Dada la cantidad de enlaces a información de gran valor, para comprender lo ocurrido en Chile en 1973, contenidos en este trabajo de Hermez Benitez, de diciembre del 2006, hemos decidido republicar sus primeros párrafos. Quien tenga interés en leer el texto completo, puede hacerlo accediendo a él desde el enlace que ofrecemos al final de esta publicación. Un saludo muy cordial.
La Redacción de piensaChile

Fecha original de la publicación: 22 de diciembre de 2006

Presentación:

A raíz de las recientes declaraciones públicas de la Senadora Soledad Alvear, en el sentido de que el Partido Demócrata Cristiano chileno nunca apoyó el golpe militar de 1973, nos ha parecido necesario poner en conocimiento de los lectores de piensaChile los diferentes documentos, generalmente poco conocidos por el público, a partir de los cuales sea posible formarse una opinión más fundada y completa del verdadero papel jugado por aquel partido antes, durante y posteriormente al Golpe. Es así como hemos publicado ya la extensa carta de Eduardo Frei a Mariano Rumor, fechada el 8 de noviembre de 1973, y la casi desconocida carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei, del 26 de junio de 1975.

Publicamos ahora una serie de testimonios de extraordinaria importancia, que tampoco son de fácil acceso, a pesar de que circulan en forma de libro en el mundo de habla hispana desde hace varios años. Nos referimos al libro de Peter Kornbluh titulado: “Pinochet: los archivos secretos”, (Barcelona, Editorial Crítica,  2004) en el que se organizan, comentan y contextualizan los miles de documentos oficiales secretos de distintas agencias del gobierno norteamericano, que sólo fueron hechos públicos con motivo de la detención de Pinochet en Inglaterra,  y que contienen una serie de informaciones y pruebas inéditas, que superan con creces lo que fuera descubierto y revelado en 1975 por el ComiteChurch (Atención: Esa fuente ya no existe. La hemos rastreado en internet y la puede leer aquí: ComiteChurch  piensachile actualizado el 27.082023). Pero, obviamente, no reproduciremos aquí la totalidad de tales documentos, que constituyen un volumen de 381 páginas, sino sólo aquellos de sus pasajes en los que se hace referencia a  Eduardo Frei y a la Democracia Cristiana chilena, en razón de los propósitos informativos indicados más arriba.

Es importante destacar que los archivos hasta ahora desclasificados no contienen toda la información existente acerca Frei y la DC durante el decenio anterior al Golpe, pues como señala Kornbluh: “Los dos volúmenes que conforman la historia interna de la CIA en torno al respaldo ofrecido de forma clandestina a los democristianos, titulados “The Chilean Election Operation of 1964. A case History 1961-1964”, siguen siendo altamente confidenciales. Se sabe, sin embargo, que contienen información relativa a operaciones encubiertas que comenzaron en 1961… y que culminaron en el oneroso financiamiento de la campaña de Frei en 1964. En abril de 1962, el grupo de expertos 5412, como era conocido el equipo de altos cargos de  diversas agencias que supervisaban las operaciones encubiertas, aprobó la propuesta de la CIA de “emprender un programa secreto de ayuda financiera”  a los democristianos. Entre esa fecha y la de los comicios, la CIA destinó unos cuatro millones de dólares a Chile para respaldar la elección de Frei, incluidos  2.6 millones que de forma directa se destinaron a financiar más de la mitad del presupuesto de su campaña” (Pinochet: los archivos, pág. 30).

Como podrá apreciarlo el lector, en cada caso hemos suministrado un contexto mínimo que haga comprensible los pasajes citados, que así pueden ser comprendidos por sí mismos, pero no se debe olvidar que ellos han sido sacados de un contexto aun más amplio en el que adquieren su sentido más completo. Para una mejor comprensión y recontextualización  de lo aquí reproducido, puede leerse: “Los EEUU y el derrocamiento de Allende. Una historia desclasificada”, del propio Peter Kornbluh (Santiago, Ediciones B/Grupo Z, 2003), que es más breve porque cubre una porción menor de los mismos documentos desclasificados en los que se basa “Pinochet: los archivos secretos”. Recomendamos, también, el más accesible librito sobre el mismo tema titulado: “Archivos secretos. Documentos Desclasificados de la CIA”,  de Hernán Soto y Sergio Villegas (Santiago, LOM Ediciones, 1999. Ver tambien )  Para el “Informe Church”, véase: “Intervencion norteamericana en Chile. Dos textos claves”, de Armando Uribe y Cristián Opaso (Santiago, Editorial Sudamericana, 2001).

Por cierto, no incurrimos en ningún acto de piratería intelectual al poner estos materiales al alcance de nuestros lectores, los que han sido mundialmente conocidos gracias a la encomiable labor del National Security Archive, de la George Washington University, un Instituto y una Biblioteca sin fines de lucro, financiada por donaciones de individuos e instituciones, cuyo propósito central es, precisamente, la divulgación de estos valiosos documentos.

Hemos reproducido estos reveladores textos del modo más fiel que nos ha sido posible, aunque en algunas pocas ocasiones hemos hecho pequeñas correcciones e interpolaciones, puesto que es manifiesto que el encargado por la Editorial Crítica para verterlos a nuestra lengua, a pesar de que no lo hace mal, sólo conoce el español como segunda lengua. Hemos mantenido, entre paréntesis, los llamados a las notas de la edición impresa, que hacen referencia a los documentos, y a  otras informaciones y comentarios del autor, pero no hemos incluido las notas.

Frei y la Democracia Cristiana en los documentos desclasificados norteamericanos

La carta de los 13 – Septiembre 13, 1973

El articulo Frei y la Democracia Cristiana en los documentos desclasificados norteamericanos (republicación) apareció primero en piensaChile.

«Este pais ha vivido mas de 160 años de democracia prácticamente ininterrumpida. Es de preguntarse, entonces, cuál es la causa y cuáles son los responsables de su quiebre.» [Eduardo Frei Montalva, 8 de noviembre de 1973]

Para Eduardo Frei Montalva, nuestro país tuvo «democracia prácticamente ininterrumpida«, desde 1813. Vaya, vaya, ¿dónde habrá estudiado historia Don Eduardo?

Carta de Bernando Leighton comentando la carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor, Presidente de la Democracia Cristiana de Italia:

Carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva (26 de junio de 1975)

El articulo Carta de Eduardo Frei Montalva a Mariano Rumor (8 de noviembre de 1973) apareció primero en piensaChile.

El Partido Demócrata Cristiano nace en la década de los treinta, aunque no con este nombre, de sucesivas escisiones del Partido Conservador, la expresión política más retrógrada de la oligarquía nacional de aquella época. Son, en su mayoría, jóvenes que se afincan ideológicamente, en el humanismo cristiano esgrimido por el filósofo Jacques Maritain, combinado con un apego idílico a la doctrina social de la iglesia. Nacen como Falange Nacional, planteándose desde su nacimiento, al igual de lo que ocurre con la Falange fascista de España, como alternativa cristiana al comunismo que avanza en esos años con mucha fuerza en el mundo. Es a partir de 1957 cuando aparece oficialmente el Partido Demócrata Cristiano, iniciando un camino anticomunista que es rápidamente apreciado en EE.UU. que en aquel momento se encuentra enfrascado en medio de la guerra fría con la Unión Soviética.

Sin esperanzas de alcanzar el poder disputando la sólida base social de la izquierda, encuentran de pronto, en 1964, su gran oportunidad de llegar al gobierno al convertirse en la alternativa confiable de Estados Unidos y de la derecha nacional, que desembarca sin asco a su candidato Julio Durán para apoyar al demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva, ante el inminente triunfo del candidato de la izquierda, Salvador Allende. El Informe Church, desclasificado más tarde por el gobierno norteamericano, dice textual: “En 1964, la agencia Central de Inteligencia (CIA), gastó más de U$ 2,6 millones de dólares en apoyo de la elección del candidato demócrata cristiano para evitar el ascenso a la presidencia del marxista Salvador Allende”.

Desde la perspectiva de esta pequeña reseña, veamos qué es lo que ha ocurrido en nuestros días, y extrapolemos a lo que puede ocurrir en los próximos meses hasta la elección presidencial de noviembre. Desde su condición de veleta, desprovisto de principios sólidos que le han permitido navegar según los vientos de la conveniencia político-social que soplan en determinados momentos, los democristianos llegan al día de hoy sin haber cambiado un ápice de su política zigzagueante. Se apegan a la izquierda si es conveniente, o aceptan sin asco el apoyo de la derecha si les reporta un buen negocio. La presidenta del PDC, Carmen Frei, con una cara dura increíble, que por lo demás no le cuesta mucho poner, se permitió criticar a Jadue y al Apruebo Dignidad por una supuesta campaña errada de Karina Oliva que motivó su derrota, sin reconocer que su candidato Orrego no tenía ninguna posibilidad de ganar la gobernación de Santiago sin el apoyo de la derecha, tal como ocurrió con la presidencia de su padre en 1964. De la misma forma, al ufanarse del triunfo de los otros candidatos a gobernadores de la ex concertación, no mencionó para nada que eso no se hubiera logrado sin el apoyo de la izquierda en cada caso.

Esto fue lo que ocurrió, pero ¿qué pasará de aquí hasta noviembre? Dijimos que íbamos a extrapolar basándonos en una realidad objetiva, por lo que se hace necesario considerar todas las posibilidades. En momentos que esto escribo demócrata cristianos y el resto de la Unidad Constituyente, hacen denodados esfuerzos por ponerse de acuerdo y llevar una sola candidata a la primera vuelta presidencial. Presuponen que esa candidata, que con seguridad será doña Yasna Provoste porque Misia Narváez no calienta ni al marido, (perdonando ustedes este desatino) llegará a noviembre enfrentándose al representante de la derecha, cualquiera sea, y entonces contarán sin ninguna duda con los votos de la izquierda, tal como ocurrió con el triunfo de los candidatos de la ex concertación en las últimas décadas. Pero, ¿qué pasa si, como muchos suponen, a segunda vuelta llega efectivamente su candidata y deba enfrentarse a Daniel Jadue? Ahí salta la otra carta que saliera de la manga de Frei Montalva y ahora último de la de Claudio Orrego: cuentan con que no sólo la derecha en masa se inclinará por ella, si no que hasta pueden llover algunos dolarillos que la CIA volverá a proveer.

A la última conjetura más vale no referirse: ¿y si Jadue pasa a la segunda vuelta para enfrentarse al representante de la derecha? Algo de eso ya mencioné en un amargo artículo publicado en este mismo medio y que titulé “Daniel Jadue no será presidente”. En tal caso, habrá que confiar en la fuerza del pueblo chileno, que desde el estallido del 19 de octubre ha demostrado que está para grandes cosas. Pero también habrá que demostrar que hemos aprendido la lección de 1973, y tener en cuenta que tanto la derecha como la democracia cristiana, no tendrán ningún miramiento en descargar la garra uniformada, como ya lo hicieron aquel aciago año que todavía pesa en la conciencia nacional.

El articulo Tiempos de incertidumbre apareció primero en piensaChile.

Vea quien voto a favor y en contra de iniciativas que ayudaban a mejorar la participación ciudadana. Hoy con el 80% a favor del cambio de Constitución, la actitud y la acción de Silber es sencillamente escandalosa y persigue que la casta política se perpetúe en el poder, desde el cual destruyen el país y la democracia.

Vea aquí esas votaciones:

La Cámara de Diputados rechaza aceptar que los independientes formen pactos para presentar lista de candidatos
por La Redacción de piensaChile
Publicado el 15 octubre, 2020

Redacción de piensaChile

Artículo de El Mostrador:

Con firma de Gabriel Silber (DC) ingresan proyecto que permite postulación de autoridades públicas «de manera excepcional» pese a normativa que limita reelecciones.

En medio de las críticas de algunos sectores, este martes los diputados de RN Leopoldo Pérez, René García, Diego Paulsen, Karin Luck, Frank Sauerbaum, Jorge Rathgeb y el DC Gabriel Silber, ingresaron una moción publicada en el Boletín 13845-07 de la Cámara de Diputados y Diputadas para hacer una excepción a la ley.

¿Se acuerdan de la ley que limitaba la reelección de autoridades públicas? (alcaldes, gobernadores, parlamentarias) RN y un DC acaban de ingresar un proyecto de ley para saltarse los efectos y permitirse una reelección más.
El Gobierno le puso suma urgencia.
¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/jhebDqspQj

— Macarena Ripamonti (@MacaRipa) October 27, 2020

«Modifica la Carta Fundamental para habilitar por única vez a postular en las elecciones del año 2021 a los cargos de parlamentario, consejero regional o gobernador regional a los alcaldes y concejales en ejercicio del cargo que, en virtud de la normativa vigente están impedidos de postular a la reelección», se lee textual en ella.

Consultado al respecto, Silber defendió la presentación de la iniciativa legal. «Por lejos los actuales alcaldes han tenido mayor participación, liderazgo y legitimidad frente a los chilenos en el estallido social. En consecuencia, hoy veo temor de los actuales parlamentarios de poder ser desafiados electoralmente por los alcaldes en ejercicio y por secretaría algunos buscan bloquear por secretaría la competencia», aseguró a El Desconcierto.

«En consecuencia, este proyecto busca eliminar dichas trabas y que, en definitiva, en una democracia gane el que a juicio de los chilenos concentra mayor convergencia y adhesión», agregó.

Por su parte, el diputado Paulsen asegura que «entendiendo que a los alcaldes les alargamos su período por cinco meses, debido a la modificación del calendario electoral producto de la pandemia, lo lógico es que ellos tengan la posibilidad de terminar su período, y puedan postular a un cargo público».

A su juicio, «esto en ningún momento es un cuarto mandato municipal, sino que le estamos dando la posibilidad de postular a un cargo público a quienes les cambiamos las reglas del juego, sin ellos haberlo buscado».

«Me parece que este proyecto viene a entregar justicia a los alcaldes que legítimamente quieren seguir aportando, con sus conocimientos y experiencia, a cimentar el camino del Chile en que queremos vivir, ya sea como parlamentarios o como gobernadores regionales», concluye.

¿Qué establece la ley vigente que los diputados RN y Silber buscan obviar?

Fue el 3 de julio del año en curso cuando Sebastián Piñera promulgó la ley que limita las reelecciones de cargos públicos, una situación que no ha sido obstáculo para frenar la arremetida de un grupo de parlamentarios del oficialismo, además del demócrata cristiano Gabriel Silber para presentar este martes 27 de octubre un proyecto que faculta, justamente, la reelección de autoridades.

De acuerdo a información oficial que publicó en septiembre último la página de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, BCN, los alcances de la ley son claros.

En este sentido, establece que «los diputados podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos. Eso significa que al ser elegidos una vez duran cuatro años en el cargo, luego de lo cual pueden ser reelegidos en otras dos ocasiones. Si fuesen reelegidos podrían estar un máximo de 12 años en el cargo».

Respecto de «las senadoras y los senadores podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por un período. Un primer período es de ocho años. Si son reelegidos una vez, completan 16 años en el cargo».

En cuanto a los jefes comunales, se establece que «los alcaldes son elegidos por sufragio universal de conformidad a la ley orgánica constitucional de municipalidades. Duran cuatro años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos. Eso significa que pueden estar un máximo de 12 años en el cargo».

La situación de los concejales, es análoga. «Los concejales duran cuatro años en el cargo y pueden ser reelegidos otras dos veces. Es decir, también pueden estar un máximo de 12 años en cargo», se lee textual en el artículo citado.

En cuanto a los consejeros regionales, también se pronuncia la ley promulgada hace menos de tres meses. «El consejo regional está integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa. Durán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos sucesivamente en el cargo hasta por dos períodos. Es decir, pueden estar un máximo de 12 años en el cargo.

