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¡Trump elige la GUERRA! e Irán revienta un aeropuerto israelí

Redacción piensaChile — Sat, 03 Oct 2026 21:32:57 +0000

03 de octubre de 2026

El exanalista de la CIA Larry Johnson y el coronel Lawrence Wilkerson hablan sobre el engaño israelí que está sentando el pretexto para nuevos ataques, mientras Trump señala que se avecina, y rápido, un regreso a la acción militar a gran escala. Irán ha destapado el complot y la región está en máxima alerta ante otra ronda de guerra.

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Gideon Levy: «Lo más barato en Israel es la vida de un palestino»

Redacción piensaChile — Mon, 28 Sep 2026 18:01:47 +0000

28 de septiembre de 2026

Traductions Tlaxcala Translations Fausto Giudice

Luis Lema, Le Temps, 16 de septiembre de 2026

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Desde hace cuarenta años, el columnista de Haaretz documenta la vida de los palestinos en Cisjordania. Ante las elecciones del 27 de octubre, no se hace ninguna ilusión: «Israel ofrece 50 tonos de derecha».

Retrato pictórico de Gideon Levy ante un paisaje palestino fragmentado por colonias, carreteras de circunvalación, muros y puestos de control.

Desde hace cuatro décadas, el periodista israelí Gideon Levy mantiene vivo el drama palestino en las columnas del diario Haaretz. Desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la destrucción de Gaza, no ha sido invitado ni una sola vez a los platós de las televisiones israelíes, por lo demás rebosantes de debates. Aun así, continúa su trabajo, muy crítico con las autoridades israelíes. Invitado a Ginebra por el Club Suizo de la Prensa, el Graduate Institute y el ICAM, dará allí una conferencia el jueves 17 de septiembre. [ver video debajo]

Una investigación reciente publicada por su periódico mostró que Benjamín Netanyahu había sido informado antes del 7 de octubre de la inminencia del ataque. ¿Eso provocó conmoción en Israel?

Es cierto, esa investigación muestra que Benjamín Netanyahu estaba al corriente del ataque. Pero lo que me parece aún más importante es que establece que Netanyahu se negó a llegar a un acuerdo con Hamás, pese a las señales de apertura de este. Dicho claramente, eso significa que todos estos dramas podrían haberse evitado. Es tanto más impactante cuanto que esto se repite una y otra vez en la historia de Israel. Lo vivimos en 1973, cuando [el presidente egipcio] Anwar el-Sadat imploraba un arreglo.

Israel dijo «no», y tuvimos la guerra de Yom Kippur. Aquí se repite el mismo esquema. Los árabes, en este caso Hamás, hacen una oferta equitativa e Israel responde: no, solo la guerra, nada más que la guerra. En otras palabras, no queremos ningún arreglo, ni con Hamás, ni con la Autoridad gideon levyPalestina, ni con Hezbolá, ni con Irán: queremos la guerra.

A esto se suma estos días la película «NAZA», que triunfó en la Mostra de Venecia al detallar los métodos del ejército israelí en Gaza y el escaso caso que hace de los civiles palestinos. La conmoción no ha hecho más que redoblarse…

Puede decirlo: desde hace unos días, Israel está preso de una histeria como nunca antes. Hasta el punto de que algunos quieren retirar la nacionalidad a los realizadores, y otros dicen estar dispuestos a matarlos a ellos y a sus familias. No son solo los sectores más derechistas, sino la sociedad entera la que está contra ellos, y prácticamente nadie se ha levantado para apoyarlos. En realidad, cuanto más furiosa y llena de odio está la gente, más desarrolla actitudes fascistas y macartistas, y más se entiende que algo está ardiendo bajo sus pies. Si esas personas estuvieran realmente convencidas de que nuestros actos son justos, no estarían en ese estado de agresividad. Creo que en realidad es un proceso muy sano, aunque sea muy feo. También revela el verdadero rostro de la sociedad israelí. De una manera casi mágica, esta película logró romper el silencio, romper la desconexión con la realidad, romper la negación.

Ese aislamiento de los autores de «NAZA» usted también lo conoce. Desde hace casi cuarenta años, libreta en mano, va a encontrarse con los palestinos y a escucharlos. Salvo su colega de Haaretz Amira Hass, usted es prácticamente el único que lo hace en todo Israel…

Ahora tenemos a uno o dos periodistas más, más jóvenes, que también lo hacen. Pero, en efecto, en este sentido me siento más solo que nunca. Israel cambió mucho el 7 de octubre. Mucho, de manera radical. Frente a los palestinos, eso se traduce en una agravación de la sensación de que ni siquiera son seres humanos. Lo más barato en Israel es la vida de un palestino. Seas soldado o colono, no hay nada más fácil que disparar contra un palestino. Sabes que no te pasará nada. Si disparas contra un perro, corres más riesgos, tanto ante el sistema judicial como ante la opinión pública israelí.

¿Sigue yendo a Cisjordania?

Voy allí cada semana, aunque ahora hay 900 puestos de control que hacen muy difícil cualquier desplazamiento. Me las arreglo, hago trampas aquí y allá. Ahora, el único peligro viene de los colonos, cuya violencia empeora semana tras semana. Intento evitarlos y, por lo general, no tengo ningún contacto con ellos. Pero pueden aparecer en cualquier parte, en cualquier carretera, y empezar a destrozar el coche y golpear a la gente. Frente a soldados que permanecen inactivos, uno queda totalmente a su merced.

¿Es el resultado directo de la ocupación prolongada de Cisjordania?

Cuanto más dura la ocupación, más brutal se vuelve si quiere acabar con la resistencia, que también aumenta. La Historia está llena de casos que confirman esta regla. En una ocupación como esta, que tiene un objetivo muy claro de limpieza étnica, eso no puede hacerse sin brutalidad. Incluso hay que mostrar una brutalidad extrema y a menudo bárbara. No hay otra posibilidad.

¿Entonces es la ocupación prolongada de Palestina la que está en el origen de toda esta violencia?

Sabe, hace algún tiempo no lo habría dicho de esta manera, pero el sionismo, que nos llevó a creer que esta tierra estaba vacía de habitantes, nunca contempló hacer nada conjuntamente con los palestinos. Siempre fue «ellos o nosotros». Me crié en un hogar sionista, y este proceso de comprensión fue muy largo para mí. Pero entendí que la solución de dos Estados estaba perdida. Y luego empecé a creer en una sola democracia entre el río y el mar. A mi juicio, ese Estado único ya existe de hecho, pero es un Estado de apartheid, y todavía hay que transformarlo en una democracia. Desde el momento en que existe un Estado judío, el único papel del sionismo es mantener la supremacía judía. Ahora bien, no puedo identificarme con una ideología que cree en una supremacía, ya sea nacional o religiosa.

Hay elecciones previstas para el 27 de octubre. ¿Puede cambiar la situación?

Una cosa está clara: Netanyahu no tendrá mayoría para formar gobierno, y creo que lo sabe. La cuestión es saber si la oposición lo logrará aliándose con los partidos árabes, porque de lo contrario nos encaminamos hacia meses de incertidumbre y nuevas elecciones. Pero, en verdad, no espero gran cosa de estos comicios, tan inexistente es la oposición de izquierda. Una vez escribí que la política israelí son 50 tonos de derecha. No esperen ningún cambio por parte de Israel, no ocurrirá. No me gusta llamar al mundo a imponer sanciones contra mi país, pero no veo otra solución. Los israelíes deben entender que hay un precio que pagar por seguir en esta dirección.

Sin embargo, ciertas esperanzas parecen depositarse en Gadi Eizenkot. Se dice de él que es lo contrario de Netanyahu…

No, no es su contrario. Es más honesto, eso es seguro. Manipula menos, miente menos, pero en cuanto a sus posiciones no hay ninguna diferencia. Europa tiende a resumirlo todo en la personalidad del primer ministro. No quiere detestar a Israel, realmente quiere querernos y se aferra a cada ocasión. Pero los israelíes no se despertarán una hermosa mañana diciendo: «Oh, lo que hacemos es innoble, pongámosle fin». Ni Yitzhak Rabin ni nadie quiso dar a los palestinos el derecho a disponer de sí mismos y a tener un Estado. Mucho antes del 7 de octubre, todo el proceso de paz solo estuvo destinado a facilitar las cosas, a hacer la ocupación más suave, más cómoda, menos brutal. Pero ese no es el problema. El problema es la existencia de la ocupación, no su rostro.

*Fuente: Faustotounsi

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España: Hace meses advertían de lo que se cocinaba en Marruecos para controlar el Estrecho de Gibraltar

Redacción piensaChile — Wed, 23 Sep 2026 17:52:10 +0000

23 de septiembre de 2026

En este video, se explora la compleja red de la geopolítica actual, con un enfoque en las ambiciones de control que apuntan a España. Analizamos la situación en oriente medio, incluyendo las tensiones entre eeuu iran y el papel de Marruecos en la región. También abordamos los informes de la Casa Blanca sobre Ceuta y Melilla, ofreciendo una visión profunda de los movimientos estratégicos que configuran nuestro mundo.

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Ceuta: mienten como bellacos (¿qué explica la conducta del gobierno?)

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Ceuta: mienten como bellacos (¿qué explica la conducta del gobierno?)

Redacción piensaChile — Wed, 23 Sep 2026 16:49:52 +0000

23 de septiembre de 2026

En memoria de los más de 140 muertos y desaparecidos en el trágico intento

Es un título un tanto exagerado que pretende llamar la atención sobre el contenido de estas líneas. No obstante, tengo claro que no ha habido una falta de escrúpulos ni intenciones perversas (a lo que respondería el término “bellaco”). Aunque es obvio que se ha dañado la credibilidad y se ha actuado con torpeza y con una narrativa mediocre e indisimuladamente contradictoria.

En la reciente invasión de Ceuta –lo llaman “entrada de forma irregular”– por unos 80.000 súbditos marroquíes (incluyendo un número indeterminado de subsaharianos), la mayoría de los españoles consideramos que el Gobierno está mintiendo respecto a la responsabilidad de Marruecos en dicha invasión, que casi llegó a duplicar temporalmente la población de la ciudad autónoma y que ha generado un intenso debate político y social, acusando al Gobierno de falta de transparencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que no existen «pruebas sólidas» de que el régimen marroquí planificara o ejecutara deliberadamente esta entrada masiva. El Gobierno ha matizado que, aunque se detectó «permisividad» o una respuesta insuficiente en ciertos elementos de la gendarmería marroquí durante las horas críticas, no se puede atribuir formalmente la autoría de los hechos al país vecino. Por su parte, Rabat ha rechazado tajantemente cualquier acusación, achacando el suceso a la viralización de convocatorias en redes sociales, al efecto llamada de un auto judicial y a la acción de mafias de tráfico de personas.

No obstante, esta postura ha sido contradicha incluso desde dentro del ámbito comunitario. A mediados de septiembre, Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, cuestionó abiertamente la versión de la ‘espontaneidad’ al declarar que «80.000 personas no se ponen de acuerdo por sí solas», sugiriendo una clara instrumentalización de los migrantes por parte de Marruecos, similar a las tácticas de presión híbrida empleadas en el este de Europa.

Uno de los puntos que más ha alimentado la opinión de que el Ejecutivo ha mentido a los ciudadanos es la gestión de la información previa. Inicialmente, el Gobierno aseguró no haber recibido avisos que anticiparan una crisis de tal envergadura. Sin embargo, tras la desclasificación de más de 40 documentos oficiales, se comprobó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional habían emitido alertas urgentes al menos un día antes de la crisis. Dichos informes advertían de la existencia de macrogrupos en redes sociales (con unos 180.000 seguidores) coordinando llamamientos a realizar entradas masivas para el 30 de julio, aprovechando la distracción de las fuerzas marroquíes por las festividades del Trono en Marruecos. En consecuencia, se ha acusado al Gobierno de negligencia o complicidad por haber ignorado deliberadamente estas advertencias para no tensionar las relaciones con Marruecos.

La desconfianza ciudadana quedó reflejada en los datos demoscópicos publicados en las semanas posteriores a la “invasión”. Según los datos reflejados en sondeos de opinión publicados a principios de septiembre, un 89% de los españoles considera que Marruecos tiene «mucha» o «bastante» responsabilidad en la crisis de Ceuta. La percepción ciudadana es casi unánime en que la entrada no fue casual, desmarcándose por completo de la prudencia diplomática del Gobierno. La gestión de la crisis por parte de Pedro Sánchez cuenta con el rechazo de la mayoría de los encuestados, calificándola como «mala» o «muy mala», lo que provocó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuviera que pedir disculpas públicas a los ciudadanos de Ceuta por la sensación de desamparo sufrida durante semanas de colapso.

