Un puñetazo que cambió la historia

El protagonista del fallo que en 1998 modificó la situación jurídica y social en Chile, tras el largo proceso de extradición del dictador.

El exjuez español Baltasar Garzón conquistó la atención global en 1998 cuando emitió una orden de arresto contra el dictador Augusto Pinochet. Garzón, de visita en Santiago por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, dialogó con Página/12 sobre la trascendencia de esa decisión. «Se reflejó en un cambio de situación jurídico-social dentro de Chile».

–Su pedido de detención de Pinochet marcó un punto de inflexión para Chile. ¿Cómo lo recuerda?

–El 16 de octubre de este año se cumplirán 25 años. En el contexto de los 50 años del golpe militar, es muy interesante porque quizás en ese momento no te das cuenta de lo que está aconteciendo ni de la trascendencia concreta de emitir una orden de detención contra alguien que ha cometido los hechos más atroces en su país, que ha sido endiosado por una parte de la población y todavía lo sigue siendo, hasta el punto de que la derecha y la ultraderecha nieguen que hubo un golpe de Estado. Con el paso del tiempo, se da uno cuenta de que tuvo una gran relevancia y eso se reflejó en un cambio de situación jurídico-social dentro de Chile; se dio una cierta esperanza de que podía haber una reacción frente a quienes habían tenido todo el poder y lo expandieron hasta ese día, en el sentido de que no había capacidad de enjuiciar esos crímenes tan graves. Me acuerdo perfectamente que en enero de 2000, que era la segunda vuelta entre Joaquín Lavín y Ricardo Lagos, el propio Lavín (candidato de la Unión Demócrata Independiente) pedía que vuelva Pinochet a Chile para que se lo juzgue en el país. Oír de la derecha esa expresión, que había crecido a los pechos de Pinochet, decía que algo estaba cambiando. Yo creo que supuso ese puñetazo en el estómago que hizo reaccionar. Y fue también un apoyo importantísimo a las víctimas y a los organismos de derechos humanos que hasta ese momento venían luchando, como en Argentina, desde el mismo momento del inicio del golpe de Estado. En este caso era una acción judicial desde afuera, y lo maravilloso y a la vez incontrolable que ocurría respecto del gobierno y las instituciones chilenas, es que no podían hacer nada. Un juez español que ordenaba la detención de una persona a un tercer país, Gran Bretaña, que decía: «Sí, lo detengo e iniciamos un proceso de extradición». Era la tormenta perfecta para las instituciones políticas chilenas.

–De todas maneras hubo muchas presiones y Gran Bretaña al final lo liberó.

–Sí, presionaron durante 503 días. Se presionó políticamente, se quiso hacer un arbitraje internacional. Gran Bretaña lo suelta, pero seguía siendo la tormenta perfecta para las víctimas y para la acción de la justicia que en este caso operaba por el principio de jurisdicción universal. No podían detenerlo. Incluso la decisión política de Gran Bretaña no se podía producir en ningún momento anterior. Tenía que terminar el proceso judicial y con muchas incidencias, pero finalmente se acuerda por Jack Straw (entonces ministro del Interior) que continúe el procedimiento en abril de 1999. La extradición se gana el 8 de octubre de 1999. Ronald Bartle decide la extradición a favor de España por tortura, conspiración para torturar y de tortura psicológica, como yo lo hacía en la resolución por 2148 casos de desaparecidos. Es a partir de ahí cuando ya se ve seriamente que eso avanzaba a una velocidad de crucero que no iba a detenerse. Había que lanzarle algún torpedo a la línea de flotación de la extradición y ese lanzamiento fueron los dictámenes médicos que después se comprobaron que no eran tan correctos como decían. Pinochet estaba capacitado para soportar el proceso judicial. Recuerdo que solamente se ponía un condicionante, que era que no hubiera sesiones de juicio mayores a cuatro horas por un problema que tenía en las piernas, pero aparte de eso, era perfectamente capacitado. ¿Qué ocurrió? Pues ahí es donde incidió la política y el acuerdo de un país con otro. España no actuó en contra, no hizo nada por evitarlo porque a mí en ese momento se me neutralizaba por la vía de que mis peticiones se dilataban o se cruzaban. Pero más sabe el diablo por viejo que por diablo. Como había otros países que estaban también vistando, utilizamos la vía de Bélgica para pedir las decisiones que finalmente se iban concediendo. Jack Straw, años después, dijo que lo engañaron y publicó un libro en 2013 diciendo que, con lo que sabía entonces, no hubiera tomado aquella decisión.

–Y también cuando vio a Pinochet levantándose de la silla de ruedas y sonriendo…

–Pero claro. A mí me llamó la atención ese golpe de pecho de Jack Straw. Pinochet era el maestro del disfraz, de la apariencia. Fue propio de la soberbia del dictador y a la vez la cobardía, porque no había sido capaz de enfrentar la justicia.

–Pinochet murió sin ser condenado por las violaciones a los derechos humanos en Chile. 

