Un ministro de Israel anunció este domingo (13.09.2026) que quería despojar de su nacionalidad por «traición al Estado» a los realizadores del documental «NAZA», que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

Su documental «NAZA» ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

«Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado», declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

El ministro acusó a los creadores de la película de querer «perjudicar a su patria para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo».

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Bueno, los israelíes han conseguido intimidar a sus vecinos, que nunca fueron muy fuertes militarmente y de entrada tampoco eran sociedades muy fuertes.

Pero sin Estados Unidos y sus fuerzas armadas, Israel no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. No tiene ninguna posibilidad de imponerse ni de dominar a nadie.

Si pusieran en pantalla ese proyecto de Gran Israel, si tuvieran un mapa de eso, la idea de que los israelíes pudieran lograr algo de todo eso sin nosotros es absurda. La pregunta a la que nadie quiere responder en Washington es, ¿qué interés tenemos nosotros en el proyecto del Gran Israel? La respuesta es ninguno. No tenemos ningún interés en eso, en absoluto. Es una locura.

24 minutos

Y las cosas van a empeorar aquí, van a empeorar en Europa. Así que creo que vamos a ver un gran cambio. Ya sabe, como creo que mencioné la última vez que estuvimos juntos, anticipo algo de la magnitud de las revoluciones de 1848 en toda Europa occidental. Con el tiempo acabaremos sumándonos. Hay muchos problemas que hemos ignorado y de algún modo hemos escondido bajo la alfombra durante mucho tiempo y ahora vamos a tener que afrontarlos, nos guste o no.

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El viaje realizado entre el 21 y el 30 de agosto de 2026 por una comitiva de 11 parlamentarios chilenos a los territorios palestinos ocupados, para reunirse con cargos políticos y militares de la entidad israelí, representa una afrenta directa a la obligación de acatamiento de los derechos humanos y del derecho internacional.

Esta vergonzosa visita, caracterizada como un periplo político y turístico destinado a asimilar la visión de mundo del sionismo bajo la estrategia de la Hasbará (1) cristaliza la más abyecta bancarrota moral de quienes ostentan representación popular. Esta instrumentalización comunicacional busca sistemáticamente suavizar la imagen internacional de Israel y despojar de peso institucional a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la ocupación ilegal de tierras palestinas.

Once parlamentarios que decidieron cruzar medio planeta para regalarse una postal de turismo ideológico al régimen sionista israelí, acompañados del canciller israelí, Gideon Sa’ar, celebrando una supuesta «relación renovada» mientras el mundo asiste con horror al genocidio en Gaza y la intensificación del expolio en tierras palestinas en Cisjordania.

En la reunión registrada en la fotografía que subió el canciller israelí, también participó el embajador de Chile en Israel, el abogado de ciudadanía chileno-israelí y de origen ucraniano Gabriel Zaliasnik. Los parlamentarios de la vergüenza, diez de ellos pertenecientes a la derecha denominada liberal y la ultraderecha chilena pinochetista, son:

Los diputados

Hans Marowski y Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario (PNL);

Marco Antonio Sulantay y Daniel Lilayu, de la Unión Demócrata Independiente (UDI);

Roberto Arroyo, Eileen Urqueta y Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG);

Stephan Schubert y José Carlos Meza, del Partido Republicano;

Fernando Zamorano, del Partido por la Democracia (PPD);

y el único senador, Enrique Lee, autodenominado independiente.

Se trató de un viaje impresentable, efectuado en pleno genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, a manos de la entidad israelí, sus cuerpos militares y los contingentes de colonos extranjeros ilegalmente asentados en Cisjordania que asesinan y roban. Visitar los territorios ocupados sin denunciar el régimen de dominación colonial y la expansión de los asentamientos constituye una grave incongruencia con la histórica solidaridad internacional de la sociedad chilena con los pueblos en resistencia y una validación indirecta de crímenes que vulneran de forma flagrante el derecho internacional humanitario.

Un periplo efectuado bajo la coartada de una «semana distrital» que desnuda el cinismo de un sector político dispuesto a legitimar la ocupación, el apartheid y el exterminio sistemático del pueblo palestino a cambio de la fotografía oficial y el confort de los hoteles de cinco estrellas.

