Lo que todavía permanece muy oculto es que tampoco hubo interés alguno en dicho liderazgo en una búsqueda de justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos. Lo que se estimó ingenuamente como una desafortunada o temerosa frase del presidente Aylwin de buscar “justicia en la medida de lo posible” (La Nación; 22-5-1990), no fue más que un eufemismo para conformarse con la verdad que se alcanzase con el Informe Rettig, que daría cuenta del número e identidad de las personas desaparecidas y ejecutadas por la dictadura.

En efecto, es obvio que todo se logra “en la medida de lo posible”. De haber tenido una clara voluntad en esa búsqueda habría hablado de “la máxima justicia posible” o algo similar.

Quién reconoció explícitamente este abandono inicial de búsqueda de justicia fue el considerado por todos como máximo ideólogo de la “transición”: Edgardo Boeninger. Así, en un libro escrito en 1997 (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad y que se encuentra en PDF) escribió:

“En el marco de la estrategia del gobierno, una primera decisión fue no intentar la derogación o nulidad de la Ley de Amnistía de 1978, pese a que tal propósito estuvo incluido en el programa de la Concertación. Eso significaba aceptar que no habría castigo por condena penal de los responsables de los crímenes con anterioridad a su promulgación, con la sola excepción del asesinato de Orlando Letelier, explícitamente exceptuado de dicha ley por el propio gobierno de Pinochet” (p. 400).

Y, peor aún, los sucesivos gobiernos de la Concertación intentaron reiterada e infructuosamente lograr la aprobación de proyectos de leyes destinados a extender dicha amnistía de 1978 a 1990.

Fueron los siguientes casos:

Acuerdo-Marco (1990);

Proyecto de ley Aylwin (1993);

Proyecto de ley Frei (1995);

Acuerdo Figueroa-Otero (1996);

Proyecto de ley generado en la Comisión de Derechos Humanos del Senado (1999);

Proyecto de ley de inmunidad de Lagos (2003);

Proyecto surgido de senadores gobiernistas y opositores en 2005, que además trató de ser “reflotado” en 2007.

Afortunadamente, todos esos intentos fueron derrotados por la indignación moral suscitada por los cada vez mayores conocimientos de las atrocidades cometidas y por la fuerte presión contra ellos de las ONG de derechos humanos y particularmente de las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura.

Asimismo, hubo también reiteradas declaraciones de diversos líderes de la Concertación que promovieron públicamente la impunidad de crímenes de lesa humanidad. Partiendo en 1990 con el presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien, luego de descubrimientos de fosas comunes de ejecutados políticos a lo largo del país, llegó al extremo de ¡querer fijar plazos para terminar con dichas búsquedas!:

“Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (Paula; Agosto, 1990)…

Asimismo, en enero de 1991, poco antes de saberse el Informe Rettig, el mismo Valdés señaló que el conocimiento de dicha verdad

“es un paso fundamental y después de eso vendrán los necesarios acuerdos. Porque este año tenemos que aclarar la verdad, pero también dentro del año poner punto final” (La Tercera; 4-1-1991).

Con mayor sutileza, el ministro del Interior, Enrique Krauss, declaró:

“entendiendo que la justicia representa básicamente un deber social primordial, es importante desechar la idea de que a través de ella lo que se pretende es la venganza. En el esquema natural de las relaciones entre los hombres no es la única forma de indemnizar los padecimientos de que se ha sido víctima reproducirlos en el ofensor (sic). El legislador, comprendiendo la necesidad de recomponer la trama de la relación entre los hombres, ha concebido formas indirectas que cumplen el mismo propósito. Se trata de reivindicaciones de orden moral, que se proyectan incluso al plano financiero, gracias a los cuales los ofendidos (sic) encuentran una satisfacción justificada, necesaria y respetable de los agravios soportados (…) En los momentos claves que se empiezan a vivir (…) en orden a generar las condiciones de reencuentro y reconciliación entre los chilenos, es conveniente recordar esta concepción elemental en virtud de la cual la justicia no tiene solamente un sesgo reivindicativo. La justicia también es alcanzable por vías reparadoras indirectas” (Las Ultimas Noticias; 17-2-1991).

Es decir, solamente ¡por indemnizaciones pagadas por todos los chilenos a los familiares de las víctimas fatales!…

Más crudamente, el subsecretario del Interior, Belisario Velasco, afirmó:

“lo que el Gobierno espera, como conclusión de este informe, es que precisamente con el conocimiento de la verdad haya reconciliación en el país”; “Chile necesita un perdón generoso para que haya reconciliación” (La Epoca; 4-2-1991).

Es decir, sin justicia alguna…

La extensión de la impunidad hasta 1990 la empezaron a promover desfachatadamente líderes de la Concertación como el presidente del Senado, Gabriel Valdés, y el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo. Así, el primero declaró en diciembre de 1991:

“la transición es un problema político y va a terminar el día que tengamos una situación que permita dictar una ley de amnistía general como se ha hecho en otros países, pero dejando al margen algunos casos que no fueron incluidos en la amnistía anterior y están en poder de la justicia, como el caso Letelier” (El Mercurio; 15-12-1991).

Al día siguiente, Viera-Gallo (en el contexto de que aún quedaban algunas decenas de “presos políticos” para ser indultados por Aylwin) se manifestó partidario de una amnistía en dos fases. Primero a los presos políticos remanentes y luego a ex funcionarios de la DINA y la CNI con la excepción de

“los asesinatos más graves (sic) cometidos en los últimos años, entre ellos, el caso Letelier, caso de los degollados, Operación Albania, Tucapel Jiménez y otros de similar magnitud” (El Mercurio; 17-12-1991).

¡Hasta la propia derecha se manifestó en contra de la idea! El presidente de RN, Andrés Allamand, opinó:

“Así como defendemos en todas sus partes –y nos parece un elemento clave en la estabilidad política y la reconciliación- mantener la Ley de Amnistía de 1978, no nos hemos planteado en la hipótesis de una nueva ley de amnistía” (Ibid).

Por su parte el diputado de la UDI, Andrés Chadwick, indicó que su partido

“no promoverá una nueva ley de amnistía, porque no es indispensable ni urgente para la paz social” (Ibid).

Posteriormente en 1993, en el contexto de un serio conflicto del gobierno con Pinochet (el “boinazo”), nuevamente el presidente de la Cámara de Diputados, José Antonio Viera-Gallo, propuso extender la amnistía a tal grado que

“implicaría que en vez de 900 procesos por violaciones de derechos humanos, tendríamos sólo 20, que son los que realmente interesan al país (sic) y frente a los cuales no puede pensarse en la amnistía” (Rafael Otano.- Crónica de una transición; Edit. Planeta, 1995; p. 318).

Y el presidente del Senado, Gabriel Valdés, propuso

“un rápido proceso de dos o tres meses para terminar con los juicios a los oficiales de las Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, con la búsqueda de personas detenidas-desaparecidas durante el régimen militar”.

Específicamente,

“haría un proceso corto en virtud del cual quienes saben dónde están los cuerpos lo pudieran decir –sin que ello implicara responsabilidades- al Arzobispo de Santiago y a los obispos de las diócesis del país u otra autoridad, sin otro propósito de que los chilenos no pisemos tierra bajo la cual hay cuerpos de nuestros compatriotas (sic)”; y esto “aun cuando no sean encontrados, porque muchos de ellos eventualmente pueden estar en el mar”; y “simultáneamente hay que terminar con los juicios”, ya que “si investigar (judicialmente) significa llegar al sobreseimiento, qué objeto tiene investigar cuando hay una ley de amnistía”.

Al mismo tiempo proponía extender la amnistía hasta 1990 con algunas excepciones:

“Hay que terminar con esta situación, dejando excluidos algunos casos como el de Letelier, Prats, degollados y uno o dos más (sic)” (El Mercurio; 20-6-1993).

En apoyo de lo anterior, el ya candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, agregó:

“Creo que Gabriel Valdés formuló un conjunto de ideas muy importantes, que apuntan en el camino correcto de buscar la verdad, la justicia y la reconciliación en Chile” (La Segunda; 23-6-1993).

El articulo La Concertación mantuvo búsqueda de impunidad apareció primero en piensaChile.

