor de esta nota, Gustavo Burgos, es abogado y ejerce habitualmente ante la judicatura laboral

*Fuente: ElPorteño

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«La verdad a la pinta de cada uno» o, los que nunca estarán en el Registro de Vándalos e Incivilidades

Redacción piensaChile — Wed, 24 Jun 2026 10:51:25 +0000

24 de junio de 2026

«Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia». Como muy bien dice el «señor» abogado, en la vida real «Hay un margen de compresión, de tolerancia, no todo puede ser rígidamente aplicado». Escuchando a Julio Yung y André Rillón, estos grandes artistas nacionales, uno puede dejar de pensar en los casos de colución entre grandes empresas: Cencosud, Walmart y SMU; las cadenas de farmacias Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada o el caso del Papel Tissue y Pañales que Implicó a CMPC Tissue y Kimberly-Clark.

Felicitaciones póstumas a estos gigantes del teatro nacional.

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Registro de vándalos: Un proyecto peligroso que transforma al político de turno en rey

Redacción piensaChile — Tue, 23 Jun 2026 21:44:44 +0000

23 de julio de 2026

El gobierno ha presentado el Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades como una herramienta de seguridad pública. No lo es. Es una arquitectura de castigo adicional sin equivalente en ninguna democracia occidental, diseñada no para hacer justicia sino para controlar conductas que un político decidió inaceptables, mucho más allá de lo que cualquier juez podría sancionar.

El problema central no es el Registro en sí. Es su lógica interna.

El proyecto trata de manera idéntica al que asesina a un carabinero y al que toma la micro sin pagar. Al que usa explosivos y al que vende comida en la calle sin patente. Al que usurpa un establecimiento educacional y al que hace un desorden en un espectáculo público. Todos entran al mismo registro. Todos enfrentan las mismas quince consecuencias: perder la beca universitaria, el subsidio de vivienda, el pasaporte, la licencia de conducir, la pensión garantizada, el Pase Cultural, la tarjeta BIP estudiantil. Un grafiti en una pared puede costarte el futuro educacional. Tomar el metro sin pagar puede dejarte sin pensión.

Esto no es desproporción por descuido, es la lógica del proyecto.

El gobierno llamará a estas consecuencias “medidas administrativas” para evitar la objeción jurídica más evidente: el principio de non bis in idem, que prohíbe sancionar dos veces por el mismo hecho. Pero el nombre que le pones a algo no cambia su naturaleza. Si perder el pasaporte, la vivienda, la educación y la pensión no es un castigo, entonces las palabras no tienen significado. Es una doble condena. La primera la dicta un juez aplicando la ley. La segunda la diseñó un político aplicando su criterio sobre quién merece vivir plenamente en sociedad.

Ahí está el problema de fondo: un político que quiere ser más que un político, más que un juez, un político que quiere tener el poder de un rey.

Los sistemas judiciales democráticos existen precisamente para que la decisión de quién es sancionado, por qué, en qué medida y por cuánto tiempo no quede en manos de quien ejerce el poder político del momento. El Registro rompe ese principio. Establece consecuencias uniformes, masivas y cruzadas que ningún juez podría imponer individualmente, aplicadas de manera automática sobre categorías de conducta que van desde el crimen grave hasta la infracción menor.

Y hay algo más que el proyecto revela sin querer: las conductas que activan las consecuencias más severas no son las que hacen más daño a las personas, sino las que amenazan al Estado y al orden institucional. Asesinar a un fiscal o a un carabinero está en la lista. Asesinar a un ciudadano común no. El proyecto no protege a las personas. Protege al poder.

Tampoco produce seguridad. La seguridad real requiere presencia del Estado en territorios abandonados, justicia rápida y efectiva, rehabilitación genuina. El Registro no hace nada de eso. Llega después de la condena, cuando el daño ya ocurrió, y solo añade exclusión. Excluye del sistema educacional, del sistema de vivienda, del sistema previsional, del transporte público subsidiado. No rehabilita: expulsa. Y expulsa precisamente de aquello que podría reintegrar a alguien a la sociedad.

El Registro no distingue entre el peligroso y el molesto porque no fue diseñado para hacer esa distinción. Fue diseñado para enviar un mensaje: el Estado puede seguirte castigando mucho después de que un juez cerró tu causa. Que tu capacidad de acceder a beneficios financiados con tus propios impuestos depende de tu comportamiento según criterios definidos por quien gobierna hoy.

Eso no es seguridad pública. Es control político. Y la diferencia importa.

Implementar este Registro costará más de 1.360 millones de pesos en su primer año. Es decir, el mismo político que recortó cerca de 3 billones del presupuesto de salud primaria, mermando los recursos de los municipios para sostener sus consultorios, decidió que sí hay recursos para marcar y vigilar, pero no para el médico del barrio.

