«¡Ni un peso menos para la educación!”: organizaciones convocan a paro nacional el 1 de octubre contra recortes del Presupuesto 2027

En memoria de los más de 140 muertos y desaparecidos en el trágico intento

Es un título un tanto exagerado que pretende llamar la atención sobre el contenido de estas líneas. No obstante, tengo claro que no ha habido una falta de escrúpulos ni intenciones perversas (a lo que respondería el término “bellaco”). Aunque es obvio que se ha dañado la credibilidad y se ha actuado con torpeza y con una narrativa mediocre e indisimuladamente contradictoria.

En la reciente invasión de Ceuta –lo llaman “entrada de forma irregular”– por unos 80.000 súbditos marroquíes (incluyendo un número indeterminado de subsaharianos), la mayoría de los españoles consideramos que el Gobierno está mintiendo respecto a la responsabilidad de Marruecos en dicha invasión, que casi llegó a duplicar temporalmente la población de la ciudad autónoma y que ha generado un intenso debate político y social, acusando al Gobierno de falta de transparencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que no existen «pruebas sólidas» de que el régimen marroquí planificara o ejecutara deliberadamente esta entrada masiva. El Gobierno ha matizado que, aunque se detectó «permisividad» o una respuesta insuficiente en ciertos elementos de la gendarmería marroquí durante las horas críticas, no se puede atribuir formalmente la autoría de los hechos al país vecino. Por su parte, Rabat ha rechazado tajantemente cualquier acusación, achacando el suceso a la viralización de convocatorias en redes sociales, al efecto llamada de un auto judicial y a la acción de mafias de tráfico de personas.

No obstante, esta postura ha sido contradicha incluso desde dentro del ámbito comunitario. A mediados de septiembre, Teresa Ribera, vicepresidenta primera de la Comisión Europea, cuestionó abiertamente la versión de la ‘espontaneidad’ al declarar que «80.000 personas no se ponen de acuerdo por sí solas», sugiriendo una clara instrumentalización de los migrantes por parte de Marruecos, similar a las tácticas de presión híbrida empleadas en el este de Europa.

Uno de los puntos que más ha alimentado la opinión de que el Ejecutivo ha mentido a los ciudadanos es la gestión de la información previa. Inicialmente, el Gobierno aseguró no haber recibido avisos que anticiparan una crisis de tal envergadura. Sin embargo, tras la desclasificación de más de 40 documentos oficiales, se comprobó que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Policía Nacional habían emitido alertas urgentes al menos un día antes de la crisis. Dichos informes advertían de la existencia de macrogrupos en redes sociales (con unos 180.000 seguidores) coordinando llamamientos a realizar entradas masivas para el 30 de julio, aprovechando la distracción de las fuerzas marroquíes por las festividades del Trono en Marruecos. En consecuencia, se ha acusado al Gobierno de negligencia o complicidad por haber ignorado deliberadamente estas advertencias para no tensionar las relaciones con Marruecos.

La desconfianza ciudadana quedó reflejada en los datos demoscópicos publicados en las semanas posteriores a la “invasión”. Según los datos reflejados en sondeos de opinión publicados a principios de septiembre, un 89% de los españoles considera que Marruecos tiene «mucha» o «bastante» responsabilidad en la crisis de Ceuta. La percepción ciudadana es casi unánime en que la entrada no fue casual, desmarcándose por completo de la prudencia diplomática del Gobierno. La gestión de la crisis por parte de Pedro Sánchez cuenta con el rechazo de la mayoría de los encuestados, calificándola como «mala» o «muy mala», lo que provocó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, tuviera que pedir disculpas públicas a los ciudadanos de Ceuta por la sensación de desamparo sufrida durante semanas de colapso.

Las narrativas ministeriales

Pero es evidente que los ministros Albares y Marlaska mintieron; Albares, diciendo que todos los inmigrantes, «absolutamente todos» serían devueltos a Marruecos. Y Marlaska, afirmando que la situación en Ceuta era casi de normalidad y que solo quedaban unos 2.000 inmigrantes en la ciudad, cuando lo cierto es que –en el momento de redactar estas líneas–, 45 días después de la entrada masiva se están instalando carpas o tiendas de campaña para 10.000 personas. Y que todavía hay “cientos” durmiendo en las calles: muchos, menores.