–Sí, pero no hay que olvidar que la reparación de la acción judicial se produjo. Porque tanto por el proceso de extradición de Pinochet en Londres, como por la acción del juez Juan Guzmán Tapia aquí en Chile, en el caso de la Caravana de la muerte y algunos más, Pinochet cuando vuelve a Chile pierde el fuero, es procesado, permanece en arresto domiciliario. Nunca volvió a estar en libertad hasta el día que se murió. Después hay ese simulacro de que estaba enfermo, pero él comete ese acto de soberbia de aparecer en un programa de un canal de Miami diciendo que él estaba bien, y entonces se renueva la decisión del juez y hubiese sido sometido a juicio, si no es porque le llega la muerte. Es verdad que desde que volvió a Chile en el 2000 pasaron seis años, pero ese es otro capítulo del que se puede hablar, de las dilaciones en la justicia. Porque se están cumpliendo 50 años del golpe militar y el 28 de agosto ha salido la sentencia definitiva del asesinato de Víctor Jara. Cincuenta años…

–¿Y eso por qué? ¿Porque ha habido mucha impunidad en estos años?

–Ha habido impunidad, han habido resistencias por parte de los propios autores y los cuerpos policiales de inteligencia o militares a los que pertenecían, porque nunca ha habido colaboración por parte del ejército como no lo hubo en Argentina, así como normalmente se impone la ley del silencio, la omertá entre todos ellos. A mí me llama la atención, y esto es una reflexión muy crítica frente a las instituciones democráticas: se cede a temas como los de la amnistía, la media prescripción y demás, y falla un elemento fundamental para que se adopten esas medidas, que es la verdad. Si no hay verdad no puede haber justicia transicional, es un elemento esencial. Y aquí no ha habido verdad porque hay una parte que se ha negado a hacer cualquier colaboración, cualquier valoración y todavía hay archivos secretos.

–Ahora se acaba de lanzar un plan de búsqueda de desaparecidos, lo que responde un poco a esto que usted viene diciendo.

–Más vale tarde que nunca. A mí lo que me apena es la actitud que toma la derecha, la extrema derecha o la opción política que sea. Si estamos en una democracia, se presume que son fuerzas democráticas, aunque yo tengo mis dudas respecto de la extrema derecha. Deben coadyuvar y estar de acuerdo con ese plan. Pueden mejorarlo, pero lo que no se puede hacer es pedir que no se busquen las víctimas. Es una aberración antidemocrática, involucionista, negacionista y es muy grave porque ninguna democracia se sostiene con esos planteamientos porque no se cumple la garantía de no repetición. ¿Qué quiero decir con esto? Que dejamos la puerta abierta para que vuelva a suceder algo similar. Es terrible lo que está ocurriendo, es terrible lo que está sucediendo en la Argentina también con Javier Milei y demás.

–Milei y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel…

–Sí, la compañera de fórmula ha exaltado siempre a los militares, ha actuado en contra de cualquier opción de compromiso crítico contra la dictadura y el ejemplo lo tenemos recientemente atacando ella a Estela de Carlotto, a su hija desaparecida. Puedes no estar de acuerdo, puedes incluso denostar, pero no puedes llegar a la indignidad de que alguien que opta a la vicepresidencia de un país, tenga esa filosofía de vida. Es muy grave, pero no sé qué mecanismo hay para hacerle ver a la gente que tenga cuidado. Ese camino ya sabemos adónde nos conduce. La historia argentina es muy clara en eso. Cada una de las veces que ha habido una opción de ese tipo, lo único que ha aumentado es el neoliberalismo y ha acabado fatal. Y aquí en Chile ocurre exactamente lo mismo. Un país que ha sido ejemplo del neoliberalismo, desde el minuto uno o menos uno del golpe de Estado, con la influencia de Estados Unidos, con los servicios de inteligencia, con los mecanismos neoliberales, el dominio de los grandes grupos empresariales, etc.

–En Chile sectores de la derecha relativizan las violaciones a los derechos humanos.

–Ese es el discurso del fascismo y de la extrema derecha. Debería ser harto preocupante para los chilenos y las chilenas. Permanecer indiferente en estos momentos es casi ser corresponsables de lo que pueda acontecer. Hay que tocar a la puerta de las fuerzas progresistas. Algo se está haciendo mal y algo tiene que ser corregido. Es el momento de la integridad, de unir fuerzas, de avanzar. No podemos estar en conflictos internos que solo favorecen a quienes no tienen ningún problema en tener hoy unos principios, mañana otros y al tercer día unos diferentes, parafraseando a Groucho Marx. Hay buenos políticos y hay políticos perversos. Y en esa perversión yo incluyo a todos los que anteponen su propio interés, al interés de los ciudadanos. Los hay con nombre y apellido y habría que reflexionar. Si no somos capaces de transmitir esto, pues es difícil.

*Fuente: Página/12 

El articulo Entrevista a Baltasar Garzón, quien ordenó la detención de Pinochet apareció primero en piensaChile.

 

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Para justificar la intervención de ese tribunal, uno de los principales argumentos es el cierre de 3.050 causas por violaciones a los derechos humanos que debían ser investigadas por el Ministerio Público y que están asociadas a las manifestaciones ocurridas desde octubre de 2019. La Corte Penal Internacional podría tardar años sólo en declarar la admisibilidad del recurso. La Asociación Americana de Juristas y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED) también suscribieron el escrito, el que fue presentado este jueves a las 11:00 de Chile.

