Colonialismo – piensaChile

El Israel arrogante ya no es el niño mimado de Occidente, y el mundo le da la espalda

Redacción piensaChile — Mon, 31 Aug 2026 20:26:58 +0000

Imagen superior: Israel echando a Europa: ilustración satírica de la «doctrina de la expulsión» denunciada por Gideon Levy, en la que la arrogancia diplomática y el creciente aislamiento internacional se despliegan sobre el telón de fondo de la devastación de Gaza.

31 de agosto de 2026

La doctrina israelí de la expulsión

Fausto Giudice

août 31, 2026

Israel cree que puede expulsar a los británicos, humillar a los españoles y castigar al mundo entero sin sufrir represalias. Hasta ahora tenía razón. Pero se acerca el día en que Israel tendrá que abrir los ojos y descubrir que, en realidad, existe un mundo del que se ha apartado, al igual que este se ha apartado de él, y que se enfrenta a una nueva realidad

Gideon Levy, Haaretz, 29 de agosto de 2026

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El Reino Unido está en vilo. Tras la expulsión de los Países Bajos y España del centro internacional de coordinación para la Gaza de posguerra, en Kiryat Gat, Israel delibera ahora si expulsar también a los representantes británicos.

La Nakba británica está en camino, y esto podría haber sido para morirse de risa si no fuera porque la realidad subyacente no tiene manifiestamente ninguna gracia. Israel está imponiendo sanciones al mundo. Sí, han oído bien.

En vez de al revés. Un país acusado casi universalmente de genocidio y apartheid, un Estado al que hasta la fecha casi no se le ha impuesto ninguna sanción significativa, está castigando al mundo. El acusado hace de fiscal.

Esto encaja perfectamente con la mentalidad israelí. El mundo tiene la culpa (del antisemitismo), así que el mundo pagará. Todo es por esos migrantes musulmanes: eso es lo que los medios y los políticos no dejan de decirnos. Aquí están en juego toda la megalomanía y toda la ceguera.

El centro internacional de coordinación para Gaza es un organismo de escasa importancia. Está situado en la zona industrial de Kiryat Gat. Casi un año después de su creación, Gaza sigue hundida entre sus ruinas igual que antes. Israel continúa matando allí casi tanto como antes del alto el fuego. La expulsión de los delegados de Su Majestad no cambiará nada en Gaza. La cuestión es la arrogancia y jutzpá [desfachatez] de Israel.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, presenta un plan de construcción en la zona E1. Foto: Menahem Kahana/AFP

Mientras Europa delibera interminablemente sobre la construcción propuesta en la zona E1, que dividirá Cisjordania en dos partes, Israel ya la está castigando. La construcción ilegal en E1 no es el problema. Las decenas de miles de hectáreas de las que los colonos se han apoderado en los dos últimos años no molestaron a Europa, pero Europa se ha fabricado ahora un espantapájaros por el que está dispuesta a subirse a las barricadas.

Pero Cisjordania lleva mucho tiempo dividida y aún más tiempo anexionada de facto. Europa amenaza con imponer, como medida punitiva, sanciones a los productos originarios de los asentamientos judíos de Cisjordania, y el proyecto se enfrenta al derrumbe.

Ante este hueco y bochornoso ejercicio europeo de retórica, Israel se alza arrogante, exhibiendo su desconexión de la realidad del mundo exterior.

«Israel envía un mensaje a Europa: Gran Bretaña puede pagar un precio», decía un grotesco titular, que vale por mil testimonios del grado de desconexión y arrogancia.

Israel cree que puede expulsar a los británicos, humillar a los españoles y castigar al mundo entero sin sufrir represalias. Hasta ahora tenía razón. Pero se acerca el día en que Israel tendrá que abrir los ojos y descubrir que, en realidad, existe un mundo exterior del que se ha apartado, al igual que este se ha apartado de él, y que se enfrenta a una realidad nueva y desconocida.

Se acabaron los días en que Israel era el niño mimado de Occidente y se le permitía todo. Expulsar a Gran Bretaña de Kiryat Gat para complacer a los votantes del Likud está muy bien, y el ministro de Exteriores Gideon Sa’ar probablemente rebose de orgullo, pero la factura llegará, aunque por alguna razón insondable tarde en hacerlo.

USA está cambiando, y Europa solo espera una luz verde del otro lado del Atlántico para ajustar cuentas con Israel, que desde hace décadas campa a sus anchas y hace lo que le viene en gana de una manera que ningún país que no sea una superpotencia mundial se permite.

Israel y el mundo se distancian. Israel presume de cometer crímenes de guerra : es un activo electoral. Pero la idea de que Israel puede seguir mostrando arrogancia ante el mundo entero mientras continúa actuando como de costumbre es la idea más peligrosa para su futuro, mucho más que el dinero enviado a Hamás o el programa nuclear iraní.

Desconectarse del mundo tendrá un precio que cada israelí deberá pagar. La mayoría de los gobiernos del mundo no quieren realmente romper relaciones con Israel y depositan sus esperanzas en el esperado cambio de gobierno como una salida (imaginaria) de este embrollo. Pero Israel no cambiará, desde luego no lo suficiente, y el mundo tendrá que cambiar su actitud hacia él.

Un país que durante décadas ha ignorado todas las resoluciones aprobadas por la comunidad internacional y que, además, expulsa a Europa de Kiryat Gat no será absuelto.

Algún día, el mundo podrá por fin entrar en la Franja de Gaza. Después de contemplar sus horrores, ya no será posible seguir guardando silencio respecto de Israel. La «expulsión» de Kiryat Gat también será recordada en Londres.

*Fuente: Faustotounsi

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El puente del fosfato: anatomía de una infiltración, ¿con Chile como laboratorio?

Redacción piensaChile — Sat, 29 Aug 2026 20:46:13 +0000

29 de agosto de 2026

¿Qué papel desempeña el diplomático Adil El Alami en las relaciones de Rabat con España y América Latina?

Los negocios y la diplomacia se cruzan en la disputa por el futuro del Sáhara Occidental. El abogado y analista José Manuel Rivero examina el papel de Adil El Alami y denuncia una estrategia marroquí que combina intereses económicos e influencia institucional para arrinconar la causa saharaui.

Hay nombres que eluden los comunicados oficiales y, sin embargo, sostienen la arquitectura profunda de una política exterior.

Adil El Alami es uno de ellos. El que fue Jefe de la División de América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores marroquí, fogueado como encargado de negocios en Panamá y consejero en México —toda una trayectoria profesional que consta públicamente y se extrae de su propio perfil en la red LinkedIn—, aterriza en septiembre de 2023 en Madrid como ministro plenipotenciario, segundo de la embajada de Karima Benyaich. El dato no es anecdótico. Es la pieza que cierra un circuito.

Lo que hemos podido documentar en los últimos días —gracias a la luz arrojada por las recientes filtraciones del grupo de hackers Jabaroot, que han dejado al descubierto las comunicaciones confidenciales y el modus operandi de la diplomacia marroquí— es el itinerario de un alto funcionario que ha pasado de gestionar la ofensiva en América Latina a tejer la hegemonía en el corazón del Estado español.

Lo encontramos avalando con su presencia institucional, en la propia sede del Consejo Económico y Social (CES) de España, la firma de acuerdos de este órgano con su homólogo marroquí, presidiendo en la Universidad de Córdoba la Cátedra Fátima Al Fihri, entregando el Premio Ibn Rushd de la Concordia junto a la Fundación Baleària (brazo marítimo del capital del Estrecho), inaugurando el Festival de la Escuela Superior de Música de Alto Rendimiento (ESMAR) en Casa Árabe y bendiciendo premios de periodismo en Casa Mediterráneo.

Pero la red no se limita al folclore institucional o a la academia. El pasado mes de julio, como él mismo exhibe con orgullo en su perfil público de Linkedln, El Alami participó en la inauguración del Cybersecurity Summer BootCamp 2026 en León. Allí se codeó con la cúpula del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), con el secretario de Estado español de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y con la plana mayor de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El antiguo jefe para América Latina, insertado ahora en los foros donde se coordinan las infraestructuras de seguridad digital hispanoamericanas. El círculo es perfecto.

No es casual la lista. Casa Mediterráneo, Casa Árabe o el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) no son espacios neutros; son instrumentos clave del aparato del Estado español. Cuando un diplomático marroquí se sienta en un Consejo Diplomático, cuando su embajada celebra la Fiesta del Trono con ministros del Gobierno español y con fundaciones como la Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) —que teorizan la iberofonía como un mercado de 900 millones de personas—, lo que se está produciendo es una meticulosa construcción de hegemonía en el seno de la sociedad civil y política española. El dominio no se impone ya de forma coercitiva; se normaliza y se legitima a través de la cultura, la cátedra universitaria, el premio o el foro tecnológico, forjando un nuevo sentido común que invisibiliza el conflicto.

