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Las siglas se explican al final del artículo

Imaginen titulares como: «La nieta de Mussolini, elegida presidenta de la República», o «La sobrina nieta de Hitler, elegida canciller federal».
Estamos en el Perú, que acaba de encontrarse con una presidenta llamada Keiko Fujimori. Repasemos los comentarios suscitados por esta desoladora victoria.

Cinco objeciones articulan la crítica internacional: el déficit de legitimidad de una victoria por la mínima y cuestionada; el temor a un retroceso autoritario ligado a la herencia familiar; el papel desempeñado por Fuerza Popular, el partido de Keiko, en el deterioro de las instituciones y la aprobación de leyes de amnistía; la fractura regional y étnica entre una costa urbana favorable a Fujimori y unos Andes indígenas leales a Sánchez; y, por último, la inserción del país en una ola conservadora continental alineada con Washington. Las voces favorables a Fujimori II, por su parte, apuestan por la continuidad económica y la promesa de estabilidad.

Elegida al término de la segunda vuelta más reñida de la historia reciente del país —50,13 % frente a 49,86 %, una diferencia inferior a 50.000 votos— y investida el 28 de julio de 2026, la hija del expresidente Alberto Fujimori ha provocado, desde Lima hasta las capitales asiáticas, un mismo conjunto de comentarios: la escasa legitimidad de una victoria por la mínima, el riesgo de un retroceso democrático asociado al fujimorismo, el peso del pasado paterno y el alineamiento regional con Washington.

Tras tres derrotas consecutivas, en 2011, 2016 y 2021, Keiko Fujimori alcanzó por fin, a los 51 años, la Presidencia del Perú. Investida el 28 de julio —fiesta nacional y aniversario de la llegada al poder de su padre treinta y seis años antes—, la dirigente de Fuerza Popular se convirtió en la primera mujer elegida por sufragio para encabezar el país y en la novena persona que ocupa la Presidencia en una década. Su victoria sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez devuelve el fujimorismo al poder veintiséis años después de la caída de Alberto Fujimori, fallecido en 2024 tras cumplir parte de una condena por corrupción y crímenes de lesa humanidad.

La estrechez del resultado, un escrutinio que se prolongó durante tres semanas, la impugnación de Sánchez —que denunció irregularidades en el voto exterior y acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) rechazara su recurso— y el boicot a la ceremonia por parte de varios representantes de la izquierda marcaron el tono de los comentarios. En todas partes, estos oscilan entre la esperanza de una estabilización y el temor a una deriva autoritaria.

En el Perú: bajo examen la distancia entre el discurso y la práctica

En Lima, la crítica más afinada no se centra tanto en la etiqueta de «derecha dura» como en la distancia entre el discurso conciliador de la presidenta y la conducta de su fuerza política. En su editorial, La República se pregunta «cuál de las dos Fuerza Popular» gobernará: la de una presidenta que ha prometido diálogo y pluralismo, o la del bloque parlamentario que, desde sus primeras horas, ha demostrado que sigue actuando como siempre. El diario de centroizquierda reconoce que el primer mensaje fue breve, no confrontativo, evitó la figura del padre y se articuló en torno a siete objetivos concretos; pero recuerda que esa misma bancada parlamentaria acaba de aprobar, en las últimas sesiones de la legislatura saliente, una ley de fuero militar y otra sobre crímenes de lesa humanidad con criterios más restrictivos que los del Estatuto de Roma. Su conclusión es severa: si la brecha persiste, la moderación no habrá sido más que una fachada.

El conservador El Comercio optó por un examen metódico: evaluó cada promesa del primer Mensaje a la Nación a la luz de su viabilidad jurídica, presupuestaria e institucional y señaló sus puntos ciegos, entre ellos la ausencia de una estrategia para la investigación y la innovación. Desde una perspectiva militante, el portal intercultural Servindi reprodujo un ensayo del IDLADS que propone leer el discurso «por sustracción»: lo que lo define, escriben sus autores, no es tanto lo que dice como una serie de silencios precisos, que son decisiones y no olvidos.

La cobertura informativa de Infobae Perú documentó el litigio: una diferencia final de 49.641 votos, el recurso de Sánchez ante la CIDH y su rechazo por el JNE. CNN en Español recogió la advertencia de varios analistas: al tratar de controlar también el Poder Legislativo —el fujimorismo se hizo con la presidencia del Senado—, la nueva mayoría corre el riesgo de confirmar la idea de que ya domina la mayor parte de las instituciones y de volver rápidamente a la opinión pública en su contra.

La síntesis más alarmada procede de la revista Nueva Sociedad, muy leída en los círculos académicos andinos. Según su análisis, desde 2022 el Perú ya estaba gobernado por una coalición autoritaria en la que el fujimorismo desempeñaba un papel central, y las elecciones de 2026 no hacen más que otorgarle legitimidad electoral. Con el respaldo de las organizaciones empresariales y de unas fuerzas armadas protegidas por garantías de impunidad, una presidenta impopular y enfrentada a la protesta callejera podría, a juzgar por sus antecedentes, recurrir a la represión.

En América Latina: la consolidación de un «giro a la derecha»

En la región, el resultado fue interpretado ante todo como la culminación de un viraje conservador. La revista colombiana Semana habló de un «terremoto de reacciones» y subrayó los «silencios de la izquierda». La polémica más intensa se produjo en Colombia, donde el presidente Gustavo Petro se pronunció antes de que concluyera el recuento oficial, lo que le valió las críticas de una oposición que lo acusó de injerencia.