El contraste entre las declaraciones iniciales de los ministros de Exteriores y de Interior y la ‘verdadera’ realidad en la ciudad de Ceuta ha sido el argumento principal para acusar al Gobierno de ocultación y falsedad. A mediados de agosto, durante su visita a Ceuta, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró de forma tajante que la cooperación diplomática con Rabat garantizaría que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos». Afirmó que el proceso se realizaría de forma «inmediata» y sin contrapartidas políticas o económicas. La realidad 45 días después es que la devolución total no se ha llevado a cabo, ni mucho menos. Una y otra vez nos repitieron que en la ciudad solo quedaban, como máximo, unos 2.000 inmigrantes, y todavía hoy se están levantando carpas para 10.000 personas. ¿En qué quedamos? El que haya determinadas trabas legales (y el cinismo chantajista marroquí), no debiera implicar que se nos mienta como a niños o como a ignorantes.

Por su parte, el intrépido y contradictorio (incluso descaradamente farolero en ocasiones varias) ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defendió a principios de agosto que la situación en la ciudad autónoma tendía rápidamente hacia la «normalidad». Desde el Ejecutivo se trasladó el mensaje de que el grueso de la crisis había sido contenido y que el número de migrantes pendientes de devolución que permanecían en las calles era residual (unos 2.000).

Una vez más, la realidad (el colapso asistencial) desmintió el relato de la “normalidad”. A finales de agosto y principios de septiembre, los titulares de Defensa y y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones tuvieron que enviar a Ceuta, urgentemente, un barco cargado con literas, infraestructuras de campaña y macrocarpas.

Inicialmente el plan contemplaba habilitar unas 4.500 camas en zonas como Loma Colmenar y Loma Margarita, pero la acumulación de personas obligó a levantar campamentos provisionales en el propio recinto portuario con capacidad para albergar a miles de migrantes adicionales. Aunque el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres –que finalmente asumió tardíamente el ‘mando único’–, ha reiterado que estas instalaciones en el puerto son estrictamente «temporales», su mera colocación evidencia que el volumen de población migrante real que continúa atrapada en Ceuta supera con creces las optimistas previsiones iniciales del ministro del Interior.

La ciudadanía opina que la ministra de Defensa, Margarita Robles, también cambió su versión inicial. ¿Se puede decir que mintió, o que simplemente se alineó con el argumentario del PSOE o del propio presidente Pedro Sánchez? La ‘evolución’ de la postura de la ministra de Defensa, pone de manifiesto su alineamiento disciplinado con el relato oficial de la Moncloa. Lo que ha criticado la opinión pública no es que haya mentido, sino su “giro de guión» forzado para salvar la cohesión del Gobierno, después de haber desmentido de forma flagrante al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. A finales de agosto, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados, Robles mantuvo una posición firme –su versión inicial — en defensa del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Afirmó que el CNI y los servicios secretos sí habían emitido alertas previas a la Delegación del Gobierno el 29 de julio. Con ello, intentaba blindar el prestigio de los servicios de inteligencia (competencia de su Ministerio) frente a las acusaciones de inacción.

Esa declaración de la ministra Robles provocó un choque en el propio Consejo de Ministros. El ministro del Interior, Grande-Marlaska, la desmintió públicamente asegurando que no existía «ningún informe» que atisbara lo ocurrido, y la propia Delegación del Gobierno en Ceuta negó haber recibido tal aviso. La oposición exigió al Gobierno que aclarara cuál de los dos ministros estaba mintiendo a los españoles. La tensión interna alcanzó su punto álgido a principios de septiembre, cuando el presidente Pedro Sánchez anunció en el Congreso que desclasificaría todos los informes. En esa sesión, Robles evitó sumarse a los aplausos de la bancada socialista, visibilizando su malestar por cómo la Moncloa gestionaba el asunto para exculpar a Marruecos y a Interior.