La historia profunda, aquella que exige analizar el movimiento de las estructuras materiales por debajo de la espuma de los acontecimientos coyunturales, explica esta estrategia. En 1986, Marruecos instaló en Bogotá una de sus tres nuevas embajadas en América Latina. En 2005, Mohamed VI hizo la primera gira de un monarca alauí por el continente. No era turismo diplomático. Era la preparación de una infraestructura material: fosfatos, fertilizantes, puertos atlánticos, acuerdos de pesca y corredores logísticos.

La superestructura política e ideológica vino después. En junio de 2022, la Plataforma Latinoamericana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui alertó al Parlamento Andino.

Parlamento Andino, presidido por el socialista chileno Fidel Espinoza, ¡se pone al servicio de la monarquía marroquí!

En 2025, ese mismo Parlamento celebra su plenario en Marruecos y presenta al reino como el «puente natural» entre África, Europa y América Latina. En el intervalo, la cosecha extractiva da sus frutos políticos: Colombia congela sus relaciones con la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y reconoce la soberanía marroquí; Ecuador suspende su reconocimiento en 2024; Bolivia lo hace en 2026, y Honduras y Perú se alinean en la misma órbita.

Ningún pueblo vende su política exterior por un cargamento de abono, pero ningún gobierno toma decisiones en el vacío de las relaciones de producción. Lo que Marruecos ofrece no es un simple contrato comercial, es una inserción en una cadena de valor extractiva global: yo te garantizo el insumo para tu agroexportación, la conectividad para tu mercancía y la inversión para tu puerto, y a cambio, tú normalizas el olvido de que existe un pueblo en espera de descolonización. Chile es el laboratorio perfecto: nunca ha reconocido a la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), pero su intercambio con Rabat ya roza los 80 millones de dólares y negocia el primer acuerdo comercial de su historia con un país africano, todo ello sostenido sobre la base material del fosfato.

Traer a Madrid al hombre que tejió esa red es una operación de una racionalidad implacable. Madrid no es solo la capital del Estado que en 1975 firmó la traición histórica de los Acuerdos Tripartitos. Es la sede de la comunidad iberoamericana, de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), de las universidades que forman a los cuadros latinoamericanos y, sobre todo, ha sido históricamente la retaguardia de la solidaridad con el Frente Polisario en Europa. Si se controla el relato en Madrid, se asfixia al movimiento solidario. Por eso la exhibición de poder e influencia de El Alami en el Consejo Económico y Social (CES), en la cátedra de Córdoba o en los foros de ciberseguridad de León no es una simple anécdota diplomática. Es la disputa directa por el aparato cultural y tecnológico del Estado.

La difusión de las operaciones marroquíes expuestas por los hackers de Jabaroot, amplificada por medios como El Confidencial Saharaui (ECSaharaui) —un digno ejemplo de periodismo riguroso y saharaui libre—, ha cumplido una función vital de contrapoder. Han puesto luz donde la diplomacia opaca imponía la sombra. Estas filtraciones no han revelado meros secretos de Estado; han desnudado una estructura. Y esa estructura nos dice que Marruecos no actúa como un país africano más en busca de cooperación, sino como un Estado subimperialista que, amparado por Washington y París, blindado por la tecnología de cibervigilancia y la alianza militar estratégica con Israel, por el capital logístico europeo y por la complicidad de Madrid, pretende convertir el Sáhara Occidental en simple moneda de cambio mercantil.

Un grupo de hackers «regala a España» los datos de 70.000 agentes del espionaje marroquí en plena crisis de Ceuta

Frente a esta arquitectura del olvido, la respuesta solo puede articularse desde el derecho internacional y la solidaridad de clase. El Sáhara Occidental sigue siendo, jurídicamente, un territorio no autónomo pendiente de descolonización. La República Árabe Saharaui Democrática (RASD) es miembro fundador de la Unión Africana. Ningún plenario en Rabat, ningún foro empresarial en Alicante, ni ningún congreso en León puede borrar el hecho material de que un pueblo lleva cincuenta años resistiendo en campamentos de refugiados y bajo ocupación militar.

Por eso este artículo no es solo una denuncia; es un posicionamiento en el que afirmo que, la única solución justa, legal y duradera exige el estricto respeto al derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación y a la independencia mediante referéndum, con el Frente Polisario como su único y legítimo representante.

La misma legalidad internacional que invocamos para Palestina debe ser exigida para el pueblo saharaui. No es casualidad que hoy Rabat y Tel Aviv consoliden un eje al amparo de los Acuerdos de Abraham, intercambiando reconocimiento diplomático por armamento y software de espionaje (Pegasus); ambas potencias comparten la misma lógica de ocupación colonial y el mismo desprecio sistemático por las resoluciones de Naciones Unidas.

África no empieza ni termina en Rabat. Los recursos naturales y las riquezas marítimas del Sáhara no pueden ser la coartada para el expolio transnacional. Y el Estado español tiene una deuda histórica que no se salda con cátedras de relaciones públicas, sino con verdad, justicia y reparación. Por un Sáhara libre.

– El autor, José Manuel Rivero, es abogado y analista político.

*Fuente: Canarias Semanal.org

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Cerimedo vs. LatAm: quién paga la tecnología de la mentira y cómo funciona

Redacción piensaChile — Wed, 26 Aug 2026 16:09:25 +0000

26 de agosto de 2026

En este capítulo de La Base América Latina, Inna Afinogenova analiza el caso Fernando Cerimedo como ventana a una estructura mucho más amplia: la maquinaria digital de la ultraderecha latinoamericana, sus granjas de bots, sus campañas de desinformación y su capacidad para falsificar el debate público.

Desde Milei en Argentina hasta operaciones en México, pasando por La Derecha Diario, Javier Negre, Ricardo Salinas Pliego y las conexiones con el trumpismo digital, se reconstruye cómo estas redes convierten mentiras en tendencias, fabrican sensación de mayoría y empujan narrativas al servicio de intereses políticos y económicos.

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Del Sahara a Ceuta y Melilla, la frontera que Marruecos quiere mover

Redacción piensaChile — Mon, 24 Aug 2026 14:42:39 +0000

Imagen superior: Imagen de la frontera del lado marroquí del Tarajal. (EFE)

24 de agosto de 2026

El analista y activista saharaui explica la estrategia de Rabat con las ciudades autónomas y señala que la respuesta del Gobierno español resulta difícil de justificar

23/08/2026 Actualizado a las 14:57h.

La crisis de Ceuta no comenzó este agosto, ni puede explicarse atendiendo únicamente a las imágenes de miles de personas concentrándose frente a una frontera que Marruecos abre y cierra según sus necesidades políticas.

El verdadero punto de inflexión hay que buscarlo cuatro años atrás, en marzo de 2022, cuando Pedro Sánchez decidió respaldar el plan marroquí de autonomía para el Sahara Occidental y rompió una posición española mantenida durante décadas. Aquella decisión produjo consecuencias que todavía no hemos terminado de medir. Rabat obtuvo algo mucho más valioso que una carta diplomática favorable a sus tesis sobre el Sahara. Obtuvo la confirmación de que la presión funciona, de que España puede modificar posiciones estratégicas cuando el coste de mantenerlas aumenta y de que una política suficientemente persistente de hechos consumados acaba encontrando interlocutores dispuestos a convertir la cesión en pragmatismo.

Desde entonces Marruecos se ha sentido envalentonado, porque cada concesión española ha sido interpretada en Rabat de acuerdo con una lógica de poder bastante elemental. Quien cede bajo presión demuestra hasta dónde puede volver a ser presionado.

Para comprender lo que está ocurriendo conviene abandonar durante unos minutos la mirada española y observar el mapa desde Rabat. El expansionismo marroquí tiene una historia, una doctrina y una construcción ideológica que preceden ampliamente al actual monarca. El proyecto del llamado Gran Marruecos, formulado por Allal el Fassi y el nacionalismo del Istiqlal, dibujaba unas fronteras que desbordaban ampliamente las internacionalmente reconocidas y alcanzaban territorios de sus vecinos. Aquella cartografía maximalista no se convirtió íntegramente en política oficial del Estado, pero parte de su lógica territorial sobrevivió y encontró expresiones sucesivas en la política exterior marroquí. La ocupación del Sáhara Occidental en 1975 constituye su manifestación más evidente. Ceuta y Melilla permanecen dentro del imaginario reivindicativo marroquí y determinados discursos nacionalistas extienden incluso sus fantasías territoriales hacia otros espacios. Cambian las circunstancias, cambian los instrumentos y cambia el lenguaje diplomático, pero permanece una concepción según la cual las fronteras actuales todavía pueden ser revisadas si las condiciones históricas y las correlaciones de fuerza lo permiten.

