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Chile en llamas. Incendios forestales, capitalismo y muerte en el sur de Chile

Redacción piensaChile — Thu, 22 Jan 2026 23:14:57 +0000

22 de enero de 2026
No es la primera vez. Y mientras no se ataque la raíz del problema, tampoco será la última.

Los incendios forestales que este fin de semana arrasaron la región del Biobío, dejando muertos, heridos, miles de damnificados y territorios completos devastados, no constituyen una “tragedia natural”. Son el resultado lógico, previsible y reiterado de un modelo económico, territorial y político profundamente criminal.

Durante las últimas décadas, Chile ha vivido una sucesión de mega incendios cada vez más extensos, más rápidos y más mortales. Las imágenes se repiten, poblaciones enteras rodeadas por el fuego, trabajadores rurales huyendo con lo puesto, adultos mayores y niños atrapados, brigadistas exhaustos, y un Estado que llega tarde, cuando el daño ya está hecho. La pregunta, entonces, no es qué pasó, sino por qué vuelve a pasar.
Naturaleza o intencionalidad, una falsa dicotomía

La explicación dominante insiste en separar las causas entre “naturales” e “intencionales”. Olas de calor, sequía, cambio climático, por un lado, negligencia humana o incendios provocados, por otro. Esta división es completamente engañosa.

Las altas temperaturas y los vientos no explican por sí solos la magnitud de la catástrofe. El clima no decide qué se planta, dónde se construye una población ni qué territorios quedan sin cortafuegos, sin agua y sin planificación. El fuego puede iniciarse por una chispa, pero la catástrofe es socialmente producida.

Incluso cuando el incendio es intencional, centrar la atención en el “pirómano” individual cumple una función ideológica, oculta al verdadero responsable estructural. El problema no es el fósforo, sino el polvorín. Y ese polvorín tiene nombre, modelo forestal capitalista.

El monocultivo forestal como infraestructura del desastre
El sur de Chile fue transformado deliberadamente en una gigantesca plantación industrial de pino y eucalipto. Especies exóticas, de rápido crecimiento, altamente inflamables y con un consumo brutal de agua. No se trata de bosques, se trata de fábricas de madera a cielo abierto.

Este modelo, impuesto y subsidiado por el Estado desde la dictadura y profundizado en democracia, constituye una forma clásica de acumulación por desposesión. Se expropió biodiversidad, se secaron napas, se destruyó la agricultura campesina y se expulsaron comunidades, todo para garantizar la rentabilidad de un puñado de grandes grupos económicos.

Desde el punto de vista material, estas plantaciones crean las condiciones ideales para los mega incendios, continuidad territorial de combustible, ausencia de barreras naturales, suelos degradados y poblaciones obreras viviendo literalmente al borde del fuego. El Biobío no es una región “afectada por incendios”: es una zona de sacrificio forestal.

El Estado, prevención mínima, represión máxima
El rol del Estado en los grandes incendios forestales no es neutral ni accidental. Antes de la catástrofe, su presencia es débil, fiscalización insuficiente, planificación territorial inexistente y prevención subordinada a criterios de rentabilidad. Pero cuando el fuego estalla y el orden social se ve amenazado, el Estado despliega con rapidez su función central, el control coercitivo del territorio.

Estados de excepción o catástrofe, militarización de zonas rurales y urbanas, restricción de circulación y fuerte presencia policial y militar se convierten en la respuesta predominante. Esta intervención no apunta a modificar las causas estructurales del desastre, sino a restablecer el orden, resguardar infraestructura estratégica y garantizar la continuidad del modelo productivo.

Esto no constituye una anomalía, sino la expresión normal del Estado capitalista, débil frente al gran capital en tiempos de “normalidad”, fuerte y coercitivo frente a las comunidades cuando la crisis desborda los márgenes del control. La prevención es mínima porque no es rentable, la coerción es máxima porque el desorden territorial sí amenaza los intereses dominantes.

Así, mientras las grandes forestales permanecen prácticamente intactas, son los pobladores y trabajadores de las zonas afectadas quienes quedan bajo vigilancia, regulación y, muchas veces, criminalización posterior. El Estado no enfrenta al capital que organiza el territorio como polvorín, sino a la población que vive y muere dentro de él.

El Estado actúa como administrador de los intereses de la clase dominante. En el caso de los incendios, esto se traduce en una ecuación brutal.
Ganancias privadas en tiempos normales, socialización de las pérdidas cuando todo arde.

Muerte de la gente de a pie, muerte de clase y violencia estructural
Cada muerto en un incendio forestal no es una fatalidad. Es el resultado de una cadena de decisiones políticas y económicas. Son trabajadores, pobladores, adultos mayores, comunidades rurales quienes ponen los cuerpos. El capital, en cambio, asegura, reconstruye y continúa.

La tragedia no está solo en el fuego, sino en su repetición. En la normalización del desastre. En la idea de que “siempre ha sido así” o de que “el cambio climático nos superó”. Nada más funcional al sistema que presentar la muerte como inevitabilidad natural.

2030, el futuro anunciado
Especialistas advierten que, de mantenerse este modelo, la situación será aún peor hacia el 2030. No se trata de alarmismo, sino de una tendencia objetiva. Más calor, más sequía, más monocultivo, más precariedad territorial. La combinación es explosiva.

Desde una perspectiva marxista-ecológica, esto expresa la ruptura metabólica entre sociedad y naturaleza propia del capitalismo. Un sistema incapaz de reproducir las condiciones materiales de la vida, porque subordina todo a la ganancia.

No es gestión del desastre, es lucha política
Los incendios no se enfrentan solo con más helicópteros o mejores protocolos de emergencia. Eso es administrar la catástrofe. La verdadera discusión es política, propiedad de la tierra, modelo productivo, planificación bajo control social y ruptura con la lógica extractiva.
Mientras el territorio esté organizado para la rentabilidad y no para la vida, Chile seguirá en llamas.
Y no por accidente.

Salir del fuego, control democrático del territorio y fin del monocultivo
Nada de esto es compatible con el capitalismo. No por falta de técnica ni de conocimiento, sino porque este sistema organiza el territorio, la naturaleza y la vida misma en función de la ganancia privada. Cuando la rentabilidad manda, la prevención estorba, cuando la vida no es rentable, se vuelve sacrificable. Los incendios forestales no son una falla del modelo, son una de sus consecuencias lógicas.

Si el capitalismo no puede garantizar condiciones mínimas de reproducción de la vida, entonces debe ser cambiado. Persistir en este sistema nos conduce, literalmente, al desastre ecológico y social. No se trata de administrar mejor la catástrofe, sino de superar un modo de producción incompatible con la vida.

La alternativa es un sistema donde el territorio, los bosques, el agua y los bienes comunes estén bajo planificación democrática, con participación real de trabajadores, comunidades y organizaciones territoriales. Un sistema donde la producción esté subordinada a las necesidades sociales y ecológicas, y no al lucro de unos pocos. En otras palabras, una organización social distinta, capaz de planificar racionalmente la relación entre sociedad y naturaleza.

Mientras el capital decida, Chile seguirá ardiendo.
La única salida real es cambiar el sistema y construir colectivamente otro, donde la planificación democrática reemplace a la ganancia como principio organizador de la vida.

*Fuente: WerkenRojo

Más sobre el tema:

«Si la ganancia es adecuada, el capital se vuelve audaz»

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Incendios y modelo forestal: ¿dónde quedó el gobierno ecologista de Gabriel Boric?

Redacción piensaChile — Tue, 20 Jan 2026 22:09:22 +0000

20 de enero de 2026

A propósito de los trágicos incendios en el centro-sur de Chile, que han obligado a evacuar a miles de personas y han dejado al menos 20 fallecidos hasta el momento, queda nuevamente en evidencia que estas catástrofes ambientales dejaron de ser excepcionales para convertirse en algo recurrente. Debemos hacernos cargo de manera seria y actuar de forma proactiva ante causas estructurales que van mucho más allá de la intencionalidad o no en la propagación del fuego.

El estado de catástrofe decretado por el Presidente en la madrugada para las regiones de Ñuble y Biobío es, sin duda, una medida correcta para enfrentar la urgencia. Sin embargo, mientras no se discuta en serio el modelo forestal vigente en la zona desde hace décadas —basado en el monocultivo de pino y eucalipto, altamente inflamable y riesgoso en un contexto de crisis climática (altas temperaturas y fuertes vientos)—, seguiremos tapándonos los ojos y enfocándonos principalmente en lo delictual o de seguridad, ignorando las causas de fondo.

Cuesta entender que un gobierno que se presentó como el primero ecologista de la historia de Chile haya hecho tan poco al respecto en estos años, después de repetir en campaña su compromiso con el medio ambiente, el agua como bien público y la justicia climática. Por eso, al observar la respuesta a esta emergencia —y, sobre todo, lo que no se ha hecho en cuatro años—, surge una pregunta incómoda e ineludible: ¿dónde quedó ese compromiso ecologista?

El Presidente Gabriel Boric podrá argumentar que en octubre de 2025 lanzó el Plan de Acción 2025-2026 de prevención, mitigación y control de incendios forestales (1), con una inversión de más de 160 mil millones de pesos (un aumento significativo respecto a temporadas anteriores). Sin embargo, resulta evidente que este plan, por más recursos que incorpore, es incapaz de frenar incendios de esta magnitud. El problema no radica en la falta de presupuesto, sino en la ausencia de voluntad política para una prevención real que incluya el debate sobre el modelo forestal insostenible.

Por eso, el modelo forestal extractivista —heredado de la dictadura y profundizado en democracia— sigue intacto. El gobierno no ha tomado medidas concretas para frenar los monocultivos de pinos y eucaliptos, que continúan ocupando millones de hectáreas en el centro-sur del país. Estas especies exóticas de rápido crecimiento consumen agua de manera desmedida y actúan como verdaderas antorchas en un escenario de sequía crónica y calentamiento global.

Es particularmente decepcionante para quienes apoyamos este gobierno —en mi caso, desde el Frente Amplio— ver que, tras los incendios devastadores de febrero de 2023, el Presidente planteara la necesidad de “debatir el modelo de industria forestal” (2), pero en la práctica no se haya avanzado nada al respecto. Se perdió una oportunidad histórica de derogar el DL 701 de Fomento Forestal, cuya vigencia solo ha impulsado la expansión del monocultivo, priorizando la inversión por sobre la protección ecosistémica y limitando el discurso de prevención a lo operativo, sin tocar las causas estructurales.

