• Naama Asfari, condenado a 30 años de cárcel, pide su libertad y la de los presos de Gdeim  de Izik en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Están  repartidos por prisiones de Marruecos alejadas de su territorio. Son humillados, padecen indefensión, maltrato, aislamiento, falta de asistencia médica y ausencia de higiene.

Como siempre de manera pacífica, vuelve a saltar la revuelta. Tanto ha tensado la cuerda Marruecos que los presos, a pesar de su debilidad provocada por el trato en la cárcel, han sido capaces de levantarse. Varios presos han ido abriendo el camino con huelgas de advertencia -48 horas- aquí y allá, para que les liberen en cumplimiento de las resoluciones de la ONU. Ahora, Naama Asfari se ha lanzado a un reto muy peligroso, la huelga de hambre indefinida. Empezó el 8 de junio. Su cuerpo flaquea. Los presos le acompañan. Los días 16 y 17 de junio, los presos de Gdeim Izik hicieron una huelga de 48 horas.

Naama Asfari fue secuestrado en la tarde del 7 de noviembre de 2010, víspera del desmantelamiento de Gdeim Izik. Había testigos. Desde ese mismo momento fue torturado y no volvió a pisar la calle. Sin embargo Marruecos le acusó de tener un tenderete en Gdeim Izik ¡el día 8, de madrugada! donde repartía puñales para atacar a los marroquíes. Fue salvajemente torturado y condenado a 30 años.

Documental sobre el asalto marroqui al Campamento de Gdeim Izik (en los territorios del Sahara Occidental, ocupados  militarmente por Marruecos):

En 2014, Naama fue el primer preso de Gdeim Izik en denunciar su caso ante el Comité contra la Tortura -órgano de Naciones Unidas-, que dictaminó el 18 de abril de 2017 que las confesiones de Naama habían sido obtenidas bajo tortura, que las alegaciones de tortura –incluso las formuladas en el juicio– no suscitaron ningún tipo de investigación. El Comité instaba a Marruecos a indemnizar a Naama y proporcionarle reparación por los daños sufridos, así como la adopción de medidas para garantizar que no se repitieran las violaciones. También una investigación sobre los hechos, acciones judiciales contra los responsables del trato infligido, la abstención de presión, intimidación o represalia contra el autor y su familia, y permiso para recibir visitas en la cárcel [1]. Marruecos no se ha molestado en aplicar una sola de las medidas exigidas.

Otros ocho presos de Gdeim Izik fueron denunciando a Marruecos ante el Comité contra la Tortura, con las mismas resoluciones por parte del organismo de Naciones Unidas y con iguales resultados en cuanto a la ausencia total de cumplimiento por parte de Marruecos.

En 2022, 18 de los 19 presos de Gdeim Izik reclamaron su libertad ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria.

Y, en 2023, obtuvieron un dictamen drástico de este organismo, que exigía su liberación inmediata [2], más los consabidos derechos a reparación, indemnización e investigación sobre las circunstancias de la privación de libertad, y medidas contra los responsables de la violación de sus derechos. También, se dictaba el reenvío del caso a la relatora especial contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como a la relatora especial sobre el Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, a fin de que tomasen las medidas procedentes.

Incumplimientos de Marruecos

3 años después, Marruecos no ha movido ficha. Los presos de Gdeim Izik siguen encarcelados en condiciones espeluznantes, repartidos por prisiones de Marruecos alejadas de su territorio y por ende de sus familias. Naama está en Kenitra. Son humillados, maltratados en todos los aspectos de su cautiverio, desde la comida, la higiene, el aislamiento, la indefensión, la brutalidad, hasta la negativa a proporcionarles asistencia médica.

A pesar de las explícitas decisiones de la ONU, a Naama Asfari no le puede visitar su mujer, la francesa Claude Mangin, que ha sido rechazada en el aeropuerto de Salé en múltiples ocasiones. El 18 de abril de 2018, Claude hizo una huelga de hambre de un mes para forzar a Marruecos a permitir la visita. Marruecos lo consintió una vez. Nunca más. En otra ocasión, en mayo de 2025, Claude y la Asociación francesa de amigos de la RASD (AARASD), en la que milita Claude, organizaron una “marcha por la libertad” que discurría desde Ivry-sur-Seine (al norte de París) hasta Tarifa, pasando por ciudades y pueblos de Francia y de España donde difundían la causa saharaui y la situación de los presos, con talleres y conferencias. El fin último era visitar a Naama. La comitiva fue rechazada en Tánger y les mantuvieron en el barco, de vuelta a Tarifa.