Y por último, la normativa vigente aclara que «ya estaba establecido que los gobernadores regionales duran 4 años en el cargo y pueden ser elegidos sólo por un período más. Es decir, tendrán un máximo de 8 años en la función».

El articulo Comienzan a trabajar «los de siempre»: ingresan proyecto que permite postulación de autoridades públicas «de manera excepcional» pese a normativa que limita reelecciones apareció primero en piensaChile.

1. Este 4 de septiembre se cumplen 50 años desde aquél día en que las principales fuerzas de la izquierda chilena, agrupadas en la Unidad Popular (UP), lograron imponerse por una mayoría relativa en las elecciones presidenciales de 1970, con Salvador Allende como su abanderado. Culminaba así un largo proceso de acumulación de fuerzas de las principales expresiones políticas de los trabajadores chilenos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que se había extendido ya por espacio de más de cuatro décadas. Ambos partidos se definían a sí mismos como marxistas y, habiendo logrado unir primero al movimiento obrero en el plano sindical con la fundación de la Central Única de Trabajadores (CUT) en 1953, habían actuado persistentemente unidos en el plano político desde 1956 cuando acordaron constituir el Frente de Acción Popular (FRAP). Ello les permitió ir acrecentando significativamente la gravitación política de la clase trabajadora en base a un proyecto definidamente antiimperialista, antioligárquico y antimonopólico, dirigido a abrir camino a una transformación revolucionaria de la sociedad chilena en un sentido socialista. Sin embargo, no sería sino hasta la elección presidencial de 1970 que esta alianza de izquierda, reconstituida esta vez con la participación del Partido Radical, el MAPU y otros dos grupos políticos menores y actuando bajo la denominación de Unidad Popular, lograría alcanzar un resonante triunfo electoral que le brindaba la posibilidad de llevar a la práctica su programa.
2. En el Programa Básico de Gobierno (PBG) de la UP se afirmaba de manera explícita que los problemas fundamentales del país derivaban de unos privilegios de clase a los que quienes los detentaban «jamás renunciarán voluntariamente». Y dando por fracasadas las recetas reformistas y desarrollistas que había hecho suyas el gobierno de Frei, señalaba, como su objetivo fundamental, «terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile».[1] Es del todo evidente que un propósito político tan claro como ese bastaba para que la eventual llegada a La Moneda de la UP acentuara no solo los anhelos y expectativas emancipatorias largamente atesoradas por el pueblo trabajador, sino también el profundo y lacerante recelo del gran capital y su representación política partidista ante el temido espectro de la «dictadura del proletariado» que parecía estar tocando ahora a su puerta. A pesar de las insistentes declaraciones de Allende de que se respetarían escrupulosamente los derechos y libertades existentes como rasgo definitorio de su «vía chilena al socialismo»,[2] la sola perspectiva de verse expropiadas era más que suficiente para que las clases dominantes considerasen ese propósito como una verdadera declaración de guerra. Se abría paso inevitablemente así a un periodo de aguda confrontación social y política que, como se sabe, concluyó tres años después con el cruento derrocamiento del gobierno de la UP y la implantación de un régimen brutalmente represivo.
3. Es por eso que, junto con conmemorar esta fecha y valorar el gran significado que para el movimiento obrero y popular tuvo el triunfo de Allende en las elecciones presidenciales de 1970, resulta imprescindible tener presente también las grandes disyuntivas estratégicas que se plantearon entonces, de manera candente, ante las fuerzas de la izquierda chilena. El problema central para un proyecto de transformación social que aspire a superar los marcos del capitalismo es, indudablemente, el de la conquista del poder por los trabajadores y el modo en que en definitiva éste puede ser resuelto para abrir efectivo paso al socialismo como proyecto histórico emancipador. Es evidente que, por la forma en que concluyó, la experiencia de gobierno de la UP no logró validar en tal sentido la estrategia de la vía pacífica al socialismo en que basó su accionar y que tantas expectativas generó en un amplio sector de la izquierda. El fracaso de este proyecto replanteó el ya largo debate sobre las concepciones programáticas y estratégicas que han sido levantadas por las corrientes que se reclaman del marxismo, lo que hace pertinente interrogarse por las enseñanzas y principales problemas que esa experiencia dejó planteados. Además se trata de cuestiones que, iluminadas por la experiencia chilena de 1970-73, la trascienden ampliamente y continúan siendo de decisiva importancia para orientar e impulsar en el presente, con reales posibilidades de éxito, la lucha por la emancipación de los trabajadores, tanto a escala nacional como regional y mundial.

Condicionamientos estructurales y disyuntivas políticas

4. Ciertamente, este tipo de interrogantes carece de todo de interés, y por lo tanto no constituye un problema que se encuentre efectivamente planteado, para aquellos que, aun presumiendo ubicarse a la izquierda del espectro político, consideran que una revolución anticapitalista, o bien ya no es necesaria, y por lo tanto tampoco deseable, o bien, aunque necesaria y deseable, no parece posible, al menos en un horizonte de tiempo cercano. En consecuencia, habría que limitarse a luchar por un programa de reformas. La primera posición es la del reformismo en su expresión más clásica, bajo el supuesto de que el capitalismo se habría evidenciado capaz de atenuar hasta tal punto sus principales contradicciones que ya no se vería expuesto a sufrir grandes crisis. Por otra parte, al haber logrado elevar de manera sostenida las condiciones de vida de las masas trabajadoras habría desalentado también el interés de éstas en luchar contra el sistema.[3] La segunda variante del reformismo, si bien no desconoce las grandes contradicciones, los graves males y las amenazantes perspectivas que conlleva el desarrollo del capitalismo a escala mundial, excluye de su campo visual toda posibilidad de desafiar con alguna posibilidad real de éxito la actual hegemonía que, con los formidables recursos que tiene a su disposición, detenta hoy el gran capital sobre la vida social en todos los planos. De allí que ambas variantes circunscriban su accionar a demandar el reconocimiento y ampliación de algunos derechos democráticos al pueblo trabajador y un cierto grado de control social sobre el accionar del gran capital y sus ganancias.
5. En consecuencia, es comprensible que un debate serio sobre las reales posibilidades que hubo en el Chile de 1970-73 de haber logrado hacer prosperar el proyecto revolucionario contemplado en el PBG de la UP no resulte mayormente factible con quienes se empeñan en negar por anticipado esa posibilidad. Lo usual ha sido que éstos, en vez de allanarse a confrontar argumentos, se limiten a descalificar a quienes sostienen que ese objetivo era posible, viendo en sus posiciones una mera y fantasiosa expresión de deseo, carente de todo realismo.[4] Más aun, en esa línea de razonamiento, al momento de explicar lo sucedido, lo más común ha sido que asignen a los objetivos centrales del PBG un significado y alcance claramente distinto al que se encuentra explícitamente presente en su texto, como ya comenzaron a hacerlo durante su gobierno tanto el propio Allende como la mayor parte de la cúpula dirigente de la UP. Así, en lugar de dirigir sus esfuerzos a lograr que el pueblo tomase efectivamente el poder en sus manos y lo ejerciera para «iniciar la construcción del socialismo», asignaron a la acción gubernativa el carácter de una etapa histórica previa, de «democracia avanzada», que a través de un largo y gradual proceso de cambios económicos y político-institucionales, se limitaría a crear condiciones favorables para abrir, en una fase ulterior, el camino al socialismo. Desde esta perspectiva, negando de hecho el carácter de clase del Estado y anteponiendo los cambios susceptibles de ser alcanzados en la estructura de propiedad a los de carácter político-institucional, se veía posible avanzar sin mayores rupturas hacia la realización de «una revolución sin costo social».
6. En esta misma línea de razonamiento, se ha visto en las discrepancias surgidas en el seno de la UP una de las principales causas de su derrota. No obstante, si bien es efectivo que uno de los factores que debilitó el proceso de cambios impulsado por el gobierno de la UP fue la imposibilidad de lograr un acuerdo consistente sobre la línea de acción a seguir para hacer frente y superar los obstáculos cada vez mayores que iban apareciendo en el camino, ello se debió a que la orientación que se fue imponiendo en la política gubernativa se hallaba en contradicción tanto con los objetivos centrales contemplados en el propio PBG como con la propia naturaleza de la situación creada a partir del triunfo de Allende por la creciente agudización de la lucha de clases en el país. Aunque las viejas prácticas políticas de las que era fuertemente tributaria la acción de los grandes partidos de izquierda tendían a disociar con frecuencia los discursos de los hechos, adornando con una retórica revolucionaria una política reformista, la creciente intensificación de la lucha de clases que se experimentaba en Chile desde antes del triunfo de Allende iba reduciendo los márgenes de acción de esas prácticas tradicionales e imponiendo de un modo cada vez más más claro sus propias exigencias. Por tanto, resultaba políticamente miope, y en definitiva suicida, no percibirlo y tenerlo presente con la debida presteza, ilusionándose en cambio con la quimérica posibilidad de hacer realidad los objetivos centrales del PBG a partir de un entendimiento político con la Democracia Cristiana.
7. Es importante, por tanto, partir precisando como cuestión previa si el diagnóstico de la situación existente y los objetivos planteados sobre esa base por el PBG estaban justificados. De lo contrario, resulta fácil escamotear este debate, descalificando el intento de alcanzar esos objetivos como una mera expresión de «voluntarismo», desprovisto de toda conexión con la realidad. La naturaleza de la crisis estructural que afectaba al país, generando una profunda desigualdad social y obstaculizando su desarrollo económico, así como del carácter revolucionario de los cambios necesarios para superarla, se hallaban clara y sintéticamente señalados en los nueve primeros puntos del PBG, agregándose más adelante que tales transformaciones «sólo podrán realizarse si el pueblo chileno toma en sus manos el poder y lo ejerce real y efectivamente». Cabe recordar que el examen de la realidad chilena que sirve de fundamento a estos propósitos correspondía a una visión que era ampliamente compartida en el seno de la izquierda chilena y latinoamericana de entonces, siendo la cuestión clave que ella dejaba planteada la de la conquista del poder por los trabajadores y las amplias masas populares. Las recurrentes dudas del pasado sobre la posibilidad misma de llevar a cabo una lucha de ese alcance en el «patio trasero» del imperialismo norteamericano habían sido ya suficientemente despejadas por el formidable triunfo de la revolución cubana. La disyuntiva no era entonces otra que la planteada en términos de «revolución socialista o caricatura de revolución».[5]
8. La década del 60 había estado, en efecto, marcada por los vientos de la revolución que soplaban con fuerza en todo el mundo. Ellos cobraban expresión en los movimientos de la juventud estudiantil y trabajadora en Europa occidental y oriental y también en las últimas luchas contra la dominación colonial. Por su parte, el imperialismo yanqui, cada vez más empantanado militarmente en Vietnam y debiendo hacer frente en su propio territorio a un creciente movimiento de repudio a esa guerra imperialista y a la discriminación racial, se vio desafiado directamente también por el resonante triunfo de la revolución cubana, que ganó rápidamente el apoyo de amplios sectores de la juventud y el pueblo trabajador latinoamericano. Los vientos de cambio ganaban fuerza también en Chile, donde ante la inminente posibilidad de un triunfo de la izquierda en la elección presidencial de 1964, los partidos de la burguesía se unieron en torno a la candidatura reformista de Eduardo Frei, que buscó captar y canalizar las grandes aspiraciones de la mayoría con la promesa de realizar una «revolución en libertad». Pero su gobierno terminó frustrando esas expectativas y haciendo frente a una creciente oleada de movilización popular entre los trabajadores, pobladores, campesinos y estudiantes. Fue en medio de ese contexto de grandes luchas populares que nutría un mayoritario anhelo nacional de cambios que se llevó a cabo la elección presidencial de 1970.
9. Tanto el fracaso del gobierno de Frei como la creciente polarización social y política resultante derivaban en realidad del agotamiento del patrón de acumulación capitalista que había orientado las políticas económicas en el país por espacio de cuatro décadas. Este correspondía a lo que se ha dado en llamar Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI) que, luego de conocer un importante impulso inicial y haber dado sustento a la configuración de un “Estado de compromiso” que brindaba un alto grado de estabilidad al sistema político-institucional vigente, en el curso de la década de los años sesenta había ido perdiendo dinamismo. El proyecto reformista de Frei, que para contrarrestar el impacto de la revolución cubana en la región fue presentado por la Casa Blanca como una alternativa al comunismo en América latina, intentó dar nuevo impulso al desfalleciente modelo ISI mediante una mayor captación de las divisas generadas por las exportaciones de cobre, una ampliación del mercado a disposición del desarrollo industrial a través de la creación del mercado subregional andino y, sobre todo, de la reforma agraria.[6] Por último, pretendió también capitalizar una parte de los salarios mediante un plan de ahorro forzoso. Los trabajadores bautizaron los instrumentos financieros que el gobierno se proponía crear para este fin con el sugestivo apelativo de «chiribonos» y con el fin de impedir que esa iniciativa de despojo salarial prosperara, realizaron un combativo y exitoso paro nacional que determinó finalmente el fracaso del proyecto reformista.[7]
10. Fue en ese cuadro, de agonía del modelo ISI y descrédito del gobierno de Frei, que el gran capital nacional e imperialista optó por enfrentar la coyuntura electoral de 1970 en base a un programa, bautizado con el nombre de «Nueva República», que anticipaba en buena medida las transformaciones estructurales que pondría en marcha tres años después la dictadura militar. En las filas de la DC primaba un enorme desencanto con lo realizado y con el rumbo seguido bajo su gobierno, ganando fuerza entre sus bases populares la idea de profundizar el proceso de reformas que orientó, en torno al lema ¡Ni un paso atrás! la candidatura de Tomic. Hay quienes se explican el triunfo de Allende en 1970 por un «error táctico» de la burguesía al presentarse dividida a la elección. Pero lo cierto es que el cuadro que exhibe entonces la situación política del país no sintoniza con esa explicación. Dado el clima de polarización social y política ya prevaleciente en 1970 y el fuerte desgaste que afectaba a la DC en el gobierno, lo más probable es que en una elección a dos bandas, con una candidatura democratacristiana que hubiese sido aceptable para la derecha -algunos sugirieron para tal efecto el nombre de Edmundo Pérez Zujovic-, esta vez ganara la izquierda. En ese contexto, la opción que tomó el PDC de acentuar la retórica revolucionaria con un candidato como Tomic solo podía tener el efecto de restarle votos a la izquierda, lo que a su vez abría mayores posibilidades de triunfo para la candidatura de la derecha.[8]
11. Por lo tanto, la revolución social que el Programa de la UP planteó como necesaria y se comprometió a llevar a cabo, respondía bien a la naturaleza estructural de la crisis en que se debatía el país y el problema clave que había que resolver para hacerla posible era, como lo señalaba el PBG, el del traspaso del poder de las clases explotadoras a las clases explotadas[9]. ¿Qué es lo que esto significa? Que en toda sociedad de clases el poder es, en definitiva, la capacidad de alguna de ellas para organizarla de acuerdo al proyecto histórico que corresponde a sus propios intereses, proveyendo las normas jurídicas, instituciones políticas, criterios de racionalidad económica y justificaciones ideológicas pertinentes. En este caso, el proyecto de la UP buscaba expresar y hacer prevalecer los intereses de la inmensa mayoría de la población que forma parte del pueblo trabajador, privando de ese poder al minoritario pero influyente grupo social que lo detentaba. Sin embargo, resultaba evidente que el solo acceso al gobierno de las fuerzas políticas que actuaban como representantes de los trabajadores estaba aún lejos de ser suficiente para lograrlo. Es decir, que aún después de haber perdido el control del gobierno, la burguesía y el imperialismo no habían sido privados de su efectivo poder social y contaban todavía con variados y muy importantes medios para preservar «aquellos privilegios de clase a los que jamás renunciarán voluntariamente». Dando por sentada la complejidad del problema, la pregunta clave entonces es ¿cómo en el marco de la estrategia que orientaba el accionar de la UP éste podía ser efectivamente resuelto? ¿Cuáles podían y debían ser los pasos e iniciativas para lograrlo?
12. La necesidad de doblegar la irreductible resistencia que opondrían la burguesía y el imperialismo, con la activa ayuda de quienes en el plano político actúan como sus representantes, amparados por el sistema legal y judicial vigente, además de sus influyentes aparatos ideológicos y sus poderosos cuerpos represivos, se alzaba así entonces, desde la partida, como su mayor desafío, tornando completamente ilusoria la posibilidad de que ellos se allanasen a aceptar verse desplazados pacíficamente del poder por un simple veredicto democrático de la ciudadanía, aun en el evento de que éste llegase a ser aplastantemente mayoritario.[10] Para las clases dominantes se trataba de acabar lo antes posible con la amenaza que para ella significó el triunfo de la UP en las elecciones de 1970, como lo atestiguan ya las maniobras y acciones sediciosas dirigidas a impedir que éste fuese ratificado por el Congreso Nacional. Fracasados esos intentos, el empeño antidemocrático de las clases dominantes se orientó entonces a reordenar sus fuerzas y a elaborar una estrategia de más largo aliento para librar una lucha de hostigamiento y desgaste que les permitiese contener y derrotar el proceso de cambios que pretendía impulsar el nuevo gobierno. Todas las corrientes y grupos políticos de la burguesía, desde la extrema derecha hasta los que inicialmente formaban parte de la propia UP[11], compartían ese objetivo y solo diferían en el modo de lograrlo. Mientras el despliegue de una política de atrincheramiento y desgaste centrada en el plano legal e institucional quedaba en manos de la DC[12] y otros grupos menores, la derecha tradicional y los grupos fascistas impulsaban frente al gobierno una línea de acción más clara y directamente confrontacional, tendiente a desbordar ese escenario.
13. En consecuencia, ya aun antes de ponerse en práctica, la estrategia de la «vía pacífica al socialismo» -no la hipotética posibilidad de un tránsito pacífico bajo condiciones históricas diferentes a las que conocemos hoy, que es algo distinto-, parecía no descansar sobre una base histórica y social realista. Representaba más bien un problema parecido al de la cuadratura del círculo.[13] Ello porque si bien las posibilidades de avance de las fuerzas políticas que expresan los intereses del movimiento obrero y popular en el seno de las instituciones electivas del Estado burgués eran incuestionablemente reales, resultaban ser también limitadas y, por sí mismas, insuficientes para superar su carácter de clase y establecer en su reemplazo un Estado de los trabajadores, efectivamente democrático. Incluso en el mejor de los casos, en el evento de que se hubiese logrado por la vía de las urnas despejar el camino en las instituciones representativas del Estado burgués, resultaría necesario doblegar aun la resistencia que de todas maneras opondría la burguesía sobre el terreno de las armas. Como lo atestigua toda la experiencia histórica, la inevitabilidad de un enfrentamiento armado entre las clases por la disputa del poder no es algo que dependa de los revolucionarios sino una realidad que siempre ha sido impuesta, y de la manera más cruenta y despiadada que sea dable imaginar, por las clases dominantes que se aferran, con todos los inmensos medios de que disponen, a la defensa de sus privilegios. No haber tenido esto debidamente en cuenta llevaría a que la oferta de «una revolución sin costo social» se tradujese finalmente en un enorme costo social sin revolución.
14. ¿Quiere todo esto decir que la experiencia que se iniciaba con el triunfo electoral del 4 de septiembre de 1970 estaba inevitablemente condenada al fracaso? Evidentemente que no. El desenlace de una coyuntura histórica crítica como la que se produjo en Chile entre 1970 y 1973 no está en modo alguno predeterminado, sino que es algo que se va definiendo de manera dinámica, a partir de los múltiples factores que concurren a su formación, en el curso mismo de la lucha. Los escenarios que se abren siempre ofrecen posibilidades y cursos alternativos de acción a sus protagonistas y el resultado final dependerá ante todo de la pertinencia de las decisiones que éstos tomen, de la firmeza con que las lleven a la práctica y de la habilidad con que luego sepan aprovechar las posibilidades asociadas a ellas. En toda coyuntura crítica de esta naturaleza, el rol del liderazgo está llamado, por tanto, a ser fundamental. De su clarividencia y decisión política, tanto en el plano estratégico como táctico, dependerá en gran medida el resultado de la lucha. En el caso de la experiencia de la UP lo que cabe constatar es que ese liderazgo no logró anticipar con claridad el curso que seguirían los acontecimientos y, ante las crecientes dificultades que encaraba, optó por aferrarse a un diseño estratégico cuyas posibilidades se encontraban ya agotadas, aun cuando con ello el desarrollo de la lucha de clases lo conducía inexorablemente a una situación de derrota, sin más salidas que la de resignarse a renunciar clara y abiertamente al alcance revolucionario de sus objetivos iniciales o verse violentamente desalojado del gobierno.
15. Por cierto, esta no es una cuestión que pueda ser asumida como una simple disquisición escolástica en torno a las virtudes y pertinencia mayor o menor de tal o cual esquema, abstractamente concebido, sobre las vías de acceso al poder (insurreccional, guerra prolongada, lucha electoral). En tales términos se trataría, evidentemente, de un debate mal planteado y por lo mismo completamente estéril, como también lo es cuando se lo pretende circunscribir rígidamente a las posibilidades del escenario y los procedimientos por los cuales había discurrido hasta entonces la lucha política. Desde la perspectiva de los explotados, este debate sobre las vías de acceso al poder no puede dejar de estar situado sobre aquella tensión que se opera entre, por una parte, los condicionamientos estructurales (económicos, sociales, político-institucionales y aun culturales) a que se halla sometido de hecho su accionar político contingente y, por otra, la imperativa necesidad de superarlos a fin de poder realizar los ansiados objetivos históricos emancipatorios que lo orientan. Se trata de identificar los obstáculos que de momento lo impiden y los posibles cursos de acción que permitirían removerlos a fin de avanzar hacia la realización práctica de esa aspiración. No se trata, por tanto, de una elucubración puramente general y abstracta sino de la necesidad de realizar un «análisis concreto de la situación concreta», pero claramente intencionado, a la vez, por la necesidad de abrir curso a la efectiva superación del estado de cosas existente.[14]