Es, evidentemente, la desnaturalización de lo que se conoce en Chile como la “semana distrital”: periodo legislativo diseñado exclusivamente para que los diputados y senadores recorran sus respectivas circunscripciones o distritos, escuchen las demandas de la ciudadanía, fiscalicen en terreno y atiendan los problemas cotidianos de quienes los eligieron en las urnas.

La elección popular de los congresistas no ha sido para dedicarse al goce de viajes internacionales y menos aún a una visita de carácter geopolítico, que significa apoyar a una entidad genocida como la israelí. Utilizar tiempo protegido por ley y recursos institucionales para una agenda geopolítica al margen del vínculo con el electorado erosiona la legitimidad del Congreso. Con un costo estimado de al menos 15.000 dólares por invitado en pasajes, estadía y traslados, el financiamiento opaco de este periplo carece de cualquier beneficio para la sociedad chilena y evidencia una priorización de las agendas de élite por sobre las demandas sociales urgentes.

Subordinación geopolítica y complicidad diplomática

La visita incluyó reuniones con el mencionado canciller israelí Gideon Sa’ar y la participación del embajador de Chile en Israel, el abogado de ciudadanía chileno-israelí Gabriel Zaliasnik, además de figuras asesoras vinculadas a los intereses del sionismo regional. Estas gestiones configuran un alineamiento ideológico y diplomático que subordina los intereses nacionales a los ejes de Washington y Tel Aviv.

El clímax entreguista y desvergonzado de esta delegación ocurrió al entregar una medalla conmemorativa de la Cámara de Diputados a Roni Kaplan, un personaje vinculado a la maquinaria bélica del ejército de ocupación israelí sobre quien pesan cuestionamientos por crímenes de guerra. Entregar símbolos patrios chilenos a un propagandista de la ofensiva militar es un insulto a la memoria de las más de 250.000 víctimas mortales en Gaza y a la resistencia histórica del pueblo palestino frente al muro de apartheid y la usurpación de tierras.

Esta actuación parlamentaria sintoniza con el giro drástico y alarmante de la política exterior bajo la administración de José Antonio Kast. Rompiendo con la histórica tradición multilateral y de respeto a los derechos humanos de la diplomacia chilena, el actual gobierno ha profundizado vínculos inaceptables con regímenes autocráticos y potencias hegemónicas.

Este estrechar de relaciones configura un alineamiento ideológico y diplomático profundamente imbricado. Este diseño no constituye un hecho aislado ni una simple coincidencia protocolar, sino la ejecución deliberada de una agenda orientada a blindar una alianza geopolítica incondicional. Prueba de ello es la designación de un embajador en Washington, Andrés Ergas, perteneciente a la comunidad judía chilena, que subraya la voluntad de tender puentes directos con los círculos de poder e influencia sionista en el hemisferio norte, alineando los intereses geopolíticos nacionales de manera subordinada a los ejes de Washington y Tel Aviv.

La elección de un ex presidente de la comunidad judía chilena, con doble nacionalidad chilena e israelí, como es Gabriel Zaliasnik, para encabezar la embajada en Israel disuelve las fronteras tradicionales entre la diplomacia de un Estado soberano y los intereses corporativos de una diáspora organizada, operando en la práctica como un comisionado de los intereses del Estado ocupante.

Sumemos la incorporación de Eitan Bloch, coordinador de las comunidades sionistas del Cono Sur sudamericano, exasesor de la embajada de Israel en Chile y de diputados como el demócrata cristiano Gabriel Silber, miembro de la comunidad judía sionista en el país austral y uno de los principales lobistas de empresas israelíes. La labor de Bloch como uno de los asesores principales en materia internacional de Kast evidencia que la toma de decisiones estratégicas en política exterior ha sido delegada o fuertemente influenciada por cuadros orgánicos vinculados directamente a la defensa y promoción del sionismo regional e internacional.

Este entramado de nombramientos y asesorías estratégicas consolida una estructura de complicidad institucional donde los canales diplomáticos de la República de Chile quedan al servicio de la normalización y legitimación de políticas de ocupación y crímenes de guerra y de lesa humanidad en Asia occidental, en el genocidio contra Palestina, en la agresión contra El Líbano y Siria, y en las guerras contra Irán junto a Estados Unidos. Esta realidad vulnera los principios históricos de autodeterminación y derecho internacional que Chile tiene que cautelar (2)

Bajo la administración de José Antonio Kast, la política exterior chilena ha sufrido un giro drástico y alarmante, alineándose de manera subordinada con regímenes autocráticos, potencias hegemónicas y proyectos de extrema derecha que desprecian la soberanía de los pueblos del Sur Global. Este alineamiento sitúa al país de forma vergonzosa en el lado incorrecto de la historia.