Pero, tras materializarse la desclasificación de los documentos del CNI el 9 de septiembre, Robles modificó ostensiblemente su discurso, presuntamente para evitar una escalada. Para amortiguar la ‘versión’ de Marlaska, la versión de Defensa se … deslizó hacia la semántica, como suele suceder en estos casos: “donde dije digo, digo Diego”, un refrán popular que se utiliza para explicar que alguien ha cambiado de opinión o se está retractando de algo que afirmó anteriormente, recurriendo a un juego de palabras para camuflar su contradicción, sin admitirlo abiertamente. Así es como Margarita Robles pasó a argumentar que la información transmitida por el CNI en las horas previas «no se había enviado oficialmente como un informe convencional», sino como avisos rápidos (mensajería tipo Whats App). Y después, en sus últimas intervenciones públicas de septiembre, Robles ha pasado a describir la invasión de Ceuta como un «fenómeno imprevisible» provocado por el efecto llamada en redes sociales y mafias (asumiendo así la narrativa oficial). Ha evitado deliberadamente volver a insistir en que el Gobierno disponía de datos detallados antes de la invasión y ha cerrado filas en torno al presidente.

Al verse obligada a dejar de lado la cuestión de los informes de los servicios secretos, la ministra reorientó su discurso hacia la empatía y la gestión logística, evitando valorar las declaraciones de otros miembros del Gobierno con frases del tipo «cada uno responde de sus palabras» y “cada uno ha hecho su trabajo como tenía que hacerlo» y centrando su discurso en pedir disculpas públicas a los ciudadanos de Ceuta que se sientan «solos» o «abandonados» por el Estado. La llegada masiva, afirma, fue una cuestión de «seres humanos engañados», justificando así el despliegue del Ejército y el envío de carpas por razones estrictamente humanitarias y sanitarias, alejándose de los términos “invasión o “crisis de seguridad nacional» que utilizaba la oposición.

Por lo tanto, la ciudadanía percibe que Robles no mintió en su diagnóstico inicial —los informes existían y se desclasificaron—, sino que terminó sometiendo la verdad semántica de su Departamento a la disciplina de partido, con el fin de evitar más quebraderos de cabeza al Gobierno de Pedro Sánchez.

Estas maniobras de ‘desinformación informativa’ dieron lugar a que el Senado –con mayoría del Partido Popular—sacara adelante una moción, el 9 de septiembre, reprobando oficialmente por su gestión no solo a los ministros de Exteriores e Interior, sino también a la ministra de Defensa, el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Sanidad, y la ministra de Igualdad. Cinco ministros reprobados de una tacada por «irresponsabilidad» (sic) en la crisis de Ceuta. Además, y debido al “plantón” parlamentario de los ministros Albares, Grande-Marlaska y la propia Margarita Robles –que habían rechazado comparecer en agosto ante sus respectivas comisiones para dar explicaciones sobre la situación en Ceuta–, el Senado aprobó ese mismo día iniciar un conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno. Es así como la Cámara Alta censuraba al Gobierno por su «falta de previsión» ante los informes de inteligencia previos y por intentar «minimizar con falsedades» el impacto real de una crisis que, hoy por hoy, el propio presidente Pedro Sánchez reconoce que no prevén dar por resuelta hasta finales de año.

Sospechas y desconfianza ciudadana

Pero pese a las palabras aparentemente tranquilizadoras del presidente, persiste la desconfianza mayoritaria de la ciudadanía hacia el propio presidente, así como también la percepción de que «oculta algo» o de que «obedece» a Rabat. Y no por un único hecho aislado, sino por la acumulación de decisiones controvertidas que se perciben como contradicciones flagrantes anteriores, como el giro en la posición tradicional de la política exterior de España respecto al Sáhara Occidental, el abandono de la neutralidad activa, la falta de consenso parlamentario, la alteración del equilibrio geopolítico en el Magreb, …, a lo que se suma el clima de desconfianza generado por la opacidad en torno al espionaje con el software Pegasus en los teléfonos móviles del presidente, varios ministros y profesionales de la información.