El ex juez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), enviaron hoy un escrito a la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), la abogada Fatou Bensouda. El documento pide que ese tribunal investigue, acuse e inicie un juicio al Presidente Sebastián Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales, por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” –según señala el escrito– desde octubre de 2019.

“Los hechos acontecidos tras el estallido social revisten categoría, creemos, de crímenes de lesa humanidad. La denuncia ante la fiscalía de la Corte Penal Internacional quiere poner de manifiesto la impunidad que se esta viviendo en Chile”, remarcó Garzón a CIPER (vea el vídeo con su declaración).

El libelo, presentado este jueves a las 11:00 de Chile, argumentó en detalle que la corte internacional debe intervenir debido a que en nuestro país estos casos son erróneamente calificados como delitos comunes y su investigación ha sufrido demoras injustificadas y actuaciones que no se ajustan al principio de igualdad ante la ley.

“(Los casos) son fraudulentamente calificados e investigados en Chile como delitos comunes, con el deliberado propósito en primer lugar, de sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y en segundo lugar, para preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final. Además, los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como lo son el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley. Todo ello hace procedente y necesario el ejercicio de la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional”. (vea el documento).

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margotta, señaló a CIPER que la medida busca sancionar a las máximas autoridades del país, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

“Los tribunales chilenos han incumplido su deber de administrar justicia”, ahondó (vea el vídeo con la declaración).

Sede de la Corte Penal Internacional, en La Haya. Foto: CPI

La fiscal Bensouda, quien será reemplazada el 16 de junio por el británico Karim Khan, debiera definir en principio la admisibilidad de esta acción, para proceder al procedimiento investigativo. Pero esta etapa puede tardar años, incluso más de una década, como ocurrió en el caso de Colombia.

En detalle, la fiscalía de la Corte Penal Internacional debe analizar sucesivamente si los hechos son de su competencia, si hay motivos para sostener que hubo crímenes de lesa humanidad y, finalmente, si se cumplen los requisitos de admisibilidad, en especial el carácter complementario de este tribunal frente a la Justicia nacional, como explicó a CIPER la académica Claudia Cárdenas, experta en el tema. Esto último significa que la corte internacional solo opera si se demuestra que el sistema judicial chileno no cumple con sus obligaciones de investigar y sancionar este tipo de casos. Si estos supuestos se cumplen en el caso de una acusación como esta contra el Presidente Piñera y sus colaboradores, es un debate aún abierto entre destacados juristas (vea el subtítulo de este reportaje “Elementos para un debate”).

La decisión de llevar a Piñera y sus colaboradores civiles, militares y policiales a esta instancia comenzó a gestarse en enero de 2020, durante la visita de Baltasar Garzón a Chile como invitado del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, organizado por los senadores Alejandro Navarro, Adriana Muñoz (PPD) y Juan Ignacio Latorre (RD), miembros de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta.

Durante esos días, el abogado Carlos Margotta, a nombre de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, concordó con el abogado español la idea de acudir a la Corte Penal Internacional. El acuerdo se selló en marzo de 2020, durante una visita del jurista chileno a la oficina de su colega en Madrid.

Desde ese día, Margotta y los abogados defensores de derechos humanos Yuri Vásquez, Carolina Cubillos y Pablo Corvalán trabajaron en la redacción del escrito, en coordinación con la Fundación Internacional Baltasar Garzón. Luego adhirieron la Asociación Americana de Juristas, presidida por Vanessa Ramos, y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), liderado por Fabio Marcelli (vea vídeo con declaraciones de Vanessa Ramos).

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LOS ARGUMENTOS

El escrito, que analiza los antecedentes, los hechos y el derecho de la situación vivida en Chile, plantea que “existe consenso en la doctrina en que en el crimen de lesa humanidad no sólo protege la vida, la integridad física, la salud, la libertad e indemnidad sexual, sino que, junto con estos bienes jurídicos individuales, protege la paz, la seguridad y bienestar de la humanidad, que son propiamente tal, bienes jurídicos internacionales”.

Sobre lo mismo, el documento subraya que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, son considerados crímenes de lesa humanidad, entre otros, los asesinatos, las encarcelaciones, las torturas y los actos de violencia sexual, siempre que se cometan “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. Dicho ataque, además, debe ser conocido por las autoridades políticas del país.

“El elevado número de víctimas y el impacto que estas violaciones tienen en la población chilena y en la opinión pública internacional son de una gravedad tal, que se hace necesario abrir investigaciones por parte de la Corte”, insiste el escrito presentado por Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la AAJ y el CRED.

Sobre lo mismo, el texto ahonda en que “las conductas denunciadas no son aisladas o independientes entre sí, sino que se enmarcan en un plan destinado a llevar a claro un ataque organizado, masivo, extenso y sistemático contra la población civil, con el objetivo de reprimir las manifestaciones de disenso y contener las demandas sociales, ejerciendo intimidación política mediante el uso de la brutal violencia policial”.