Alianza con EE.UU.

Por eso tienen especial importancia las recientes palabras del ministro de Justicia marroquí cuando habla de la paciencia de Marruecos respecto a Ceuta y Melilla. La palabra paciencia describe bastante bien el método. Marruecos sabe esperar. Sabe acumular posiciones, fabricar dependencias, explotar vulnerabilidades y escoger el momento en el que una reivindicación que ayer parecía imposible comienza a presentarse como una cuestión susceptible de discusión. Pensar que Rabat pretende ocupar militarmente Ceuta mañana sería caricaturizar su estrategia y, precisamente por eso, no comprenderla. La presión contemporánea sobre un territorio puede ejercerse mediante la demografía, la economía, la migración, la diplomacia, la información, las relaciones comerciales y la creación progresiva de una percepción de conflicto. Antes de discutir quién tiene razón sobre un territorio hay que conseguir que alguien acepte que existe algo que discutir. Ahí reside uno de los peligros que el Gobierno de España parece empeñada en ignorar.

La palabra paciencia describe bastante bien el método. Marruecos sabe esperar.

Marruecos lleva años construyendo pacientemente las condiciones internacionales que necesita. Reforzó su alianza estratégica y militar con Estados Unidos, profundizó extraordinariamente su cooperación con Israel y obtuvo en diciembre de 2020 el reconocimiento estadounidense de su pretendida soberanía sobre el Sahara Occidental. Después dedicó enormes recursos diplomáticos a intentar ampliar ese reconocimiento y a presentar su plan de autonomía como única salida posible a un conflicto cuya naturaleza jurídica continúa siendo la de un territorio pendiente de descolonización. El objetivo prioritario era cerrar el frente saharaui en las mejores condiciones posibles para Rabat.

Resulta difícil olvidar, a la luz de los acontecimientos actuales, las palabras pronunciadas en 2020 por Saadeddine El Othmani, entonces jefe del Gobierno marroquí, cuando afirmó que Ceuta y Melilla eran territorio marroquí. Aquello fue tratado por muchos como una salida de tono, una declaración inoportuna de un primer ministro que había ido demasiado lejos. Pero hace apenas unos días El Othmani volvió sobre la cuestión durante una entrevista en la televisión libanesa Al Ghad. El prestigioso periodista libanés Sami Kleib le recordó aquellas declaraciones y le preguntó si mantenía «esa controvertida opinión que expresó en 2020» sobre Ceuta y Melilla. La reacción de El Othmani fue particularmente reveladora. Rechazó de inmediato que aquello pudiera calificarse de opinión. «No es una cuestión de opinión», respondió, antes de afirmar que Ceuta y Melilla están «ocupadas de hecho» y que esa consideración cuenta con un consenso nacional en Marruecos.

«No es una cuestión de opinión», respondió, antes de afirmar que Ceuta y Melilla están «ocupadas de hecho»

La política marroquí avanza mediante etapas y sabe adaptarse a la resistencia que encuentra. Primero consolida una posición, después eleva el coste de discutirla y finalmente desplaza el centro de gravedad hacia el siguiente objetivo. En ese contexto debe analizarse la utilización de la migración en la frontera española. Resulta poco creíble sostener que un Estado con uno de los aparatos de seguridad más desarrollados de la región, capaz de mantener durante décadas un gigantesco dispositivo militar en el Sáhara Occidental, sea incapaz de controlar trece kilómetros de frontera terrestre cuando realmente decide hacerlo. Las entradas masivas aparecen y desaparecen en momentos políticamente significativos. La vigilancia se endurece cuando Rabat necesita demostrar que es un socio indispensable de Europa y se relaja cuando necesita recordar cuál sería el precio de dejar de serlo. España termina atrapada en una relación en la que quien posee la capacidad de generar el problema se ofrece periódicamente como garante de la solución.

Ya ocurrió en 2021, cuando miles de personas, entre ellas numerosos menores, entraron en Ceuta en plena crisis diplomática provocada por la hospitalización en España del presidente saharaui Brahim Ghali. La Unión Europea llegó entonces a denunciar la utilización de la migración y de menores como instrumento de presión política. Cinco años después resulta difícil alegar sorpresa. Cuando el mecanismo se repite deja de ser un accidente fronterizo y pasa a formar parte de un patrón de comportamiento estatal. El error español consiste en responder a cada episodio como si fuera autónomo, negociando la vuelta a la normalidad y celebrando después esa normalidad como una victoria diplomática. Pero en una relación construida sobre crisis sucesivas, la normalidad puede ser simplemente el intervalo durante el cual se prepara la siguiente presión.

Europa, mirada retórica

Argelia comprendió hace décadas una dimensión del conflicto saharaui que Europa continúa mirando casi exclusivamente desde la retórica humanitaria. La defensa del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación tiene una dimensión jurídica evidente, respaldada por la naturaleza internacional del territorio y por décadas de resoluciones de Naciones Unidas, pero posee también una dimensión geopolítica que ningún Estado serio del norte de África puede ignorar. Una República Saharaui independiente representa un límite territorial y político a la expansión marroquí hacia el sur y modifica profundamente el equilibrio regional. Para Argelia, la existencia de ese dique estratégico afecta directamente a su propia seguridad nacional. Para los saharauis, que llevamos medio siglo sufriendo las consecuencias del expansionismo marroquí, esto no constituye una hipótesis académica. Conocemos el método porque lo hemos padecido antes.

España termina atrapada en una relación en la que quien posee la capacidad de generar el problema se ofrece periódicamente como garante de la solución.

España debería comprender que la cuestión saharaui tampoco está tan lejos de su propia seguridad como algunos gobiernos han querido creer. Durante años se presentó el abandono progresivo de la posición tradicional española como el precio necesario para comprar estabilidad con Marruecos. La experiencia está demostrando exactamente lo contrario. España cedió en la cuestión que Rabat consideraba prioritaria y las reivindicaciones no desaparecieron. Se desplazaron. El Sáhara Occidental no era el final de la política territorial marroquí y quienes llevamos décadas estudiando el nacionalismo marroquí nunca tuvimos demasiadas dudas al respecto. Si una potencia descubre que la presión modifica las posiciones de su vecino, la conclusión racional desde su perspectiva consiste en aumentar la presión, no en renunciar a sus siguientes objetivos.

Ceuta y Melilla entran así en una fase especialmente delicada. El peligro inmediato no consiste necesariamente en una acción militar ni en una anexión repentina. Consiste en acostumbrar a España, a Europa y a la opinión pública internacional a hablar de ambas ciudades como un contencioso pendiente. Una crisis migratoria hoy, una declaración ministerial mañana, una controversia comercial después, mapas, campañas mediáticas, reivindicaciones históricas, incidentes fronterizos y períodos calculados de distensión pueden terminar creando en unos años un marco político que hoy España rechazaría frontalmente. El tiempo es una herramienta de poder cuando uno de los actores posee una estrategia de décadas y el otro gobierna pendiente del próximo ciclo electoral.

Ante semejante escenario, la respuesta del Gobierno español resulta difícil de justificar.

Ante semejante escenario, la respuesta del Gobierno español resulta difícil de justificar. La política seguida desde 2022 ha confundido estabilidad con concesión y cooperación con dependencia. Se ha querido evitar cada crisis aceptando progresivamente el marco impuesto por quien dispone de los instrumentos para provocarla. Mientras Rabat piensa en términos históricos, España responde administrativamente a cada episodio. Mientras Marruecos acumula posiciones, Madrid intenta recuperar la fotografía de normalidad. Y mientras se habla de una relación excelente entre ambos países, desde el otro lado de la frontera altos responsables políticos reivindican abiertamente dos ciudades españolas y explican que su país sabe tener paciencia.

España está asistiendo a uno de los desafíos más graves contra su soberanía e integridad territorial de las últimas décadas mientras una parte de su clase política continúa comportándose como si reconocer la naturaleza del problema pudiera resultar más peligroso que el propio problema. La presión procede de Rabat, pero su eficacia depende de la debilidad que encuentre enfrente.