El actual gobierno ha profundizado lazos inaceptables con regímenes que aplastan el derecho a la autodeterminación, como el respaldo velado u omiso a la monarquía marroquí en su ilegal ocupación del pueblo saharaui, y la vergonzosa legitimación del régimen israelí, avalando su maquinaria de apartheid y genocidio contra el pueblo palestino. Se ha consolidado una política de sumisión ante los intereses geopolíticos de Washington, una potencia que históricamente ha tratado a América Latina como su patio trasero y ha saboteado los procesos democráticos de la región.

La diplomacia chilena estrecha posiciones y coordina agendas con gobiernos de corte autoritario —bajo el mandato de Washington— que destruyen los derechos sociales, destacando la afinidad con la administración ultraderechista de Javier Milei en Argentina, figuras de la ultraderecha colombiana como Abelardo de la Espriella, y el modelo punitivista de Nayib Bukele en El Salvador, fundamentalment.

Esta deriva internacional transforma a Chile en cómplice activo de la opresión global, sepultando la tradición solidaria y humanitaria que alguna vez caracterizó su diplomacia y se expresa en la visita despreciable de parlamentarios chilenos al territorio palestino ocupado.

La ciudadanía anota nombres y silencios. Porque disfrazar de misión oficial un viaje de lavado de imagen no solo es un acto de profunda inmoralidad política; es la prueba más dolorosa de que a ciertos representantes les importa infinitamente más la foto de protocolo y la mezquindad ideológica que la decencia humana más básica.

Al final, cuando se apaguen los focos de la diplomacia de ocasión y se guarden los trajes de gala, quedará una verdad inalterable: la historia no juzgará a estos legisladores por los acuerdos firmados en despachos clandestinos ni por las excusas de una semana distrital, sino por el peso de su silencio ante la agonía ajena.

Estos 11 parlamentarios caminaron sobre las ruinas de la dignidad humana y aplaudieron con indiferencia el dolor de los inocentes, cambiando el honor de representar a un pueblo solidario por el efímero aplauso del opresor. Y mientras el mundo siga contando los muertos bajo los escombros, los nombres de quienes eligieron ser cómplices de la barbarie permanecerán grabados con la tinta imborrable de la vergüenza, recordándonos que no hay inmunidad parlamentaria capaz de absolver la bancarrota del alma.

–El autor, Pablo Jofré Leal, es periodista y analista internacional.*Fuente:  HispanTV

Notas:

_{1. La Hasbará (esclarecimiento en hebreo) es un método de propaganda y limpieza de imagen del régimen israelí que es usado profusamente, no sólo en los territorios palestinos ocupados que llaman Israel, sino que ya ampliado al conjunto del planeta. Es una estrategia de diplomacia pública, como lo definen los sionistas, que propugnan de esta manera, la necesidad de maquillar los crímenes que esa sociedad israelí comete contra diversos pueblos: el proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino, junto a sus agresiones contra países como El Líbano, Yemen, Irak, Siria y la República Islámica de Irán.}

_{2. https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/05/05/chile-con-israel-relacion-nefasta-parte-ii/}

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¡ Sin comentarios!

Padre de Delcy Rodríguez, nombrada Presidente de Venezuela por Trump, murió en las torturas, hace 50 años, el 25 de julio de 1976. Un luchador social.

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Durante semanas, el encuentro permaneció fuera de toda comunicación oficial. No apareció en la agenda presidencial, no hubo fotografías, no existieron comunicados de prensa y tampoco se informó quiénes participaron de la reunión y cuáles fueron los temas tratados. Solo después de una solicitud de información realizada por el diputado Gonzalo Winter, el gobierno se vió obligado a reconocer que efectivamente el encuentro se realizó en dependencias del Palacio de La Moneda. La confirmación, sin embargo, estuvo lejos de despejar las dudas.

Una respuesta que responde poco.

