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Los testimonios de los ex presos políticos de la dictadura que acusan a Cheyre de torturas

Redacción piensaChile — Sat, 09 Feb 2019 02:30:00 +0000

7 febrero, 2019

El ex comandante en jefe del Ejército fue procesado por torturas a 24 detenidos en el regimiento Arica de La Serena. Al menos 5 de ellos lo mencionan explícitamente. “El teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo y espalda”, denunció Nicolás Fuentes Rivera, en el contexto de la causa que tiene a su cargo el ministro Vicente Hormazábal. Otro detenido, Nibaldo Pastén Vega, también relató lo sufrido a manos del entonces teniente: “Recibí un golpe con su arma en la boca, un culatazo (…) debido al golpe quedé sangrando, me sacó dos dientes delanteros. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”. El abogado de Cheyre, Jorge Bofill, asegura que su defendido es “completamente inocente” y “nunca participó en los hechos que son materia de esta resolución”. [ACTUALIZADA]

Poco después del golpe de Estado de 1973, el entonces teniente Juan Emilio Cheyre comenzó su estadía en La Serena, período clave de su vida, ya que justo en esa época habrían sucedido los hechos que lo tienen hoy como procesado en calidad de autor del delito de aplicación de tormentos.

Son 24 los denunciantes que dicen haber sido torturados entre el 11 de septiembre y el 25 de noviembre de 1973, delitos por los cuales fueron procesados Cheyre y el coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego.

De ellos, al menos cinco mencionan explícitamente al ex comandante en Jefe y relatan lo que ocurrió: “Los policías me entregaron al servicio de guardia militar y me hicieron ingresar a una sala que está a un costado de la guardia, donde había más prisioneros, todos arrodillados en el suelo mirando la pared, mientras que otros estaban con sus manos en la nuca. Quedé de rodillas con la mano en la nuca, cuando repentinamente veo la presencia del teniente Cheyre y al mirarlo éste me increpó (…) se cambió de lado y detectó nuevamente mi mirada, por esta razón ordenó a dos soldados conscriptos que me sacaran al patio interior, uno por cada lado. En ese momento, el teniente Cheyre tomó un palo y comenzó a golpearme en las pantorrillas, parte posterior del muslo, glúteo y espalda”, dijo Nicolás Fuentes Rivera, en el contexto de la causa que tiene a su cargo el magistrado Vicente Hormazábal.

Óscar Rubén Carvajal también hace referencia al militar en su testimonio: “Al día siguiente nos sacaron de las celdas y nos llevaron al segundo piso del Regimiento, donde se encontraba la fiscalía militar, recuerdo que nos dejaron con la vista al muro (…) escucho los tacones de una persona subiendo la escalera, dirigiéndose directamente donde me encontraba, procedió en forma repentina y violenta a tomarme el pelo, por la nuca, y preguntarme fuertemente si era cubano. Ante eso, le respondí ‘No, soy chileno’, reaccionando este militar con un golpe de puño muy fuerte en mi estómago, para seguir su camino hacia su oficina (…) esto lo comenté una vez que llegué a la cárcel, enterándome días después que correspondía al teniente Cheyre”.

Otra víctima de la dictadura que menciona a Cheyre es Nibaldo Pastén Vega, quien denuncia haber sido golpeado durante su paso por el Regimiento Arica. “Veníamos atados de las manos desde Ovalle, pero al llegar al Regimiento nos desataron. En ese momento una persona pregunta por mí (…) recibo un golpe con su arma en la boca, un culatazo (…) debido al golpe quedé sangrando de los dientes, pues me sacó dos dientes delanteros, pero tenía que seguir parado. Supe posteriormente que esa persona que me pegó el culatazo era Cheyre”.

Otro de los testimonios contra el ex comandante en Jefe del Ejército que consta en la resolución del juez Hormazábal es la de Luis Ravanal Martínez: “Reconozco una voz, era la de Cheyre con quien había conversado el día anterior. El me dijo que me hincara, me dijo ‘híncate’, y me doy cuenta que me apuntan con un arma en la cabeza, sentí que la arena del piso estaba húmeda, me imaginé que era sangre de mis amigos, simularon en ese momento una ejecución (…) me amarraron las manos a la espalda y me pusieron colgando de algo parecido a una viga, quedando suspendido en el aire con las manos en la espalda”.

María Cecilia Marchant Rubilar también declaró ante el magistrado y sus testimonio apuntó a Cheyre. “Todas las veces que me subieron al Regimiento estaba Cheyre presente, en la guardia, e incluso estuvo en los interrogatorios”, detalló.

“Es completamente inocente”

Tras ser procesado por el ministro Hormazábal, Cheyre fue trasladado hasta el Regimiento de Telecomunicaciones de Peñalolén, donde se encuentra detenido. Su abogado, Jorge Bofill, asegura que su defendido es “completamente inocente” y “nunca participó en los hechos que son materia de dicha resolución”.

Además, anunció que apelarán ante la Corte de Apelaciones de La Serena para revocar la detención. “Recurriremos contra ella ejerciendo todos los derechos que correspondan en las instancias respectivas”, dijo en un comunicado.

*Fuente: El Mostrador

La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

Redacción piensaChile — Mon, 02 Oct 2017 17:51:09 +0000

Antecedentes históricos:

Carta a Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad por «apoyo» a Cheyre

Red Ciudadana DDHH

Santiago de Chile, 12 de julio de 2017

Señor
Javier L. Egaña Baraona
Director
Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad

Señor Egaña:

Junto con saludarle, por medio del presente precisamos exponerle una situación que involucra a la institución en la que Ud. participa como Director, a nuestro juicio, de extrema gravedad.

El diario “El Mercurio”, en su edición del día domingo 9 de julio recién pasado, informó que la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad entregó al general (R) Juan Emilio Cheyre una constancia de “buena conducta”, en base a antecedentes que desconocemos, la cual, seguramente, él utilizará para ser incorporada a los procesos que enfrenta por crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar.

Francamente, no podemos sino manifestar nuestro dolor y asombro ante este hecho, puesto que la Fundación aparece emitiendo esta constancia, relativa al comportamiento de un represor de la dictadura como bueno.

Ante esta situación, nos preguntamos por qué la Fundación, continuadora de la labor de la Vicaría, creada para defender y proteger a las víctimas, y que nunca había tenido una actuación de éste tipo, ha incurrido en este comportamiento. Los motivos que justificaron la elaboración de esta constancia por parte de la institución los desconocemos, y precisamos saber cuáles fueron ellos. En tal sentido, le solicitamos, formalmente, que nos informe acerca de este hecho. Esperamos una respuesta que aclare esta situación que, de por sí, es alarmante y grave.

Como familiares de víctimas de las horrorosas violaciones de derechos humanos de la dictadura, que Ud. y quienes trabajan en la Fundación conocen o conocieron, nos sentimos con todo el derecho de exigir esta respuesta. La situación de miles de familias, respecto de quienes aún no conocemos la Verdad acerca de lo ocurrido, hace casi imposible comprender este gesto con un general (R), que se encuentra actualmente procesado. Mediante dicho documento avalan su comportamiento previo, calificándolo de bueno, lo que seguro será utilizado por su defensa, en el marco de los procesos judiciales seguidos en su contra.

Nunca antes supimos de gestos de este tipo. Es peligroso equiparar así a las víctimas, siempre clamando Justicia, con los victimarios. Es imposible. Y Ud. o antes bien, Ustedes, con el documento que reprochamos, han dado un giro en ciento ochenta grados a vuestra histórica labor, reconocida mundialmente, trizando la confianza que antes depositamos en la Fundación.

Nosotros, señor Egaña, depositamos nuestra confianza, nuestras propias vidas en el Cardenal Raúl Silva Henríquez, y cientos de sacerdotes, monjas y laicos que defendieron, sin dudar, la dignidad del ser humano. Usted, Ustedes, han faltado a un compromiso ético, histórico, y han roto la esperanza que nos ha mantenido en pie, siempre dignos, por décadas.

Ante esta situación, desde nuestra posición de inclaudicable defensa de los nuestros y, por ende, de preservar la Memoria para hacer un país mejor, le exigimos una respuesta que aclare estos hechos y a la brevedad.

Atentamente,

RED CIUDADANA DE DERECHOS HUMANOS

Francisco Ugás T.
Francisca Celedón B.
Gloria Cruz D.
María Lucía Villavicencio C.
Teresa Valdés E.
Sylvia Castillo A.
MaryAnn Beausire A.
Jose Miguel Enríquez W.
Isabel Ropert C.

Con Copia a:

Cristián Precht B.

Gustavo Villalobos S.

Enrique Pallet.

Alvaro Varela W.

Javier Manterola. Sacerdote.

*Fuente: RedCiudadana

La petición de Juan Emilio Cheyre que desató un quiebre inédito en la Vicaría de la Solidaridad

The Clinic Online 01 Octubre, 2017

“políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, indicó la secretaria ejecutiva de la institución, María Paz Vergara.

En agosto del año pasado el ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre llegó en compañía de su abogado, Jorge Bofill hasta la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad para pedir información respecto a si su nombre figuraba en los registros de la institución que lo vinculen a causas de violación a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura de Pinochet.

Según consigna Reportajes de La Tercera, su solicitud entregada a la secretaria ejecutiva del organismo, María Paz Vergara, desató un quiebre interno inédito debido al resultado de dicho escrito, así como también por pasar por algo a algunos miembros del directorio.

Vale decir que dicha petición del general (r) que fue procesado por su participación como teniente en el regimiento Arica de La Serena en el marco del Caso Caravana de la Muerte, buscaba reforzar en un futuro ante la justicia que el papel que desempeñó se basaba básicamente en un rol administrativo.

Pues bien, Vergara admitió que reaccionó sorprendida, pero que Cheyre, “en honor a la verdad, tenía el derecho a preguntar”. Fue así como tras digerir el hecho, decidió consultarle al presidente del directorio, Javier Luis Egaña, quien dio luz verde a la petición.

El problema fue que el nombre de Cheyre no apareció cuando los encargados de documentación lo buscaron en los archivos referidos a víctimas de la dictadura, información que fue enviada a Cheyre.