El expansionismo marroquí ha demostrado durante medio siglo que sabe esperar, presionar y aprovechar cada retroceso de sus adversarios. Después del Sahara llegaron las palabras sobre Ceuta y Melilla. España debería preguntarse cuánto territorio político está dispuesta a ceder antes de comprender que, para quien interpreta cada concesión como una victoria, la última concesión nunca es realmente la última.

-El autor, Taleb Alisalem, es analista y activista saharaui.

*Fuente: ABC

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Maher al-Charif: “El sionismo se inscribe en el marco del proyecto colonial europeo”

Redacción piensaChile — Sat, 22 Aug 2026 18:11:23 +0000

22 de agosto de 2026

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El debate sobre el sionismo, que volvió a cobrar fuerza en Occidente, podría hacer pensar en una simple extensión de la “cuestión judía” surgida en Europa en el siglo XIX, de la que los palestinos fueron los grandes ausentes. En su ensayo Fil-fikr Al-Sahyūnī: Al-Sahyūnīya wa mawaqifihā min Al ʿarab Al-falastīnīyyīn, (“Sobre el pensamiento sionista. El sionismo frente a los árabes palestinos”), el historiador palestino Maher al-Charif hace un análisis de la dinámica que llevó al pensamiento sionista a su forma actual. Y sitúa a los palestinos en el centro de la cuestión. Entrevista.

Nada Yafi: No hay duda de que este libro sobre el sionismo no es el primero que adopta un punto de vista palestino. ¿En qué se distingue entonces del resto?

Maher al-Charif: Hace varias décadas, un reconocido historiador, Walid Khalidi, que falleció el 8 de marzo de 2026 y fue uno de los fundadores del Instituto de Estudios Palestinos, en 1963, se dedicó a estudiar ese pensamiento y refutó sus postulados fundadores. Así, en 1958 publicó un artículo en inglés titulado “¿Por qué se fueron los palestinos?”, en el que deconstruye el rumor israelí de que los palestinos habrían abandonado su patria en respuesta a llamados radiales de dirigentes árabes [1]. También podría mencionar las contribuciones en ese campo de investigación de Anis Sayigh (1931-2009), Sabri Jiryis (1938-), Nur Masalha (1957-), Edward Said (1935-2003) y Rashid Khalidi (1948-).

Empecé a escribir este libro al comienzo de esa guerra que un amplio consenso ahora designa como “el genocidio de la Franja de Gaza”, y que se basaba en una deshumanización de los palestinos, considerados por los dirigentes israelíes como pertenecientes a una civilización inferior. Me estimuló la siguiente pregunta: estos posicionamientos de Israel, ¿son un hecho coyuntural, nacido de la sed de venganza por el ataque del 7 de octubre de 2023 del movimiento Hamás, o más bien se inspiran en el pensamiento sionista que surge en la literatura de fines del siglo XIX?

Mi libro tiene la particularidad de inscribirse en el campo de la historia de las ideas y de su evolución, no trata sobre los acontecimientos políticos salvo cuando echan luz sobre el pensamiento en cuestión y su asimilación. También se distingue de los otros trabajos por la amplitud del período estudiado, desde la década de 1840 hasta nuestros días, así como por el examen de las diferentes corrientes del sionismo y de su evolución histórica hasta nuestros días.

N. Y. : Su libro vuelve a colocar el pensamiento sionista en el contexto del pensamiento colonial europeo, del cual habría surgido. ¿Cómo es el vínculo entre el sionismo y el colonialismo europeo?

M. A.-C. : Desde sus orígenes, el sionismo se inscribe en el marco del proyecto colonial europeo, y está basado principalmente en un racismo que ignora los derechos de los nativos y sus aspiraciones. El pensamiento de Theodor Herzl no puede disociarse de la visión colonialista de su época: así, en su libro El Estado judío, publicado en 1896, presenta las ventajas comparativas entre Argentina y Palestina, indica que la elección de un Estado judío en Palestina significaría para Europa “un fragmento de muralla contra Asia y el puesto de avanzada de la civilización contra la barbarie”. Esa idea de un conflicto entre la “civilización” y la “barbarie” siempre está presente en el discurso sionista, sobre todo en los discursos de Benjamín Netanyahu de los últimos años.

Aunque Herzl no haya mencionado a los habitantes originarios de Palestina en El Estado judío y no haya abordado la “cuestión árabe”, su adhesión al discurso de la “supremacía” europea aparece claramente en su novela utópica Altneuland, publicada en 1902 [2]. Allí afirma que los inmigrantes judíos europeos llevarían “progreso” –encarnado en “la riqueza, la propiedad y la salud”– a un país considerado como “atrasado”. También destaca las ventajas y los beneficios económicos que obtendrían los árabes del desarrollo rápido que generaría la inmigración judía. “Nosotros, los judíos, hemos aportado cultura y civilización”, declara uno de los personajes de la novela, mientras que Rachid Bey, que simboliza a los árabes, afirma: “Los judíos fueron la causa de nuestra prosperidad. ¿Por qué tendríamos que odiarlos o tenerles resentimiento? Viven con nosotros como hermanos. ¿Qué motivo tendríamos para detestarlos?”.

Theodor Herzl había barajado otras opciones distintas de Palestina para su proyecto: Argentina, el desierto del Sinaí o incluso Uganda.

Por otra parte, lo que puede confirmar el hecho de que el sionismo solo era una expresión entre otras del movimiento colonial europeo, en busca de un territorio para colonizar, es que, para su proyecto, Theodor Herzl había estudiado otras opciones además de Palestina: Argentina, el desierto del Sinaí e incluso Uganda. Hasta había aceptado esa última propuesta en 1903, cuando el ministro británico de las colonias, Joseph Chamberlain, se la presentó para un posible hogar nacional judío, en particular después de la nueva ola de pogromos contra los judíos en Rusia. Sabemos que Herzl había convencido a la mayoría de los participantes del Sexto Congreso Sionista, celebrado en 1903, de enviar una misión de expertos a África Oriental para estudiar las condiciones de una futura implantación judía. Sin embargo, tras su muerte, el 3 de julio de 1904, el proyecto ugandés no prosperó y se privilegió la opción palestina.

Si bien algunos pioneros del sionismo, como el filósofo Martin Buber, expresaron la idea de un vínculo entre los judíos y oriente, y el deseo de que los judíos de Palestina sirvieran como eslabón entre Oriente y Occidente, la mayoría de ellos atribuía la “superioridad civilizacional de los judíos” a su vinculación con Occidente. Así, para Vladímir Yevgénievich Jabotinsky, los judíos no tenían nada en común con lo que se designa con el término “oriental”. Desde su punto de vista, Oriente había quedado “sometido al yugo del despotismo” y buscaba “introducir la religión en todos los ámbitos de la vida civil”. Allí, las mujeres estaban sometidas al “instrumento de dominación más potente y trágico utilizado por Oriente: la poligamia, el harén y el velo” [3].

N. Y. :Su libro también revela constantes en el pensamiento sionista, no solo a lo largo del tiempo, sino también a través de las diversas corrientes del sionismo.

M. A.-C. : Las investigaciones que he realizado me llevaron a constatar que las divergencias entre las diferentes corrientes del sionismo eran más de forma que de fondo. Todas las corrientes coinciden en la idea de que los judíos del mundo constituyen una nación que se vio obligada a abandonar la “tierra de Israel” hace más de dos mil años. Para ellas, el sionismo es un proyecto que apunta a salvar a los judíos de los peligros del antisemitismo y a llevarlos nuevamente, al reunirlos, a su “patria” histórica, por medio de la apropiación de la tierra y la implantación. Consideran además la Torá como un “título de propiedad” de esa tierra, en la cual el hebreo debe ser la lengua predominante.

Cuando el sionismo se enfrentó a la «cuestión árabe», surgieron divergencias sobre la forma de abordarla.

También existía una especie de consenso entre esas corrientes respecto del hecho de que los inmigrantes judíos iban a llevar el desarrollo a Palestina en el ámbito económico y social, lo que, desde su punto de vista, sería motivo de interés para los habitantes árabes.

Cuando el sionismo se enfrentó a la “cuestión árabe”, aparecieron divergencias respecto de la manera de abordarla. Una primera corriente defendía la idea de la transferencia de los habitantes nativos del país, por las buenas o por las malas, mientras que una segunda corriente les proponía a los árabes palestinos “vencidos o resignados” elegir entre dos opciones: ya sea volverse una minoría con derechos cívicos y una amplia autonomía en la gestión de los asuntos dentro del Estado judío, o emigrar voluntariamente para ejercer sus derechos nacionales fuera de Palestina. Esa es sobre todo la posición planteada por Vladímir Yevgénievich Jabotinsky en su célebre ensayo The Iron Wall, publicado en 1923 (El muro de hierro). Una tercera corriente, marginal, defendía por su parte la idea de una coexistencia con los árabes palestinos en el marco de un Estado binacional basado en derechos diferentes para ambos pueblos: derechos nacionales históricos para los judíos, y un simple derecho de residencia para los palestinos.