La Presidencia sostuvo que la reunión fue «breve» y «protocolar» y que durante ella se abordaron las oportunidades y desafíos que plantea la inteligencia artificial para el Estado. Al mismo tiempo, afirmó que no existían actas, registros de asistentes ni documentos relacionados con el encuentro y rechazó entregar mayores antecedentes, invocando las normas que protegen las comunicaciones presidenciales.

Posteriormente, frente a nuevas consultas hechas por Gonzalo Winter, la respuesta oficial insistió en que no existían antecedentes adicionales, lo que llevó al parlamentario a extender sus solicitudes de información a todos los ministerios y organismos públicos, argumentando que la explicación entregada por La Moneda dejaba abiertas demasiadas interrogantes.

La explicación oficial terminó siendo paradójica: si la reunión fue tan irrelevante como se sostiene, ¿por qué mantenerla fuera de la agenda pública? Y si realmente abordó materias relacionadas con inteligencia artificial y asuntos estratégicos del Estado, ¿por qué impedir conocer quiénes estuvieron presentes?

¿Quién es Peter Thiel?

Peter Thiel no es un empresario cualquiera.

Fue cofundador de PayPal y uno de los primeros inversionistas de Facebook. Pero su influencia trasciende el mundo financiero.

Es también cofundador de Palantir Technologies, empresa especializada en análisis masivo de datos, inteligencia artificial y plataformas utilizadas por organismos militares, servicios de inteligencia y agencias de seguridad en diversos países. Su compañía mantiene contratos con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, agencias de inteligencia y fuerzas armadas occidentales, convirtiéndose en uno de los actores más influyentes del complejo tecnológico-militar estadounidense.

Por ello, cualquier reunión privada entre un jefe de Estado y una figura de estas características difícilmente puede ser considerada un simple encuentro de cortesía.

La cercanía con Javier Milei.

La visita a Chile tampoco puede analizarse de manera aislada.

Peter Thiel mantiene una conocida cercanía política e ideológica con el presidente argentino Javier Milei. Ambos comparten una visión libertaria radical sobre el rol del Estado, la regulación económica y el desarrollo tecnológico.

En los últimos meses, Thiel ha fortalecido su presencia en Argentina, país donde ha desarrollado vínculos empresariales y políticos y desde el cual proyecta parte de sus inversiones regionales. Esa relación convierte al Cono Sur en un espacio cada vez más relevante para los intereses de uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo.

Su paso por Santiago coincidió precisamente con una etapa en la que Chile y Argentina buscan fortalecer sectores considerados estratégicos, como la minería de minerales críticos, los centros de datos, la inteligencia artificial y la infraestructura digital.

Las hipótesis que deja la reunión.

Ante la ausencia de información oficial, inevitablemente surgen distintas hipótesis.

No existen antecedentes públicos suficientes para afirmar cuál fue el verdadero propósito del encuentro, pero sí es posible plantear preguntas legítimas.

¿Buscaba Thiel explorar oportunidades de inversión tecnológica en Chile?

¿Existieron conversaciones relacionadas con inteligencia artificial aplicada al Estado?

¿Se abordaron materias vinculadas a ciberseguridad o procesamiento de datos públicos?

¿Hubo interés en proyectos relacionados con, litio o infraestructura digital?

¿Se trató de una reunión política entre dirigentes que comparten una visión común sobre el desarrollo tecnológico y el rol del Estado?

Precisamente porque el Gobierno decidió mantener en reserva el contenido del encuentro, ninguna de estas interrogantes puede responderse con certeza.

La transparencia no puede ser selectiva.

Las autoridades han intentado bajar el perfil de la reunión, describiéndola incluso como un encuentro entre personas que comparten intereses comunes o como una conversación protocolar.

Sin embargo, Peter Thiel no es un académico invitado a dictar una conferencia ni un empresario cualquiera que visita Chile. Se trata de uno de los principales arquitectos del nuevo poder tecnológico global, cuya influencia combina inteligencia artificial, análisis masivo de datos, defensa, vigilancia e inversiones estratégicas.

Cuando un Presidente de la República sostiene una reunión privada con una figura de ese nivel, el interés público exige estándares de transparencia superiores a los habituales.

La ciudadanía tiene derecho a conocer, al menos en términos generales, el propósito del encuentro, quiénes participaron y cuáles fueron las materias abordadas.

Una democracia necesita luz, no sombras.