“La naturaleza generalizada y sistemática de las violaciones cometidas, se confirma por el gran número de víctimas provocadas, por la extensión geográfica del ataque, por la extensión temporal del ataque y por el involucramiento directo en la comisión de los crímenes por un aparato organizado de poder encabezado por el Presidente de la República y que se revela en toda la línea de mando de las instituciones castrenses y de orden y seguridad (Carabineros de Chile y Fuerzas Armadas)”.

Respaldando su postura, el documento cita los informes sobre violaciones a los derechos humanos cometidas después del estallido social, elaborados por Amnistía Internacional (AI) (ver primer y segundo documento), Human Rights Watch (HRW) (ver enlace), el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Asimismo, como un ejemplo de la masividad de este ataque, el escrito cita varias investigaciones realizadas por CIPER,  relativas a cómo operó la policía durante el estallido social, en especial una que indagó sobre el amplio uso de municiones (vea el reportaje “Carabineros revela que disparó 104 mil tiros de escopeta en las primeras dos semanas del estallido social”).

Además, destacan que este “ataque” ―en sus palabras― contó con una justificación directa del Presidente Piñera, lo que se evidenció en diversas alocuciones en que éste señaló estar en “guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie”, como dijo el mandatario el 20 de octubre de 2019.

Garzón y las demás organizaciones, tras analizar diversos casos en que operó la justicia penal internacional, insisten en que se cumplen los supuestos que permiten abrir una investigación contra Piñera. En especial, según ellos, debido a la impunidad que persiste en el país frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social, las que sumaron unas 8.510 denuncias y querellas ante el Ministerio Público (vea el reportaje “Balance penal del estallido: Fiscalía investiga a 466 agentes del Estado y gobierno acusa a 3.274 personas de cometer actos violentos”).

Sobre lo mismo, precisan que justamente la competencia complementaria de la Corte Penal Internacional sólo se activa en el caso de que un Estado “no tenga la voluntad o no esté en condiciones de ejercer su jurisdicción”. Y a su juicio, hay claras señales de que eso ocurre en Chile.

“Los hechos delictivos cometidos por los agentes del Estado chileno, principalmente miembros de la policía militarizada Carabineros de Chile, han sido calificados como delitos comunes, esto es como homicidios, mutilaciones o lesiones, violaciones o abusos sexuales, en circunstancias que debieran serlo, dado que concurren todas las exigencias, como crímenes de lesa humanidad. De esta manera, para orientar y fundamentar el principio de complementariedad invocado, podemos señalar que las actuaciones del Estado de Chile y sus diversos organismos, en relación con la ausencia de respuesta adecuada ante los ilícitos cometidos por sus agentes, han derivado en un grave comportamiento asimétrico y consecuencialmente, grave vulneración al principio de igualdad ante la ley, por parte de los distintos poderes del Estado encargados de la persecución penal, comportamiento asimétrico que es particularmente complejo en las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado (Carabineros de Chile) contra manifestantes civiles”, reclaman.

Estas posturas, sin embargo, han sido objeto de debate académico desde el inicio de las violaciones a los derechos humanos descritas en los informes internacionales.

ELEMENTOS PARA UN DEBATE

La eventual existencia de responsabilidad penal de las autoridades políticas en crímenes de lesa humanidad fue planteada inicialmente por el abogado y académico de la Universidad de Chile, Juan Pablo Mañalich, en una columna de opinión publicada en nuestra sección CIPER Académico. En otra columna, el mismo jurista sostiene que, de acuerdo con la legislación chilena, “la Ley 20.357 contiene una regla, establecida en su art. 35, que hace posible atribuir responsabilidad por crímenes de lesa humanidad, como autores, a quienes hayan ocupado posiciones de autoridad civil o jefatura militar cuando esos crímenes hubieran sido cometidos, por el hecho de no haber impedido su perpetración habiendo tenido conocimiento de ellos. Para esto es necesario que los delitos en cuestión efectivamente tengan el carácter de crímenes de lesa humanidad.”.

Su posición, sin embargo, fue contradicha por el catedrático alemán Kai Ambos, contratado en su momento, por la defensa del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, con ocasión de la acusación constitucional en su contra, aprobada por el Senado. Para Ambos, no existe evidencia de crímenes de lesa humanidad en Chile, debido a que no habría una acción concertada de todo el Estado.

“Por el contrario, las diversas misiones de observación y verificación invitadas o al menos toleradas por el gobierno, su disposición de principios para cooperar con estas misiones y el funcionamiento, ya mencionado, de los mecanismos de control y cumplimiento nacionales, representados de manera más destacada por el INDH y su director, demuestra el interés y la voluntad del Estado chileno, representado por su gobierno, de hacer frente a las investigables violaciones de los derechos humanos al documentarlas, identificar (posibles) perpetradores e iniciar los procedimientos respectivos” (ver documento).

LA CLAVE DEL CIERRE DE CAUSAS

Pero más allá de este debate, Garzón y los abogados de diversos países argumentan en el escrito que una de las razones clave para la acción de la CPI es la falta de voluntad del sistema judicial chileno para investigar los hechos.

