Extraigo de  ”El libro negro de la justicia chilena ” (Planeta, 1999), obra de la periodista Alejandra Matus, valiosa información sobre hechos  que  rodean los orígenes del narcotráfico en nuestra región y en el propio país, hechos que se remontan a los tiempos inmediatamente anteriores al golpe cívico-militar de derecha de septiembre de 1973. La Corte Suprema de Justicia,  aun después del fin de la dictadura, siguió el mismo cauce que orientó su vergonzosa actuación después del cuartelazo, y por esa razón la periodista, en calidad de perseguida,  debió huir de Chile, luego que  la Corte Suprema  ordenara su detención y la requisición del libro un día antes de que saliera a las librerías.

El 14 de abril de 1999, Matus fue acusada por el ministro de la Corte Suprema, Servando Jordán, del delito de desacato, tipificado en ese entonces en el artículo 6-B de la Ley de Seguridad del Estado. Luego de su arribo a Estados Unidos, Matus solicitó asilo político en ese país, el que le fue concedido. Este libro fue el mayor antecedente que permitió la redacción de la Ley de Prensa (mayo de 2001), en que no se consignó el delito de desacato sobre el cual se produjo la orden de detención de la periodista y la requisición de su libro. No obstante, a pesar de la vigencia de la nueva ley, no fue hasta diciembre de 2001 que las copias incautadas del libro fueron devueltas a la editorial Planeta para su comercialización. Alejandra Matus volvió a Chile después de dos años de exilio en Estados Unidos.

Vamos al libro de Alejandra Matus:

Cuenta la escritora que Ángel de la Cruz Venegas, vecino de Pisagua, era un obrero aseador del retén de Carabineros del pueblo, en el que trabajaba su hermano, el sargento Juan de Dios de la Cruz. Este trabajador fue el mayor testigo de la matanza de seis prisioneros políticos que, según el parte militar de octubre de 1973, murieron al intentar huir de la cárcel de Pisagua. De la Cruz Venegas, entrevistado por la periodista, contó que vio un día a varias personas que corrían y les disparaban por la espalda. Luego que les dispararon, vio cómo los ensacaron. Los que dispararon eran militares. También señaló Venegas que en la Gobernación de Pisagua vio a varios detenidos que les arrancaban las uñas, sindicando a Mario Acuña Riquelme, el fiscal de los juicios de guerra en Tarapacá como quien daba las órdenes.

Si hablamos de narco-tráfico es, precisamente, de Mario Acuña a que debemos hacer referencia, como el personaje clave en este opúsculo.

Acuña no era iquiqueño. Inició su carrera en Santiago, y la Corte Suprema de la capital acogió reclamos en su contra por su mala gestión. Lo trasladó a Iquique al comenzar los años 70. Abogados que lo conocieron como titular del Primer Juzgado de la capital nortina afirman haberlo visto varias veces borracho en su oficina. El Consejo de Defensa del Estado incluyó su nombre, junto al del presidente de la Corte iquiqueña, Ignacio Alarcón, y otros importantes magistrados, como parte de una lista de jueces vinculados con el narcotráfico. En 1972, tras recibir la queja del CDE, la Corte encomendó al ministro Enrique Correa Labra que se trasladara al norte a investigar.

El magistrado, como correspondía, contó con la ayuda en Iquique del abogado Procurador Fiscal (el representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Julio Cabezas Gacitúa. En Santiago, Correa había contado con la colaboración del abogado Manuel Guzmán Vial, y agentes del Departamento de Investigaciones Aduaneras (DIA), que, junto a otras entidades del Estado, habían reunido información sobre los magistrados involucrados en narcotráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Correa Labra estuvo ocho meses en el norte. Era de tal gravedad lo que Correa pudo colegir durante su estancia en Iquique, que tras un informe a la Corte Suprema, el presidente de la Corte iquiqueña y el fiscal de ese tribunal, Raúl Arancibia fueron destituidos. Otro grupo, probablemente para no generar un escándalo, solo fue trasladado o amonestado. Mario Acuña se había salvado. El autor principal de las acusaciones sobre las cuales Correa basó su informe, fue Julio Cabezas. Como jefe del CDE y del Servicio de Asistencia Judicial de Iquique, su actuación fue netamente profesional y, como ya veremos, la causa de su muerte.