N. Y. :Hay quienes afirman que el sionismo era en sus orígenes un movimiento laico, antes de la deriva hacia un fanatismo religioso que poco a poco se infiltró en el ejército, los servicios de inteligencia y la sociedad.

M. A.-C. : El proyecto de Theodor Herzl era el de un Estado laico basado en la separación entre la religión y el Estado, como afirmó en El Estado judío y en su novela utópica Altneuland. Sin embargo, evitaba cualquier ruptura con el mundo religioso y subrayaba que el sionismo “significa un retorno a la religión judía incluso antes de ser un retorno al país de los judíos”.

Así que el sionismo nunca fue un movimiento verdaderamente laico. Consideraba la religión judía como un componente esencial de la “identidad judía” y estimaba que la Torá había preservado la existencia de la nación judía. Esa idea era la base común de la alianza entre corrientes laicas y religiosas a partir de 1902. Así, el rabino lituano Yitzchak Yaacov Reines, fundador del movimiento Mizrachi –central en la corriente del sionismo religioso– era un fiel aliado de Herzl. Buscaba conciliar, por un lado, una aspiración nacional con miras a establecer un Estado judío por medio de la intervención humana y, por el otro, una fe que prohibiera que los hombres intervinieran en la voluntad divina o realizaran ellos mismos la “redención”.

Esta laicidad ambigua ha constituido el caldo de cultivo en el que se han desarrollado las corrientes religiosas.

Esa alianza entre laicos y religiosos se manifestó claramente luego de la creación del Estado de Israel. Así, David Ben-Gurión decidió que la primera Knéset, a comienzos de enero de 1949, no adoptara una Constitución escrita y de ese modo respondiera al deseo de los círculos religiosos, para quienes la Torá representa la única Constitución legítima. Para integrar a los grupos religiosos dentro del nuevo Estado, Ben-Gurión hizo varias concesiones referidas a las relaciones entre la religión y el poder político.

Esa laicidad ambigua, adoptada por el “sionismo socialista”, cuyos orígenes se remontan a Ben-Gurión, así como por el sionismo de derecha nacionalista heredero de Vladímir Yevgénievich Jabotinsky fue tierra fértil para que se desarrollaran las corrientes religiosas. Estas hoy están representadas, por un lado, por los partidos ultraortodoxos (Haredim⁴) y, por el otro, por los partidos del sionismo religioso, y son fuerzas que ahora tienen una influencia considerable en la vida política israelí.

N. Y. : ¿Hasta qué punto tiene asidero la afirmación de que el sionismo era en sus orígenes una ideología socialista?

M. A.-C. : Abordé la cuestión del carácter “socialista” del sionismo en mi libro examinando las posiciones de cuatro de sus primeros representantes: Itzjak Ben-Zvi, Aaron David Gordon, David Ben-Gurión y Berl Katznelson. Itzjak Ben-Zvi hacía primar el nacionalismo sobre el socialismo. Justificaba la política del “trabajo hebreo” exclusivo y negaba la existencia de un proletariado árabe con el que se pudiera establecer una cooperación basada en el principio de “solidaridad proletaria internacional”.

Con respecto a Aaron David Gordon, teórico de lo que podría llamarse un “socialismo nacional”, fue el primero en formular el principio del derecho a la posesión de la tierra derivado del trabajo realizado sobre ella. La tierra “pertenece al pueblo que soporta por ella los más grandes sacrificios”, decía Gordon⁵. Se adquiría “por el sudor en la frente” pero también por la conciencia de poseer un “derecho” de propiedad. Con el tiempo, Gordon asoció los “derechos históricos de los judíos” en Palestina a la Torá: “Con la tierra de Israel tenemos un contrato que nada ni nadie puede anular; es un contrato eterno. Y estoy hablando de la Torá”.

Berl Katznelson rechazaba la idea de que pudiera existir en la «tierra de Israel» dos movimientos nacionales con un derecho igualmente legítimo a reclamar esa tierra.

Desde la misma perspectiva, David Ben-Gurión estimaba⁶ que los árabes eran “incapaces de valorizar las tierras” de la “tierra de Israel” y que su presencia allí no era “productiva”. Desde su visión, esa tierra estaba esperando un pueblo desarrollado y entusiasta, rico en recursos materiales y espirituales, armado de ciencia y de técnicas modernas para arraigarse allí y “regar el desierto, hacer florecer las colinas estériles, enriquecer una tierra agotada, volver fértiles las arenas y transformar las ruinas en jardines”.

Ben-Gurión afirmaba también que los sionistas “socialistas”, al contrario de los métodos de los colonizadores europeos, no pedían Palestina para oprimir a los árabes ni para encontrar mercados a los productos de las industrias judías de la diáspora. Lo que reivindicaban, según él, era una patria. Y esa patria solo podía obtenerse cuando la mayoría de sus trabajadores y de sus defensores fueran judíos: “la verdadera conquista de Palestina se hará por medio del trabajo”⁷.

Quien expresó de la manera más clara esa forma de sionismo “socialista” es sin embargo Berl Katznelson. Rechazaba la idea de que pudieran existir en “tierra de Israel” dos movimientos nacionales que dispusieran de un derecho igualmente legítimo para reivindicar la tierra. También se negaba a considerar al movimiento árabe como un movimiento antimperialista y no excluía la idea de una transferencia de la población árabe de Palestina. Estimaba que, del mismo modo que un trabajador agrícola árabe podía ser despedido de una hacienda judía, incluso después de haber trabajado allí muchos años, a condición de que recibiera una indemnización, también era posible desplazar a las poblaciones árabes “siempre y cuando se compensaran sus derechos individuales”⁸, que no incluían, según el propio Katznelson, los derechos nacionales. Esa migración podía preverse con la condición de que se efectuara “con su consentimiento”.

N. Y. : ¿No cree que, si Isaac Rabin no hubiera sido asesinado, la situación hoy sería diferente?

M. A.-C. : No hay duda de que, cuando aceptó los Acuerdos de Oslo, Isaac Rabin deseaba sellar una paz con los palestinos. ¿Pero de qué paz hablábamos? De una paz que perpetuaría la ocupación, privaría a los palestinos de su soberanía sobre su tierra y de la posibilidad de fundar su propio Estado independiente.

Claro que Rabin reconoció a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y aceptó negociar con ella, aunque no reconoció los derechos nacionales del pueblo palestino. Es lo que revela la carta, irrisoria en cuanto a su contenido, que le envió a Yasir Arafat el 10 de septiembre de 1993 en respuesta a la que le había enviado Arafat el día anterior.

Lo que había incitado a Rabin a reconocer a la OLP y a sellar un acuerdo con ella era sobre todo su voluntad de eximir a Israel de sus responsabilidades directas hacia la población palestina en los territorios ocupados, reducir el costo de la ocupación y evitar la anexión de los territorios palestinos para mantener el carácter “judío y democrático” del Estado de Israel. Lo motivaba el hecho de que la OLP, debilitada luego de la crisis del Golfo (1990-1991), conservaba legitimidad en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y contaba con un aparato militar y administrativo capaz de manejar los asuntos de la población palestina y contribuir al mantenimiento de la seguridad, aunque sin ejercer una verdadera soberanía sobre el territorio.

Rabin nunca habló de un Estado palestino.

Por otra parte, contrariamente a la idea ampliamente extendida de que los Acuerdos de Oslo traducían la voluntad común de la OLP y del gobierno israelí de llegar a una solución basada en “dos Estados para dos pueblos” según el principio de “la tierra contra la paz”, Rabin nunca habló de un Estado palestino. Un mes antes de su asesinato, mencionaba más bien un acuerdo transitorio que les permitiría a los palestinos administrar sus asuntos por su cuenta, mientras que el gobierno israelí conservaría la responsabilidad de la seguridad de las colonias y de los colonos, y mantendría su control en todos los puestos fronterizos, así como en “Jerusalén unificada”.

El 25 de febrero de 1994, cuando el militante kahanista Baruch Goldstein disparó con un arma automática contra fieles palestinos en la Tumba de los Patriarcas en Hebrón y mató a 29 personas e hirió a 125, muchos en Israel le pidieron a Rabin que prohibiera que los colonos portaran armas y que abandonaran la ciudad de Hebrón. Rabin se negó a responderles favorablemente, lo que revela su verdadera posición sobre la colonización de Cisjordania ocupada.