Las narrativas ministeriales

Pero es evidente que los ministros Albares y Marlaska mintieron; Albares, diciendo que todos los inmigrantes, «absolutamente todos» serían devueltos a Marruecos. Y Marlaska, afirmando que la situación en Ceuta era casi de normalidad y que solo quedaban unos 2.000 inmigrantes en la ciudad, cuando lo cierto es que –en el momento de redactar estas líneas–, 45 días después de la entrada masiva se están instalando carpas o tiendas de campaña para 10.000 personas. Y que todavía hay “cientos” durmiendo en las calles: muchos, menores.

El contraste entre las declaraciones iniciales de los ministros de Exteriores y de Interior y la ‘verdadera’ realidad en la ciudad de Ceuta ha sido el argumento principal para acusar al Gobierno de ocultación y falsedad. A mediados de agosto, durante su visita a Ceuta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró de forma tajante que la cooperación diplomática con Rabat garantizaría que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos». Afirmó que el proceso se realizaría de forma «inmediata» y sin contrapartidas políticas o económicas. La realidad 45 días después es que la devolución total no se ha llevado a cabo, ni mucho menos. Una y otra vez nos repitieron que en la ciudad solo quedaban, como máximo, unos 2.000 inmigrantes, y todavía hoy se están levantando carpas para 10.000 personas. ¿En qué quedamos? El que haya determinadas trabas legales (y el cinismo chantajista marroquí), no debiera implicar que se nos mienta como a niños o como a ignorantes.

Por su parte, el intrépido y contradictorio (incluso descaradamente farolero en ocasiones varias) ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió a principios de agosto que la situación en la ciudad autónoma tendía rápidamente hacia la «normalidad». Desde el Ejecutivo se trasladó el mensaje de que el grueso de la crisis había sido contenido y que el número de migrantes pendientes de devolución que permanecían en las calles era residual (unos 2.000).

Una vez más, la realidad (el colapso asistencial) desmintió el relato de la “normalidad”. A finales de agosto y principios de septiembre, los titulares de Defensa y y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tuvieron que enviar a Ceuta, urgentemente, un barco cargado con literas, infraestructuras de campaña y macrocarpas.

Inicialmente el plan contemplaba habilitar unas 4.500 camas en zonas como Loma Colmenar y Loma Margarita, pero la acumulación de personas obligó a levantar campamentos provisionales en el propio recinto portuario con capacidad para albergar a miles de migrantes adicionales. Aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres –que finalmente asumió tardíamente el ‘mando único’–, ha reiterado que estas instalaciones en el puerto son estrictamente «temporales», su mera colocación evidencia que el volumen de población migrante real que continúa atrapada en Ceuta supera con creces las optimistas previsiones iniciales del ministro del Interior.

La ciudadanía opina que la ministra de Defensa, Margarita Robles, también cambió su versión inicial. ¿Se puede decir que mintió, o que simplemente se alineó con el argumentario del PSOE o del propio presidente Pedro Sánchez? La ‘evolución’ de la postura de la ministra de Defensa, pone de manifiesto su alineamiento disciplinado con el relato oficial de la Moncloa. Lo que ha criticado la opinión pública no es que haya mentido, sino su “giro de guión» forzado para salvar la cohesión del Gobierno, después de haber desmentido de forma flagrante al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A finales de agosto, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Robles mantuvo una posición firme –su versión inicial — en defensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Afirmó que el CNI y los servicios secretos sí habían emitido alertas previas a la Delegación del Gobierno el 29 de julio. Con ello, intentaba blindar el prestigio de los servicios de inteligencia (competencia de su Ministerio) frente a las acusaciones de inacción.

Esa declaración de la ministra Robles provocó un choque en el propio Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, la desmintió públicamente asegurando que no existía «ningún informe» que atisbara lo ocurrido, y la propia Delegación del Gobierno en Ceuta negó haber recibido tal aviso. La oposición exigió al Gobierno que aclarara cuál de los dos ministros estaba mintiendo a los españoles. La tensión interna alcanzó su punto álgido a principios de septiembre, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció en el Congreso que desclasificaría todos los informes. En esa sesión, Robles evitó sumarse a los aplausos de la bancada socialista, visibilizando su malestar por cómo la Moncloa gestionaba el asunto para exculpar a Marruecos y a Interior.

Pero, tras materializarse la desclasificación de los documentos del CNI el 9 de septiembre, Robles modificó ostensiblemente su discurso, presuntamente para evitar una escalada. Para amortiguar la ‘versión’ de Marlaska, la versión de Defensa se … deslizó hacia la semántica, como suele suceder en estos casos: “donde dije digo, digo Diego”, un refrán popular que se utiliza para explicar que alguien ha cambiado de opinión o se está retractando de algo que afirmó anteriormente, recurriendo a un juego de palabras para camuflar su contradicción, sin admitirlo abiertamente. Así es como Margarita Robles pasó a argumentar que la información transmitida por el CNI en las horas previas «no se había enviado oficialmente como un informe convencional», sino como avisos rápidos (mensajería tipo Whats App). Y después, en sus últimas intervenciones públicas de septiembre, Robles ha pasado a describir la invasión de Ceuta como un «fenómeno imprevisible» provocado por el efecto llamada en redes sociales y mafias (asumiendo así la narrativa oficial). Ha evitado deliberadamente volver a insistir en que el Gobierno disponía de datos detallados antes de la invasión y ha cerrado filas en torno al presidente.

Al verse obligada a dejar de lado la cuestión de los informes de los servicios secretos, la ministra reorientó su discurso hacia la empatía y la gestión logística, evitando valorar las declaraciones de otros miembros del Gobierno con frases del tipo «cada uno responde de sus palabras» y “cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo» y centrando su discurso en pedir disculpas públicas a los ciudadanos de Ceuta que se sientan «solos» o «abandonados» por el Estado. La llegada masiva, afirma, fue una cuestión de «seres humanos engañados», justificando así el despliegue del Ejército y el envío de carpas por razones estrictamente humanitarias y sanitarias, alejándose de los términos “invasión o “crisis de seguridad nacional» que utilizaba la oposición.

Por lo tanto, la ciudadanía percibe que Robles no mintió en su diagnóstico inicial —los informes existían y se desclasificaron—, sino que terminó sometiendo la verdad semántica de su Departamento a la disciplina de partido, con el fin de evitar más quebraderos de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas maniobras de ‘desinformación informativa’ dieron lugar a que el Senado –con mayoría del Partido Popular—sacara adelante una moción, el 9 de septiembre, reprobando oficialmente por su gestión no solo a los ministros de Exteriores e Interior, sino también a la ministra de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Sanidad, y la ministra de Igualdad. Cinco ministros reprobados de una tacada por «irresponsabilidad» (sic) en la crisis de Ceuta. Además, y debido al “plantón” parlamentario de los ministros Albares, Grande-Marlaska y la propia Margarita Robles –que habían rechazado comparecer en agosto ante sus respectivas comisiones para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta–, el Senado aprobó ese mismo día iniciar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno. Es así como la Cámara Alta censuraba al Gobierno por su «falta de previsión» ante los informes de inteligencia previos y por intentar «minimizar con falsedades» el impacto real de una crisis que, hoy por hoy, el propio presidente Pedro Sánchez reconoce que no prevén dar por resuelta hasta finales de año.

Sospechas y desconfianza ciudadana

Pero pese a las palabras aparentemente tranquilizadoras del presidente, persiste la desconfianza mayoritaria de la ciudadanía hacia el propio presidente, así como también la percepción de que «oculta algo» o de que «obedece» a Rabat. Y no por un único hecho aislado, sino por la acumulación de decisiones controvertidas que se perciben como contradicciones flagrantes anteriores, como el giro en la posición tradicional de la política exterior de España respecto al Sáhara Occidental, el abandono de la neutralidad activa, la falta de consenso parlamentario, la alteración del equilibrio geopolítico en el Magreb, …, a lo que se suma el clima de desconfianza generado por la opacidad en torno al espionaje con el software Pegasus en los teléfonos móviles del presidente, varios ministros y profesionales de la información.

La opinión pública (e incluso socios parlamentarios habituales del Gobierno, como el PNV), observan un contraste radical entre la cautela del presidente hacia el reino alauí y un historial sistemático de hostilidad y presión territorial por parte de Marruecos. La ciudadanía asocia la entrada masiva en Ceuta en 2026 con tácticas de presión ya conocidas, como la Marcha Verde de 1975 o la crisis de Ceuta de mayo de 2021 (donde entraron 10.000 personas ante la inacción de los gendarmes marroquíes). Al calificar el suceso actual de «espontáneo» o culpar solo a «mafias», parece evidente que Sánchez ignora voluntariamente este patrón de guerra híbrida. Y más, después de haberlo calificado inicialmente como una “agresión a la soberanía territorial”. También Margarita Robles, en los primeros días tras el asalto masivo, cuando fue abordada por los medios a pie de calle antes de que la crisis escalara a nivel parlamentario, dijo literalmente: «Se va a investigar hasta el final y lo pagarán los culpables, sean quienes sean».

Varios ministros marroquíes y altos funcionarios han reafirmado públicamente en los últimos años que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, en ocasiones en actos solemnes con la presencia del rey Mohamed VI. Ver que el Gobierno de España califica a Marruecos como un «socio fiable» y le agradece su «cooperación» en plena “crisis fronteriza” se interpreta popularmente como una postura de debilidad o sumisión.

También resulta un hecho muy oscuro –y se califica de “traición” — el que, en 2022, de forma unilateral y mediante una carta privada al rey Mohamed VI, Pedro Sánchez rompiera la (presunta) neutralidad histórica de España y aceptara prácticamente el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Aquel giro copernicano, adoptado de manera opaca, saltándose al Consejo de Ministros y al Parlamento, sembró en la sociedad la sospecha de que el presidente actuaba bajo algún tipo de coacción, todavía hoy inexplicada.

Hay varias cuestiones concretas que la ciudadanía no se traga y que generan desconfianza hacia el presidente. La más reciente, como ya hemos dicho, es la afirmación de que no había alertas previas del CNI ni de la Policía. Tras la desclasificación formal de 40 documentos del CNI y de la Policía Nacional el 9 de septiembre, se demostró que el Ejecutivo había recibido comunicaciones urgentes días antes. Los servicios secretos españoles habían alertado de la movilización de macrogrupos en redes sociales y de que Marruecos relajaría su vigilancia policial coincidiendo de forma deliberada con la Fiesta del Trono (30 de julio).

El lunes 14 de septiembre, en una entrevista en el programa de televisión El Intermedio (La Sexta), el presidente Pedro Sánchez reiteró que «no hay información que establezca sólidamente la responsabilidad de Marruecos» y atribuyó el éxito del ‘salto’ a redes criminales. La oposición, por su parte, hace valer informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional donde se detalla cómo la gendarmería marroquí «dejó pasar» a la multitud e incluso camufló a agentes uniformados entre los migrantes en labores de contrainteligencia. La opinión pública considera una falsedad que el presidente insista en exculpar al Estado marroquí cuando es físicamente imposible desplazar, en un plazo tan breve, a 80.000 personas hacia una zona vigilada como la frontera de Ceuta sin el consentimiento de sus autoridades.

En esa misma entrevista en El Intermedio, Sánchez tildó de «guion de Netflix» las acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (y también de muchos ciudadanos), de que está siendo chantajeado por Marruecos debido a la información que le fue robada de su teléfono móvil institucional a través del software espía Pegasus. Aunque el presidente lo niega de plano, para la mayoría de los ciudadanos su explicación no resulta creíble debido al secretismo que la Moncloa mantiene sobre el contenido robado de su móvil. Ante la falta de explicaciones y de transparencia, la opinión pública presume que la complacencia del Gobierno con Marruecos se debe a información comprometida recopilada por los servicios secretos marroquíes.

Espionaje con Pegasus

El entramado del espionaje con el software Pegasus y la red de sobornos conocida como «Moroccogate» (o Marocgate) constituyen los dos mayores asuntos oscuros que han afectado las relaciones entre España, Marruecos y la Unión Europea.