En 1973, Cabezas y el director de la Oficina de Planificación Regional (Odeplán) Freddy Taberna, tenían pruebas suficientes de los vínculos de Acuña con los dos poderosos narcotraficantes de la región que dirigían las operaciones de tráfico y contrabando entre Chile y Bolivia. Por su  peso económico, ellos habían llegado a ser miembros de la Cámara de Comercio de Iquique. Eran Nicolás Chánez y Doroteo Gutiérrez. Ambos transportaban diariamente desde Santiago al norte toneladas de azúcar, café, harina, conservas, mantequilla, medias, ropa y medicinas, entre otros productos obtenidos ilícitamente. Era el tiempo del desabastecimiento y las “colas” bajo el gobierno de la Unidad Popular.

Los camiones con la carga prohibida se dirigían a dos pueblos limítrofes: Cancosa y Colchane. Las inmensas bodegas en que la mercadería era almacenada dominaban el paisaje de ambos caseríos, cuyas poblaciones sumadas no llegaban a los 150 habitantes. En la frontera, relata Matus en su obra, los chilenos entregaban los insumos a traficantes bolivianos, quienes les pagaban con grandes cantidades de cocaína semi-elaborada. Los alimentos y medicinas se iban a Oruro y luego eran distribuidos en Santa Cruz y La Paz. El sulfato de cocaína era internado en Iquique para su elaboración y desde allí para embarcarlo al sur del país. Alejandra Matus relata en su libro:

“Antes del 11 de septiembre, Chánez y Gutiérrez fueron detenidos repetidamente por contrabando y narcotráfico, pero obtuvieron la libertad con facilidad gracias a sus vínculos con el ministro Ignacio Alarcón, el juez Acuña y su actuario Raúl Barraza. Este último había sido descubierto in fraganti por la policía trabajando de noche en el procesamiento de la cocaína en un laboratorio que tenía en su propia casa, en Wilson 151.”

Mario Acuña fue vinculado por la investigación ordenada por Cabezas a la policía local con la gestión de tal laboratorio. Había contra Acuña otros pesados cargos, a saber: desde mayo de 1970, cobraba asignación familiar por su cónyuge, aunque esta no tenía derecho a ella, pues era funcionaria de la Corfo; había informado al Servicio de Impuestos Internos que su esposa no trabajaba, con el solo fin de rebajar el pago de impuestos; adquirió en forma fraudulenta varios automóviles, haciendo uso de una franquicia que por entonces era derecho exclusivo de los residentes en Arica;  pagó parte de uno de esos vehículos con un cheque del comerciante Raúl Nazar, que estaba encausado por estafa en su propio tribunal y que quedó libre “por falta de méritos” justo después de extender ese documento; había recibido “regalos de navidad” del conocido narcotraficante iquiqueño, Francisco Manríquez Valenzuela, alias “el Gallina;” etc.

El abogado Julio Cabezas sabía también, y lo informó a la Corte Suprema, que el 7 de abril de 1972, Acuña viajó junto al narcotraficante Pascual Gallardo a Santiago y que ambos abordaron un vehículo que los esperaba en el aeropuerto Pudahuel, con destino desconocido. Gallardo había sido inculpado como parte de una banda de narcotraficantes descubierta en 1969 en una causa que tuvo en su poder el juez Acuña. Poco después, sospechosamente, se presentó en Santiago una querella por estafa en contra de uno de los encausados. Eso significaba que el proceso por narcotráfico debía salir del tribunal iquiqueño y ser enviado la capital. En el viaje, el actuario designado para trasladar el expediente lo “perdió” sin explicación. Ya no importaba mucho. Los documentos que inculpaban a Gallardo se habían extraviado antes, desde las propias oficinas del juzgado iquiqueño. Gallardo nunca fue procesado.

Ya estábamos en 1973, y por entonces, la mayoría de los ministros de la Corte Suprema no ocultaban su simpatía con la salida del presidente Allende- del poder del gobierno.  Pese a sus antecedentes, ampliamente conocidos por la Corte Suprema, presidida por José Urrutia Manzano, Acuña fue autorizado por ella para ejercer como fiscal en los Consejos de Guerra en Tarapacá. La Corte Suprema lo hizo a petición expresa del general  Carlos Forestier Haensgen, el jefe político y militar máximo de la región designado por la Junta de gobierno. Es importante recordar que Urrutia Manzano públicamente se pronunció en favor de la dimisión de Allende a solo unos meses del golpe militar, acto, obviamente no solo anti-ético, sino ilegal.