Naama ha sido una persona atormentada por la ocupación, por su papel en la defensa del Sahara Occidental. Su padre, ya fallecido, estuvo preso y torturado. Y él sentía no estar a la altura. Ahora, tras 16 años en cautiverio y en plena huelga de hambre, quizá tenga la conciencia en paz.

Dos presos de Gdeim Izik ya figuran en los anales de las grandes huelgas de hambre. El Bachir Khadda hizo una huelga de 43 días en el invierno de 2018. Mohamed Lamine Haddi, protagonizó dos: una de 69 días, iniciada el 13 de enero de 2021, otra de 63 días, iniciada el 27 de septiembre de ese mismo año. El seguimiento de estas huelgas fue angustioso porque se podían haber muerto en cualquier momento, y por el comportamiento cruel de la prisión con los huelguistas y con la familia. Estas huelgas pedían el fin de la tortura –ambos estaban en aislamiento desde septiembre de 2017- y de las terribles condiciones carcelarias. No consiguieron nada.

La diferencia entre estas huelgas salvajes y la de Naama –que lleva el mismo camino– es que Naama se limita a reclamar algo que ya está dictaminado desde hace tres años por un órgano de Naciones Unidas, que insta a que les pongan a todos en libertad. Lo que pide no tiene vuelta de hoja.

La causa de Naama está recibiendo mucha divulgación. Desde la Liga por los Presos Saharauis en Cárceles Marroquíes, asentada en los territorios ocupados, hasta la propia AARASD, se están moviendo para que esta huelga tenga eco, para que las instancias internacionales se movilicen. Así ha sucedido con Front Line Defenders, la conocida asociación internacional por los derechos humanos, que se ha sumado a manifestar su inquietud por la salud de Naama y a señalar los derechos violados por Marruecos y su responsabilidad. Equipe Media –también en los territorios ocupados– transmite que la diputada italiana Laura Boldrini, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Italia, y el diputado Stefano Vaccari, coordinador del Intergrupo Parlamentario de Amistad con el Pueblo Saharaui, han presentado una interpelación parlamentaria al Gobierno italiano, solicitando una intervención urgente para proteger al preso político saharaui Naama Asfari y al resto de los presos políticos saharauis recluidos en prisiones marroquíes. CODESA hizo un llamamiento urgente a las Naciones Unidas y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para intervenir y salvarle la vida.El Movimiento por los Presos Políticos Saharauis en Cárceles Marroquíes alerta en España sobre la huelga en su concentración semanal. Igualmente, las páginas web dedicadas al Sahara Occidental hacen un seguimiento de la huelga y piden la liberación de Naama y del grupo.

Todos transmiten el mensaje de la solidaridad internacional como palanca de la lucha.

Circulan peticiones de firmas en apoyo a Naama y demás presos de Gdeim Izik [3], y también una propuesta de carta para la Embajada de Marruecos exigiendo la libertad.

Se tiene que movilizar la sociedad civil, pero también los grandes organismos como el Consejo de Derechos Humanos, la Cruz Roja, el Alto Comisionado de los derechos humanos, los Estados… la potencia administradora del Sahara Occidental… para poner fin a esta venganza colectiva.

Naama pide su libertad y la de todo el grupo de Gdeim Izik. Se está jugando la vida. Se la juegan todos, en realidad, en ese lento asesinato a que Marruecos les tiene condenados a base de abandonarles sin sanidad y en unas atroces condiciones de cautiverio.

*Fuente: Contramutis

1.    https://digitallibrary.un.org/record/3988952?v=pdf

2.    A/HRC/WGAD/2023/23

3.  https://www.acatfrance.fr/actions/liberte-pour-naama-asfari-prisonnier-sahraouis/

04 de julio de 2026

• El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) pide el boicot a La Odisea, la última película del realizador británico después de que rodara en el Sáhara Occidental ilegalmente ocupado por Marruecos y un año de secretismo.

• Dajla, la ciudad del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos en la que se encuentra la Duna Blanca que quiso aprovechar Nolan para su película, es escenario desde hace 50 años de torturas, detenciones arbitrarias, robo de tierras, expulsiones forzosas, limpieza étnica y toda suerte de violaciones de Derechos Humanos de la población saharaui por parte de las fuerzas represoras marroquís.