La opinión pública (e incluso socios parlamentarios habituales del Gobierno, como el PNV), observan un contraste radical entre la cautela del presidente hacia el reino alauí y un historial sistemático de hostilidad y presión territorial por parte de Marruecos. La ciudadanía asocia la entrada masiva en Ceuta en 2026 con tácticas de presión ya conocidas, como la Marcha Verde de 1975 o la crisis de Ceuta de mayo de 2021 (donde entraron 10.000 personas ante la inacción de los gendarmes marroquíes). Al calificar el suceso actual de «espontáneo» o culpar solo a «mafias», parece evidente que Sánchez ignora voluntariamente este patrón de guerra híbrida. Y más, después de haberlo calificado inicialmente como una “agresión a la soberanía territorial”. También Margarita Robles, en los primeros días tras el asalto masivo, cuando fue abordada por los medios a pie de calle antes de que la crisis escalara a nivel parlamentario, dijo literalmente: «Se va a investigar hasta el final y lo pagarán los culpables, sean quienes sean».

Varios ministros marroquíes y altos funcionarios han reafirmado públicamente en los últimos años que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes, en ocasiones en actos solemnes con la presencia del rey Mohamed VI. Ver que el Gobierno de España califica a Marruecos como un «socio fiable» y le agradece su «cooperación» en plena “crisis fronteriza” se interpreta popularmente como una postura de debilidad o sumisión.

También resulta un hecho muy oscuro –y se califica de “traición” — el que, en 2022, de forma unilateral y mediante una carta privada al rey Mohamed VI, Pedro Sánchez rompiera la (presunta) neutralidad histórica de España y aceptara prácticamente el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Aquel giro copernicano, adoptado de manera opaca, saltándose al Consejo de Ministros y al Parlamento, sembró en la sociedad la sospecha de que el presidente actuaba bajo algún tipo de coacción, todavía hoy inexplicada.

Hay varias cuestiones concretas que la ciudadanía no se traga y que generan desconfianza hacia el presidente. La más reciente, como ya hemos dicho, es la afirmación de que no había alertas previas del CNI ni de la Policía. Tras la desclasificación formal de 40 documentos del CNI y de la Policía Nacional el 9 de septiembre, se demostró que el Ejecutivo había recibido comunicaciones urgentes días antes. Los servicios secretos españoles habían alertado de la movilización de macrogrupos en redes sociales y de que Marruecos relajaría su vigilancia policial coincidiendo de forma deliberada con la Fiesta del Trono (30 de julio).

El lunes 14 de septiembre, en una entrevista en el programa de televisión El Intermedio (La Sexta), el presidente Pedro Sánchez reiteró que «no hay información que establezca sólidamente la responsabilidad de Marruecos» y atribuyó el éxito del ‘salto’ a redes criminales. La oposición, por su parte, hace valer informes policiales remitidos a la Audiencia Nacional donde se detalla cómo la gendarmería marroquí «dejó pasar» a la multitud e incluso camufló a agentes uniformados entre los migrantes en labores de contrainteligencia. La opinión pública considera una falsedad que el presidente insista en exculpar al Estado marroquí cuando es físicamente imposible desplazar, en un plazo tan breve, a 80.000 personas hacia una zona vigilada como la frontera de Ceuta sin el consentimiento de sus autoridades.

En esa misma entrevista en El Intermedio, Sánchez tildó de «guion de Netflix» las acusaciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo (y también de muchos ciudadanos), de que está siendo chantajeado por Marruecos debido a la información que le fue robada de su teléfono móvil institucional a través del software espía Pegasus.  Aunque el presidente lo niega de plano, para la mayoría de los ciudadanos su explicación no resulta creíble debido al secretismo que la Moncloa mantiene sobre el contenido robado de su móvil. Ante la falta de explicaciones y de transparencia, la opinión pública presume que la complacencia del Gobierno con Marruecos se debe a información comprometida recopilada por los servicios secretos marroquíes.