Sobre lo mismo, recalcan que casi la mitad de las causas por violaciones a los derechos humanos fueron terminadas sin avances. “Lo anterior, implica que unas 3.050 investigaciones en procedimientos por ‘violencia institucional’ fueron finalizadas por la vía administrativa en su inmensa mayoría y sólo marginalmente con la aprobación del correspondiente Juez de Garantía, lo que corresponde a un 46% del total de líneas investigativas por delitos cometidos en el período por agentes del Estado contra la población civil” (vea el reportaje “Fiscalía ya cerró sin formalizados el 46% de las causas por violaciones de DD.HH. ocurridas en el estallido social: 3.050 casos”).

En esta misma línea, el documento también cuestiona el trabajo realizado por la fiscal Claudia Perivancich, quien en Chile investiga la eventual comisión de crímenes de lesa humanidad. “El incumplimiento en el deber de investigar delitos por crímenes de lesa humanidad también se manifiesta en que, frente a la existencia de 36 querellas por crímenes de lesa humanidad, sólo 6 se han agrupado a la causa bajo la dirección investigativa de la fiscal Perivancich” (vea el reportaje “Investigación al presidente Piñera por delitos de lesa humanidad casi sin avances en nueve meses”).

Garzón y los abogados de la Comisión Chilena de Derechos Humanos arguyen que otra muestra de la ausencia de voluntad para investigar crímenes de lesa humanidad es el hecho de que el Instituto Nacional de Derechos Humanos tampoco haya iniciado acciones legales en este sentido, pese a estar en su mandato legal.

Asimismo, cuestionan el supuesto actuar asimétrico del Poder Judicial para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a partir de octubre, versus los ilícitos imputados a personas detenidas durante las manifestaciones sociales.

“Por tanto, de acuerdo con lo señalado y visto lo dispuesto en los artículos 5° y 7° del Estatuto de Roma, venimos en solicitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que en virtud de lo prescrito en el artículo 15 del mencionado cuerpo legal, inicie una investigación ‘sobre la base de la información recibida’ respecto de los hechos reseñados en la presente comunicación que dicen relación con la comisión de Crímenes contra la Humanidad cometidos por el Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique, y demás autoridades políticas y policiales mencionadas, recabando la información que estime pertinente ya sea ‘de los Estados, los órganos de Naciones Unidas, las organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales u otras fuentes fidedignas que considere apropiadas’, tal como lo faculta el numeral 2 del mencionado Artículo 15 del Estatuto de Roma”, concluyen.

*Fuente: CiperChile

El articulo Garzón y Comisión Chilena de DDHH acusan al Presidente Piñera en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad apareció primero en piensaChile.

Autor: Baltasar Garzón (España)

Desde una óptica progresista, construir una alternativa creíble que propicie el nuevo y necesario bienestar de la sociedad, exige un trabajo común para que las cosas cambien y, previamente, reconocer la realidad en la que vivimos como primer paso para transformarla así lo creo y así lo he dejado reflejado en mi libro La encrucijada[1]. Es el mismo espíritu que alienta al Grupo de Puebla, la organización creada por líderes progresistas de América Latina y España que intenta revertir la inquietante situación del continente. 47 líderes políticos de QUINCE países y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD) componen de inicio el eje Buenos Aires-Montevideo-Brasil-La Paz-Ecuador-Colombia-Ciudad de México-Santiago de Chile, que actualmente cuenta con más de 100 miembros.

Entre los iniciales fundadores cito al presidente de Argentina, Alberto Fernández, y los expresidentes de Colombia, Ernesto Samper que, junto al político chileno Marco Enríquez-Ominami, coordinador del mismo y el exministro brasileño Aloisio Mercadante, son los motores del grupo; los expresidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff; de Bolivia, Evo Morales; de España, José Luis Rodríguez Zapatero; de Paraguay, Fernando Lugo, y de Uruguay, José Mujica, además de decenas de dirigentes iberoamericanos. Figuran también en el colectivo, personalidades como el filósofo estadounidense Noam Chomsky, la escritora canadiense Naomi Klein, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, el economista griego Yanis Varoufakis, el excanciller brasileño Celso Amorim, el actor mexicano Gael García Bernal, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o la activista india Arundhati Roy. Me honra decir que formo parte del consejo asesor.

Desde su creación, los objetivos del Grupo de Puebla se centran en vigorizar estructuras regionales, desligándolas de la acción corrosiva de quienes desean una Latinoamérica sumisa, junto con la intención de reforzar el marco político latinoamericano en torno al derecho, a una economía social equilibrada, a un capitalismo responsable y una redistribución equitativa que ataque la desigualdad, fortalezca el desarrollo y proteja a los más vulnerables.

Los instrumentos para llevarlo a cabo pasan por la defensa del medioambiente, la madre tierra y los pueblos originarios, las mujeres, los menores, y dando un papel protagonista a la sociedad civil y a los movimientos sociales. Es un objetivo ambicioso pero indispensable, nacido de la necesidad y de la protección de los derechos humanos.

EL MANIFIESTO

A finales de enero, el Grupo de Puebla se reunió y acordó la emisión de un manifiesto que marca el camino de la reactivación para América Latina frente al enemigo común, la pandemia, y sobre la base firme de la solidaridad. La región está sufriendo una pérdida irreparable de vidas humanas y ha visto como empeoraba la crisis económica y social que desde hace años se ha venido arrastrando. Los golpes blandos asestados contra los gobiernos progresistas en diferentes naciones tienen mucho que ver con estas desigualdades y esta ruina para los más débiles.