“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, dice el documento.

Lo complicado de la situación es que el ex uniformado sí aparece en al menos 5 informes relativos a fallos de la institución vinculado a Consejos de Guerra de 1973. Allí firma sentencias contra reos del regimiento arica por “ocular armas y explosivos”, “agitación política” y “persona ejecutada”.

Es así como se puede decir que el error radicó en que se buscó el nombre de Cheyre en la base de datos ordinarios de víctimas, y no así en las sentencias donde sí aparece.

En ese sentido, Vergara aclara que “políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”.

De acuerdo a La Tercera, varios miembros del directorio expresaron su molestia por no ser considerados en la decisión de entregarle información a Cheyre, ya que traerá consecuencias inimaginables para la Vicaría. De hecho la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, decidió renunciar de manera indeclinable a su cargo en el directorio.

El resto del directorio hizo sus reparos y concluyeron no entregar información al solicitante, sino que sólo a tribunales.

“Si usted viene a mi casa y me pregunta: ¿Usted tiene algún documento que encuentra que Bernardo O’Higgins atrapó a las tropas argentinas? Y yo le digo que no tengo ningún documento y le doy esa respuesta. Eso no quiere decir que O’Higgins no haya hecho otra cosa. Eso fue lo que pasó. Nos enviaron la carta y nos encontraron de improviso. Fue un simple error de procedimiento”, dice el miembro del directorio, Javier Manterola.

Vergara añade que “yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”.

Desde diferentes organismos han expresado su molestia por lo ocurrido. La presidenta de la Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, Sylvia Castillo indicó que “no tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”.

“Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron en la defensa de Cheyre.

Vale decir que en el caso Cheyre corre el riesgo de recibir una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: The Clinic

La petición de Cheyre a la Vicaría de la Solidaridad que terminó con la renuncia de una integrante del directorio

El general (R) junto a su abogado visitaron la Vicaría de la Solidaridad para pedir la revisión del archivo jurídico de la fundación para ver si su nombre figuraba en alguna denuncia que lo vinculara a crímenes de Derechos Humanos durante la dictadura militar con el fin de construir su defensa jurídica en el caso que lleva adelante el ministro Mario Carroza.

Por El Desconcierto / 01.10.2017 @eldesconcierto

Todo comenzó cuando Juan Emilio Cheyre visitó las oficinas de la fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad junto con su abogado Jorge Bofill para pedir la revisión de los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad para ver si había algún antecedente, queja o denuncia que relacionara al ex general de ejército en el periodo comprendido entre 1973 y 1990.

Este hecho es descrito en el reportaje de F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala y cuenta cómo la petición de Cheyre generó un quiebre en el directorio de la fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.

El caso es inédito debido a que es la primera vez que un militar pide antecedentes sobre su participación en casos de derechos humanos. Esto tenía por intención construir la defensa jurídica del ex general para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, según consigna La Tercera.

Cabe recordar que el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. Mientras que la defensa del general en retiro argumenta que en ese momento él solo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se hicieron en el regimiento y que derivaron en los asesinatos.

El presidente del directorio, Javier Luis Egaña, proporcionó la autorización para el pedido del general (R),mientras que el resto del directorio de la fundación no fue consultado. Sin embargo, el hecho fue conocido con posterioridad y generó diversas reacciones.

De esta manera, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información sobre las víctimas de la dictadura militar.

El documento emitido por la Vicaría señala que “en nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”. Este documento era importante para la defensa de Cheyre puesto que es un certificado oficial de una organización emblemática de la defensa de los derechos humanos que señala que el general en retiro no está en los registros de la institución

No obstante, el nombre de Cheyre aparece en otros documentos que corresponden a fallos de los Consejos de Guerra en La Serena que ocurrieron en octubre de 1973. El error se pudo cometer porque los encargados del archivo buscaron en la base de datos ordinarios donde era poco probable que apareciera el nombre de Cheyre en los documentos. Mientras que en los archivos que resguardan las sentencias figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército.

El resto del directorio manifestó su molestia frente a este hecho y todo desembocó en la renuncia de la ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda.

La defensa de Cheyre señaló que el documento lo utilizarán en la defensa de la causa del general (R) ya que sería una “prueba de descargo” en favor del ex uniformado. En enero, el ministro Carroza dictará la sentencia en el caso donde Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: El Desconcierto

El quiebre en la Vicaría por el caso Cheyre

Autor: F. Velásquez y M. J. O’Shea y L. Ayala

La emisión de un certificado al general (R) Juan Emilio Cheyre -en el que se establece que su nombre no figura en el Archivo Jurídico de la Vícaría de la Solidaridad vinculado a delitos por violaciones a los DD.HH.- generó una soterrada disputa en la emblemática entidad, gatilló la renuncia de uno los integrantes de su directorio y la revisión de los protocolos para la entrega de información.

Todos quedaron sorprendidos cuando el general (R) Juan Emilio Cheyre llegó junto a su abogado, Jorge Bofill, a las oficinas de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, ubicadas en La Reina. El ex comandante en jefe del Ejército había concurrido al lugar para entregar una carta en la que pedía a los encargados de la institución un requerimiento poco usual. “Vengo a solicitar a usted que se informe al infrascrito si en los antecedentes, información de trabajo u otro tipo de fuente disponible que obran en los registros históricos del Archivo Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad existe alguna denuncia, acusación, constancia, queja o algún otro antecedente que vincule a mi persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas, que ocurrieron en Chile en el período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990”, se lee en la misiva -a la que Reportajes tuvo acceso- que fue entregada por Cheyre a la secretaria ejecutiva de la fundación, María Paz Vergara, el 17 de agosto del año pasado.

Para nadie de los que estuvieron al tanto de esa tratativa el tema podía pasar por alto. Por primera vez un miembro de las Fuerzas Armadas requería información sobre su propia participación en casos de violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen militar. Hasta ese día, la institución solo había trabajado con las víctimas de los apremios ilegítimos y con sus familiares.

A ello se sumaba que quien pedía la información no era un militar cualquiera. En ese momento, Juan Emilio Cheyre estaba preparando su defensa ante la justicia para enfrentar las denuncias de varios testigos que lo acusan de ser cómplice de los homicidios ocurridos en 1973, mientras era teniente del Regimiento Arica, en La Serena, en el marco de la denominada Caravana de la Muerte, una comitiva del Ejército que recorrió el país para agilizar y revisar los procesos de detenidos tras el Golpe Militar: la operación terminó con el asesinato y desaparición forzada de 97 personas.

Y el otrora uniformado, además, fue el primer comandante en jefe del Ejército en asumir la responsabilidad institucional en las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Augusto Pinochet. “Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”, señaló en 2004.
El histórico gesto fue puesto en entredicho 12 años después, cuando el ministro Mario Carroza procesó a Cheyre por homicidio calificado reiterado. La defensa del general (R) ha sostenido que al momento de esos hechos éste sólo era un teniente en labores administrativas en los juicios marciales que se realizaron en el regimiento y que derivaron en los fusilamientos.

Justamente para reforzar ese argumento fue que Cheyre y Bofill llegaron a las dependencias de la Vicaría de la Solidaridad.

La respuesta
La secretaria ejecutiva de la Vicaría, María Paz Vergara, señaló que no supo bien cómo reaccionar frente a la solicitud de Cheyre. “En honor a la verdad, él tenía el derecho a preguntar”, afirma al ser consultada por la gestión.

Pero aunque tenía la facultad para responder los requerimientos que suelen llegar a la institución -en general de víctimas o familiares consultando por archivos de causas-, Vergara logró calibrar lo delicado de la petición y decidió consultar al presidente del directorio de la institución, Javier Luis Egaña.

El problema del certificado entregado a Cheyre radica en que el nombre del otrora uniformado sí aparece en los archivos de la Vicaría vinculado a Consejos de Guerra en 1973.

El ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Ricardo Lagos y actual asesor de Asuntos Religiosos de la Secretaría General de la Presidencia fue quien dio luz verde a la petición.
El resto del directorio de la fundación, compuesto por Enrique Palet, Cristián Precht, Francisco Javier Manterola, Álvaro Varela, María Luisa Sepúlveda y Gustavo Villalobos, no fue consultado por el tema y se enteró con posterioridad, manifestando distintas reacciones frente a lo ocurrido.

Según pudo establecer Reportajes, los encargados de la documentación de la Vicaría de la Solidaridad buscaron el nombre del ex comandante en jefe en los archivos que contienen información referida a víctimas del período comprendido entre septiembre de 1973 y marzo de 1990. La respuesta fue enviada un día después a Cheyre.
“En nuestro registro no aparece su nombre en relación a lo consultado ni existe ningún antecedente que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos en cualquiera de sus formas”, se lee en el documento, que fue enviado a los abogados del general (R) con la firma de María Paz Vergara.

La respuesta de la emblemática institución era esperada en la defensa de Cheyre: en sus manos estaba un certificado oficial de que su nombre no aparecía en los registros de la institución clave en la custodia de la documentación e información del trabajo realizado por la Vicaría de la Solidaridad en defensa de las víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema se desató a días de conocerse en la institución la gestión solicitada.

Y es que -además de constituir un gesto inédito en la historia de la Vicaría de la Solidaridad- no pocos advirtieron que, contrario a lo que estipula el certificado despachado a Cheyre, el nombre del general (R) aparece en al menos cinco documentos correspondientes a fallos durante los Consejos de Guerra en La Serena ocurridos en octubre de 1973 y que están en los archivos del organismo.

En esos documentos el entonces teniente Juan Emilio Cheyre aparece firmando sentencias en contra de reos del Regimiento Arica por acusaciones que van desde “ocultar armas y explosivos” y “agitación política”, hasta “persona ejecutada”.

Estos son parte de los documentos que ligan al general (R) Juan Emilio Cheyre con Consejos de Guerra efectuados en La Serena durante 1973.

Quienes conocen el funcionamiento del archivo de la Vicaría explican que el error se pudo cometer por un tema de procedimiento de los encargados del archivo, quienes buscaron en la base de datos ordinarios, la cual organiza la búsqueda por nombre de cada víctima. En esta línea -señalan las mismas fuentes- es poco probable que el nombre de Cheyre apareciera en los documentos que ellos manejaban.