Espionaje con Pegasus

El entramado del espionaje con el software Pegasus y la red de sobornos conocida como «Moroccogate» (o Marocgate) constituyen los dos mayores asuntos oscuros que han afectado las relaciones entre España, Marruecos y la Unión Europea.

El Gobierno denunció el caso ante la Justicia en mayo de 2022, tras detectar dos intrusiones en el móvil del presidente Sánchez (de donde se extrajeron 2,6 gigabytes de datos) y ataques a los terminales de los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Pero la investigación judicial (también la política) se vio bloqueada por la nula cooperación de Israel y la decisión de no señalar a Marruecos. El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, se vio obligado a archivar provisionalmente la causa debido a que las autoridades de Israel y la empresa propietaria del software, NSO Group, se negaron sistemáticamente a responder a las comisiones rogatorias para identificar qué cliente compró esas licencias específicas de Pegasus.

Aunque la causa se reabrió temporalmente con datos aportados por Francia, volvió a encallarse por el mismo bloqueo mencionado. En el ámbito político, el Gobierno evitó inicialmente la creación de una comisión específica en 2022, pero finalmente se aprobó una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados a finales de 2023. En la práctica, mientras la primera propuesta de 2022 fue redirigida inmediatamente hacia el secretismo de la Comisión de Secretos Oficiales, la comisión de finales de 2023 quedaría finalmente prácticamente inoperante debido a la falta de consenso político. La oposición terminó acusando al Ejecutivo de congelar la investigación para proteger el pacto sellado con Rabat tras el giro de Sánchez sobre el Sáhara Occidental.

Francia lo investigó con un enfoque mucho más agresivo. En julio de 2021 se descubrió que los teléfonos del presidente Emmanuel Macron, de su entonces primer ministro y de al menos cinco ministros franceses habían sido infectados con Pegasus. A diferencia de España, la Justicia y los servicios de contraespionaje franceses –la Dirección General de Seguridad Interior (DGSI)– realizaron análisis forenses exhaustivos y avanzaron de forma contundente. Hay un evidente contraste entre el bloqueo político e institucional vivido en España y la decidida actuación de las autoridades galas, donde la (DGSI) y los jueces de instrucción penal abordaron el caso de espionaje con el software Pegasus de una manera mucho más directa y con mucho mayor recorrido: apertura masiva de causas penales por la Fiscalía (una decena de cargos delictivos graves), señalamiento directo a la autoría (apuntando formalmente a Marruecos) y cooperación internacional (el escándalo Pegasus en varios países europeos y las «Órdenes Europeas de Investigación» remitidas a España sirvieron para que la Audiencia Nacional reabriera su propio caso archivado en 2024, con el fin de cotejar las sofisticadas pruebas técnicas descubiertas por la DGSI francesa con las de los terminales españoles infectados).

El Parlamento Europeo constituyó la Comisión PEGA (acortamiento de Pegasus), encargada de investigar el abuso de software espía en territorio comunitario. En marzo de 2023, la misión de la Eurocámara viajó a Madrid y concluyó en su informe que era «plausible» y altamente probable que Marruecos estuviera detrás del espionaje al Gobierno español. No obstante, la comisión criticó duramente la «poca colaboración» y opacidad del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de aportar datos técnicos a los eurodiputados. Finalmente, en las resoluciones del pleno de la Eurocámara de junio de 2023, la falta de pruebas judiciales directas (derivada del bloqueo de Israel) impidió que la UE sancionara formalmente a Rabat, emitiendo únicamente recomendaciones genéricas para prohibir el uso comercial abusivo de estos programas.

El Morocco Gate

Otro asunto más que oscuro es el denominado Morocco-Gate (la vertiente marroquí del Qatargate, la macrored de sobornos y lavado de dinero de Qatar y Marruecos), que estalló a finales de 2022 al descubrirse una macrored de corrupción en Bruselas. Los lobbistas y los servicios secretos de Marruecos habían diseñado una estructura para sobornar a eurodiputados, asesores y asistentes del Parlamento Europeo, principalmente de la bancada socialista. El objetivo era comprar votos para blanquear la situación de los derechos humanos en Marruecos, validar los acuerdos pesqueros y frenar resoluciones de condena sobre la anexión del Sáhara Occidental.