El semanario mexicano Proceso insistió en el cierre de filas de la extrema derecha regional alineada con Donald Trump —que envió al subsecretario de Estado Christopher Landau— y en la llamativa ausencia de Lula, principal referente de la izquierda democrática del continente. La lista de asistentes, recogida entre otros por La Nación de Costa Rica, dejaba claro el clivaje: Javier Milei, José Antonio Kast, Rodrigo Paz y Daniel Noboa, junto al único presidente de izquierda, Yamandú Orsi, de Uruguay.

El editorial de El Tiempo, de Bogotá, recordaba que una saga familiar divide al Perú desde hace casi cuarenta años entre la adhesión y el rechazo. En la extrema izquierda, el World Socialist Web Site negó que existiera mandato popular alguno: mencionó centros de votación cerrados en barrios obreros, urnas abandonadas y la dimisión forzada del jefe de la ONPE, y vinculó el resultado con una intervención usamericana. El propio Sánchez, nada más conocerse su derrota, denunció un fraude y se negó a reconocer al futuro gobierno.

En USA: el prisma de la «descomposición democrática»

La prensa y los círculos de análisis usamericanos recurrieron ampliamente al vocabulario del retroceso democrático. En NPR, el periodista de investigación Gustavo Gorriti afirmó que el país podría perder la democracia o quedar con una democracia gravemente limitada. Recordó, además, que el Congreso dominado por el fujimorismo acababa de recomendar que se formularan cargos contra él, acusaciones que los defensores de la libertad de prensa consideran absurdas. Antes de las elecciones, el mismo medio había citado a una politóloga que anticipaba una «moderación performativa».

Varias lecturas recurrieron a la teoría política. El World Socialist Web Site recordó que el politólogo de Harvard Steven Levitsky considera el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992 como la matriz del «autoritarismo competitivo» que después se reprodujo en la región, hasta llegar al Salvador de Nayib Bukele. The Christian Science Monitor y World Politics Review subrayaron la estrechez del mandato y la resistencia previsible de una amplia parte de la población, mientras Americas Quarterly planteaba la pregunta de frente: ¿quiere Fujimori un orden autoritario o democrático, ella que ha dicho que pretende «gobernar como su padre»?

En sentido contrario, los círculos económicos se aferraron a la promesa de estabilidad. Tanto el Atlantic Council como Bloomberg consideran que su llegada ofrece al país la mejor oportunidad de romper su ciclo crónico de destituciones presidenciales. En el terreno geopolítico, Reuters destacó su interés declarado por reforzar la cooperación con la administración Trump y el «Escudo de las Américas», mientras The Washington Times detallaba un proyecto de seguridad inspirado en El Salvador: una megacárcel basada en el modelo del Cecot y jueces con el rostro cubierto.

En Europa: el prisma de los derechos humanos

La cobertura europea, difundida en gran medida en francés a través de la AFP, encuadró sistemáticamente la investidura desde la perspectiva de los derechos humanos. France 24 describió una toma de posesión celebrada «mientras siguen vivas las críticas de los defensores de los derechos humanos», recordó el encarcelamiento de su padre por crímenes de lesa humanidad y retomó una acusación recurrente: el apoyo de Fuerza Popular a leyes de amnistía que benefician a policías y militares procesados por la violencia del conflicto interno de 1980-2000.

El análisis más severo llegó del medio británico openDemocracy, de la mano del politólogo Alberto Vergara. A su juicio, Fujimori no «podría» deslizarse hacia la suspensión de las garantías constitucionales porque ya se encontraría en ese terreno, tras haber respaldado las violaciones de los últimos años, incluida la muerte de manifestantes durante el gobierno de Dina Boluarte. La prensa suiza, con 24heures, y la belga, con L’Avenir, destacaron la salida del hemiciclo de los diputados de izquierda.

En España, el diario de referencia El País presentó la hoja de ruta inaugural con un tono menos alarmista que la mayoría de los medios europeos. Ya en su titular combinaba la «mano dura» en materia de seguridad con las grandes obras públicas y las ayudas estatales contra la desigualdad. Ese doble registro fue confirmado por la agencia EFE: Fujimori prometió encomendar temporalmente a las fuerzas armadas las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en estado de emergencia, reformar el sistema penitenciario y construir una cárcel de alta seguridad inspirada en el Cecot, pero también aumentar un 15 % el salario mínimo, hasta 1.300 soles [= 340 €]. La agencia IPS subrayó que la presidenta reconocía heredar «el país más desigual de América Latina», mientras el diario madrileño El Español relacionó el boicot de la izquierda con las acusaciones de fraude y señaló la presencia del rey Felipe VI.

En el plano procedimental, un elemento suele matizar las denuncias de manipulación: la versión en francés de Wikipedia, que reúne las distintas fuentes, recuerda que la misión de observación de la Unión Europea no detectó fraude en la primera vuelta, aunque sí se registraron incidentes.

En Asia: un eco discreto y ambivalente

En Asia, donde la doble ascendencia japonesa y peruana de la familia Fujimori confiere al acontecimiento una resonancia particular, la reacción fue más discreta. The Japan Times adoptó un enfoque bastante favorable y presentó la llegada de Fujimori como quizá la mejor oportunidad para romper el ciclo de rotación presidencial en un país donde todos los jefes de Estado elegidos desde la década de 1990 han sido destituidos, encarcelados o procesados. En los comentarios de Japan Today, los lectores se dividían entre las felicitaciones y el temor a un «regreso de la dictadura».

En el resto del continente, la cobertura se apoyó sobre todo en el despacho de Reuters reproducido por Arab News, que resumía el relato dominante: una nueva presidenta conservadora que prolonga el «giro a la derecha» de América Latina.