Una situación que pudo arrojar un resultado distinto en caso de que se hubiese buscado en los archivos que resguardan las sentencias donde figura el nombre del ex comandante en jefe del Ejército como participante en Consejos de Guerra en cinco oportunidades.

“Políticamente fue incorrecto. La opinión pública va a creer que estamos limpiando la imagen de Cheyre, aunque somos una institución que tiene credibilidad por la información que tenemos y por eso colaboramos con los tribunales y apoyamos a las víctimas. ¿Qué haces tú cuando ves que no tienes nada que vincule a su persona con violaciones a los derechos humanos. No tengo ningún testimonio de personas que digan que él torturó”, afirma María Paz Vergara.

Al ser contactado por Reportajes, el presidente del directorio de la fundación y uno de los responsables de la decisión, Javier Luis Egaña, prefirió no referirse al tema, aduciendo “estar con la agenda copada”.

El quiebre reservado
El resto del directorio supo días después de la visita del general (R) Juan Emilio Cheyre y su abogado a la Vicaría y fue entonces que se desataron las desavenencias que -hasta hoy- se mantenían en reserva.
Varios expresaron su molestia frente a lo que consideraron que la emisión del documento fue una equivocación de consecuencias insospechadas para la imagen de la institución.

La ex vicepresidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, fue más allá y, por medio de una carta, renunció a su puesto en el directorio de la fundación, generando un quiebre inédito al interior de ese organismo.

“Ella es de las personas que más nos dan confianza, que más sabe de derechos humanos. María Luisa merece todo nuestro respeto, pero ella hubiera querido otro procedimiento y que fuera consultada”, reconoce el sacerdote Francisco Javier Manterola, también integrante del directorio.

Los intentos por retener a Sepúlveda para hacerla cambiar de opinión no tuvieron éxito. De todas maneras, la dimisión tomó carácter de indeclinable.

El resto de los miembros del directorio también hizo saber sus reparos. En primer lugar, pidieron revisar los protocolos y determinar si existen otras consultas formuladas por imputados en procesos por violaciones a los derechos humanos. En ese caso se estableció no responder directamente al solicitante, sino que sólo se entregue información a los tribunales.

Finalmente se debatió la improcedencia de la entrega de este tipo de documento y que ésta debió discutirse a nivel de directorio. “Pecamos de ingenuos”, sostienen, al tiempo que explican que también se demandó a Egaña que reconociera a otras organizaciones de derechos humanos que la decisión de entrega del certificado sólo fue visada por parte del directorio en caso de una eventual consulta.

“Yo no me meto en la interpretación ni lo que quiso Cheyre, porque eso es problema de él. Yo solo puedo decir lo que respondí, y si hubiera sido cualquier persona y no Cheyre, hubiese respondido igual”, argumenta María Paz Vergara.

El tema ha sido debatido en reserva en las organizaciones vinculados a la defensa de los derechos humanos, en parte para evitar la polémica pública y que se denote un quiebre en ese mundo.

El presidente de la Asociación de ex Funcionarios del Comité Pro Paz y de la Vicaría de la Solidaridad, Roberto Garretón, escribió una carta dirigida a Javier Luis Egaña expresando su preocupación por la labor de la fundación de Documentación y Archivo. Egaña respondió lamentando los hechos ocurridos y comunicando los cambios en la política de la fundación.

La Red de Ciudadanos por los Derechos Humanos, en tanto, también envió una misiva a la entidad que dirige Egaña, que no ha sido respondida, en la que advierten que lo ocurrido fue una situación “extremadamente grave”, y aseguran que el documento avala el comportamiento de Cheyre y que será utilizado por su defensa en el proceso.

María Luisa Sepúlveda renunció al directorio de la fundación y se abrió un soterrado debate entre las organizaciones de familiares y víctimas del régimen militar.

“No tenemos una visión desde el rencor, ni desde la rabia, simplemente manifestamos nuestro sentir. Nos hirió saber que se le entregaba un documento así a un señor que todo indica que va a ser procesado. Nunca lo concebimos así, siempre concebimos a la Vicaria de la Solidaridad como los paladines en la defensa de los derechos humanos”, dice la presidenta de la agrupación, Sylvia Castillo.

La petición a Carroza
Hace unas semanas, el ministro que investiga la causa en contra de Cheyre, Mario Carroza, recibió la visita de integrantes del directorio de la Fundación Vicaría de la Solidaridad en su oficina en calle Compañía.
Los visitantes le preguntaron si el certificado de la entidad había sido presentado por la defensa del general (R).

Sin embargo, Carroza respondió que aún no estaba en conocimiento del documento al que aludían. Fue entonces que los miembros del directorio solicitaron al ministro que en caso de tener a la vista el certificado en cuestión se le advirtiera a la fundación para “realizar precisiones”. Extrañado, Carroza se comprometió a avisarles.

Fuentes judiciales -no obstante- precisaron que este tipo de antecedentes se suman al expediente como uno más de los presentados por la defensa del general (R).

Contactados por Reportajes, desde la defensa de Cheyre se afirmó que el polémico documento siempre estuvo pensado para ser utilizado en la causa que involucra al ex jefe militar en violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar. Sería -según explicaron- una “prueba de descargo” en favor del otrora uniformado. “Cómo no se va a ocupar el documento que da cuenta que el archivo más importante de derechos humanos que hay en Chile sostiene que no hay vínculos de causas de derechos humanos con el general”, señalaron.

Así, la polémica podría reabrirse en enero, cuando Carroza dicte sentencia en el caso en el que Cheyre arriesga una pena efectiva de 10 años.

*Fuente: La Tercera

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Metamorfosis en Cheyre y su Gran Asesor

Redacción piensaChile — Wed, 10 Aug 2016 02:16:57 +0000

07 Agosto 2016

Hay muchos, entre “los que saben”, que han dicho que Cheyre en su famosa entrevista a La Tercera, el domingo 24 de julio, estuvo asesorado por su Gran Asesor. Así se planteó además en el programa dominical de TVN Estado Nacional, ese mismo domingo.

Ha pasado medio mes sin que fuera puesto en duda eso que fue mucho más que un rumor.

Pienso que es muy posible.

Su Gran Asesor (o Guía) no es sólo amigo de Longueira e íntimo de Cuadra, es asesor suyo como lo es de Contesse, de Ponce Leroux y de otros que nada tuvieron que ver, por el contrario, con la vida del Gran Asesor desde 1960 a 1995 (salvo las ganas de reprimirlo), un período en que el ahora Gran Asesor encabezó la juventud política más grande de Chile, se declaró más tarde “marxista leninista por los cuatro costados”, fue fundador de vanguardias revolucionarias, vivió en la clandestinidad chilena y ocupó cargos de responsabilidad en la URSS y Alemania Oriental, formó “cuadros políticos” siempre y alcanzó prestigio en la izquierda, tuvo una relación de camarada con Corvalán y Almeyda, Honecker y los mandos soviéticos y cubanos, vio morir a muchos de sus compañeros en la represión, luchó con ellos, sobrevivió en la clandestinidad, fue clave en el Plebiscito de 1988 y ministro de Aylwin, junto a Lagos y Ominami.

Transición es sinónimo de cambio y de metamorfosis. Kafka cuenta en su “Metamorfosis” que Gregorio Samsa amaneció un día cualquiera convertido en un insecto monstruoso, una cucaracha gigante, sin mayores cuestionamientos acerca de la situación que le impide para siempre ser lo que era.

El Gran Asesor se ha convertido en los últimos años en el político de mayor poder transaccional de Chile y en el asesor salvador, ya no más de los sindicatos, los familiares de sus ex compañeros desaparecidos, los movimientos sociales de izquierda y los curas progresistas sino del yerno de Pinochet, los oligarcas más apertrechados, las empresas extranjeras del oro y otros minerales, Monseñores Ezatti y Errázuriz y ex altos oficiales ¿por qué no? acusados ante la justicia de cómplices en asesinatos de gente como él, de camaradas de izquierda de los años de la dictadura.

Este tipo de personajes, de trayectorias tan contradictorias, suelen ser, dadas sus redes, su inteligencia, relaciones y audacia, y su impudicia ideológica, hombres claves en la trastienda de las llamadas “transiciones” –reinicios de democratizaciones después de oscuros períodos represivos- donde el poder inmediato no es ya propiamente el militar sino el que se asienta en las fuerzas aparentemente no militares: la casa de gobierno, el congreso, los lobby, los pasillos judiciales, la Iglesia, los grandes empresarios, las embajadas, los centros de estudio.

Para cabalgar con rapidez estos personajes deben despojarse de sus doctrinas primitivas y botarlas al tacho de la basura, manteniendo sí su antigua cáscara. El Gran Asesor sigue proclamándose austero, católico y socialista, pero no tiene nada de ello en su conducta diaria.

Su nuevo hábito pasa a ser uno de variadas formas y colores (el del que le paga o conviene atender), ha cambiado su sotana, su ética desaparece porque necesita no tener límites, y él termina, sin que necesariamente se lo haya propuesto, allí donde la atracción del oro es más refulgente.

Los sindicatos, los atropellados por crímenes de lesa humanidad, los curas pobres, las capas más desposeídas, los estudiantes movilizados, los que sacan jubilaciones de hambre, los que cargan con el peso del capitalismo que él estima ahora “moderno”, son sólo pequeñas remembranzas en su poderoso tejido neuronal que no parece tener remordimiento, eso que llaman “conciencia”. Ahora sirve a la capa social justamente contraria, integrada por gente que apoyó la tiranía o, directamente, apresó, torturó y asesinó a sus viejos compañeros.

Eso, sin ser confesor, sicólogo, neurólogo, abogado o juez.

Es un ejemplo, tal vez el mayor entre nosotros, de incoherencia en todos los planos. Y acumula un poder basado en su frialdad, su inteligencia y en su incoherencia. Puede cualquiera con fortuna recurrir a él y quien acude a él sabe que no tiene límites.

La vida de Cheyre es, como la de su Gran Asesor, ejemplo de incoherencia perfecta.