Mientras brigadistas arriesgan su vida en medio del infierno y familias lo pierden todo, el gobierno ecologista parece reducirse a declarar catástrofe, desplegar al Ejército y apelar a la responsabilidad individual (“el 99% de los incendios son por causa humana”). Es cierto que la negligencia humana juega un rol clave, pero ¿no es también negligencia estructural no haber transformado un modelo que sabemos alimenta estas catástrofes?

No se trata de culpar exclusivamente al Presidente Boric, sino de exigir coherencia a quien se presentó como una alternativa de transformación. Un gobierno que se dice ecologista no puede limitarse a combatir el fuego cuando aparece; debe prevenirlo desmantelando las condiciones que lo hacen posible. Eso implica cuestionar el extractivismo forestal y avanzar hacia una matriz productiva que no sacrifique territorios enteros en pos del lucro de unos pocos.

En su defensa, el Presidente podrá mencionar que su gobierno impulsó —desde octubre de 2023— un proyecto de ley de prevención de incendios forestales y rurales, que sigue estancado en el Senado (3). Si bien esta iniciativa representa un avance necesario en materia de prevención y corresponsabilidad (especialmente hacia privados y empresas forestales), resulta tremendamente insuficiente si no aborda de raíz el modelo forestal extractivista que agrava los mega incendios.

Para lograrlo se necesita un plan serio a largo plazo, más allá de slogans de campaña. Presentarse como “el primer gobierno ecologista” se queda en un eslogan vacío si no se concreta un giro real y urgente hacia la transición del modelo forestal actual. Mientras no ocurra ese cambio profundo, estos enormes incendios no serán solo una advertencia: serán nuestro futuro.

Notas:

2: https://eldesconcierto.cl/2023/02/10/presidente-boric-debemos-debatir-sobre-una-mejor-regulacion-a-la-industria-forestal

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Documental «Tierras Raras: El Dilema de Penco y el Gran Concepción»

Redacción piensaChile — Mon, 19 Jan 2026 22:22:35 +0000

19 de enero de 2026

La posible instalación de la minera de tierras raras Aclara Resources ha puesto al Gran Concepción en el centro de una partida geopolítica global. Lejos de ser un conflicto local, este proyecto se vende como un eslabón en la cadena de suministro de minerales críticos que potencias mundiales buscan asegurar. Sin embargo, en esta carrera por los minerales, las voces de las comunidades locales han sido relegadas, pese a que son las que experimentarán los impactos más profundos.

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Patagonia chilena : Nada que perder(I)

Redacción piensaChile — Sun, 09 Nov 2025 22:39:00 +0000

9 noviembre del 2025

Este es el primer capítulo de una serie que denuncia la operación en curso para despojar a Chile de su patrimonio natural. A través de la Ley SBAP, los Espacios Marinos Costeros de Pueblos Originarios y otras áreas protegidas se han convertido en el caballo de Troya para su privatización, utilizando a comunidades indígenas y discursos de conservación como camuflaje, para el mayor despojo ambiental y soberano de las últimas décadas.

La captura del Maritorio Chileno

Introducción

En 1990 fue estrenada en los cines chilenos la película “Caluga o Menta”, del director chileno Gonzalo Justiniano, que daba cuenta del “estado” en que la Dictadura Militar de Pinochet (Septiembre 1973- Marzo de 1990) había dejado a los jóvenes de las poblaciones pobres del Gran Santiago, producto de la desigualdad inherente al Modelo Económico Capitalista Neoliberal, vigente y profundizado en los 35 años posteriores a Pinochet.

En una de las escenas más significativas de esta excelente película, que muestra una situación social aún presente en los mismos sectores, el actor Aldo Parodi, que representaba a uno de los marginales (“Nacho”) que seguían esperando las bicicletas ofrecidas por la Dictadura y que ahora tenían que resignarse al “pasto” que les ofrecía la “democracia”, discutía con su amigo “Niki” por quejarse de la situación social que les tocaba vivir. En esa discusión, “Nacho” encara a su amigo lanzando una frase de claridad angustiante: “No te quejís tanto, w’on…Si nosotros somos privilegiados: NOSOTROS NO TENEMOS NADA QUE PERDER…”

Y en sólo dos meses más, en Enero de 2026, todos los chilenos comenzaremos a ser igualmente privilegiados en relación a la Patagonia, puesto que a partir de entonces, estaremos en condiciones de TRANSNACIONALIZAR UN TERCIO DEL MARITORIO CHILENO y de PRIVATIZAR todas las áreas silvestre protegidas que eran del Estado hasta septiembre de 2023, cumpliéndose el mandato que se les diera a todos los Gobiernos Globalistas (léase, Imperialistas) que hemos tenido desde Ricardo Lagos (2000-2006) hasta hoy: Hacer de Chile la Copia Feliz del Elysium, de Jodi Foster y Matt Damon, para el disfrute exclusivo de la élite globalista.

Sólo para efectos de una más rápida comprensión del problema que ya enfrentamos y para no ser superados por el tiempo ni el espacio que requiere la sola descripción de la construcción del Elysium en que seremos convertidos desde Calbuco, por el Weste y el Estuario del Reloncaví, por el Este y desde allí al sur, se ha programado esta serie de tres artículos para dar a conocer el problema que enfrentamos.

Nuestra intención es siquiera denunciar lo que ya se ha iniciado dos años atrás con la promulgación de una normativa que toda la prensa (incluso la prensa “alternativa”) oculta y que ningún candidato presidencial o parlamentario menciona en sus campañas. Porque todos siguen prometiendo “el pasto”…

Mientras el despojo avanza, la prensa “progre” sigue repitiendo las consignas de una Convención Constituyente que trató de darle al mundo la Primera Constitución “Globalista” (Imperialista) pretendida por los Gates y Rockefeller, los Rothschild y la Casa de Orange, los Solomon Sachs y los JP Morgan y la asociación ilícita de ONGs que ellos financian para encubrir esta invasión… bajo el camuflaje de la “conservación”.

Lo que recién se inicia en Argentina, nosotros ya lo estamos terminando…

Nunca hemos colaborado con la mentira y con la ignorancia. Nunca nos hemos callado ni nos han atemorizado y estamos nuevamente aquí porque lo único que tenemos es este país, nuestro país… y eso sí que no lo vamos a perder. Por supuesto que el monstruo es grande y pisa fuerte, pero como dirían el “Nacho” y el “Niki”, seguramente acostados sobre los neumáticos en desuso del set elegido por Justiniano para su film: la contienda es desigual….PERO IGUAL !!

Parte 1: La Captura de las Aguas Interiores de la Patagonia Chilena.

En octubre 10 de este año, la Comisión Regional del Uso del Borde Costero de la Región de Los Lagos (CRUBC-Los Lagos) rechazó una solicitud de Espacio Marino Costero de los Pueblos Originarios (EMCPO) que tenía una extensión de más de 56.000 hectáreas, tras una votación aplastante de sus 46 integrantes¹.

De ellos, 41 se pronunciaron EN CONTRA de la solicitud, mientras que los otros 5 (entre ellos, los dos integrantes indígenas de dicha Comisión) decidieron abstenerse. En consecuencia, NINGUNO de los integrantes de la CRUBC-Los Lagos estuvo a favor de la solicitud presentada en una fecha sobre la que existen discrepancias: mientras la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA, servicio que recibe las solicitudes de EMCPO) indica que fue presentada en 2020, la prensa local señala que la tramitación se extendió por 7 años, es decir, la solicitud en comento se habría presentado en 2018.

En efecto, la siguiente Figura 1 muestra la solicitud de EMCPO “NGULAN ÑUKE LAFKEN” solicitado por una Asociación indígena de igual nombre en 29 de diciembre de 2020, según la base de datos asociada a la captura de pantalla del Visualizador de Mapas de SUBPESCA, lo que no coincide con los “seis años de tramitación” que menciona el Gobierno Regional de los Lagos en su comunicado de prensa arriba citado.

La solicitud cubría aproximadamente el 70% de todo el Seno de Reloncaví y equivalía a aproximadamente un 80% de la superficie que tiene el Área Metropolitana de Santiago.

Durante todo el tiempo de tramitación de esta solicitud (de 5 a 7 años, dependiendo la fuente de información) las modificaciones a la infraestructura productiva existente en esta superficie, como ampliaciones, modificaciones, relocalizaciones o instalación de nueva infraestructura, quedaron paralizadas a la espera no sólo de la decisión de la CRUBC- Los Lagos, sino que además, si la solicitud hubiese sido aceptada, a la espera de la presentación de un Plan de Administración de tal Espacio y probablemente también de un Plan de Manejo, si es que los integrantes de la Asociación Indígena hubiesen querido explotar los recursos hidrobiológicos presentes en el sector, tal como se establece en la normativa que nadie lee, ni los solicitantes ni sus abogados, ni las ONGs que los asesoran.

En resumen, al menos un año más de paralización de los cambios en el aparato productivo en el 70% del Seno del Reloncaví.

Las reacciones al rechazo de la solicitud de EMCPO en comento, son mayoritariamente de celebración, tal como en Aysén en 2024, cuando unas 40 personas de origen indígena, agrupadas en comunidades solicitantes, no tuvieron éxito en solicitudes de EMCPO por un total de 600 mil hectáreas en la Región patagona… Más de 15 mil hectáreas por cada solicitante era lo pretendido, apostando a una capacidad de gestión que ya se quisieran los Ingenieros del Tránsito de Santiago, que deben administrar la circulación vehicular en “apenas” 68.000 hectáreas en el Área Metropolitana.

Lo que se logró, en cambio, fue abrirle los ojos, a los habitantes de las regiones australes, acerca de lo descabelladas de estas pretensiones de una población indígena con dirigentes que se creyeron los cuentos de la Convención Constituyente de 2022.. y los susurros al oído de las ONGs que pululan a sus alrededores.