*Fuente: Faustotounsi

Siglas

ONPE — Oficina Nacional de Procesos Electorales. Organismo encargado de organizar materialmente la votación y efectuar el cómputo de los sufragios. Estuvo en el centro de las críticas en 2026 por el retraso en la entrega del material electoral y la dimisión de su responsable, Piero Corvetto.

JNE — Jurado Nacional de Elecciones. Autoridad electoral distinta de la ONPE: resuelve los recursos y proclama oficialmente a los candidatos electos. Fue el JNE el que rechazó la solicitud de anulación presentada por Roberto Sánchez.

RENIEC — Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Tercer pilar del sistema electoral peruano, responsable del registro civil y de los documentos de identidad.

CIDH — Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órgano de la Organización de los Estados Americanos ante el que Sánchez presentó su impugnación.

Cecot — Centro de Confinamiento del Terrorismo: la megacárcel de Tecoluca, en El Salvador, símbolo de la política de «mano dura» de Nayib Bukele contra las pandillas. Fujimori ha prometido construir una prisión inspirada en ese modelo.

Fuerza Popular — Partido fundado por Keiko Fujimori en 2009-2010, principal formación del Congreso y estructura organizada del fujimorismo.

El articulo Keiko Fujimori, presidenta del Perú: panorama internacional de las reacciones apareció primero en piensaChile.

Durante meses, el Caso Hermosilla ha marcado la agenda pública. Pero ¿es un episodio aislado o el síntoma de un problema mucho más profundo? En esta conversación, la periodista de investigación Laura Landaeta presenta la tesis central de El Laberinto del Fraude, donde plantea que detrás de este caso existiría una red de relaciones entre política, justicia, empresarios e instituciones. También explica por qué decidió abordar el fenómeno como un «ecosistema» y no como una suma de casos independientes.

Más allá de compartir conclusiones de su investigación, la entrevista invita a reflexionar sobre cómo se construyen las redes de poder y qué preguntas siguen abiertas en uno de los casos más relevantes de los últimos años.

El laberinto del fraude

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El articulo Laura Landaeta REVELA: «Chadwick es el cerebro intelectual de la corrupción» apareció primero en piensaChile.

La ruta final al Golpe de Estado: hace 53 años se iniciaba la embestida secreta y decisiva para derrocar a Allende

Porque nos une el lazo indisoluble del amor y el espanto

Había inquietud en Chile ese jueves 26 de julio de 1973. Se había iniciado un Paro Nacional, convocado por la Confederación de Dueños de Camiones, que presidía León Vilarín. La fecha elegida no parecía una coincidencia: era la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada, que fue el punto de partida de la Revolución Cubana. La ciudadanía imaginó que sería una reedición del “Paro de Octubre”, realizado el año anterior y detonado por el mismo gremio, pero había una diferencia fundamental no explicitada: la decisión ahora era mantener la paralización hasta lograr el derrocamiento del gobierno constitucional.

Había otro hecho diferenciador:

este paro sería acompañado por una ofensiva de atentados terroristas a lo largo del país, ejecutados por el Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), “pero con la planificación operativa y la logística proporcionada por la Armada, la rama de las instituciones castrenses con más vínculos con la CIA y que, con la perspectiva de un Golpe de Estado en contra de Salvador Allende tomó contacto con civiles opositores, asignándoles diferentes roles. De hecho, la Armada era la que desde las sombras condujo ese paro de los camioneros”.

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Así me lo contó literalmente Roberto Thieme Schiersand, quien era entonces Jefe de Patria y Libertad, luego de que su directiva nacional se asiló en Ecuador por su participación en el intento de alzamiento militar del anterior 29 de junio, que pasó a la historia como “tancazo”. Desde los orígenes de esta organización en 1971 como “Frente Nacionalista”, había ejercido como Secretario General Territorial del movimiento y al momento del intento de alzamiento estaba fuera del país.

Por razones periodísticas, nos habíamos conocido el 2000, cuando Augusto Pinochet Ugarte se encontraba detenido en Londres. Fue el comienzo de una sucesión de conversaciones, con interrupciones, y que se extendió hasta poco antes de su fallecimiento el 1 de octubre de 2023, un poco después de que se conmemoraran 50 años del Golpe de Estado. De hecho, había llegado a Chile en junio por esa razón, abandonando su destierro voluntario en Buenos Aires. En esa larga historia de diálogo, fui acompañando su proceso de cada vez un mayor repudio a la dictadura y su herencia, y su conversión pública a la izquierda y el progresismo.

EL ORIGEN DE LA EMBESTIDA

Así como en el Paro de Octubre, a la paralización decretada por los camioneros se sumaron pronto otros gremios, como la Confederación del Comercio Detallista, la Confederación de Colegios Profesionales y la Confederación Única de Profesionales (CUPROCH). De la misma forma, recibió el respaldo de gremios patronales como la Confederación de la Producción y el Comercio. “Me consta que toda esa concertación fue promovida por la Armada”, me dijo Thieme.

Luego de regresar subrepticiamente al país, Thieme y su hermano Ernesto Müller, que había encabezado el estamento juvenil del FNPL, dieron una conferencia de prensa a mediados de julio en el drive–in Munchen de El Arrayán, en que manifestaron que el movimiento pasaba a la clandestinidad y que lucharían “hasta las últimas consecuencias” para lograr derrocar el Gobierno (“El Siglo”, 17 y 18 de julio de 1973).