Este es un proyecto peligroso, porque transforma al político en un rey. Un sujeto soberano que puede enjuiciar, condenar y castigar en la plaza pública. Y el político de hoy puso ciertas reglas, el de mañana pondrá otras.

¿Cuáles serán las causas del castigo de mañana? Tal vez insultar en redes sociales al político que te mintió. Compartir un meme. Gritar en la calle. Levantar una pancarta porque alguien decidió que eso es desorden público. Será lo que el político de turno quiera que sea.

Porque si este proyecto se aprueba, desde ese momento retrocedemos cientos de años a los tiempos en que quien mandaba no rendía cuentas a nadie. En que la justicia no era un derecho, era un privilegio que el rey otorgaba o quitaba según su criterio. Hoy, ese rey se llama político de turno. Y este registro es su primer decreto.

–La autora, Marisel Rodríguez, es Diputada de la República (IND-PC)

*Fuente: Radio BioBio

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Salud: «en lugar de ahorrar, se está preparando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones»

Redacción piensaChile — Thu, 18 Jun 2026 10:43:16 +0000

18 de junio de 2026

«El Programa de Evaluación Externa de la Calidad que hace el ISP es muy antiguo y ahorra recursos al sistema, no lo contrario», aseguró la autoridad médica Ricardo Fábrega

El Instituto de Salud Pública (ISP) es «el organismo de referencia del Estado, que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica (…), cumpliendo ello con altos estándares de calidad, transparencia, innovación y equipo humano comprometido con el servicio público», de acuerdo a su portal web. Es decir, en el cumplimiento de sus tareas se juega la vida de las personas.

Una de las funciones estratégicas del ISP corresponde a la ejecución del Programa de Evaluación Externa de la Calidad (PEEC), labor que se desarrolla de manera ininterrumpida desde el año 1972, y que está dirigida al control de los laboratorios clínicos del país para asegurar la buena calidad de los exámenes necesarios para asegurar un buen tratamiento a la población.

Sin embargo, los propios profesionales de la entidad, avalados por su probada excelencia científica y agrupados en la Asociación de Profesionales del Instituto de Salud Pública (APRUS-ISP), advirtieron que «la administración de turno en La Moneda, como ha sido ampliamente difundido, está ejecutando un enorme recorte presupuestario al sector sanitario para ‘ahorrar’ gastos del Estado. Para ello ha puesto su foco en el PEEC del ISP, lo que redunda en un violento encarecimiento de los servicios involucrados, toda vez que las evaluaciones a los laboratorios tendrían que ser realizadas por entidades internacionales que cobran alrededor de un 400% más de lo que cuesta aplicarla por el ISP».

¿Cómo se ahorra gastando más?

La APRUS indicó que «la evaluación externa de la calidad se ha consolidado como una herramienta indispensable para asegurar resultados analíticos precisos y comparables entre laboratorios. Su implementación no solo permite fortalecer la confianza de los usuarios en sus exámenes, sino también garantizar estándares homogéneos en los distintos establecimientos de salud de Chile».

En el país, esta exigencia se encuentra respaldada por un sólido marco regulatorio. El Decreto Supremo N°20 de 2011, que aprueba el Reglamento de Laboratorios Clínicos, establece en su artículo 23° la obligación de los laboratorios de participar en programas de control externo de calidad para todas las áreas en las que otorguen prestaciones. Del mismo modo, los Decretos Supremos N°18 de 2009 y N°37 de 2010 del Ministerio de Salud determinan que estos programas comportan un requisito esencial para validar los reembolsos de las prestaciones por parte de los usuarios.

Para la APRUS-ISP, las notables discrepancias económicas que se producen entre la oferta internacional para este tipo de programas, que incluye organizaciones como, CAP (EEUU), RIQAS (Reino Unido), UK NEQAS, PNCQ (Brasil), etc. y el PEEC que hace el ISP en el país, valen de tres a cuatro veces más ya que hay que sumar a los costos básicos gastos como el triple embalaje; control de la temperatura; transporte internacional bajo condiciones de refrigeración; seguros; honorarios de agencias aduaneras; y otros. Es así que los recortes presupuestarios para este 2026 pueden llegar a disminuir a la mitad el programa de evaluación de calidad, y, eventualmente, eliminarse totalmente para el año 2027.

En este sentido, los científicos del Instituto pusieron de ejemplo que

«un hospital público que ejecuta 15 subprogramas por el PEEC en Chile, tiene un costo de $1.800 millones de pesos. Eso mismo, pero con un programa extranjero, le vale al hospital cerca de $9.000 millones de pesos», lo que significa un desembolso adicional para el Estado de aproximadamente $7.200 millones de pesos. En otras palabras, lo que está definido como racionalización del gasto se convertiría en un costo mayor para las arcas fiscales. Esto califica como un absoluto sinsentido: en lugar de ahorrar, se está generando un gasto anual superior para el país de varios miles de millones».