El Gobierno denunció el caso ante la Justicia en mayo de 2022, tras detectar dos intrusiones en el móvil del presidente Sánchez (de donde se extrajeron 2,6 gigabytes de datos) y ataques a los terminales de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Pero la investigación judicial (también la política) se vio bloqueada por la nula cooperación de Israel y la decisión de no señalar a Marruecos. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se vio obligado a archivar provisionalmente la causa debido a que las autoridades de Israel y la empresa propietaria del software, NSO Group, se negaron sistemáticamente a responder a las comisiones rogatorias para identificar qué cliente compró esas licencias específicas de Pegasus.

Aunque la causa se reabrió temporalmente con datos aportados por Francia, volvió a encallarse por el mismo bloqueo mencionado. En el ámbito político, el Gobierno evitó inicialmente la creación de una comisión específica en 2022, pero finalmente se aprobó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a finales de 2023. En la práctica, mientras la primera propuesta de 2022 fue redirigida inmediatamente hacia el secretismo de la Comisión de Secretos Oficiales, la comisión de finales de 2023 quedaría finalmente prácticamente inoperante debido a la falta de consenso político. La oposición terminó acusando al Ejecutivo de congelar la investigación para proteger el pacto sellado con Rabat tras el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

Francia lo investigó con un enfoque mucho más agresivo. En julio de 2021 se descubrió que los teléfonos del presidente Emmanuel Macron, de su entonces primer ministro y de al menos cinco ministros franceses habían sido infectados con Pegasus. A diferencia de España, la Justicia y los servicios de contraespionaje franceses –la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI)– realizaron análisis forenses exhaustivos y avanzaron de forma contundente. Hay un evidente contraste entre el bloqueo político e institucional vivido en España y la decidida actuación de las autoridades galas, donde la (DGSI) y los jueces de instrucción penal abordaron el caso de espionaje con el software Pegasus de una manera mucho más directa y con mucho mayor recorrido: apertura masiva de causas penales por la Fiscalía (una decena de cargos delictivos graves), señalamiento directo a la autoría (apuntando formalmente a Marruecos) y cooperación internacional (el escándalo Pegasus en varios países europeos y las «Órdenes Europeas de Investigación» remitidas a España sirvieron para que la Audiencia Nacional reabriera su propio caso archivado en 2024, con el fin de cotejar las sofisticadas pruebas técnicas descubiertas por la DGSI francesa con las de los terminales españoles infectados).

El Parlamento Europeo constituyó la Comisión PEGA (acortamiento de Pegasus), encargada de investigar el abuso de software espía en territorio comunitario. En marzo de 2023, la misión de la Eurocámara viajó a Madrid y concluyó en su informe que era «plausible» y altamente probable que Marruecos estuviera detrás del espionaje al Gobierno español. No obstante, la comisión criticó duramente la «poca colaboración» y opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de aportar datos técnicos a los eurodiputados. Finalmente, en las resoluciones del pleno de la Eurocámara de junio de 2023, la falta de pruebas judiciales directas (derivada del bloqueo de Israel) impidió que la UE sancionara formalmente a Rabat, emitiendo únicamente recomendaciones genéricas para prohibir el uso comercial abusivo de estos programas.

El Morocco Gate

Otro asunto más que oscuro es el denominado Morocco-Gate (la vertiente marroquí del Qatargate, la macrored de sobornos y lavado de dinero de Qatar y Marruecos), que estalló a finales de 2022 al descubrirse una macrored de corrupción en Bruselas. Los lobbistas y los servicios secretos de Marruecos habían diseñado una estructura para sobornar a eurodiputados, asesores y asistentes del Parlamento Europeo, principalmente de la bancada socialista. El objetivo era comprar votos para blanquear la situación de los derechos humanos en Marruecos, validar los acuerdos pesqueros y frenar resoluciones de condena sobre la anexión del Sáhara Occidental.

La policía belga incautó más de 1,5 millones de euros en efectivo. Tras las confesiones de los cabecillas (como el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri), la justicia belga imputó a cerca de 20 personas. Las órdenes de detención señalaron directamente al jefe del servicio de inteligencia exterior de Marruecos (DGED), Yassine Mansouri, y a su embajador en Polonia, Abderrahim Atmoun, como los cerebros financieros del entramado. La Eurocámara endureció las reglas de transparencia para los lobbies extranjeros, retiró las credenciales de acceso a los funcionarios marroquíes implicados y aprobó resoluciones históricas exigiendo a Rabat el respeto a la libertad de prensa. EL CNI español estaba al tanto de que Rabat “condicionaba” decisiones en Bruselas mediante obsequios y dinero. Lo que mucha gente no sabe (porca memoria) es que el PSOE votó en Bruselas en contra de varias de las resoluciones de condena a Marruecos, para no perjudicar las relaciones bilaterales con el reino alauí… Suma y sigue. Hasta hoy y hasta Ceuta de nuevo…

Móviles españoles espiados

Más de 200 teléfonos móviles españoles fueron seleccionados como objetivos potenciales del software espía Pegasus. Las investigaciones internacionales, coordinadas por el consorcio independiente Forbidden Stories, con el apoyo técnico del laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional, atribuyó formalmente ese espionaje a Marruecos. Dicho consorcio estaba integrado por 17 medios de comunicación de todo el mundo que compartieron y publicaron la investigación de manera conjunta. En España, el único medio integrante del consorcio fue el diario El Confidencial. Otros importantes medios de Europa que participaron fueron Le Monde y Radio France (Francia), Die Zeit y Süddeutsche Zeitung (Alemania), Le Soir y Knack (Bélgica), y The Guardian (Reino Unido). En el resto del mundo se sumaron medios como The Washington Post (Estados Unidos), Haaretz (Israel), The Wire (India), Proceso y Aristegui Noticias (México), junto al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, una organización global e independiente de periodismo de investigación fundada en 2006). Fue una colaboración global unificada que permitió destapar el alcance de la selección de los más de 200 teléfonos españoles bajo la órbita de las escuchas vinculadas a Marruecos.

Entre esos terminales seleccionados se encontraban tanto miembros del propio Gobierno español (Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya) como activistas y periodistas; entre estos últimos, el periodista español especializado en el Magreb Ignacio Cembrero.

El acoso del régimen alauí a Cembrero venía de lejos. Como el propio periodista relató, las presiones políticas de Marruecos, trasladadas a través de canales oficiales en 2014, provocaron su salida forzada de la sección de cobertura del Magreb en el diario El País, donde le dieron un perentorio plazo de 48 horas para cambiar de ámbito profesional, lo que finalmente le llevó a abandonar el periódico después de 35 años trabajando en el mismo (desde 1979).

Cembrero supo que estaba siendo espiado en la primavera de 2021, cuando el periódico digital oficialista Maroc Diplomatique publicó mensajes privados de WhatsApp que él había intercambiado con altos cargos del Gobierno español. Ante la evidencia de la filtración, Cembrero presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y entregó su propio teléfono móvil a las autoridades judiciales españolas para que se le realizara un análisis forense.

A pesar de que el laboratorio informático confirmó los indicios de infección de Pegasus, la Audiencia Nacional archivó provisionalmente la causa, por las mismas razones que en el caso del propio Gobierno: la empresa israelí NSO Group y las autoridades de Israel se negaron a desvelar la identidad exacta del cliente que operaba los servidores desde donde se infectó el terminal de Cembrero.

El Reino de Marruecos interpuso una demanda civil en los juzgados de Madrid contra Cembrero, acusándolo de «acción de jactancia» (¡!) por afirmar públicamente que los servicios secretos marroquíes le espiaban. El periodista solicitó amparo al Gobierno de España, pero este evitó personarse, defender al periodista o hacer una declaración de respaldo público para no enturbiar las relaciones diplomáticas con Rabat. Cembrero se quejó públicamente del desamparo y la falta absoluta de apoyo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Quien sí ofreció cobertura y apoyo público al periodista fue el Parlamento Europeo a través de la Comisión PEGA (Acortamiento de ‘Pegasus’), que le invitó a testificar y donde pudo denunciar formalmente el acoso legal y tecnológico que Marruecos ejerce contra periodistas e investigadores dentro del territorio de la Unión Europea.

Por cierto, Ignacio Cembrero, en un artículo publicado en El Confidencial, el 12 de agosto pasado, titulado “Ceuta fue la venganza de los servicios secretos marroquíes tras ser expuestos por 14 medios de comunicación”, sostenía que la entrada masiva de cerca de 80.000 marroquíes a Ceuta fue una represalia directa y una operación de castigo orquestada por el entramado de los servicios secretos de Marruecos. Lo de Ceuta, explicaba Cembrero, fue una acción motivada por el enfado ante la revelación y exposición de datos de sus estructuras de espionaje por parte de un consorcio de medios de comunicación internacionales. Le hicieron el silencio; a Cembrero y a su información, as usual.

Críticas del Frente Polisario

En relación con la entrada masiva en Ceuta, el Frente Polisario (FP, el movimiento de liberación nacional saharaui), por medio de su representante ante Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, ha condenado rotundamente las tácticas de Marruecos y criticado la subordinación del presidente Pedro Sánchez ante el régimen alauí. El Frente Polisario acusa directamente al régimen de Rabat de utilizar a su propio pueblo como «carne de cañón» y herramienta de guerra híbrida, enmarcando la entrada masiva en Ceuta como un caso claro del expansionismo marroquí y estableciendo un paralelismo directo entre este asalto fronterizo, la crisis de Ceuta de 2021 y la Marcha Verde de 1975, argumentando que Marruecos utiliza exactamente la misma estrategia de movilización masiva de civiles para forzar concesiones territoriales y diplomáticas.

El FP considera que la postura del Ejecutivo español de exculpar formalmente al Estado marroquí es una muestra de sumisión e incoherencia política. Considera que, al negarse a señalar la autoría de Rabat a pesar de las alertas del CNI, Pedro Sánchez está validando el chantaje migratorio. Y sostiene que la cautela diplomática de la Moncloa solo incentiva a Marruecos a seguir erosionando la soberanía española en Ceuta y Melilla a cambio de mantener un frágil control de las fronteras. Esta “crisis de Ceuta” sería una «continuación de la ocupación del Sáhara», y demuestra que la cesión histórica de Pedro Sánchez en 2022 — cuando aceptó –en una carta privada dirigida al rey de Marruecos– el plan de autonomía marroquí para el Sáhara– no ha servido para apaciguar las ambiciones alauitas, sino para que Rabat comprobara que la presión migratoria sobre Ceuta es un mecanismo infalible para condicionar la política exterior de España.

Sobre esta misma cuestión se han manifestado públicamente tanto el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, como el delegado del FP en la Comunidad de Madrid, Jalil Abdelaziz. Este último, en una reciente intervención en la cadena de televisión autonómica Telemadrid, centró su testimonio en desenmascarar el mecanismo utilizado por Rabat (la utilización de seres humanos como arma) y la complicidad, incoherencia y debilidad del presidente del Gobierno. Afirmó que la entrada masiva no se debió a un salto imprevisto provocado por mafias clandestinas, sino que «la frontera no se rompió: se abrió», y que el Estado marroquí utilizó la desesperación migratoria como un misil político y diplomático de chantaje contra España. En cuanto al presidente Pedro Sánchez, tachó su postura de «trumpista» e incoherente, criticando que hubiera abandonado la neutralidad en la cuestión del Sáhara Occidental al tiempo que el Gobierno de España premia y otorga las máximas distinciones oficiales a los altos mandos de la seguridad y los servicios secretos de Marruecos (como es el caso de Abdellatif Hammouchi o Mohamed Haramou), en lugar de denunciar lo que considera un acto explícito de guerra híbrida y agresión territorial en Ceuta.

Por su parte, Abdulah Arabi se ha referido al fracaso del «apaciguamiento», argumentando que la crisis de Ceuta demuestra el absoluto fiasco del giro diplomático de Sánchez en 2022, vendiendo a los españoles la cantinela de que ceder ante Rabat garantizaría la estabilidad y blindaría Ceuta y Melilla. Por el contrario –señaló Arabi–, la realidad de la entrada de 80.000 personas evidencia que «el chantaje marroquí es insaciable» y que Marruecos reactiva la presión migratoria cada vez que quiere forzar un nuevo beneficio económico o geopolítico. El representante en España del FP reitera que el Gobierno de España actúa como un «rehén» en manos de Marruecos., y sostiene que ni Sánchez ni el ministro Albares se atreven a señalar la autoría marroquí porque el régimen alauí ha aprendido que la Moncloa prefiere sacrificar la verdad y la transparencia informativa antes que hacer frente a las amenazas en la frontera.