Esta derechización fáctica tuvo su correlato en el hecho de que los partidos concertacionistas comenzaron  a recibir “alegremente” un gran financiamiento “irregular” de grandes grupos económicos para sus campañas, culminando ello con el hecho de que el yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou, -a través de Soquimich- financió el conjunto de la “precampaña” efectuada por Bachelet antes de su elección como presidenta en su segundo período. Y, además, esta derechización “naturalizó” la inclusión de decenas de ex ministros, subsecretarios, superintendentes y parlamentarios de la Concertación en directorios de AFP, de asociaciones empresariales o universidades privadas; y en empresas, fundaciones o medios de comunicación de grandes grupos económicos. Así por ejemplo, resaltan en el caso del PDC René Cortázar, José de Gregorio, Ximena Rincón, Jorge Burgos, Edmundo Pérez, Soledad Alvear, Eduardo Aninat, Julio Bustamante, Hugo Lavados, Genaro Arriagada, Mariana Aylwin, María Eugenia Wagner, Felipe Sandoval y Guillermo Pickering. Y en el caso de los PS-PPD José Miguel Insulza, José Antonio Viera Gallo, Sergio Bitar, Nicolás Eyzaguirre, Jaime Estévez, Osvaldo Puccio, Eugenio Tironi, Felipe Harboe, Alvaro García, Alberto Arenas, Eduardo Loyola, Jorge Marshall, Jorge Rosenbluth y Karen Poniachik.

Tan claramente se derechizó que ello ha sido reconocido públicamente varias veces por altos dirigentes concertacionistas, sin suscitar réplica alguna. Particularmente ha sido el caso del considerado principal artífice de la “transición”, Edgardo Boeninger, quien en un libro en 1997, señaló que “el éxito económico postrero del régimen militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia (económica) que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello; pp. 368-9).

Mucho más desfachatado fue posteriormente Alejandro Foxley, ministro de Hacienda de Aylwin, y luego senador y presidente del PDC y canciller de Bachelet: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza (…) que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar (…) de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso hoy lo reconocemos (y) ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Algo similar hizo quizá el más connotado intelectual PS-PPD, Eugenio Tironi (quien incluso asumió –sin nombrarla- la principal tesis de Adam Smith de la “mano invisible”), al escribir en un libro en 1999: “La sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo; pp. 36, 60 y 162).

A su vez, esta profunda derechización fue entusiastamente elogiada por una pléyade de políticos, economistas, empresarios y académicos de derecha, nacional e internacional. Destacaron en ello, el empresario César Barros, quien señaló que a “un grupo de amigos empresarios”, Lagos, “trabajando con cuidado e inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos” (La Tercera; 11-3-2006). A su vez, el entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, señaló a fines de 2005 que a Lagos “mis empresarios todos lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá, porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005). Y el dirigente de la UDI, Herman Chadwick, expresó: “El Presidente Lagos nos devolvió el orgullo de ser chilenos. Hizo grandes reformas en la sociedad chilena que estaba muy ahogada, había muchos problemas que no se colocaban en la agenda” (El Mercurio; 21-3-2006).

Pero quizá los más elocuentes fueron el cientista político RN, Oscar Godoy; y el segundo de Milton Friedman en la Escuela de Economía de Chicago, Arnold Harberger. El primero, consultado en 2006 si observaba un desconcierto en la derecha por “la capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico (neoliberal)”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

Y el segundo expresó en 2007, “que estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quien habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España;14-3-2007).

Pero quizás lo más chocante de todo fue el abandono de los intentos de justicia respecto de las graves violaciones de derechos humanos de la dictadura. Así, desde el primer momento (¡aunque no se dijo!) el gobierno de Aylwin desechó la idea de buscar derogar el decreto-ley de amnistía de 1978 (Ver Boeninger; p. 400). Luego se intentó sistemáticamente aprobar leyes que avalaran legislativamente aquel decreto-ley o que disminuyeran ostensiblemente las penas de los graves violadores de derechos humanos. Fue el caso del “acuerdo marco” en 1990; del proyecto de ley Aylwin en 1993; del proyecto de ley Frei y el acuerdo Figueroa-Otero en 1995; de un proyecto de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, asumido por el gobierno en 1999; del proyecto de ley de inmunidad de Lagos en 2003; de un proyecto de senadores concertacionistas y aliancistas en 2005; y de un intento de reflotarlo por el gobierno de Bachelet en 2007. Afortunadamente, todos esos intentos fracasaron, fundamentalmente por el peso moral de la tenaz oposición de las agrupaciones de familiares y las diversas ONG de derechos humanos nacionales e internacionales.

Además, los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y Lagos quisieron enviar o mantener (cuando se supo) agregados militares y diplomáticos involucrados en graves violaciones de derechos humanos, causando incluso bochornos internacionales en España, Ecuador, El Salvador, Honduras, Canadá, Suiza, Rusia y en la propia ONU. Por otro lado, los sucesivos gobiernos concertacionistas se desinteresaron en los casos judiciales relativos a los asesinatos de Carmelo Soria, Bernardo Leighton y de Carlos Prats; de acuerdo a denuncias de familiares, abogados y ONG de derechos humanos.

Y respecto de Pinochet, los gobiernos concertacionistas lo defendieron primero públicamente cuando en sus viajes al exterior era rechazado por las autoridades o por manifestaciones populares. Luego, el gobierno de Frei lo defendió “con todo” cuando diputados de la propia Concertación lo acusaron constitucionalmente a comienzos de 1998 para impedir su vergonzoso ingreso al Senado. A tanto llegó en su defensa el gobierno que expulsó de un alto cargo gubernamental a una consejera del PDC (Jacqueline Saintard) por haber votado favorablemente en el Consejo para dejar en “libertad de acción” a los diputados que osaron presentarla. Y logró la destitución de un funcionario de la administración del Partido (Héctor Ballesteros) por haber votado también en ese sentido. Posteriormente, en agosto de 1998 impulsados por un ¡acuerdo entre el senador Pinochet y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, se aprobó una ley que declaró el primer lunes de septiembre como “Día de la Unidad Nacional”, en sustitución del feriado del 11 de septiembre! Ley que fue “silenciosamente” derogada en 2002…

Y, como es sabido, los gobiernos de Frei Ruiz Tagle y de Lagos se jugaron también “con todo” para obtener la impunidad de Pinochet luego de su detención en Londres. Primero, presionando exitosamente al gobierno británico para que le permitiese volver libremente a Chile; y, después, presionando también exitosamente a los tribunales nacionales de justicia para dejarlo libre por manifiestamente falsas razones de salud mental. En ambos casos, jugó un papel clave el socialista José Miguel Insulza, como canciller y ministro del Interior respectivamente.

Todo este edificio institucional comenzó a resquebrajarse en 2011 cuando un fuerte movimiento estudiantil-ciudadano cuestionó especialmente el modelo universitario, pero también llegó a formular un ideario de Asamblea Constituyente que sustituyese el conjunto del modelo (“chileno”) político y económico impuesto y consolidado por las dos derechas. Esto último generó una dura reacción del liderazgo concertacionista y particularmente de su corriente “socialista”. Así, Camilo Escalona despreció una Asamblea Constituyente diciendo que era como “fumar opio”. José Miguel Insulza -mucho más preocupado- la atacó señalando que generaría un “enfrentamiento” entre los chilenos; y que dichas Asambleas “se sabe cómo comienzan, pero no como terminan”. Y el presidente del PS de entonces, Osvaldo Andrade, se mofó abiertamente de ella a través de “El Mercurio”, señalando que “una nueva Constitución la tendrán nuestros tataranietos”.

Posteriormente, el segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet efectuó un tongo de “proceso constituyente”, en que se realizaron centenares de “cabildos” a lo largo de todo Chile que convocaron a miles de personas que, de buena fe, creyeron que estaban gestando una nueva Constitución. Todo ese “proceso” terminó tristemente en una suerte de proyecto de “nueva Constitución” elaborado exclusivamente por el Gobierno y que fue entregado en su hora final… para los archivos.

Luego, la dirigencia ex concertacionista se “olvidó” de esa idea hasta que el “estallido” o “revuelta” popular de octubre de 2019 generó el pánico de las dos derechas, producto de lo cual idearon un maquiavélico ardid destinado a neutralizar un movimiento que claramente proponía un rechazo total del “modelo chileno” (“No son treinta pesos; son treinta años”). Así, ambas derechas generaron un nuevo “proceso constituyente” destinado a que, sí o sí, se aprobara plebiscitariamente una convención (¡no Asamblea Constituyente!) que –en virtud de un quórum de dos tercios- no pudiese aprobar democráticamente una nueva Constitución.