A esas alturas, ya se había producido una señal de que algo se preparaba. Poco más de una semana después del “tancazo”, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones emitió una declaración en la que advertía respecto de un futuro paro de actividades. La excusa era el supuesto incumplimiento del Gobierno de Allende frente a sus demandas (“El Mercurio”, 9 de julio de 1973). Thieme dijo haber visto ese pronunciamiento, pero que no imaginaba aún su envergadura y alcances.

Recordó que “el domingo 22 de julio de 1973, casi una semana después de haber pasado a la clandestinidad, fui invitado a una reunión con oficiales de la Armada que formaban parte del círculo de colaboradores cercanos de José Toribo Merino. En el más absoluto secreto y tomando todas las medidas de seguridad, el encuentro se produjo en un departamento de la comuna de Vitacura. Asistí con Miguel Sessa y Vicente Gutiérrez, que estaban a cargo de las ‘Brigadas Operacionales de Fuerzas Especiales’ (BOFE) del movimiento. El interlocutor principal de los marinos era el comandante Hugo Castro, que asistió con un capitán”.

“Nos comunicó que se iniciaría un nuevo paro nacional de los camioneros, digitado por la Marina, al cual se sumarían pronto otros gremios, hasta paralizar todo el país y crear las condiciones para una acción militar contra el Gobierno de Allende”, detalló.

Hugo Castro Jiménez era, en efecto, uno de los hombres de mayor confianza de Merino, el cual asumió la comandancia en jefe de la Armada para el Golpe de Estado. Ambos integraban el “núcleo duro” de la conspiración golpista al interior de la institución. En la trayectoria de Castro figuraba el cargo de director de la Escuela Naval. Una vez instaurada la dictadura fue Ministro de Educación entre el 27 de septiembre de 1973 y mayo de 1975.

Thieme rememoró que la Armada les pidió que las Brigadas BOFE de Patria y Libertad, sus fuerzas paramilitares integradas por unos 500 militantes, se hicieran cargo de la misión de mantener cortadas todas las vías de ferrocarriles y las carreteras y sabotear los oleoductos y bencineras. Detalló: “La Armada nos indicaría los puntos de corte y proporcionaría el material logístico necesario: es decir, explosivos. También nos indicaría los días en los que tendríamos que producir cortes de energía eléctrica para interrumpir las comunicaciones radiales y televisivas e impedir que el mensaje del Gobierno pudiera llegar a la población”.

Los hombres de la Armada, explicaron, se encargarían secretamente de otorgar protección a los camioneros.

“El diseño de la Armada consistía en que los atentados, sumados a la paralización, crearían las condiciones de caos e ingobernabilidad que permitirían la intervención de las Fuerzas Armadas y deponer al Presidente Allende”, indicó.

Y señaló: “Hoy no tengo dudas de que la mano de la CIA estaba detrás de todo esto. En esos momento no sabíamos, pero la Armada había tomado contacto con profesionales y centros de estudios respaldados por la inteligencia estadounidense para dibujar las bases de una nueva institucionalidad y diseñar un nuevo modelo económico, que serían impuestos, como ocurrió, luego del Golpe de Estado”.

EL ASESINATO DEL EDECAN

El paro comenzó, en efecto, el jueves 26 de julio de 1973. Ese día el Presidente Salvador Allende concurrió a la Embajada de Cuba, con motivo de la conmemoración del asalto al Cuartel Moncada. Fue acompañado por su Edecán Naval, el comandante de la Armada Arturo Araya Peters, y por miembros de su Dispositivo de Seguridad, más conocido como GAP. Luego de concluida la actividad, Araya se retiró a su residencia en calle Fidel Oteíza de la comuna de Providencia. Unas horas después, ya en la madrugada, fue acribillado. Era un oficial naval constitucionalista, que había cultivado una estrecha relación con el Presidente.

Al día siguiente, la prensa opositora informó con ribetes de escándalo, que el crimen ya se había resuelto. Que había sido detenido un socialista llamado José Riquelme Bascuñán, que habría confesado ser uno de los autores del asesinato. Unos de los primeros medios que divulgaron esas aseveraciones fue la Radio Agricultura, por decisión de su director Álvaro Puga, que integraba el “Frente Invisible” de Patria y Libertad.

La supuesta “confesión” de Riquelme indicaba que había sido contratado para realizar dos atentados terroristas a cambio de dinero; que el reclutador habría sido “un señor Blanco”, que los medios opositores pronto identificaron como Domingo Blanco, integrante del GAP; que además participaron “tres cubanos” y militantes del PS y del MIR; y que la orden era secuestrar a Araya “para producir un estado de conmoción que evitara cualquier arreglo que resultara del diálogo” del Gobierno y la Democracia Cristiana.

Más tarde, se conoció la verdad. Riquelme no había tenido participación alguna en la muerte del edecán y no era socialista. Fue una maniobra digitada por dos oficiales de la Inteligencia de Carabineros, Germán Esquivel Caballero, y la Armada, Daniel Guimper Corvalán, los que obligaron a Riquelme, bajo apremios, a firmar una supuesta confesión.

Roberto Thieme me señaló: “Luego se confirmó que los implicados, que fueron detenidos por la Policía de Investigaciones, eran un grupo que se había descolgado de Patria y Libertad, que consideraba insuficiente el nivel de violencia desplegado por el movimiento, los que yo mismo había expulsado un año antes. Se autoproclamaban ‘guerrilleros nacionalistas’ y se habían concertado con jóvenes del Partido Nacional y la Democracia Radical. En la noche de ese primer día de paro habían estado provocando desórdenes callejeros en Providencia”.