De esta manera, ambos dirigentes saharauis han desarmado la narrativa del Gobierno y lanzado una clara advertencia a la ciudadanía española: mientras el Gobierno de España siga considerando a Marruecos como un «socio fiable» tras un asalto fronterizo coordinado de tal magnitud como la que hemos vivido, la integridad territorial de Ceuta y Melilla continuará estando en una situación de permanente vulnerabilidad.

Epílogo

Desde el principio de la “crisis ceutí”, el debate ha girado en torno a si las declaraciones de nuestros gobernantes han ocultado la realidad (“mienten”) o si forman parte de la estrategia diplomática y la disciplina política o de partido. Por un lado, se afirma que el Gobierno ha faltado a la verdad de forma deliberada, como habría demostrado la desclasificación de los informes del CNI —que probarían la existencia de alertas previas que el Gobierno negó inicialmente—, el despliegue logístico de macrocarpas y la persistencia de centenares de personas durmiendo en las calles de Ceuta –lo que contradice la versión de «normalidad» del ministro Grande-Marlaska–, y la imposibilidad material de que una avalancha de 80.000 personas en 48 horas ocurra sin la aquiescencia de las autoridades marroquíes.

Frente a esa opinión mayoritaria de la ciudadanía, como reveló el diario El País, la postura del Gobierno es que la gestión de una “crisis fronteriza” (se elude el término “invasión”) de esta magnitud requiere prudencia, responsabilidad de Estado y la preservación de los canales diplomáticos con un vecino “estratégico” como Marruecos. Es por ello por lo que se han empleado “matices semánticos” varios en las sucesivas declaraciones, se ha atribuido el éxito de la “entrada masiva” a las redes sociales y a las mafias, se ha evitado a toda costa señalar directamente a las autoridades marroquíes e incluso se ha bendecido la “colaboración” absoluta de Marruecos (¡!) desde un principio.

Lo cierto, es que, a pesar del gran despliegue (des)informativo realizado (el baile de contradicciones informativas y desmentidos, incluida la desclasificación de documentos), una amplia mayoría de la sociedad española desaprueba la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta y desconfía de su versión oficial. Los datos de las encuestas muestran que el 90% de los ciudadanos culpa directamente a Marruecos de la entrada masiva de migrantes, mientras que cerca del 63% califica la gestión del Ejecutivo como mala o muy mala. Y ello, a pesar de la exoneración de responsabilidades a Marruecos que ha predominado en el discurso del Ejecutivo en la crisis de Ceuta.

-El autor, Luis Portillo Pasqual del Riquelme, es doctor en Ciencias Económicas, miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela (CESO-USC) y autor del trabajo recopilatorio “En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad” (Círculo Rojo, octubre 2024)

El articulo Ceuta: mienten como bellacos (¿qué explica la conducta del gobierno?) apareció primero en piensaChile.

Exportar armas hacia Israel ¿como si nada pasara en Gaza? Audiencias públicas en La Haya en el marco de la demanda Nicaragua c. Alemania por complicidad

Redacción piensaChile — Thu, 17 Sep 2026 12:35:50 +0000

17 de septiembre de 2026

El 7 de septiembre del 2026 iniciaron en La Haya, las audiencias relativas a la demanda interpuesta en marzo del 2024 por Nicaragua en contra de Alemania por complicidad por genocidio en Gaza.

El texto de la demanda inicial de Nicaragua contra Alemania interpuesta formalmente en el mes de marzo del 2024, está disponible en este enlace oficial en su versión en inglés y en francés.

Al ser Alemania el segundo suplidor en armas a Israel (después de Estados Unidos) y al haber (a diferencia de Estados Unidos) asumido una serie de obligaciones internacionales derivadas de tratados multilaterales a los que es Estado Parte, esta demanda plantea una serie de desafíos para Alemania. Desde esta perspectiva, era previsible que Alemania interpusiera varias excepciones preliminares, en aras de intentar esquivar el examen sobre el fondo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ): una estrategia legal que no es exenta de riesgos, tal y como lo veremos más adelante. Ante una situación apremiante, posponer el examen sobre el fondo de un asunto resulta casi siempre sancionado por la justicia internacional.

Las audiencias orales que iniciaron el 7 de septiembre se concentraron únicamente en las numerosas excepciones preliminares presentadas por Alemania, tendientes a obtener que la misma CIJ se declare incompetente: se escucharon los alegatos que Alemania y Nicaragua presentaron oralmente al respecto, antes de que la CIJ entre a deliberar.

Con respecto a las audiencias orales, no está de más recordar que su conclusión oficial es la que inicia el denominado «délibéré» de la CIJ: al respecto, tuvimos recientemente la ocasión de analizar las audiencias orales entre Guyana y Venezuela realizadas en mayo del 2026, habiendo Guyana presentado su demanda contra Venezuela en el mes de marzo del 2018 (Nota 1).

El examen sobre el fondo de la demanda se reanudará entre Nicaragua y Alemania, dependiendo de esta decisión preliminar de la CIJ sobre su competencia.

Foto de civiles después de un bombardeo en Gaza, octubre del 2023, extraída de este artículo de prensa publicado en Israel (Magazine +972) titulado «´Lavender»: the AI machine directing Israel bombing spree in Gaza» (edición del 3 de abril del 2024)

Cabe señalar que este 16 de septiembre, se anunció desde Estados Unidos una aprobación para enviar a Israel una importante cantidad de bombas de gran potencia, cuyo uso reiterado por parte de Israel desde octubre del 2023 es en gran parte responsable de la devastación total observada en ciertas partes de Gaza (así como en el Líbano): véase nota de The Guardian.

Una extrema urgencia que Alemania busca frenar

Ante la extrema urgencia de la situación en Gaza, ante la inoperancia reiterada del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para sancionar a Israel observada desde el mismo mes de octubre del 2023 (debido a vetos reiterados de Estados Unidos) y ante la negativa de Israel de cumplir con una primera ordenanza de la CIJ del 26 de enero del 2024 (dictaminada en el marco de la demanda contenciosa interpuesta por Sudáfrica contra Israel – véase texto de esta ordenanza, y en particular el párrafo operativo 86), Nicaragua optó por acompañar su demanda contra Alemania del mes marzo del 2024 con una solicitud de medidas provisionales de carácter urgente, tendiente a que Alemania suspendiera sus exportaciones de armas hacia Israel.

Es de notar que desde el mes de marzo del 2024, una pregunta hecha por el Senado en Francia esperó una respuesta que … nunca llegó por parte de las autoridades galas sobre exportaciones de material militar hacia Israel (véase pregunta formulada y la mención «La question est caduque» al final del enlace).

El 5 de abril, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas votó una resolución (véase texto) pidiendo un embargo sobre armas a destinación de Israel (véase nota oficial de Naciones Unidas y nota del medio digital Delfino.cr haciendo ver que Costa Rica se abstuvo sin dar ningún tipo de explicaciones): la votación registro 28 votos a favor, 13 abstenciones, y 6 votos en contra: Alemania, Argentina, Bulgaria, Estados Unidos, Malawi, y Paraguay.

La solicitud urgente de Nicaragua dio lugar a una ordenanza de la CIJ del 30 de abril del 2024 (véase texto), cuyos alcances tuvimos la ocasión de analizar en su momento, y en particular la expresión «at present ../ .. a l´heure actuelle» del párrafo 20 que distinguidos colegas alemanes omitieron convenientemente, al momento de comentarla (Nota 2). En esta primera etapa, Alemania asumió una serie de compromisos ante la CIJ con respecto a la conducta de sus autoridades, de manera a convencer a los jueces del carácter innecesario de ordenar medidas provisionales en su contra. En su declaración individual (véase texto completo), el juez oriundo de Sudáfrica no dudo en señalar que:

» The takeaway from all of this is that Germany, being aware of its obligations under international law, will exercise due diligence consistent with that obligation, as well as under its domestic legislative framework, to ensure that no transfer of military equipment contributes to breaches of either the Geneva Conventions or the Genocide Convention .. /..

Ce qu’il faut retenir de tout cela, c’est que l’Allemagne, consciente des obligations qui sont les siennes en droit international, fera preuve de la diligence requise conformément à l’obligation correspondante et à son cadre législatif interne, de sorte qu’aucun transfert de matériel militaire ne contribue à des violations des conventions de Genève ou de la convention sur le génocide».

Traducción:

» La conclusión de todo esto es que Alemania, consciente de sus obligaciones en virtud del derecho internacional, actuará con la debida diligencia, de acuerdo con esas obligaciones y con su marco legislativo nacional, para garantizar que ninguna transferencia de equipo militar contribuya a violaciones de los Convenios de Ginebra ni de la Convención sobre el Genocidio… /…

Las conclusiones del jurista sudafricano merecen ser leídas, al considerar que esta ordenanza y la expresión «at present / a l´heure actuelle» usada por la CIJ mandan un mensaje que rebasa de muy lejos el reducido marco de la demanda de Nicaragua contra Alemania (Nota 3).

No obstante los diversos compromisos adquiridos por Alemania ante la CIJ en abril del 2024, sus estrategas legales optaron por cuestionar, meses después, la competencia de la CIJ, presentando varias excepciones preliminares.

El 23 de febrero del 2026, Nicaragua envió un extenso documento a la CIJ refutando todos y cada uno de los argumentos esgrimidos sobre la supuesta incompetencia de la CIJ avanzados por Alemania: véase documento en inglés y en francés, cuya lectura integral se recomienda.

Volante de una conferencia de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 de Naciones Unidas, Francesca Albanese, realizada el 7 de mayo del 2024, sobre su informe titulado «Anatomía de un genocidio» (disponible en este enlace)

Las audiencias de La Haya en breve

Durante el primer día de audiencias en este mes de septiembre del 2026, Alemania sostuvo ante los integrantes de la CIJ que no existe jurídicamente ninguna disputa entre Nicaragua y Alemania que amerite un examen sobre el fondo, reiterando que la CIJ no tiene ninguna competencia en este asunto (véase verbatim). El segundo día de audiencias, Nicaragua refutó unos tras uno los argumentos de Alemania sobre la pretendida incompetencia de la CIJ (véase verbatim así como el video oficial de la CIJ de las audiencias del día 8 de septiembre).

El tercer día de audiencias (9 de septiembre), en la segunda ronda de alegatos, Alemania presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con sus conclusiones y petitoria (leerlas a páginas 34-37) solicitando a la CIJ desestimar el caso por carecer de competencia. El cuarto día fue Nicaragua la que presentó sus argumentos finales (véase verbatim) con una petitoria final muy concreta y precisa (página 37).

La lectura pormenorizada de los cuatro verbatim puede resultar un tanto laboriosa: no obstante la densidad de algunos alegatos, y el esmero de unos y otros, deja entrever que ambos contrincantes intentaron hacer ver a los jueces de la CIJ la supuesta mala fe de la parte contraria. El equipo de Nicaragua se abocó a rechazar uno tras otro todos los argumentos planteados por Alemania y no dejar ninguna duda con respecto a la competencia de la CIJ.

Es de notar que mientras Nicaragua, conforme a la tradición observada en el arte del litigio La Haya, logró establecer un equilibrio lingüístico (inglés y francés) durante la presentación de sus alegatos, Alemania optó por una presentación en un solo idioma (inglés). Las primeras hojas de los verbatim señalan que Nicaragua se presentó a la barra con un sólido equipo de asesores internacionales que cuentan con una vasta experiencia en el arte del litigio internacional en La Haya, al tiempo que Alemania se presentó con un equipo compuesto casi exclusivamente por funcionarios y asesores alemanes, y con asesores internacionales con menor experiencia en La Haya. Nótese que el agente de Nicaragua, Carlos José Argüello Gómez, y el asesor galo Alain Pellet de Nicaragua, iniciaron ambos sus comparecencias ante la CIJ en 1984, con ocasión de la batalla legal contra Estados Unidos: esta contienda culminó con una histórica sentencia de la CIJ condenando a Estados Unidos del 27 de junio de 1986 (véase texto), la cual fue precedida de una sentencia de la CIJ declarándose perfectamente competente de noviembre de 1984 (véase texto). Luego de ridiculizar ante el mundo a Estados Unidos en 1986, fue este mismo equipo que litigó exitosamente contra Honduras (sentencia de la CIJ de diciembre 2007) y Colombia (noviembre del 2012) con respecto a las zonas marítimas de Nicaragua en el Mar Caribe, y que logró que Costa Rica fuese impedida por la CIJ de navegar con su policías en el Río San Juan, sea en actividades de vigilancia o de simple abastecimiento de puestos fronterizos desde el río (julio del 2009): un derecho que poseía jurídicamente Costa Rica desde 1858 (tratado Cañas-Jerez). Sobre la experiencia, la trayectoria y el innegable talento oratorio del equipo de asesores internacionales de Nicaragua (muchas veces subestimados por algunos círculos políticos y diplomáticos), remitimos a nuestros estimables lectores a unas reflexiones del 2022 escritas con ocasión de la renuncia pública hecha por uno de sus integrantes, el jurista norteamericano Paul Reichler (Nota 4).