Por cierto, no se imaginaron nunca que, teniendo todos los grandes medios de “desinformación” (que nunca hicieron mención de los “dos tercios”, entre otras cosas) e ingentes recursos de campaña, tendrían tan malos resultados electorales, los que sorprendieron incluso a la generalidad de los analistas y contradijeron las encuestas previas. En efecto, la derecha tradicional no alcanzó a adquirir siquiera la “zona de confort” que le habría conferido por sí misma un poder de veto: el tercio de los convencionales. Es cierto que acompañada por la otra derecha (ex concertacionista) y por una decena de independientes afines al modelo, tendrán con largueza dicho tercio. Pero no es para nada lo mismo. Porque una de las “gracias” del ardid diseñado era que le permitiese solo a la derecha tradicional cargar con las “culpas” de mantener una Constitución conservadora y el “modelo chileno” (como fue el caso de la década del 90, con el solapado regalo de la mayoría parlamentaria que le hizo la Concertación a la derecha, a través de las Reformas constitucionales concordadas en 1989), para que así la ex Concertación pudiese conservar plausiblemente su imagen de “centroizquierda” frente a sus bases electorales, al “quedar obligada” a aceptar las condiciones de la “derecha” para obtener una “nueva” Constitución.

Pero ciertamente que la mayor derrota, lejos, la sufrió la derecha ex concertacionista cuyos partidos ¡solo obtuvieron 13 militantes electos como convencionales, es decir, menos del 10% del total! Es más, sufrió una verdadera catástrofe que, además, la fragmentó completamente para las próximas elecciones presidenciales. Y el penoso espectáculo que protagonizó el miércoles pasado (19) debe ser uno de los episodios más patéticos ocurridos en nuestra historia patria. Pero esto también va a repercutir muy negativamente en la derecha tradicional que, todo indica, difícilmente recuperará alguna vez un socio de fuste tan incondicional a los grandes grupos económicos, como lo fue la derecha ex concertacionista en sus 24 años de gobierno. Un socio cuya incondicionalidad no había tenido tampoco nunca antes. Porque incluso los radicales e ibañistas –que sí fueron incondicionales en cuanto a la mantención del sistema de hacienda; prohibición de la sindicalización campesina; ejercicio de leyes represivas y mantención (hasta 1958) del sistema electoral que permitía el cohecho- fueron capaces de generar un nuevo modelo de desarrollo de industrialización vía sustitución de importaciones que era resistido por el grueso de liberales y conservadores.

Es claro que la gran heterogeneidad de las fuerzas de izquierda partidarias de terminar con el modelo neoliberal extractivista (en lo que muy probablemente concordarán los 17 convencionales electos por los pueblos originarios); y el hecho de no contar con los dos tercios de los convencionales hará muy difícil lograr en este proceso una Constitución efectivamente democrática. En esto se verá si la posición del PS -que será clave en la Convención- de sumarse al pacto de primarias presidenciales de izquierda fue mero oportunismo; o si sus 10 convencionales militantes (más los 5 independientes electos en su lista) se sumarán a una posición de terminar con el “modelo chileno”. En todo caso, la izquierda quedó con bastante más de un tercio de los convencionales, lo que le permitirá claramente no avalar de ningún modo un acuerdo de “cocina” que pretenda darle un fuerte maquillaje al actual modelo.

El articulo Chile: La derrota de las dos derechas apareció primero en piensaChile.

Hermosas palabras en este llamado de Daniel Jadue, especialmente a los verderos socialistas, a unirse en una gran alianza de izquierda que luche por llevar adelante el país tras el legado del Compañero Salvador Allende.

Por supuesto que los dirigentes de aquella organización que formó parte de la Consternación, la misma que traicionó los compromisos adquiridos con el pueblo que realmente luchó por derrotar a la dictadura cívico-militar de Pinochet, reaccionaron de inmediato exigiendole a Jadue «respetar la autonomía de la tienda». Ja, ja, ja. En verdad Jadue debería respetar la autonomía de esa «tienda comercial«, agencia de empleo, buzón para recepción de platas de grandes empresas, sede de la administración de las platas invertidas en acciones de grandes empresas extranjeras inversionistas en Chile, etc., etc. Ya lo sabe compañero Jadue, deje tranquila a esa tienda.

El presidente y senador del partido, Álvaro Elizalde ha dicho que «El video es una torpeza. Lejos de generar adhesión, provoca lo contrario, porque la unidad se construye respetando la autonomía». Es curioso lo que usted dice, Señor Elizalde, pues, en prinicipio, lo que usted dice es verdad, pero el 15 de noviembre del 2019 ustedes construyeron ‘unidad‘, cocinando un acuerdo de espaldas de quienes habían abierto las puertas al camino hacia una Nueva Constitución, luchando en las calles, logrando así, lo que ustedes, los partidos, «las tiendas» de la Consternación, nos habían negado, nos habían bloqueado a lo largo de 30 años.

Elizalde dice además que «Es completa y totalmente inaceptable este video y su contenido. Para mí el liderazgo de Paula Narváez es inamovible y ninguna maniobra lo va a mover«. En eso Elizalde tiene razón. La campaña de Narváez, es decir, de su liderazgo social y político no se va a mover p’a ningún lado, por que calienta menos que un eructo de pingüino. El ‘viejo militante socialista‘, el  mapucista Insulza, tan inteligente él, se apoya en resultados de encuestas para afirmar que Jadue no tiene ninguna influencia en la lucha política en Chile.

El jefe político del comando de Narváez, el diputado Manuel Monsalve, sostuvo que «los socialistas valoramos profundamente la historia del PC, su lealtad con el gobierno de la Presidenta Bachelet, su lealtad con Allende. Y justamente por esa historia, Daniel Jadue sabe que para derrotar a la derecha se requiere unidad y democracia. Y Paula Narváez ha planteado que ese camino se construye a través de una primaria amplia de la oposición», pero «esa unidad no se construye con descalificaciones, sino que respetando la autonomía y la historia de las fuerzas políticas». 

El texto anterior contiene opiniones de piensaChile, sobre extractos de un artículo en La Tercera

Que te vaya bien nomas Compañero Jadue. Pero como militante Socialista, te informo que tenemos candidata a la Presidencia y se llama Paula Narvaez. Te invito a trabajar por ella, después de las primarias. Allende vive en el corazón de los Socialistas!! pic.twitter.com/SPjJcwVw8l

— valeria maldonado@yahoo.es (@valeria47281230) April 30, 2021

Daniel Jadue habla de Salvador Allende en su natalicio:

El articulo Jadue: “Aquí estamos para continuar el legado de Allende, del que me siento depositario” apareció primero en piensaChile.

Hace algunos días se vio la causa judicial por el secuestro y desaparición de la dirección clandestina socialista de Carlos Lorca, Ricardo Lagos, Ariel Mansilla, Rosa Solis, Michelle Peña, Carolina Wiff y otros. Los abogados de los militares autores de estos crímenes genocidas llegaron todos puntualmente, también los que representábamos a los familiares, pero los abogados del Partido Socialista no comparecieron a pesar que la causa estuvo en cuatro ocasiones en la tabla y que le avisé por whatsapp al presidente del (PS) y que este me agradeció por escrito.

Parece cosa casual, una imperdonable negligencia profesional, pero yo creo que es más que eso, es una decisión política que se lee clara en que ni siquiera se cambió al inasistente abogado, se ratificó. Ergo hizo lo que sus mandatarios querían.

El distanciamiento del PS con los Derechos Humanos ha sido constante y consistente en los últimos años. Lejanos están los años 1993 y 1994 en que la bancada parlamentaria socialista se opuso e impidió una ley de amnistía para el genocidio de la dictadura militar, como lo ha recordado Escalona, quien era diputado y ha señalado también que ya entonces había parlamentarios socialistas pro impunidad.

Desde la exitosa defensa de Pinochet en Londres llevada adelante por los cancilleres socialistas José Miguel Insulza y Juan Gabriel Valdés, la organización que actualmente usa el nombre de Partido Socialista no ha hecho nada por los Derechos Humanos. Antes lo contrario, según da cuenta la actuación del ex subsecretario Aleuy en la Araucanía y la aprobación de leyes represivas para el sr Piñera.

¿Qué pasó con los socialistas que en propiedad llamaban a su organización Partido Socialista en 1975?.

Luego del golpe de estado patrocinado por los norteamericanos en 1973, las fuerzas armadas se propusieron aniquilar físicamente a la izquierda chilena. Como militares que eran planificaron y dispusieron de los mandos, de los medios humanos y materiales y crearon la DINA, que las emprendió el año 1974 contra el MIR que aparecía como la resistencia más resuelta y radical; hecho esto y asesinado su secretario general Miguel Enríquez todo indicaba que la prioridad para el año siguiente la tenía el Partido Comunista.

Sin embargo, se puso en la lista del genocidio del año 1975 al Partido Socialista y se dejó para el año 76 a los comunistas.

¿Qué hizo cambiar las prioridades al general Contreras?, que dicho sea ya estaba reclutado al pago mensual mediante por la Central de Inteligencia Americana, CIA.