“En términos institucionales, Patria y Libertad no fue responsable del crimen, aunque debo advertir que el arma de fuego empleada, un rifle Marcatti largo, tipo Bataan, de fabricación argentina, la había ingresado clandestinamente a Chile desde el país vecino, con una partida que fue distribuida en el ‘tancazo’. Esa arma llegó a las manos del ex oficial de la Armada Jorge Ehlers, quien se la entregó a Guillermo Claverie, quien luego fue sindicado como el autor de los disparos que arrebataron la vida al comandante Araya”, explicó.

Y sostiene: “Pienso que lo más probable es que el asesinato de Araya fue resultado de un complot digitado desde la Armada, incluso el propio Merino. El comandante era un oficial leal al Presidente Allende y en septiembre debía ascender a contraalmirante y por lo tanto llegaría al alto mando de la institución naval, transformándose en un obstáculo al golpe. Por otro lado, la sospecha de que los autores procedían de la izquierda contribuía la cohesión institucional en torno al propósito de derrocar el Gobierno”.

Es interesante saber el destino de parte de los hombres que participaron en este hecho. Ehlers fue designado por la dictadura a cargo de la Dirección General de Deportes (Digeder), entonces dependiente del Ministerio de Defensa. Álvaro Puga fue unos de los pocos civiles que estuvo en el comando del Golpe de Estado el 11 de septiembre y luego asumió como “director de asuntos públicos” de la Junta Militar.

La periodista Mónica González descubrió, en plena dictadura, que ninguno de los detenidos en 1973 fue condenado. Y descubrió otra verdad incómoda: Germán Esquivel y Daniel Guimper pasaron a integrar las filas del llamado Comando Conjunto, aparato que coexistió con la DINA en los intentos de exterminio de la izquierda. Allí fueron colegas de tres participantes del grupo que participó en el asesinato del edecán naval: César Luis Palma Ramírez, Tito Alejandro Fígari Verdugo y Andrés Pablo Potin Lailhacar.

Domingo Blanco Tarrés, a quien intentaron falsamente involucrar en el asesinato, era uno de los jefes del GAP. Fue detenido el 11 de septiembre de 1973 y hecho desaparecer.

LA ESCALADA DE ATENTADOS

El paro de los camioneros comenzó pronto a provocar estragos en el país. Según se informó, el conflicto afectaba el abastecimiento del 80 por ciento de los artículos de consumo, así como el suministro de combustibles e insumos para la gran minería del cobre (“El Mercurio”, 1 de agosto de 1973).

La ofensiva de atentados explosivos perpetrados por Patria y Libertad, con información y logística de la Armada, se propagó por el país. La revista “Chile Hoy” del 10 de agosto de 1973 constató que entre el 1 de julio y el 6 de agosto se registraron 128 atentados, en un proceso creciente, sobre todo con la utilización de elementos “profesionales” (es decir, cargas explosivas “cuya confección, manipulación y detonación no es atribuible a aficionados principiantes)”. Detalló que el tipo de atentado más frecuente fue el uso de “artefactos explosivos, dinamita  y afines”, con un total de “63 acciones terroristas y de sabotaje”. Se trataba de atentados cometidos “por grupos que actuaron de modo concertado, y a menudo con riguroso estudio previo del lugar y de las características precisas del blanco”.

Añadió que era evidente que “un altísimo número de las acciones terroristas apuntan directa o indirectamente a reforzar” el paro de los transportistas, destacando que se dirigían en forma prioritaria a vehículos de carga o locomoción colectiva; carreteras y vías férreas y puentes ruteros; y centro abastecedores de combustible .

A menos de un mes del derrocamiento de Allende, la publicación informó el 17 de agosto que “como parte de la cadena de casi 300 atentados terroristas desatada en todo el país por los sostenedores del paro de los camioneros, en la madrugada del 7 de agosto dos cargas de dinamita volaron un tramo del oleoducto de la ENAP que va desde Concepción a San Fernando. La tremenda explosión provocada por la rotura de la cañería a través de la cual (…) circulaba gas licuado, se convirtió por sus efectos devastadores y los dos muertos  y 17 heridos ocasionados, en la más bárbara de las acciones desplegadas por la derecha para crear un clima caótico que favoreciera sus proyectos golpistas”.

Detalló que los diarios de la cadena “El Mercurio” y, en general, la prensa de oposición, “desplegaron grandes titulares y publicaron ‘detalladas informaciones’, cuando el ministro encargado del proceso ordenó el arresto del obrero del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Sabino Romero Salazar, atribuyéndole la condición de ‘sospechoso’ de haber intervenido” en el atentando, consignó. Detalló que “el obrero fue presentado indistintamente como militante del MIR o el Partido Socialista y en torno a él se tejió una maraña de mentiras”. Fue bautizado por los medios contrarios al Gobierno Popular como “comandante Sabino” .

El diario “La Prensa” de Curicó fue el primer en introducir aquella sospecha de la autoría de Romero, aseverando que se había “establecido” que se trataba de un “extremista” apodado “comandante Sabino”. Y que en Talca, el ministro en visita Hernán Correa de la Cerda había establecido que era el autor del atentado .

No tuvieron igual cobertura las declaraciones del Subcomisario Antonio Ocampo, Jefe de la Policía de Investigaciones de Curicó, que calificó de tendenciosas los reportes que entregó la prensa opositora, descartando que Romero fuera detenido por participación en el atentado. Lo más importante: señaló además que “todos los indicios conducen a un grupo de Patria y Libertad, pero aún no hemos logrado una prueba suficiente” .