Más allá de las simpatías o diferencias políticas que pueda generar Peter Thiel, el problema de fondo no es su visita a Chile.

El verdadero problema es que una reunión entre el Presidente de la República y uno de los empresarios tecnológicos más influyentes del mundo permaneciera oculta hasta que una solicitud de transparencia obligó al Gobierno a reconocer su existencia.

Las democracias modernas requieren relaciones internacionales, inversión y diálogo con actores privados. Pero también requieren transparencia interna y externa.

Fuentes:

https://www.biobiochile.cl/noticias/bbcl-explica/bbcl-explica-notas/2026/07/09/quien-es-peter-thiel-el-magnate-tecnologico-que-tuvo-hermetica-reunion-con-kast-en-mayo-pasado.shtml

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/07/09/winter-oficia-a-todos-los-ministerios-tras-respuesta-de-la-moneda-por-reunion-kast-peter-thiel/

https://www.theclinic.cl/2026/07/09/presidencia-reconoce-que-kast-y-peter-thiel-abordaron-los-desafios-de-la-ia-para-el-estado-pero-rechaza-entregar-mas-antecedentes-de-la-reunion/

https://www.latercera.com/nacional/noticia/gobierno-confirma-reunion-entre-kast-y-fundador-de-palantir-en-la-moneda-y-evita-revelar-contenidos-del-encuentro/

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España debe mantenerse firme frente a este ataque híbrido de Marruecos y, llegado el caso, reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental

Miles personas cruzan la frontera hacia Ceuta por la playa, el pasado 31 de julio.Marcos Moreno (Europa Press)

En los estertores de la dictadura franquista, en noviembre de 1975, Hassan II promovió la Marcha verde sobre la colonia española del Sáhara español, lo que finalmente dio lugar a su ocupación hasta el día de hoy. La entrada masiva de personas, siendo la mayoría marroquíes, los últimos días de julio de 2026 en la ciudad autónoma de Ceuta supone también la instrumentalización de civiles con el objeto de alcanzar fines políticos. Esta instrumentalización no es nueva y, aunque no cuenta, como sí fue en 1975, con una convocatoria formal organizada, sí que presenta similitudes que hay que valorar, ya que, en ambos casos, el desplazamiento de población hacia un territorio bajo soberanía o administración española aparece vinculado a una estrategia clara de presión sobre Madrid y a la conversión de la frontera en un factor de coerción.

El sustrato ideológico de estas conductas lo constituye la teoría del Gran Marruecos, doctrina nacionalista que parte de la idea de que las fronteras actuales del reino alauí son fruto del colonialismo europeo y deben ser rediseñadas de manera que se amplíe el territorio nacional. Esta doctrina predica la anexión del Sáhara Occidental, de la totalidad de Mauritania, de partes de Argelia, incluyendo el área de Tinduf, de Malí y, también de Ceuta y Melilla. Si bien es cierto que Marruecos ha reconocido en buena parte sus fronteras con Mauritania y Argelia, la cuestión no es pacífica en relación con el Sáhara Occidental ni con Ceuta y Melilla.

Como es sabido, el Sáhara Occidental está ocupado por Marruecos, a pesar de que tanto la Corte Internacional de Justicia como Naciones Unidas lo consideran como un territorio pendiente de descolonización. De hecho, desde el Derecho Internacional no cabe duda acerca de la ilicitud de la ocupación marroquí y de que el pueblo saharaui tiene derecho a ejercer la libre determinación.

Frente a esta postura, el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental parte del establecimiento de un régimen de autonomía, lo que ha recibido el apoyo de otros Estados, como Estados Unidos y, sorprendentemente, de España, que sigue manteniendo su estatus de potencia administradora de iure.

Finalmente, es preciso aludir a la resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que, si bien avaló la posibilidad de que las partes tomaran como base de negociación la propuesta de Marruecos, afirmó que la solución final debía garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui.

Por todo ello, hay que recordar que cualquier acuerdo debe contar con la voluntad libremente expresada de la población saharaui, sin que el reconocimiento de terceros Estados ni la toma en consideración de la propuesta alauí pueda sustituir el cumplimiento de las obligaciones internacionales existentes para las partes implicadas.