Por todos estos motivos, no se puede afirmar que si Isaac Rabin no hubiera sido asesinado, las relaciones entre palestinos e israelíes serían hoy fundamentalmente diferentes.

N. Y. : ¿Cuáles son los hitos de la historia que llevaron al sionismo a su expresión actual?

M. A.-C. : El sionismo atravesó varios momentos decisivos a lo largo de su larga historia. Me detendré brevemente en cuatro de ellos.

El primero ocurre luego de la aprobación, por parte de la Asamblea General, del Plan de las Naciones Unidas para la partición de Palestina, el 29 de noviembre de 1947. Cuando la dirección sionista, liderada por David Ben-Gurión, comprendió que esa resolución significaba que el Estado judío incluiría una importante minoría árabe que representaba a más del 40% de la población, pasó del estado de reflexión de proyectos de transferencia de población a la puesta en marcha de los mismos. Así, logró transferir entre 750.000 y 800.000 palestinas y palestinos.

El segundo hito fue la guerra de junio de 1967. Después de la clara victoria militar israelí, el gobierno de “unión nacional” encabezado por el laborista Levi Eshkol impuso una política de hecho consumado en los territorios árabes ocupados. Se encargó de fundar colonias judías en nombre de los derechos históricos del pueblo judío sobre el conjunto de la “tierra de Israel”.

La ambición de establecer el «Gran Israel».

El tercer acontecimiento clave fue la victoria electoral de la derecha nacionalista dirigida por Menájem Beguín en las elecciones legislativas del 17 de mayo de 1977. Esa corriente accedía al poder por primera vez en su historia. Esa victoria fortaleció las tendencias agresora y expansionista del Estado de Israel, a través de la extensión de la colonización en los territorios palestinos, la anexión de los Altos del Golán y el inicio de la guerra en Líbano en 1982.

Por último, el cuarto hecho fundamental ocurre a comienzos del siglo XXI, con el dominio del poder a manos de un “nuevo sionismo” que buscaba imponerle al pueblo palestino una capitulación total a partir de la convicción de que la guerra de 1948 había quedado inconclusa y había que darle término, en un conflicto considerado como existencial con los palestinos, y sin solución posible. Con esa perspectiva, Israel lanzó una enorme operación militar en Cisjordania en 2002, y luego varias grandes guerras contra la Franja de Gaza en 2008-2009, 2012, 2014 y 2021. Esa tendencia encontró su expresión más acabada en el gobierno formado por Benjamín Netanyahu a fines del año 2022, basado en una alianza entre la derecha nacionalista y la corriente del sionismo religioso. Desde el 7 de octubre de 2023, ese gobierno libra una guerra multiforme contra el pueblo palestino en el conjunto de la Palestina histórica, con la ambición, por medio de su proyecto anexionista, de fundar el “Gran Israel”.

N. Y. : ¿Qué pueden hacer los palestinos ante esa situación? Por otra parte, ¿considera que los debates actuales en torno al antisionismo, así como las críticas cada vez más frecuentes hacia el gobierno israelí, pueden modificar la relación de fuerzas?

M. A.-C. : En mi opinión, la victoria total del sionismo solo puede lograrse si consigue vaciar a la Palestina histórica de su población árabe palestina, o al menos de su mayor parte. Impedir esa victoria supone entonces garantizar la determinación de las palestinos y de los palestinos a quedarse en su tierra y fortalecer las condiciones de esa tenacidad en los ámbitos político, económico y social. Ese es hoy el objetivo central del proyecto nacional palestino. Para lograrlo, tiene que ir acompañado de la continuación de la acción militante destinada a internacionalizar constantemente la cuestión palestina, aumentar el aislamiento diplomático de Israel y ampliar las campañas de boicot y de sanciones.

Las formas de lucha deben ser coherentes con el objetivo prioritario de que los palestinos permanezcan en su tierra.

Hoy parece difícil de alcanzar la creación de un Estado palestino soberano, porque exigiría un profundo cambio del contexto político y de la relación de fuerzas. Sin embargo, no hay que renunciar a las conquistas, entre ellas, el avance del reconocimiento internacional del Estado palestino, a pesar de su significado esencialmente simbólico, ya que no va acompañado de verdaderas sanciones contra los dirigentes israelíes…

Las formas de lucha deben ser coherentes con el objetivo prioritario del mantenimiento de los palestinos en su tierra, sobre todo, la resistencia popular no armada, la forma de acción más apropiada hoy en día. Si bien parece difícil reproducir exactamente las formas de movilización de la Primera Intifada debido a transformaciones políticas generadas por los Acuerdos de Oslo y la creación de la Autoridad Palestina, la Segunda Intifada y los años que la sucedieron vieron el surgimiento de varias experiencias de resistencia popular, de las que sería útil inspirarse, como la de los comités populares, incluido un “comité de coordinación de la resistencia popular”.

La evolución de los objetivos y de los métodos del movimiento nacional palestino, combinada con el auge de la solidaridad internacional, podría contribuir a largo plazo a cambios dentro de la propia sociedad israelí. Eso podría aumentar el círculo de judíos israelíes convencidos de que la Palestina histórica puede albergar a dos pueblos que vivan en la misma tierra, en seguridad, en paz y con los mismos derechos.

Nada Yafi Ha sido intérprete oficial de árabe, diplomática y directora del Centro de Lengua y Civilización Árabes del Instituto del Mundo Árabe… (continuar)

Maher Al-Charif Historiador palestino, jefe del departamento de investigaciones en el Instituto de Estudios Palestinos (Beirut).

*Fuente: OrientXXI

Notas.

1. Ese artículo de Walid Khalidi fue seguido en 1961 por un estudio, en inglés, del “plan Dalet”, adoptado por el mando de la milicia Haganá en presencia de David Ben-Gurión en marzo de 1948 y diseñado para tomar posesión de los pueblos palestinos y expulsar a sus habitantes de ellos. Y otros libros, sobre todo el que publicó en 1984 y luego fue traducido al árabe, Before Their Diaspora: A Photographic History of the Palestinians, 1876-1948 (Antes de su diáspora: Una historia de los palestinos a través de la fotografía, 1876-1948, Institut des études palestiniennes), en el que se empeñó en refutar la leyenda de “una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”.

2. Traducida al español como Antigua nueva tierra, ATICO, 2025.

3. In Sionismes, Textes fondamentaux (en francés)

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Argentina / Ley de tierras: “Pretenden despojar a las comunidades indígenas de sus territorios”

Redacción piensaChile — Wed, 19 Aug 2026 16:52:17 +0000

19 de agosto de 2026

Que el árbol no tape el bosque: se frenó la mayor extranjerización de tierras, pero hay vía libre contra los pueblos originarios y desalojos exprés.

Un análisis en clave jurídica y de derechos, detalla cómo el Gobierno intenta avanzar sobre las comunidades originarias para favorecer más a las empresas extractivas. La derogación de la Ley 26.160, el RIGI y un modelo que viola derechos humanos.

Martes, 18 de agosto de 2026

La Cámara de Senadores dio media sanción a la llamada “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, a pesar de un rechazo generalizado que obligó al oficialismo a resignar el capítulo sobre extranjerización de la tierra y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. Sin embargo, siguió adelante con dos temas centrales: modificaciones al régimen de expropiaciones y de desalojos. En el primer caso, requiere de más condiciones para declarar la utilidad pública de un bien inmueble para luego expropiar; en el segundo, flexibiliza el procedimiento, lo agiliza para facilitar los desalojos.

Es probable que la discusión en Diputados llegue con otras sorpresas y otras negociaciones. De la lectura de lo aprobado, y específicamente alrededor de los desalojos, pueden extraerse consecuencias e impactos para las comunidades indígenas, siempre amenazadas, que hoy carecen de lo que es tan valiosa y ponderada para el sector empresarial, pero totalmente ignorada para el mundo indígena: la seguridad jurídica.

En primer lugar, la acción de desalojo para inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido para juicios sumarísimos. En otras palabras, y evitando tecnicismos, los plazos se acortan, no se admiten excepciones previas, los abogados no puede presentar alegatos y las apelaciones —revisión de la medida— son restrictivas.

En segundo lugar, amplía la legitimación activa o permite que cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede presentar la acción de desalojo. En territorios en donde los títulos siempre son oscuros, en donde la manipulación, la corrupción, y el favorecimiento para unos pocos están a la orden del día, la posibilidad de que, prácticamente, cualquier individuo pueda iniciar una causa judicial, complejiza mucho más el escenario.