El policía no se equivocaba. Consultado por el hecho, Roberto Thieme me dijo: “Como jefe en ejercicio de Patria y Libertad en esos momentos, señalo responsable y categóricamente que el atentado al oleoducto fue ejecutado por el movimiento. Y que, en coherencia con la solicitud de la Armada para que procediéramos, también en este caso la localización exacta del ‘blanco’ fue proporcionada por la institución naval, así como la logística. La Armada dispuso la ingeniería para la planificación y los medios, así como debe haber posibilitado la campaña de desinformación, y el movimiento puso la mano de obra” .

Sin embargo, hasta ahora en publicaciones de todo tipo en defensa del Golpe de Estado se insiste que el atentado fue obra de un atentado perpetrado por “el mirista Sabino”.

La ola de atentados terroristas se extendió hasta el mismo 11 de septiembre de 1973. Esa mañana, en su último discurso, el Presidente Salvador Allende señaló que “en nuestro país el fascismo ya estuvo hace muchas horas presente, en los atentados terroristas, volando los puentes, cortando la línea férrea, destruyendo los oleoductos y los gaseoductos, frente al silencio de los que tenían la obligación de proceder: estaban comprometidos. La historia los juzgará”.

-El autor, Víctor Osorio, es periodista.

Santiago, 26 de julio de 2026.

*Fuente: Crónica Digital.

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26 de julio de 2026

Nick Cleveland-Stout, Quincy Paper N° 19, 24 de julio de 2026

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Resumen Ejecutivo

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Notas:

 

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Nelson Quichillao López, nacido en La Unión, al sur de Chile, llegó a la mina de El Salvador motivado por su hermano José, ex trabajador de la misma faena. Como miles de sus compañeras y compañeros, Nelson se sumó a la huelga general de julio de 2015, que unió a las y los trabajadores subcontratados de la minería del cobre para exigir masivamente a la estatal CODELCO mejores condiciones laborales. La madrugada del 24 de julio de ese mismo año, Nelson fue asesinado por una bala percutada por un funcionario de Carabineros de Chile, en medio de la violenta represión desplegada contra una manifestación pacífica.

A 11 años de los hechos, la justicia chilena mantiene al responsable policial en la impunidad, desoyendo las exigencias de justicia impulsadas por la Confederación de Trabajadores del Cobre, su familia y el amplio respaldo de organizaciones sindicales y políticas de todo el país.

En el transcurso de este tiempo, su hermano José falleció sin ver justicia. Nosotros, sin embargo, continuamos buscándola en organismos internacionales, manteniendo viva la memoria de quien es un ejemplo de consecuencia para todas y todos los que, con conciencia de clase, luchamos día a día por conquistar la dignidad de nuestro trabajo.

Los hechos

El 23 de julio de 2015, alrededor de 200 trabajadores de Geovita —empresa contratista de Codelco— se tomaron el acceso a la mina El Salvador y a la ciudad de Diego de Almagro. La huelga nacional había comenzado dos días antes, luego de que la minera estatal se negara a renegociar el Acuerdo Marco vigente desde 2007.

El 21 de julio, el mismo día en que se iniciaron las tomas a nivel nacional, los mineros recibieron la primera advertencia: a las 06:20 de la mañana, un contingente de Fuerzas Especiales disolvió a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la mina mediante el uso intensivo de gases lacrimógenos.

Sin embargo, nadie previó la magnitud de la represión que vendría. Alertados por la Dirección de Inteligencia (Dipolcar) sobre los cortes de camino programados para el 23 y 24 de julio, Carabineros preparó un operativo de 57 efectivos que incluyó contingentes de la Región de Atacama, un piquete trasladado en avión desde Valparaíso a Copiapó y otro enviado desde Santiago en avioneta y helicóptero.

Los trabajadores, por su parte, se resguardaron levantando un cordón de tierra con una máquina cargadora Scoop. Pasadas las nueve de la noche, el contingente policial arremetió para despejar el lugar, desatando horas de enfrentamiento. “Nos tiraban lacrimógenas y balines; nosotros respondíamos con lo que podíamos y nos resguardábamos detrás de las maquinarias. Veía cómo mis compañeros caían heridos, había gritos por todas partes y no se podía respirar”, recuerda uno de los mineros presentes.

Tres máquinas Scoop manejadas por trabajadores avanzaron desde el acceso para hacer retroceder a la policía y servir de escudo al resto de los manifestantes. “Nos alumbraban con infrarrojos, el gas nos estaba matando, y los balines y perdigones volaban hiriendo a compañeros en todo el cuerpo”, relata la dirigenta Ana Lamas.

Cerca de la 1:00 de la madrugada, en medio de la penumbra, las fuerzas policiales agotaron sus pertrechos disuasivos tras cuatro horas de enfrentamiento. Sin bombas ni gas, la máquina Scoop continuó maniobrando para mantener alejada a la policía. Fue en ese momento cuando el escenario empeoró: a los gritos se sumó el estruendo de una ráfaga de fuego real. Fueron 33 disparos dirigidos hacia las cabinas blindadas.

Sin tiempo para resguardarse, los mineros vieron caer a Nelson Quichillao, de 48 años, impactado por un proyectil en la ingle. Rodrigo Vásquez, compañero cercano, levantó los brazos pidiendo el cese al fuego al grito de “¡Hay un caído!”. De inmediato, Vásquez fue impactado por múltiples balines en el tórax y en un ojo, cayendo sangrando al lado de Nelson.