La pandemia ha venido a agudizar la desigualdad, agravada, como bien dice el manifiesto, por la actitud de aquellas administraciones que han defendido posturas negacionistas, en un intento de barnizar su incompetencia. Esa conducta negligente ha hecho mucho mal a su población y al conjunto de Latinoamérica. No puedo estar más de acuerdo con tal afirmación del mismo modo que suscribo que los medios para superar la situación son de un lado la ciencia, mediante el suministro universal de vacunas eficaces y seguras, que acaben con la explotación interesada de las grandes farmacéuticas que agrandan la desigualdad entre los que más tienen y los que menos disponen; medidas socioeconómicas de apoyo a la población más vulnerable y a un nuevo modelo de economía solidaria.

Para el Grupo de Puebla, lo que ha desencadenado esta situación tiene raíces profundas en el modelo neoliberal apoyado en la financiación del capital que promueve la desigualdad extrema y la precariedad del mercado laboral; fragiliza el Estado de Bienestar y la democracia; socava derechos sociales; amenaza el medioambiente; deriva en crisis económicas recurrentes y ha convertido en incompatibles el crecimiento sostenible y la justicia social. Absolutamente cierto, tanto como la siguiente conclusión que presenta el manifiesto que es que, a partir de tales acciones, ha crecido la extrema derecha en diferentes latitudes, incluso subrayan (y lo comparto), en países con una trayectoria significativa democrática. Si esto es así en Europa, con los ejemplos de Hungría y Polonia o nuestra experiencia española con Vox, como tercera fuerza parlamentaria, el crecimiento de tal ideología en Latinoamérica amplifica los efectos dañinos al carecer de mecanismos como el de la Unión Europea, para contrarrestar o poner freno a las actuaciones antidemocráticas que impulsan estas políticas. No hay más que pensar en el ejemplo vivo y dañino de Jair Bolsonaro al frente de Brasil.

Si la ultraderecha está actuando coordinada en diferentes rincones del globo, los progresistas debemos unirnos igualmente para defender la democracia, nuestras libertades, los derechos humanos y el medioambiente. Es nuestro deber como demócratas, porque ya sabemos adónde lleva este camino por el que nos quieren arrastrar nuevamente los fascistas. Acabó en Auschwitz, en Dachau, en Buchenwald, en Mauthausen-Gusen, acabó en las cámaras de gas y en los crematorios, acabó en la ESMA y en los vuelos de la muerte, acabó en Villa Grimaldi y en Colonia Dignidad. Y, sin duda puede acabar, como ya lo ha hecho, en una serie de golpes de estado contra gobiernos progresistas, en violencia impulsada por potencias extranjeras; en guerras económicas que distribuyen sanciones en beneficio de quienes controlan los recursos naturales. De todo ello es bien consciente el Grupo de Puebla.

IMPRESCINDIBLE UNIDAD

Añade el manifiesto otra acción de urgencia: la necesidad de recobrar la integración, la unidad y la concertación política recordando que pocas veces en la historia, América Latina y el Caribe han estado tan divididas. Recuerdan por tanto que no hay tiempo que perder porque los retos son difíciles e inmediatos, y mientras dudamos del camino a seguir, los que nos enfrentan continúan horadando hasta eliminar las conquistas más básicas.

¿Cuáles son las acciones a emprender? Lo primero, abordar un modelo solidario de desarrollo. América Latina se debe consolidar como zona de paz, concepto que, a veces, quienes no conocen la realidad de los territorios no alcanzan a comprender lo fundamental que resulta para fortalecer las democracias y los derechos humanos. La cuestión se vuelve ardua cuando el enfoque es progresista, porque, sistemáticamente, se ve atacado y dinamitado por las élites económicas y las políticas más conservadoras.

En segundo término, se consigue enfrentando la desigualdad, a través de duro aprendizaje conseguido, de la mano de la ciencia, la innovación y la tecnología como prioridad para el gasto público y con la visión de la salud como un derecho fundamental. El Estado debe recuperar su papel de garante del bienestar colectivo refrendando el acceso de todos a las infraestructuras básicas y protagonizando la regulación de los mercados para evitar las injerencias de los grandes inversores que actúan a su beneficio y no toman en cuenta a la ciudadanía. Es por ello que se llama a la iniciativa privada a que colabore de forma responsable en todo lo referido a inclusión social, generación de empleos dignos y más participación democrática. Establecer la Renta Básica Solidaria es otro de los puntos necesarios para avanzar contra la desigualdad, del mismo modo que implantar un sistema fiscal progresivo que beneficie a los que menos tienen, es otro aspecto que defiende el progresismo humanista, del mismo modo que se trata de una nueva industrialización y una transición verde.

La defensa del medioambiente es vital. En este sentido, uno de los pocos efectos positivos de la pandemia de la Covid 19 ha sido la posibilidad que ha dado al planeta de iniciar un proceso de regeneración. Sin la acción de las personas, sin la contaminación ni la agresión química o la deforestación que son la tónica diaria, la naturaleza ha conseguido ir recuperándose. ¿Cómo sería la vida si los seres humanos mantuviéramos un confinamiento continuo en aquellas acciones que producen la muerte y la degradación de la madre tierra?