«Creer que hoy se puede ahorrar en el área de salud es un pensamiento mágico»

El médico, académico de diversas universidades, presidente de la Corporación Alma Ata, ex Subsecretario de Redes Asistenciales, ex Director del Instituto de Salud Pública y parte del directorio de la Revista Científica, entre otras responsabilidades y cargos, Ricardo Fábrega, manifestó que «el Programa de Evaluación Externa de la Calidad que hace el ISP es muy antiguo y ahorra recursos al sistema, no lo contrario», y sumó que «por la información que tengo, es una mala idea eliminarlo o limitarlo, e imagino que las autoridades correspondientes podrán expresar esto mismo a quienes correspondan. A la hora de la verdad, lo importante es que no hagan recortes porque no parece razonable».

– ¿Qué opinión te merece plantearse el objetivo de promover y llegar a alcanzar la soberanía sanitaria, la facultad de producir investigación, innovación tecno-científica propia en el territorio de la salud dentro del país?

«Eso es muy importante. En la actual situación internacional donde el comercio mundial se ve amenazado producto que graves conflictos en curso, muy lejos de nuestras fronteras; tras una pandemia que demostró el valor de contar con la mayor independencia y autonomía sanitaria posible; pues, en vez de estar fragilizando el Estado, lo que necesitamos es fortalecer las capacidades que tenemos para impulsar su desarrollo. Cuando empiecen a golpear de verdad los precios en nuestra economía real a causa de las importaciones, el Gobierno no sólo no podrá recortar más presupuesto, sino que tendrá que destinar más recursos a la salud. De lo contrario, los hospitales van a terminar en peores condiciones de las que ya están. De hecho, si se pretende mantener el precario nivel que tenemos al respecto, con estas políticas, la salud sanitaria saldrá más cara que barata. Lo que ocurre en la economía real no pareciera que se tuviera muy claro. Efectivamente, hay que distribuir los recursos del Estado de manera inteligente. Creer que hoy se puede ahorrar en el área de salud es un pensamiento mágico.»

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James Sinclair: el nuevo embajador de Kast en el Vaticano firmó destrucción de archivos secretos de la CNI y es hijo de condenado de la Caravana de la Muerte

Redacción piensaChile — Fri, 12 Jun 2026 12:25:57 +0000

11 de junio de 2026

El gobierno designó a Sinclair como embajador ante la Santa Sede. Hijo del general Santiago Sinclair Oyaneder -ex integrante de la Junta Militar condenado por crímenes de lesa humanidad- su perfil omite que figuró como encargado de destruir los documentos que ligaban a Cancillería con la CNI. Desde la AFEP, afirman que informarán al Papa León XIV.

La carrera diplomática de James Sinclair, embajador designado para el Vaticano por el presidente José Antonio Kast, tiene dos caras.

Una, destacada por el gobierno republicano, como egresado de la Academia Diplomática Andrés Bello en 1978, ex embajador en Singapur y como director general de Ceremonial y Protocolo durante el primer mandato de Sebastián Piñera.

La otra, omitida en su presentación, como hijo del ex general del Ejército, Santiago Sinclair Oyaneder, miembro de la Junta Militar condenado por su participación en la Caravana de la Muerte y en la Masacre de Chihuío, penas que evadió con un diagnóstico de “enajenación mental”, y como colaborador de la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Tras un paso en la Embajada de Chile en Argentina, a Sinclair le fue encargada la destrucción de 31 documentos secretos que registraban comunicaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Central Nacional de Informaciones (CNI), policía secreta y organismo de inteligencia de la dictadura.

En el oficio secreto 03146, del 7 de abril de 1988, el entonces canciller Ricardo García le remitió al director de la CNI, Hugo Salas Wenzel, un «Acta de Destrucción» firmada por Sinclair en su calidad de secretario del ministro. El documento fue difundido en el libro Asociación Ilícita. Los archivos secretos de la dictadura, de Carlos Dorat y Mauricio Weibel, y por la agencia alemana DPA.

Ruidos del pasado

Al igual que otros funcionarios del régimen, Sinclair se arrimó a la Transición a la Democracia. Entre 1989 y 1994 estuvo destinado en la Embajada de Chile en EE. UU., luego en el consulado de Chile en Tacna y finalmente como Director de Servicios Consulares.

Entre el 2000 y 2006 fue nombrado embajador en Indonesia y concurrente en Timor Leste. En su primer gobierno, Sebastián Piñera nombró Director General de Ceremonial y Protocolo.

Sin embargo, su carrera se vio golpeada con la revelación del acta que lo liga a la destrucción de documentos secretos de la CNI.

En 2014, el segundo gobierno de Michelle Bachelet propuso su nombre como embajador en Australia. No obstante, para entonces ya era conocida su colaboración con el régimen.