Impunidad Institucional

A lo largo de la investigación, Carabineros sostuvo que los funcionarios actuaron en legítima defensa ante el riesgo de ser arrollados por la maquinaria. No obstante, los testimonios del lugar desmienten esa versión: “Hay al menos 200 testigos que pueden afirmar que no fue así. Dispararon a matar contra el conductor y los trabajadores cuando las máquinas venían retrocediendo. Al quedarse sin gas, respondieron con fuego real”.

Las indagatorias judiciales apuntaron al sargento primero de la 7ª Comisaría de Valparaíso, Marco Guerrero Martínez, quien además registraba denuncias previa por agresiones y torturas contra el estudiante universitario Jorge Brito durante las movilizaciones estudiantiles de 2013. A pesar de ello, el caso fue derivado a la justicia militar sin llegar a puerto.

El 28 de marzo de 2018, la Fiscalía de Atacama comunicó su decisión de no perseverar en la investigación, argumentando que el proyectil habría rebotado en un vehículo antes de impactar al trabajador y que las pericias «no lograron ser determinantes para formular una acusación penal».

Instancias Internacionales

Al agotarse las vías legales en Chile, en conjunto, familiares y la CTC recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La denuncia internacional se interpuso en contra del Estado de Chile por vulnerar los derechos fundamentales a la vida, la justicia y la verdad al no garantizar una investigación penal adecuada e imparcial.

Un Patrón de Represión Policial

El crimen de Nelson Quichillao guardó trágicas similitudes con el asesinato del obrero forestal subcontratado Rodrigo Cisterna, ocurrido el 3 de mayo de 2007 durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Cisterna fue acribillado por efectivos del GOPE mientras participaba en una protesta por mejoras salariales en la planta de Celulosa Arauco, en Horcones. En dicho operativo, otros cinco trabajadores resultaron heridos por disparos, uno de ellos con pérdida ocular.

Hasta la fecha, no existen condenados por el homicidio de Rodrigo Cisterna. Pese a que los antecedentes apuntan al sargento primero del GOPE Luis Mellado Jaque, no se establecieron sanciones penales ni responsabilidades políticas para las autoridades de la época, como el entonces subsecretario del Interior, Felipe Harboe. Debido a la falta de respuestas de la institucionalidad chilena, el caso de Cisterna debió ser presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Memoria y Legado

Frente al lugar donde cayó herido, a las afueras de la mina de Codelco en El Salvador, se erige el Memorial Nelson Quichillao, obra creada por la artista Sabrina Morgado y construida junto al Colectivo Artístico Las Amapolas. Declarado Monumento Nacional, el espacio permanece como un símbolo de resistencia, memoria colectiva y dignidad para el movimiento sindical chileno. También se realizó el Festival Nelson en la Memoria, donde variados artistas locales rindieron homenaje.

A 11 años seguimos exigiendo Verdad y Justicia para Nelson. Confederación de Trabajadores del Cobre

Once años después, el asesinato de Nelson Quichillao continúa sin responsables condenados. La impunidad no solo alcanza al autor material del disparo, sino también a las autoridades políticas que dirigían el país cuando el Estado respondió con fuego contra trabajadores movilizados. Ese crimen ocurrió durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, una responsabilidad política que permanece sin asumir mientras hoy su nombre vuelve a proyectarse hacia los más altos cargos internacionales vinculados a los derechos

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José Martí escribió: “La gratitud, como ciertas flores, no se da en la altura, y se aviene mal con la sombra”. Lo escribió pensando en los hombres dignos, en los pueblos que no olvidan, en la memoria como fundamento de la virtud. Hoy, esas palabras me queman al leer las declaraciones de la presidenta encargada de Venezuela.

Delcy Rodríguez agradeció a Donald Trump. No lo hizo en un aparte diplomático, en un susurro de pasillo. Lo hizo a micrófono abierto, ante el mundo, con la solemnidad de quien firma un documento de capitulación: “Venezuela nunca olvidará la mano tendida a nuestro pueblo en estas horas tan duras”.

No voy a negar que un país pueda agradecer la ayuda humanitaria, venga de donde venga. Pero esto no es un agradecimiento. Esto es un acto de humillación. Y duele. Duele porque durante más de veinte años Cuba tendió la mano a Venezuela sin pedir nada a cambio, y nunca, jamás, recibió una gratitud así.

Lo que Cuba dio sin pedir

Lo digo sin hipérbole. Cientos de miles de médicos, maestros, entrenadores deportivos, asesores agrícolas cubanos pisaron tierra venezolana desde los años del huracán Vargas hasta la pandemia. Salvaron vidas en los barrios, alfabetizaron, operaron en quirófanos improvisados, llevaron salud donde nunca había llegado. La Misión Barrio Adentro fue la obra más grande de solidaridad internacionalista de este siglo.

Cuba no le cobró a Venezuela. No le exigió petróleo a precio de mercado. No le puso condiciones políticas a la ayuda. Compartimos lo que teníamos, que nunca fue mucho. Lo hicimos porque somos un pueblo que aprendió, con Martí, que “Patria es humanidad”.

¿Y qué recibimos a cambio? Silencio. Y ahora, esta escena bochornosa.

La mano que aplaude al verdugo

Lo más grave no es que agradezca a Trump. Lo más grave es a quién se lo agradece y en qué contexto. Trump es el mismo que calificó a Venezuela de “amenaza inusual y extraordinaria”. El mismo que ordenó sanciones que impidieron a Venezuela comprar medicinas, alimentos e insumos. El mismo cuyo secretario de Estado, Marco Rubio, llama “esclavos modernos” a los médicos cubanos que salvaron vidas venezolanas.