¿Sabías que Christopher Nolan rodó escenas de La Odisea en Ucrania y tanto los permisos como los derechos fueron gestionados directamente con el gobierno de Putin? , pregunta el Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (Fishara), y responde: “Claro que no, porque no sucedió así. Sin embargo, el realizador británico sí rodó parte de su superproducción en el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos con permisos de la potencia ocupante, ignorando a su legítimo dueño, el pueblo saharaui.

En un comunicado, Fishara indica que Dajla, la ciudad del Sáhara Occidental en la que se encuentra la Duna Blanca que quiso aprovechar Nolan para su película, “es escenario desde hace 50 años de torturas, detenciones arbitrarias, robo de tierras, expulsiones forzosas, limpieza étnica y toda suerte de violaciones de derechos humanos de la población saharaui por parte de las fuerzas represoras de Marruecos. Un escenario que Marruecos reconvierte, con acciones como la llevada a cabo con Nolan, en un gran escaparate que utiliza Marruecos para normalizar su ocupación del territorio”.

Añade que este 6 de julio tendrá lugar en Londres la premier de La Odisea y, posteriormente, su estreno mundial el 17 de julio y llama al boicot taquillero de esta superproducción que contribuye al expolio del Sáhara Occidental, legitíma la ocupación ilegal por parte de Marruecos y contribuye a la represión del pueblo saharaui.

La organización del festival de cine señala que durante el último año, Nolan ha guardado silencio sobre el porqué de ese rodaje y no ha aclarado si las escenas robadas al pueblo saharaui figuran en la película. Sin embargo, el tráiler más reciente, estrenado el 1 de julio, parece mostrar en su escena de arranque la playa de Dajla contigua a la Gran Duna Blanca, donde rodó Nolan.

“Cuando Christopher Nolan pise la alfombra roja en la premiere de La Odisea estará pisoteando también el Derecho Internacional, y específicamente el derecho de todo un pueblo a disponer de su territorio y recursos y de rodar sus propias películas en su patria sin arriesgarse a ir a prisión”, asegura María Carrión, directora ejecutiva de FiSahara, que añade: “Al público que se plantee asistir a La Odisea le pedimos esta reflexión: ¿Apoyaríais a una película realizada en un asentamiento de colonos israelíes en Palestina contra la voluntad del pueblo palestino y con los permisos del gobierno genocida de Netanyahu?”

Por su parte, el actor Javier Bardem declara:

“Animaría a Nolan a informarse sobre la historia de la represión del régimen marroquí contra el pueblo saharaui y la violación sistemática de los derechos de saharauis que viven en su territorio bajo la ocupación ilegal de Marruecos, y que han sido documentados por Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales. Hace años hice una película sobre el Sáhara Occidental; a nivel personal es un tema de gran importancia para mí”.

“Christopher Nolan ha tenido un año para conocer la historia del lugar donde decidió rodar su película, del que tuvo que huir mi familia en 1975 bajo los bombardeos con fósforo blanco”,

asegura el cineasta saharaui Brahim Chagaf, cuya película Toufa retrata el éxodo de miles de saharauis a Argelia.

“Yo crecí en los campamentos de refugiados saharauis en Argelia y hoy, como cineasta saharaui originario de la ciudad de Dajla, sigo sin poder entrar libremente en esta tierra para contar mis propias historias. Esa es la contradicción que hay detrás de esos paisajes: mientras unos pocos privilegiados como Nolan puede convertirlos en cine, otros seguimos esperando el día en que simplemente podamos volver a ellos”.

El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental explica que en julio de 2025, cuando Nolan se encontraba rodando en Dajla ocupada y se hizo selfies con el Ministro de Cultura marroquí, que aprovechó la ocasión para promover rodajes internacionales en Dajla, FiSahara se unió a cineastas, periodistas y activistas Saharauis y articuló una campaña internacional reclamando a Nolan, así como a Universal Pictures y la productora Syncopy, que rectificaran su error y, o bien que no incluyeran dichas imágenes en la película o que obtuvieran para ello el consentimiento del pueblo Saharaui. A pesar del masivo apoyo al manifiesto de FiSahara, con una recogida de firmas encabezada por figuras tan relevantes como Javier Bardem, Pedro Almodóvar, Greta Thunberg, Rodrigo Sorogoyen o Paul Laverty, entre muchas otras personalidades, y de la cobertura internacional en más de cien medios como Variety, The Guardian, Forbes, Le Figaro o Il Post, tanto Nolan como la productora y distribuidora han guardado un año de silencio que les sigue haciendo cómplices de la brutal ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