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acta

La reacción fue inmediata: exiliados chilenos en Sydney y Melbourne organizaron protestas, y la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) exigió revertir el nombramiento, bajo el argumento «nadie que haya colaborado con la dictadura puede representar a un Estado democrático».

En ese momento, un elemento clave agravaba el caso: Sinclair sería el representante en el país donde aún reside Adriana Rivas, ex secretaria del director de la DINA Manuel Contreras, quien estaba y sigue en proceso de extradición.

Finalmente, Bachelet no firmó el decreto, pero una semana después, Sinclair fue designado embajador en Singapur, cargo que ejerció hasta 2019, cuando presentó su renuncia ante Sebastián Piñera.

Acercamiento a Kast

Desde enero de 2026, James Sinclair se dejó ver en el comando de la casona de La Gloria 88, comando utilizado por Kast para el proceso de cambio de mando.

Primero como contraparte de Cancillería y, más tarde, empoderado a coordinador general del cambio de mando, fue el encargado de las bilaterales de Kast con delegaciones extranjeras el día del cambio de mando.

A pesar de que su nombre sonó como jefe de protocolo, el cargo recayó en el ex embajador Óscar Fuentes Lira. Según consignó La Tercera, Sinclair «estaba impedido, pues se retiró del servicio a fines de 2019.»

AFEP: “Nombrar a James Sinclair como embajador, y además ante la Santa Sede, es un precedente nefasto”

La misma semana que Sinclair fue nominado embajador, la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) realizó una marcha contra los eventuales indultos a violadores de derechos humanos y el intento del gobierno de José Antonio Kast “de desmantelar el Plan Nacional de Búsqueda sobre la detención forzada”.

Consultados sobre la designación del nuevo embajador en el Vaticano, señalan que: “Desde el día que asumió el presidente José Antonio Kast, hemos visto que ha intentado imponer más impunidad, y esto es un precedente más. Nombrar a James Sinclair como embajador, y además ante la Santa Sede, es un precedente nefasto”.

Desde la asociación afirman que evaluarán acciones sobre la nominación: “Por eso el sábado tuvimos esa movilización: en defensa de lo avanzado en materia de derechos humanos y para salir al camino en todo lo que quiere imponer impunidad. Vamos a buscar la forma de hacer llegar al Santo Padre esta opinión de las agrupaciones de víctimas de la dictadura civil militar”.

Respecto a los documentos destruidos por Sinclair afirman “los archivos tienen una gravedad especial: esa información que desapareció o que quemaron era valiosa. Con ella podríamos haber encontrado lugares, fechas, dónde están nuestros familiares”

*Fuente: Interferencia

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¿Hay un Golpe de Estado «encubierto» actualmente en Colombia?

Redacción piensaChile — Thu, 04 Jun 2026 22:17:29 +0000

4 de junio de 2026

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USAID, NED y Open Society financian secretamente a los medios “independientes” de Cuba en un impulso por el cambio de las autoridades

Redacción piensaChile — Thu, 04 Jun 2026 12:13:58 +0000

4 de junio de 2026

Por Alan Macleod, traducido al español por periodista venezolano David Fonseca

En medio de la escalada de agresión de EE. UU. hacia la isla cubana a través de una campaña de máxima presión y la amenaza de intervención militar, el gobierno de Estados Unidos ha estado financiando encubiertamente una enorme red de medios de comunicación cubanos que afirman ser independientes, en un impulso por el cambio de régimen contra el gobierno socialista independiente.

Estos medios se presentan como periodismo de investigación imparcial, pero están siendo financiados silenciosamente por Washington a través de USAID, la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés) y la Fundación Open Society, con el fin de sembrar el descontento en toda la nación caribeña, ablandándola para una potencial invasión “inminente” por parte de la administración Trump.

Cuba se enfrenta a algunos de los peores apagones energéticos de su historia, gracias al bloqueo de EE. UU., que intenta asfixiar a la isla hasta la sumisión. Como estado comunista que desafía las órdenes de EE. UU., Cuba ha estado, desde 1959, en la mira de Washington, que intenta derrocar al gobierno. MintPress arroja luz sobre este oscuro nexo de cambio de régimen.

Periodismo independiente, cortesía del Departamento de Estado

CubaNet es uno de los medios de noticias más influyentes y establecidos que cubren los asuntos de la isla caribeña. Fundado por activistas antigubernamentales en 1994, el sitio se ha convertido en la fuente de información predilecta para los medios corporativos, quienes lo citan regularmente y lo presentan como un medio independiente objetivo e imparcial (por ejemplo, The Washington Post, The Wall Street Journal, Fox News y The Los Angeles Times). Los reporteros de CubaNet han escrito artículos de opinión en importantes periódicos estadounidenses como USA Today, pidiendo un cambio inmediato de gobierno en la isla.