Las comunidades indígenas están habituadas al hostigamiento judicial. Este proyecto de ley, que hoy tiene media sanción, facilita la persecución judicial a través del litigio, restándole mecanismos de defensa a quienes defienden sus territorios, invocando los derechos territoriales reconocidos por la legislación vigente.

Una ley de tierras para un modelo que arrasa territorios

Lo que el Senado logró aprobar en una sesión atravesada por protestas en todo el país no es una medida aislada. Aunque debió ceder frente a su pretensión de liberar la extranjerización de la tierra, y modificar el destino y los plazos de las tierras incendiadas, insistió en votar el proyecto de ley para modificar la expropiación y el desalojo.

Esto debe, necesariamente, vincularse con el conjunto de acciones que viene llevando delante de forma consistente —vale sólo pensar en el Regimen de Incentivo para Grandes Interviones (RIGI) y en el Súper RIGI—, y que responde a un modelo económico, una matriz productiva y energética, un modelo de desarrollo, que demanda para su consolidación de territorios despejados, territorios vacíos.

Las comunidades indígenas son uno de los principales sujetos afectados. No sólo por el desconocimiento de sus derechos, sino porque prolijamente se fue desarticulando un andamiaje que, aunque precario, permitía austeramente avanzar hacia la titulación colectiva. La derogación de la Ley de Emergencia de la Posesión y Propiedad Comunitaria Indígena (26.160), es sólo una señal de los objetivos perseguidos por la actual gestión de gobierno.

No obstante, se debe insistir en el estatus que revisten las carpetas técnicas, producto del relevamiento técnico jurídico catastral que ordenó la derogada ley. Éstas son expresión de un acto administrativo del Estado con efecto jurídico. La ley invistió como autoridad de aplicación al INAI. Más allá del cambio de este instituto en el organigrama del Estado, independiente de la derogación de la ley, las carpetas técnicas fueron resultado de un trabajo con las comunidades indígenas y no pueden soslayarse, aunque parece ser la intención de la gestión de gobierno cuando va anulando, de a poco, carpetas que son problemáticas para otros intereses generados alrededor de los territorios demarcados.

Si bien la anulación de carpetas por parte del INAI, o su apertura para revisión, genera enormes incertidumbres, las carpetas que todavía no son cuestionadas revisten relevancia porque, vale la pena insistir en ello, son actos administrativos del Estado con consecuencias jurídicas. Deben utilizarse estas carpetas como herramientas que impulsen la obtención de los títulos.

Volviendo entonces al debate parlamentario alrededor de la “Ley de inviolabilidad de la propiedad privada”, no es menor que el oficialismo se haya visto obligado a dejar de lado la extranjerización de la tierra y la reforma a la Ley del Manejo del Fuego. Resta que en Diputados la presión de organizaciones y ciudadanía —que se expresó claramente en contra de esta avanzada del gobierno— pueda finalmente hacer caer el proyecto.

Las modificaciones a la expropiación y al desalojo son también una llamada de alerta, y una pieza más para el montaje de una maquinaria que sólo pretende generar recursos económicos a costa del sufrimiento de enormes sectores de la población. Dentro de ellos, y como siempre, se encuentran las comunidades indígenas.

-La autrora, Silvina Ramírez, es especialista en Derechos Indígenas. Docente de la Facultad de Derecho de la UBA. Miembro de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI).

*Fuente: Litigio periodismo judicial

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Trump avisa de que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado»

Redacción piensaChile — Mon, 17 Aug 2026 21:32:32 +0000

17 de agosto de 2026

Trump y su Departamento de Estado acaban de subir un vídeo de propaganda que, sin ningún tipo de disimulo, reivindica la vieja Doctrina Monroe y avisa de que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». No hablan de colaboración, hablan de dominio, y lo dicen así, tal cual, sin ningún tipo de vergüenza. En este vídeo te cuento por qué esto no es una fanfarronada más, sino la versión más honesta que hemos visto nunca de la política exterior de Estados Unidos hacia Latinoamérica.

Repasamos 200 años de historia, desde el discurso original de Monroe en 1823 hasta la versión Roosevelt, pasando por Cuba, Puerto Rico, Panamá y llegando hasta hoy con Venezuela, Maduro y la obsesión de Trump con «tomar Cuba» (sí, lo dice literalmente). Te explico también por qué este despliegue mediático llega justo después de que Estados Unidos lleve meses sin poder ganar ni terminar la guerra con Irán, y por qué eso lo dice todo sobre el verdadero estado del imperio.

Como español, esto me toca especialmente de cerca, porque hablamos de un continente hermano al que quieren tratar como un territorio que administrar y no como países soberanos. Contacto: alanbarroso@esbuenaventura.es

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¡No se mendiga soberanía para salvar un negocio corrupto y destructivo!

Redacción piensaChile — Sat, 15 Aug 2026 19:41:52 +0000

15 de agosto de 2026

Los gremios de la pesca del sur austral enviaron una carta al embajador de Estados Unidos en Chile para pedir que Washington revierta el arancel de 12,5% aplicado a los productos chilenos. Dicen defender el trabajo, la dignidad y el futuro de las regiones. Pero la escena es brutal: dirigentes chilenos golpeando la puerta de una embajada extranjera para implorar que no castiguen el negocio del salmón.

Esa imagen no habla de libre comercio. Habla de dependencia.

Durante décadas nos dijeron que los tratados comerciales traerían prosperidad y estabilidad. Lo que construyeron fue una economía subordinada, donde miles de trabajadores quedan a merced de decisiones tomadas en Washington, Bruselas o Tokio. Basta un decreto de la Casa Blanca para poner en alerta a regiones enteras. Y la respuesta no es exigir soberanía económica al Estado chileno, sino pedir una audiencia al embajador estadounidense.

Pero el problema es aún más profundo. Porque lo que se está defendiendo no es simplemente una actividad productiva; se está defendiendo un régimen de poder.

La industria salmonera chilena no es una víctima inocente del proteccionismo norteamericano. Es una de las actividades económicas más cuestionadas por contaminación de fiordos, expansión sobre territorios costeros, precarización laboral, accidentes fatales y una larga historia de vínculos entre grandes empresas, autoridades, organismos fiscalizadores y operadores políticos. El caso Nova Austral mostró con crudeza cómo una empresa podía sobreproducir, falsear información ambiental y obtener beneficios públicos mientras el aparato estatal miraba hacia otro lado. No fue una excepción: fue una radiografía del modelo.

^{Gremios de la pesca artesanal de la zona sur austral del país remitieron una carta al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para solicitarle que se retrotraiga la decisión de aplicar un arancel de 12,5% a los productos chilenos. La misiva busca dejar sin efecto una medida que los dirigentes califican de injusta y que, advierten, tendrá consecuencias importantes para el desarrollo del sur de Chile.

Las organizaciones firmantes —entre ellas Condepp y Corepa, además de sindicatos de pescadores artesanales y armadores— reaccionaron así a la sobretasa aplicada por la administración del presidente Donald Trump, a la que describen como un «castigo» para la cadena productiva regional. En esa cadena, subrayan, participan directamente las familias de la pesca artesanal.}

Hace apenas unos días murió otro trabajador salmonero en Chonchi durante un turno nocturno. Con él, ya son al menos once los trabajadores fallecidos este año en la industria salmonera chilena. ¿De qué dignidad hablan cuando un sector económico acumula muertos con una frecuencia que diversos dirigentes califican como un récord mundial de mortalidad acuícola? ¿Qué valor tiene una cadena exportadora si quienes la sostienen con su trabajo regresan en ataúdes a sus hogares?

Aquí está la gran operación ideológica: se utiliza el nombre de los trabajadores para blindar los intereses de los conglomerados. Se invoca el empleo para proteger un negocio estructurado para la exportación, subsidiado de múltiples formas por el Estado, favorecido por una legislación hecha a la medida del gran capital y defendido por una red de influencia que atraviesa ministerios, servicios públicos, gobiernos regionales y parlamento.

Cuando llegan los beneficios, se privatizan. Cuando llegan las pérdidas, se socializan. Y cuando Estados Unidos impone un arancel, quienes aparecen en primera fila no son los accionistas de Mowi, Cermaq, AquaChile o Blumar, sino los pescadores, los sindicatos y las comunidades que dependen de una economía regional moldeada por décadas de concentración y dependencia.

La carta enviada al embajador Brandon Judd no exige romper esa dependencia. No exige diversificar la economía del sur, fortalecer la pesca artesanal, industrializar la producción, recuperar el control democrático del borde costero ni garantizar condiciones laborales seguras. Pide una conversación, una reconsideración, un gesto de buena voluntad del poder imperial.