Ha obedecido a Pinochet y a su contendor histórico Ricardo Lagos, a quien el gobierno de Pinochet persiguió y casi asesinó en la noche del atentado.

Ha participado, según los jueces, en 15 ó 17 crímenes brutales junto a quienes fueron sus compañeros de armas y ha sido después…tranquilamente, Director del Servicio Electoral, para que las elecciones democráticas fueren cada vez más limpias y democráticas.

Es hoy Jekil y fue ayer Mr.Hyde.

Dice no haber presenciado ni fusilamientos ni torturas en el paso de la Caravana de la Muerte por La Serena por haber estado ahí, sí, pero, no lo van a creer, “a veinte metros de distancia” o “muy ocupado en una oficina al lado de la de Arellano Stark”, el jefe de ese crimen, aunque, dice ahora, conmovido hasta las lágrimas, que precisamente esa experiencia de septiembre de 1973, de la que no se dio ni cuenta, fue tan impactante para él que lo llevó a plantearse el “Nunca Más” de 2002.

Dice que no se dio cuenta del crimen pero afirma que ese crimen lo marcó tan profundamente que quiso sacárselo de encima llamando al “Nunca Más”, no en los años siguientes sino cuarenta años después.

Fue un servil oficial del tirano pero destaca que su doctrina militar fue, después, la opuesta a la del general Pinochet.

Fue subordinado gratificado de Arellano Stark, Lapostol y Morel Brito pero, para exculparse hoy, carga sobre ellos las antiguas responsabilidades.

Tiene que haber quemado libros en las hogueras del 73 y aceptado el crimen de Jara, el calvario de Neruda y la prohibición de las artes y letras, pero pasó más tarde a ser académico universitario y hombre de letras “democrático”.

Ambos, su Gran Asesor y él, creen que los chilenos son bobos, sonsos o retardados mentales.

Ambos han destruido y barrido los límites más básicos de la ética, esos que obligan a andar por la vida con un mínimo de coherencia, la que permite vivir en sociedad.

Ambos han traicionado la memoria de sus compañeros de lucha: Pinochet, Contreras, Arellano, Morel Brito y el coronel Lapostol en el caso de Cheyre; Rodrigo Ambrosio, Eugenio Ruiz Tagle, José Córdova, los Maureira y medio centenar de militantes de sus Mapu asesinados por gente como Cheyre, en el caso del Gran Asesor.

¿Reencarnaciones de Sinón, el de la Guerra de Troya, el del inmenso Caballo? ¿O de Víktor Konerovski del Doctor Zhivago?

Nada de eso. No hay reencarnaciones y ambos son claramente chilenos, uno de ellos shileno como yo, amante del pernil, del buen vino y del pebre, como corresponde.

Cheyre y su Gran Asesor pueden ser respetados aún por algunos periodistas pagados, “hombres de Estado”, negociantes necesitados, politiqueros y otros cargados de culpas, laicos y curas, civiles y militares, pero ambos derivaron como en la metamorfosis de Kafka; dejaron de ser; perdieron su esencia; su alcurnia; son ahora de parecida calaña.

*Fuente: El Clarin

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Los vínculos de Cheyre con Lagos y el PS

Redacción piensaChile — Tue, 26 Jul 2016 03:36:20 +0000

Pese al profundo viraje a la derecha experimentado por la Concertación desde fines de los 80 (y que Edgardo Boeninger detalló crudamente en 1997 en su libro Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad), no dejó de llamar la atención la fervorosa defensa de Juan Emilio Cheyre hecha por Ricardo Lagos y el liderazgo del PS cuando, en 2013, el primero fue virtualmente obligado a renunciar a la presidencia del Servel, luego de su pobrísima defensa en televisión frente a los testimonios acusatorios de Ernesto Lejderman, hijo del matrimonio del argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María del Rosario Avalos, asesinados por militares del Regimiento Arica de La Serena en diciembre de 1973.
Ricardo Lagos dijo: “Creo que no es justo juzgar a Cheyre por lo que hace un teniente a los 25 años, qué otra cosa más podía hacer un teniente cuando se está en estado de guerra (sic)” (La Tercera; 28-8-2013). A su vez, Camilo Escalona proclamó que Cheyre no tiene “cuentas éticas pendientes” (El Mercurio; 24-8-2013). Y Enrique Correa señaló que “si Cheyre pudo ser comandante en jefe del primer presidente de Izquierda después de Allende es porque siempre tuvo su conciencia tranquila y nada ocultó ni nada olvidó” (La Tercera; 30-8-2013).
La actitud de Lagos y del liderazgo del PS hacia Cheyre puede entenderse perfectamente a la luz de antecedentes revelados por El Siglo en 2002: “En 1996, el ex dictador veía acercarse el final de su carrera militar y preparaba su inserción en el Senado. Cheyre (como agregado militar en España) organizó junto al embajador Alvaro Briones, socialista, un encuentro en Madrid entre la plana mayor del PS y una delegación militar (…) El entonces ministro de Obras Públicas (Ricardo Lagos), conversó con el asesor de Pinochet, Sergio Rillón; con el ex canciller, embajador y luego defensor del dictador, Hernán Felipe Errázuriz; con el coronel Carlos Molina Johnson; el director de la Academia de Guerra, coronel Jaime García y el comandante del Regimiento Maipo, coronel José Piuzzi. Por el Partido Socialista participaron el senador Jaime Gazmuri, el ex ministro Enrique Correa y Camilo Escalona” (El Siglo; 15-3-2002). Y en virtud de todo lo que ha pasado posteriormente, parece bastante plausible la versión del mismo periódico: “Allí se habló, sin duda, del destino de Pinochet y de las violaciones a los derechos humanos, de la institucionalidad y lo que venía. Lagos sería elegido presidente de la República. Allí terminó, también, el veto del ejército a los ‘políticos socialistas’. Fue un encuentro de diplomacia secreta, de acuerdos y garantías” (Ibid.). Reveladoramente, además, y siendo todavía embajador de Chile en España, Alvaro Briones escribió un artículo de prensa donde señaló: “En un proceso de transición (…) no puede haber culpables ni castigos. No puede haber vindicta pública, lo que es lo mismo que decir que debe buscarse conscientemente una suerte de amnesia pública” (La Epoca; 3-8-1997).
El hecho es que cuando Lagos designó comandante en jefe del ejército a Cheyre en 2002, ya existían denuncias responsables que implicaban al militar en las matanzas de la Caravana de la Muerte en La Serena, en octubre de 1973. Así, de acuerdo al libro del periodista Jorge Escalante, La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano(LOM, 2000), un testigo protegido había declarado ante la justicia que en su paso por La Serena, donde se ejecutó a quince prisioneros fuera de todo proceso, “el general Arellano fue quien ordenó a los oficiales del regimiento para que dieran el tiro de gracia. Se supo que el capitán Mario Vargas fue muy maltratado por el general Arellano Stark, porque se negó a dispararle al prisionero que le correspondió rematar (…) los oficiales que participaron en estos hechos son los siguientes: capitán Mario Vargas Maguiles; teniente Juan Emilio Cheyre Espinosa; teniente Jaime Ojeda Torrent; subteniente Hernán Valdebenito Bugman; subteniente Mario Larenas Carmona; subteniente Guillermo Raby Arancibia; subteniente Julio Lafourcade Jiménez; mayor en retiro de apellido Délano; y el mayor de Sanidad Guido Díaz Pacci” (pp. 126-7). A su vez, El Siglo publicó el 15 de marzo de 2002, que dicho testigo era el ex oficial de ejército Pedro Rodríguez Bustos.
Además, en el libro de Escalante se señala que el teniente coronel Ariosto Lapostol -comandante del Regimiento Arica de La Serena, donde se realizaron los asesinatos- ordenó que los cuerpos no se entregasen a sus familiares y que fuesen sepultados rápidamente en el cementerio local, donde “los quince cuerpos fueron echados a una fosa de boca cuadrada de 2.30 por 2.30 metros y cerca de siete de profundidad, que se ubicaba en el patio Nº 4 y que estaba destinada al depósito de desechos hospitalarios. Encima de los cuerpos vaciaron sacos de cal para evitar el olor de la descomposición en que entrarían los cuerpos y volvieron a poner la losa de cemento que cubría la fosa, que sólo quedó sobrepuesta”. Además, “a su ayudante, el teniente Emilio Cheyre, el comandante Lapostol le ordenó que fuera al diario local El Día y avisara que en la primera página del día siguiente miércoles 17 de octubre debería ser publicado un bando que se entregaría para informar de la muerte de los quince prisioneros ‘por fusilamiento’” (p. 138).
También, en julio de 2001, los abogados Hugo Gutiérrez y Juan Bustos habían presentado una querella criminal contra Ariosto Lapostol y Emilio Cheyre y “todos los que resulten responsables” de la muerte a balazos y posterior ocultamiento de los cadáveres de los niños Rodrigo Palma Morales y Jimmy Christie Bossy, de 8 y 9 años de edad respectivamente, asesinados a balazos en La Herradura (Coquimbo) el 24 de diciembre de 1973 (ver El Siglo; 15-3-2002).
Por otro lado, luego de su nombramiento como comandante en jefe, en marzo de 2002, surgieron nuevas denuncias responsables en su contra. Así, la militante socialista Eliana Rodríguez Dubó denunció que ella fue detenida el 6 de octubre de 1973 en La Serena por varios militares, dirigidos por Emilio Cheyre y que “Cheyre me decía que me había buscado en muchos lugares y, por fin, había logrado ubicarme. Me acusaba de ser comunista. Le hice ver que no lo era. Se enfureció y me golpeó, delante de mis hijos. Los militares entraron a mi casa como en un asalto (…) Por orden de Cheyre, destruyeron la puerta, vidrios de las ventanas, muebles, etc”. Luego, señaló que fue llevada al Regimiento Arica, donde “fui violada para que confesara mi militancia y los nombres de la dirección del Partido Comunista en la región. Me aplicaron electricidad en los senos, debajo de las uñas de pies y manos, en la vagina”; y que en una ocasión “Juan Emilio Cheyre Espinosa dio orden para que se me fusilara ‘en vista que no delataba a nadie’. El falso fusilamiento se efectuó. Dijo ‘saquen a esta maraca afuera y mátenla’” (El Siglo; 22-3-2002).
En El Siglo del 15 de marzo de 2002 se informó también de las denuncias de torturas sufridas por el profesor Walter Araya en Copiapó, con antelación al plebiscito de 1988 y que habrían afectado a varios otros miembros del comité regional y local de las Juventudes Comunistas. En ese entonces Cheyre ejercía como intendente de Atacama y dictó una orden de aprehensión, reconociendo las detenciones días después de que ellos fueran secuestrados y torturados por agentes de la CNI. Las denuncias de torturas fueron hechas públicamente en su momento por el Obispado de Copiapó. Asimismo, en dicho ejemplar del periódico se informó de varios asesinatos efectuados por oficiales del Regimiento Arica -dentro y fuera del recinto- como los de los mencionados cónyuges Bernardo Lejderman y María del Rosario Avalos, y de José Rodríguez Torres y José Rodríguez Acosta, padre e hijo respectivamente. Y los que Lapostol y Cheyre -dada la especial verticalidad del ejército chileno- inverosímilmente podían haber desconocido.
Sin embargo, todo debate e información relevante sobre estos casos terminaron cuando, al día siguiente de la primera publicación de El Siglo, la ministra de Defensa, Michelle Bachelet, le contestó tajantemente a los periodistas “que el gobierno, el presidente Lagos y la ministra que habla están absolutamente convencidos que el general Cheyre es una persona íntegra y no tiene ningún tipo de delitos y crímenes sobre los cuales las personas debamos preocuparnos” (La Tercera; 16-3-2002).
Como lo señaló días después La Firme,“esta denuncia en sí (de El Siglo), es un golpe periodístico que debería haber concitado el interés de todos los medios de comunicación del país, el gobierno, el departamento de comunicaciones del ejército y los políticos que dicen defender los intereses del país y sus electores. Nuestra nación está enferma, los consensos han asesinado el alma nacional, todos complotan contra la verdad, nos exhiben un comandante en jefe como representante de una supuesta ‘aristocracia intelectual’ castrense” (La Firme; 2-4-2002). Hay que recordar, sí, que ya había tenido “éxito” la política de los sucesivos gobiernos de la Concertación de neutralizar (TVN) o privatizar los canales de televisión que podrían haber cuestionado la herencia de la dictadura; y de eliminar todos los medios escritos teóricamente afines al conglomerado y que laboriosamente habían surgido en la década de los 80.
Posteriormente, los reconocimientos de Cheyre de las violaciones de derechos humanos no se tradujeron en ningún cambio significativo de la institución. De partida, el mentado “Nunca más” fue fundamentalmente auto-exculpatorio: “Me refiero al nunca más de una clase política que fue incapaz de controlar la crisis que culminó en septiembre de 1973. Nunca más a los sectores que nos incitaron y avalaron oficialmente nuestro actuar en la crisis que provocaron. Nunca más excesos, crímenes, violencia y terrorismo. Nunca más un sector ausente y espectador pasivo. En fin, nunca más una sociedad chilena dividida” (El Mercurio; 13-6-2003).
Sí efectuó un mea culpael año siguiente: “El ejército de Chile tomó la dura pero irreversible decisión de asumir las responsabilidades que, como institución, le cabe en todos los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Además, ha reconocido en reiteradas oportunidades las faltas y delitos cometidos por personas de su directa dependencia; las ha censurado, criticado públicamente y ha cooperado permanentemente con los tribunales de justicia para, en la medida de lo posible, contribuir a la verdad y a la reconciliación” (La Tercera; 5-11-2004). Sin embargo, aquella “cooperación” fue y es sólo formal. Todos los abogados y organizaciones de derechos humanos han señalado que hasta el día de hoy no han contado con ninguna colaboración sustancial del ejército en los casos en que efectivos suyos han sido procesados o condenados por graves violaciones de derechos humanos. De hecho, ninguna condena judicial se ha logrado en virtud de investigaciones internas de la institución. Más aún, el ejército no ha degradado siquiera a ninguno de sus oficiales condenados. Es decir, ha sido solo un mea culpade palabra.
Y lo que llega a ser increíble, dado los numerosos antecedentes mencionados en este artículo, son las recientes expresiones sobre el procesamiento de Cheyre del ex presidente -¡y autoproclamado virtualmente como futuro candidato presidencial!- Ricardo Lagos Escobar: “Si han ocurrido hechos, y el juez debe tener elementos para hacer una declaración como la que él hace…, es distinta de la que en su momento tuvimos nosotros trece años atrás, donde no había ningún elemento que incriminara al general Cheyre (…) por supuesto que se hicieron todos los estudios, todos los análisis. Se consultó incluso el tema, de si había habido el tema de la Caravana de la Muerte, y la respuesta fue que no había nada” (El Mercurio; 9-7-2016).
–Publicado también en “Punto Final”, edición Nº 856, 22 de julio 2016.