Inconsistencia entre el programa y el curso estratégico asumido

16. Examinemos algunos aspectos claves de lo acontecido. En 1970 la gran mayoría del país se pronunciaba a favor de impulsar un proceso de cambios dirigido a superar las seculares injusticias y desigualdades existentes. Como dijimos, la campaña electoral se dio en un clima de gran movilización social y la opción por los cambios cobró una expresión electoral tanto en la candidatura de Allende como en la de Tomic[15]. En ese cuadro el gobierno de Allende, aprovechando las grandes facultades que le otorgaba el sistema político presidencialista vigente, comenzó a aplicar su programa económico con gran dinamismo, logrando ampliar rápida y significativamente con ello su base social de apoyo. Así lo evidencia el triunfo alcanzado por la UP en las elecciones municipales del 4 de abril de 1971, con un poco más del 50% de los votos. Y al cabo de su primer año y medio en La Moneda, ese empuje inicial podía exhibir ya como grandes logros la nacionalización del cobre, del hierro y del acero, del salitre y el yodo, la nacionalización de la banca y de algunas importantes empresas de la industria manufacturera, la distribución, los teléfonos, etc., todo lo cual permitía avanzar en la configuración del Área de Propiedad Social (APS) como eje central de la economía, al tiempo que el impulso dado a la reforma agraria lograba acabar prácticamente con el latifundio. Junto a tales reformas estructurales, la política económica de corto plazo, especialmente a través de la política salarial y de precios, promovía una significativa redistribución del ingreso a favor de los sectores populares, incrementando fuertemente con ello la demanda de bienes básicos.
17. Cabe señalar, sin embargo, que en la conducción de su política económica, el gobierno de la UP tampoco evidenció una suficiente claridad estratégica y unidad de propósitos. Una muestra de ello es que, proponiéndose hacer realidad una apreciable redistribución del ingreso, se apoyó para ello en una gran expansión del gasto público, pero sin impulsar al mismo tiempo, desde su inicio, una fuerte y progresiva reforma tributaria que, poniendo en el centro del debate político el tema de la desigualdad social y la necesidad de corregir esta situación mediante una efectiva transferencia de recursos desde los sectores de altos ingresos, contribuyese a financiar ese mayor gasto fiscal. Ello provocaría a poco andar un incremento mayor de la demanda que de la oferta junto a un exceso de liquidez, generando inevitablemente así desequilibrios que se tornarían cada vez más difíciles de controlar y que serían hábilmente aprovechados por la oposición al proceso de cambios al incentivar en una medida cada vez mayor la práctica del acaparamiento y el mercado negro. Tampoco la delimitación de las áreas de la economía contempladas en el programa fue clara desde un principio, abriendo un nuevo campo de controversias al interior del propio gobierno. Presionado por la pugna política desatada en el parlamento en torno al tema, recién en noviembre de 1971 el gobierno dio a conocer una lista de 91 empresas de las que se contemplaba que 52 pasarían a formar parte del área de propiedad social y las otras 39 al área de propiedad mixta.
18. En todo caso, el ímpetu inicial de su política económica le permitió al gobierno acumular fuerzas a su favor y ampliar las posibilidades de continuar avanzando. Es claro, sin embargo, que esta propicia situación inicial no fue aprovechada por el liderazgo de la UP para impulsar, conjuntamente con la transformación de la estructura económica, una democratización equivalente de la superestructura jurídico-política del Estado. Ello habría permitido restringir de manera sustancial los márgenes de acción de los partidos burgueses que, escudándose en las retrógradas normas e instituciones vigentes, se empeñaban en frenar, dificultar y hacer fracasar el proceso de cambios[16]. ¿A qué obedeció esta decisión o, más bien, falta de decisión del gobierno que, en definitiva, solo facilitó la cada vez más agresiva labor obstruccionista desplegada por las instituciones y partidos políticos de la burguesía? ¿Se trató sólo de un error de apreciación circunstancial o de una opción acorde con una concepción estratégicamente errónea? Planteado el problema en términos más generales, ¿cómo preveía la dirección de la UP superar los obstáculos políticos que se cruzaban en su camino a fin de llevar adelante la transformación revolucionaria de la sociedad comprometida en su PBG? ¿Cómo se articulaban en su concepción estratégica de la «vía chilena» los objetivos de corto plazo y las transformaciones estructurales impulsadas por la política económica con el esfuerzo político orientado a lograr la transformación del Estado y el traspaso del poder político a manos de los trabajadores? ¿Qué relación cabía establecer entre ambos planos?
19. Todo indica que en el seno de la UP no hubo, más allá del marco de definiciones provisto por el PBG, una visión consensuada en torno a estas cuestiones claves. Tanto al interior de la UP como del conjunto de la izquierda se desarrollaron a lo menos dos visiones distintas y contradictorias sobre el modo de encarar los desafíos planteados en esa coyuntura crítica, a fin de lograr una acumulación de fuerzas políticas que permitiera enfrentar con mayores posibilidades de éxito la creciente ofensiva de la burguesía: una que enfatizaba la profundización continua del proceso de cambios y que, apelando claramente a los intereses del pueblo trabajador, buscase apoyarse en una activa movilización popular; y otra que planteaba la necesidad de morigerar el ritmo de los cambios a fin de abrir espacio a un escenario de negociación y entendimiento con la Democracia Cristiana. En otros términos, a lo largo de todo este proceso, coexistieron en el seno de la izquierda, en una relación conflictiva aunque no siempre claramente explicitada, una concepción de la acción política centrada en potenciar la movilización directa de las masas, y otra que priorizaba la búsqueda de acuerdos cupulares con un sector político burgués. Una expresión clara de ello es la ya referida disociación que se constata inicialmente entre el dinamismo y empuje de la conducción económica y la parsimonia de la conducción política, cuya moderación le impide aprovechar a fondo las posibilidades abiertas por el accionar de aquella, y sin que alcance a percatarse tampoco de las funestas consecuencias que finalmente esto tendría.[17]
20. A partir del llamado “Cónclave de Lo Curro”, realizado a inicios de junio de 1972, la acción del gobierno se va a encauzar más clara y persistentemente hacia una búsqueda de un acuerdo con la DC con el propósito de afianzar la gobernabilidad del país en el marco del sistema jurídico-político vigente, algo a lo que dicho partido parecía dispuesto a cambio de que se le asignase al quehacer gubernativo un alcance mucho más limitado que el señalado en su Programa. El PC, principal impulsor de esta orientación, la va a justificar en términos tanto tácticos como estratégicos: en lo táctico, señalando que la posición de la UP se estaba debilitando y que, en consecuencia, había que centrar todos los esfuerzos en asegurar la estabilidad del gobierno frente a la creciente amenaza de la contrarrevolución[18]; en lo estratégico, invocando la necesidad de anteponer al intento de «iniciar la construcción del socialismo» una etapa histórica previa de «democracia avanzada» como la que supondría la propia constitución del gobierno de la UP[19]. En ese contexto, el interés en lograr un entendimiento con la DC -a pesar del sello claramente proimperialista que había evidenciado en su actuación política y su acción de gobierno y del cuadro de aguda polarización política que ya se había configurado en el país[20]– se justificaba invocando el presunto carácter «pluriclasista» de dicho partido[21], dado el significativo arraigo que éste había logrado alcanzar y que aún conservaba en algunos sectores populares, y la existencia en su seno de un ala «progresista».
21. En realidad, aunque aun cifraba ciertas expectativas en su sector «progresista», el PC no ignoraba el carácter burgués y proimperialista de la acción política impulsada por la DC, ni el alcance estratégicamente limitado, puramente reformista, de un posible marco de acuerdo con ella, a pesar de la retórica revolucionaria que utilizaba para disimularlo. Pero estaba consciente de la fragilidad de un proyecto de transformación social que carecía de una capacidad de defensa propia, desconfiando además de la posibilidad de crearla mediante un esfuerzo orientado en esa dirección. De allí que su búsqueda de un entendimiento con la DC solo aspiraba a «consolidar lo alcanzado», postergando para el futuro la posibilidad de seguir avanzando. Por su parte, lo que guiaba a la DC en su conjunto era el propósito de evitar a toda costa que en Chile pudiese prosperar un proyecto dirigido a terminar con el capitalismo y el aparataje institucional que lo sostenía. Es ese objetivo el que da coherencia a todo su accionar, desde su inicial demanda del «pacto de garantías constitucionales» como condición para ratificar la elección de Allende en el Parlamento hasta el Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973,[22] pasando por la formulación de su «estrategia de los mariscales rusos», su propuesta de «empresas de los trabajadores»,[23] su respaldo a los paros patronales de octubre de 1972 y julio de 1973, su impulso a la ley de control de armas, etc. Por ello la DC no tenía mayor interés en ayudar a la UP a salir del atolladero en que se hallaba, a menos que estuviese dispuesta a capitular en toda la línea.
22. En rigor, a la clase dominante le bastaba con aferrarse a la vigencia de su Estado de derecho para impedir que el proceso de transformación social contemplado en el PBG de la UP pudiese llevarse a cabo hasta el final. Es por eso que la DC exige a Allende primero la firma del pacto de garantías constitucionales y luego propone y hace aprobar la ley de control de armas, cuya aplicación los mandos militares dirigen directamente contra los trabajadores que se habían organizado para defenderse de las bandas fascistas y no contra los grupos de ultraderecha que a esas alturas realizaban atentados terroristas en forma cotidiana. Y es eso también lo que explica que un sector de la DC se opusiera al golpe del Estado, al estimar que esa salida era, además de políticamente inconveniente, completamente innecesaria. Aludiendo a los proyectos claves de la UP que aun esperaban ser tramitados por el Parlamento, es eso justamente lo que le enrostra Leighton a Frei después del golpe: «como teníamos mayoría suficiente para rechazarlos en la votación general … quedaba en nuestras manos la salida democrática del problema, descartando desde un comienzo la inevitabilidad de una solución de fuerza»[24]. Sin embargo, la burguesía y el imperialismo no deseaban correr mayores riesgos y presionaban por desembarazarse cuanto antes de un gobierno que ya había afectado seriamente sus intereses y que, aun cuando no incentivase directamente las acciones de masas que tendían a sobrepasar los límites de la legalidad, las toleraba sin reaccionar.
23. Por lo demás, la burguesía como clase se había autonomizado ya ampliamente de la conducción de sus partidos y, por el contrario, le imponía a éstos su propia agenda. Y una de las principales armas que utilizó para hacer fracasar el proyecto de la UP fue el gran poder financiero de que disponía para cercar al gobierno y «hacer crujir la economía» con variados expedientes: fuga de capitales, paralización de las inversiones y, sobre todo, elusión de los controles de precios vigentes sobre los bienes de consumo básico incentivando el acaparamiento y la creación del mercado negro. Estas actividades ilícitas, junto con beneficiar directamente a quienes se involucraban en ellas, anulaban las mejoras en la capacidad de compra alcanzadas mediante los reajustes salariales al tiempo que dificultaban enormemente la vida cotidiana de amplios sectores de la población, los que de manera creciente terminaban responsabilizando al gobierno por esta situación y dirigían contra él todo su enojo. Por su parte, los partidos de la burguesía, desde las posiciones que ocupaban en el parlamento, y con el cinismo que les caracteriza, cierran este círculo vicioso que comienza a aprisionar cada vez con más fuerza a la economía al aprobar los proyectos de presupuesto del gobierno sin el financiamiento necesario, obligándolo a recurrir entonces a una emisión monetaria que inevitablemente dispararía la inflación. Es en ese contexto de crecientes dificultades para la propia población trabajadora que la «estrategia de los mariscales rusos» comenzaba a cosechar sus frutos y llevaba, evidentemente, todas las de ganar.
24. La «insurrección de la burguesía» que se desarrolla entonces a lo largo de este periodo crítico es fuertemente potenciada también por la acción subrepticia desplegada contra las fuerzas de izquierda, aun desde antes de su acceso a La Moneda, por las diversas agencias secretas del gobierno norteamericano[25]. Si bien Washington tenía suficientes motivos económicos para intervenir, relacionados con los intereses de las compañías de su país afectadas por las nacionalizaciones, la razón principal de su activo involucramiento en lo que sucedía en Chile era evidentemente político. En primer término se trataba de impedir el surgimiento en la región de una «segunda Cuba» que pudiese generar en ella una situación de gran inestabilidad política. Pero, dado el carácter institucional del proceso chileno y de las fuerzas políticas que concurrían a su gestación, la Casa Blanca temía también que su ejemplo pudiese alentar experiencias similares en países que son aliados estratégicos claves de EEUU en Europa occidental, como Francia e Italia, en los que la existencia de influyentes PC efectivamente abría esa posibilidad. Por lo tanto el gobierno de EEUU se jugará a fondo, primero por impedir el acceso de Allende a La Moneda y luego, al ver frustrado ese intento, por hacer fracasar por todos los medios y acabar cuanto antes con el experimento chileno de una «vía pacífica» al socialismo. Un accionar del imperialismo que por lo demás no era algo novedoso para la izquierda sino algo con lo que había que contar de antemano.
25. La «vía chilena» se encontró así cada vez más entrampada por el cerco que tendía a su alrededor la clase dominante, planteando ante el conjunto de la izquierda la necesidad de definir el modo más apropiado para hacerle frente y superarlo. Se abría ante ella la disyuntiva de ceder ante las exigencias cada vez mayores de la ofensiva burguesa y abandonar en lo inmediato el objetivo de desplazarla del poder o convocar al movimiento obrero y popular a movilizarse para defender y profundizar el proceso de cambios con una clara disposición a enfrentar y derrotar esa ofensiva en todos los terrenos. Es precisamente esa disyuntiva, de alcance estratégico, la que estuvo presente tanto en los debates del llamado Conclave de Lo Curro como de toda la izquierda chilena en el ulterior desarrollo de esa coyuntura crítica. Como ya vimos, la decisión que se adoptó entonces fue la de echar pie atrás y poner límites a la movilización social a fin de facilitar una negociación con la DC, buscando impedir con ello que la confrontación social y política continuase escalando. Se dijo que se había ido demasiado lejos, sobrepasando incluso el propio programa de la UP, y se habló entonces de la necesidad de «poner orden» en la economía. Pero ¿era posible hacerlo desde la perspectiva de los intereses populares, sin haber logrado alterar las relaciones de poder que hacen realmente gobernable un país? En realidad, plantearse ese objetivo en el marco de una economía aun regida por las leyes del mercado y con el propósito de consolidar el sistema jurídico-político existente no significaba otra cosa que bajar la guardia y dar por cancelado el proyecto de transformación social definido por el PBG.