Ceuta y Melilla, por su parte, así como las demás posesiones españolas en el norte de África, forman parte del territorio español, lo que Marruecos rechaza y que lleva a que las califique de vestigios coloniales. Ahora bien, ni Ceuta ni Melilla han sido nunca territorios marroquíes y son españolas siglos antes del Protectorado sobre Marruecos, desde el siglo XVII en el caso de Ceuta y desde el siglo XV en el caso de Melilla. Este estatus ha sido progresivamente reconocido desde el siglo XVIII por el sultanato de Marruecos en diferentes convenios históricos. Asimismo, España ha mantenido un ejercicio efectivo y continuado de su soberanía y la Constitución reconoce que son parte del territorio nacional. Es más, desde el punto de vista del Derecho Internacional, no son considerados como territorios pendientes de descolonización por Naciones Unidas, a pesar de los intentos de Marruecos por que lo fueran.

En este sentido, el ataque híbrido perpetrado por Marruecos sí que supone una violación de la integridad territorial de España, como ha señalado el presidente Sánchez, ante la cual se precisa del apoyo de la Unión Europea y de sus Estados miembros, apoyo que ya recibió Polonia cuando en 2021 recibió un ataque híbrido similar procedente de Bielorrusia.

Por otro lado, no parece que, dada la gravedad de estos hechos y su repercusión, hayan sido decididos o, al menos tolerados, por Marruecos en solitario. El país magrebí es un aliado clave de Israel y de Estados Unidos. No hay que olvidar que Marruecos se incorporó a los acuerdos Abraham en 2020, inmediatamente tras lo cual Estados Unidos procedió a reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental.

Por todo ello, Marruecos no es un vecino fácil ni fiable. La normalización de las relaciones con Argelia o la tramitación de la proposición de ley sobre la concesión de la nacionalidad española a las y los saharauis bajo administración española, son factores que no gustan al rey de Marruecos, pero que no pueden bajo ningún concepto justificar una medida de presión y de desestabilización como la desarrollada estos días. España debe mantenerse firme y, llegado el caso, reconsiderar su postura sobre el Sáhara Occidental para que también sea acorde con el Derecho Internacional.

Ana Manero Salvador es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid.

Fuente: ElPaís

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26 de julio de 2026

Nick Cleveland-Stout, Quincy Paper N° 19, 24 de julio de 2026

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Resumen Ejecutivo

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El aparato de vigilancia de Marruecos ha consolidado un sistema estructural que trasciende el uso aislado de software espía. Bajo la supervisión del que fuentes internas del aparato de espionaje marroquí conocen como el «virrey» o el «rey en la sombra», Fouad Ali El Himma, y operando a través de la Dirección General de Seguridad Nacional (DGST), el régimen habría integrado herramientas como Pegasus en su propia cadena de mando para controlar tanto a disidentes internos como a líderes internacionales. Esta arquitectura tecnológica, sería capaz de convertir dispositivos móviles en fuentes totales de información, conviertiendo la vigilancia masiva en un método de sistemático diseñado para neutralizar cualquier foco de oposición o incomodidad para el régimen.

La operatividad de esta estructura se sostendría sobre una red de alianzas que incluye Emiratos Árabes Unidos e Israel. A pesar de las negativas oficiales, los documentos, registros técnicos y testimonios internos han dejado al descubierto el engranaje del sistema, evidenciando errores operativos, como infecciones accidentales en los propios teléfonos de los servicios de inteligencia, que desmienten la supuesta invulnerabilidad del aparato y exponen los nombres, jerarquías y modus operandi detrás de una de las estructuras de control más herméticas de la región.

En 2021, Forbidden Stories y Amnistía Internacional pusieron en el mapa a los servicios de inteligencia de Marruecos al revelar que habían intentado espiar a más de 12.000 personas con Pegasus, el spyware de la israelí NSO. Ahora, un consorcio de 39 periodistas se adentra en el funcionamiento del espionaje marroquí, con testimonios de tres exmiembros de la inteligencia de Rabat, filtraciones sobre sus campañas de vigilancia, incluidas fotografías de las víctimas, localizaciones, documentos oficiales y grabaciones. La información ha sido contrastada con oficiales de servicios de inteligencia europeos, trabajadores de la industria de la cibervigilancia, imágenes satelitales, información mercantil y acceso a diversos sumarios e investigaciones judiciales de todo el mundo. Las pruebas recopiladas han sido verificadas de forma independiente por el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, asistente técnico del proyecto.

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