“Ser cómplice de la violación del Derecho Internacional no puede salir gratis. La ocupación ilegal del Sáhara Occidental, su expolio natural y cultural o, incluso, la guerra que provocó Marruecos en 2020, son sistemáticamente silenciadas por el lobby marroquí. FiSahara insta a los profesionales de los medios de comunicación que informen sobre La Odisea que no obvien esta realidad, pues hacerlo también favorecería la ocultación de las atrocidades que comete el régimen marroquí contra el pueblo saharaui, según han documentado medios como Democracy Now!”,

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Del mismo modo que en La Odisea, Odiseo (Ulises) busca regresar a Ítaca y recuperar su patria, la última edición de FiSahara en abril-mayo de este año reclamó el derecho al retorno del pueblo saharaui exiliado y la descolonización del territorio. La cobertura de prensa como El País, The Daily Beast o TeleSur ha dado cuenta de la dramática situación por la que atraviesa el pueblo saharaui al que Marruecos ni siquiera permite su regreso, mientras sí acoge producciones como las de Nolan., concluye FiShara.

*Fuente: Contramutis

Los bloqueos en Bolivia son una colosal demostración del poder obrero e indígena contra un gobierno derechista impopular. Pero en tanto las movilizaciones no se unifiquen, el peligro del vacío político estará al acecho.

Bolivia está al borde del colapso. Durante más de cuarenta días, las ciudades de La Paz y El Alto, junto con las regiones de Oruro, Potosí y Cochabamba, han sido asfixiadas por bloqueos que impiden el paso de alimentos, mercancías y personas por las rutas. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Los bloqueos son una colosal demostración del poder obrero e indígena contra un gobierno derechista impopular. Pero las movilizaciones distan de ser unificadas, y estas fricciones tienen el potencial de generar un perturbador vacío de poder y de escalar un clima político y económico peligrosamente inestable.

Mientras tanto, el gobierno recurre a tácticas cada vez más represivas en su intento de contener un conflicto que se está desplazando rápidamente fuera de su control. Noventa personas fueron detenidas y muchas resultaron heridas en los enfrentamientos. Se informó que dirigentes sindicales fueron secuestrados en la vía pública y varios de ellos encarcelados. En un comunicado público, la Central Obrera Boliviana (COB) denunció al gobierno por iniciar una «cacería» contra su dirigencia.

Se produjeron detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales en todo el país, en particular de aquellos vinculados al evismo (en referencia al ex presidente Evo Morales). Por ejemplo, Yesenia Vargas, ex dirigente de la Federación del Trópico de Carrasco en Cochabamba, fue encarcelada esta semana. Vargas formaba parte de la delegación que viajó a El Alto para exigir la renuncia del presidente Paz.

Hace poco más de una semana, en las primeras horas del domingo, la Legislatura boliviana (de mayoría derechista) aprobó un proyecto de ley que le permitiría al presidente Rodrigo Paz declarar el estado de emergencia. Se teme que el estado de excepción sea invocado en breve y que se desplieguen fuerzas militares para desbloquear las rutas por medio de la violencia. En un punto crucial, Paz también cuenta con el apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos: el secretario de Estado Marco Rubio le prometió asistencia de emergencia al acosado presidente.

La localidad de San Julián, en Santa Cruz, hogar de grupos campesinos conocidos como Interculturales, fue la semana pasada escenario de un violento «desbloqueo» en el que el grupo paramilitar de extrema derecha Unión Juvenil Cruceñista, actuando junto a la policía, irrumpió en el pueblo y presuntamente utilizó munición real contra los bloqueadores. No obstante, los movimientos sociales declararon que no darán marcha atrás ni negociarán con el gobierno.

Detrás de los bloqueos

Los sectores que coordinan la mayor parte de los bloqueos contra Paz en el altiplano son quienes lo votaron en las elecciones del año pasado. El pueblo aymara fue anteriormente un pilar esencial de la base del Movimiento al Socialismo (MAS), al que Paz cortejó con promesas pragmáticas de un «capitalismo para todos», apelando a una creciente clase de sectores comerciales aymaras más acomodados, una lógica conocida como qamirismo, que deriva de la palabra aymara qamiri, utilizada para describir a alguien con dinero.