Lo inconducente de pretender nadar entre dos aguas

26. A ojos vista, el talón de Aquiles de ese proyecto estaba en la ilusoria pretensión de llevar a cabo una revolución pero sin que se desencadenasen las turbulencias que son inherentes a toda revolución. Es decir, en la suposición de que sería posible hacerlo solo amparados en el veredicto de las urnas, es decir, en la legitimidad de las autoridades legalmente constituidas como expresión de la voluntad soberana del pueblo, real fundamento de todo orden democrático. Y de que ello, junto con el estricto respeto a la legalidad, bastaría para «atar de manos» a la burguesía y al imperialismo para así poder desplazarlos del poder sin que éstos pudiesen reaccionar con verdaderas posibilidades de éxito. Pero ¿era esto algo realista? Porque, como dijimos, lo que dicha pretensión pone inevitablemente en el centro de la lucha política es la cuestión del poder político, es decir, de la capacidad de coerción ejercida desde el Estado para imponer las normas y decisiones que hacen gobernable el conjunto de la vida social. Sin embargo, la «política militar de la vía chilena» consistía solo en confiar en que los mandos militares, al menos en su gran mayoría, se mantendrían apegados a la Constitución, con pleno respeto a las facultades que ésta otorga a las autoridades electas por el pueblo. Ello a su vez exigía que el propio accionar del gobierno se mantuviese encuadrado en ese marco, sin intentar erosionar en lo más mínimo la aparente prescindencia política y cohesión de las instituciones armadas. Se confiaba, en suma, en continuar avanzando hasta lograr una efectiva transformación del carácter de clase del Estado por un camino que se evidenció, finalmente, carente de realismo.
27. En consecuencia, esta inconsistencia básica entre el programa comprometido y el camino elegido para concretarlo colocó a la UP y a su gobierno en un impasse que solo abría una perspectiva de derrota. De allí surgían las tensiones que se vivieron entonces al interior de la izquierda y que continúan dando lugar, hasta el día de hoy, a dos lecturas frontalmente contrapuestas sobre lo que había que hacer y no se hizo y, en consecuencia, sobre las causas de la derrota. En dichas miradas, que aunque encontradas coinciden en señalar la radical inconsistencia que caracterizó a la política de la UP en su conexión con la realidad, se resume la antigua controversia, que recorre prácticamente toda la historia del movimiento obrero y popular, entre reforma y revolución. En efecto, para unos el error estuvo en la ilusoria pretensión de ir más allá de lo que la correlación de fuerzas políticas permitía, planteándose metas que no eran alcanzables y que solo respondían a un cierto fundamentalismo ideológico, en lugar de haberse limitado a generar un gran acuerdo con «el centro» para avanzar hacia una mayor democratización del país. Para otros, el gran error de la UP consistió en tratar de poner freno a la movilización social, pese a ser ésta su principal punto de apoyo y el terreno clave para alterar a su favor la correlación de fuerzas, a fin de persistir en el vano intento por alcanzar un entendimiento con cúpulas políticas refractarias a que el proceso de cambios pudiese avanzar a una efectiva y profunda democratización del país como la contemplada en el programa.
28. La característica distintiva de una política que corresponda a los intereses no solo inmediatos sino también históricos de los explotados, es la de orientarse a hacer de éstos su sujeto protagónico. Es así, por definición, una política esencialmente plebeya, claramente centrada en el objetivo de desarrollar y fortalecer la conciencia, la organización y la lucha de la clase trabajadora. En términos estratégicos, ella se desarrolla como una interacción dialéctica entre lo históricamente necesario -y por lo tanto potencialmente posible- y aquello que en lo inmediato parece constituir el límite de lo efectivamente posible. En consecuencia, ella vehiculiza una tensión permanente, en que las tareas del momento presente cobran su real significación por la conexión que guardan con los objetivos de la revolución que definen su perspectiva estratégica, buscando transformar lo que aun solo existe en potencia en realidad política efectiva. ¿Cuál es el escenario en que se libra esa lucha? Sin lugar a dudas, la conciencia colectiva de aquellas masas trabajadoras que constituyen la inmensa mayoría de la población. El empeño por elevar los niveles de conciencia, organización y movilización de las masas se evidencia, así, como centro y motor de la lucha revolucionaria. De una conciencia que se sitúa no tanto en el terreno de un proyecto político claramente definido y asimilado, que es algo que por lo general solo logra motivar a sus sectores de vanguardia, sino simplemente de las percepciones, experiencias, creencias y sentimientos que le permiten configurar su identidad y reconocer sus intereses de clase, empujándola a actuar en un sentido definido.
29. En la lucha entre explotados y explotadores, la correlación de fuerzas se modifica precisamente en la medida en que lo hace, en un sentido u otro, la conciencia colectiva de las amplias masas populares con relación a sus intereses y objetivos de clase, en que se alteran sus niveles de organización y disposición de lucha, su percepción del carácter de los diversos liderazgos políticos. En suma, en la medida en que gana terreno su confianza, optimismo y disposición a extender y profundizar sus luchas o bien su escepticismo, derrotismo y resignación. Por lo tanto, un esfuerzo dirigido a modificar la correlación de fuerzas en una perspectiva revolucionaria supone el despliegue de una persistente labor dirigida, ante todo, a transformar la energía potencial de la aplastante mayoría explotada en movilización y lucha real, no solo ni principalmente en un terreno electoral sino en todas las formas de acción que resulten efectivamente necesarias. De una labor que logra sus objetivos cuando los explotados cobran una clara conciencia de sus intereses inmediatos y de la necesidad de movilizarse unidos en contra de sus enemigos de clase. Una conciencia de clase que para la mayoría quizás no se logra plasmar aun en una clara idea del socialismo como proyecto histórico, pero que se traduce en la creación y fortalecimiento de organizaciones de lucha de las masas trabajadoras que hacen suyas y se movilizan por las más sentidas demandas del momento.
30. El horizonte visual de una política reformista es completamente distinto, quedando fuera de él la posibilidad misma de una revolución. En primer término es una política que privilegia las tratativas y los acuerdos de carácter cupular, y cuyos sujetos protagónicos son, en consecuencia, los propios aparatos partidarios, cuyos escenarios naturales de actuación suelen ser los espacios institucionales en que se halla articulado el sistema político en el Estado burgués. El contenido de la política se reduce, así, tanto a las disputas y eventuales acuerdos que se dan en ese marco. La relación de los aparatos con las masas del pueblo, convertidas en mera fuerza de apoyo y de maniobra, sobre todo en el terreno electoral, es una relación de sesgo autoritario, regida por fines de control y encauzamiento. Desde esta perspectiva, la correlación de fuerzas y el marco de posibilidades que ella ofrece es la que se opera exclusivamente en el terreno político-institucional en el que actúan esos aparatos, a partir de los respaldos electorales con que cada uno de ellos, o coalición de ellos, pueda contar. Por lo tanto, la tensión entre lo necesario y lo posible tiende a desaparecer en beneficio de lo que en ese cuadro cupular de relación de fuerzas se reputa como meramente posible. El reformismo siempre se viste, entonces, de un presunto «realismo» que dice encarnar la sensatez política, en contraposición al “voluntarismo”, políticamente aventurero e intelectualmente inconsistente, del “ultraizquierdismo”, cuyo accionar solo le haría el juego al enemigo.
31. Pero lo cierto es que un «realismo» que se ciñe a lo establecido carece de todo impulso transformador. En efecto, partiendo del supuesto de que un cambio en la correlación de fuerzas en un sentido revolucionario -es decir en el terreno de la movilización social y no reductible al escenario electoral- es algo imposible, solo se tendrá como resultado una profecía autocumplida, cuyos magros resultados serán luego justificados como «la medida de lo posible». Porque el logro de los objetivos que las condiciones históricas señalan como necesarios no es algo que vaya a ocurrir de manera automática, ni aún en las circunstancias más favorables, sino que dependerá de que efectivamente se adopten las iniciativas que se evidencian políticamente necesarias para alcanzarlos. Desde luego, el marco de posibilidades abiertas no es algo arbitrario, sino que se halla condicionado por el desarrollo histórico anterior, el carácter de la época, el peso de las tradiciones y de las formas de conciencia precedentes, etc. Pero tampoco es algo rígido e inamovible, sino dinámico y cambiable a través de un accionar deliberado y consciente con arreglo a fines. No obstante, si en una situación de profunda crisis social se asume la lucha política considerando que, aunque un cambio revolucionario sea la manera adecuada de superarla, es algo imposible de lograr, ni siquiera se intentará alcanzar ese objetivo. Esa ha sido siempre la actitud característica del reformismo al sonar la hora de una revolución.[26]
32. Visto desde una perspectiva revolucionaria, resultaba completamente ilusorio que un proyecto de profunda transformación social como el contemplado en el PBG pudiese llevarse a cabo en un clima de relativa paz social y política, ya que la reacción de las clases dominantes lo impediría. Esto dejaba planteados desde su inicio a lo menos dos problemas estratégicos que necesitaban ser adecuadamente abordados y resueltos. Primero, el del diseño y despliegue de una línea de acción política consistente con el objetivo propuesto, que en las condiciones de aguda confrontación de clases que se desencadenaría, hiciera posible incrementar el respaldo popular al proceso de transformación social en curso a fin de lograr una correlación de fuerzas claramente favorable para continuar impulsándolo. ¿Era políticamente razonable suponer que ello podría lograrse actuando exclusivamente a la defensiva, invocando la legitimidad del gobierno y el imperio del Estado de derecho, frente a la creciente insurrección de la burguesía? Segundo, que en la misma medida en que se lograse contar con la fuerza social y política necesaria para avanzar se tornaría cada vez más probable, y aun inevitable, un desplazamiento de la lucha de clases hacia el escenario de una confrontación armada. En consecuencia, ello planteaba la apremiante necesidad de asegurar una capacidad de defensa militar de las posiciones ya conquistadas a fin de asegurar la irreversibilidad del proceso. ¿Era políticamente razonable presumir que esa capacidad de defensa militar sería finalmente provista, sin su quebrantamiento, por los propios aparatos represivos anteriormente constituidos por el Estado burgués?
33. Con relación al primero de estos problemas, es muy claro que prevaleció en la UP una concepción cupular de la política y por lo tanto de los escenarios y medios a través de los cuales resultaría posible lograr una correlación de fuerzas favorable a su accionar. Sin embargo, junto con limitar severamente sus objetivos esto tampoco permitía frenar la ofensiva golpista desencadenada por la burguesía. ¿Era posible concebir de un modo distinto la lucha por alterar la correlación de fuerzas? Ya hemos señalado que sí, aunque ello implicaba reconocer que la lucha de clases había desbordado ya, por ambos lados y de manera irreversible, el cauce de la «vía chilena», poniendo en cuestión los encuadres cupulares de la política institucional. El favorable cambio en la correlación de fuerzas que se operó entre el 4 de septiembre de 1970 y el 4 de abril de 1971, a solo siete meses de la elección y cuatro de haber asumido el gobierno, lo ilustra claramente. Ese cambio se debió a la adhesión que suscitó en una amplia franja de la población el proyecto y enérgico accionar del gobierno, desplazando significativamente hacia la izquierda el apoyo del electorado.[27] Algo parecido es lo que sucedió en Rusia en 1917 entre febrero y octubre. La correlación de fuerzas operó allí un rápido vuelco a favor de la revolución no como producto de acuerdos o componendas cupulares sino porque las demandas agitadas por los bolcheviques lograron calar hondo en las amplias masas obreras y populares por sintonizar con sus más sentidos intereses y aspiraciones: ¡Paz, Pan y Tierra! ¡Todo el poder a los soviets!
34. Esa apelación directa al accionar de las masas trabajadoras es, justamente, el sello característico de una política revolucionaria. Pero, como ya hemos dicho, es eso lo que el curso acordado en el Conclave de Lo Curro descartó de manera tajante, buscando desalentar la acción desplegada de manera espontánea por las masas trabajadoras para hacer frente a la ofensiva reaccionaria. Es por eso que al momento de surgir los cordones industriales y otros gérmenes de poder popular suscitaron la inmediata desconfianza de los sectores dominantes de la UP y del gobierno, quienes solo vieron en ellos un tipo de iniciativas de carácter «ultra» que escapaban a su control. Sin embargo, estos organismos no surgieron como una creación artificiosa de las corrientes revolucionarias de la izquierda, sino como resultado de una espontánea reacción de autodefensa de los propios trabajadores de los diversos emplazamientos fabriles ante la desquiciada ofensiva política desatada por las organizaciones patronales en octubre de 1972. Si bien la mayor debilidad de estos organismos fue no disponer de una efectiva capacidad de defensa en el plano militar -como fue por ejemplo el caso de los comités de soldados surgidos, en otras condiciones, en 1917 en Rusia y en 1919 en Alemania-, lo cierto es que permitieron potenciar notablemente la movilización de los trabajadores sobre el terreno político en una situación crisis como la que se vivía entonces en Chile, hasta el punto frustrar el objetivo de los paros patronales que buscaban paralizar el país.