Es una tarea ardua pero imprescindible y consiste ante todo en tomar conciencia del valor del ser humano sobre cualquier otra consideración y de proteger a los movimientos sociales y la libre expresión de la protesta pacífica y constructiva. Se trata de una manera crucial de profundizar en la democracia que debe reforzarse mediante la participación a la vez que se plantea, con acierto, la necesidad de resignificar y robustecer los partidos políticos.

JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

Sin duda, una de las grandes lacras que estamos viviendo en estos años es la utilización de la justicia contra aquellos dirigentes progresistas que estorban a los intereses neoliberales impidiéndoles su labor mediante procesos espurios y campañas de difamación. Es indispensable acabar con estas prácticas, que componen lo que se denomina lawfare. Se olvida que la justicia es un servicio público y sus administradores, servidores públicos y, por ello, debe generar confianza y credibilidad en el pueblo, su verdadero titular. El poder de conocer, juzgar y hacer cumplir lo juzgado es un poder que emana del pueblo. Comprender este principio es fundamental y de enorme trascendencia porque la piedra de toque, el último bastión en defensa del interés colectivo, es el juez, quien debe tener interiorizada esta verdad. La perversión de la justicia se produce cuando se olvida que el derecho es un instrumento de pacificación social y facilitador de la convivencia humana y no un arma para derrotar políticamente a los contrarios. Y hay que tener siempre presente para toda actuación judicial que los derechos humanos son hoy la esencia misma del derecho.

En ese capítulo de respeto hacia las personas cobra particular importancia promover la emancipación de género para conseguir esa transformación progresista que buscamos. Así lo remarca el Grupo de Puebla que alerta contra la discriminación, la falta de visibilidad y la violencia. Como también se apunta como tarea pendiente combatir el racismo, la homofobia y todas aquellas intolerancias que excluyen a grandes sectores de la población. De nuevo, la igualdad es la clave.

Parar, analizar y cambiar el rumbo. Ese es el mensaje que deja la pandemia como bien concluye el manifiesto. De esta reflexión, impuesta por tiempos complicados y trágicos puede salir la buena oportunidad de trabajar en un proyecto que sirva para lo que considera con acierto el Grupo de Puebla “la construcción del nuevo ser progresista latinoamericano: más solidario en lo social, más productivo en lo económico, más participativo en lo político, más pacífico con la naturaleza, y, sobre todo, más orgulloso de su condición de ciudadano de América Latina y del Caribe”. Objetivo creo que enriquecedor no solo para la región sino para el conjunto de quienes habitamos el planeta. Ojalá vivamos un futuro no lejano en que admiremos los logros de los hermanos de estas tierras como el ejemplo a seguir por otras naciones. El progresismo humanista es el motor que cambiará el mundo. Y, todos estamos convocados a participar en este desafío.

-El autor, Baltazar Garzón, es ex magistrado de la Audiencia Nacional de España, ampliamente conocido en el mundo, al haber logrado el arresto en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Garzón desarticuló una trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, lo que le costó ser expulsado de la carrera judicial por el conservador Tribunal Supremo en 2012 a instancias de los cabecillas de una trama corrupta,  que sacó de la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el pillaje. E artículo  publicado por Página/12, Argentina

*Fuente: OtherNews

Notas:

[1] La Encrucijada. Ideas y valores frente a la indiferencia. Prólogo de Pepe Mujica. Ediciones Carena. Octubre de 2020.

El articulo Grupo de Puebla, el motor que cambiará al mundo apareció primero en piensaChile.

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Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero en el ex Congreso, en Santiago.

La presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República de Chile y el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos convocan organizaciones de derechos humanos, líderes políticos, académicos y sociales promotores de los derechos humanos del mundo, parlamentarios/as de europa y de latinoamérica y el caribe, al Foro Internacional de Derechos Humanos se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de Enero de 2020 en la ciudad de Santiago de Chile. Dicho foro se conformará como un espacio de reflexión/acción que busca analizar los desafíos comunes de nuestros países y trazar iniciativas conjuntas para la defensa y promoción de los derechos humanos en nuestro continente y en el mundo.
Las democracias en el mundo enfrentan un fuerte cuestionamiento ante un claro descontento ciudadano por un sistema político, económico y social que ha colapsado, lo que ha detonado en movilizaciones sociales en diferentes países del mundo, entre ellos Chile, Colombia, Libia, Puerto Rico, Francia, España, Hong Kong, Bolivia y Ecuador, entre otros. Chile ha protagonizado masivas movilizaciones que han sido fuertemente reprimidas por agentes del estado, lo que ha generado graves violaciones a los derechos humanos durante los últimos meses lo que nos ha llevado a convocar a esta actividad internacional, no solo como espacio de reflexión/acción, sino también como una oportunidad de evidenciar el caso de Chile y el rol histórico que debe jugar la comunidad internacional en la busqueda de verdad, justicia y reparación.