Pero CubaNet no es tan independiente como parece. El medio es financiado por el estado de seguridad nacional de EE. UU. CubaNet ha recibido millones de dólares en financiamiento de USAID y la Fundación Nacional para la Democracia, así como de la Fundación Open Society.

Una subvención de USAID actualmente activa de 500,000 dólares, por ejemplo, fue otorgada a CubaNet para “comprometer a los jóvenes cubanos en la isla a través del periodismo multimedia objetivo y sin censura”. Si bien ostensiblemente es una meta loable, incluso la descripción de una sola frase de la subvención insinúa que su propósito es socavar y atacar al gobierno cubano. Declara que (cursiva añadida) “aumentará el libre flujo de información hacia y desde Cuba para contrarrestar las campañas de desinformación del régimen”.

Otra organización de noticias que recibe enormes sumas de dinero de Washington es ADN Cuba. Literalmente significando “ADN de Cuba”, el medio ha acumulado un seguimiento significativo en línea, presumiendo de más de 100,000 suscriptores en YouTube, más de 200,000 en Instagram y más de 1.3 millones en Facebook. Se describe a sí mismo como “un medio independiente comprometido con la libertad y la democracia en Cuba”. Sin embargo, en realidad tiene su sede en España. Y no parece particularmente comprometido con la transparencia sobre su financiamiento.

Lo que está claro, sin embargo, es que ADN Cuba ha recibido millones de dólares del estado de seguridad nacional de EE. UU. En septiembre de 2024, USAID aprobó una subvención de 1.1 millones de dólares para ADN Cuba, una cantidad gigantesca de dinero para una organización que publica apenas una historia al día en su sitio web. Esto se sumó a una asignación de 1.5 millones de dólares para el período 2022-2024. De hecho, desde 2020, ADN Cuba ha recibido más de 3 millones de dólares solo de USAID. Esta relación no se revela a los lectores, incluso en historias que cubren directamente el financiamiento de USAID a los medios cubanos, y se relega a las notas a pie de página en bases de datos de financiamiento del gobierno de EE. UU.

Diario de Cuba es otro medio de noticias con sede en España que publica una amplia variedad de historias, todas con una cosa en común: una profunda aversión al gobierno cubano. La BBC lo describe a él y a CubaNet como fuentes clave de noticias imparciales, dirigidas por periodistas que “reportean sin censura y para pintar un cuadro más amplio sobre la realidad del país”.

Y al igual que CubaNet, Diario de Cuba ha recibido financiamiento de siete cifras de Washington. Entre 2016 y 2020, Diario de Cuba recibió 1.3 millones de dólares en efectivo de USAID, casi tanto como CubaNet en el mismo período. Este generoso financiamiento le ha permitido llegar a una audiencia global, con más de 600,000 seguidores solo en Facebook.

Redes de cambio de régimen

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) solía patrocinar directa (y secretamente) a cientos de medios de comunicación en todo el mundo. Sin embargo, después de una serie de escándalos y de que más información sobre sus actividades nefastas llegara a la atención pública, Washington decidió externalizar muchas de sus operaciones exteriores más polémicas a organizaciones como la Fundación Nacional para la Democracia y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

“Sería terrible que los grupos democráticos de todo el mundo fueran vistos como subsidiados por la CIA”, dijo Carl Gershman, el entonces presidente de la NED, explicando la decisión de 1983 de crear su organización. El cofundador de la NED, Allen Weinstein, estuvo de acuerdo: “Mucho de lo que hacemos hoy se hacía encubiertamente hace 25 años por la CIA”, le dijo a The Washington Post.

Bajo la apariencia de promoción de la democracia y los derechos humanos, el gobierno de EE. UU. canaliza dinero hacia grupos políticos y sociales de todo el mundo para maximizar sus objetivos estratégicos, incluyendo el cambio de régimen.

En años recientes, EE. UU. ha utilizado a las organizaciones gemelas de la NED y USAID para financiar protestas antigubernamentales en Hong Kong, para intentar una revolución de colores en Bielorrusia, para derrocar al gobierno de Ucrania en 2014 y para organizar disturbios en todo Irán a principios de este año.

En Cuba, la NED y USAID desempeñaron un papel crítico en la organización de un levantamiento (fallido) contra el gobierno en 2021. USAID en particular gastó millones de dólares financiando, organizando y promoviendo el Movimiento San Isidro, una colectiva de músicos, artistas y periodistas, para liderar una contrarrevolución en la isla.

Los miembros de San Isidro estuvieron al frente de una ola de protestas nacionales en julio. Las manifestaciones fueron inmediatamente promovidas por los medios corporativos occidentales, celebridades de alto nivel y políticos de EE. UU., incluyendo al Presidente Biden. Los internautas fueron bombardeados con la campaña artificial “SOS Cuba”, que fue tendencia en Internet durante días.