Según este reportage de Der Spiegel (véase enlace) publicado hace una semana, las exportaciones de armas de Alemania hacia Israel siguieron aumentando desde el 2024, lo cual plantea algunas interrogantes muy válidas que Nicaragua no desaprovechará en sus comparecencias futuras ante los jueces de la CIJ. En este reportaje de AlJazeera, la máxima representante de la delegación alemana en La Haya optó por no contestar algunas preguntas externadas por la periodista.

Es de notar que el panorama jurídico para Alemania se ve significativamente dificultado por el hecho que tanto en el mes de julio del 2024 (Nota 5) como en el mes de octubre del 2025 (Nota 6), la CIJ emitió dos opiniones consultivas relacionadas a la situación en el territorio ocupado de Palestina, a las obligaciones que tiene Israel como Estado miembro de Naciones Unidas, pero también a las obligaciones «erga omnes» que impone el derecho internacional a los Estados terceros con respecto a las reiteradas ilegalidades cometidas por Israel en el territorio palestino. En esta entrevista publicada en Alemania, el profesor William Schabas, integrante del equipo de Nicaragua en La Haya, hace ver el doble rasero de algunos en materia de prevención del genocidio, indicar que:

«Providing arms an political diplomatic support are quintessential examples of aid and assistance. The core of the requirement is that the accomplice State must have knowledge of what the perpetrator State is doing. No State can claim that it is unaware of the serious risk that genocide is being perpetrated in Gaza. Furthermore, the assistance must be significant, not trivial. In their intervention in the genocide case filed by Myanmar at the ICJ, several Western states including Germany stressed the importance of the reports of UN commissions of inquiry in the determination of genocidal intent. They said that such reports have ‘particular probative value’ and ‘special importance’. Well, in September 2025 the UN commission of inquiry produced a detailed, comprehensive and damning report that concluded Israel was perpetrating genocide».

Traducción:

«Proporcionar armas y apoyo político-diplomático son ejemplos típicos de ayuda y asistencia. Lo fundamental es que el Estado cómplice debe saber lo que está haciendo el Estado perpetrador. Ningún Estado puede decir que no sabe del grave riesgo de que se esté cometiendo un genocidio en Gaza. Además, la asistencia debe ser significativa, no insignificante. En su intervención en el caso de genocidio presentado por Myanmar ante la Corte Internacional de Justicia, varios países occidentales, incluida Alemania, destacaron la importancia de los informes de las comisiones de investigación de la ONU para determinar la intención genocida. Dijeron que esos informes tienen un ‘valor probatorio particular’ y una ‘importancia especial’. Pues bien, en septiembre de 2025, la comisión de investigación de la ONU presentó un informe detallado, completo y contundente que concluyó que Israel estaba cometiendo genocidio”.

A modo de ejemplo de las obligaciones jurídicas que pesan sobre un Estado tercero con relación a las exacciones de Israel en Gaza, entre muchos otros, podemos referir a esta petición en línea en el Reino Unido (véase enlace) que mantiene una fuerte presión sobre los decisores políticos con respecto a la ayuda y al comercio con Israel proporcionados desde el Reino Unido. Dicho sea de paso (al escribir estas líneas desde Costa Rica), resulta de interés destacar que Reino Unido suspendió en mayo del 2025 todas las negociaciones con Israel en materia comercial (Nota 7). De igual manera este llamado hecho desde la sociedad civil en Australia luego de dictaminarse la opinión consultiva de la CIJ en julio del 2024. Esta muy reciente publicación del Parlamento de Luxemburgo hace ver la gran cantidad de obligaciones jurídicas que estas decisiones de la CIJ le imponen a todos los Estados miembros de Naciones Unidas, Luxemburgo incluido (véase conclusiones y recomendaciones a páginas 89-91). En Bélgica, una reciente decisión de un tribunal nacional (véase texto integral) que debería de inspirar a colectivos de juristas en otras latitudes, condenó al Estado belga por no prevenir el genocidio en curso en Gaza. En uno de los pocos artículos al respecto, publicado en EJIL-Talk (Nota 8), se lee que:

«By finding that the Belgian State had failed, at the relevant time, to take all measures reasonably within its power to prevent the alleged violations, the Court demonstrates how obligations of prevention – long discussed in international caselaw and doctrine – can be concretely interpreted and judicially enforced at the domestic level«.

Traducción:

«Al determinar que el Estado belga no había tomado, en el momento pertinente, todas las medidas que razonablemente estaban a su alcance para prevenir las supuestas violaciones, la Corte demuestra cómo las obligaciones de prevención —que desde hace tiempo se debaten en la jurisprudencia y la doctrina internacionales— pueden interpretarse de manera concreta y hacerse valer judicialmente a nivel nacional«.

En septiembre del 2025, la inacción del Consejo Europeo y de la Comisión Europea fueron objetos de una demanda presentada en Francia por el colectivo de juristas JURDI (véase comunicado oficial).

Costa Rica: un cuestionable entusiasmo por el libre comercio con Israel

A diferencia del repudio generalizado contra Israel que se ha escuchado en Europa, y en Canadá, así como en otras latitudes (véase reciente entrevista al jefe de la diplomacia de Noruega), en Costa Rica el mutismo de su aparato diplomático es total cuando se trata de condenar a Israel. El pasado 24 de agosto, la cancillería de Costa Rica celebró el «Premio Jerusalém» otorgado al actual titular de la cartera de relaciones internacionales (véase comunicado oficial y algunas reacciones en redes sociales).

Más allá de las celebraciones por un premio que ningún canciller en el ejercicio de sus funciones ha recibido antes (de tener acceso algún /a lector/a a la lista de los «Premios Jerusalén» otorgados con anterioridad, se le agradecería remitírnosla por si alguno de estos premios sí fue otorgado a un canciller en ejercicio) (Nota 9), hay que destacar el siguiente hecho: con ocasión de la discusión sobre un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel, los funcionarios de PROCOMER (Promotora del Comercio Exterior) demostraron ante una comisión de la Asamblea Legislativa no conocer de las discusiones que tanto en Naciones Unidas como en el seno de la Unión Europea (UE) se tiene desde muchos años sobre el comercio con Israel. Resulta de interés leer al respecto esta nota del medio Delfino.cr del 3 de septiembre del 2026 con un título que resume bien lo observado. Al parecer, la intensificación de la política del «fait accompli» de Israel en Cisjordania denunciada (véase por ejemplo este artículo publicado en Bélgica recientemente) no es del conocimiento de PROCOMER. ¿Como así? Como se lee.

En esta otra nota del mismo medio digital con fecha del 10 de septiembre del 2026 (véase enlace), se indica que no llegaron a la comparecencia prevista el 10 de septiembre ante dicha comisión ni el jerarca de la diplomacia costarricense, como tampoco la jerarca de la cartera de comercio exterior costarricense, en razón de compromisos repentinos. Al parecer ambos jerarcas tampoco encontraron manera de delegar su intervención a un funcionario subalterno, como si ganar tiempo posponiendo al mes de octubre su comparecencia fuera la estrategia acordada (por razones que sería de cierto interés conocer).

Sobre el TLC entre Costa Rica e Israel, remitimos adicionalmente a una nota nuestra publicada en el Semanario Universidad (edición del 9 de septiembre del 2026) con respecto a tres criterios que fueron remitidos a la Asamblea Legislativa sobre la inconveniencia para Costa Rica de aprobar este TLC, así como a una emisión del programa universitario radial «Consulta Legal» del 10 de septiembre dedicada a este TLC con Israel (véase video), y a esta emisión del programa universitario «Interferencia» del día siguiente en Radio UCR.

Nótese que, en una sentencia de la Sala Constitucional de julio del 2025 (véase texto completo del voto 23967-2025), la cual se destaca por su extrema brevedad, el juez constitucional señaló que: «Ahora bien, con vista en lo expuesto anteriormente, la Sala estima que el reclamo del accionante resulta improcedente, pues el determinar con quién el Estado de Costa Rica debe suscribir o no convenios, o si la vigencia de estos debe suspenderse o no, no constituye un tema de constitucionalidad que pueda ser conocido en esta jurisdicción«. Una sentencia mucho más extensa de la Sala da una idea del tipo de respuestas recibidas por parte del recurrente sobre las acciones tomadas por la diplomacia costarricense con respecto a Gaza y a Israel (véase texto del voto 42187-2025 del 19 de diciembre del 2025).

Armar a Israel ¿sin percatarse del drama indecible que vive Gaza desde hace casi tres años? Datos recientes en proveniencia de Israel y de Gaza.

El apoyar a Israel militarmente puede generar consecuencias muy graves para un Estado, tratándose de las acusaciones de las que es objeto su insensato accionar militar en Gaza, tanto ante la CIJ como ante la Corte Penal Internacional (CPI): se trata de acusaciones ampliamente respaldadas y actualizadas por diversos informes de órganos de Naciones Unidas.

Es así como, desde septiembre del 2024, se pudo escuchar por parte del jefe de la diplomacia del Reino Unido, otro Estado exportador de armas hacia Israel, que (véase declaración oficial):

«It is with regret that I inform the House today, the assessment I have received leaves me unable to conclude anything other than that for certain UK arms exports to Israel there does exist a clear risk that they might be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law«.

Traducción:

«Lamento tener que informar hoy a la Cámara que, según la evaluación que he recibido, no puedo llegar a otra conclusión que no sea que, en el caso de ciertas exportaciones de armas del Reino Unido a Israel, existe un riesgo claro de que puedan usarse para cometer o facilitar una violación grave del derecho internacional humanitario«.

El último informe situacional (al 2 de septiembre del 2026) realizado por Naciones Unidas sobre lo que ocurre en Gaza está disponible en este enlace y desde ya se sugiere su lectura, completándola con este informe más general sobre lo que ocurre en todo el territorio palestino además de Gaza (al 4 de septiembre del 2026), y que inicia señalando que:

«Children continue to be killed by airstrikes and other attacks affecting populated areas in the Gaza Strip.

Most of Gaza’s 2.1 million are approaching the rainy season in overcrowded displacement sites, at risk of flooding and disease, while efforts to help them prepare are constrained by funding shortfalls and access restrictions«.

Traducción:

«Los niños siguen muriendo por los ataques aéreos y otros ataques que afectan a zonas pobladas en la Franja de Gaza.

La mayoría de los 2.1 millones de habitantes de Gaza se acercan a la temporada de lluvias en campamentos de desplazados superpoblados, expuestos al riesgo de inundaciones y enfermedades, mientras que los esfuerzos para ayudarlos a prepararse se ven limitados por la falta de fondos y las restricciones de acceso«.

Asfixiar a 2,1 millones de habitantes al no permitir entrar en Gaza ayuda humanitaria urgente que requieren estas personas, siendo sometidas desde la tarde/noche del mismo 7 de octubre del 2023, a bombardeos indiscriminados y desproporcionales, con una red hospitalaria prácticamente destruida, y con muchas de ellas viviendo a la intemperie en un desolador campo de ruinas, con poca agua y alimentación, constituye una faceta dramática del insensato accionar de Israel en Gaza, que Nicaragua espera poder explicar a la CIJ y relacionar a la generosa ayuda militar recibida por parte de Alemania.