LOS ORGANIZADORES

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República de Chile, está presidida por Alejandro Navarro Brain, Senador de la República, quien ha jugado un rol activo en la defensa de los derechos humanos así como fiscalización de los organismos del Estado donde han tenido que dar cuenta minsitros de Estado, Generales de Ejercito y policiales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el colegio Médico de Chile, La Fiscalía y un sin número de autoridades y organizaciones, así como víctimas de abusos y sus familiares. Este espacio se ha transformado en una instancia y vocería importante para la defensa y pormoción de los derechos humanos, pero también ha permitido recopilar antecedentes que serán dados a conocer en el Foro Internacional de Derechos Humanos 2020, que aportará la experiencia reciente de Chile.
El “Foro Latinoamericano de Derechos Humanos” es una organización no gubernamental, creada con el objeto de promover y proteger los derechos humanos de todas las personas. El origen de esta organización tuvo lugar a partir de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile durante las movilizaciones ciudadanas del año 2019, lo que develó la necesidad de monitorear el quehacer de los Estado en esta materia, difundir la cultura de los derechos humanos, promover la organización de la sociedad civil y ser un agente activo en la defensa de los derechos humanos vulnerados por agentes del Estado en Chile y todo nuestro continente.
Entre los participantes se cuenta con la presencia del magistrado Baltazar Garzón:

Baltazar Garzón

El magistrado que dictó la orden de detención contra Augusto Pinochet en 1998 por genocidio, cuando el ex comandante en jefe del Ejército se encontraba en Londres, fue invitado al debut del Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, impulsado por la Comisión de la materia del Senado y que se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de enero en el ex Congreso.
El presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, invitó formalmente al juez español Baltasar Garzón, al primer encuentro internacional de Derechos Humanos que se realizará en Chile los próximos 23, 24 y 25 de enero en la sede del ex Congreso Nacional.
Se trata del Foro Latinoamericano Foladh, que debutará en Santiago y que pretende ser el inicio de una serie de encuentros orientados a abordar el descontento ciudadano en el mundo por un sistema político, económico y social.
La iniciativa es impulsada por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y el Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, dirigida por Jonatan Díaz, y busca consolidarse como un espacio de conversación y debate que permita analizar los desafíos comunes a fin de trazar iniciativas conjuntas para la defensa y promoción de los derechos humanos en la región y en el mundo.
Por ello es que el parlamentario incluyó en la lista de invitados internacionales al abogado español, conocido por dictar la orden de arresto contra Augusto Pinochet por genocidio, mientras éste se encontraba en Londres.
Garzón, además, estará a cargo junto a Navarro, de dar el vamos a la actividad, a la que también han sido considerados el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, y el ex candidato presidencial chileno, Marco Enríquez-Ominami.
 

 Expositores y Expositoras

Baltasar Garzón Real
Jurista, ex Juez y Magistrado Español
España
Dilma Rousseff
Ex Presidenta de la República Federativa de Brasil
Brasil
Caroline Proner
Abogada
Brasil
Eduardo Contreras Mella
Abogado y Periodista
Chile
Alejandro Navarro Brain
Presidente Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía del Senado de la República de Chile
Chile
Actividad Artístico–Cultural
Inti Illimani Histórico
 

Actualización 21.01.2020 04:56 horas de Chile

CONFIRMACIÓN E INFORMACIÓN RELEVANTE

Apreciada /o  participante:
Es un placer para nosotros contar con vuestra presencia en el Foro, la Comisión Organizadora le informa que el proceso de acreditación iniciará el día 23 de enero a las 12horas horas en la entrada principal de la sede del Ex Congreso, calle Catedral entre Morande y Bandera. Esta calle estará cerrada a la circulación vehicular.
Se sugiere llegar anticipadamente dado que se ha previsto una gran asistencia y se espera iniciar con puntualidad el trabajo. EVITE tiempos largos de espera acredítese temprano.
Se destaca que por razones de seguridad debe presentar  la cédula de identidad documento de identificación o pasaporte al momento de la entrada. Sería conveniente llevar lo estrictamente necesario, toda vez que el personal de seguridad debe chequear el material que se ingrese a la sede.
Las credenciales serán utilizadas durante los tres días de actividad, por lo tanto, es conveniente colocarla en un lugar seguro para evitar su extravío.
El lunes 20 de enero estará disponible en nuestra página web un link que le permitirá escoger las comisiones en las cuales  desee participar, además de los plenarios.
Se adjunta el programa de la actividad, ponentes, documento guía de trabajo sobre Derechos Humanos e información relevante.
El personal de Protocolo estará atento para resolver cualquier duda que se le presente.
Nuevamente es para nosotros un gusto contar con vuestra presencia y esperamos que las actividades se desarrollen en un ambiente de franca armonía.
Muy Atentamente.
Los siguientes documento pueden ser bajados en formato PDF:
 
—>Listado Completo de Expositoras y Expositores

Expositores y Expositoras

 
—>Programa General

Programa General

 
—>Documento de Trabajo

Documento de Trabajo DDHH Versión Final-cambios

 
—> Plano, Acceso, Identificación. Información útil

Información Util

 
Para mayores detalles e información visitar el sitio: www.foladh.org 
El programa completo de actividades de los 3 días lo puede consultar bajandolo, en formato PDF: V12 Programa General

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