La policía belga incautó más de 1,5 millones de euros en efectivo. Tras las confesiones de los cabecillas (como el exeurodiputado Pier Antonio Panzeri), la justicia belga imputó a cerca de 20 personas. Las órdenes de detención señalaron directamente al jefe del servicio de inteligencia exterior de Marruecos (DGED), Yassine Mansouri, y a su embajador en Polonia, Abderrahim Atmoun, como los cerebros financieros del entramado. La Eurocámara endureció las reglas de transparencia para los lobbies extranjeros, retiró las credenciales de acceso a los funcionarios marroquíes implicados y aprobó resoluciones históricas exigiendo a Rabat el respeto a la libertad de prensa. EL CNI español estaba al tanto de que Rabat “condicionaba” decisiones en Bruselas mediante obsequios y dinero. Lo que mucha gente no sabe (porca memoria) es que el PSOE votó en Bruselas en contra de varias de las resoluciones de condena a Marruecos, para no perjudicar las relaciones bilaterales con el reino alauí… Suma y sigue. Hasta hoy y hasta Ceuta de nuevo…

Móviles españoles espiados

Más de 200 teléfonos móviles españoles fueron seleccionados como objetivos potenciales del software espía Pegasus. Las investigaciones internacionales, coordinadas por el consorcio independiente Forbidden Stories, con el apoyo técnico del laboratorio de seguridad de Amnistía Internacional, atribuyó formalmente ese espionaje a Marruecos. Dicho consorcio estaba integrado por 17 medios de comunicación de todo el mundo que compartieron y publicaron la investigación de manera conjunta. En España, el único medio integrante del consorcio fue el diario El Confidencial. Otros importantes medios de Europa que participaron fueron Le Monde y Radio France (Francia), Die Zeit y Süddeutsche Zeitung (Alemania), Le Soir y Knack (Bélgica), y The Guardian (Reino Unido). En el resto del mundo se sumaron medios como The Washington Post (Estados Unidos), Haaretz (Israel), The Wire (India), Proceso y Aristegui Noticias (México), junto al Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP, una organización global e independiente de periodismo de investigación fundada en 2006). Fue una colaboración global unificada que permitió destapar el alcance de la selección de los más de 200 teléfonos españoles bajo la órbita de las escuchas vinculadas a Marruecos.

Entre esos terminales seleccionados se encontraban tanto miembros del propio Gobierno español (Pedro Sánchez, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Arancha González Laya) como activistas y periodistas; entre estos últimos, el periodista español especializado en el Magreb Ignacio Cembrero.

El acoso del régimen alauí a Cembrero venía de lejos. Como el propio periodista relató, las presiones políticas de Marruecos, trasladadas a través de canales oficiales en 2014, provocaron su salida forzada de la sección de cobertura del Magreb en el diario El País, donde le dieron un perentorio plazo de 48 horas para cambiar de ámbito profesional, lo que finalmente le llevó a abandonar el periódico después de 35 años trabajando en el mismo (desde 1979).

Cembrero supo que estaba siendo espiado en la primavera de 2021, cuando el periódico digital oficialista Maroc Diplomatique publicó mensajes privados de WhatsApp que él había intercambiado con altos cargos del Gobierno español. Ante la evidencia de la filtración, Cembrero presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y entregó su propio teléfono móvil a las autoridades judiciales españolas para que se le realizara un análisis forense.

A pesar de que el laboratorio informático confirmó los indicios de infección de Pegasus, la Audiencia Nacional archivó provisionalmente la causa, por las mismas razones que en el caso del propio Gobierno: la empresa israelí NSO Group y las autoridades de Israel se negaron a desvelar la identidad exacta del cliente que operaba los servidores desde donde se infectó el terminal de Cembrero.