Pero también ha habido reacciones de repudio a este rechazo, aunque con una diferencia sustancial entre estas y las de celebración: mientras el “repudio” a la decisión de RECHAZO de la CRUBC- Los Lagos al ECMPO “NGULAN ÑUKE LAFKEN” se ha manifestado a través de redes sociales y columnas de la prensa santiaguina, principalmente, las celebraciones a la resolución fueron en las calles de Puerto Montt, con una marcha previa a la votación de la CRUBC y otra posterior a esta, donde se gritaba la consigna… “EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO”…aunque usted no lo crea, porque, supuestamente, ambas marchas fueron financiadas por los “compañeros” de Salmon-Chile…

Lo que nadie ha dicho en este país con un 84% de analfabetos funcionales y los peores indicadores educativos a nivel MUNDIAL, es que el rechazo a este Espacio, producido en la CRUBC- Los Lagos en octubre pasado, evitó que esas 56.000 hectáreas entraran al listado de “áreas protegidas” PRIVATIZABLES que considera la Ley 21.600, vigente desde Septiembre de 2023 y que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para “administrar” TODAS las áreas silvestres protegidas en Chile, tanto marinas como terrestres y tanto estatales como privadas, Servicio que cobija, además, un “Sistema Nacional de Áreas Protegidas” (SNAP) cuyos integrantes se designan a dedo y que se encargará de los distintos negocios asociados a esta nueva “gobernanza”: por ejemplo, la venta de “bonos de carbono” y el “Corretaje de Propiedades”, que es en lo que se convirtió el discurso de la “Conservación” tanto en Chile como en el resto de la América Latina, como lo demostraremos en el Capítulo final de esta serie.

En efecto, la Ley SBAP ha creado un nuevo ente que viene a reemplazar a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en sus roles de administración y gestión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) para agregar, a las áreas silvestres protegidas estatales tradicionales, los “parques privados”, con el único objeto de incluir a estos últimos no sólo en los subsidios estatales que se destinan para su mantención, sino en los negocios citados.

Pero la Ley SBAP no sólo creó este Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) sino también las “Áreas de Conservación Indígena” para incluir a los Espacios Marino Costeros de los Pueblos Originarios (EMCPO) dentro de la denominación de Área Protegida y dejarlos “aptos” para su posterior PRIVATIZACIÓN. El EMCPO “NGULAN ÑUKE LAFKEN”, de 56 mil hectáreas de superficie y rechazado por la CRUBC- Los Lagos tenía ése destino.

Se debe entender claramente esto: en Chile, hoy, la Naturaleza es “protegida” PARA PRIVATIZARLA o TRANSNACIONALIZARLA. Y el resto, es verso globalista inflado con Hidrógeno Verde… En efecto, la Ley SBAP señala, en sus Artículos 53° y 62° del Párrafo 1° Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) lo siguiente (texto resaltado):

“Párrafo 1º Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas

Artículo 53.- Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Créase el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en adelante «el Sistema», constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas, continentales e insulares (…)

Artículo 62.- Área de Conservación de Pueblos Indígenas. Denomínase Área de Conservación de Pueblos Indígenas un área ubicada en tierras indígenas o en espacios costeros marinos de pueblos originarios (…)

De esa manera, los Espacios Marinos EMCPO, solicitados por las asociaciones o comunidades indígenas en las aguas interiores de la Patagonia Chilena, fueron instalados dentro de las Áreas Protegidas que gestionará el SNAP inserto en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, SBAP, para proceder a su privatización, como todas las demás “Áreas Protegidas” ya creadas o por crearse.

La situación es esta y no otra: a partir de Septiembre de 2023, en Chile las áreas silvestres, terrestre o acuáticas, creadas antes o después de la Ley SBAP, incluidas las nuevas “Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas”, SON PRIVATIZABLES, bajo la modalidad de “Concesiones Transferibles” por un plazo de 30 años. Esto es, bajo el mismo modelo aplicado a las carreteras de la República que también son Bienes Nacionales de Uso Público, que le pertenecen a todos los chilenos, pero con las que se hace lo que se quiera sin preguntarle a sus propietarios.

Así lo señalan, con extraña claridad para una Ley creada por el actual “Gobierno Ecologista”, los Artículos 79° y 88° de la Ley SBAP en comento (Texto resaltado):

“Artículo 79.- Concesiones en áreas protegidas del Estado. En beneficio de los objetivos del Sistema ², el Servicio podrá otorgar concesiones en áreas protegidas situadas en bienes fiscales sólo para actividades de investigación científica, educación o turismo que requieran la instalación de infraestructura y tengan una duración mayor a un año.

Artículo 88.- Transferencia de la concesión.

El concesionario podrá transferir la concesión.

La transferencia de la concesión deberá ser total, comprendiendo todos los derechos y obligaciones que emanen del contrato de concesión. (…)Sólo podrán ser objeto de concesiones aquellas áreas protegidas que cuenten con plan de manejo.

Las concesiones en áreas protegidas no podrán exceder de treinta años”.

De esta manera, los Pueblos Originarios solicitantes exitosos de Espacios Marinos Costeros que se consagraron en la llamada “Ley Lafkenche”, tendrán la oportunidad, en el futuro cercano, de concursar con PEW, Nat Geo- Pristine Ocean, Rewilding (Ex Tompkins Conservation), OCEANA Inc., Packard y otros interesados, con nombres igualmente “criollos”, para obtener una concesión de hasta 30 años de su “ancestral” Espacio Marino.

Algunas de las ONGs subsidiarias de la élite globalista, como FIMA, ¿les habrán explicado esto a las comunidades indígenas que asesoran o defienden, sin éxito alguno, por cierto?. ¿También las van a asesorar cuando tengan que participar de estas licitaciones o asesorarán a quienes los financian?

De esta manera, creando explícitamente una nueva categoría de “protección”, los EMCPO se sumaron a la lista de “Áreas protegidas acuáticas” (privatizables) que ya había consignado varios años antes el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y que se muestran en la siguiente Figura 2, elaborada con la información que entrega SERNAPESCA en su página web.

Allí se encuentran, como “áreas marinas protegidas” y por lo tanto “privatizables”, desde los Parques Marinos hasta las Áreas Marino Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) además de las “Reservas Marinas” y los Santuarios de la Naturaleza con ambiente Marino, como es el caso de la Isla Lagartija en la Comuna de Calbuco, donde menos de una hectárea de su superficie de 32 hectáreas ha sido declarada como Santuario de la Naturaleza, pero con eso… basta para hacerla “privatizable”.

Es a tal listado que deben agregarse los EMCPOs que reclaman las comunidades indígenas costeras, pues la llamada “Ley Lafkenche” es la herramienta elegida por las ONGs y sus financistas para apropiarse del Mar Interior de la Patagonia, usando a las comunidades como un camuflaje histórico (“ancestral”) y manipulándolas para que eleven este tipo de solicitudes con superficies descabelladas que abarcan los intereses de los financistas de las ONGs que los asesoran: las superficies “privatizables” de los mares interiores australes y el desalojo de los territorios que también les interesan y ya les pertenecen.

El EMCPO se transforma, gracias a la Ley SBAP de 2023, en la piscina de agua salada que la élite globalista necesita agregarle al Elysium que ya ha levantado en tierra…

En efecto, usando la Ley Lafkenche y solicitudes de EMCPO amparadas por ella, detienen el aumento de la actividad productiva marítima que se requiere para abastecer de empleo al crecimiento poblacional. Sin trabajos disponibles, se produce la emigración de los jóvenes, se desocupan las regiones y se hace posible “el ambiente prístino”, es decir, SIN PERSONAS, que requiere una élite globalista que considera “plaga” al ser humano.

Y como he demostrado más arriba, la Ley SBAP les permite “concesionar” para sus intereses tales Espacios Marinos. Negocio redondo.

El problema no es menor para las tres regiones australes ni para la soberanía alimentaria nacional, que depende, principalmente de la extracción de alimentos de nuestro mar soberano… hasta ahora.

La Figura 3 siguiente muestra la totalidad de Espacios Marino-Costeros de los Pueblos Originarios que se han solicitado en el Mar Interior de la Región de Los Lagos (Seno del Reloncaví y Mar Interior de Chiloé) a Septiembre de 2022 y Septiembre de 2025.

Como se puede apreciar, al año 2022 aproximadamente el 70% del Mar Interior de esta Región estaba solicitado para ser destinado a Espacios Marinos Ley Lafkenche, además del 80% de la Costa Weste de la Isla Grande de Chiloé.

Al año 2025, sólo se ha reducido significativamente la superficie solicitada como Espacio Ley Lafkenche en la Costa de la Isla Grande de Chiloé y el EMCPO rechazado en octubre recién pasado por la CRUBC- Los Lagos.

Se destaca en esta imagen el caso de la solicitud de Espacio Ley Lafkenche denominada “Cucao”, que se redujo dramáticamente A UN DÉCIMO DE LO ORIGINALMENTE SOLICITADO en marzo de 2016. Hoy sólo quedan 11.000 hectáreas en tramitación. En el resto, desaparecieron, al parecer, los derechos consuetudinarios que inicialmente se reclamaron.

A pesar de eso, de los más de NUEVE AÑOS transcurridos desde el ingreso de la solicitud en Cucao y de la reducción del espacio reclamado, aún no se materializa tal solicitud y en consecuencia, todas las actividades, inversiones productivas y desarrollo de la pesca artesanal, por ejemplo, se encuentran paralizadas a la espera de que se formalice esta solicitud, pues, tal como lo establece la Ley Lafkenche, el espacio solicitado para un EMCPO es intocable con la sola presentación de la respectiva solicitud y hasta que se resuelva la misma.

Lo mismo ocurre con todos los Espacios que ven en el Mapa, pues los diez a doce “espacios otorgados”, que en la imagen a la derecha aparecen en color naranja, aún no han presentado sus planes de administración para completar el proceso de otorgamiento. Mientras tanto, la actividad marítimo-portuaria, incluidas las necesidades propias de la pesca artesanal, siguen paralizadas en sus modificaciones, ampliaciones y nuevas instalaciones.

La Figura 4 siguiente muestra la dimensión que tenían las más de 600.000 hectáreas solicitadas por cuatro comunidades indígenas (que sumaban unas 40 personas de origen indígena) en la Región de Aysén y que durante SIETE AÑOS paralizaron las modificaciones y ampliaciones de la infraestructura productiva en el Mar Interior de la Región de Aysén.

Más de la mitad de la Reserva Nacional Las Guaitecas, creada por el Estado Chileno en 1938 y con una superficie oficial de más de UN MILLÓN DE HECTÁREAS, entraba al menú de “Áreas protegidas privatizables” que el actual Gobierno “Ecologista” le ofrecía a los concesionarios interesados en obtener para sus propios intereses esta propiedad del Estado. Y para eso, unas 40 personas, agrupadas en sólo cuatro organizaciones indígenas, colaboraban presentando solicitudes descabelladas que fueron finalmente rechazadas después de SIETE AÑOS de tramitación y de paralización de las mejoras necesarias para la actividad productiva marítima de la Región patagona.