Una vez en el gobierno, Paz abandonó las promesas de continuar los programas sociales del MAS, y su base de apoyo principal se desplazó hacia los intereses empresariales revanchistas de Santa Cruz, un sector que ni siquiera lo había votado a él sino al ultraderechista Jorge «Tuto» Quiroga.

Roberto Pacosillo Hilari es un veterano dirigente político aymara y una figura clave en los bloqueos. Le dijo a Jacobin que Paz es el último de una larga tradición de políticos en Bolivia que extraen riqueza del pueblo sin darle nada a cambio. «No hay confianza con este hombre. Es un mentiroso. En aymara diríamos sallqa, que significa una persona que miente, un charlatán. Esta es la razón por la que queremos que renuncie».

La capitulación de Paz ante los intereses empresariales y de élite de la derecha es vista por los manifestantes como un retorno a un pasado en el que los pueblos indígenas eran sistemáticamente excluidos del poder y sus votos eran explotados para servir a los intereses de las élites que manejan el poder.

A medida que el conflicto con el Estado fue escalando, los bolivianos volvieron una vez más a las barricadas para ejercer presión. «El bloqueo», le dijo a Jacobin el antropólogo boliviano Pedro Pachaguaya, «es una tecnología política ancestral que transforma el control territorial en poder de negociación». Estos bloqueos son el resultado de procesos sociales colectivos. «El bloqueador no es el campesino atrasado que asedia a la ciudad moderna: es un ciudadano complejo que activa su pertenencia comunitaria cuando la asamblea así lo decide», agrega Pachaguaya.

Otro elemento clave de la protesta tiene que ver con la crisis estructural de la economía y el problema de larga data de la gasolina basura. El diésel de mala calidad ha estado arruinando los motores de los minibuses del transporte público, y la prometida compensación por los gastos a los conductores nunca se hizo efectiva. En consecuencia, el sector del transporte ha estado en huelga de manera intermitente durante meses. Los conductores hacen cola durante cinco días en sus vehículos para obtener combustible en El Alto y La Paz.

Paz no ha podido garantizar un suministro confiable de combustible, un problema que comenzó en 2023 bajo el gobierno del MAS de Luis Arce. Ante la ausencia de reservas de divisas debido al colapso de las exportaciones de hidrocarburos, Bolivia no puede importar combustible en cantidades suficientes. A pesar de haber obtenido préstamos y rescates de instituciones internacionales, la economía está en caída libre y los más pobres pagan un precio muy alto.

Viraje conservador

En abril de este año, ataviado con un poncho rojo tradicional, Paz pronunció un encendido discurso en Achacachi, el histórico bastión de los movimientos campesinos aymaras que lo habían votado de manera abrumadora en las elecciones del año pasado. Inicialmente atraídos por su promesa de un «capitalismo para todos» y por el atractivo de hombre del pueblo de su vicepresidente, Edman Lara, los achacacheños y otras comunidades campesinas e indígenas de todo Bolivia están ahora profundamente descontentos con la capitulación inmediata de Paz ante los intereses derechistas, empresariales y de la vieja élite.

El descontento comenzó con el intento de Paz de emitir el Decreto 5503 en enero de este año, antes de que masivas protestas lo forzaran abruptamente a cambiar de rumbo. Luego, en mayo, intentó aprobar la Ley 1720, que habría profundizado la mercantilización de las pequeñas parcelas de tierra, beneficiando al agronegocio a expensas de los pequeños agricultores campesinos.

Los movimientos campesinos e indígenas de las regiones amazónicas de Pando y Beni marcharon durante un mes a pie hacia La Paz para exigir la derogación de la ley. Finalmente tuvieron éxito, ya que la Legislatura votó para abandonar el decreto. Pero era demasiado tarde; los movimientos del altiplano, así como los sectores cocaleros del Chapare, se movilizaron y formaron bloqueos exigiendo nada menos que la renuncia de Paz.

En su afán por desacreditar la movilización, gran parte de los medios progubernamentales retrató a los bloqueadores como títeres del ex presidente Evo Morales, difundiendo una narrativa según la cual Evo está orquestando los bloqueos con miras a tomar el poder. Pero en realidad, el evismo es solo un elemento de una movilización multisectorial amplia y diversa, y hay pocas indicaciones de que Evo cuente con mucho apoyo más allá de su base central.