Mediante llamados radiales y de prensa, Acuña convocó a los dirigentes más importantes de los partidos de gobierno a presentarse en el cuartel de la VI división de Ejército. Sorprendió a todo Iquique que también fuese llamado el abogado Julio Cabezas, funcionario de carrera de Estado que no tenía militancia política alguna. El 14 de septiembre, terminado el toque de queda absoluto, el profesional acudió a entregarse. Ese día se reunió con un grupo de ocho estudiantes de Leyes que hacían su práctica profesional en el Servicio de Asistencia Judicial. En el segundo piso de los tribunales iquiqueños, Cabezas dio tareas a sus alumnos.”Yo vengo luego,” les dijo. “Sigan con los casos, que voy a revisar lo que han hecho a la vuelta.”

Con una frazada en un brazo y un chaquetón de castilla en el otro salió caminando hacia la Sexta División de Ejército. Algunos de sus alumnos, con quienes le gustaba tener irónicas discusiones intelectuales, pues los jóvenes eran mayoritariamente partidarios del gobierno de Allende, lo acompañaron hasta la puerta del lugar. El abogado creía que su nombre había sido incluido por error y que quedaría libre de inmediato. Trágico error. Fue hecho prisionero y trasladado al campamento en Pisagua. Sus celadores lo golpearon mientras permanecía colgado, le quemaron la piel con cigarrillos, lo lanzaron desde un cerro encogido dentro de un barril sin tapas, le quebraron un tobillo, le hicieron fusilamientos falsos. Cabezas logró enviar un mensaje a Santiago pidiendo la intervención de sus colegas del Consejo de Defensa del Estado. La mayoría de los consejeros del CDE estaba en la oposición al gobierno de Allende y apoyaban la intervención militar, pero acogieron su súplica, pues sabían que Cabezas no tenía ninguna relación de carácter político con los partidos de gobierno, menos aun que fuese de izquierda. Manuel Guzmán Vial fue el encargado de redactar un oficio a Forestier. El documento daba cuenta de la excelente calidad profesional de Cabezas y de sus cualidades como un “hombre de paz”.

Forestier no respondió, lo que no puede dejar de llamar la atención. Forestier sabía que el mayor mérito profesional del jefe del CDE eran los exitosos resultados que había obtenido en sus investigaciones sobre el narcotráfico. Luego de una breve farsa de juicio, Cabezas fue sentenciado a muerte y fusilado el 10 de octubre de 1973, junto a cuatro militantes de partidos políticos de izquierda. Calza aquí muy bien el aforismo de Napoleón “entre lo trágico y lo ridículo, hay solo un paso.” La acusación, redactada íntegramente por Acuña, fue “condenado a muerte por alta traición a la Patria.” El expediente del supuesto Consejo de Guerra, que sentenció a muerte a Julio Cabezas y a los militantes de izquierda  que murieron con él nunca apareció.

También fue fusilado en Pisagua el ex-director de Odeplán Freddy Taberna, primer dirigente del Partido Socialista de Iquique, quien había participado activamente en las investigaciones de Cabezas. No fueron los únicos. También fueron asesinados “burreros” (individuos portadores de drogas desde Bolivia hasta Iquique) en un número hasta hoy indeterminado, además de  algunos funcionarios de aduana y de la entonces Empresa Portuaria de Chile (Emporchi), que por razones obvias, también habían colaborado en las investigaciones lideradas por Cabezas.

Alejandra Matus investigó a fondo todo el caso del narcotráfico. Por primera vez, en su libro se supo que desde antes del golpe militar, la aduana de Iquique actuaba en coordinación con la agencia estadounidense antinarcóticos (DEA) y que varios de sus miembros fueron entrenados en Estados Unidos como parte de una de las pocas áreas de cooperación entre ambas naciones, cuando en Chile gobernaba un socialista y un reconocido político anti-imperialista, Salvador Allende. Ocho agentes de la aduana fueron asesinados.Entre ellos, Mario Morris Barrios, Juan Efraín Calderón y Juan Jiménez, quienes fueron ejecutados en el supuesto intento de fuga del que fue testigo ocular el aseador De la Cruz Venegas. Calderón y Jiménez fueron fusilados a pesar de las intervenciones en su favor del delegado de la DEA en Chile, George Frangullie.