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El cara y sello del general del “nunca más” Los documentos que delatan a Juan Emilio Cheyre

Redacción piensaChile — Wed, 20 Jul 2016 02:39:14 +0000

julio 18, 2016

-El controvertido excomandante en jefe del Ejército buscó pasar a la historia por haberse alejado de la dictadura y haber pedido “perdón” por las violaciones a los DDHH. Hoy enfrenta su peor pesadilla: ser él mismo procesado por su complicidad en torturas, secuestro y homicidio calificado.
Escritos a los que tuvo acceso Cambio21 ponen en evidencia que él necesariamente estuvo en conocimiento de lo que sucedía en el país apenas ocurrido el golpe de Estado. Incluso suscribió la vergonzosa carta que establece un pacto de silencio a favor de Pinochet y dio la orden de llamar “detención y bajas” a los secuestros y asesinatos.
Debe tratarse de uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia institucional reciente. Llegó al máximo puesto dentro del Ejército luego de ser parte del aparato gubernamental de la dictadura como intendente regional, pasando por lugares donde se violaron los derechos humanos con asesinatos que repulsan la historia patria, producidos por el fatídico paso de la Caravana de La Muerte por el norte del país mientras él estaba a cargo de la inteligencia y tenía mando como el segundo tras Ariosto Lapostol, jefe del Regimiento Arica de La Serena.
El abogado del uniformado, Jorge Bofill, ha reiterado su inocencia señalado que “en la época el general (r) Juan Emilio Cheyre era un teniente, sin tropa y sin mando, que se dedicaba a labores administrativas como ayudante del comandante del regimiento, el coronel Lapostol”. Varios más han recalcado que se trataba de un “niño”.
Diferente es la opinión de la abogada de DDHH Carmen Hertz: “No se trata de un niño como han pretendido hacernos creer, incluso le han rebajado la edad, pero tenía 26 años, era mayor que varias de las víctimas, era teniente, ayudante del comandante del regimiento, tenía un cargo como teniente, era el ‘comandante de la Comisión de la Plana Mayor y Servicio’, en otras palabras, Inteligencia, y bajo su mando debe haber tenido al menos 90 efectivos entre conscriptos y suboficiales”.
Las cartas que lo retratan
Tres son los documentos que diera a conocer en exclusiva Cambio21 y que muestran la “otra cara de la moneda” de Cheyre. La primera es una de 1973 donde instruye a los prefectos de Carabineros, Investigaciones, al jefe zonal de Prisiones y otras autoridades, en su calidad de ayudante del jefe de plaza, que en adelante los términos “presos políticos y muertos” deben ser reemplazados por “personal en detención” y “bajas”, buscando ocultar así la verdadera dimensión de lo que ocurría en el país con los secuestro y crímenes.
La segunda carta y que mostráramos en su oportunidad en exclusiva, da cuenta que siendo parte del Alto Mando del Ejército suscribió en enero de 1996 el acta que establecía el pacto de protección para Augusto Pinochet denominado “Acuerdo Solemne” y en el cual dejó constancia escrita de “los sentimientos de invariable respeto, irrestricta lealtad, afecto y especial deferencia hacia la máxima autoridad de Chile, Capitán General Augusto Pinochet Ugarte”.
En el mismo documento se comprometió junto a los otros suscriptores a mantener en los años venideros “una constante preocupación por las necesidades que le asistan (a Pinochet) en su diario quehacer, conservando toda la actual estructura de apoyo que le corresponde a una autoridad de tan alta envestidura”, estatuyendo lo que sería más tarde un verdadero pacto de silencio.
La carta suscrita por el “subalterno” Cheyre termina reconociendo en Pinochet a “una de las figuras más relevantes de la historia Patria, por sus dotes de soldado, estadista y servidor público”. Remata asegurando que “pasará a formar parte de la galería de personajes más ilustres y distinguidos del siglo”…
“Siempre supieron”
Su llegada a la comandancia en jefe del Ejército no estuvo exenta de polémicas y en especial de conocimiento por las autoridades que hoy niegan haber estado al tanto de los hechos que se le imputaban ya al militar.
La tercera carta no emana de Cheyre, pero constituye un documento histórico que desmiente a quienes aseguran que “no sabían” los antecedentes que lo ligaban en delitos de lesa humanidad y que Cambio21 da a conocer en exclusiva.
Está firmada por Natacha y Yelena Monroy Rodríguez, hijas de una presa política (Eliana Rodríguez Dubó) y parte de la Coordinadora de DDHH de La Serena, fechada el 19 de marzo de 2002 y con membrete de recepción de La Moneda ese mismo día, donde advertía al entonces presidente Ricardo Lagos que el general Emilio Cheyre estaba ligado al fusilamiento de los 16 presos sacados de la cárcel que fueron masacrados por la Caravana de la Muerte y que hoy lo tienen procesado.
Puntualiza Carmen Hertz: “Era el jefe de inteligencia del regimiento a partir del 10 de septiembre… Si hasta firmo la hoja de vida y calificaciones del único condenado del caso Lejderman… Los presos que más tarde fueron asesinados en La Serena fueron sacados en dos grupos, igual que en Calama. Entre los custodios iba Cheyre, el que leyó los nombres de los detenidos que fueron asesinados; él ordenó en su calidad de jefe a los reservistas de inteligencia que ordenaran el polígono de tiro donde se hicieron las ejecuciones… No puede ahora alegar desconocimiento de lo que sucedía. Eso es ser cómplice, facilitar la comisión de un delito; no es autor material sino que la facilita, es más que encubridor”.
El controvertido “nunca más”
Sin éxito intentamos contactar al abogado Jorge Bofill, representante de Emilio Cheyre, a pesar de nuestros recados y llamados. Al cierre de esta edición no se tuvo respuesta del profesional. Sin embargo un comunicado entregado por su oficina da a conocer la posición de la defensa del exmilitar. Ahí asegura que el ex uniformado ha sido “víctima de una persecución política infame”, asegurando que “la resolución en nada cambia mi convicción sobre la inocencia de Juan Emilio Cheyre, quien durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es general del ‘nunca más’”.
También ha señalado el profesional que representa judicialmente al militar en retiro que este era un joven al momento del golpe y que de haberse opuesto corría riesgos evidentes, haciendo referencia a la denominada doctrina castrense de la Obediencia Debida, que exime de responsabilidad al subalterno cuando la orden le resulta imposible de resistir.
Una visión absolutamente distinta manifiesta la abogada Carmen Hertz: “La obediencia debida es para actos de servicio, no para cometer crímenes. Ello no se acepta desde hace mucho tiempo en tribunales chilenos e incluso tampoco se admite ya en los tribunales internacionales. Existe mucha jurisprudencia internacional e interna sobre la materia”, advierte.
El reconocimiento de que personal del Ejército había participado de hechos que violaban derechos humanos -conocido como “nunca más”-, no fue lo único que destacó el paso de Cheyre por la comandancia en jefe de la institución castrense. En tal calidad en 2004 designó al coronel (r) Reinel Bocaz como parte de la quina para ser nombrado -como lo fue- edecán de la Cámara de Diputados, sabiendo o debiendo saber que estaba implicado en casos de DDHH.
Ya acogido a la civilidad, ocupó el más alto cargo dentro del sistema electoral en nuestra democracia, la Presidencia del Servicio Electoral, puesto del que debió salir como consecuencia de la filtración y reconocimiento de su intervención en el caso Lejderman y el cara a cara con el hoy sobreviviente hijo del malogrado matrimonio.
Sin embargo no abandonó el Servel, el que integra hasta hoy, a pesar de haber presentado la renuncia una vez procesado y encarcelado en una unidad militar a la espera de las resultas de los recursos que su abogado interpondrá. También asumió una cátedra universitaria y colaboró en diversas actividades ligadas a materias internacionales en apoyo al Estado de Chile.
Dos niños muertos
Siendo aún militar Juan Emilio Cheyre fue ligado a fusilamientos sumarios, determinación de quiénes serían ejecutados, la entrega a unas monjas de un menor -hijo de un matrimonio de extranjeros que acababa de ser masacrado-, así como su eventual responsabilidad en las muertes de dos menores en el conocido caso Guayacán, entre otros.
Una querella criminal interpuesta por los abogados Juan Bustos y el hoy diputado Hugo Gutiérrez alcanzó a Ariosto Lapostol Orrego, comandante del Regimiento Arica, y al ex comandante en jefe del Ejército, que en aquel momento se desempeñaba como su ayudante. También se dirigió en contra de Augusto Pinochet y todos los que resulten responsables. La querella buscaba determinar responsabilidades militares por la muerte de dos niños que fueron encontrados muertos y sepultados a orillas del camino que conduce a la playa La Herradura, cercano a los depósitos de combustible, y a una distancia de aproximadamente 100 metros de las casas que habitaban.
Lo que lo ligó al caso fueron su mando sobre la tropa eventualmente participante de los hechos que habrían causado la muerte y las palabras del hijo homónimo del general (r) Manuel Contreras: “hay otra situación, en que mueren dos niños en La Serena. Había un aviso de que el MIR, durante el toque de queda, iba a colocar unos explosivos en unos estanques de combustible. El Ejército puso guardias, los soldados vieron dos siluetas y dispararon. Después se dieron cuenta de que eran niños. Cheyre dice que esa Navidad estaba en la casa de sus suegros, en Iquique. Pero en ese regimiento era vox populi lo que había ocurrido y él nunca dijo nada (…)”, sentenció. La causa se sobreseyó debido a un peritaje que estableció que se habría tratado de un accidente sin intervención de terceros.
-El autor, Mario López M., es periodista de la revista Cambio21
*Fuente: Cambio 21