El socialismo se había escindido entre la continuidad de la dirección del 73 (que tenía muchos muertos, encarcelados y desaparecidos) y la Coordinadora Nacional de Regionales que era la síntesis de regionales muy importantes y numerosos ( Regionales Santiago Centro y Norte, más el regional Concepción).

Políticamente el PS estaba dividido en tres corrientes, una corriente procomunista que se expresaba en la dirección clandestina del PS encabezaba por Exequiel Ponce que proponía (documento de Marzo) una unidad amplia de la oposición incluidos los democratacristianos en el estilo de los Frentes Populares de Jorge Dimitrov, otra corriente que recogía la radicalidad de las bases que se expresaba en la Coordinadora Nacional de Regionales y que se plasmó en las resoluciones del pleno de la Habana de 1975 y una tercera que se hacía una autocrítica en Berlín.

Los norteamericanos iniciaron a una doble operación contra el socialismo chileno. Una de cooptación hacia la socialdemocracia en el exterior que culminó ese año 75 con Carlos Altamirano respaldando en Madrid junto a Palme, Mitterrand y Willy Brand el golpe de estado interno que Felipe González y Alfonso Guerra le dieron a la izquierda histórica del Partido Socialista Obrero Español. Que ese encuentro en Madrid, ¡ con Franco vivo ¡, era de paternidad americana, ya es cosa históricamente sabida.

Esa operación de largo aliento tuvo su momento estelar con el arribo de Ricardo Lagos Escobar a La Moneda. Detenido este luego del atentado a Pinochet su primera visita fue el embajador norteamericano, más claro echarle agua.

Al 75 en el interior de Chile era necesario aniquilar la dirección clandestina de Exequiel Ponce, pues esta podía salir al exterior y dar al traste con la operación de cooptación a largo plazo que los americanos hacían sobre el PS en el Europa.

La cooptación a la socialdemocracia europea y pro norteamericana, implicó a la larga cuatro tesis: abandono del marxismo, fin a la unidad de la izquierda (socialista comunista) para reemplazarla por una convergencia con la democracia cristiana, abandono de la idea de un frente de trabajadores manuales e intelectuales y aceptación del capitalismo.

Cuando se vio la causa judicial por la desaparición de la dirección clandestina del PS, la relatora judicial destacó en varias oportunidades un informe de la CIA de su estación Santiago sobre la suerte de los socialistas presos. De una parte afirmaban saber que estaban presos y de otra señalaban que Pinochet mentía cuando negaba los secuestros. Dos preguntas. ¿Porqué le interesaba a la CIA la detención de socialistas marxistas?, ¿cómo sabían que Pinochet mentía cuando negaba?. Obvio que su informante era Manuel Contreras, sus preguntas no eran para interceder por sus vidas, claramente querían verificar el cumplimiento del sicariato.

Figura estelar en esas acciones genocidas fue el traidor Jaime López Arellano, quien intentó incluso crear una dirección teledirigida por la DINA. Esta última infiltró los grupos de combate de la Coordinadora Nacional de Regionales; en ambas operaciones estuvo el agente Armando Fernández Larios actualmente protegido en EEUU, luego de su participación como testigo delator del asesinato Orlando Letelier.

El socialismo chileno nació con la república socialista en 1932 y con el Partido Socialista en 1933. Tuvo cuatro definiciones fundamentales: 1.- Un marxismo abierto y crítico “enriquecido y rectificado por todos los contante aportes del devenir social”. 2.- Un rechazo a los vaticanos ideológicos internacionales, tanto de la II como de la III internacional. 3.- Una política más allá de la clase obrera a partir del concepto de trabajadores manuales e intelectuales. 4.- Una república democrática de Trabajadores no una dictadura del proletariado con la deificación de un Estado omnipotente como en la URSS.

Como se aprecia ese socialismo no tiene nada que ver con las definiciones y prácticas de quienes dirigen una organización que actualmente usa el nombre de partido socialista.

Las ideas del socialismo chileno, el de Grove y Allende, hibernan, pero despertarán pues son necesarias al país y teóricamente tienen vigencia. Despertarán quizás con otro nombre, pero despertarán.

Cuando se acercaba el fin de la dictadura los norteamericanos citaron a Washington a los que serían luego los dirigentes de la Concertación, les llenaron los bolsillos de dólares y la cabeza de instrucciones, que fueron básicamente tres: 1.- Se respeta el modelo económico, 2.- Pinochet y los militares no se tocan 3.- Fuera los comunistas de todo y se aniquila la izquierda radical. Acepten y el negocio, es de ustedes. Hoy se sabe quiénes fueron y las fechas de las reuniones.

Al vaciamiento ideológico del PS a la mutación de un partido que apoyaba la revolución cubana en un partido de centro derecha contribuyeron los venidos del Mapu, Enrique Correa, Oscar Guillermo Garretón, José Miguel Insulza y José Antonio Viera Gallo.

La última rebelión de verdad del socialismo chileno se produjo en 1993 encabezada por Mario Palestro que terminó siendo expulsado del PS, eso fue expulsar al socialismo chileno del PS.

La historia se repite dos veces decía Hegel una vez como tragedia y otra como sainete. La grandiosa embestida patriótica de José Manuel Balmaceda, teniendo como eje la recuperación de la riqueza nacional se repitió como grandiosa y noble tragedia con Salvador Allende y ahora se repite como sainete con la propuesta de candidatura presidencial de Paula Narvaez, que surge no del pueblo chileno sino de la burocracia internacional rentada por los Estados Unidos de Norteamericana y sus becarias del Colegio Hemisférico de Defensa , centro de adoctrinamiento del Pentágono.

*Fuente: El Clarin

El articulo Socialismo chileno y Partido Socialista; que no es lo mismo apareció primero en piensaChile.

Tal vez deba comenzar esta columna pidiendo excusas a quien lee. Digo esto, porque en el texto que sigue subyace un conjunto de convicciones atravesadas por la desconfianza y la sospecha.

El problema es que en mi condición de mapuche he aprendido a mirar la realidad desde una posición de suspicacia, luego de un entrenamiento intensivo de discriminación e intento de exterminio sufrido por mi pueblo, desde el momento mismo de la llegada de los conquistadores europeos hace exactamente 485 años. A esas características muy propias del imperio español, se sumó un esfuerzo sistemático de anulación del Estado de Chile desde su fundación, hace poco más de 200 años.

Todo este tiempo es más largo que lo que duró la esclavitud en Estados Unidos y la extensa experiencia de discriminación sufrida por su población negra, que a pesar de la inmolación de mártires como Martin Luther King y la valentía descomunal de Rosa Parks, aún persiste.

Señalo todo esto para que se sepa desde dónde pienso, hablo, escribo y existo. En efecto, soy parte de ese pueblo que se manifestó con fuerza el 18 de octubre de 2019 y que fue capaz de abandonar definitivamente la indiferencia y la resignación, para exigir el respeto que cualquier ser humano se merece, independientemente de su condición.

Aferrándonos a la verdad y cumpliendo un mandato de justicia, hay que decir que ese levantamiento social fue una manifestación de la soberanía popular en su más auténtica expresión. Los partidos políticos de todo el abanico ideológico miraron esto con la mayor de las sorpresas, como si vinieran descubriendo que el mundo no era como ellos lo habían diseñado, con tanto sacrificio. De la sorpresa inicial, pasaron al pánico, derivado del aterrizaje forzoso a la realidad, pues se caía ante sus ojos la arquitectura que se había acomodado tanto a sus impúdicos intereses.

Con el terror instalado en sus rostros, pero bien disimulado por supuesto, comenzaron a recuperar la compostura. Y finalmente comenzaron a pensar. Obviamente sus pensamientos se centraron no en el bien de Chile, que hubiera sido lo deseable, sino más bien en cómo evitar el colapso de su mundo ideal.

Y entonces llegó el “acuerdo por la paz y la nueva Constitución”, luego de 29 días de lo que ellos denominaron el “estallido social”, un buen nombre para lo que les estaba ocurriendo.

Entonces, todo el espectro político recobró la calma y encontró la forma de recuperar las riendas de este caballo desbocado. Como el mejor de los magos, sacaron del sombrero el discurso de acogida a las exigencias del pueblo para crear un nuevo orden de cosas, a través del cambio de la nueva Carta Fundamental. Muchos seguramente ensayaron ante el espejo la mejor de sus caras, para no dejar que ningún músculo actuara por su cuenta.

Pero la estrategia ya había sido bien pensada y consumada. No crea usted que le atribuyo a nuestra clase política demasiadas capacidades e inteligencia, lo que ocurre es que el instinto de supervivencia desata en los seres humanos habilidades inesperadas.