El líder de la COB, Mario Argollo, por ejemplo, se ha empeñado en distanciar a la movilización de la COB de Morales. «No hay ningún financiamiento externo en nuestras movilizaciones», sostuvo en una entrevista. «Le pedimos a Evo Morales que no se cuelgue de nuestra lucha». Argollo afirmó que las movilizaciones están siendo impulsadas desde las bases. «El pueblo ya no cree en el gobierno; hay mucha desconfianza», dijo. Y añadió: «No se puede tener un diálogo así. Pero eso lo decidirán las bases. Hasta este momento solo exigen la renuncia, pero nos reunimos constantemente y la situación será evaluada».

Pero también es cierto que los bloqueos no tienen apoyo universal dentro de las comunidades y que profundas divisiones atraviesan los movimientos. Quienes bloquean no comparten todos los mismos intereses ideológicos o de clase. Por ejemplo, algunos sectores de la confederación sindical campesina CSUTCB habrían condenado los bloqueos.

En las calles de El Alto también estallaron escaramuzas entre los bloqueadores y sus opositores. Las divisiones reflejan un fenómeno de paralelismo por el cual los movimientos se dividen en múltiples facciones superpuestas, lo que ha perjudicado la unidad de los movimientos indígenas y obreros desde los últimos años del MAS.

No se puede negar, por supuesto, el doloroso impacto de los prolongados bloqueos. Los hospitales advirtieron que no pueden realizar cirugías críticas porque no tienen suficiente oxígeno. Los informes sugieren que algunas personas murieron por no poder acceder a atención médica de emergencia. El gas y la carne son prácticamente inalcanzables en La Paz. Una pequeña cabeza de brócoli se vende en los supermercados de la capital a 6 dólares, y ante la ausencia de pollo o carne vacuna, se traen en avión cajones fríos de pollo desde ciudades vecinas.

Los aeropuertos permanecen abiertos, pero en El Alto muchos se han visto obligados a caminar kilómetros con sus maletas para sortear los bloqueos. Los gobiernos derechistas de Perú y Chile enviaron suministros en apoyo al gobierno para aliviar la presión de los bloqueos.

El economista Javier Gómez señala que los bloqueos corresponden a «una nueva cartografía del poder» que refleja los profundos cambios territoriales y económicos de las últimas dos décadas, incluida la expansión de las economías informales, el auge del extractivismo y la creciente penetración del capital ilícito en la sociedad boliviana.

Esta semana se celebró un gran cabildo en La Paz, convocado por sectores de clase media urbana disconformes que exigen un mayor uso de la fuerza por parte del Estado para desbloquear las rutas. Pero Paz será cauteloso a la hora de utilizar la fuerza militar para sofocar los bloqueos, consciente del riesgo de escalar el conflicto y abrir la puerta a violaciones de derechos humanos. Con pocos aliados, su control sobre el poder es débil.

En tanto los bloqueos no muestran señales de ceder, surgen preguntas difíciles e inevitables. Los movimientos exigen que Paz y Lara renuncien, pero no hay una figura obvia que reemplace a Paz ni una entidad electoral clara en torno a la cual movilizarse, aunque el evismo busca una oportunidad para que Evo Morales vuelva a presentarse como candidato. En las elecciones del año pasado, el MAS fue aniquilado como fuerza política, y prácticamente no hay presencia progresista o de izquierda en la Legislatura. Un peligroso vacío político acecha las protestas.

Las movilizaciones de esta semana son testimonio de la negativa de los trabajadores y las masas indígenas bolivianas a ser tratados como peones políticos, a ser instrumentalizados durante las elecciones y luego ignorados. Pero la fragilidad del ecosistema político de Bolivia es preocupante a medida que avanza hacia la era post-MAS, en la que los movimientos sociales exigen que el Estado represente sus intereses pero, en simultáneo, demuestran ser incapaces de reafirmar un control tangible sobre el poder estatal. Hay pocos ganadores en esta movilización, y Bolivia enfrenta un futuro sombrío e incierto.

-La autora, Olivia Arigho-Stiles, es colaboradora de la revista Alborada, escribe su tesis doctoral sobre los movimientos indígenas del siglo veinte en Bolivia.

*Fuente: Jacobin América Latina