Quizás si más escandaloso que lo anterior es la situación en Magallanes, donde existen en tramitación a la fecha, tres solicitudes de EMCPO (Ley Lafkenche).

La solicitud con más superficie corresponde al EMCPO “KAWESQAR ÚLTIMA ESPERANZA”, con una superficie de más de 275.000 hectáreas dividida en 4 sectores: “Seno Skyring” al sur y “Canal de Las Montañas”, “Natales” y “Península Staines” al norte de la solicitud, como muestra la siguiente Figura 5:

Aunque la solicitud fue ingresada en el año 2018, aún la Corporación Nacional Indígena (CONADI) no entrega el Informe de Usos Consuetudinarios que se necesita para justificar el ingreso de tal solicitud, tal como se lo informó CONADI, tras una solicitud de información pública amparada por la Ley de Transparencia, al Sindicato de Interempresas de Oficiales y Tripulantes de la Marina Mercante (SITONERS) este año 2025. Ya van siete años de paralización para el aparato productivo marítimo pesquero. ¿Cuántos años más faltan para que la CONADI haga su trabajo?.

Esta solicitud, con una superficie que equivale a CUATRO VECES la superficie del Área Metropolitana de Santiago, fue presentada por tres comunidades kawesqar que suman, en total, sólo 42 personas, según lo informado por la propia CONADI a SITONERS en respuesta a la solicitud de información pública que se indica en la siguiente Figura 6, donde se destaca que cada uno de los integrantes de las comunidades indígenas solicitantes mostrarían una capacidad de gestión tan admirable como la que aseguraban las comunidades en Aysén: en Magallanes, cada integrante de las tres comunidades solicitantes del EMCPO en comento, debería gestionar más de 6.500 hectáreas del espacio solicitado.

Ahora bien, ¿que tan representativas del pueblo kawesqar de Magallanes son estas comunidades solicitantes no sólo de este inmenso EMCPO, sino también de otro muy menor en superficie?.

La Figura 7 siguiente entrega esta respuesta.

La Figura 7 arriba mostrada corresponde a los mismos antecedentes que CONADI entregó a la solicitud de información anteriormente señalada y presentada por el Sindicato SITONERS.

En ella, como muestra la Figura, CONADI señaló que en Magallanes se reconocen 23 comunidades indígenas, de las cuales 21 son Kawésqar, con unos 300 integrantes en total. Es decir, las Comunidades solicitantes del EMCPO “Kawesqar Última Esperanza” son absolutamente MINORITARIAS respecto al número de Comunidades reconocidas por CONADI (3 de 21) y al tamaño de la población kawesqar allí organizada (algo más del 10% del total de población kawésqar organizada).

¿Es legítima siquiera, entonces, la solicitud presentada?. ¿Los ancestros de los demás kawésqar nunca navegaron, nunca pescaron ni cazaron lobos marinos? ¿No recogieron hierbas medicinales ni tuvieron sitios sagrados?. ¿Los únicos kawesqar que existían eran los ancestros de estas comunidades solicitantes de EMCPOs “privatizables” en virtud de las disposiciones de la Ley SBAP?.

De este “robo con sorpresa” que representa la Ley SBAP, también son víctimas los pescadores artesanales que, en conjunto con municipios y ONGs “asesoras”, solicitan y establecen Áreas Marino Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) que a partir de Septiembre de 2023 también son “privatizables” al estar consideradas como Áreas Marinas Protegidas.

El Área Marino Costera de Múltiples Usos tiene por objeto la explotación “sustentable” de los recursos hidrobiológicos presentes en ella para evitar su depredación y particularmente notable es el caso del Área Marino-Costera Protegida de Múltiples Usos “Tortel”, creada en 2018 en el Golfo de Penas del Océano Pacífico, al Weste de la localidad de Tortel, Región de Aysén y que también incluye canales del mar próximo a la localidad.

Me ha señalado don Henry Angulo, dirigente de la pesca artesanal local, que demoraron 4 años en definir el Área a declarar y los planes de manejo de la misma, en un trabajo conjunto con la Municipalidad de Tortel y la ONG transnacional OCEANA (Figura 8).

La superficie de esta AMCP-MU “Tortel”, que es administrada no casualmente por el Ministerio del Medioambiente (autor de la Ley SBAP) alcanza a más de 670 mil hectáreas, esto es, DIEZ VECES LA SUPERFICIE DEL ÁREA METROPOLITANA DE SANTIAGO… y por la que ahora los pescadores artesanales tendrán que concursar para obtener su “concesión”, a pesar de que ellos ayudaron a elaborarla y a pesar de que fue decretada siete años antes de la promulgación de la Ley SBAP, que ahora permite su privatización.

Así, lo “perdido” por las ONGs en el caso de las EMCPO rechazadas por la CRUBC-Aysén en 2024, sería recuperado por estas y sus financistas solamente ganando la licitación por la concesión de esta AMCP-MU “Tortel”. Así de simple.

La Ley SBAP y sus disposiciones relativas al mar chileno o áreas protegidas con ambientes acuáticos, son parte del Plan B que tenían el Gobierno “Ecologista” y la Élite Globalista ante un eventual fracaso en el Primer Proceso Constituyente plebiscitado en Septiembre de 2022, que pretendió dotarnos de una Constitución Globalista propia del Globalismo: una Constitución Política demencial.

NO ES CASUAL que el Presidente “Ecologista” sólo haya demorado 6 meses, tras la derrota de Septiembre de 2022, en acudir a EEUU para firmar un Acuerdo Internacional que TRANSNACIONALIZA el 30% y quizás más del Mar sobre el que el Estado Chileno tiene jurisdicción, como lo demostraremos en el siguiente Capítulo de esta serie.

Y TAMPOCO ES CASUAL que la Ley SBAP para la privatización de las áreas silvestres protegidas se haya redactado, tramitado y publicado SÓLO UN AÑO DESPUÉS DE LA DERROTA MENCIONADA. Todo eso, en sólo UN AÑO en el mismo Parlamento que hoy tenemos y que está de más caracterizar.

Por ahora, era necesario dedicar este primer Capítulo de esta serie “NADA QUE PERDER” a los instrumentos normativos creados para concretar, a vista y paciencia de los “ecologistas” e “indigenistas”, del despojo a los chilenos de su Patrimonio Natural y de la manipulación incluso de las comunidades indígenas para cumplir con los sueños de la Élite Globalista: tener un ambiente “prístino” en su Patio Trasero, con una Isla para Di Caprio… y una piscina de agua salada donde, alguna vez, existían Pueblos Originarios.

Mientras tanto, como parecieran indicarlo las Figura 9 y 10 superiores, donde se resalta como el actual “Gobierno Ecologista” se ufana de la existencia en Chile de la “economía de libre mercado” que instaló la UDI con el respaldo de fusiles y corvos acerados, usted y yo debemos hacer lo que debemos hacer: revisar nuestra cartera de inversiones…. y seguir esperando “el pasto”, porque también es “verde”.

Algo es algo.

En resumen…

Por Héctor Kol – Patagonia Chilena (o lo que queda de ella)

Notas :

1.- ::GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS:: Sala de Prensa, Noticias

2.-Se refiere al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SNAP.

El articulo Patagonia chilena : Nada que perder(I) apareció primero en piensaChile.

Alemania/Impacto medioambiental: la cadena ZDF aborda el tema de los residuos tóxicos generados por el desmantelamiento de aerogeneradores

Redacción piensaChile — Fri, 03 Oct 2025 18:05:52 +0000

Imagen superior: La foto muestra generadores eólicos, que nos siguen vendiendo «tecnología verde» o «generadores ecológicos». La verdad es que esta tecnología es altamente contaminante y su desguace se presenta como un tremendo problema, de larga vida. Cuidado con lo que nos venden como «desarrollo», el que ya llegó a la Araucanía. Vean el video al pié de este artículo.

03 de octubre de 2025

[Los destacados son nuestros. Red. piensaChile]

Las turbinas eólicas no son respetuosas con el medio ambiente. Con ella sólo se trata de obtener beneficios y el Gobierno también está involucrado en ello.

Este es, en resumen, el contenido del documental emitido recientemente en ZDF-Frontal, ¡toda una sensación para los medios de comunicación convencionales! ¿Está cambiando el viento en contra de la locura climática?

Durante años, en cada ocasión oportuna e inoportuna, se nos ha inculcado el mantra ecológico de que los aerogeneradores son respetuosos con el medio ambiente y constituyen un componente esencial de la denominada transición energética hacia una energía barata y renovable. Y que la eliminación de los aerogeneradores tampoco supone ningún problema; todo es muy fácil. Los críticos, que llevan tiempo afirmando lo contrario, han sido tachados de conspiranoicos y negacionistas del cambio climático por los principales medios de comunicación, entre los que se encuentra la cadena ZDF. Y ahora llega este increíble documental de ZDF.

El título del documental es: «¿Qué hacer con los restos de los molinos de viento cuando se desmontan?». El enlace al documental de la ZDF, que sin duda merece la pena ver, se encuentra aquí. Para empezar, el presentador plantea dos preguntas:

«Les diré dos frases y piensen y decidan ustedes cuál de las dos es incorrecta:

Primera: el fomento de la energía eólica es, en sí mismo, beneficioso para la naturaleza.

Segunda: los operadores de energía eólica son, en general, personas respetuosas con el medio ambiente.

A continuación, el presentador da la respuesta: «Bueno, ambas son incorrectas».

Y eso lo dice la ZDF justo al principio. A continuación, se aborda el tema del tratamiento que se da en Alemania a los aerogeneradores antiguos, que, dicho más exactamente, aquellos que dejan de ser operativos. El tratamiento que se les da, se presenta como un ejemplo de varios errores en su desarrollo. Por un lado, está la política estatal de subvenciones, que se centra únicamente en aumentar la producción de electricidad, sin tener en cuenta las consecuencias o los costes medioambientales de la eliminación de los aerogeneradores.

Con lo anterior queda claro que:

a) en el ámbito de las llamadas energías «renovables», como en cualquier otro sector económico, por lo general se presta más atención a obtener más ganancias que a reducir la «huella» medioambiental, y
b) la política muestra en esto poca disposición a remediar los abusos evidentes que ellos mismos han creado.