Eso no es soberanía; es administración colonial del comercio.

La pregunta no es cómo convencer a Washington de que sea más amable con el salmón chileno. La pregunta es por qué el sur de Chile sigue organizado alrededor de un modelo que concentra riqueza, externaliza costos ambientales, acumula muertos y ha convertido al Estado en garante de intereses privados.

Porque la soberanía no se mendiga en una embajada. Y la dignidad de los trabajadores no puede seguir utilizándose como escudo para perpetuar un negocio cuya historia reciente está escrita con contaminación, privilegios, corrupción y demasiados funerales.

La pesca artesanal austral, hoy, no es sino el más pordiosero apéndice de lo que hace 20 años atrás alguien llamó EL ESTADO SALMONERO…

Corrupción Salmonera: Contra todosy todas

Nadie puede desconocer el irreparable daño ambiental que produce la industria salmonera en las aguas del sur de Chile. Aún más, cuando son áreas protegidas como un Parque Nacional. Y si a este ecocidio le agregamos delitos como el fraude tributario, falsificación de instrumento público y deficiente fiscalización, se puede concluir que hay una corrupción…

por Hector kol 16 mayo, 2024

*Fuente para piensaChile: PrensaOPAL

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Increíble: Gobierno de Venezuela e Israel reanudan relaciones consulares tras 17 años de ruptura

Redacción piensaChile — Fri, 14 Aug 2026 18:13:28 +0000

14 de agosto de 2026

¡ Sin comentarios!

Padre de Delcy Rodríguez, nombrada Presidente de Venezuela por Trump, murió en las torturas, hace 50 años, el 25 de julio de 1976. Un luchador social.

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Chile: El Escudo de las Américas y la Doctrina de la Seguridad Nacional

Redacción piensaChile — Thu, 13 Aug 2026 21:43:08 +0000

Imagen superior: Foto oficial del Departamento de Estado de EEUU

13 de agosto de 2026

Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas, por la clase política, en materias y operaciones de seguridad interior y nunca más deben reprimir las protestas sociales del mismo pueblo que juran defender.

Se ha conocido por estos días que el gobierno de los Estados Unidos pretende operar una Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental la que estaría compuesta por los 18 estados miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, el otro nombre que tiene el Escudo de las Américas, creada por el presidente Donald Trump, en marzo pasado, en Miami, y donde Chile es uno de los países miembros junto a Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, y ahora también Perú y Colombia, entre otros.

Esta instancia estará capitaneada por el general de división, del cuerpo de Marines estadounidense, Kevin Jarard, y será el “brazo operativo del Southcom” y se prevé que refuerce el intercambio de inteligencia, amplíe el entrenamiento combinado, mejore la interoperabilidad y capacidades de las fuerzas militares participantes, como, al mismo tiempo, apoye los esfuerzos de interceptación marítima y, cuando sea necesario, para brindar asistencia humanitaria y respuesta ante desastres naturales.

Esta Fuerza conjunta, como escribimos, será liderada por el mismo Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos responsable de una serie de ataques y asesinatos extrajudiciales, a supuestas embarcaciones de narcotraficantes, y responsable también del secuestro, en enero pasado, del presidente Nicolás Maduro en Venezuela, situaciones reñidas con el derecho internacional y que si bien por ahora pueden pasar impunes, por la falta de poder y vaciamiento de los organismos internacionales, algun dia tendran que rendir cuentas.

Los Estados Unidos, nuevamente, insiste en que las Fuerzas Armadas de América Latina se involucren en temas de seguridad interior como es el combate y desarticulación de organizaciones narcotraficantes que es un área designada históricamente a los cuerpos policiales. En contraste, en Estados Unidos la ley Posse Comitatus Act de 1878, prohíbe que el ejército actúe en tareas policiales, control de drogas, dentro del territorio nacional.

En el mismo sentido, el Proyecto de Ley en el Congreso chileno que pretende darle atribuciones a las FFAA para realizar controles de identidad y la continua presencia de las Fuerzas Armadas en la Zona Mapuche como en el control de migrantes, en la frontera norte, son situaciones negativas, que alejan a las FFAA de su misión y propósito, amenazan el respeto a los derechos humanos, como seguirán erosionando el respeto y la unidad que debiera tener la población con sus FFAA la que, como sabemos, ya su reputación está muy dañada por su actuación durante la dictadura cívico-militar y en el mismo estallido social del 2019 donde militares también cometieron graves violaciones a los derechos humanos.

Así mismo, las intenciones del gobierno, expresadas por el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, de “combatir, junto a las Fuerzas Armadas, graves alteraciones de la seguridad pública con un foco especial en zonas dominadas por redes de narcotráfico y crimen organizado” -como informara Cooperativa- es un peligro mayor que puede tener consecuencias muy graves.

Las Fuerzas Armadas no deben ser usadas, por la clase política, en materias y operaciones de seguridad interior y nunca más deben reprimir las protestas sociales del mismo pueblo que juran defender.

El “enemigo interno”

Como sabemos, fue en la Escuela de las Américas, del Ejército de los EEUU, donde se inoculó a los militares chilenos y latinoamericanos la Doctrina de la Seguridad Nacional que creó el fantasma y figura del “enemigo interno” atribuida entonces a “comunistas y revolucionarios” y ahora, en estos nuevos tiempos, a organizaciones criminales y terroristas. Siempre EEUU busca pretextos para que las Fuerzas Armadas se involucren en temas de seguridad interior lo que muchas de las veces han conducido a la represión y un baño de sangre de la población civil. Esto es beneficioso para la potencia del norte, transforma a las Fuerzas Armadas en gendarmes de su propia nación distrayéndose del verdadero tema donde debieran enfocar sus esfuerzos qué es la defensa de nuestra soberanía territorial hoy en disputa en un escenario convulso e inestable donde seguir apostando y apoyando a una potencia en declive y criminal, como son los EEUU, traerá consecuencias en el presente y en futuro.

En tal sentido, el Estado chileno en su conjunto debería reflexionar sobre todos los componentes que conforman nuestra soberanía y que se deben proteger y resguardar estratégicamente para nuestro país y no más para el usufructo de potencias extranjeras. Seguimos esperando ver una clase política que no sea tan “vende patria” y que cuide de Chile y de todos sus habitantes.

Vale la pena recordar las claras palabras de la ex ministra de defensa de Argentina, Nilda Garré, que el 2006 retiró a las tropas argentinas del entrenamiento en EEUU, quien señaló que “La Escuela de las Américas ha hecho mucho mal y aún sigue intentando impulsar dentro de las Fuerzas Armadas las hipótesis de la ‘lucha contra el narcotráfico, y lucha contra el terrorismo’. Nosotros, por nuestra legislación interna, decimos que narcotráfico y terrorismo son hipótesis que deben ser combatidas desde las fuerzas de seguridad y no desde las Fuerzas Armadas, para no volver al tema de que las FFAA se involucren en temas de política interior y empiecen a perseguir, entre comillas, a ‘terroristas y narcotraficantes’, desplegados en el territorio y metiéndose con la población civil”.

El tema del narcotráfico y aumento de organizaciones criminales, caballos de troya para desestabilizar a nuestras naciones, es un asunto complejo. El país con el mayor consumo de drogas, entre otros, es Estados Unidos ante la ineficacia (o complicidad) de sus fuerzas policiales y la DEA que no logran desarticular a las organizaciones criminales. Es curioso, por decirlo menos, que teniendo los Estados Unidos diversas agencias de inteligencia, aparatos policiales, tecnología, y muchos otros recursos, no logran poner fin a la venta de drogas. Mientras no se ponga fin a la demanda de drogas en EEUU y en Europa, lejos estamos todos de que este problema se resuelva.

En ningún caso en Chile, con más estados de excepción, con más represión, con más cárceles, se podrá terminar con esta problemática sino con inteligencia como con políticas públicas que fortalezcan la prevención y recuperación de jóvenes drogadictos. Tristemente, no hay inteligencia, no hay fondos públicos, ni interés, para que tantos jóvenes se rehabiliten y tengan educación gratuita y verdaderas oportunidades para hacer mejor sus vidas. Como siempre, un problema social se quiere resolver con la fuerza y la represión hijos de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

-El autor, Pablo Ruiz, es periodista egresado de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Es coordinador del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas en Chile (organización afiliada a World BEYOND War y a la International Peace Bureau). Es editor de la Revista El Derecho de Vivir en Paz www.derechoalapaz.org

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