Un grupo de narcotraficantes fue arrestado y llevado a Pisagua.  En el grupo figuraba Francisco Manríquez,  Nicolás Chánez,  Hugo Martínez, Juan Mamani y Orlando Cabello. Todos eran cómplices de Acuña pero al parecer “sabían demasiado.”José Ramón Steinberg, médico cirujano, preso político detenido en Pisagua, reveló a la periodista Matus lo siguiente:

“En el mes de enero de 1974 llegaron a Pisagua diez personas de quienes se nos dijo eran traficantes de drogas. De estos diez, nueve fueron fusilados por orden del fiscal Acuña y su equipo integrado por los militares Aguirre, Fuentes, el carabinero Barraza y el teniente Muñoz.  Fueron fusilados en el cementerio de Pisagua, siendo conducidos hasta ese lugar en un jeep militar, lo que yo vi y me consta por la información que me dio uno de los practicantes, quien me dijo que los mataban de a dos y esto lo presenciaban otros dos traficantes que serían fusilados después.”

La personalidad de Acuña se refleja en otra situación relatada por el médico Steinberg. El 16 de enero de 1974, llegó a Pisagua Isaías Higueras Zúñiga, en calidad de “prisionero de guerra.” Higueras fue sometido a torturas y en ellas perdió el conocimiento. Steinberg fue llamado para diagnosticar lo sucedido a este preso, y  constató que estaba sufriendo un infarto. Indicó a los enfermeros que le inyectaran un “vaso dilatador y un tranquilizante”, pero en el mismo lugar, Acuña, después de preguntar a Steinberg qué efecto tendrían esos medicamentos, negó la autorización para administrarlos. Dijo “tengo que seguir interrogándolo” a lo que el médico respondió “no puede seguir interrogándolo en estas condiciones y debe  permanecer en reposo absoluto.”  Acuña ordenó que lo dejaran tal como estaba, diciendo que volvería en quince minutos. Higueras murió breves instantes después que Acuña abandonó el lugar.

Entre 1975 y 1976 no había quien discutiera el poder e influencia de Mario Acuña en Iquique y en toda la región de Tarapacá. Los años, sin  embargo, pasaron y el exceso de alcohol y las drogas lo enfermaron de cirrosis y diabetes. Su cónyuge y su familia lo abandonaron, y poco después fue expulsado del Colegio de Abogados. En democracia, los familiares de muchas de los asesinados por orden de Acuña, recurrieron a la ley. Sin embargo cuando sus acusaciones llegaron a la Corte de Apelaciones de Iquique, el tribunal nortino declaró que estaba cubierto por la Ley de Amnistía, dictada por la dictadura en 1978 (Decreto Ley 2191). La Vicaría de la Solidaridad presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, pero el proceso fue enviado a la justicia militar. Desde entonces no se supo más de Acuña, excepto que en el año 2000 murió en Santiago en un hospital militar. La Ley de Amnistía que salvó a Acuña y transitoriamente a tantos criminales de la dictadura, dejó de aplicarse desde 1998, aunque curiosamente, derogada años después. ¡Qué país tan raro tenemos!

Sobre la muerte de Acuña, es preciso agregar un hecho clave que devela la relación entre narcotráfico y FF AA:

Forestier eligió a Acuña como fiscal en las farsas de juicio que advinieron con el golpe militar, sabiendo perfectamente de las probadas andanzas de Acuña en el narcotráfico, ampliamente investigadas por Cabezas. Lo eligió aunque había  muchos abogados de derecha a su disposición, libres de toda sospecha de corrupción, prevaricación o dolo,  y de una hoja profesional impecable. Forestier, el jefe supremo de la dictadura en Tarapacá, fue el responsable formal del asesinato de Cabezas, al firmar personalmente su sentencia de muerte, la de un abogado y funcionario de Estado de carrera, un hombre no solamente inocente, sino quien era el primer líder de la lucha contra el narcotráfico, tanto en el norte de Chile como en todo el país.

Entonces, concluyamos:

Aunque suene duro,  resulta, por lo menos lógicamente deducible que el narcotráfico ya había penetrado nuestras Fuerzas Armadas, y que oficiales como Forestier podían perfectamente ser sus “clientes”. Finalmente, un  hecho que da demasiado que pensar:

Acuña fue a morir en un hospital militar, aunque ya no era el fiscal militar de años antes, y cuando ni siquiera gozaba del más mínimo respeto ante la ciudadanía entera, sus colegas y del Ejército. La pregunta de Perogrullo y final: ¿Habrá corrido Mario Acuña la misma suerte de los “burreros” y “coqueros” fusilados luego del cuartelazo de septiembre de 1973, por “saber demasiado”?

*Fuente: Edición Cero