El punto es que se dio luz verde a la nueva Constitución, pero una luz roja destellante a los mecanismos que posibilitarán su desarrollo verdaderamente participativo y su configuración efectivamente democrática. Otra vez el “Gatopardo” de Lampedusa, como principio de acción: “Que todo parezca que cambie, para que todo siga igual”.

Me recorren malos pensamientos sobre el proceso constituyente en el que estamos embarcados. Lo que ocurre es que percibo una distancia abismal entre el Chile que despertó en los brazos de gente común, esperanzada en un país más equitativo y justo, y la forma en que el sistema de partidos está administrando este momento crucial de nuestra historia.

La gran mayoría de nosotros hemos sufrido la opresión de una casta política en la que ya nadie cree y la exclusión económica de manos de grupos de poder coludidos para sostener ese statu quo. Ahora bien, que hablemos en este tono, no quiere decir que seamos antipolíticos, de hecho me autodefino como tal, solo que bajo paradigmas completamente diferentes.

Pero lo que está ocurriendo tiene su mérito. ¿Cómo lograron generar estas percepciones de cambio, en un momento que todos rechazaban a los políticos profesionales? La respuesta es tan triste como simple: llevaron el conflicto a su campo de batalla, es decir, a las votaciones en el Congreso y a un plebiscito cuyo resultado era previsible. En definitiva, se diseñó un proceso constituyente normado para establecer una camisa de fuerza que impide la participación real de la ciudadanía, presidentes de organizaciones de base, independientes y pueblos originarios. De este modo, lograron asegurar la hegemonía en los partidos de gobierno y oposición superando los 2/3 de los constituyentes, dejando a los cupos indígenas y a los independientes, como una señal de una supuesta legitimidad democrática.

Respecto de los cupos reservados para los pueblos indígenas, solo puedo decir que resulta ser un buen gesto, una concesión graciosa, un avance relativo, muchas cosas, pero finalmente un show que raya en lo patético. Es decir, seguimos siendo llamados a participar pero no a decidir.

En este punto quiero hacer una advertencia que es más bien una constatación. Creo que las movilizaciones sociales de 2019 no fueron un arrebato irreflexivo de la gente, sino la expresión de una indignación contenida por mucho tiempo y sustentada en la experiencia dolorosa de una exclusión premeditada. Desde ese punto de vista, si no hacemos algo muy pronto podemos vernos obligados a la disyuntiva entre la violencia o la paz. La violencia se despertará cuando el Chile excluido se dé cuenta que nuevamente la casta política lo ha traicionado. Y es que resulta muy evidente que este proceso constituyente está viciado y carece de las condiciones para garantizar el dialogo democrático y deliberativo.

El tiempo es algo que, hace mucho rato, ya no está a favor de los viejos comportamientos. Pero hoy el tiempo corre a favor de los humildes y los que sueñan con un país más respetuoso de la dignidad de las personas y las comunidades.

No aspiro a derribar mitos, esto es una realidad que conocemos muy bien. Aun así, sigo creyendo que «otro Chile es posible», sigo creyendo que la libertad no es ni ha sido nunca un regalo, siempre es el resultado de una lucha por recuperarla. En cierto sentido, esta es una lucha por la decencia y, para ello, tenemos que deshacernos de dos ideas falsas que continúan existiendo en nuestra sociedad. Una, es la noción de que solo el tiempo puede resolver el problema de la injusticia. Lo cierto es que no estamos dispuestos a seguir esperando.

Y la otra idea, que los ciudadanos son violentos por reclamar sus derechos. En esto la cosa es muy clara: ha habido una gran mayoría que ha manifestado sus legítimas demandas y grupos reducidos que han aprovechado este movimiento masivo para promover actos completamente censurables. Mientras la casta política posponga la justicia, estaremos en la posición de tener estas recurrencias de disturbios una y otra vez. La justicia social y el desarrollo son los garantes absolutos de la prevención de la violencia y la paz social.

Como lo he señalado en muchas ocasiones, me asiste la esperanza de un tiempo en que aprendamos del Buen Vivir, que nos enseñaron nuestros pueblos ancestrales y que se basa en la cooperación y no en la competencia salvaje por poner la utilidad por sobre el hombre y la madre naturaleza.

En ese sentido, nuestro camino es la instalación de una sociedad en que prime el carácter de Estado plurinacional, que es ni más ni menos que el reconocimiento de lo que somos, una nación de naciones. Pero esto, una vez más, choca con intereses económicos y políticos, de matiz claramente racista, que, por ejemplo, se pueden apreciar en los dichos del miembro de la Comisión de derechos humanos del Senado, Iván Moreira, muy conocido por esa elegante frase que aludía al “raspado de la olla” o más claramente al financiamiento irregular e ilegal de la política. Este personaje, hizo declaraciones sobre un fallo judicial que, en su fundamento, hacía referencia a que el Pueblo Mapuche constituye una nación. Al respecto decía: “Me parece desafortunado y grave este fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que señala que el pueblo mapuche es una nación”. Además, se adelanta o dicta el fallo de la Corte Suprema al decir que “no le cabe de menor duda que este fallo va a ser desestimado y revertido por la Corte Suprema, porque aquí hay un solo territorio y una sola nación que es Chile, este es un fallo que no se ajusta a derecho, es un fallo que atropella nuestra propia Constitución”.

Este hecho, que para Moreira es un atentado a la institucionalidad, para nosotros constituye un hito único en la historia de Chile, ya que el discurso hegemónico del mundo político (de izquierda y derecha) que han administrado el Estado, ha consolidado la idea que el Wallmapu (territorio mapuche) simplemente ha sido anexado por la fuerza a este Estado unitario. Para ellos, la nación mapuche no existe, y somos solo una población de origen indígena, patrimonio de la nación chilena (art. 7, Ley 19.253).

Este fallo resulta muy doloroso para los sectores más racistas y arribistas, representativos de sectores políticos fundamentalistas, pero por sobre todo, para esa casta que ha comprado tierras mapuche de forma irregular. Todo ello es una señal más de las complejidades que abre el proceso constituyente y la necesidad imperiosa de definir nuevos parámetros de convivencia y de comprensión del modo en que queremos desarrollarnos.

Con esto quiero decir, finalmente, que es muy plausible que el resultado de la construcción de la nueva Constitución tenga elementos para “agradar al pueblo”. Esto puede quedar reducido a una mera serie de declaraciones de buenas intenciones, pero sin una aplicabilidad efectiva, al estilo del artículo 1º de la actual Constitución, que señala que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. ¿Usted cree que ese principio rige de verdad en la convivencia de Chile?

Tenemos un camino que recorrer y este tiene nombre y apellido y se denomina Kume Mongen, el Buen Vivir, en que todos reciban lo necesario y a nadie le falte lo indispensable.

*Fuente: ElMostrador

El articulo La desesperada necesidad de una nueva Constitución y la traición del proceso constituyente apareció primero en piensaChile.

En efecto, Walker ha señalado que el quórum de los dos tercios para aprobar el reglamento y las normas de una nueva Constitución se aplica al conjunto del texto y no simplemente a artículos puntuales:

“Si no hay dos tercios de los votos no hay texto constitucional. Así se resume, en la parte pertinente, el texto expreso del Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución del 15 de noviembre y la Reforma Constitucional de diciembre: ‘La Convención deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas, por un quórum de dos tercios de sus miembros en ejercicio’ (artículo 133, inciso tercero). Lo de ‘el reglamento’ está en singular y no deja lugar a dudas, debe ser votado como un solo todo por dos tercios de los miembros de la Convención. Lo de ‘las normas’ está escrito en plural y su interpretación también es inequívoca: se refiere a todas y cada una de las normas. Solo así puede y debe interpretarse la referencia a ‘las normas’, salvo que se quiera torcer deliberadamente la letra y el espíritu del acuerdo de noviembre y la reforma constitucional de diciembre”.

Sin embargo, “sesudos” constitucionalistas de “izquierda”, dándose cuenta de que esto significa la evidente imposibilidad de que se apruebe una nueva Constitución que siente las bases de una construcción de un nuevo modelo de sociedad que sustituya el neoliberalismo impuesto por la dictadura y consolidado por la Concertación; han planteado voluntaristamente que el quórum de los dos tercios se aplica solo a cada uno de los artículos a aprobarse para una nueva Constitución, de tal manera ¡que lo que no se apruebe por dos tercios, pasa a ser materia posterior de ley de un futuro Congreso requiriendo su aprobación de mayoría simple!