Al final, sin embargo, los esfuerzos coordinados de EE. UU. fracasaron en convencer a los cubanos comunes de salir a las calles, y el movimiento se desvaneció rápidamente.

Esteban Rodríguez, un miembro clave del movimiento San Isidro, es productor en ADN Cuba.

Cuando el dinero de EE. UU. se pausa, los medios “independientes” colapsan inmediatamente

La importancia del dinero del gobierno de EE. UU. para la supervivencia y operaciones de estos medios se subrayó a principios del año pasado cuando la administración Trump eligió congelar el financiamiento a USAID y la NED. Al anunciar la decisión, Elon Musk, entonces a cargo del Departamento de Eficiencia Gubernamental, describió a USAID en particular como un “nido de víboras de marxistas de izquierda radical que odian a América”.

El efecto en los medios cubanos fue inmediato. En cuanto el dinero dejó de fluir, decenas de organizaciones enfrentaron la liquidación inmediata. CubaNet publicó un editorial de emergencia pidiendo a los lectores que cubrieran el déficit. “Nos enfrentamos a un desafío inesperado: la suspensión de financiamiento clave que sostenía parte de nuestro trabajo”, escribieron; “Si valoran nuestro trabajo y creen en mantener la verdad viva, pedimos su apoyo”. “Sin los fondos [de USAID], será extremadamente difícil continuar”, añadió el director de CubaNet, Roberto Hechavarría Pilia.

Diario de Cuba estaba en una situación igualmente desesperada. Su director, Pablo Díaz Espí, señaló que “la ayuda al periodismo independiente por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido suspendida, lo que dificulta nuestro trabajo”, pidiendo a los lectores que donaran.

La decisión de Musk reveló accidentalmente una red extensa de más de 6,200 reporteros y casi 1,000 medios en todo el mundo que estaban siendo capacitados, apoyados y financiados silenciosamente por el frente de la CIA, todo bajo el estandarte de promover los medios “independientes” y la libertad de información.

Otro medio cubano supuestamente independiente que cayó en crisis fue El Toque (El Tacto). Fundado en 2014 y recibiendo cientos de miles de dólares de la NED, El Toque publica en español e inglés e intenta manipular las tasas de cambio en Cuba.

El recorte de financiamiento los golpeó duramente, con editores anunciando que tendrían que despedir inmediatamente a la mitad de su personal (15 personas) y dejar de trabajar con docenas de freelance, mientras buscaban fuentes de financiamiento alternativas.

El Estornudo, también es financiado generosamente por la NED. Solo en 2021, la dotación otorgó 180,000 dólares al medio de periodismo de investigación. También recibe un apoyo copioso de la Fundación Open Society, aunque insiste en que ninguno de este dinero de EE. UU. viene con condiciones adjuntas o afecta su producción.

Mientras que los medios occidentales a menudo retratan el panorama mediático cubano como una lucha de David contra Goliat entre valientes medios independientes que enfrentan represión y un aparato de propaganda patrocinado por el estado y expansivo, las sumas gigantescas entregadas a estos “desvalidos” los convierten, con diferencia, en los medios mejor financiados de la isla. Un artículo de The Guardian de 2023, por ejemplo, perfiló al fotoperiodista de 24 años Pedro Sosa, quien trabajaba tanto para El Toque como para El Estornudo. Presentó a la pareja como “ofreciendo reportajes reales frente a los medios estatales obsoletos” y a los periodistas como pobres narradores de la verdad vulnerables que se levantan por la “libertad” y enfrentan una “represión” por parte del estado.

Pero también dejó escapar que trabajar para medios respaldados por EE. UU. no es un movimiento de carrera tan malo como se retrata, y es, de hecho, una profesión extremadamente lucrativa. Menciona casualmente que los salarios en el diminuto El Toque son diez veces mayores que los de los periodistas más antiguos que trabajan en los medios estatales cubanos. En realidad, entonces, estos guerreros de la libertad de expresión oprimidos son en realidad algunos de los individuos más ricos de toda la isla, gracias al poder del dólar estadounidense, que les paga generosamente por producir un flujo constante de noticias anti-gubernamentales.

Al final, los medios respaldados por EE. UU. no necesitaban preocuparse, y el financiamiento de la NED y USAID se reanudó después de cierta reestructuración.

Trabajos para los chicos

Todo esto, sin embargo, palidece en comparación con los recursos que EE. UU. ha dedicado a Radio y TV Martí. Fundada en 1985 por la administración Reagan, la red con sede en Miami cuenta con docenas de empleados a tiempo completo y recibe decenas de millones de dólares de Washington anualmente.

A diferencia del resto de la industria periodística, los trabajadores de Radio y TV Martí disfrutan de una fuerte seguridad laboral y salarios de seis cifras, a pesar de que el gobierno cubano es capaz de interferir y bloquear muchas de sus transmisiones para que no lleguen a Cuba, lo que significa que muy poca gente consume su contenido.