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Verdugos, fariseos y Cheyre

Redacción piensaChile — Wed, 20 Jul 2016 02:11:46 +0000

19 julio 2016
Variopinto coro de personajes es el que hoy se empeña en redorar los deslucidos blasones del “General del Nunca Más”. Es una tarea ardua y poco dignificante la de estos señores, pues este general es el mismo que prestó decisivos servicios a Pinochet cuando los ”pinocheques” y otros latrocinios pusieron en jaque al dictador, durante el primer gobierno de la Concertación.

Menos dignificante aún es el que sus defensores cierren pulcramente los ojos ante la responsabilidad que cupo al general, a la sazón comandante en Jefe del Ejército, en el desenlace del tenebroso ejercicio nocturno que concluyó con varias decenas de subordinados suyos muertos en Antuco.
¿Qué decir de la puerilidad de la tentativa de exculpar al “joven teniente, de 25 años”, que “mal podía oponerse, solo, inexperto y disciplinado”, a una orden de sus superiores jerárquicos, cuando estos llegaron a La Serena para perpetrar sus crímenes?
Con su acción, esta amalgama de notables de la clase política chilena pretende minimizar el impacto y la herencia que nos legaran las dictaduras cívico-militares que se sucedieron en nuestro continente.
El blanqueo del obscuro pasado de este tipo de generales forma parte de una estrategia de banalización del mal castrense, que se tradujo en la instalación en la vida cotidiana de nuestro pueblo, entre muchas otras desventuras, del terror, la pusilanimidad y la cobardía, suscitando la proliferación de verdugos y fariseos.
La manipulación de la información y la domesticación de los espíritus han sido llevadas a cabo con maestría por imaginativos expertos de la acción, y otros asesores del poder, duchos en gestión de la credulidad pública y del enriquecimiento privado.
No deja de asombrar la eficacia y meticulosidad de las estrategias con las que se ha tejido la malla en que se entrelazan los intereses más variados de la clase política criolla con los intereses de los predadores que gobiernan el mundo.
Malla férrea e inextricable que garantiza el funcionamiento de una institucionalidad que ya no logra maquillar la lepra que la corrompe ni la lenidad que la disuelve; institucionalidad que asegura la impunidad a criminales de cuello y corbata, de gorra y charretera, de mitra y sotana, repelente fauna engrosada, recientemente, con los presidentes de los clubes de fútbol.
Nuestra sociedad se ha convertido en un lastimoso espectáculo en el que los simulacros y la utilería de la televisión han reemplazado a los hombres y a la realidad.
Todo ello hace aplicable a nuestra prosaica cotidianidad lo que afirma un personaje de La Broma, de Milan Kundera, quien constataba cuán difícil era restablecer el honor, aliviar los dolores, restaurar las lealtades, mitigar todo el daño provocado por el totalitarismo estaliniano en las «Democracias Populares». Dicho personaje, aludiendo a las arbitrariedades policiaco-burocráticas, decía: «Nada será reparado, todo será olvidado».
Regímenes cuya abyección no sería sino un asunto menor, habida cuenta del “milagro económico” que ellos habrían realizado.De lo que se trata hoy es, más bien, de intentar oponer a esa terrible constatación otra lógica. Es ocioso detenerse a reflexionar acerca de modalidades de reparación del daño a fortiori si se trata de crímenes contra la Humanidad, como los perpetrados por la dictadura cívico-militar chilena y sus hermanas en abyección de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay… y tantas otras, que compartieron los mismos altares a la hora de comulgar, y saciaron su sed homicida en los mismos abrevaderos del odio y del crimen.
Por lo tanto, la primera parte de la aserción del héroe kunderiano no puede sino ser admitida: «Nada será reparado». No tan solo es imposible una reparación, sino que nada nos puede consolar por lo ocurrido en el Cuartel Simón Bolívar, Tejas Verdes, Villa Grimaldi, en los lugares visitados por la Caravana de la Muerte, sitios en los que la infamia y el horror igualaron a lo acontecido en la Escuela de Mecánica de la Armada argentina.
Barbarie congénere de la conocida en Auschwitz, Majdanek, Dachau, Treblinka y otros proverbiales antros del crimen nazi.
El que nuestros derechistas locales no vean el aire de familia perceptible en todos los actores de la barbarie reaccionaria de aquí y de allá, no cambia nada al asunto. Podemos decir lo mismo acerca de la amnesia programada que afecta a los otrora discípulos de Lenin-Trotsky, Mao, Castro y otros Guevaras, para quienes no son sino datos de la causa los horrores vividos en Vorkuta, Karaganda, Solovetsky, Norilsk, La Kolima y demás infiernos del espanto y de esclavitud del Gulag.
Esa es la razón de por qué nada de cuanto contribuyó al desencadenamiento de la violencia armada del Estado contra un pueblo indefenso, nada de cuanto favoreció, deliberadamente o por omisión, la destrucción de la democracia, nada de aquello que dejó desamparados a los ciudadanos ante los brutales y cobardes abusos de los militares y sus cómplices, nada de cuanto legitimó y confortó la mercadolatría traída de la mano por el furor totalitario, nada de todo ello debe ser olvidado.
Las palabras del personaje de La Broma podrían ser reformuladas así: precisamente porque el daño que provoca el abuso y el crimen no puede ser reparado, nada de lo irreparable debe ser olvidado.
*Fuente: El Mostrador

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Orden firmada por Emilio Cheyre, el 28 Noviembre 1973, como Ayudante del Jefe de Plaza