El pasado 10 de septiembre, valientes comunicadores israelíes dieron a conocer un documental en la Bienal de cine de Venecia, titulado «Naza«, sobre la maquinaria destructiva militar israelí en Gaza dirigida desde programas informáticos que combinan rastreo y ubicación de llamadas, reconocimiento facial e inteligencia artificial (véase nota del medio israelí Magazine+972, así como este reportaje de Al Jazeera, esta nota de CNN y esta otra de France24). La conferencia de prensa completa de los directores de este documental en Venecia está disponible en este enlace y es sumamente recomendada escucharla. Este 14 de septiembre, Democracy Now dedicó un espacio al alcance y a los directores de este documental (véase enlace): este documental, como previsible, ha provocado las reacciones iracundas y los habituales exabruptos de las máximas autoridades israelíes (tanto en la esfera gubernamental como militar) que ya no impresionan mayormente a nadie (salvo algunas salas de redacción en Estados Unidos y algunos círculos que gravitan usualmente alrededor de las embajadas de Israel, con sus relevos en la prensa nacional): véase sobre estas reacciones furibundas israelíes esta nota de RadioFrance del 15 de septiembre.

Otra reacción iracunda contra la prensa israelí de investigación que revela algunos de los secretos mejores guardados del Primer Ministro israelí se puede leer en esta nota de la BBC (también del 10 de septiembre), en la que se precisa que:

«Según informó Haaretz, durante esa llamada, el jeque Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu que Sinwar le dijo a un exfuncionario palestino que Hamás estaba preparando una operación importante que describió como un «terremoto».Bin Zayed expresó su preocupación de que el suceso en cuestión no solo provocara un derramamiento de sangre, sino que también desestabilizara toda la región».

Este 15 de septiembre del 2026, en un comunicado oficial del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en persona, pasado totalmente desapercibido en la prensa internacional (véase texto completo), se puede leer que:

«I worry the remains recovered so far may only be the tip of the iceberg. Much of Gaza has been flattened by Israeli bombing or demolition and clearing by heavy machinery and explosives. Today, many areas in Gaza where the Israeli military is deployed continue to be levelled by bulldozers with no respect for the dead under the rubble«.

Traducción:

«Me preocupa que los restos recuperados hasta ahora sean solo la punta del iceberg. Gran parte de Gaza ha quedado arrasada por los bombardeos israelíes o por la demolición y el desmonte con maquinaria pesada y explosivos. Hoy en día, muchas zonas de Gaza donde está desplegado el ejército israelí siguen siendo arrasadas por las excavadoras sin ningún respeto por los muertos que yacen bajo los escombros«.

A modo de conclusión

Finalizadas las audiencias en La Haya en esta segunda semana de septiembre del 2026, la CIJ inició su «délibéré» para decidir (en un plazo que puede variar entre 3 meses y 9 meses) si son o no de recibo los argumentos presentados por Alemania.

Con relación a la estrategia jurídica de Alemania, no está de más recordar que no es exenta de riesgos: en efecto, cual sea el caso contencioso entre dos Estados, el invocar por parte del Estado demandado excepciones preliminares sobre la supuesta incompetencia de la CIJ puede ser interpretado por algunos de los integrantes de la CIJ como una renuencia de un Estado (que no quiere que la justicia internacional examine el fondo del asunto).

Desde este punto de visto, se puede considerar desde ya cuestionable la estrategia de Alemania: dado el dramático contexto que se vive Gaza, Alemania hubiera perfectamente podido evitar recurrir a este incidente procesal y aceptar la competencia de la CIJ sin mayor dilación. Al recurrir a este incidente procesal, se podría también interpretar que Alemania, por alguna razón muy propia (y que sería se sumo interés conocer), está buscando ganar tiempo.

Dentro de unos meses, será la CIJ la que indicará en qué medida Nicaragua puede continuar con este procedimiento contencioso interpuesto contra Alemania con respecto al fondo de su demanda.

-El autor, Nicolas Boeglin, es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR).
Contacto : nboeglin@gmail.com.

Notas:

Nota 1: Véase BOEGLIN N., «Audiencias orales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el marco de la controversia Guyana vs. Venezuela: algunas reflexiones«, 11 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 2: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre la ordenanza de la CIJ del 30 de abril relativa a la solicitud de medidas provisionales de Nicaragua contra Alemania«, 30 de abril del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas alemanes, STENDEL R., WENTKER A., “Taking the Road Less Travelled: The ICJ’s Pragmatic Approach to Provisional Measures in Nicaragua v Germany”, EJIL-Talk, edición del 3 de marzo del 2024. Texto integral disponible en este enlace, incluyendo dos comentarios nuestros a los autores de este análisis. De igual manera desde Alemania, véase también (más completo que el anterior análisis), TALMON S., «Why the provisional measures order in Nicaragua v. Germany severely limits Germany´s ability to transfer arms to Israel«, Verfassungsblog, edición del 2 de mayo del 2024. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 3: Leemos que para el integrante nativo de Sudáfrica en el seno de la CIJ, esta ordenanza de la CIJ envía una señal muy clara a otros Estados que suplen de armas y municiones a Israel. En el último párrafo de su declaración individual, señala que:

«13. While the Court has not issued any provisional measures at this stage, the current Order makes plain that it expects Germany, and other States supplying weapons to Israel, to exercise due diligence and ensure that weapons transferred to Israel are not used in the commission of acts of genocide or breaches of international humanitarian law. For me this is not a hollow statement but a statement with real legal significance. In particular, in the consideration of the responsibility of Germany, or any other State, for breaches of either the Genocide Convention or international humanitarian law, including responsibility for not taking appropriate measures in the face of a risk of such breaches, the effect of this Order would be to remove any plausible deniability of knowledge of the risk. ../ ..

13. Si elle n’a pas indiqué de mesures conservatoires à ce stade, la Cour fait néanmoins clairement savoir, dans l’ordonnance rendue ce jour, qu’elle attend de l’Allemagne, ainsi que des autres États qui fournissent des armes à Israël, qu’ils fassent preuve de la diligence requise et veillent à ce que les armes transférées à Israël ne soient pas utilisées pour commettre des actes de génocide ni pour enfreindre le droit international humanitaire. À mes yeux, c’est non pas une formule creuse, mais une déclaration ayant une véritable portée juridique. En particulier, si la Cour devait examiner la responsabilité de l’Allemagne, ou de tout autre État, à raison de manquements à la convention sur le génocide ou au droit international humanitaire, y compris la responsabilité qu’engagerait le fait de ne pas avoir pris de mesures adéquates alors que de tels manquements risquent d’être commis, l’ordonnance rendue ce jour aurait pour effet de priver les intéressés de toute possibilité de nier, de manière plausible, avoir eu connaissance de ce risque».

Traducción:

«13. Aunque la Corte no ha dictado ninguna medida provisional en esta etapa, la orden actual deja claro que espera que Alemania, y otros Estados que suministran armas a Israel, actúen con la debida diligencia y se aseguren de que las armas transferidas a Israel no se usen para cometer actos de genocidio o violaciones del derecho internacional humanitario. Para mí, esto no es una declaración vacía, sino una declaración con verdadero significado legal. En particular, al analizar la responsabilidad de Alemania, o de cualquier otro Estado, por violaciones de la Convención sobre el Genocidio o del derecho internacional humanitario —incluida la responsabilidad por no tomar las medidas adecuadas ante el riesgo de tales violaciones—, el efecto de esta orden sería eliminar cualquier negación plausible de haber tenido conocimiento del riesgo. ../ ..

Nota 4: Véase BOEGLIN N., «Nicaragua, a propósito de la renuncia de uno de los principales artífices de logros obtenidos ante la justicia internacional, LaRevista.cr, edición del 9 de abril del 2022. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 5: Véase BOEGLIN N., «Ocupación prolongada y colonización ilegal israelí del territorio palestino: apuntes con relación a la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», 19 de julio del 2024. Texto integral disponible en este enlace. Véase también un análisis de dos colegas galos, MAIA C., POISSONNIER G., “Avis de la CIJ de 2024 relatif à l’occupation du territoire palestinien: une analyse au prisme du droit international des droits humains”, La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés.Texto integral disponible en este enlace.

Nota 6: Véase BOEGLIN N., «Gaza / Israel: algunos apuntes sobre el alcance de la reciente opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)«, 22 de octubre del 2025. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 7: Véase esta nota de The Guardian del 20 de mayo del 2025 titulada «UK suspends trade talks with Israel and attacks ‘repellent’ extremism«. Cabe precisar que en su intervención, el jefe de la diplomacia británica externó ante el Parlamento británico (véase texto completo) que:

«As the Prime Minister and fellow leaders said yesterday, we cannot stand by in the face of this new deterioration. It is incompatible with the principles that underpin our bilateral relationship. Rejected by Members across this House and frankly it’s an affront to the values of the British people«.

Traducción:

«Como dijeron ayer el primer ministro y los demás líderes, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante este nuevo deterioro. Es incompatible con los principios que sustentan nuestra relación bilateral. Ha sido rechazado por los diputados de toda esta Cámara y, francamente, es una afrenta a los valores del pueblo británico«.

Nota 8: Véase MINGET C., «Domestic Courts and the States’ Obligation to Prevent Genocide and Serious Violations of IHL: The Brussels Court of Appeal’s Interlocutory Judgment of 16 March 2026«, EJIL–Talk, edición del 26 de mayo del 2026. Texto integral disponible en este enlace.

Nota 9: En el caso de Uruguay, el denominado «Premio Jerusalém» fue otorgado en el 2026 a un periodista (véase emisión de la televisión uruguaya). En el caso de Colombia, en el 2025, este mismo premio también fue otorgado a un periodista y columnista (véase enlace). En el caso de Costa Rica, en el 2023, este premio fue otorgado a una ex jueza costarricense de la Corte Penal Internacional (CPI) que fungió luego como jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el período 2016-2021: véase nota de La Nación de agosto del 2023. Siempre con respecto a Costa Rica, este premio fue otorgado a un ex diplomático en el 2022 (véase nota de prensa). No se tiene conocimiento de un premio de este tipo otorgado a un canciller meses después de debutar sus funciones, como es el caso del actual canciller de Costa Rica, que inició sus funciones en mayo del 2026. En el 2025, el actual Presidente de Argentina recibió otro premio en Israel, conocido, según se lee como el «Premio Nobel del mundo judío» (véase nota oficial de prensa).

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Lawrence Wilkerson: Arabia Saudí e Israel podrían desaparecer pronto

Redacción piensaChile — Wed, 16 Sep 2026 15:40:48 +0000

16 de septiembre de 2026

Explosión e incendio en la refinería de Exon Mobil, Illinois, EE.UU.
11 minutos y 43 segundos
Creo que ha sido en una refinería de Exon Mobil.(se refieren a la explosión e incendio en la rfinería Joliet, Illinois). Me están diciendo que ha sido tan grave que harán falta semanas, si no meses, para que esta refinería vuelva a estar operativa.
Y lo primero en lo que pensé, por supuesto, fue en el periodo posterior al 11 de septiembre, cuando hicimos un estudio exhaustivo por todos los Estados Unidos para ver hasta qué punto éramos vulnerables.
Y cuando volvimos y nos informamos mutuamente, dijimos, «Madre mía, tenemos un problema”.
No solo somos la sociedad más abierta del mundo. Si invirtiéramos la planificación y nos analizáramos como analizamos a otros países del mundo para enfrentarnos a ellos en lo que llamamos guerra de redes, eso significaba atacar todo, desde los alimentos hasta la electricidad y el agua.

Ejercicio militar de EE.UU. simulando ataque
Eso es lo que introdujimos en el ordenador sobre nuestros enemigos, por así decirlo, para planificar una guerra. Decidimos hacerlo contra nosotros mismos, francamente, porque el presidente nos lo pidió y así lo hicimos. No nos gustó, fue desastroso.
Y no estoy revelando ningún secreto porque creo que el resto del mundo sabe lo abiertos que somos y lo expuestos que estaríamos a que personas realmente capacitadas atacaran nuestras redes, los alimentos, las finanzas, la energía, lo que sea. Y creo que eso va a empezar.

23 minutos y 38 segundos
Pero he tenido muchas conversaciones que me convencieron de que los chinos no quieren el tipo de imperio que hemos tenido desde 1945.
Creo que los chinos te dirían, sus mejores académicos te dirían que de no haber sido por la Unión Soviética, habríamos mostrado nuestra verdadera
cara mucho antes, que durante la Guerra Fría ya dimos muestras de hasta dónde llegaríamos, del tipo de traición que cometeríamos.
Piensa en Henry Kissinger, piensa en Chile, piensa en Nicaragua. ¿Qué clase de actos infames haríamos en el mundo si la Unión Soviética no estuviera ahí para en cierto modo frenar algunos de ellos?