Esta peregrina interpretación conduce al absurdo de revertir casi completamente lo que sostiene el acuerdo del 15 de noviembre y la reforma constitucional consiguiente. Esto es, que la mayoría –sin necesidad de tener dos tercios- podría aprobar casi toda la Constitución posteriormente por simple mayoría, contentándose con consensuar unos pocos artículos de aquella por más de dos tercios en la Convención constituyente propiamente tal. Evidentemente un engaño o auto-engaño tan burdo no tiene destino alguno.

Quien sí ha sido capaz de efectuar un engaño del conjunto de la sociedad chilena tremendamente eficaz -¡y desde hace 30 años!- ha sido el liderazgo de la Concertación quien ha disfrazado un profundo vuelco ideológico derechista, como lo reconoció descarnadamente el principal ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger, en un libro escrito en 1997 (“Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Edit. Andrés Bello). En dicho libro –que no fue desmentido por nadie- señaló que a fines de los 80 su liderazgo experimentó un proceso de “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369); y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular; limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (pp. 369-70).

Y esta derechización, que no se reconoce públicamente aún, explica un conjunto de procesos y fenómenos aparentemente absurdos y que condujeron todos a la misma dirección: a la legitimación y consolidación durante muchos años del modelo de sociedad impuesto por la dictadura (y que contó en su momento con la frontal oposición de la centro-izquierda) con su Plan Laboral, AFP, Isapres, ley minera, LOCE-LGE, universidades privadas con fines de lucro, sistema tributario que permite la “elusión” de las grandes fortunas, desnacionalización efectiva de más del 70% de la gran minería del cobre; consolidación y aumento de las privatizaciones de empresas y servicios públicos, mantención de un esmirriado poder sindical; suscripción de tratados bilaterales de libre comercio que acentúan nuestro perfil de país exportador de materias primas; etc. etc.

Y para hacer todo esto “digerible” se procedió a uno de los ardides políticos más maquiavélicos imaginables: Esto es, haber concordado con Pinochet una Reforma Constitucional en 1989, por la que el liderazgo de la Concertación aceptó solapadamente (todo se hizo entre cuatro paredes; y luego plebiscitando todas las reformas “en paquete”, sin especificarlas) regalarle la segura mayoría parlamentaria que tendría Aylwin a la futura oposición, cambiando los quórums legislativos en su beneficio. De tal forma que, especialmente en los 90, se les decía convincentemente a las bases concertacionistas que no se podían hacer las reformas prometidas porque no se tenían las mayorías para ello, pero manteniéndoles completamente oculto -¡hasta el día de hoy!- que ello era así porque se las habían regalado a la derecha…

Luego se procedió a algo también muy tenebroso y que no debe tener precedentes en la historia: Esto es, que los sucesivos gobiernos concertacionistas -proclamadamente centroizquierdistas- provocaron la desaparición del conjunto de los medios de comunicación escritos de esa orientación, a través del bloqueo de apoyos financieros externos y de la mantención de la discriminación del avisaje estatal que les hizo la dictadura. De esta forma, uno a uno, fueron quebrando los diarios y revistas de centro o de izquierda que habían surgido en los 80 o que se crearon después: “La Época”, “Fortín Mapocho”, Análisis”, “Apsi”, “Hoy”, “Página Abierta”, “Rocinante”, “Siete”, “Siete + Siete”, “Plan B”, etc.; ¡quedando la derecha, hasta el día de hoy, con una concentración de medios de comunicación muy superior a la década de los 80 de la dictadura!… (Ver: Entrevista a Juan Pablo Cárdenas: La Concertación exterminó la prensa independiente)

Posteriormente, cuando por fin durante Lagos y Bachelet, la Concertación obtuvo finalmente mayoría parlamentaria ¡se continuaron aprobando TODAS las leyes por consenso con la derecha! Ya era una práctica permanente, y no quedaban medios “molestos” que pudiesen recordárselo a las tan bien engañadas bases concertacionistas.

Además, se hicieron muchas otras acciones completamente impropias de una coalición de centro-izquierda, como las defensas gubernativas de las críticas que suscitaban en el exterior las críticas a Pinochet cuando viajaba a comprar armas o de vacaciones; las que culminaron con la defensa y “salvación” de Pinochet de la condena por sus crímenes en Europa una vez que fue detenido en Londres. O como el envío de diplomáticos, de agregados militares, o de oficiales a misiones de la ONU que habían estado gravemente involucrados en violaciones de derechos humanos durante la dictadura. O los envíos –felizmente frustrados- de numerosos proyectos de leyes destinados a convalidar la autoamnistía de 1978 o a disminuir sustantivamente las penas de los violadores de DD. HH. posteriores a esa fecha. O la tenaz y sistemática negativa a devolverle los bienes confiscados por la dictadura a Víctor Pey para impedirle que pudiese relanzar “Clarín” y terminar así con el duopolio “El Mercurio-COPESA”; etc. etc.

Y la culminación de todo ello fue el hacer suya en 2005 la Constitución de Pinochet, con algunos cambios de importancia pero que no alteraban su esencia autoritaria y neoliberal. De este modo, obviamente en conjunto con la derecha, se aprobó lo que se quiso llamar la Constitución de 2005 (no se pudo, porque hasta los engaños concertacionistas tienen su límite…); pero que fue suscrita por Lagos y todos sus ministros (incluyendo Ignacio Walker…); y en una ceremonia donde Lagos resaltó exultante que “este es un día muy grande para Chile. Tenemos hoy por fin una Constitución democrática, acorde con el espíritu de Chile (…) Esto es un logro de todos los chilenos (…) Chile cuenta con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido desde el cual podemos continuar avanzando por el camino del perfeccionamiento de nuestra democracia” (“El Mercurio”; 18-9-2005).

Por tanto, es evidente que el nuevo regalo del quórum de los dos tercios efectuado por el liderazgo de la ex Concertación a la derecha a través del acuerdo del 15 de noviembre pasado y ratificado por la Reforma Constitucional de diciembre –y cuyo alcance reconoce tan claramente Ignacio Walker- es para consensuar nuevamente “un piso institucional compartido” con la derecha; y no para satisfacer las demandas ciudadanas de un profundo cambio del “modelo chileno” expresadas por la rebelión social de hace un año.

Más sobre el tema:

Gigantesco autoengaño histórico (I)
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 9 agosto, 2019

Gigantesco autoengaño histórico (II)
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 26 agosto, 2019

El articulo Reconocimiento del poder de veto de la derecha apareció primero en piensaChile.

Reveladoramente, el dispositivo más trascendente que distorsiona el “proceso constituyente” concordado el 15 de noviembre pasado entre la derecha y la ex Concertación ha sido completamente silenciado por el conjunto de los partidos políticos y los grandes medios de comunicación: el antidemocrático e inmodificable quórum de dos tercios establecido para que la convención pueda aprobar un “nuevo” texto constitucional. Aquel rompe con la regla básica de la democracia que estipula el gobierno de la mayoría. Y, en el caso concreto de Chile, le confiere a la derecha un virtual poder de veto, dado que desde 1990 ha obtenido –lejos- más de un tercio de los congresales en todas las elecciones parlamentarias, efectuadas con o sin sistema electoral binominal.

Es “natural” que las elites de la derecha y de la ex Concertación hayan concordado en silenciarlo. Para esta sería vergonzoso reconocer el nuevo regalo de esta naturaleza que le está haciendo a la derecha para poder “culpar” en el futuro a ésta de no haber podido finalmente obtener una Constitución que siente las bases para sustituir el “modelo chileno”. Modelo impuesto por la dictadura; y legitimado, consolidado y perfeccionado por la Concertación entre 1990 y 2010. Fue lo que ya hizo en 1989 con la Reforma Constitucional concordada con Pinochet, por la que le regaló solapadamente la mayoría parlamentaria a la futura oposición de derecha, al modificar el Artículo 65 de la Constitución original que aseguraba un gobierno con dicha mayoría por los quórums de aprobación de leyes en el Congreso. Esta reforma le permitió “culpar” a la derecha –particularmente en los 90- de que no podía cumplir con sus compromisos programáticos de cambio del modelo, en los que ya no creía. Esto lo reconoció descarnadamente el considerado por todos como principal ideólogo de la “transición”: Edgardo Boeninger. En efecto, en su libro publicado en 1997 (“(Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad”; Edit. Andrés Bello) señaló que a fines de los 80 el liderazgo de la Concertación llegó a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha, “convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer” (p. 369).