Desde su creación, Washington ha gastado al menos 800 millones de dólares en Radio y TV Martí.

Los medios perfilados constituyen solo una pequeña parte de la red de medios anti-gubernamentales que están siendo financiados por Estados Unidos. La mayoría de los receptores del dinero estadounidense permanecen anónimos, una decisión tomada en parte para ocultar sus identidades y preservar su credibilidad dentro de Cuba.

La Fundación Nacional para la Democracia considera a Cuba una “prioridad de larga data” y actualmente está financiando oficialmente 32 proyectos separados en la isla.

Las subvenciones relacionadas con los medios incluyen un proyecto de 80,000 dólares titulado “Fortaleciendo el acceso a la información”, que promete:

“Elevar el acceso a la información y promover el pensamiento crítico, la organización producirá reportajes y análisis diarios en varios formatos, proporcionando perspectivas independientes sobre temas que afectan la vida diaria de los ciudadanos, incluyendo la libertad de expresión, la seguridad pública, los derechos humanos y otras preocupaciones sociales urgentes”.

Otra subvención de 115,000 dólares, titulada “Expandiendo el acceso a los medios sin censura”, señala que:

“Promoverá la información independiente, la organización proporcionará periodismo narrativo sobre temas censurados, realizará investigaciones y producirá artículos en profundidad, ensayos fotográficos y piezas de opinión, fortaleciendo al mismo tiempo la capacidad operativa de los medios”.

Treinta y uno de los treinta y dos proyectos ocultan el nombre e identificación del receptor, lo que significa que esos grupos que trabajan con la organización de cobertura de la CIA generalmente solo se identifican si anuncian esta relación, o, como cuando el dinero de EE. UU. se detuvo temporalmente en 2025, piden ayuda.

Los medios anti-gubernamentales son solo una pequeña parte de la enorme variedad de grupos que Washington financia y apoya secretamente. Desde músicos y académicos, hasta la sociedad civil, grupos educativos y religiosos, think tanks, organizaciones benéficas y ONG, existe un vasto nexo de organizaciones que reciben enormes sumas de dinero del gobierno de EE. UU.

Dos de estos cuerpos incluyen el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y el grupo de abogados, Cubalex.

Ambos grupos producen informes denunciando al gobierno cubano y son citados regularmente como autoridades imparciales sobre los derechos humanos en la isla en medios occidentales, como The New York Times, CNN y The Washington Post. Pero lo que no se les dice a los lectores es que ambas organizaciones están financiadas por el estado de seguridad nacional de EE. UU.

Los registros muestran que USAID ha dado casi 1.5 millones de dólares al OCDH. El apoyo de la NED, meanwhile, fue crucial para el inicio de Cubalex en 2010, y Washington continúa pagando los salarios de su personal hasta el día de hoy. Como dijo el año pasado la directora ejecutiva de la compañía, Laritza Diversent:

“Sin el apoyo de la Fundación Nacional para la Democracia, Cubalex no habría existido; para hacer el trabajo que hacemos se requieren recursos. Durante 14 años, la NED nos ha estado apoyando. El octubre pasado, después de intentar muchas veces, también logramos una subvención del Departamento de Estado”.

Así, apenas hay un rincón de la oposición cubana anti-gubernamental que no haya sido alcanzado por el dinero estadounidense, ya sea a través de organizaciones gubernamentales como la NED o USAID, o a través de instituciones como la Fundación Ford y la Fundación Open Societies, que históricamente han desempeñado un papel similar en la promoción de los intereses estadounidenses en el extranjero.

Muchos de estos grupos tienen su sede en el sur de Florida, donde el dinero del gobierno de EE. UU. ayuda a subsidiar miles de empleos para la comunidad cubano-estadounidense. Por lo tanto, no es una exageración decir que una parte significativa de la economía de Miami es sostenida por dinero de los contribuyentes que financia a las fuerzas contrarrevolucionarias. Irónico, considerando que los cubanos conservadores a menudo se oponen vehemente a los programas de bienestar gubernamental tanto en EE. UU. como en Cuba.

Bombardeo Digital

En 2010, una nueva aplicación de redes sociales y mensajería, Zunzuneo, arrasó en Cuba. De la nada, se volvió viral, captando a decenas de miles de usuarios, un número muy grande para la época en una isla con tan poca internet.

Ninguno de sus usuarios, sin embargo, era consciente de que la plataforma había sido creada en secreto por USAID para promover el cambio de régimen. Su plan era primero proporcionar un excelente servicio que capturara el mercado, luego lentamente administrar a los cubanos mensajes anti-gubernamentales y finalmente dirigirlos a unirse a “multitudes inteligentes”, con el objetivo de desencadenar una revolución de colores.