25 minutos y 5 segundos
China no será un nuevo EE.UU: no un nuevo Gran Bretaña
No estoy seguro de que los dirigentes de China sepan realmente cuál es su objetivo final, pero sé que su objetivo final no es crear un imperio que se parezca en nada a Estados Unidos, a Gran Bretaña o a cualquiera de esos imperios más antiguos que acabaron consumiendo su

30 minutos y 10 segundos
Israel y el juicio sobre el 7 de octubre de 2022
«¿Qué vais a hacer?» Él dijo, «Vamos a seguir a toda máquina con esta demanda que está llevando Haaretz. Vamos a seguir a toda máquina con la investigación sobre el 7 de octubre porque estamos condenadamente seguros de que el 7 de octubre no fue ninguna sorpresa y
queremos ver qué complicidad hubo en ello y queremos usar esa complicidad para machacar al otro bando, por decirlo de alguna manera.

¿Desaparecería Israel?
Pero han descrito esta situación, creo, de la forma desesperada en que realmente existe. Bibi no es más que la superficie del problema. Son unos 7 millones de ciudadanos judíos, quizá 5 millones ahora. Y si hay 2 millones en el extranjero, hay un millón de ellos empeñados en seguir este rumbo. Y para sacarles de ahí, hará falta un martillo de demolición, dinamita bajo el culo o lo que sea, o hará falta la disolución del Estado judío de Israel, que creo que está por llegar. Elijan. Ellos son el problema. El ministro de exteriores tenía razón. Ellos son el problema.

¿Cómo podría Israel, supongo, desintegrarse y, bueno, suicidarse?

¿Sería mediante una guerra civil o simplemente porque, como usted ha dicho, en los principales asuntos de política exterior? Todos parecen respaldar las mismas políticas. Entonces, ¿qué podría hacer que esto se rompiera? Sería una guerra convencional desde el exterior o…

Bueno, en primer lugar, ahora mismo tenemos una situación en la que Irán podría hacerlo con un simple trazo de pluma. Lo único que tienen que hacer es firmar algo que diga, «Destruid Israel». Tienen suficientes misiles balísticos, con suficiente capacidad de carga útil y capacidad operativa como para destruir Israel y aún les quedaran. Además, tienen capacidad subterránea para fabricar más tan rápido como los están utilizando.

¿Lo harán? Esa es la gran pregunta. Y como ha dicho Netanyahu ya varias veces y como ha reiterado Katz, el ministro de Defensa, usará un arma nuclear para evitarlo, para adelantarse a ello o para actuar inmediatamente después de que empiece contra él. ¿Y cómo lo haría?
Porque se, a ciencia cierta, que los objetivos de Irán incluyen todas las instalaciones nucleares de Israel, con una inteligencia muy precisa. Y esa inteligencia es lo que yo llamo inteligencia dinámica. Sabe a dónde van esas bombas. En esencia son bombas, pero hasta donde yo sé, no pueden hacer frente a los submarinos ni a la capacidad de lanzar armas nucleares desde submarinos, armas nucleares de baja potencia.
Así que no sé cómo va a terminar esto, pero sí sé que Netanyahu ha dado todas las señales posibles de que la opción del fin del mundo, la “Opción Sansón”, como la llaman, creo, como la llamó Golda Mier

Entonces, ¿qué va a pasar si Irán decide colocar dos o tres armas nucleares en uno de sus misiles realmente capaces de destruir búnkeres? Israel desaparecería, Tel Aviv y Haifa desaparecerían de un solo golpe. Así que Israel es mucho más vulnerable que Irán ante un ataque nuclear. Al fin y al cabo, Irán es tan grande como Europa occidental y tiene un terreno muy variado. Podrías lanzar 50 armas nucleares sobre Irán y a menos que fueras estratégicamente preciso hasta un punto minúsculo sobre dónde colocarlas y cómo hacerlas estallar en el aire, en tierra o como fuera, probablemente no destruirías el estado. Pero Israel sí sería destruido y Bibi lo sabe.

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«Naza», documental que denuncia el uso de tecnología por Israel en el genocidio en Gaza

Redacción piensaChile — Mon, 14 Sep 2026 13:09:56 +0000

14 de septiembre de 2026

Un ministro de Israel anunció este domingo (13.09.2026) que quería despojar de su nacionalidad por «traición al Estado» a los realizadores del documental «NAZA», que da voz a militares que acusan al ejército de ataques contra civiles palestinos en la Franja de Gaza.

Los periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor muestran el testimonio de 24 miembros de las fuerzas israelíes que describen cómo llevaban a cabo bombardeos contra civiles palestinos en Gaza a partir de dispositivos creados con inteligencia artificial.

Su documental «NAZA» ganó este sábado el premio especial del jurado en la Mostra de Venecia.

«Actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traición al Estado», declaró en X el ministro de Cultura Miki Zohar.

El ministro acusó a los creadores de la película de querer «perjudicar a su patria para recibir aplausos de antisemitas de todo el mundo».

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Douglas MacGregor: EE. UU. derrotado en Irán, Israel no sobrevivirá

Redacción piensaChile — Thu, 10 Sep 2026 20:18:28 +0000

10 de septiembre de 2026

Bueno, los israelíes han conseguido intimidar a sus vecinos, que nunca fueron muy fuertes militarmente y de entrada tampoco eran sociedades muy fuertes.

Pero sin Estados Unidos y sus fuerzas armadas, Israel no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir. No tiene ninguna posibilidad de imponerse ni de dominar a nadie.

Si pusieran en pantalla ese proyecto de Gran Israel, si tuvieran un mapa de eso, la idea de que los israelíes pudieran lograr algo de todo eso sin nosotros es absurda. La pregunta a la que nadie quiere responder en Washington es, ¿qué interés tenemos nosotros en el proyecto del Gran Israel? La respuesta es ninguno. No tenemos ningún interés en eso, en absoluto. Es una locura.

24 minutos

Y las cosas van a empeorar aquí, van a empeorar en Europa. Así que creo que vamos a ver un gran cambio. Ya sabe, como creo que mencioné la última vez que estuvimos juntos, anticipo algo de la magnitud de las revoluciones de 1848 en toda Europa occidental. Con el tiempo acabaremos sumándonos. Hay muchos problemas que hemos ignorado y de algún modo hemos escondido bajo la alfombra durante mucho tiempo y ahora vamos a tener que afrontarlos, nos guste o no.

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Washington se ata militarmente a Israel

Redacción piensaChile — Tue, 01 Sep 2026 20:47:10 +0000

1 de septiembre de 2026

Recientemente, Estados Unidos aprobó una de las leyes más costosas de su historia, con una disposición controvertida oculta en su extenso texto que ha generado divisiones entre los partidos políticos. La Cámara de Representantes aprobó la HR 8800, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2027, con una votación final de 216 a 212, un proyecto de ley por un valor aproximado de 1,15 billones de dólares. Sin embargo, el verdadero problema reside en su sección 219, una medida que fusiona las cadenas de suministro y la tecnología militar de Estados Unidos e Israel, y no en el costo. Thomas Massie, congresista republicano, advirtió que las fuerzas armadas y la cadena de suministro estadounidenses no deben fusionarse con las de Israel. Junto con Ro Khanna, demócrata, intentó eliminar la sección 219. Sin embargo, su enmienda no obtuvo ni un solo voto, lo que resultó, una vez más, en la victoria del lobby sionista en el Congreso estadounidense.La integración militar entre Estados Unidos e Israel podría desencadenar un círculo vicioso de equilibrio de poder, obligando a las potencias medianas a profundizar aún más sus propias alianzas de defensa y acuerdos de seguridad, acelerando así el equilibrio competitivo en la región.

Sección 219: Profundización de la integración militar entre Estados Unidos e Israel

La NDAA aprobará aproximadamente 1,15 billones de dólares para gastos de defensa, incluyendo un aumento del 5 al 7 por ciento en los salarios del personal militar, gastos adicionales en defensa antimisiles, tecnología hipersónica, tecnologías autónomas, mayor suministro de municiones y armamento, y otras tecnologías futuras. Según la ley, el Departamento de Defensa pasará a llamarse Departamento de Guerra, y en cualquier legislación futura, las referencias al Secretario de Defensa de EE. UU. o al Departamento de Defensa se referirán al Secretario de Guerra y al Departamento de Guerra. La Sección 219 prevé la creación de un puesto permanente en el Pentágono para supervisar el intercambio ampliado de inteligencia y el desarrollo conjunto de armas entre ambos países, lo que otorga a Tel Aviv un nivel de integración militar con EE. UU. que ni siquiera la mayoría de los aliados de la OTAN poseen.

Además, establece la “Iniciativa de Cooperación en Tecnología de Defensa Estados Unidos-Israel”, un proyecto que identificaría tecnologías desarrolladas por Israel o en colaboración con Israel que podrían integrarse en los sistemas militares estadounidenses. Asimismo, la iniciativa promovería la investigación colaborativa entre los gobiernos, la academia y la industria de Estados Unidos e Israel, así como la cooperación militar coordinada con el Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluyendo su Unidad de Innovación de Defensa, el Comando Espacial de Estados Unidos y la Dirección de Apoyo Técnico para la Guerra Irregular. Si bien la votación siguió en gran medida las líneas partidistas, hubo excepciones notables: un republicano se opuso a la medida, mientras que seis demócratas votaron a favor, trascendiendo las líneas partidistas. El proyecto de ley ahora pasará al Senado, donde el senador Bernie Sanders ya lo ha criticado duramente.

De la coordinación a la integración institucionalizada

En algunos medios de comunicación, el proyecto de ley se interpreta erróneamente como una fusión de las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel. En realidad, se trata de una mayor integración de la coordinación ya existente en tecnología de defensa, planificación operativa, sistemas de investigación y desarrollo, y procesos de adquisición. Esta integración dificultaría el desmantelamiento de la cooperación y colaboración bilateral entre Estados Unidos e Israel en el futuro. La relación entre Estados Unidos e Israel, especialmente si se considera desde la creación ilegítima de este último, demuestra que esta integración es una fase natural en su relación bilateral.

Desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, la relación entre ambos países ha experimentado altibajos. La administración Trump parece frustrada por los continuos ataques del gobierno israelí en Oriente Medio y sus intentos de frustrar todos los esfuerzos de paz regionales. Además, la opinión pública mundial, especialmente en Estados Unidos, se ha vuelto en contra del régimen sionista israelí y sus partidarios. La declaración del primer ministro israelí Netanyahu de poner fin a la dependencia de Israel de la ayuda financiera estadounidense también evidencia una brecha entre ambas partes.

Una salida estratégica más estrecha para Washington

Sin embargo, la aprobación de la NDAA por parte de la Cámara de Representantes resultó sorpresiva. Al parecer, cuando la opinión pública estadounidense y la administración Trump se volvían contra los sionistas, el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí (AIPAC) aprovechó su influencia sobre los legisladores estadounidenses y el poder oculto para impulsar una mayor integración entre las fuerzas armadas de Estados Unidos e Israel. Numerosos analistas internacionales han expresado su preocupación por esta integración, argumentando que expondría tecnología de defensa estadounidense clasificada a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las cuales podrían utilizarla para intensificar sus crímenes de guerra y operaciones genocidas contra la población civil palestina.

Sin embargo, según este proyecto de ley, Estados Unidos no podría detener la producción de armas ni municiones. Además, limitaría las opciones estratégicas de salida de Estados Unidos. La integración militar entre Estados Unidos e Israel agravaría aún más la situación en Oriente Medio, intensificando la confrontación entre Estados Unidos e Irán y generando inseguridad entre los estados del Golfo. Asimismo, este proyecto de ley podría desencadenar un círculo vicioso de equilibrio de poder, obligando a potencias intermedias como Pakistán, Irán, Arabia Saudita, Turquía, Egipto y Bangladesh a profundizar sus alianzas de defensa y acuerdos de seguridad, acelerando así la competencia en la región.

Una colaboración más institucionalizada o reforzada entre Rusia, China, Irán y otras potencias orientales también podría considerarse resultado de esta integración entre los dos agresores occidentales. Además, el creciente compromiso e implicación de Estados Unidos en Oriente Medio desviaría la atención de Washington de su estrategia en el Indo-Pacífico. Si el Senado estadounidense aprobara la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), se prevé una fuerte reacción pública en el país, dado que la opinión pública estadounidense se ha vuelto rápidamente contra los sionistas.