Y la demostración más rotunda de esto es que TODOS los cambios constitucionales y legales que ha habido desde marzo de 1990 (en que asume Aylwin de presidente) han sido consensuados entre la derecha y la ex Concertación, ¡independientemente de si esta última haya tenido o no los quórums parlamentarios para aprobar por sí mismo las reformas! Es decir, la denominada “política de los consensos” asumida voluntariamente por el liderazgo de la ex Concertación en función de la “convergencia” con la derecha reconocida por Boeninger. Y así, luego de largos 30 años seguimos con el Plan Laboral, las AFP, las Isapres, las universidades privadas con fines de lucro, la ley minera, las privatizaciones y concesiones de servicios públicos, el sistema tributario que permite la “elusión” de las grandes fortunas, la irrelevancia de los sindicatos, etc. etc.

Por otro lado, para la derecha sería una torpeza máxima develar dicha permanente actitud entreguista de parte del liderazgo de la Concertación. Por el contrario, para la derecha es plenamente funcional que aparezca siempre en confrontación ideológica y política con aquel liderazgo, para así contribuir a su legitimación como “alternativa” de aquella. ¡Qué mejor “alternativa” para la derecha que un movimiento que aparece permanentemente como de centro-izquierda en sus posturas públicas; y que también –permanentemente- aplica y legitima en la práctica políticas de derecha!

Es cierto que lo largo de este proceso fraudulento (a diferencia del proceso fraudulento de 1989 que duró solo días), aumentado como efecto de la pandemia, le ha traído a la derecha una creciente incomodidad. Esta es de que, producto del desconocimiento de las bases de la derecha de dicho fraude, éstas han adquirido un creciente temor de que la mayoría electoral histórica de centroizquierda se refleje efectivamente en una nueva Constitución que sustituya el “modelo chileno”; y se han abanderizado en un combativo “Rechazo”, el cual está destinado claramente a una contundente derrota. Más todavía cuando dicha actitud le ha venido como anillo al dedo a la elite ex concertacionista para entusiasmar a sus bases en creer en lo “trascendental” del proceso plebiscitario y después en la elección de los convencionales.

Todo ello ha generado que los líderes fundamentales de la derecha se hayan ido matriculando con el “Apruebo”; e incluso que Piñera haya planteado un “Decálogo” para la elaboración de una nueva Constitución; y que ministros como Cristián Monckeberg y Jaime Bellolio hayan destacado elegantemente como algo positivo “para todos” el quórum de los dos tercios. Pero es claro que políticamente no podrán demostrarles cabalmente a sus bases lo infundado de sus temores, develándoles el fraude en todas sus dimensiones.

Por otro lado, lo largo del proceso fraudulento ha causado también alguna incomodidad en la elite ex concertacionista, en la medida que las bases opositoras más politizadas empiezan a avizorar el funesto efecto del quórum de los dos tercios. Esto pese a que incluso ¡los partidos que no participaron del acuerdo fraudulento del 15 de noviembre (el PC y varios del Frente Amplio) no están diciendo nada de ello, ni menos lo están denunciando! Para disminuir las posibilidades de que sus bases se den cuenta del engaño, han surgido varios “sesudos” constitucionalistas que han planteado que el quórum de los dos tercios podrá sortearse, dado que los artículos constitucionales que no sean aprobados por dos tercios ¡pasarán luego a ser materia de leyes comunes aprobados por simple mayoría! Esto es un grotesco invento que no está para nada mencionado en el Artículo 133 de la Ley 21.200 que rige el actual proceso constituyente Además, su lógica podría llevar al absurdo de virtualmente eliminar el quórum de dos tercios por la vía de aprobar con esto unos pocos artículos consensuales y ¡dejar prácticamente toda la Constitución para ser aprobada por simple mayoría!…

En definitiva, el fraude de los dos tercios está destinado para que la “nueva” Constitución tenga el visto bueno de la derecha y de tal modo que la elite ex concertacionista pueda “justificar” la inutilidad de su mayoría, al verse virtualmente obligada a consensuar un texto con la derecha, dado dicho quórum. Y es tan grotesco este fraude que con él a la población se la está engañando adicionalmente, al ocultársele el hecho de que a la actual oposición ¡le sería más fácil lograr cambios constitucionales conservando la actual Constitución (que, no nos olvidemos, está suscrita por Lagos y todos sus ministros…) ya que para reformar ésta requiere –para muchos de sus artículos- el quórum menor del 60%!

Sin duda, tendremos que esperar todavía para que en la historia de Chile tengamos una Constitución democrática, producto de una auténtica Asamblea Constituyente…

Más sobre el tema:

¡Nos están engañando de nuevo!
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 17 agosto, 2020

Felipe Portales: «Lo que Pinochet no pudo hacer, lo hicieron los gobiernos de la Concertación»

Tomando el rábano por las hojas: “Somos la calle y no hemos firmado ningún acuerdo”
por Manuel Acuña Asenjo (Chile)
Publicado el 13 septiembre, 2020 , en Asamblea Constituyente

El sujeto social de cambios en el proceso constituyente
por Héctor Vega (Chile)
Publicado el 13 septiembre, 2020 , en Asamblea Constituyente

Engaños constitucionales sistemáticos
por Felipe Portales (Chile)
Publicado el 29 agosto, 2020

Felipe Portales: “El duopolio que nos llevó a la crisis, está virtualmente imposibilitado, moral y políticamente, para sacarnos de ella»
por Paul Walder (Chile)
Publicado el 10 noviembre, 2019

Para bajar el libro de Edgardo Boeninger, en formato PDF, haga clic sobre este enlace: Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad

El articulo El fraude de los Dos Tercios apareció primero en piensaChile.

Septiembre es un mes que suscita naturalmente muchos recuerdos y evocaciones sobre nuestro país. Partiendo por la primera Junta de Gobierno; los eventos de 1924 que fueron claves para la sustitución de la república exclusivamente oligárquica; el hecho que antes de 1973 fuera la fecha de las elecciones presidenciales; el fatídico golpe de Estado de ese año; y el mes en que en 2005 la Concertación asumió como propia (suscribiéndola Lagos y todos sus ministros) la Constitución de Pinochet, con cambios de importancia pero que no alteraron su esencia autoritaria y neoliberal.

Recuerdo especialmente mi primera experiencia “traumática” con el neoliberalismo cuando en 1971 en mi segundo año de Sociología en la UC tuve la fortuna de escoger (por conveniencia de horario y curiosidad intelectual) un curso de “Introducción a la Economía” impartido por quien ya fungía como líder de los “chicago boys” chilenos: Sergio de Castro.

En su primera clase se dedicó sistemáticamente a combatir todos los conceptos sociales que según él alteraban la esencia de la “ciencia económica”. Y, como si fuese hoy, recuerdo cuando al final de su clase embistió contra el concepto de “necesidades básicas”. Empezó planteándonos a los alumnos que le mencionaran, una a una, cuáles podrían ser esas necesidades básicas; y respondía tratando de ridiculizarlas una por una. Hasta que finalmente un alumno se atrevió tímidamente a señalar la “alimentación”. Entonces de Castro señaló que tampoco lo era porque “se había demostrado que con una sustancia parecida al engrudo podía nutrirse a las personas”. Entre atónito y horrorizado no volví más a sus clases.

Por ello, luego del golpe y de la entronización de los “chicago boys” como los reales modeladores de la obra económico-social de la dictadura, no me sorprendió tanto el horror económico (que se sumó al horror político y de violaciones de derechos humanos) de aquella. Si -según ellos- no existían las necesidades básicas y algo como el engrudo podía alimentar a la población; podía comprenderse mucho mejor la crueldad de las políticas económico-sociales de la dictadura. En rigor, no habrían “costos sociales” de sus políticas económicas desarrolladas sobre bases estrictamente científicas…

Bajo la dictadura tuve también la fortuna de trabajar –en la primera mitad de los 80- en el “Proyecto Alternativo”, un virtual departamento técnico del PDC, formado por Eduardo Frei –dos años antes de ser asesinado- y con la acertada y tenaz dirección de Eugenio Ortega. Su labor más significativa fue elaborar un proyecto alternativo para un Chile democrático que cubría los más diversos ámbitos de la realidad nacional. Se conformaron comisiones temáticas que sirvieron de base para dos grandes seminarios de centenares de profesionales y dirigentes sociales desarrollados en lugares de Iglesia (Punta de Tralca y Colegio San Juan), y que dieron lugar a cuatro volúmenes publicados por la Editorial Aconcagua en 1984, los que totalizaron 1.167 páginas. Demás está decir que dichos volúmenes fueron completamente olvidados ya a fines de los 80.