El Reino de Marruecos interpuso una demanda civil en los juzgados de Madrid contra Cembrero, acusándolo de «acción de jactancia» (¡!) por afirmar públicamente que los servicios secretos marroquíes le espiaban. El periodista solicitó amparo al Gobierno de España, pero este evitó personarse, defender al periodista o hacer una declaración de respaldo público para no enturbiar las relaciones diplomáticas con Rabat. Cembrero se quejó públicamente del desamparo y la falta absoluta de apoyo por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Quien sí ofreció cobertura y apoyo público al periodista fue el Parlamento Europeo a través de la Comisión PEGA (Acortamiento de ‘Pegasus’), que le invitó a testificar y donde pudo denunciar formalmente el acoso legal y tecnológico que Marruecos ejerce contra periodistas e investigadores dentro del territorio de la Unión Europea.

Por cierto, Ignacio Cembrero, en un artículo publicado en El Confidencial, el 12 de agosto pasado, titulado “Ceuta fue la venganza de los servicios secretos marroquíes tras ser expuestos por 14 medios de comunicación”, sostenía que la entrada masiva de cerca de 80.000 marroquíes a Ceuta fue una represalia directa y una operación de castigo orquestada por el entramado de los servicios secretos de Marruecos. Lo de Ceuta, explicaba Cembrero, fue una acción motivada por el enfado ante la revelación y exposición de datos de sus estructuras de espionaje por parte de un consorcio de medios de comunicación internacionales. Le hicieron el silencio; a Cembrero y a su información, as usual.

Críticas del Frente Polisario

En relación con la entrada masiva en Ceuta, el Frente Polisario (FP, el movimiento de liberación nacional saharaui), por medio de su representante ante Naciones Unidas, Sidi Mohamed Omar, ha condenado rotundamente las tácticas de Marruecos y criticado la subordinación del presidente Pedro Sánchez ante el régimen alauí. El Frente Polisario acusa directamente al régimen de Rabat de utilizar a su propio pueblo como «carne de cañón» y herramienta de guerra híbrida, enmarcando la entrada masiva en Ceuta como un caso claro del expansionismo marroquí y estableciendo un paralelismo directo entre este asalto fronterizo, la crisis de Ceuta de 2021 y la Marcha Verde de 1975, argumentando que Marruecos utiliza exactamente la misma estrategia de movilización masiva de civiles para forzar concesiones territoriales y diplomáticas.

El FP considera que la postura del Ejecutivo español de exculpar formalmente al Estado marroquí es una muestra de sumisión e incoherencia política. Considera que, al negarse a señalar la autoría de Rabat a pesar de las alertas del CNI, Pedro Sánchez está validando el chantaje migratorio. Y sostiene que la cautela diplomática de la Moncloa solo incentiva a Marruecos a seguir erosionando la soberanía española en Ceuta y Melilla a cambio de mantener un frágil control de las fronteras. Esta “crisis de Ceuta” sería una «continuación de la ocupación del Sáhara», y demuestra que la cesión histórica de Pedro Sánchez en 2022 — cuando aceptó –en una carta privada dirigida al rey de Marruecos– el plan de autonomía marroquí para el Sáhara– no ha servido para apaciguar las ambiciones alauitas, sino para que Rabat comprobara que la presión migratoria sobre Ceuta es un mecanismo infalible para condicionar la política exterior de España.

Sobre esta misma cuestión se han manifestado públicamente tanto el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, como el delegado del FP en la Comunidad de Madrid, Jalil Abdelaziz. Este último, en una reciente intervención en la cadena de televisión autonómica Telemadrid, centró su testimonio en desenmascarar el mecanismo utilizado por Rabat (la utilización de seres humanos como arma) y la complicidad, incoherencia y debilidad del presidente del Gobierno. Afirmó que la entrada masiva no se debió a un salto imprevisto provocado por mafias clandestinas, sino que «la frontera no se rompió: se abrió», y que el Estado marroquí utilizó la desesperación migratoria como un misil político y diplomático de chantaje contra España. En cuanto al presidente Pedro Sánchez, tachó su postura de «trumpista» e incoherente, criticando que hubiera abandonado la neutralidad en la cuestión del Sáhara Occidental al tiempo que el Gobierno de España premia y otorga las máximas distinciones oficiales a los altos mandos de la seguridad y los servicios secretos de Marruecos (como es el caso de Abdellatif Hammouchi o Mohamed Haramou), en lugar de denunciar lo que considera un acto explícito de guerra híbrida y agresión territorial en Ceuta.