Sí, eso es lo que dice realmente el presentador de ZDF Frontal. Y entonces empieza de verdad y critica los aerogeneradores por «no ser respetuosos con el medio ambiente». Sólo se trata de obtener beneficios y el Gobierno también está involucrado en ello. A lo largo del programa se confirma lo que los críticos llevan advirtiendo desde un comienzo:

los aerogeneradores están fabricados con materiales altamente tóxicos, cuya eliminación resulta extremadamente difícil. Y la ZDF también admite que los aerogeneradores se desmontan porque ya no reciben ayudas ni subvenciones.

De hecho, la supuesta transición energética se basa en toda una serie de engaños. El ejemplo más reciente son las «comunidades de energías renovables», que supuestamente permiten que la electricidad generada localmente se consuma también localmente, lo cual es una completa tontería, al igual que la afirmación de que la energía es renovable, que los aerogeneradores protegen el medio ambiente o que suministran electricidad barata. El problema de la eliminación, en particular de las palas del rotor, se ignora con total indiferencia.

Afortunadamente, la cadena de televisión ZDF ha abordado el tema y plantea una de las muchas preguntas sobre los aerogeneradores que los defensores y operadores evitan:

«Para que sean ligeros y, al mismo tiempo, estables, están fabricados con diferentes materiales pegados entre sí, que son difíciles de separar. «Frontal» pregunta: ¿Qué hacer con los residuos de los aerogeneradores que no se pueden reciclar?».

El problema que se plantea al mismo tiempo, al menos de forma implícita, es la contaminación por la abrasión de estos adhesivos tóxicos y materiales compuestos de la parte delantera y trasera de las palas del rotor. Si el aerogenerador se encuentra en terrenos agrícolas, estos no deberían utilizarse para la producción de alimentos después de un tiempo, a fin de evitar daños para la salud al consumir los productos. Actualmente se aconseja a los cazadores que no consuman el hígado de los jabalíes abatidos en regiones con aerogeneradores debido a la contaminación.

Las palas del rotor desechadas se almacenan en enormes vertederos, sin importar los daños que esto pueda causar. Las palas, de entre 50 y 80 metros de largo y con un peso de varias toneladas, no son fáciles de transportar, por lo que a menudo se cortan in situ. Las palas del rotor están fabricadas con resinas sintéticas reforzadas con fibras de vidrio o carbono. La abrasión, inevitable en los bordes delantero y trasero de las palas del rotor, se dispersa en un amplio radio y contamina el suelo. Las micropartículas liberadas son tan nocivas como el amianto, contienen PFAS, una serie de sustancias químicas peligrosas, entre ellas el bisfenol A, y diversos metales.

Los componentes nocivos no solo se han detectado en el hígado de jabalíes, sino también en mariscos cerca de parques eólicos marinos.

A esto se suma el problema de la eliminación de residuos. En el vídeo de Schwarzwald-TV sobre el megaparque eólico «Holzschlägermatte» cerca de Friburgo, los vecinos informan de que las enormes palas del rotor simplemente se cortaron y se dejaron allí. El serrin generado por la sierra al cortarlas, altamente tóxico, se ha extendido por la zona.

El cambio se realizó por motivos económicos. Las antiguas instalaciones ya no eran rentables, ya que se suprimieron las subvenciones. Muchos ganan dinero con los aerogeneradores, que eran y siguen siendo una máquina de hacer dinero. La factura la pagan los contribuyentes. Esto es precisamente lo que criticaba el reportaje de la ZDF, emitido a principios de septiembre, pero que esta vez fue ignorado en gran medida o por completo por otros medios de comunicación. Fue la página web alternativa austriaca sobre ciencia y política (tkp) la que se encargó de que el reportaje de ZDF-Frontal no cayera rápidamente en el olvido.

-Traducido del alemán al castellano, por piensaChile, con uso de software.

*Fuente: RTDE.Press

Más sobre el tema:

En el video de más abajo, se muestran, como se describe en el artículo de más arriba, sólo un par de problemas de los vecinos Renaico. No saben la contaminación a que están siendo expuestos. Que el artículo que hemos publicado, sirva de alerta, antes de que sea tarde. No sería extraño que a Chile se estén exportando los generadores usados, que se están desmontando en Alemania, porque dejaron de ser rentables al reducirse o eliminarse las subvenciones que hacían rentable el negocio. Los vecinos de Renaico mencionan a la empresa alemana WPD. Fuimos a la página web de WPD.DE y encontramos un artículo, cuyo título traducido es este:

Éxito en Chile: wpd recibe un complemento en una licitación para parques eólicos terrestres con una capacidad total de 350 MW

¿Esto es desarrollo para Chile?
La Redacción de piensaChile

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Chile. ¿Quién mandó quemar a Julia Chuñil?

Redacción piensaChile — Thu, 02 Oct 2025 17:20:11 +0000

02 de octubre de 2025

Fiscal Calfil se niega a abrir el juicio. Igual como hizo con caso de Macarena Valdés.

“La quemaron”, dijo Juan Carlos Morstadt a su padre por teléfono, refiriéndose a Julia Chuñil Catricura, la dirigenta mapuche desaparecida desde el territorio ancestral en disputa en Los Laureles, comuna de Máfil, Región de Los Ríos. La cruda revelación de la intercepción telefónica autorizada, la hicieron este 30 de septiembre en Santiago, en CODEPU, las abogadas defensoras de la familia, Male Santana y Karina Riquelme. A ellas y a Carmen Caifil, la Fiscalía les cerró hace diez días todo acceso al caso, anulando su acreditación y dejando sin respuesta sus insistentes reclamos hasta ahora. Quedaron al margen de toda información, lo cual denunciaron como un grave incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH. Junto al equipo jurídico estaban Pablo San Martín, hijo mayor de Julia y Juana Aguilera, de la Comisión Ética Contra la Tortura y Rodrigo Bustos de Amnistía Internacional, quien reiteró la necesidad de cuidar el debido proceso y asegurar el acceso a la justicia. La familia ha recibido a este día 30 de septiembre el decidido apoyo y solidaridad del espacio Día a Día por Julia Chuñil y de todos los colectivos que en las calles y a lo largo de Chile han estado interrogando al Estado Dónde Está Julia Chuñil, al tiempo de exigir verdad y justicia, y castigo a los responsables de su desaparición.

Morstadt ostenta la calidad de imputado en la causa. Él se niega a responder preguntas pero miles de voces roncas de dolor y espanto lo interrogan ahora, desde el estupor que la noticia ha causado en todas y todos.

Sr. Morstadt, díganos ya, ¿Quién o quiénes quemaron a Julia Chuñil? ¿Quién dio la orden?

Jaime Calfil, el fiscal actual, el mismo que el equipo jurídico solicitó no fuera designado en el caso por su sesgo ideológico, en vez de formalizar al empresario en un juicio, escogió ampliar la lista de sospechosos a los tres hijos de Julia Chuñil, más otros miembros y amigos de la familia. Existiendo esa clara evidencia, y otra escucha telefónica que vincula a Morstadt con armas de fuego no autorizadas, la Fiscalía persiste en acumular elementos para un montaje que desvíe la atención de quien figura como el principal responsable, el empresario agroforestal ligado a redes del poder político y financiero en la Región de los Ríos. “Si me pasa algo, ya saben quién fue”: la frase premonitoria de Julia Chuñil en su entorno fue emitida tras la serie de amenazas que precedieron a su desaparición.

El imputado es además deudor del Estado pues no canceló los más de $1.000 millones de pesos que debe a CONADI, entidad que le devolvió graciosamente la propiedad de las 900 hectáreas en disputa.

¿Error o filtración interesada?

En la web del Ministerio de Justicia y/o de la Fiscalía estuvo por algunas horas disponible por un incomprensible error o por un plan deliberado, hace unos días, el oficio reservado 1849 del Fiscal Calfil dirigido al Juez de Garantía de Los Lagos, solicitando “medidas intrusivas” (intercepciones telefónicas) no sumadas a la carpeta investigativa. Los antecedentes que exponemos a continuación, así como la frase de Morstadt sobre el destino final de Julia Chuñil, figuran en ese oficio. A días de un nuevo aniversario de la desaparición, podrían ser usados una vez más en medios de comunicación asociados al poder hegemónico, que buscan deslegitimar la lucha por verdad y justicia para Julia Chuñil, inculpando a la familia.

El oficio del desprolijo fiscal Calfil al juez de garantía detalla que cuenta con tres testigos reservados (secretos) de los cuales no entrega ningún antecedente, pero son probablemente carabineros ya que uno de ellos escuchó uno de los audios citados en el relato. Los testigos secretos son su fuente principal para la lista de sospechosos, en la cual figura Pablo San Martín, porque su madre le habría vendido un terreno días antes de la desaparición. A partir de unas palabras de una menor, citadas por uno de los testigos secretos, la hija de Julia Chuñil, Jeanette Troncoso, es presentada como sospechosa. Javier y Andalien, los otros hijos varones también aparecen como sospechosos por supuestas contradicciones respecto del primer día de búsqueda. El relato de un testigo secreto sostiene que vio a los tres hermanos quemando ropas de la madre en un tambor con bencina, fuera de la casa de Julia. Para lograr el consentimiento del juez, el fiscal Calfil citó además el supuesto hallazgo de huellas de sangre de los hijos Javier y Andalién, en la casa recuperada, y en una astilla de la carreta, pese a que en la carpeta investigativa nunca se puso aquello como prueba. Cita los análisis de LABOCAR que se sabe está bajo el mando del suboficial José Arriagada, con un expediente de fracasos y malas prácticas en un caso ocurrido en la Región del Biobío con un menor, del cual tuvo que ser apartado. En este caso, las abogadas denuncian que estuvo a cargo de las pesquisas por georadar enfocándolas todas hacia el núcleo familiar.

El fiscal Calfil por su parte, evidenciando total desconocimiento de los protocolos en caso de desaparición forzosa, interpretó la frase “sin cuerpo no hay delito”, como una autoinculpación de otra persona de la familia, a la cual le atribuye “manejo de información reservada”. Pero ese término es de uso frecuente e histórico entre personas que buscan a un desaparecido. Sin duda hay menosprecio y subestimación del aprendizaje que hacen los familiares de una persona desaparecida, en medio de su dolor y desesperación.