Redacción piensaChile — Wed, 13 Jul 2016 14:40:41 +0000

En este adjunto aparece la Orden No. 283 del 28 de noviembre de 1973 enviada por el Teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza en su calidad de Ayudante del Jefe de Plaza de la Provincia de Coquimbo y de los Departamentos de Freirina y Huasco de la Provincia de Atacama a : Carabineros,Investigaciones,Servicio de Prisiones y Regimiento No. 2 «Arica».
En ese escrito Cheyre ordena a los Jefes de las instituciones arriba mencionadas que no deben utilizar las expresiones «presos políticos» y «muertos» . Deben referirse a los mismos como » personal en detención provisoria» y «bajas» . Cheyre se refiere al telegrama del Ministerio del Ministerio despachado por el Subsecretario Enrique Montero Marx.
[Haga clic sobre la imagen para verla con mayor nitidez]

SIRVASE US. CONSIDERAR EN LOS INFORMES QUE SE PROPORCIONEN A ESTE MINISTERIO QUE LOS TERMINOS PRESOS POLITICIOS Y MUERTOS DEBE SER REEMPLAZADOS POR LOS DE PERSONAL EN DETENCION PROVISORIA Y BAJAS RESPECTIVAMENTE.-
Este muy importante documento ratifica que el Teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza era muchísimo más que un simple y muy joven teniente de 26 años,que muy poco sabía de lo que pasaba en el país . Cheyre al 11 de septiembre de 1973 era integrante del SIM – Servicio de Inteligencia Militar – y ejercía como jefe operativo del mismo en el Regimiento No. 2 «Arica» de Coquimbo . En los primeros meses de 1974 Cheyre ascendió al grado de Capitán .
El ex Presidente Ricardo Lagos Escobar al igual que Jaime Ravinet y Jorge Burgos y varios otros personeros políticos , han salido en defensa del simple y muy joven teniente de 26 años Juan Emilio Del Sagrado Corazón de Jesús Cheyre Espinoza.
[Haga clic sobre la imagen para verla con mayor nitidez]

Información distribuída por Mario Galetovic Sapunar: bortin4@hotmail.com
– Enviada a piensaChile por Germán Westphal
*Fuente:https://www.facebook.com/groups/ExPresosPoliticosChilenosEnExtranjero/

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La desvergonzada justificación que hizo Lagos de Cheyre

Redacción piensaChile — Wed, 13 Jul 2016 02:36:29 +0000

«Creo que no es justo juzgar a Cheyre por lo que hace un teniente a los 25 años. ¿Qué otra cosa más podía hacer un teniente cuando se está en Estado de Guerra?« (Ricardo Lagos en La Tercera, 28/VIII/2013)

Ésta es la justificación que el ex Presidente de la República Ricardo Lagos dio a los actos de Juan Cheyre cuando éste se vio obligado a renunciar a la Presidencia del SERVEL a raíz de distintas denuncias relativas a violaciones de DD.HH.
Si se sigue el razonamiento de Lagos –jurista de profesión– y el año 1973 el país estaba en Estado de Guerra, las Convenciones de Ginebra son aplicables. Según esto, Cheyre tendría que ser tratado como criminal de guerra. Los crímenes de guerra no son exculpables por obediencia debida la cual es sólo reconocida para rebajas de pena si el inculpado demuestra que su vida estaba en riesgo al desobedecer las órdenes de un superior jerárquico. Hasta donde sabemos, Cheyre cooperó y participó voluntaria y abiertamente con la Caravana de la Muerte en La Serena y en otros actos criminales, como por ejemplo en la detención, tortura y simulacro de fusilamiento de Eliana Rodríguez Dubó. Ver el siguiente enlace:
http://www.memoriaviva.com/Centros/04Region/Regimiento%20de%20Infanteria%20N1%20Arica%20de%20la%20Serena.htm
A lo anterior se suma el hecho que Cheyre era una persona mayor de edad plenamente responsable, tanto moral como criminalmente, –ningún menor, como Lagos intenta presentarlo.
Por último, Lagos reconoce implícitamente que Cheyre violentó los DD.HH. de sus víctimas en tanto que busca justificarlo absurdamente como un teniente de 25 años que no podía hacer otra cosa en un Estado de Guerra. En otros términos, Lagos esgrime en defensa de Cheyre el mismo seudo argumento que han usado los criminales de guerra para justificar sus atrocidades: todos obedecían órdenes.
Éste es Ricardo Lagos Escobar, el ex Presidente de la República de Chile y eventual candidato a la reelección.

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Cheyre, el protegido

Redacción piensaChile — Tue, 12 Jul 2016 02:21:45 +0000

11 julio 2016

En los últimos dos meses y ante el inminente procesamiento de Juan Emilio Cheyre, el lobby de distintas autoridades de Gobierno se intensificó. Las conversaciones no solo apuntaron al propio ministro Mario Carroza sino que asimismo habrían llegado hasta algunos consejeros del CDE, organismo que también podría haber pedido el procesamiento del ex máximo oficial del Ejército, lo que finalmente llevó a cabo el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.Cerca de las seis de la tarde del jueves pasado, un correo del abogado Jorge Bofill salió desde uno de los computadores de Imaginacción, la consultora del lobbista Enrique Correa. Era la primera reacción del representante del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, ante el procesamiento dictado por el juez Mario Carroza. “En nada cambia mi convicción sobre la inocencia de Juan Emilio Cheyre, quien durante los dos últimos años ha sido víctima de una persecución política infame. Chile sabe que él es general del ‘nunca más’”, señalaba el comunicado de prensa.

La resolución del juez sorprendió a muchos en el entorno de Cheyre y también a varias personas en el mundo de los Derechos Humanos. El ex comandante en Jefe del Ejército se había convertido en un intocable y en los últimos dos meses había sido el centro de un cauteloso lobby.
El periodista Javier Rebolledo –autor de la investigación más completa sobre los cuarteles de exterminio de la DINA– develó que, aunque no sirvió de mucho, una de las presiones vino del ministro de Defensa José Antonio Gómez, quien se reunió con el ministro Carroza para “recordarle lo importante que había sido Juan Emilio Cheyre para la transición y lo importante que es para la democracia”. Esto lo contó Rebolledo el pasado viernes en radio Concierto.
Ni Carroza ni Gómez se han referido a dicho encuentro. Consultado sobre eventuales presiones, el vocero de la Corte Suprema, Milton Juica, señaló que «los jueces están preparados para recibir cualquier tipo de influencia de cualquiera, pero el Poder Judicial no se deja influenciar por nadie».
Fuentes ligadas al caso, señalaron a El Mostrador que el encuentro fue real y habría ocurrido después de que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior solicitara procesar al militar.
El escrito fue presentado el 7 de junio de este año, pero descansó durante meses en el Ministerio de Interior. Estaba redactado y listo desde fines de marzo de este año y, antes que provocara el procesamiento de Cheyre, desató también la salida del entonces jefe del área jurídica y abogado del Programa, Rodrigo Lledó.
A fines de mayo, el secretario ejecutivo del mismo Programa, Sebastián Cabezas, solicitó la renuncia a Lledó, quien en sus últimos días de funciones presentó los antecedentes a la Justicia con el fin de acreditar la participación de Cheyre –como encubridor– en la muerte de 15 personas en el regimiento Arica de La Serena. Así se ponía fin a tres meses de dilación.
Para Cristián Cruz –abogado querellante en la causa– la mayor protección de Cheyre ha venido del mismo Ejército, pero también desde el mundo político. “Creo que lo más emblemático es lo que ocurrió con Lledó. En una reunión, él se comprometió con pedir el procesamiento ante una veintena de personas. Y sabemos lo que pasó después”, dice.
En una entrevista, Lledó señaló que aunque no le consta la existencia de presiones desde el Gobierno, hasta antes de la llegada del ministro Jorge Burgos –y con Rodrigo Peñailillo a la cabeza– el Programa actuaba con total libertad, sin que la contingencia política “impidiera su marcha regular”. Con la llegada de Burgos esa relación se estrechó más.
Las reuniones y la coordinación se intensificaron y Burgos mostró una “preocupación especial” por Cheyre. Fuentes ligadas al caso señalan que el interés del hoy ex ministro del Interior incluso lo habría llevado a conversar con algunos miembros del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Este organismo también es parte de la causa y podría haber solicitado el procesamiento del militar. Sin embargo, no lo hizo.
CheyreloversConsultado por El Mostrador sobre estas gestiones, Burgos señaló que no ha “hablado con nadie para incentivar ni para evitar acciones judiciales en ese u otro caso”.
Después de conocida la detención y procesamiento de Cheyre, distintas figuras de la Concertación se volcaron en su defensa.
Ante la figura de Cheyre se cuadran con la misma intensidad varios nombres del espectro político. Tiene de su lado al propio Ricardo Lagos, y José Antonio Kast es capaz de decir que su procesamiento es una “cortina de humo” para tapar los problemas de Andrade por la abultada jubilación de su ex esposa en Gendarmería.
Cuando hace unas semanas TVN emitió un ‘Informe Especial’ con “El laberinto de Cheyre”, en el departamento de Prensa hubo bastante incertidumbre por cuáles podrían ser las repercusiones.
Enrique Correa lo asesora comunicacionalmente, aunque no es la primera vez que el lobbista y vicepresidente de la Fundación Salvador Allende hace lo mismo con un militar en problemas: también asesora al ex comandante en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba, investigado por eventual enriquecimiento ilícito, según señala el libro Milicogate, del periodista Mauricio Weibel.
En el entorno de Cheyre creen que la estrategia judicial que busca su procesamiento es una maquinación que viene desde Punta Peuco y muchos de quienes lo defienden se cierran en su discurso del “Nunca más”. Y es que entre los ex militares condenados por violaciones a los DD.HH. el ex Comandante en Jefe es considerado un traidor. Esto, debido a que, en noviembre de 2004, Cheyre publicó el documento «Ejército de Chile: el fin de una visión», donde asumió la responsabilidad del Ejército en los crímenes de la dictadura.
Constituyó el intento de marcar un hito político entre lo que fue el Ejército pinochetista y lo que desde allí sería un cuerpo militar apolítico, sometido al poder civil. Todo esto bajo una cuidada puesta en escena coordinada con el Gobierno del Presidente Lagos, que exhibe la operación de Cheyre como uno de sus más grandes logros.
Sin embargo, el Ejército nunca ha colaborado de forma categórica en el esclarecimiento de los crímenes en dictadura y, como lo ha recordado en varias oportunidades el diputado Hugo Gutiérrez, durante su periodo como comandante en Jefe del Ejército (2002-2006), Cheyre aseguró que esa institución no contaba con una lista de agentes de la DINA, aunque dos años después que Cheyre abandonara su cargo, el general Óscar Izurieta –su sucesor– le entregó al juez Alejandro Solís una lista de más de mil nombres de agentes que habían pertenecido al organismo represor.
Cheyre se convirtió en uno de los militares con uno de los mejores vínculos con el mundo político, transversalmente. El año 2012 fue designado por Sebastián Piñera –con acuerdo del Senado– como miembro del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (Servel). Primero, como presidente y, desde 2013, como consejero. El viernes, sin tener en cuenta que se trata de una investigación judicial, el Servel apoyó a su consejero en un comunicado público.
“Cheyre se convirtió en una especie de hijo putativo de la Concertación y, por lo tanto, fue favorecido primero con el nombramiento de comandante en Jefe y luego abrió otros ámbitos para que se desarrollase en su carácter de persona civil. Cheyre pertenece a una camada que tiene un estilo de comportamiento en el Ejército más amigable y son mucho mejores relacionadores públicos”, señala un ex parlamentario ligado al actual bloque de cheyreGobierno.
El Mostrador intentó comunicarse con el abogado de Juan Emilio Cheyre, Jorge Bofill, pero no se obtuvo respuesta.
*Fuente: El Mostrador