35. En efecto, los cordones industriales lograron organizar y movilizar a un importante segmento de trabajadores que, por pertenecer a empresas de menor tamaño, habían dispuesto hasta entonces de una escasa capacidad de negociación, permaneciendo en muchos casos al margen del movimiento sindical organizado en torno a la CUT. Además, por esa misma razón, las empresas en que laboraban no estaban contempladas en los planes de nacionalización del gobierno ni se contemplaba para ellos una participación efectiva en la gestión y control de las mismas. Es por ello que la política reformista predominante en la UP, temiendo que la acción de los cordones pudiese desbordar los marcos previstos por la política económica del gobierno, contrapuso inicialmente de manera artificial el liderazgo de la CUT al surgimiento y desarrollo de estos organismos de poder autónomo de las masas, llamando a que los trabajadores se limitasen a reconocer esa conducción y a apoyar, junto a ésta, la acción e iniciativas del gobierno. Es decir, buscaron promover un accionar de los trabajadores desprovisto de autonomía e iniciativa propia. Toda la retórica sobre la movilización de masas con que el reformismo adornaba su política se reducía en términos prácticos a aquello. Sin embargo, el propio curso de los acontecimientos obligó al gobierno a reconocer y valorar la gran contribución prestada por los cordones industriales a la derrota de los paros patronales, pero sin allanarse a hacer del desarrollo del poder popular el centro y motor de su política.
36. El resultado de la elección parlamentaria del 4 de marzo de 1973, que en medio de la difícil situación que se vivía entonces le permitió a la izquierda obtener casi un 44% de los votos e incrementar el número de sus parlamentarios, da clara cuenta del enorme potencial de lucha radicado en quienes se mostraban dispuestos a sostener e impulsar el proceso de cambios en curso. Esa votación no solo desbarató el objetivo que se habían propuesto los partidos de la burguesía, que buscaban obtener en ambas cámaras los cuórums necesarios para destituir de su cargo al Presidente de la República, sino que evidenció una robusta tendencia de la izquierda a incrementar sus fuerzas. En efecto, en 1970 Allende había obtenido poco más de un millón de votos, mientras que sumada la votación de Alessandri y Tomic se llega a una cifra del orden de un millón ochocientos cincuenta mil votos. En marzo de 1973 la UP alcanzaba una votación del orden de un millón seiscientos mil votos mientras que los partidos burgueses agrupados en la CODE obtenían alrededor de dos millones de votos. Si la comparación se efectúa con la elección municipal de abril de 1971 es evidente que la oposición había logrado una recuperación importante, pero muy inferior a sus expectativas, mientras que la UP había logrado incrementar en alrededor de doscientos mil votos su votación. En gran medida estos resultados se explican por el enorme incremento de la franja de votantes por primera vez, al haber entrado en vigor la rebaja de la edad mínima para tener derecho a sufragio, de 21 a 18 años. La alta votación obtenida por la izquierda entre los más jóvenes da clara cuenta de su enorme potencial de lucha.
37. Ante ello la burguesía redobló su propósito de lograr cuanto antes el derrocamiento de Allende, pero éste persistió en sus intentos de lograr un acuerdo con la DC que, a su vez, comenzó a demandarle como condición, de una manera cada vez más decidida, una capitulación total.[28] Si bien Allende no estuvo dispuesto a ello, ya que lo habría llevado a tener que reprimir la movilización popular, al empecinarse en limitar su accionar a la defensa de la legalidad para intentar contener de ese modo la ofensiva golpista de la burguesía colocaba a la UP y a su gobierno en una situación que se tornaba cada vez más insostenible. Era una orientación que, ni permitía apaciguar el cada vez más desbordado encono de las clases dominantes, intensamente comprometidas ya en un accionar subversivo, ni tampoco prepararse para hacerles frente con razonables posibilidades de éxito. De hecho, ello implicaba aferrarse una política meramente reformista, abandonando la pretensión de abrir camino a la transformación revolucionaria de la sociedad chilena comprometida en el PBG, con la ilusión de poder contener así a la contrarrevolución en marcha. Pero, a esas alturas, la única salida posible para encarar la aguda crisis política existente consistía en decidirse a pasar de la «guerra de posiciones», que como planteo estratégico ya había dado de sí todo lo que podía dar, a una «guerra de movimientos»,[29] preparándose para hacer frente con mayores posibilidades de éxito a la decisiva prueba de fuerza que se veía venir de manera inevitable en un futuro no demasiado lejano. Una opción que, obviamente, implicaba allanarse a reconocer el fracaso de la «vía chilena» al socialismo.
38. ¿Qué suponía y qué posibilidades de éxito tenía el decidirse a operar ese viraje estratégico dictado por las circunstancias? Estando a la orden del día la cuestión de la toma del poder la resolución del problema del armamento del proletariado pasa a ser, obviamente, una cuestión clave. Pero evidentemente no se trata de concebir la inminente prueba de fuerzas como un enfrentamiento entre un pueblo prácticamente desarmado contra un ejército bien armado y fuertemente cohesionado. Así planteado el problema no tendría, por cierto, ninguna posibilidad de ser resuelto favorablemente y solo cabría reconocer la validez del reclamado «realismo» del enfoque reformista. Pero se trataría de un problema mal planteado. En una importante medida la lucha por el poder es también una lucha por el control de las tropas que en una situación revolucionaria no pueden dejar de estar también fuertemente influenciadas por lo que la lucha política ha puesto efectivamente en juego. Un ejemplo, entre otros, que puede ilustrar lo que en este terreno es efectivamente posible lo muestra el caso de la revolución iraní, que en 1979 logró derribar una dictadura fuertemente represiva y largamente sostenida en un poderío militar aparentemente incontrarrestable. Allí la firme decisión de lucha del pueblo, guiado por un liderazgo decidido a no transar con sus enemigos, logró minar la cohesión de los aparatos represivos, neutralizando a una parte de las FFAA y arrastrando a otra a su lado, pudiendo emerger así vencedora de la prueba de fuerzas decisiva.
39. Por otra parte, como también lo evidencia la experiencia histórica, la correlación de fuerzas que es dable observar en el escenario electoral no es trasladable a los demás escenarios de la lucha de clases. Además, mientras la batalla electoral culmina con la elección misma, por su misma continuidad y dinamismo la lucha de clases en torno al poder puede llevar a situaciones muy variadas desde la de un desenlace rápido a una impasse prolongada. Las fuerzas que se configuran en los diversos escenarios son también distintas: en una elección solo la franja de ciudadanos inscritos, con gran peso de las «mayorías silenciosas» de sesgo conservador, excluyendo a los más jóvenes que por su edad no tienen aun derecho a voto; en cambio en una lucha directa por el poder las fuerzas en lucha están constituidas principalmente por las generaciones más jóvenes, que suelen ser también las menos conservadoras. En todo caso lo cierto es que en una situación como la que convulsionaba entonces al país lo que estaba planteado de un modo cada vez más acuciante era decidirse a desplegar un mayor y más decidido esfuerzo por comprometer a los miembros de las FFAA y Carabineros en la defensa no solo de la legalidad, transformada ya en un campo de intensa disputa, sino del propio proceso de cambios.[30] Por lo demás, eso era justamente lo que la reacción estaba haciendo a la vista y paciencia de todos, realizando continuos atentados terroristas, llevando la deliberación a los cuarteles, organizando entre los altos mandos una corriente decididamente golpista y escudando su accionar en la ley de control de armas para empujar a los indecisos y neutralizar toda posible resistencia. Esto terminaría por inclinar al grueso de sus efectivos hacia el bando que actuaba con mayor decisión.
40. Lamentablemente no existió un accionar en modo alguno equivalente por parte de las fuerzas de la izquierda agrupadas en la UP, aunque las condiciones prevalecientes lo reclamaban en forma perentoria. En el plano político solo el MIR y algunos grupos revolucionarios menores desplegaron una labor de propaganda dirigida a las tropas. Y también surgieron, de manera espontánea, algunas valiosas pero aisladas iniciativas de apoyo militar al proceso de cambios en el propio seno de las FFAA. Pero al no contar con el respaldo del liderazgo principal todo ello resultaba claramente insuficiente. A pesar de ello, los golpistas esperaban encontrar una resistencia mucho mayor al golpe. Por algo, cuando este fue ya un hecho consumado, los soldados y carabineros comprometidos en él recorrían las calles portando brazaletes o pañoletas para poder distinguirse de eventuales fuerzas militares adversarias. Y muchos fueron los soldados que, por la incapacidad de la izquierda, se vieron forzados a obedecer a los golpistas a pesar de que habrían estado gustosos de tener una oportunidad real de luchar contra ellos. Los testimonios aportados por muchos de los marinos antigolpistas muestran fehacientemente lo mucho que era posible haber hecho para organizar en el seno de las FFAA la defensa militar del proceso. El día mismo del golpe, la izquierda ni siquiera logró mantener en el aire una voz capaz de convocar y organizar algún tipo de resistencia, sellando con ello su derrota. Lo único que ese día el liderazgo de la UP pudo legar a la posteridad fue la digna actitud con que Allende decidió encarar a los golpistas.

Conclusiones

1. El que una alianza política que proclamaba abiertamente su voluntad de llevar a cabo una revolución social para terminar con el capitalismo e iniciar la construcción del socialismo ganase una elección presidencial era de por sí más que suficiente para que las clases dominantes se empeñasen en impedir por todos los medios que ella pudiese consumar sus fines. De allí que los intentos de golpe comenzaran aun antes de que esa coalición diera inicio a su gobierno. Todo lo que se diga después para justificar la guerra declarada por el imperialismo y sus aliados internos contra ese proyecto, que culmina con el derrocamiento del gobierno, no son más que intentos de legitimar un accionar político antidemocrático.

2. Más allá de cualquier deseo, el triunfo electoral de la UP en 1970 abría inevitablemente una situación de confrontación frontal entre las clases en torno al poder. Carecía de todo realismo suponer que las clases dominantes aceptarían ser desplazadas gradual y pacíficamente del poder. Por ello mismo, las clases subalternas no tendrían más opción que desplegar una acción dirigida a conquistarlo de manera efectiva para poder realizar y consolidar su anhelado proyecto de emancipación y transformación social. La lucha en torno a ese objetivo planteaba, en consecuencia, la necesidad de evidenciarse capaz de diseñar y actuar en conformidad a una línea de acción que fuese efectivamente congruente con él.

3. Esto significa que el desenlace de la aguda crisis política así abierta dependía básicamente de la lucidez y la audacia que fuese capaz de exhibir el liderazgo de las fuerzas que aspiraban a alcanzar las posiciones de poder necesarias para consolidar, extender y profundizar sus conquistas, y no de los factores y circunstancias que aleatoriamente pudiesen haber llegado a incidir en el curso de los acontecimientos. Así, por ejemplo, la presencia o ausencia de tal o cual personaje en una posición clave como la Comandancia en Jefe del Ejército, no basta para explicar el comportamiento de quienes formaban parte de esa institución, ni menos para determinar el curso general de los acontecimientos y su desenlace.

4. La causa fundamental de la derrota de la UP es que no basó su accionar en una estrategia que fuese efectivamente congruente con los objetivos revolucionarios contemplados en su programa. Por el contrario, tras haber proclamado su voluntad de terminar con el dominio del imperialismo, el gran capital y el latifundio sobre la vida económica del país, permitió que la iniciativa pasara a manos de la reacción y se aferró luego, de manera tozuda, a una línea de acción que no se orientó a intentar su derrota, sino a contener y apaciguar el enfrentamiento de clases a través de un ilusorio acuerdo político con los sectores presuntamente democráticos y progresistas del bloque en el poder.

5. Aquella era una orientación completamente falta de realismo. Desde el momento en que se produjo el triunfo electoral de la UP en 1970, la gran burguesía y el imperialismo se decidieron a actuar sin esperar a que fuesen sus representaciones políticas tradicionales las que les dictasen el modo de hacerlo y sin atenerse tampoco a las reglas del juego establecidas por la constitución. Ello acrecentó el protagonismo directo de la clase dominante sobre la arena política, imponiendo en ella un clima cada vez más beligerante que, al desbordar y erosionar su tradicional marco político-institucional, disminuía en esa misma medida también el rol y la eficacia de los procedimientos políticos tradicionales.

6. Solo una eventual renuncia a los objetivos centrales del programa abría la posibilidad de tornar factible el camino de reformas graduales a que se aferraron tercamente Allende y la UP. Pero la pretensión de abrir una vía inédita al socialismo, confiando en la solidez, flexibilidad y neutralidad de clase de las instituciones jurídico-políticas existentes, incluida la norma de prescindencia política y obediencia al poder civil de las FFAA, no solo carecía de realismo sino que colocaba a la UP en una situación de inminente derrota. Al no decidirse a pasar a la ofensiva, la izquierda no fue capaz de hacer frente a la violencia reaccionaria, confirmando con ello que quien hace revoluciones a medias no hace más que cavar su propia tumba.

Notas:

[1] Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular, Introducción, Puntos 1 y 9.