Notablemente, en dicha obra el exponente más importante fue Alejandro Foxley con el “Marco Programático Global”, a cargo de la Comisión de Síntesis de todo el Proyecto. En esa época, Foxley era también el presidente de CIEPLAN, la corporación más relevante de la oposición en las denuncias contra las políticas neoliberales de la dictadura. En su larga y dura exposición, Foxley planteó que “el proyecto de transformación económica y social (de la dictadura) se inspira en ideas extranjeras que buscan convertir al hombre en un consumidor y a la sociedad en un gran mercado. Se trata de un proyecto neoliberal. De acuerdo a este modelo de sociedad, las relaciones entre los individuos estarán reguladas a través de su intercambio mercantil. El anonimato del mercado diluirá los conflictos. El ‘dulce comercio’ temperará las pasiones. La ‘mano invisible’ administrará con generosa equidad los recursos escasos (…) El proyecto concibe un conjunto de ‘modernizaciones’, a través de las cuales se asegurará el imperio del mercado y de los ‘precios’ en la educación, en la salud, en la previsión y hasta en la justicia (…) Se abre la economía abruptamente al exterior, como definitiva e ingenua prueba de nuestra seriedad libre-mercadista. Se entregan los bienes del Estado a unos pocos privilegiados a bajo precio (…) Se crea una pequeña casta de privilegiados. Estos concentran en sus manos el patrimonio como nunca antes en el país. Se impone un estilo de desarrollo excluyente y concentrador” (Seminario de profesionales y técnicos humanistas cristianos.- Proyecto Alternativo, Tomo I; Edit. Aconcagua, Santiago, 1984; pp. 113-4).

Y también, notablemente, Foxley se convirtió en los 90 en el principal líder de la política económica de los gobiernos de la Concertación como ministro de Hacienda de Aylwin. Incluso en 1992 fue promovido infructuosamente como su sucesor por el entorno de Aylwin. Luego fue presidente del PDC y uno de los senadores concertacionistas más relevantes (junto con Edgardo Boeninger) en materias económicas, finalizando su carrera política como canciller del primer gobierno de Bachelet. Y, como es sabido, dichas políticas económicas legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo neoliberal de la dictadura con todas sus “modernizaciones”; además del incremento del poder de los grandes grupos económicos y del aumento de los monopolios u oligopolios en las diversas ramas de la estructura económica del país.

Con todo, nunca me olvidaré del asombro –mezclado con indignación y tristeza- que me causó una entrevista que le leí en 2000 en la revista Cosas, en la espera de una consulta médica, en la que decía: “Pinochet realizó una transformación sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró a ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar-que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular; etcétera. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (Cosas; 5-5-2000).

Por cierto, este “giro ideológico copernicano” no fue exclusividad del PDC ni menos de Foxley. Como lo reconoció descarnadamente en 1997, el considerado principal ideólogo de la “transición”, Edgardo Boeninger, a fines de la década del 80 hubo una “convergencia” del pensamiento económico del liderazgo de la Concertación con la derecha, “convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer”. Y que “la incorporación de concepciones económicas más liberales a las propuestas de la Concertación se vio facilitada por la naturaleza del proceso político en dicho período, de carácter notoriamente cupular, limitado a núcleos pequeños de dirigentes que actuaban con considerable libertad en un entorno de fuerte respaldo de adherentes y simpatizantes” (Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad; Edit. Andrés Bello, Santiago; pp. 369-70).

De este modo, el destacado intelectual del mundo PPD-PS, Eugenio Tironi, en 1999 expresó que “la sociedad de individuos, donde las personas entienden que el interés colectivo no es más que la resultante de la maximización de los intereses individuales, ya ha tomado cuerpo en las conductas cotidianas de los chilenos de todas las clases sociales y de todas las ideologías. Nada de esto lo va a revertir en el corto plazo ningún gobierno, líder o partido (…) Las transformaciones que han tenido lugar en la sociedad chilena de los 90 no podrían explicarse sin las reformas de corte liberalizador de los años 70 y 80 (…) Chile aprendió hace pocas décadas que no podía seguir intentando remedar un modelo económico que lo dejaba al margen de las tendencias mundiales. El cambio fue doloroso, pero era inevitable. Quienes lo diseñaron y emprendieron mostraron visión y liderazgo” (La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo; Edit. Grijalbo, Santiago, 1999; pp. 36, 60 y 162).

Pero los ditirambos a los chicago-boys y a la neoliberalización no han ido sólo de un lado hacia el otro, sino que han sido mutuos. Así, el considerado “segundo” de la escuela de economistas de Chicago –después de Milton Friedman- Arnold Harberger, señaló en 2007 que “estuve en Colombia el verano pasado participando en una conferencia, y quién habló inmediatamente antes de mí fue el ex presidente Ricardo Lagos. Su discurso podría haber sido presentado por un profesor de economía del gran período de la Universidad de Chicago. El es economista y explicó las cosas con nuestras mismas palabras. El hecho de que partidos políticos de izquierda finalmente hayan abrazado las lecciones de la buena ciencia económica es una bendición para el mundo” (El País, España; 14-3-2007).

Y en 2010, en una visita a Chile, el mismo Harberger recordó que la Universidad de Chicago en sus convenios con la Universidad Católica y de Chile tuvo como objetivo “traer la buena ciencia económica a Chile, y yo creo que tuvimos éxito en eso”; ya que “yo creo que ha habido una gran evolución de política en Chile durante el período del gobierno militar, y una vez que se formó el equipo de Patricio Aylwin con Alejandro Foxley y otros, ellos siguieron el mismo rumbo que los gobiernos anteriores, y eso ha seguido hasta hoy… en los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet siempre ha habido uno o dos de este grupo (de Chicago). Todo eso produjo aquí una cultura económica que es muy fuera de lo normal en Latinoamérica (…) Uno ve a los diferentes partidos políticos en Chile, sus plataformas económicas, y difieren en milímetros, en centímetros, no en kilómetros. No son muchos los países que han logrado ese grado de consenso referente a la conducción de la política económica” (El Mercurio; 19-12-2010).

Y por cierto, aquellas apologías han sido numerosas de los derechistas y empresarios criollos. Entre ellas, cabe resaltar las del entonces presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Hernán Somerville, quien señaló a fines de 2005 que a Lagos “mis empresarios lo aman, tanto en APEC (Foro de Cooperación Económica de Asia Pacífico) como acá (en Chile) porque realmente le tienen una tremenda admiración por su nivel intelectual superior y porque además se ve ampliamente favorecido por un país al que todo el mundo percibe como modelo” (La Segunda; 14-10-2005).

También la del destacado economista y empresario, César Barros, quien sostuvo el día final del gobierno de Lagos que “las alabanzas empresariales dejan pequeñas a las ‘declaraciones de amor’ que le hiciera la cúpula empresarial finalizada la APEC. Un grupo de amigos empresarios que denominaban a Don Ricardo ‘El Príncipe’ (tanto por aquello de Maquiavelo como por ser el primer ciudadano de la República) han optado en llamarlo, de ahora en adelante, ‘Zar de todos los Chiles’ (…) Antes de ese gobierno, los empresarios repetían el padrenuestro del rol subsidiario del Estado (…)

Y, por lo tanto, un príncipe socialista solo podría hacernos daño. Pero el hombre, trabajando con cuidado y con inteligencia, los convenció de que estaba siendo el mejor Presidente de derecha de todos los tiempos; y el temor y la desconfianza se transformaron en respeto y admiración” (La Tercera; 11-3-2006).

Además, el mismo Barros comparó la situación de Lagos con la del hijo pródigo de la parábola evangélica (Lucas; 15, 11-32), efectuando una analogía del padre (Dios) con la derecha económica; del hijo mayor –que siempre estuvo apegado al padre- con la derecha política; y del hijo pródigo –el pecador arrepentido- con Lagos y la izquierda. Y concluyó señalando que cuando la derecha económica comprueba que la conversión de Lagos y sus ministros a las políticas liberales “es sincera y decidida, no quedaba más que hacer una gran fiesta; esta vez de discursos y abrazos. Porque nos habíamos reencontrado con la izquierda en lo fundamental” (Ibid.).

Y, por último, tenemos la apología del destacado cientista político RN, Oscar Godoy, quien al ser consultado si observaba un desconcierto en la derecha por la “capacidad que tuvo la Concertación de apropiarse del modelo económico”, respondió: “Sí. Y creo que eso debería ser un motivo de gran alegría, porque es la satisfacción que le produce a un creyente la conversión del otro. Por eso tengo tantos amigos en la Concertación; en mi tiempo éramos antagonistas y verlos ahora pensar como liberales, comprometidos en un proyecto de desarrollo de una construcción económica liberal, a mí me satisface mucho” (La Nación; 16-4-2006).

El articulo Recuerdos neoliberales apareció primero en piensaChile.

El articulo El "compromiso histórico" de la Concertación con el modelo neoliberal apareció primero en piensaChile.