Por su parte, Abdulah Arabi se ha referido al fracaso del «apaciguamiento», argumentando que la crisis de Ceuta demuestra el absoluto fiasco del giro diplomático de Sánchez en 2022, vendiendo a los españoles la cantinela de que ceder ante Rabat garantizaría la estabilidad y blindaría Ceuta y Melilla. Por el contrario –señaló Arabi–, la realidad de la entrada de 80.000 personas evidencia que «el chantaje marroquí es insaciable» y que Marruecos reactiva la presión migratoria cada vez que quiere forzar un nuevo beneficio económico o geopolítico. El representante en España del FP reitera que el Gobierno de España actúa como un «rehén» en manos de Marruecos., y sostiene que ni Sánchez ni el ministro Albares se atreven a señalar la autoría marroquí porque el régimen alauí ha aprendido que la Moncloa prefiere sacrificar la verdad y la transparencia informativa antes que hacer frente a las amenazas en la frontera.

De esta manera, ambos dirigentes saharauis han desarmado la narrativa del Gobierno y lanzado una clara advertencia a la ciudadanía española: mientras el Gobierno de España siga considerando a Marruecos como un «socio fiable» tras un asalto fronterizo coordinado de tal magnitud como la que hemos vivido, la integridad territorial de Ceuta y Melilla continuará estando en una situación de permanente vulnerabilidad.

Epílogo

Desde el principio de la “crisis ceutí”, el debate ha girado en torno a si las declaraciones de nuestros gobernantes han ocultado la realidad (“mienten”) o si forman parte de la estrategia diplomática y la disciplina política o de partido. Por un lado, se afirma que el Gobierno ha faltado a la verdad de forma deliberada, como habría demostrado la desclasificación de los informes del CNI —que probarían la existencia de alertas previas que el Gobierno negó inicialmente—, el despliegue logístico de macrocarpas y la persistencia de centenares de personas durmiendo en las calles de Ceuta –lo que contradice la versión de «normalidad» del ministro Grande-Marlaska–, y la imposibilidad material de que una avalancha de 80.000 personas en 48 horas ocurra sin la aquiescencia de las autoridades marroquíes.

Frente a esa opinión mayoritaria de la ciudadanía, como reveló el diario El País, la postura del Gobierno es que la gestión de una “crisis fronteriza” (se elude el término “invasión”) de esta magnitud requiere prudencia, responsabilidad de Estado y la preservación de los canales diplomáticos con un vecino “estratégico” como Marruecos. Es por ello por lo que se han empleado “matices semánticos” varios en las sucesivas declaraciones, se ha atribuido el éxito de la “entrada masiva” a las redes sociales y a las mafias, se ha evitado a toda costa señalar directamente a las autoridades marroquíes e incluso se ha bendecido la “colaboración” absoluta de Marruecos (¡!) desde un principio.

Lo cierto, es que, a pesar del gran despliegue (des)informativo realizado (el baile de contradicciones informativas y desmentidos, incluida la desclasificación de documentos), una amplia mayoría de la sociedad española desaprueba la gestión del Gobierno ante la crisis de Ceuta y desconfía de su versión oficial. Los datos de las encuestas muestran que el 90% de los ciudadanos culpa directamente a Marruecos de la entrada masiva de migrantes, mientras que cerca del 63% califica la gestión del Ejecutivo como mala o muy mala. Y ello, a pesar de la exoneración de responsabilidades a Marruecos que ha predominado en el discurso del Ejecutivo en la crisis de Ceuta.

-El autor, Luis Portillo Pasqual del Riquelme, es doctor en Ciencias Económicas, miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental de la Universidad de Santiago de Compostela (CESO-USC) y autor del trabajo recopilatorio “En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad” (Círculo Rojo, octubre 2024)