[2] En rigor, toda experiencia histórica es única e irrepetible por lo que el debate sobre la estrategia que se puso a prueba en Chile en el periodo 1970-73 concierne más propiamente a la «vía pacífica al socialismo» postulada en 1956 en las resoluciones del XX Congreso del PC de la Unión Soviética y asumida luego por la mayoría de los PC, visión que era compartida también por Allende y otros sectores de la UP. Una visión que, como lo enfatizó el propio Allende en su primer mensaje presidencial, se proponía abrir un camino hasta entonces inédito al socialismo, cuestionando de hecho aspectos claves de la teoría marxista del Estado.

[3] Tal era, básicamente, la posición sostenida por Bernstein a fines del siglo XIX, la cual fue sometida a una rigurosa crítica por Rosa Luxemburgo en su trabajo de 1899 titulado Reforma o revolución.

[4] Sin duda los tonos de tales descalificaciones varían por su mayor o menor grado de beligerancia, pero en todos los casos impiden una consideración y debate racional en torno a los grandes problemas que el análisis de esta experiencia plantea.

[5] Tales fueron los términos en que la dejó planteada en 1967, en su Mensaje a la Tricontinental, el Ché Guevara.

[6] La reforma agraria era de fundamental importancia para el logro del objetivo propuesto porque la modificación de la estructura de propiedad de la tierra hacía posible modernizar su explotación elevando significativamente la productividad agrícola. Ello permitiría alcanzar varios objetivos en el plano económico: 1) incrementar la competitividad de la industria al desplazar parte de la fuerza de trabajo agrícola hacia las ciudades y reducir el costo de los alimentos (bienes-salario) e insumos agrícolas, todo lo cual tendría un impacto positivo sobre sus costos de producción; 2) ampliar la demanda de los productos industriales en las zonas rurales; 3) reducir la necesidad de importar alimentos y eventualmente generar también excedentes agrícolas exportables.

[7] Ese apelativo aludía al de «chirimoyos», que era la expresión popular para denominar a los cheques sin fondo. El paro nacional fue convocado por la CUT para el 23 de noviembre de 1967, dejando un saldo de siete trabajadores muertos y otras decenas de heridos como resultado de la represión desencadenada por el gobierno. Esta era la segunda vez que bajo el mandato de Frei una protesta obrera culminaba de esta manera. El 11 de marzo de 1966 se había producido ya una masacre en el mineral de El Salvador, con 8 muertos y más de 40 heridos, a consecuencia de un paro de los trabajadores del cobre. Posteriormente, el 9 de marzo de 1969 ocurriría una nueva masacre durante el periodo de gobierno de la DC, esta vez de pobladores sin casa en Puerto Montt, con un saldo de 11 muertos y más de 70 heridos.

[8] Como lo reconoció entonces el líder conservador Francisco Bulnes Sanfuentes, fue esa situación la que también hizo que, una vez producido el triunfo de Allende, las fuerzas políticas de la burguesía finalmente descartaran la opción de forzar una nueva elección para impedir el acceso de la izquierda a La Moneda.

[9] «Las fuerzas populares y revolucionarias no se han unido para luchar por la simple sustitución de un Presidente de la República por otro, ni para reemplazar a un partido por otros en el Gobierno, sino para llevar a cabo los cambios de fondo que la situación nacional exige sobre la base del traspaso del poder, de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesino y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo», Programa Básico de Gobierno de la Unidad Popular.

[10] Para la acostumbrada y prepotente política intervencionista del imperialismo un veredicto electoral de esa naturaleza solo equivalía a la «irresponsabilidad de un pueblo», como lo señaló altanera y desembozadamente entonces el poderoso Secretario de Estado de Washington, Henry Kissinger. Basta observar a este respecto lo sucedido en Venezuela después del acceso de Chávez al gobierno. Cuando en abril de 2002 se produjo el golpe en su contra, Chávez había ganado ya dos elecciones presidenciales con porcentajes del orden del 56% y 60% de los votos y dos referéndums con porcentajes del orden del 88% y 72%. Y luego de frustrada esa intentona, la clase dominante no cejó jamás en su empeño por terminar a como de lugar con la experiencia chavista.

[11] Este es al menos el caso del sector del Partido Radical liderado por personajes como Alberto Baltra, Luis Bossay y Eugenio Velasco que se escindió de ese partido a mediados de 1971 para fundar el Partido de Izquierda Radical (PIR), el cual continuó formando parte de la UP hasta abril de 1972, cuando finalmente la abandona y pasa a formar parte de la oposición al gobierno.

[12] Respondiendo a las críticas que le formula la derecha, a través de un artículo publicado en la revista Política y Espíritu Claudio Orrego, uno de los ideólogos de ese partido, explica el accionar desplegado por la DC desde el triunfo de Allende de acuerdo a un diseño que él bautiza como la «estrategia de los mariscales rusos». Esta denominación alude a la manera cómo el ejército ruso hizo frente en su momento a la invasión de las tropas napoleónicas: no dando de inmediato una batalla frontal al enemigo, en el momento en que éste es más fuerte, con sus contingentes cohesionados y animados por una alta moral de combate. Era preferible dejar entonces que el enemigo avanzara, limitándose a defender solo lo esencial, que en este caso era el orden constitucional y legal vigente. «Mien­tras tanto el enemigo es hos­tilizado para desgastarlo, para desorganizarlo, para difi­cultarle su avance, para des­moralizarlo; pero sin presentarle nunca la batalla final … hasta que se acerca el invierno y comien­zan a caer las primeras nieves. Es esa la hora para la primera gran batalla y para la ofensiva final».

[13] Es decir, un problema que se muestra insoluble, como lo es el de la cuadratura del círculo, al menos según las normas y procedimientos de los antiguos griegos.

[14] Si sobre la base de ese «análisis concreto de la situación concreta» se logra definir una estrategia consistente para orientar el accionar político, los eventuales errores en que se incurra serán de carácter meramente táctico u operativo. Si en cambio, estando planteada la lucha por el poder, se asume un curso estratégico equivocado, no cabe derivar el inevitable fracaso a que ello conducirá de meros “errores” de ese tipo sino a lo políticamente estéril que ha resultado ser el propio planteamiento estratégico. Así, por ejemplo, en una estrategia que prevea como uno de sus elementos centrales la inevitabilidad de una disputa por el poder político real, como capacidad de imposición coercitiva en términos de clase, el desafío que esto conlleva para su política militar difiere sustancialmente del de una estrategia en que la inevitabilidad de esa disputa no se encuentre presente.

[15] Aun cuando, evidentemente, el contenido de fondo de ambos programas no era equivalente.

[16] El entonces Secretario General del PS Carlos Altamirano (1977:220) ha sostenido que tras la elección municipal de abril de 1971 «el Partido Socialista planteó con insistencia la convocatoria a un plebiscito, entendiendo claramente que aquella coyuntura colocaba al movimiento popular ante la situación de conquistar nuevas posiciones institucionales, en la lucha por el control del aparato estatal. Era la única posibilidad, desde el interior del aparato estatal, de ganar una nueva cuota de poder, de diseñar nuevas reglas de juego a tono con la correlación de fuerzas emergentes». Sin embargo, dicha posibilidad fue descartada por la UP y su Gobierno.

[17] El principal conductor inicial del equipo económico del gobierno, Pedro Vuskovic, ha señalado a este respecto (1976:271) que «una de sus consecuencias fue que no se advirtiera con la fuerza y la oportunidad debidas la inevitable transitoriedad de algunos resultados positivos, y hasta especta­culares, de la política económica en su primera etapa, los que ofrecían bases objetivas favorables -pero no necesariamente duraderas- para avances importantes en la consolidación del poder político».

[18] En un artículo titulado «La clase obrera en las condiciones del Gobierno Popular», fechado el 5 de junio de 1972, Orlando Millas explica así la posición del PC: «Lo característico de la coyuntura de hoy en nuestra experiencia es que la correlación de fuerzas ha sido afectada, en contra de la clase obrera y del Gobierno Popular, por errores políticos y económicos que podemos resumir diciendo que constituyen trasgresiones al programa de la Unidad Popular. Cabe, entonces, poner el acento en la defensa del Gobierno Popular, en su mantenimiento y en la continuidad de su obra. Sería funesto seguir ampliando el número de los enemigos y, por el contrario, deberán hacerse concesiones y, al menos, neutralizar a algunas capas y determinados grupos sociales, enmendando desaciertos tácticos».

[19] Entre los muchos juicios esgrimidos por los dirigentes del PC para defender esa perspectiva, destaca por su claridad el siguiente de Jorge Insunza publicado a principios de 1971: «Hoy en día la legalidad, si bien tiene doble carácter, juega en Chile principalmente en favor del movimiento popular, dado que como hemos dicho el sector del poder estatal que hemos conquistado es el que tiene mayores atribuciones. Usando bien y audazmente este poder es posible modificar radicalmente la sociedad chilena, a condición de hacer pesar sobre las estructuras estatales donde influyen todavía fuerzas reaccionarias y conservadoras, la fuerza del pueblo movilizado» (“Nuevos problemas tácticos”, Revista Principios N°138). Pero lo cierto es que, al ignorar el rol de sus cuerpos armados y la ideología dominante en sus altos mandos, este planteo sobre el “doble carácter” de la legalidad vigente contradecía tanto la realidad de los hechos como la teoría marxista del Estado, presumiendo el carácter neutro de este aparato desde un punto de vista de clase. En cuanto a la necesidad de “hacer pesar sobre las estructuras estatales … la fuerza del pueblo movilizado”, el problema es que es justamente eso lo que el PC, en la ilusoria búsqueda de un entendimiento con la DC, se resistió a impulsar. De allí su insistencia en acusar a la «ultraizquierda» de crearle problemas al gobierno al apelar, precisamente, a «la fuerza del pueblo movilizado».

[20] Polarización que ya había provocado un realineamiento final de las fuerzas políticas, impulsando, por una parte, al sector «tercerista» de la DC a salir de ese partido para constituir la Izquierda Cristiana e incorporarse a la UP y, por la otra, la salida del PIR de la UP para sumarse a la oposición frontal al gobierno de Allende.

[21] Cabe recordar que no es este el modo en que desde el marxismo se ha acostumbrado a definir el carácter de clase de una corriente política ya que a partir de la composición social de su militancia prácticamente todos los partidos resultarían ser, en diversos grados, «pluriclasistas». Asimismo, y a pesar su rol político efectivo, con ese criterio habría que considerar como partidos genuinamente «obreros» a aquellos que, como el laborista británico o la socialdemocracia alemana, cuentan con una militancia compuesta en su inmensa mayoría por trabajadores. En rigor, lo que realmente define el carácter de clase de un partido o corriente política es, como ya lo advertía Lenin, la correspondencia que guardan su programa y su práctica política con los intereses históricos de alguna de las clases en conflicto.

[22] Este acuerdo -un pronunciamiento dirigido al gobierno y a los altos mandos de las FFAA y Carabineros y que posteriormente fue utilizado para justificar el golpe- que acusaba al Presidente de la República de haber incurrido en un «grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República», surgió de un entendimiento entre las directivas del PDC y del PN, siendo votado favorablemente por todos los diputados de la DC, incluidos aquellos que formaban parte de su sector «progresista».

[23] Las «empresas de trabajadores» fue la propuesta con que, apelando al interés individual de éstos, la DC buscó socavar su apoyo a la socialización de las grandes empresas.

[24] Carta de Bernardo Leighton a Eduardo Frei Montalva de fecha 22 de abril de 1975.

[25] Como es sabido, este accionar ha sido ampliamente acreditado por las investigaciones realizadas en los propios EEUU, siendo la más ampliamente conocida la llevada a cabo por el Comité del Senado de ese país presidido por el senador Frank Church.

[26] Basta recordar, como un ejemplo ya clásico de este tipo de comportamientos, las aprensiones y fuerte oposición que suscitó en importantes líderes bolcheviques el viraje revolucionario propugnado por Lenin a su llegada a Rusia en abril de 1917.

[27] En efecto, la votación de la izquierda en la elección municipal del 4 de abril de 1971 se incrementó en casi un 14% con respecto a la obtenida siete meses antes por Allende, elevándose a poco más del 50%. La DC en cambio experimentó una pequeña merma de alrededor de 1,5% de su caudal electoral mientras que el de la derecha se redujo en 13 puntos en comparación con la votación lograda por Alessandri. ¿Cómo interpretar lo sucedido? Todo indica que la votación de la UP creció a expensas de una franja del electorado que en 1970 votó por Tomic, y que la DC logró compensar esa pérdida a expensas de la derecha, es decir, gracias a una derechización de su base electoral.

[28] La insistencia en lograr un entendimiento con la DC se evidenciaba carente de todo realismo político toda vez que, cuando éste estuvo más próximo a concretarse, tras unas trabajosas negociaciones desarrolladas a mediados de 1972 entre el gobierno y la directiva de ese partido presidida por Renán Fuentealba, en las que se había llegado a acuerdo sobre los principales puntos en conflicto, éste finalmente no fue ratificado por el PDC debido a la oposición que encontró en su seno de parte del sector freísta.

[29] Tales fueron los términos utilizados por Gramsci para abordar el debate sobre los posibles diseños estratégicos alternativos en la lucha por el socialismo.

[30] Las variadas iniciativas espontáneas que efectivamente se dieron entre en el seno de los cuerpos armados, sobre todo en sus rangos inferiores -la más significativa de las cuales fue la que se produjo entre la marinería-, indican las posibilidades ciertas de haberlo hecho. En las entrevistas realizadas por Jorge Magasich (2019) son numerosos los relatos en tal sentido. Resulta igualmente indicativo a este respecto el mensaje que, aludiendo en sus memorias a lo ocurrido en la noche de la elección presidencial, dice haber recibido el Almirante Merino (1998:73) del Servicio de Inteligencia Naval: «En varios cuarteles del Ejército, Fach y buques y reparticiones de la Armada se han oído gritos de ‘Viva el compañero Allende’, cada vez que se da información de cómputos».

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Los partidos progresistas en Italia, como en todas partes, deben ajustar la sintonía con el sentir ciudadano que exige antes que nada transparencia en el uso de recursos públicos. En el caso italiano y europeo, no es la lucha de clases sino la mantención de las conquistas sociales que ha entregado la sociedad de bienestar con educación y salud gratuita, de calidad, junto a pensiones, viviendas y salarios decentes.

Es difícil saber si existe una izquierda italiana hoy en el país donde el partido comunista de Italia (PCI), fundado en 1921 por Antonio Gramsci, llegó a ser en la década de los 70 del siglo pasado el más grande del mundo occidental y un referente de la renovación del socialismo. Vivió el surgimiento y consolidación del fascismo de Mussolini al que combatió con las armas, al igual que resistió la ocupación nazi del país durante la Segunda Guerra Mundial. Con la liberación en 1945 y las primeras elecciones en 1946, se incorporó plenamente a la vida democrática alcanzando el 18,6% de los votos mientras que la democracia cristiana italiana (DC) llegaba al 35,2%.

En las elecciones de 1948 el PCI subió al 30% y la DC sumó al 48,5% de los votos. Luego la historia es posible seguirla a través de los personajes clásicos de don Camilo, el cura del pueblo y Pepón, el alcalde comunista, que refleja la tolerancia, respeto y complicidad que existió entre los dos principales partidos de la post guerra. Mientras tanto el gobierno de Estados Unidos, a través del Plan Marshall, puso los dólares para impulsar y potenciar el desarrollo económico del norte y calmar con subsidios al sur.

La fuerza creciente del PCI, de los sindicatos y la frontera con el mundo comunista, contribuyeron a este flujo de ayudas y préstamos. Trieste, en la frontera con la ex Yugoslavia al término de la Segunda Guerra Mundial, fue donde se saldaron las últimas cuentas entre los partisanos de Tito y los derrotados fascistas, junto a dolorosas pérdidas territoriales para Italia: toda la Istria, las ciudades de Pola, Fiume, Zara y algunas islas. Fue parte del reordenamiento de las fronteras europeas y el precio de perder una guerra.