Los costos geopolíticos y nacionales de la integración

El proyecto de ley NDAA ha incrementado aún más las complicaciones para la administración Trump. Tiene graves repercusiones nacionales e internacionales para Estados Unidos. Este tipo de proyectos de ley refuerza la idea generalizada de que los sionistas controlan el poder oculto estadounidense. La opinión pública mundial favorece a Irán y Palestina, al tiempo que se opone firmemente a las acciones de Estados Unidos e Israel en Oriente Medio. El papel de las potencias intermedias también está aumentando, con Rusia y China emergiendo como actores en el nuevo mundo multipolar. Sin embargo, la élite estadounidense sigue aferrada a sus políticas tradicionales y a la mentalidad de la Guerra Fría. La extraordinaria influencia de AIPAC sobre los legisladores y la élite estadounidenses ha convertido al país en un títere del sionismo. En esta situación, el gobierno y la élite estadounidenses deben deshacerse del lobby sionista en el país y replantearse sus políticas unilateralistas e intervencionistas. De lo contrario, Estados Unidos pronto verá el fin de su supremacía global.

-El autor, Abbas Hashemite, es observador político y analista de investigación sobre temas geopolíticos regionales y globales. Actualmente trabaja como investigador y periodista independiente.

Publicado en Journal-neo

*Fuente para piensaChile: PrensaOPAL

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Vergüenza: Parlamentarios chilenos en la Palestina ocupada

Redacción piensaChile — Mon, 31 Aug 2026 20:52:26 +0000

31 de agosto de 2026

El viaje realizado entre el 21 y el 30 de agosto de 2026 por una comitiva de 11 parlamentarios chilenos a los territorios palestinos ocupados, para reunirse con cargos políticos y militares de la entidad israelí, representa una afrenta directa a la obligación de acatamiento de los derechos humanos y del derecho internacional.

Esta vergonzosa visita, caracterizada como un periplo político y turístico destinado a asimilar la visión de mundo del sionismo bajo la estrategia de la Hasbará (1) cristaliza la más abyecta bancarrota moral de quienes ostentan representación popular. Esta instrumentalización comunicacional busca sistemáticamente suavizar la imagen internacional de Israel y despojar de peso institucional a las resoluciones de las Naciones Unidas sobre la ocupación ilegal de tierras palestinas.

Once parlamentarios que decidieron cruzar medio planeta para regalarse una postal de turismo ideológico al régimen sionista israelí, acompañados del canciller israelí, Gideon Sa’ar, celebrando una supuesta «relación renovada» mientras el mundo asiste con horror al genocidio en Gaza y la intensificación del expolio en tierras palestinas en Cisjordania.

En la reunión registrada en la fotografía que subió el canciller israelí, también participó el embajador de Chile en Israel, el abogado de ciudadanía chileno-israelí y de origen ucraniano Gabriel Zaliasnik. Los parlamentarios de la vergüenza, diez de ellos pertenecientes a la derecha denominada liberal y la ultraderecha chilena pinochetista, son:

Los diputados

Hans Marowski y Pier Karlezi, del Partido Nacional Libertario (PNL);

Marco Antonio Sulantay y Daniel Lilayu, de la Unión Demócrata Independiente (UDI);

Roberto Arroyo, Eileen Urqueta y Zandra Parisi, del Partido de la Gente (PDG);

Stephan Schubert y José Carlos Meza, del Partido Republicano;

Fernando Zamorano, del Partido por la Democracia (PPD);

y el único senador, Enrique Lee, autodenominado independiente.

Parlamentarios chilenos con canciller israeli Gideon Sa´ar y embajador de Chile en la Palestina ocupada.

Se trató de un viaje impresentable, efectuado en pleno genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, a manos de la entidad israelí, sus cuerpos militares y los contingentes de colonos extranjeros ilegalmente asentados en Cisjordania que asesinan y roban. Visitar los territorios ocupados sin denunciar el régimen de dominación colonial y la expansión de los asentamientos constituye una grave incongruencia con la histórica solidaridad internacional de la sociedad chilena con los pueblos en resistencia y una validación indirecta de crímenes que vulneran de forma flagrante el derecho internacional humanitario.

Un periplo efectuado bajo la coartada de una «semana distrital» que desnuda el cinismo de un sector político dispuesto a legitimar la ocupación, el apartheid y el exterminio sistemático del pueblo palestino a cambio de la fotografía oficial y el confort de los hoteles de cinco estrellas.

Es, evidentemente, la desnaturalización de lo que se conoce en Chile como la “semana distrital”: periodo legislativo diseñado exclusivamente para que los diputados y senadores recorran sus respectivas circunscripciones o distritos, escuchen las demandas de la ciudadanía, fiscalicen en terreno y atiendan los problemas cotidianos de quienes los eligieron en las urnas.

La elección popular de los congresistas no ha sido para dedicarse al goce de viajes internacionales y menos aún a una visita de carácter geopolítico, que significa apoyar a una entidad genocida como la israelí. Utilizar tiempo protegido por ley y recursos institucionales para una agenda geopolítica al margen del vínculo con el electorado erosiona la legitimidad del Congreso. Con un costo estimado de al menos 15.000 dólares por invitado en pasajes, estadía y traslados, el financiamiento opaco de este periplo carece de cualquier beneficio para la sociedad chilena y evidencia una priorización de las agendas de élite por sobre las demandas sociales urgentes.

Subordinación geopolítica y complicidad diplomática

La visita incluyó reuniones con el mencionado canciller israelí Gideon Sa’ar y la participación del embajador de Chile en Israel, el abogado de ciudadanía chileno-israelí Gabriel Zaliasnik, además de figuras asesoras vinculadas a los intereses del sionismo regional. Estas gestiones configuran un alineamiento ideológico y diplomático que subordina los intereses nacionales a los ejes de Washington y Tel Aviv.

El clímax entreguista y desvergonzado de esta delegación ocurrió al entregar una medalla conmemorativa de la Cámara de Diputados a Roni Kaplan, un personaje vinculado a la maquinaria bélica del ejército de ocupación israelí sobre quien pesan cuestionamientos por crímenes de guerra. Entregar símbolos patrios chilenos a un propagandista de la ofensiva militar es un insulto a la memoria de las más de 250.000 víctimas mortales en Gaza y a la resistencia histórica del pueblo palestino frente al muro de apartheid y la usurpación de tierras.

Esta actuación parlamentaria sintoniza con el giro drástico y alarmante de la política exterior bajo la administración de José Antonio Kast. Rompiendo con la histórica tradición multilateral y de respeto a los derechos humanos de la diplomacia chilena, el actual gobierno ha profundizado vínculos inaceptables con regímenes autocráticos y potencias hegemónicas.

Este estrechar de relaciones configura un alineamiento ideológico y diplomático profundamente imbricado. Este diseño no constituye un hecho aislado ni una simple coincidencia protocolar, sino la ejecución deliberada de una agenda orientada a blindar una alianza geopolítica incondicional. Prueba de ello es la designación de un embajador en Washington, Andrés Ergas, perteneciente a la comunidad judía chilena, que subraya la voluntad de tender puentes directos con los círculos de poder e influencia sionista en el hemisferio norte, alineando los intereses geopolíticos nacionales de manera subordinada a los ejes de Washington y Tel Aviv.

La elección de un ex presidente de la comunidad judía chilena, con doble nacionalidad chilena e israelí, como es Gabriel Zaliasnik, para encabezar la embajada en Israel disuelve las fronteras tradicionales entre la diplomacia de un Estado soberano y los intereses corporativos de una diáspora organizada, operando en la práctica como un comisionado de los intereses del Estado ocupante.

Sumemos la incorporación de Eitan Bloch, coordinador de las comunidades sionistas del Cono Sur sudamericano, exasesor de la embajada de Israel en Chile y de diputados como el demócrata cristiano Gabriel Silber, miembro de la comunidad judía sionista en el país austral y uno de los principales lobistas de empresas israelíes. La labor de Bloch como uno de los asesores principales en materia internacional de Kast evidencia que la toma de decisiones estratégicas en política exterior ha sido delegada o fuertemente influenciada por cuadros orgánicos vinculados directamente a la defensa y promoción del sionismo regional e internacional.

Este entramado de nombramientos y asesorías estratégicas consolida una estructura de complicidad institucional donde los canales diplomáticos de la República de Chile quedan al servicio de la normalización y legitimación de políticas de ocupación y crímenes de guerra y de lesa humanidad en Asia occidental, en el genocidio contra Palestina, en la agresión contra El Líbano y Siria, y en las guerras contra Irán junto a Estados Unidos. Esta realidad vulnera los principios históricos de autodeterminación y derecho internacional que Chile tiene que cautelar (2)

Bajo la administración de José Antonio Kast, la política exterior chilena ha sufrido un giro drástico y alarmante, alineándose de manera subordinada con regímenes autocráticos, potencias hegemónicas y proyectos de extrema derecha que desprecian la soberanía de los pueblos del Sur Global. Este alineamiento sitúa al país de forma vergonzosa en el lado incorrecto de la historia.

El actual gobierno ha profundizado lazos inaceptables con regímenes que aplastan el derecho a la autodeterminación, como el respaldo velado u omiso a la monarquía marroquí en su ilegal ocupación del pueblo saharaui, y la vergonzosa legitimación del régimen israelí, avalando su maquinaria de apartheid y genocidio contra el pueblo palestino. Se ha consolidado una política de sumisión ante los intereses geopolíticos de Washington, una potencia que históricamente ha tratado a América Latina como su patio trasero y ha saboteado los procesos democráticos de la región.

La ultraderecha en Latinoamérica aliados del sionismo

La diplomacia chilena estrecha posiciones y coordina agendas con gobiernos de corte autoritario —bajo el mandato de Washington— que destruyen los derechos sociales, destacando la afinidad con la administración ultraderechista de Javier Milei en Argentina, figuras de la ultraderecha colombiana como Abelardo de la Espriella, y el modelo punitivista de Nayib Bukele en El Salvador, fundamentalment.

Esta deriva internacional transforma a Chile en cómplice activo de la opresión global, sepultando la tradición solidaria y humanitaria que alguna vez caracterizó su diplomacia y se expresa en la visita despreciable de parlamentarios chilenos al territorio palestino ocupado.

La ciudadanía anota nombres y silencios. Porque disfrazar de misión oficial un viaje de lavado de imagen no solo es un acto de profunda inmoralidad política; es la prueba más dolorosa de que a ciertos representantes les importa infinitamente más la foto de protocolo y la mezquindad ideológica que la decencia humana más básica.

Al final, cuando se apaguen los focos de la diplomacia de ocasión y se guarden los trajes de gala, quedará una verdad inalterable: la historia no juzgará a estos legisladores por los acuerdos firmados en despachos clandestinos ni por las excusas de una semana distrital, sino por el peso de su silencio ante la agonía ajena.

Estos 11 parlamentarios caminaron sobre las ruinas de la dignidad humana y aplaudieron con indiferencia el dolor de los inocentes, cambiando el honor de representar a un pueblo solidario por el efímero aplauso del opresor. Y mientras el mundo siga contando los muertos bajo los escombros, los nombres de quienes eligieron ser cómplices de la barbarie permanecerán grabados con la tinta imborrable de la vergüenza, recordándonos que no hay inmunidad parlamentaria capaz de absolver la bancarrota del alma.

–El autor, Pablo Jofré Leal, es periodista y analista internacional.*Fuente: HispanTV

Notas:

_{1. La Hasbará (esclarecimiento en hebreo) es un método de propaganda y limpieza de imagen del régimen israelí que es usado profusamente, no sólo en los territorios palestinos ocupados que llaman Israel, sino que ya ampliado al conjunto del planeta. Es una estrategia de diplomacia pública, como lo definen los sionistas, que propugnan de esta manera, la necesidad de maquillar los crímenes que esa sociedad israelí comete contra diversos pueblos: el proceso de ocupación, colonización y exterminio del pueblo palestino, junto a sus agresiones contra países como El Líbano, Yemen, Irak, Siria y la República Islámica de Irán.}

_{2. https://www.resumenlatinoamericano.org/2026/05/05/chile-con-israel-relacion-nefasta-parte-ii/}

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