Se trata del mismo fiscal que nunca abrió el juicio por el feminicidio empresarial de Macarena Valdés. Recordamos que Rubén Collío denunció al fiscal Calfil en 2019 en espacios públicos, por haber puesto la carpeta investigativa de la muerte de Macarena Valdés en manos de empleados de la empresa RP Global. Funcionarios de esa empresa eran los principales sospechosos, porque antes habían acosado y amenazado a la joven madre de 4 hijos, defensora de su territorio. Asimismo, posteriormente, en medio de un desfile de fiscales tal como ahora, en la investigación se perdió el informe relativo a la autopsia independiente que demostraba que Macarena había sido asesinada antes de ser colgada para simular un suicidio.

A días de cumplirse 11 meses de la desaparición de Julia Chuñil, defensora de bosques y aguas, madre y abuela, impunidad y montaje se dan la mano y la justicia clasista hace caso omiso de las advertencias internacionales sobre su corrupto desempeño. El gobierno informó en agosto a la Comisión Interamericana de DDHH, y a las organizaciones de la sociedad civil, que estaba redoblando sus esfuerzos en el caso, y que mantenía informado sobre ello a la familia tal como se les había requerido. La permanencia de Calfil a cargo del caso es a todas luces insostenible.

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Chiloé: por conducta maliciosa demandan declarar inválido el permiso para Ecopower

Redacción piensaChile — Mon, 30 Jun 2025 19:14:02 +0000

30 de junio de 2025

Institucionalidad ambiental y chilotes demandan declarar no válido permiso de ECOPOWER para Parque Eólico Chiloé por conducta maliciosa

El próximo martes 1° de julio en Santiago, en Morandé 360, a partir de las 10 AM, el Segundo Tribunal Ambiental decidirá la validez o no del permiso ambiental de EcoPower, para su proyecto en Ancud, Parque Eólico Chiloé, revalidado por la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en 2020. La propia SMA sostiene hoy que no es válido, debido a la maliciosa conducta empresarial evidenciada para obtenerlo. En inusitada alianza, la institucionalidad ambiental y las comunidades afectadas que descubrieron y denunciaron esa maniobra, probarán que a horas de concluir el plazo legal para el inicio de actividades fijado para 2020, la empresa envió a la SMA un montaje fotográfico fraudulento para acreditar obras inexistentes.

Ecopower, de capitales chileno-suecos, alegará por la continuidad del proyecto, que comprende 42 aerogeneradores en el sector Mar Brava, instalados incluso a menos de 150 metros de distancia de las casas. En representación de la comunidad ancuditana lo hará la Defensoría Ambiental. Desde Chiloé, se ha hecho un llamado a sus coterráneos que viven en Santiago, a acompañar con todo a la manifestación convocada para ese día por las coaliciones socioambientales Salvemos Mar Brava, Chiloé sin Eólicas, y apoyada por la citada Defensoría Ambiental, el Movimiento por el Agua y Territorios MAT y la Coordinadora Ambiental El Bosque-San Bernardo.

La línea de transmisión del proyecto se extiende por más de 10 localidades rurales de la comuna de Ancud que reciben miles de visitantes chilenos y extranjeros cada año. Los impactos de esta iniciativa se sumarían a los que generará la llamada Carretera Eléctrica recientemente aprobada por el Comité de Ministros, un proyecto fuertemente rechazado por las organizaciones locales y para cuya aprobación aún hay pasos pendientes.

Jóvenes y niños de la zona lucha en defensa de Mar Brava

Gisella Saldivia, agricultora del sector impactado por la iniciativa, participa desde sus inicios del movimiento Salvemos Mar Brava, que ya lleva 15 años. Nos envía su apreciación:

“Ha sido un largo proceso sumamente burocrático y desgastador para nosotros. Hemos tenido que velar por cada paso de del avance del proyecto desde que la empresa inicia su acercamiento a la comunidad, el cual en realidad fue forzado, porque al principio el proyecto no contemplaba participación ciudadana.”

Interrogada sobre los impactos, sostiene:

“Las afectaciones son muy diversas, son medioambientales, sociales y también económicas porque hay toda una comunidad de habitantes en que muchos somos lugareños, hemos vivido siempre aquí, y muchos otros han llegado a vivir en la zona. Pero nuestras actividades están basadas precisamente en los recursos naturales, en el paisaje, y se combinan con actividades de turismo. Todas estas actividades resultan afectadas por este proyecto.”

Paseo en botes para turistas

Prontuario de EcoPower

El fotomontaje del 2020 quedó al descubierto porque la comunidad local verificó en terreno la inexistencia de la instalación del container de la foto en el sector de Mar Brava, por lo cual solicitó en 2022 a la SMA la invalidación del inicio de actividades. En enero de 2023 la empresa de nuevo intentó engañar a la SMA pero el control vecinal hizo fracasar ese intento, procediendo la Superintendencia a declarar inválido el inicio de actividades. La empresa tuvo éxito apelando al Tribunal Ambiental, sin embargo en 2024, la Corte Suprema en un recurso de casación, instruyó al Tribunal Ambiental a analizar el fondo del asunto, lo que se hará ahora. Es la segunda vez que la Corte Suprema sanciona a EcoPower, ya que en 2010 obligó a la empresa a realizar la consulta indígena a la comunidad huilliche AntuLafquen, eludida inicialmente.

El deficiente desempeño de esta empresa en Chiloé desmiente la propaganda empresarial actual acerca de que en Chile, es el exceso de normas lo que dilata los proyectos, lo que sería culpa de la institucionalidad ambiental. Con ese pretexto en el Congreso están avanzando iniciativas legales que hacen retroceder las leyes ambientales y su institucionalidad, mientras en el país se registra un clima creciente de amedrentamiento a los defensores del ambiente y los derechos humanos.

Uno de los sectores afectados en este proyecto es el área de Mar Brava, una playa de 9 km de fuerte oleaje con ecosistemas de dunas -con sitios arqueológicos- y lagunas; entre sus actividades económicas incluye la pesca artesanal, el ecoturismo y la agricultura campesina. Mar Brava está cercana al monumento natural Islotes de Puñihuil. Allí hay zonas de alimentación y reproducción de cetáceos protegidos. Otros sectores impactados son Quilo, Quetalmahue, Aucaco, Tehuaco, Lajas Blancas, Mechaico, Cogomó, Chorihue. Se trata de comunidades rurales e indígenas donde también existe bosque nativo.

Turista observador de aves

Para las comunidades afectadas, que llevan 15 años resistiendo el proyecto y para la propia SMA, el uso de antecedentes falsos por ECOPOWER SAC representa «un peligro para la institucionalidad ambiental chilena», y se espera una sentencia que avale la legislación ambiental y evite que las empresas se burlen de las entidades encargadas de velar por su cumplimiento.

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El compromiso de Boric con el medioambiente y la amenaza minera de Rubí a la Reserva Nacional «Cajón del Maipo»

Redacción piensaChile — Sat, 07 Jun 2025 17:23:20 +0000

07 de junio de 2025

Ante avances del proyecto minero Rubí: Queremos Tupungato llama a recolección de firmas para crear reserva nacional en el Cajón del Maipo

Por: Queremos Tupungato

Artículo publicado originalmente el 17 de octubre, 2024

En el Valle del Maipo se encuentran las últimas grandes tierras fiscales de la Región Metropolitana, son 142 mil hectáreas que contienen más de 380 glaciares, reservas de agua dulce para el Gran Santiago, y diversas especies endémicas. Desde el 2023, con la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, se protege sólo las altas cumbres, dejando el sector bajo (67.000 hectáreas), desprotegido. La trasnacional Knauf busca abrir una mina a cielo abierto con una capacidad productiva de 375 mil toneladas de yeso anuales, lo que aceleraría el derretimiento de los glaciares, además de alterar el entorno natural, la vida de los habitantes de San José de Maipo y ser totalmente incompatible con una gran área protegida y un espacio para la recreación y protección de la naturaleza. La campaña ciudadana Queremos Tupungato (antes conocida como Queremos Parque) busca la urgente protección de este territorio y en su campaña “Nos falta Valle” está juntando firmas a través de su web para convertir este predio en una reserva nacional.

Chile es el país de Latinoamérica más afectado por el calentamiento global, siendo la sequía el mayor desafío al que se enfrenta. El país también es hogar del 80% de los glaciares de América del Sur, que representan una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. El cambio climático está acelerando el derretimiento de estas masas de hielo,especialmente en la zona central del país, donde se encuentran en una situación crítica.

En la Región Metropolitana, el área con mayor concentración de glaciares se encuentra en el predio fiscal Río Colorado de 142 mil hectáreas, propiedad del Ministerio de Bienes Nacionales. El predio equivale a 2,2 veces el área urbana de Santiago y está ubicado al sureste de la capital, en la comuna de San José de Maipo.

Glaciar Sierra Bella

La campaña ciudadana Queremos Tupungato (antes conocida como Queremos Parque y que cuenta con el apoyo de más de 200 organizaciones), busca la urgente protección de este territorio que enfrenta desafíos constantes. Entre ellos la amenaza más urgente: la minería.

Esta zona está protegida desde 1994 como área de preservación ecológica en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS). Sin embargo, a pesar de esta restrictiva declaración , se han aprobado proyectos de alto impacto ambiental como la hidroeléctrica Alto Maipo. Estas actividades, junto con el riesgo constante de nuevos proyectos extractivistas, hacen urgente la protección de todo el territorio como Área Protegida del Estado.

En marzo del 2022, el Presidente Piñera, seis días antes de terminar su segundo mandato, anunció la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, que fue decretado por el Presidente Boric en agosto de 2023. El Parque protege la mitad del territorio fiscal del Río Colorado, ya que comienza desde los 3.600 metros sobre el nivel del mar, protegiendo 380 glaciares. Estas masas de hielo son las principales reservas de agua dulce para los más de 7 millones de habitantes del Gran Santiago.

Gato andino

La creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago fue un logro importante para Queremos Tupungato, ya que es el primer parque que se crea por solicitud de la ciudadanía. Sin embargo, deja sin protección 67.000 hectáreas, que son las áreas bajas del predio fiscal, que son justamente las más vulnerables a la minería y donde se encuentra la mayor diversidad biológica.

El Tupungato es la montaña más alta del predio, tiene 6.570 metros, solo 391 metros menos que el Aconcagua, la cumbre más alta del planeta fuera de los Himalayas y que se encuentra a 113 kilómetros de distancia.