El sistema político parlamentario, de base proporcional instaurado en Italia, no ha contribuido a la estabilidad del país. Desde 1946 a 2019, es decir en 73 años ha tenido 66 gobiernos.(1) En el mismo período Alemania ha tenido solo 9. El Parlamento bicameral está formado por 630 diputados y 315 senadores más 5 vitalicios. Sin embargo, el mismo sistema no ha sido obstáculo para que Italia sea hoy una de las 7 economías más grandes del mundo. Las cifras del Banco Mundial le otorgaban un ingreso per cápita (PPP) de 42.080 dólares en 2018.

El mismo año sus exportaciones de bienes y servicios alcanzaron a 746.185 billones de dólares, (2) mientras que el gasto público en educación y salud, en cifras del FMI para el 2015 y 2016, llegaron al 8,11% y 13,47% del PIB, respectivamente. (3) El sistema de partidos políticos estalló en Italia en 1992, cuando se descubrió el financiamiento ilegal junto a la corrupción en la llamada operación “Manos Limpias”, que concluyó con más de 1.200 condenas y produjo alrededor de 30 suicidios de empresarios y políticos. Desapareció la DC, el partido socialista (PSI) y varios más. (4)

Por su parte, la caída del Muro de Berlín en 1989 abrió la discusión sobre la vigencia del PCI que concluyó con la decisión de poner fin a su existencia en 1991, luego de dos años de discusiones apasionadas muchas veces y que costaron incluso matrimonios, según me decía un viejo ex militante. En palabras del último secretario general del PCI, Achille Occhetto: “El 70% de los comunistas se pronunciaron a favor, luego de 10 reuniones del comité central, dos congresos, se votó en todas las familias, en todas las secciones, en todas las fábricas, en todas las escuelas, fue el más grande ejercicio de democracia y se adoptó esa decisión”.(5)

Surgió en su lugar el Partido Democrático de Izquierda (PDS, por su sigla italiana) y se creó Refundación Comunista, (RC) con quienes no aceptaban la disolución del histórico partido. El vacío provocado por los principales referentes políticos en la sociedad produjo una suerte de deriva social en segmentos importantes de la población identificados culturalmente con la DC y el PCI. Se originó la pérdida de referentes socioculturales que dejaron cierta nostalgia que aún se observa en los mayores y en jóvenes que han idealizado esa época.

Conte & Salvini

Hoy no existe en términos tradicionales una izquierda estructurada, con un liderazgo definido ya que paulatinamente se fue disolviendo con la creación del PDS el que posteriormente, en 2007, se transformó en el actual Partido Democrático (PD, social demócrata) incorporando a sectores comunistas, demócratas cristianos progresistas, socialistas y algunos de la vieja extrema izquierda. Todo este cambio se produjo en medio del proceso mundial de globalización, de liberalización de los flujos financieros, la profundización de la integración europea y el surgimiento de la llamada “tercera vía”, que vino a legitimar una parte del discurso neoliberal que se introdujo en los programas de los partidos y gobiernos.

Los caudillos izquierdistas de hoy, viejos y jóvenes, carecen de un proyecto político estructurado, están atomizados en minúsculos partidos que obtuvieron en las últimas elecciones nacionales de 2018 un pobre resultado: 5,2% del total de los votos repartidos en Libres e Iguales (escindido del PD) 3,4%; Poder al Pueblo (incluye a Refundación Comunista) 1,1%; Partido Comunista 0,3%; Por una Izquierda Revolucionaria 0,1%. Esta es la fuerza electoral de la llamada “verdadera” izquierda mientras que el PD (social democracia) llegó al 18,7%; los populistas del Movimiento 5 Estrellas (M5E) alcanzaron un 32,7%, la derecha unida 19,6% y la extrema derecha de la Liga del Norte (LN) el 17,4%.

Los últimos 14 meses gobernó Italia una de las más extrañas coaliciones compuestas por dos fuerzas populistas: la extrema derecha de la Liga (Matteo Salvini) con el Movimiento de 5 Estrellas (6) (Luigi di Maio) habiéndose abstenido de integrarla dos partidos de derechas: Fuerza Italia (Silvio Berlusconi) y Hermanos de Italia (Giorgia Meloni). La crisis se produjo por la naturaleza contradictoria de la coalición y el error de Salvini de finalizarla esperando el llamado del Jefe de Estado a nuevas elecciones.

Conte & Di Maio

Ello no ocurrió y dio paso a otra alianza antinatural que probablemente gobernará: El M5E y el PD, que han sido enemigos jurados pero que llegarían a un acuerdo imponiendo los primeros la mantención del Premier Guiseppe Conte junto a un programa en negociación. Al cierre de este artículo se discutía la composición del nuevo gabinete para presentarlo al Presidente. Los votos de ambos partidos en el Parlamento le otorgan mayoría y con la venia del Jefe de Estado conformarían un nuevo gobierno. Lo que nadie sabe es cuánto durará esta coalición. El M5E ha creció con votos provenientes en buena parte de la centro izquierda tradicional, es decir del PD.

Su lema ha sido ¡Honestidad! ¡Honestidad! denunciando las prácticas viciadas, la corrupción y componendas de los partidos tradicionales, mientras que la Liga creció apelando al miedo a la inmigración, a la criminalidad y a la Unión Europea, entre otros. 5 Estrellas descendió notablemente en las elecciones europeas de mayo pasado a 17,07% mientras que la Liga de Salvini se consolidó como el primer partido italiano alcanzando al 34,27% de los votos, seguido por el Partido Democrático con el 22,73%. Es decir, en un año, quedó demostrada la volatilidad de los electores.

Los años 70 del siglo XX fueron la década de gloria para el PCI y la izquierda italiana. La votación máxima alcanzada fue en 1976, cuando sumó 34,4% de los votos, es decir más de 12 millones y medio de electores y la DC el 38,7% equivalente a 14,2 millones de votos. Paralelamente la extrema izquierda, con grupos armados, asesinaba policías, secuestraba y terminó ejecutando al Primer Ministro demócrata cristiano, Aldo Moro, en 1978.

Ello ocurrió cuando se había implementado parcialmente el llamado “compromiso histórico” o acuerdo de gobernabilidad entre el PCI y la DC que permitió a este último partido gobernar sin interferencias hasta 1980. Hasta hoy circulan diversas teorías de quiénes estuvieron detrás del crimen de Moro que terminó poniendo fin al acuerdo en 1980. Tanto Estados Unidos como la entonces Unión Soviética no veían con buenos ojos este compromiso cuyo autor intelectual fue Enrico Berlinguer, secretario general de los comunistas.

Alarmado por el dramático golpe de estado ocurrido en Chile en 1973, lo motivó a publicar 3 documentos con las lecciones de esa experiencia en Rinascita –revista ideológica del PCI- donde demostró que las fuerzas de izquierda, con una fuerte carga ideológica como el caso del PCI, no podían gobernar sin alianzas con el centro político, es decir con la DC. Rondaba en Italia en esos años, la posibilidad de interrupción democrática con grupos fascistas coludidos con militares.

Entonces, para utilizar la clásica frase de Vargas Llosa ¿Cuándo se “jodió” la izquierda italiana? ¿Era o no necesaria la disolución del PCI? El 70% de la militancia que se manifestó a favor de su disolución parece no dejar duda alguna. Su desaparición era inevitable pese a que sus fortalezas estaban en haber iniciado el proceso de transformaciones y democratización de la visión leninista del partido como vanguardia única. El eurocomunismo, del que fue pionero Berlinguer en 1976, y al que se sumarían los comunistas franceses y españoles, dio inicio a una profunda revisión del pensamiento marxista y en los hechos produjo la reivindicación de la social democracia.

De partida fue la negación del modelo soviético, del estalinismo, y el inicio de búsqueda de un camino poniendo en el centro el respeto a las personas y la aceptación del sistema político multipartidista, es decir a un modelo de sociedad abierta. Se podría decir que recogía el clamor de los jóvenes checos de 1968, que pedían “un socialismo con rostro humano”, como lo planteara el secretario general del PC Alexander Dubcek, antes de que cerca de 200 mil soldados y 2 mil tanques del Pacto de Varsovia pusieran fin a la llamada “primavera de Praga” y al sueño de millones de izquierdistas en el mundo.

Los partidos progresistas en Italia, como en todas partes, deben ajustar la sintonía con el sentir ciudadano que exige antes que nada transparencia en el uso de recursos públicos. En el caso italiano y europeo, no es la lucha de clases sino la mantención de las conquistas sociales que ha entregado la sociedad de bienestar con educación y salud gratuita, de calidad, junto a pensiones, viviendas y salarios decentes.

Los millones de votos que tuvo la izquierda en el pasado fueron de mujeres y hombres que hoy se sienten decepcionados, inseguros en una sociedad cada vez más compleja y que perciben la carencia de un liderazgo que los comprometa, que los entusiasme, que los haga soñar. Ese es el espacio que no ha dejado de crecer y del que se ha apropiado el populismo de derecha especialmente.

Por tanto los desafíos son muchos para levantar una propuesta de futuro que recoja el sentir popular y que debe considerar, entre otros, la ola inmigratoria que no se detendrá, la moneda común que no ha entregado iguales beneficios a los países, la integración de Europa que cada vez parece más complicada por la enorme diversidad cultural y asimetrías económicas que muchas veces se tiende a ignorar. Asimismo, están las relaciones con Rusia y los Estados Unidos en esta hora de Trump, Putin y Johnson; el papel de la OTAN, la lista de espera de países para integrarse a la UE, el envejecimiento de la población, junto a los temas globales como el debilitamiento del multilateralismo, el cambio climático, la robotización, la inteligencia artificial y tantos otros.

Los progresistas deberán luchar con los fantasmas de su pasado y por sobre todo asegurar la paz en un continente que ha originado dos guerras mundiales. Las divisiones endémicas de la izquierda, los personalismos, caudillismo, fraccionamiento y egos son factores presentes que permitieron en Italia que Silvio Berlusconi y la derecha llegará tres veces a gobernar y que hoy Salvini, pese a su actual derrota, mantenga altas posibilidades de llegar a ser Jefe de Gobierno en un futuro que puede ser no tan lejano.

Es probable que la social democracia a nivel mundial esté también en vías de extinción junto al actual orden internacional por no dar respuestas a las urgentes demandas de la población respecto a las desigualdades, concentración de la riqueza y cambio climático entre otras. El PD italiano, al igual que la llamada centro izquierda a nivel mundial, fueron víctimas del discurso de la globalización y de la frase creada por los estrategas de campaña del expresidente Bill Clinton: “Es la economía, estúpido”.

Faltó pensamiento crítico y visión de largo plazo para prever que la liberación de los circuitos financieros daría inicio a un proceso de concentración de riqueza, exclusión de mayorías y depredación del planeta, nunca visto. Resultó fácil a los partidos social demócratas acomodarse al discurso de la modernidad, de la llamada tercera vía y globalización en lo económico, sin medir las consecuencias sociales y culturales que arrastraron al sistema a un tobogán que desembocó en el actual neoliberalismo que nos gobierna y que ha generado un desorden internacional impredecible en sus consecuencias.

“Es la economía, estúpido” fue transformada en un dogma con el apoyo entusiasta de los órganos financieros internacionales dejando desarmada a la izquierda antes el océano de cifras y la urgencia de establecer equilibrios macroeconómicos que se erigieron en un paradigma por donde debía transitar la humanidad, elevando el crecimiento económico a la categoría de divinidad. Nadie o pocos pusieron en perspectivas las consecuencias sociales, culturales y mucho menos medioambientales.

La ola de privatizaciones, externalizaciones y de recortes a las prestaciones sociales derivan en parte de esa frase. Si bien las personas votan teniendo en cuenta el bolsillo, es hora de señalar que hoy no es solo la economía: “Es la desigualdad, idiota”, es el cambio climático, los incendios en la Amazonia, son las ganancias excesivas, la concentración de la riqueza cada vez en menos manos, la falta de trabajos decentes y una larga lista de demandas que nos tiene en este creciente desorden global y que será lo que movilizará a los jóvenes a votar.

El progresismo puede frenar el populismo solo si logra levantar un discurso coherente, sin ambigüedades ni cálculos de corto plazo, para reclamar por un cambio radical de políticas poniendo a las personas y al planeta en el centro de las prioridades, antes que a las utilidades.

–El autor, Fernando Ayala, es exembajador de Chile y consultor de FAO.

*Fuente: SurySur

Notas

1 Al momento de escribir estas líneas se encuentra renunciado el gobierno presidido por Giuseppe Conte.

2 https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=IT

3 https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/educacion/italia

4 http://espresso.repubblica.it/attualita/2017/02/14/news/i-25-anni-di-mani-pulite-1.295382

5 Entrevista al último secretario general del PCI, Achille Occhetto. Padellaro A. y Truzzi S. (2019) C’era una volta la sinistra. Roma: PaperFIRST, págs., 25 y 26.

6 El populista M5E fue fundado en 2009 por el actor y humorista Beppe Grillo. Está compuesto por un amplio abanico que va desde la extrema izquierda a la extrema derecha. Nace como protesta a los partidos tradicionales, incorpora la democracia directa a través de las consultas on line a sus militantes por una plataforma digital conocida como Rousseau. Por este medio aprobarán o rechazarán el acuerdo para gobernar con el PD.

Más sobre el tema:

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Al menos a las bases que se sienten identificadas por la histórica obra del presidente Frei: La Reforma Agraria; la chilenización del cobre; la promoción popular; la reforma educacional; y los fuertes estímulos al cooperativismo y a la integración latinoamericana. Y que también echan de menos el “Proyecto Alternativo” que el PDC planteó en la década del 80 como ideas para la reconstrucción democrática futura. En dicho Proyecto, además de abominar de las atroces violaciones de derechos humanos de la dictadura, se cuestionó radicalmente el modelo económico-social neoliberal impuesto a sangre y fuego por aquella.

En efecto, en dicho Proyecto, se planteó la sustitución del Plan Laboral; de las AFP; de las Isapres; del Decreto Ley 600 que permitiría una creciente desnacionalización de la gran minería del cobre; de la gigantesca concentración del poder y de la distribución del ingreso; de la creación de las universidades privadas con fines de lucro; del sistema que minimizó el poder de los sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales y cooperativas; de la inserción solitaria al mercado mundial y la renuncia a buscar la integración latinoamericana; etc.

Todo esto lo abandonó subrepticiamente el liderazgo del PDC (y del resto de la Concertación) a fines de la década de los 80, como lo reconocería crudamente en 1997 Edgardo Boeninger en su libro: “Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad” (Edit. Andrés Bello). Y es lo que comenzó a aplicar desde 1990 en adelante. Y para esto, dicho liderazgo utilizó arteramente -en línea con lo que Boeninger dijo respecto a que el liderazgo de la Concertación “políticamente no estaba en condiciones de reconocer” su “convergencia con la derecha” (p. 369)- dos mecanismos insólitos a nivel de la historia de la humanidad (no sólo chilena). Una fue el regalo de la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin y la Concertación ¡de haber permanecido igual la Constitución del 80! Y el otro, las políticas de “autodestrucción” de todos los medios de comunicación escritos afines a la Concertación durante los 90.

En efecto, como Pinochet pensaba ganar el plebiscito de 1988 y gobernaría luego con un congreso en que iba a ser prácticamente imposible -dado los antecedentes históricos- que los partidos de derecha ganaran la mayoría parlamentaria; se diseñó la Constitución del 80 de modo tal que el futuro presidente lograse la aprobación de la legislación ordinaria con la mayoría parlamentaria en una cámara y sólo un tercio en la otra. Evidentemente, con los senadores designados, Pinochet transformaría su minoría senatorial en mayoría; y obtendría con seguridad -gracias al sistema binominal- más de un tercio de los diputados.