En un esfuerzo por ocultar su propiedad del proyecto, el gobierno de EE. UU. celebró una reunión secreta con el fundador de Twitter, Jack Dorsey, con el objetivo de que invirtiera en el proyecto. No está claro en qué medida, si alguna, Dorsey ayudó, ya que ha declinado hablar sobre el tema.

Zunzuneo se cerró abruptamente en 2012, quizás porque la Oficina de Transmisiones a Cuba (que supervisa TV y Radio Martí) ya había creado un nuevo programa llamado Piramideo.

Piramideo se comercializaba como una aplicación que permitía a los cubanos recibir noticias del mundo gratis y sin censura. Casi de inmediato, sin embargo, los locales reportaron ser bombardeados con noticias falsas sobre protestas anti-gubernamentales que nunca sucedieron. Piramideo se cerró en 2015, después de que reportajes sobre la injerencia del gobierno de EE. UU. en Cuba causaran un escándalo y una vergüenza diplomática.

Hoy, sin embargo, con los cubanos utilizando cada vez más aplicaciones de redes sociales estadounidenses, este tipo de subterfugio es en gran medida innecesario, ya que puede hacerse abiertamente. Durante las protestas de San Isidro en 2021, aplicaciones como Instagram y Twitter participaron abiertamente en el intento de derrocar al gobierno, sin tomar ninguna medida contra un auge masivo de cuentas de bots claramente falsas que repetían exactamente los mismos mensajes (errores tipográficos incluidos) y usando el mismo hashtag artificial. El equipo editorial de Twitter incluso colocó las protestas, que apenas reunieron a unos pocos miles de personas en las calles a nivel nacional, en la parte superior de su sección “Qué está pasando” durante más de 24 horas, lo que significaba que cada usuario en todo el mundo sería notificado. El fallido golpe de Estado ha llegado a conocerse como la “Bahía de los Tuits”.

Guerra interminable contra Cuba

En octubre, por el trigésimo tercer año consecutivo, las Naciones Unidas votaron abrumadoramente (165-7) para pedir el fin del bloqueo estadounidense contra Cuba. Esta guerra económica fue establecida por la administración Eisenhower, en respuesta a la Revolución Cubana de 1959, que derrocó al dictador respaldado por EE. UU., Fulgencio Batista.

Estas medidas coercitivas unilaterales ilegales, que un memorando interno del gobierno de EE. UU. están diseñadas para “disminuir los salarios monetarios y reales, para provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno”, le cuestan a Cuba miles de millones cada año e impiden severamente su desarrollo.

EE. UU. intentó invadir Cuba en 1961 y llevó al mundo al borde del aniquilamiento durante la subsiguiente crisis de los misiles cubanos. Se informa que intentó matar a su líder Fidel Castro cientos de veces y llevó a cabo oleadas de ataques terroristas contra el país, incluyendo el uso de armas biológicas en la isla.

Administraciones sucesivas continuaron la guerra económica contra Cuba, que se intensificó después de la caída de la Unión Soviética. Pero el Departamento de Estado de Trump, dirigido por el cubano-estadounidense Marco Rubio, lo ha llevado a un nuevo nivel, declarando a la isla como una de sus principales prioridades.

El propio Trump ha declarado que Cuba es la “siguiente” en la lista de países objetivo para el cambio de régimen. “Podríamos pasar por Cuba cuando terminemos” con Irán, dijo el mes pasado.

En respuesta, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que su país estaba listo para repeler cualquier invasión de EE. UU., como lo hizo durante la Bahía de Cochinos:

“El momento es extremadamente desafiante y nos convoca una vez más, como el 16 de abril de 1961, a estar listos para confrontar serias amenazas, incluyendo la agresión militar. No la queremos, pero es nuestro deber prepararnos para evitarla y, si se vuelve inevitable, derrotarla”.

Es en este contexto que debe verse el financiamiento del gobierno de EE. UU. a una vasta serie de medios de comunicación que tienen como objetivo a Cuba; el ataque mediático es solo una faceta del enfoque multiprontón de Washington para el cambio de régimen.

Muchas de las organizaciones perfiladas aquí publican en inglés, y casi todas se utilizan como fuentes de información supuestamente creíbles sobre Cuba para los medios corporativos occidentales, lo que significa que las narrativas del Departamento de Estado de EE. UU. son introducidas en la conciencia pública a través de esta red.

Muchos cubanos y estadounidenses son completamente inconscientes de que sus noticias sobre la isla provienen en gran medida a través de una matriz de medios oscuros financiados silenciosamente por el estado de seguridad nacional de EE. UU. a través de la NED y USAID. Su propósito es mantener el flujo de historias negativas para ablandar al público y hacerlo aceptar el cambio de régimen en la isla. Después de todo, en la guerra, la verdad es siempre la primera víctima.

El articulo USAID, NED y Open Society financian secretamente a los medios “independientes” de Cuba en un impulso por el cambio de las autoridades apareció primero en piensaChile.