El Compromiso de Gabriel Boric y la amenaza minera de Rubí

Durante la Cuenta Pública de 2024, el presidente Gabriel Boric anunció la protección de toda la cuenca de los ríos Olivares y Colorado. Promesa que se vio empañada con la publicación del Decreto Exento 114 del Ministerio de Bienes Nacionales, que reservó 31 mil hectáreas para la protección patrimonial y dejó 24.000 mil hectáreas sin protección, susceptibles de ser privatizadas.

Río Olivares, El Colorado

Desde el 2019 que el proyecto Rubí de la transnacional alemana Knauf busca abrir una mina a cielo abierto con una capacidad productiva de 375.000 toneladas anuales en el corazón de este territorio. La mina operará mediante perforación y tronadura, un método altamente contaminante que aceleraría el derretimiento de los glaciares, además de alterar el entorno natural, la vida de los habitantes de San José de Maipo y ser totalmente incompatible con crear un área protegida alrededor.

Actualmente, el proyecto Rubí de Knauf está siendo evaluado en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y en una primera ronda de evaluación, el gobierno no lo rechazó. El Servicio de Evaluación Ambiental incomprensiblemente omitió considerar que el proyecto minero es incompatible con el Plan Regulador de Santiago, que señala el área como de Preservación Ecológica, y con lo anunciado por el Presidente Boric en su cuenta pública.

Pumas, especie que habita de la Cordillera de los Andes

La explotación también afectaría gravemente la única ruta de acceso a la zona, que es un camino estrecho que conecta todo el Cajón del Maipo, por donde circularían 216 camiones mineros diarios, agravando los problemas de tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

Si la mina llegase a existir haría imposible la realización del anhelo ciudadano de tener un gran parque natural a 60 kilómetros de Santiago. Un lugar de una naturaleza imponente, con zonas de picnics, de baño, y una red de senderos para conocer sus paisajes sobrecogedores, con vistas a volcanes, cascadas, y que es hogar de animales como cóndores, guanacos, pumas y que tiene vegetación nativa.

Queremos Tupungato hace un llamado a Knauf para que siga el ejemplo de AngloAmerican y Codelco, que en 2021 y 2023 respectivamente renunciaron a explotar sus concesiones mineras en el valle del Río Colorado para facilitar la creación de una gran área protegida para todas y todos.

Si deseas unirte a la campaña, visita la web Queremos Tupungato y firma la petición para que esta zona sea protegida. ¡Nos podemos permitir que los intereses económicos prevalezcan sobre la conservación de un entorno tan valioso!

*Fuente: LaderaSur

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Alto Mañihuales: Crónica de una contaminación anunciada

Redacción piensaChile — Sun, 01 Jun 2025 04:16:56 +0000

27 mayo, 2025
Graves problemas ambientales y de salud, son el resultado de la contaminación por metales pesados que la explotación y el despojo de la industria Minera ocasiona donde se establece. El problema se hizo manifiesto hace 10 años cuando fallecieron animales y se detectó plomo, mercurio y arsénico en la sangre de varias familias del sector de Mañihuales, en el extremo sur de Chile.

Localización

Ya son 10 años. Una década. Quizás un poco más.

En 1983, durante la dictadura militar, comenzó el proyecto minero subterráneo en lo que hoy es Minera Pacífico del Sur, quien adquirió la propiedad en agosto de 2019, después de estar en manos de diversos consorcios durante 35 años. La minera opera en el distrito subterráneo “El Toqui”, en la región de Aysén, cercano a la localidad de Mañihuales. Según su página web, dice ser el principal proveedor de zinc en Chile, produciendo además concentrados de plomo, oro y plata. En 2024, logró exportar un total de 62.000 toneladas de cinc concentrado destinado al mercado asiático. Este año ha concretado su segundo embarque de concentrado de zinc del año, con destino al puerto de Lianyungang, en China. En total, fueron 12.000 toneladas las que zarparon desde Puerto Chacabuco. “Nuestro objetivo es mantener esta línea de producción y continuar aportando al desarrollo de la industria minera chilena con estándares de calidad y eficiencia”, señalaba a un medio el gerente general de la minera, José Quiroga.
El yacimiento “El Toqui” abarca una extensa área de 1.800 km² y alberga yacimientos clave, como Doña Rosa, Aserradero, Mina Profunda, Altazor, Rosa Oeste, San Antonio Este, Mallín-Mónica, Mallín Sur, Porvenir, Estatuas y Concordia.(datos página web de la compañia)

El 24 de septiembre de 2014 se supo que estaban muriendo animales. Dos vacas en el predio El Mirador fue la primera alerta.

“Detectan plomo y arsénico en vacunos del sector Alto Mañihuales” tituló por esos días El Diario de Aysén. “Presencia de metales pesados en vaquilla muerta activa rigurosa fiscalización” agregaba El Divisadero.

El Colegio Médico de Aysén se sumó a los cuestionamientos, tras realizar sus propios análisis que confirmaron lo que se presumía: varias familias del sector presentaban altos niveles de concentración de metales pesados como plomo y arsénico, incluido zinc. Zinc, el mineral matriz de las operaciones de El Toqui, la compañía que bajo diversas controladoras ha explotado la zona desde mediados de los 80. La que desde 2019 es propiedad de la Sociedad Minera Pacífico del Sur.

Por esos días el gobierno abordó el asunto. Eran los tiempos de Bachelet 2.

El Ministerio de Salud identificó a las familias afectadas -y que estuvieron disponibles para ser parte del proceso- para impulsar un trabajo de atención de salud personalizada. Duró dos años el procedimiento, con controles, medicamentos y la sugerencia de que usaran, permanentemente, mascarillas. Familias que están desde antes de las operaciones mineras.

Como confirmara la señora Raquel este viernes en reunión con las autoridades: “Somos nacidos y criados ahí. No somos de afuera”. Cuando se retiraron del sector aledaño a los relaves, todos sus hijos ya habían sido impactados, incluida la más pequeña de cuatro años que “ya salió contaminada. Y también yo. Y así varios vecinos más”.

Se tomaron muestras al agua, se iniciaron fiscalizaciones, se impusieron sanciones. Todo mientras duró el revuelo. Unos dos años, más o menos.

El gobernador de Coyhaique, Cristian López Montecinos (DC), constituyó una mesa tripartita en el área: gobierno, empresa, vecinos. Como CODESA fuimos parte de las primeras reuniones, al ser una de las organizaciones que viabilizó que se conociera el tema a nivel regional y nacional. Rápidamente la autoridad provincial cerró la posibilidad para que ésta y otras agrupaciones cautelaran el avance del proceso.

Hoy, a más de tres mil kilómetros, López cumple otras funciones. Es ministro suplente en el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta. En estos años, ha favorecido con sus votos otro proyecto minero: Dominga, en Coquimbo.

El resultado de esa mesa quedó a la vista: Al poco tiempo ya estaba encaminada, con la recurrida práctica transaccional del Estado y ciertas empresas: asistencia económica a cambio de la salud de las personas y la integridad de los ecosistemas. Ahí estuvo el transporte público subsidiado hacia Coyhaique, un curso de alfabetización de adultos, instalación de paneles fotovoltaicos, entre otras medidas.

En esa época, el gerente de la empresa señalaba que “el plan definitivo de encapsulamiento de la corona del tranque está financiado para el año 2016, en enero comenzará el cierre definitivo, y evitar la polución. Esta tendría una inversión de 2 millones de dólares, aproximadamente, cumpliendo con esto el compromiso con la mesa”.

A los pocos años de los hechos de 2014, nos olvidamos. O, mejor dicho, el Estado y las controladoras. Porque desde la sociedad civil se siguió exponiendo el tema. En 2018 se organizó en Puerto Ingeniero Ibáñez el seminario “Agua, minería y agricultura: ¿Una relación virtuosa?”. Por cierto, ninguna autoridad participó. Estábamos en el gobierno de Piñera 2, que un año después sería raudo en apoyar la venta minera a sus actuales dueños, luego de la quiebra de la australiana Laguna Gold.

Lo ocurrido en este verano, con la muerte de una decena de vacunos es, diría alguien, crónica de una muerte anunciada. De varias muertes, más bien. No es que fuera novedad. En la reunión del viernes el SAG confirmó que en 2021 ya se tuvo conocimiento de pérdida de equinos por la misma razón: metales pesados.

En estos años no se ha activado un mecanismo de medición sistemático en el ecosistema del lugar para conocer a ciencia cierta y periódicamente los niveles de contaminación de los suelos, forraje, ganado, agua, hortalizas, no sólo al lado de los relaves sino mucho más allá. La gente lo dice: el polvo vuela hasta Lago Norte, a unos 10 kilómetros del relave Confluencia.

Tampoco, exámenes periódicos a los vecinos y pobladores. Que la logística, que es muy caro, que quizás no es tan grave. La oferta, los exámenes del sistema de salud normal al que accede toda la población. Y que se sabe detectan problemas cuando ya es demasiado tarde.

Y lo que es peor, ninguna medida concreta sobre el tranque de relaves Confluencia, de casi 6 millones de toneladas de material contaminante, que a la intemperie permanece distribuyendo mineral hacia los sectores aledaños.

Desde hace ya cinco años este pasivo ambiental está con orden de someterse a evaluación ambiental, medida que la Superintendencia del Medio Ambiente no ha tenido la voluntad de materializar. El organismo no concurrió a la reunión a la que se convocó el viernes último, a pesar de haber sido formalmente invitado el jefe de la oficina regional Oscar Leal.

En estos años, durante Boric 1, el seremi de Minería Juan Vásquez, paradójicamente militante del partido Federación Ecologista Verde Social (al cual hace un tiempo se integraron en masa múltiples militantes del extinto Partido Ecologista Verde), se ha dedicado a relatar “el liderazgo de la compañía”. A pesar de estar informado de las irregularidades, tampoco concurrió a la convocatoria.

Lo mismo ocurrió con Sernageomin, cuya directora regional Andrea Aguilar fue otra autoridad que se restó.

Ausencias que se notaron. Y que mantienen preguntas sin respuesta. Las mismas que el Estado, en distintos gobiernos, no ha tenido voluntad de zanjar. Y que valida lo que el viernes resumió la señora Raquel: “No hay que dejar que caiga (el tema), porque ahí sí que vamos a perder”.