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Basta ya de proteger a los criminales civiles y militares de la dictadura

Redacción piensaChile — Sun, 10 Jul 2016 16:25:23 +0000

Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, porque son delitos cometidos en contra de la humanidad, este principio universal se aplica en nuestro país, a las acciones violentas ejecutadas durante y después del golpe de Estado de 1973, por militares, quienes formaban parte de las Fuerzas Armadas y civiles miembros de partidos políticos de derecha. Personas que planificaron, ejecutaron o financiaron las políticas para perseguir, encarcelar, torturar, asesinar y llevar adelante la desaparición forzada de personas, actuando como agentes del Estado.
Sin embargo hoy, a raíz del procesamiento del ex General de ejército Juan Emilio Cheyre, la aristocracia concertacionista y sus dirigentes, han alzado la voz para defender a quien está acusado de encubrir el asesinato de 15 personas en la ciudad de la Serena en 1973 y señalado por sobrevivientes, como torturador. Será que estos dirigentes democratacristianos, del PPD y Socialistas, se olvidaron que Cheyre esta vinculado, a través de este caso, a la caravana de la muerte, uno de los hechos mas cruentos de esa época, ordenado directamente por Pinochet y que cobró 96 víctimas.
Es cierto que todo acusado tiene derecho a demostrar su inocencia, aunque esta regla jurídica no funcione para todos por igual, pero para nosotros ex oficiales y suboficiales de la Fuerza Aérea, que nos opusimos al golpe de estado de 1973 y a reprimir y asesinar a nuestros compatriotas, el general Cheyre es la imagen mas clara de todo un proceso político, que por 27 años ha impedido trasparentar toda la verdad, respecto de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, y de quienes son los culpables de estas aberraciones.
El papel que jugó Cheyre en la transición política, argumentado por dirigentes de la Concertación, es un intento por lavar su imagen, forma parte de la política de olvido que ha impedido llevar a la justicia, a todos los criminales comprometidos con el largo periodo de violaciones a la derechos humanos en Chile. Una política que lejos de resolver el problema de los derechos humanos ha permitido a ex torturadores y culpables de crímenes e lesa humanidad, ocupar altos cargos en la dirección del Estado, en la educación y en el caso de Cheyre: Comandante en Jefe el Ejercito, luego funcionario del Estado y director de un centro de estudios en la Universidad Católica.
Es el mismo oficial de ejército que en 1973 participó o encubrió abusos terribles, odiosos y obscenos como es la tortura y los crímenes cometidos en contra de millones de chilenos y chilenas por pensar distinto. Participe de hechos tan infames como degradantes, escondidos por Cheyre, para impedir que se sitúe en la conciencia civil y que esta lo condene.
Sin embargo sus defensores pretenden ignorar su pasado, le señalan como “el artífice” de la decisión del Ejército de asumir las responsabilidades, como institución, por los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado, como si ello pudiera borrar lo sucedido. Pero es que además, este es un atributo que nunca tuvo, porque desde que asumió el cargo de Comandante en jefe del Ejercito, entre el 10 de marzo de 2002 y el 10 de marzo de 2006, no hay señales de un esclarecimiento real y efectivo, sobre el papel que Oficiales y Suboficiales cumplieron a cargo de diferentes regimientos transformados en centros de tortura y asesinatos, ni menos la identificación de estos para llevarlos a la justicia, tampoco se entregó la información que los familiares de detenidos desaparecidos esperan para conocer que pasó con sus seres queridos y donde están sus restos.
Por el contrario, Cheyre ha mantenido el silencio, ocultando sus responsabilidades e intentado encubrir, en la Institución militar, su participación en la represión. Haciendo lo que antes hizo el ex general Mathei, director de la Academia de Guerra Aérea, (AGA), uno de los centros de torturas mas crueles de la época, traspasando a las nuevas generaciones de Oficiales y Suboficiales, un pacto de silencio sobre la historia de asesinatos, torturas y enriquecimiento ilícito, bajo la gran mentira de que el ejercito luchó en contra del comunismo.
Basta ya de mentiras, quienes fuimos militares, que no traicionamos nuestro juramento y que fuimos leales a nuestro pueblo, sabemos que no hay un oficial, activo en esa época, que desconociera que se hacia en los regimientos, cuarteles, bases aéreas, buques y comisarías, con los detenidos. Y que quede claro, la opción de no aceptar ordenes criminales y oponerse al golpe de Estado, a la sedición militar, fue una elección posible.
Cheyre aceptó las ordenes de perseguir a opositores políticos y las ejecutó de manera consciente, siendo además, un oficial de inteligencia es decir, de máxima confianza de los mandos golpistas. A nosotros quienes no aceptamos reprimir y asesinar a nuestros compatriotas, nos significo la expulsión de la institución militar, la tortura y el exilio.
Dicho esto, seguir aceptando el argumento que Cheyre y sus defensores esgrimen, que un teniente en 1973 no sabia lo que pasaba, es avalar una gran mentira y que solo alienta la impunidad. Durante todo el periodo de la dictadura, la detención, la tortura y el exterminio de personas no fue un secreto de estado, salvo algunas excepciones. Se planificó a nivel político y se ejecuto a través de la cadena de mando en las FFAA, con ordenes o instrucciones algunas de ellas de carácter general y otras mas reservadas, pero todas orientadas por una instrucción general y pública que fue la guerra (interna) en contra del comunismo.
En esos días a los militares se nos informaba y arengaba todos los días sobre nuestro papel en la “liberación de Chile del comunismo”, lo mismo hacían los oficiales a cargo, cuando nos reunían en patrullas para salir a realizar allanamientos a casas particulares, empresas, a perseguir personas. Esas patrullas estaban al mando, casi siempre, de un teniente, quien ejecutaba junto a sus subordinados la orden de reprimir, la que emanaba de un oficial de mayor grado a cargo de los operativos territoriales, capitán o comandante.
Han transcurrido cuarenta y tres años, desde el golpe de Estado cívico militar, una situación que hace difícil, para quienes no vivieron esas horribles experiencias, imaginarse la prepotencia, el fanatismo, la violencia y la irracionalidad con la que actuaban en esa época los mandos superiores y subalternos ( subtenientes a capitanes) con los prisioneros.
Esos jóvenes oficiales y suboficiales, cumpliendo ordenes que obedecían conscientemente, se arrogaban el derecho de decidir sobre la vida de las personas y luego, participaron o fueron cómplices encubridores, de las acciones que llevaron a cabo, para que el asesinato en masa de los opositores a la dictadura quedara en el secreto, velando para que no quedaran registros escritos, lo que se han encargado de proteger con un vergonzoso pacto de silencio.
Es difícil y eso lo comparto, imaginarse a muchos Cheyres quienes ocupan hoy cargos de profesor, medico, empleado publico o empresario, como torturadores o encubridores de las atrocidades cometidas en el pasado, pero esos recuerdos están en nuestras memorias, como forados imposibles de reparar. Que nos señalan a los Mathei, a los Echeverría, a los Labbe, como autores directos o indirectos de acciones de castigo brutales para degradar y humillar a los que su mando definió como enemigos de Chile, lo que les daba carta abierta para torturar, para extraer información, “ablandar” o quebrar la resistencia de los detenidos a fin de hacerlos hablar.
Por eso es que la brecha temporal que separa los hechos ocurridos, como consecuencia del golpe cívico militar de 1973, de su juzgamiento y sanción, no puede ser valorada si no se analiza el contexto, si no se considera que mientras los crímenes ocurrían, no existían las bases democráticas que configuran el Estado de Derecho. Lo que se ha establecido es que Cheyre formó parte, como oficial de ejército, de inteligencia, de una estructura, de un poder organizado para reprimir al adversario, un poder que se valió del control dictatorial para procurar la impunidad de actos atroces, en ausencia de mecanismos jurídicos que procuraran la defensa y protección de los derechos vulnerados.
Finalmente unas palabras mas para los políticos que con tanta lealtad defienden a los violadores de derechos humanos y vinculados a crímenes de lesa humanidad, defender a Cheyre como lo hicieron con Mathei es una bofetada a la dignidad. Además de una acción irresponsable, que le deja la puerta abierta a quienes a través de una historia mentirosa, ensalzan la obra de la dictadura, alimentando mentes enfermas, dispuestas repetir los horrores que hicieron en nuestro país.
– El autor, Dr. Enrique Villanueva Molina, fue suboficial de la Fuerza Área y miembro de la resistencia contra la dictadura cívico-militar que gobernó Chile desde el 11 de septiembre de 1973 hasta marzo del año 1990

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juan emilio cheyre espinoza – piensaChile

Los testimonios de los ex presos políticos de la dictadura que acusan a Cheyre de torturas

“Es completamente inocente”

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