Pero la imprevista derrota plebiscitaria de Pinochet el 88; generó el prospecto contrario. La Concertación -además de elegir con toda probabilidad al futuro presidente- tendría también con seguridad la mayoría parlamentaria. Esto por que obtendría lógicamente -a diferencia de un Pinochet gobernando- la mayoría en la Cámara de Diputados; y ¡alcanzaría de todos modos a obtener un tercio del Senado! El Senado original se componía por dos senadores por región (26) más los 9 designados. Y como la Concertación obtendría evidentemente al menos uno en todas las regiones (13) superaría el tercio de 35, esto es, 12.

Sin embargo, el liderazgo concertacionista concordó con Pinochet a mediados de 1989 un acuerdo de Reforma de la Constitución del 80 (sin que hasta el día de hoy haya existido transparencia sobre aquel) en que junto con algunos cambios liberalizadores ¡se aprobó una reforma que subió los quórums de aprobación de la legislación ordinaria a la mayoría absoluta en ambas cámaras! Y como se mantuvieron los senadores designados, aquello significó en la práctica entregar por adelantado la inminente mayoría parlamentaria que le esperaba a la Concertación. Era virtualmente imposible que la Concertación doblara en cinco circunscripciones senatoriales a la derecha, que era lo necesario para compensar a los nueve senadores designados y obtener así mayoría en el Senado.

Tal acuerdo no fue obviamente producto de la estupidez de los líderes concertacionistas, ni tampoco del temor. Es obvio que Pinochet, si no había tenido la fuerza política para dar un nuevo golpe en octubre del 88, luego de su derrota plebiscitaria, menos la tendría a mediados de 1989 ¡arguyendo que la Concertación se negaba a concordar una reforma a la propia Constitución impuesta en 1980! La explicación -muy lógica- es que el liderazgo de la Concertación no quiso tener la mayoría parlamentaria para no quedar desnudo ante sus bases en cuanto a su falta de voluntad política para sustituir el modelo ecónomico-social neoliberal que había impuesto la dictadura. Ahora podía echarle la culpa de todo a que no tenía mayoría parlamentaria para hacer los cambios prometidos. Lo que iba a ser cierto, pero ocultando el hecho crucial de que ello era así porque lo había querido el liderazgo concertacionista…

Y todo aquello fue complementado por una política consistente, destinada a destruir los propios medios de comunicación escritos afines a la Concertación. Como los directores y periodistas de estos medios no habían experimentado la “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha que habían tenido los líderes concertacionistas; a la larga se darían cuenta del giro copernicano de éstos y se habrían convertido en los reales opositores de los gobiernos concertacionistas neoliberales. Para evitar esto fue muy lógico (aunque, por supuesto, había que hacerlo subrepticiamente) que dicho liderazgo adoptara las políticas necesarias para destruir esos medios. Ello explica porque continuó con la discriminación que les hizo Pinochet de la publicidad estatal (y con los acuerdos de la dictadura, que la concentraban en el duopolio Mercurio-Copesa); porqué se bloquearon sustanciales fondos que el gobierno holandés había acordado entregarles en 1990 a “Hoy”, “Análisis” y “Apsi” (de acuerdo a denuncias efectuadas insistentemente -y nunca desmentidas- del Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas); y porqué se compraron de algunos de estos medios por personeros concertacionistas para luego cerrarlos, como fue el caso, finalmente, de la propia revista “Análisis”. Y también explica porqué dicha política continuó posteriormente, afectando -entre otros en los 2000 a la revista “Rocinante”, de acuerdo a lo denunciado por su fundadora y directora Faride Zerán (ver “Rocinante”; N° 84, Octubre de 2005); e impidiendo por todos los medios la reactivación del diario centro-izquierdista “Clarín”, como lo denunció especialmente la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo (ver “Rocinante”; N° 47, Septiembre de 2002). Así, se puede concluir que -como dijera Juan Pablo Cárdenas- “hubo una política de los gobiernos de la Concertación de exterminio a los medios de comunicación contrarios a la dictadura” (“Boletín Libertad de Expresión”, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; N°9, Marzo de 2008).

La orfandad de las bases demócrata-cristianas se vio agravada por las políticas de los gobiernos de la Concertación en favor de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Particularmente, por la búsqueda de aprobación de leyes de virtual confirmación del decreto-ley de autoamnistía de 1978; o de significativa disminución de penas para los agentes violadores de tales derechos; todas los cuales fracasaron gracias a las fuertes reacciones en contra manifestadas por las agrupaciones de familiares de detenidos- desaparecidos y de ejecutados políticos. Fueron los casos del “Acuerdo-Marco” de 1990; del proyecto de “ley Aylwin” de 1993; del proyecto de “ley Frei” de 1995; del “Acuerdo Figueroa-Otero”, del mismo año; de un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998; del proyecto de “ley de inmunidad” de Lagos de 2003; de otro proyecto de senadores concertacionistas y aliancistas de 2005; y de su intento de reflotamiento por Bachelet en 2007.

Además, estos intentos se vieron agravados por insólitas declaraciones de altos dirigentes del PDC, no solo en favor de la impunidad, sino también en contra de la búsqueda de la verdad. En particular, del entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien, en agosto de 1990, respecto de la búsqueda del paradero de las personas detenidas-desaparecidas, y ¡cuando aún ni siquiera terminaban los trabajos de la Comisión Rettig!, declaró: “Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (“Paula”; Agosto, 1990). Y del entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, quien para “apurar” los proyectos de ley y los acuerdos en favor de la impunidad planteados por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en 1995, señaló que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (“Las Ultimas Noticias”; 3-11-1995).

Y estos intentos culminaron con la vergonzosa defensa de Pinochet que hizo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle frente al mundo, para liberarlo de su detención en Londres. Y la posterior presión del gobierno de Lagos a los tribunales de justicia para lograr su impunidad por razones de “salud mental”, lo que finalmente obtuvo. En dicha defensa -¡y virtual apología!- resaltó nuevamente el entonces senador Foxley, quien en una entrevista expresó que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar  -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores.

Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (“Cosas”; 5-5-2000).

En este contexto no extrañan para nada las palabras expresadas por Jaime Castillo Velasco en una de las últimas entrevistas de su vida: “’El poder corrompe’ es una afirmación antigua que comparto y sobre la que siempre se debe estar vigilante. Y sucede que no siempre se es firme al respecto. Yo diría que también en mi partido se han perdido los valores éticos que hicieron posible la Falange de Frei, Leighton y Tomic” (“Rocinante”; N° 42, Abril, 2002). Y tampoco extrañan los resultados electorales cada vez más desastrosos del PDC. Y, lo que es peor, el que hace décadas no solo no existan presidentes de federaciones estudiantiles universitarias del PDC (en la década de los sesenta del siglo pasado, todos lo eran) sino que ¡ya no exista la DCU en la generalidad de las universidades chilenas! Es decir, el PDC chileno ha pasado a ser un partido demográficamente condenado a desaparecer o, en el mejor de los casos, a mantenerse como una entidad política completamente irrelevante en el futuro. Todo indica que Chahin y el conjunto del liderazgo actual del PDC ni siquiera atisban esta realidad más grande que una catedral…

El articulo Chahin y la orfandad demócrata cristiana apareció primero en piensaChile.

Sin matices ni eufemismos. En el seno de la propia DC reconocían, ayer en la tarde, que la crisis en la oposición “está instalada” y que esta vez habrá consecuencias. Es que no fue menor la decisión que adoptó la falange de desmarcarse del resto de las bancadas de su sector y alinearse con el Gobierno de Sebastián Piñera, al confirmar que votarán a favor la idea de legislar la Reforma Tributaria. Una estocada fatal para los incipientes intentos opositores de levantar cabeza y trabajar cohesionados, sobre todo, después de un año de absoluta irrelevancia política.

Durante el verano y en las últimas semanas especialmente, se habló mucho de la prueba de fuego que era para la oposición la forma en que enfrentaban la Reforma Tributaria de Piñera. No por nada, en la comisión de Hacienda los diputados, desde la DC hasta el Frente Amplio (FA), trabajaron por meses coordinados, alineados en sus críticas a la iniciativa, a la par con un equipo técnico que los asesoró, y que quedaron plasmadas en tres documentos que hicieron llegar al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, uno con los principios básicos en materia tributaria y los otros dos –el último entregado el jueves 4 de abril– con propuestas concretas.

Igual de coordinados, presionaron desde enero a La Moneda con la amenaza de no apoyar la idea de legislar en la comisión ni en la Sala y obligaron al propio Piñera, ante la debilidad que mostró su comité político y los roces que hubo con Larraín, a tomar el protagonismo de las negociaciones con una ronda de reuniones con los presidentes de partidos de la oposición, para tratar de salvar su reforma.

Había un compromiso de actuar en bloque y este, nuevamente, no se cumplió. Es ahí donde radica para la oposición la gravedad de lo sucedido ayer. El trabajo conjunto de estos meses era, para muchos diputados de oposición, la mejor garantía de que la DC está vez sí se mantendría alineada con ellos y no que correría por un carril paralelo, velando exclusivamente por sus propios intereses.

En el seno de la DC explicaron ayer que nadie tomó nota realmente de las palabras de Chahin hace dos semanas, cuando después de un par de horas con Piñera, reunidos a puertas cerradas en La Moneda, dijo que el partido estaba esperando que “el Gobierno acepte algunas de nuestras propuestas”. La palabra clave era «algunas» y así sucedió.Pero lo hizo. Más allá de las declaraciones a la prensa, ya el lunes en la mañana las señales internas eran evidentes y el timonel DC, Fuad Chahin, había notificado a algunos que su partido daría luz verde al proyecto del Gobierno. Y si bien la última propuesta que hizo La Moneda –la que expuso en la tarde del lunes el ministro Larraín ante la comisión de Hacienda– fue considerada insuficiente por la mayoría de la oposición, para la falange la oferta gubernamental era más de lo esperado.

Fue determinante –explicaron en la falange– el compromiso de Palacio para fortalecer los gobiernos regionales, a través de impuestos, especialmente a predios forestales, y que esos recursos se queden en la región, algo no menor cuando en el horizonte están las elecciones municipales, parlamentarias y la primera de gobernadores regionales.  Agregaron que, en el debate tributario, la DC jamás estuvo en la línea dura del resto de la oposición de botar la reforma si la administración piñerista no modificaba la esencia del proyecto: reducir los impuestos a los sectores más acomodados y compensar esa merma al fisco aumentando impuestos a la clase media.

Entre las bancadas de oposición ayer se habló de quiebre total, de punto de no retorno, de momento crítico e, incluso, de cobrar la factura política a la DC.

De hecho, entre diputados del PC y el Frente Amplio se comenzó a sondear el piso que había para impulsar una censura a la mesa de la Cámara de Diputados que lidera el DC Iván Flores, y que salió elegido en segunda vuelta con votos de toda la centroizquierda y el FA, a la luz del acuerdo administrativo que selló la oposición.

No solo eso, hoy en la mañana, las distintas bancadas de oposición, desde el PR al FA harían un punto de prensa con el que buscan dejar en evidencia el “encapsulamiento” de la Democracia Cristiana e intentar hacer una demostración de fuerza política, iniciativa que habría sido motivada por el jefe de la bancada PS, Manuel Monsalve, quien durante toda la jornada de ayer salió varias veces a poner el foco en la falange: “Si hay separación con la DC, la relación de la bancada del PS con la DC no podrá seguir siendo la misma”.

No fue el único. “Lo que acá se puso en jaque es el futuro de los aliados políticos”, advirtieron desde el PR, mientras que el diputado frenteamplista Vlado Mirosevic destacó que, si bien cada cual es libre de votar como resuelva, la actitud de la DC cierra “las puertas a un trabajo conjunto entre toda la oposición, se hace muy difícil, en la medida que se firman acuerdos que luego no se respetan”.

A nivel parlamentario reconocieron que hay mucha molestia con la Democracia Cristiana, que algunos casi se enteraron por la prensa de la decisión de desmarcarse, que además había indicios claros de que el Gobierno, efectivamente, estaba analizando ceder más para evitar que la reforma naufragara en la comisión hoy en la tarde y que resolvió no hacer más esfuerzos al ser notificado que tenía los votos de la falange en el bolsillo.

La apuesta de Fuad

Saben que son el foco de todas las críticas, que el “chaparrón” que comenzó a caerles encima es el más fuerte que han experimentado y que se están quedando totalmente solos, pero en la DC están dispuestos a pagar el precio. La apuesta política que están haciendo –agregaron– lo vale.

Chahin tenía programado un viaje al extranjero esta semana, pero lo suspendió, precisamente para no dejar nada al azar y liderar todas las tratativas. Para el timonel –explicaron en el partido–, la Reforma Tributaria era un momento clave y estratégico, porque en esta vuelta “lograba que la DC pesara algo políticamente o sería llevada inevitablemente por la ola del resto de la oposición”.

Eso es lo que precisamente hizo estos días. Más allá de los aspectos técnicos de la Reforma Tributaria y el discurso público de defensa de la clase media que levantó ayer Chahin cuando salió en diversos medios a defender a su partido del vendaval de críticas, en la falange recalcaron que “la DC está consiguiendo el objetivo central de no ser intrascendente, adquirió relevancia, sí va a pagar costos por un lado, pero recibe beneficios por otros”.

Dicen que entienden la molestia del resto de la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio, que tienen razón en todas sus críticas, pero apuestan a que el aislamiento que sufrirán sea pasajero, porque en la práctica –aseguraron– todos tienen claro que la oposición necesita a la falange, aunque sea para lograr algunos mínimos políticos, de lo contrario no funciona. “Si nos sacan definitivamente, quedarán como meros observadores de cómo el Gobierno saca sus proyectos adelante junto a buena parte de la DC, sin que puedan hacer nada. Nos necesitan para algunos mínimos que sea”, plantearon en el entorno de Chahin.

En esa línea, apuestan a que, más allá del terremoto que se ha vivido durante estas horas en las bancadas opositoras, con el correr de las semanas comiencen a pesar otros factores políticos, como el hecho de que el timonel PS, Álvaro Elizalde, difícilmente asumirá –ad portas de una elección interna por su reelección– que no pudo cumplir la tarea comprometida respecto a que su partido sea un eje articulador de la oposición: “El espacio de poder de Elizalde se nutre de su fin como presidente del PS: lograr la unidad desde el FA a la DC. No hacerlo, sería reconocer un fracaso en su gestión”.

Con esta jugada de la DC, La Moneda efectivamente descomprimió la presión sobre su reforma y aseguró que esta se tramite. La votación en la comisión de Hacienda esta tarde será solo el preludio de lo que sucederá en la Sala de la Cámara de Diputados, porque ni Chahin ni el grueso de la bancada van a cambiar de opinión.

Las cartas en la Cámara Baja están echadas a favor del Gobierno. Si bien algunos diputados DC, como Víctor Torres, votarán en contra –división interna que están dispuestos a asumir también–, La Moneda de Piñera siempre ha contado con otros parlamentarios de la falange, como Jorge Sabag, que casi es considerado uno más de Chile Vamos.

Sabag fue el primero en advertir, a finales de la semana pasada, que independientemente de lo que resolviera su partido, él respaldaría la Reforma Tributaria y así lo hará, en la forma y en el fondo. En la DC dicen –medio en broma, medio en serio– que el diputado “realmente es incondicional” de Piñera, que es totalmente “predecible”, dado su excesivo conservadurismo, que se lleva mejor con la actual administración que con el resto de la oposición. A ojos del resto de las bancadas opositoras, no sería el único en el partido de la flecha de roja.

*Fuente: El Mostrador

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