Contaminación minera en Alto Mañihuales, Aysén

Antecedentes confirman que empresa minera no ha adoptado medida alguna tendientes a impedir o mitigar impactos ambientales y sociales, siendo evidente e incuestionable el vínculo causal entre este actuar ilegal de Minera Pacífico del Sur y la grave contaminación ambiental que afecta el ambiente, la salud y la vida de los habitantes de Alto Mañihuales”.…

*Fuente: PrensaOpal

El articulo Alto Mañihuales: Crónica de una contaminación anunciada apareció primero en piensaChile.

El empresario Morstadt debe a CONADI el pago del predio en disputa con Julia Chuñil

Redacción piensaChile — Fri, 04 Apr 2025 21:53:18 +0000

04 de abril de 2024

Ninguna filtración del reservado proceso que se lleva a cabo en la Región de Los Ríos por la desaparición de la dirigente mapuche Julia Chuñil el 8 de noviembre de 2024, alude al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter. Según la querella presentada por la Fundación Escazú, él era sindicado por la familia de Julia Chuñil como uno de los sospechosos, ya que en reiteradas ocasiones había amenazado a su madre para que abandonara el predio. “Si me pasa algo, ya saben quien fue”, advirtió la dirigente a su familia en un enmarañado contexto en que Morstadt habría comentado la inutilidad de que Julia acudiera a CONADI o a la fiscalía de Los Lagos, pues como empresario, él tenía amistad con personas de esas entidades.

Se ignora si la Fiscalía ha investigado ciertas filtraciones producidas cuando el fiscal Carlos Maldonado abandonó el caso para irse de vacaciones, traspasando la causa a la fiscal Claudia Baeza (de Los Lagos) y prolongando el secreto de la causa. Esta misma fiscal, la primera semana de la desaparición de la dirigente mapuche, condicionó la audiencia solicitada por sus hijos, a que se presentaran con un abogado, lo cual retrasó las diligencias de búsqueda.

Según información de CONADI obtenida por transparencia por esta periodista, el empresario Morststadt, dueño legal de la tierra recuperada por Julia Chuñil, debe a CONADI toda la suma del valor del predio reivindicado como tierra ancestral. El territorio, denominado legalmente Reserva Cora 1 A de la Parcelación del fundo Los Ciruelos, integró extensos latifundios expropiados por la Reforma Agraria en esa región en favor de campesinos mapuche, en tiempos del gobierno del Presidente Allende. Luego del golpe de Estado cívico militar volvió a ser propiedad de diversos latifundistas y ex colonos. CONADI compró esa tierra a Morstadt Anwandter, de familia de ex colonos, en 2013.

Iván Catalino Carilao Ñanco, director (S) de CONADI sostuvo: “En respuesta a su requerimiento, informo que el Sr. Juan Morstadt Andwanter no ha realizado la devolución del pago adeudado, ni de manera parcial.” En esa respuesta oficial, Folio N°AI002T0013894, indica que la Corporación inició dos causas por la morosidad, sin resultado alguno: Rol C-226-2013, (Juzgado de Letras de Los Lagos) y Rol C-4166-2017 (Segundo Juzgado Civil de Temuco). Continúa señalando que a ello se agregan “dos causas penales en curso, gestionadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), sin que hasta la fecha se hayan obtenido resultados”. No fue posible obtener más información dado que los roles figuran como causas reservadas. La respuesta del Consejo de Defensa del Estado está pendiente.

La oscura trama CONADI-EMPRESARIO

El año 2011 CONADI pagó a Morstadt un total de $1.114.250.00 por 843 hectáreas correspondientes a la Reserva Cora N°1 A, que entregó a la comunidad mapuche Blanco Lepin, de Lautaro (región de la Araucanía)como señalamos en artículo publicado por Resumen el 14/12 de 2024.

El 2013, esa comunidad devolvió la tierra y demandó a CONADI y al empresario por incumplimiento de las condiciones pactadas: el predio no se cercó, lo que era un requisito obligatorio para la compra, entre otros puntos críticos, y no contaba con derechos de agua (pues Morstadt los conservó para sí).

El año 2014 CONADI, mediante un acta, CONADI reconoció a la recién constituida comunidad Putreguel cuya presidenta es Julia Chuñil.

En 2015 ella y su comunidad ocuparon el predio abandonado por la comunidad Blanco Lepin que era totalmente externa a ese territorio. En ese marco la presidenta de la comunidad comenzó a ejercer en forma activa el cuidado del bosque nativo y las aguas que pasan por ese territorio.

En junio de 2017 la Corte Suprema zanjó el juicio ya citado, reafirmando la decisión de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y ordenando a Juan Carlos Morstadt Anwandter devolver a CONADI la totalidad de la suma por el predio en cuestión, que volvía a sus manos. CONADI nunca informó a la comunidad Putraguel del fallo de la Corte Suprema.

En 2018 comenzaron las amenazas del empresario conminando a todos los miembros de la comunidad a abandonar esas tierras.

En 2022, Morstadt Anwandter inscribió nuevamente en el conservador de Bienes Raíces de Los Lagos el terreno, fraccionado a nombre de la Sociedad Agrícola Ganadera y Forestal Collilelfu de la que forma parte, sin pagar a CONADI su deuda. Comenzó con intentos de talar el bosque nativo.

¿Inocentes, sospechosos o sicarios?

Según El Ciudadano (edición de 16 de marzo de 2025), fueron indagados en el proceso José y Segundo Huenulaf, vecinos de Julia Chuñil, ex trabajadores de Juan Carlos Morstadt Anwandter. En la demanda presentada por Fundación Escazú, se señala a los Huenulaf como responsables de haber cortado un camino en perjuicio de Julia Chuñil, tarea por la que ese empresario les habría pagado una suma de dinero. Se relata en la querella que el empresario presionaba a la dirigenta porque era “la única que faltaba” en acceder a sus requerimientos.

El reportaje relata que el GOPE (de Carabineros) realizó una excavación el 19 de diciembre de 2024 en el predio de Segundo Huenulaf, a más de un mes de la desaparición de la dirigente mapuche. En una fosa de un metro y medio de largo, encontraron enterrado un ternero muerto, envuelto en un plástico, lo que llamó la atención pues en el predio había diseminados otros restos de animales, sin enterrar. Segundo Huenulaf declaró a El Ciudadano: “Decían que yo tenía a la Sra. Julia enterrada debajo de ese ternero, pero ellos fueron a excavar ahí después, y no fue así, no encontraron nada.” Y por teléfono, su hijo José agregó “Si se dijera lo que realmente se tiene que decir, no me estarían llamando a mí”.

Las filtraciones del proceso publicadas por la TV y radios que callaban y censuraban el caso, apuntan ahora a una integrante de la familia cuya casa ha sido allanada en 7 oportunidades, en forma violenta. Desde el espacio virtual Día a Día por Julia Chuñil y los diversos grupos activados por el caso, el apoyo a la familia ha sido total.

Expresa Juana Aguilera, presidenta de la Comisión Ética Contra la Tortura: “Creo que aquí hay una inclinación de responsabilizar a una familia de la desaparición de su madre. Todos sabemos que quienes tienen a un familiar desaparecido viven un proceso parecido al de la tortura. Se está sometiendo a ese flagelo hace más de cuatro meses a hijos, yernos, nueras y nietos, a toda una familia. Eso les hace daño, porque ellos no saben qué pasó, no hay un cuerpo del delito, tienen esperanzas, y la investigación es secreta. Está habiendo un amedrentamiento no sólo a la familia sino a quienes luchen mañana y a todas las personas que sean defensoras del agua y los bosques. Escazú ya lo planteó en su informe del 2024 sobre la situación de los defensores medioambientales. Registra ese informe que el 91,3% de los casos de violencia física estuvieron vinculados al sector forestal, siendo las regiones de BíoBío y Los Lagos las más afectadas. “

Secretos de fiscales

El secreto da pábulo a una fundada desconfianza en las fiscalías en general. En casos que han generado conmoción pública con posibles responsables “de cuello y corbata”, los fiscales de la zona sur suelen optar por el silencio para encubrir el escaso empeño puesto en investigar a esos sospechosos. De hecho en el proceso contra los responsables de la desaparición y posible secuestro de Julia Chuñil, la Fundación Escazú presentó una querella para hacer valer su derecho a conocer la carpeta investigativa.

Justamente hace pocos días, la Corte Suprema ordenó a la Fiscal de los Ríos, Tatiana Esquivel, cuya jurisdicción lleva el caso de Julia Chuñil, terminar con el secreto que rodea la investigación de otro caso: el secuestro del niño Tomás, asesinado en 2021 en Caripilún, sector rural de la comuna de Arauco. No hay resultados. Esquivel mantuvo en secreto la investigación y sólo ahora el defensor pública del abuelo, un familiar que desean inculpar, podrá conocer las acusaciones. Todo ello pese a que la Fiscalía de BioBio había cerrado en 2023 la causa por homicidio contra el abuelo por falta de pruebas. La madre del niño, Estefanía Gutiérrez, sigue clamando por justicia y nunca creyó en la culpabilidad del perseguido por las fiscalías, que ya lleva 4 años como imputado por abandono y sería juzgado en mayo en BíoBio.

En noviembre de 2023 Tatiana Esquivel había asumido ese caso en reemplazo de la fiscal Marcela Cartagena (BioBio) la cual sólo quedó con la arista de “abandono”. La Corte Suprema rechazó en mayo de 2023 la solicitud de remoción de Cartagena solicitada por un grupo de diputados. A más de 4 años del horroroso crimen, reina la impunidad.

Justicia patriarcal

Julia Chuñil es mujer, mapuche, y campesina, y tenía 72 años cuando desapareció. Su vida y su historia hasta el 8 de noviembre de 2024 están marcadas por la violencia racista, de género y la violencia de clase, a la que se sumó en los últimos años la violencia extractivista. Ahora la suerte de la defensora de bosques y aguas de su territorio ancestral, depende de una justicia patriarcal.

¿Marcarán acaso una diferencia dos fiscales mujeres, Claudia Baeza y Tatiana Esquivel, y empezarán a oír ellas el clamor de una familia trabajadora? ¿Dónde está la perspectiva de género en este proceso? El informe Escazú 2024 señala que la mayor parte de las afectadas por la violencia forestal son mujeres.

¿Escogerán las fiscales el camino de inculpar a sicarios o irán tras los verdaderos responsables?

¿Sabremos algún día Dónde Está Julia Chuñil?

Las respuestas vendrán en los días próximos, con la anunciada apertura de la carpeta investigativa.

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