Ahora, ese mismo Trump, después de haber asfixiado al pueblo venezolano, le ofrece una mano “solidaria”. Esa mano no es ayuda. Es el último acto de una rendición. Es la limosna del que te robó la casa, con la que pretende que le agradezcas y le entregues las escrituras.

Y Delcy Rodríguez, presidenta encargada, acepta la limosna y da las gracias.

La memoria como acto de dignidad

Martí también dijo: “El hombre que se conforma con lo que le dan, y no pide lo que debe pedir, es un esclavo”. Eso es lo que estremece de esta declaración. No es un acto diplomático. Es la naturalización de la sumisión.

Comparo y me sangra el alma. Durante décadas, Cuba no recibió de Venezuela un agradecimiento de este calibre. Ni una frase. Ni un gesto público de hermandad. Los presidentes venezolanos, los cancilleres, los ministros, guardaron silencio. Y ahora, ante el mundo, la presidenta encargada rompe ese silencio para agradecer al presidente del imperio.

No es casualidad. Es un mensaje. Es la certificación de que Venezuela ha dejado de ser un país soberano para convertirse en un protectorado agradecido. La “mano tendida” de Trump no es solidaridad. Es la cadena que se cierra sobre el cuello de un pueblo que un día fue libre.

Lo que nos queda

No voy a insultar a Delcy Rodríguez. No hace falta. Sus propias palabras la definen. Lo que sí voy a hacer es recordar. Porque la memoria es lo único que el imperio no puede bombardear, ni bloquear, ni comprar con petróleo.

Recordemos a los médicos cubanos que murieron en Venezuela cumpliendo su misión. Recordemos a los maestros que alfabetizaron en los cerros. Recordemos a los entrenadores que formaron atletas. Recordemos que Cuba nunca pidió una alfombra roja ni un desfile de agradecimiento. Pero tampoco merece este silencio cómplice, esta ingratitud que se viste de diplomacia.

Lo que yo sostengo

La gratitud, cuando se prostituye, deja de ser virtud. Se convierte en servilismo. Y el servilismo no es revolucionario, ni es bolivariano, ni es humano. Es la muerte del alma antes de que muera el cuerpo.

Nosotros no hacemos como ellos. Nosotros sí agradecemos. A los que estuvieron. A los que están. A los que, sin pedir nada, compartieron su pan y su techo.

Y a los que hoy se arrodillan, les recordamos a Martí: “Los que no tienen el valor de ser hombres, tienen al menos el instinto de ser sombras”.

Cuba no es sombra. Cuba es luz. Y la luz no se agradece al que la apaga.

Patria o Muerte. Venceremos.

Publicado en diario electrónico POLITIKA

*Fuente: PrensaOPAL

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Porque cuando llueve sobre Chile, no se inundan los privilegios, se inundan las poblaciones

Cada invierno, los medios de comunicación de masas (en manos de la burguesía), hablan de «frentes de mal tiempo», «eventos climáticos extremos» o «desastres naturales». Sin embargo, para las pobladoras y pobladores, para la clase trabajadora y el pueblo pobre, la experiencia demuestra una verdad mucho más profunda: los temporales no son solo un fenómeno de la naturaleza. Son el espejo de un sistema de explotación y opresión que organiza la riqueza para unos pocos y distribuye los riesgos y las tragedias sobre las grandes mayorías populares.

No es la lluvia la que construyó viviendas precarias. No es el viento el que empujó a miles de familias a vivir en tomas, quebradas, laderas o terrenos inundables. No son los ríos los que privatizaron el suelo urbano y convirtieron la vivienda en un negocio para bancos e inmobiliarias. Todo ello responde al modelo capitalista que pone el lucro por encima de la vida y que condena a los sectores populares a sobrevivir en condiciones de permanente precariedad. Mientras los grandes grupos económicos, la burguesía y los dueños del poder y la riqueza, continúan acumulando ganancias, las y los trabajadores y sus familias enfrentan cada invierno con temor. El temor a perder la casa levantada con años de esfuerzo; a que el agua destruya los pocos bienes familiares; a quedar sin trabajo porque el empleo precario no reconoce licencias climáticas; a ver nuevamente suspendidas las clases de los hijos y las hijas porque los establecimientos educacionales no cuentan con infraestructura adecuada. Esa es la verdadera cara de la desigualdad de clases.

Las autoridades suelen responder con visitas a las zonas afectadas, anuncios de bonos, entrega de cajas de ayuda y promesas de reconstrucción. Son medidas que alivian necesidades inmediatas, pero que no modifican las condiciones que originan el problema. Año tras año se administra la emergencia sin enfrentar las causas estructurales que la reproducen. La política pública aparece cuando el desastre ya ocurrió, pero permanece ausente cuando se trata de garantizar el derecho a la vivienda, planificar las ciudades o invertir sostenidamente en infraestructura para los territorios donde habita la clase trabajadora y el pueblo.

El actual gobierno de Kast, ha insistido en presentar el crecimiento económico, la seguridad y la atracción de inversiones como prioridades nacionales. Sin embargo, desde nuestra mirada clasista y popular resulta legítimo preguntarse ¿a quién beneficia ese crecimiento cuando miles de familias continúan viviendo en condiciones de desigualdad y precarización frente a fenómenos climáticos previsibles? La persistencia de déficits habitacionales, de infraestructura insuficiente y de profundas desigualdades territoriales muestra que los costos de estos eventos recaen de manera desproporcionada sobre los sectores populares.

La vivienda deja de ser un derecho para convertirse en mercancía. La prevención de riesgos compite con las exigencias de austeridad fiscal. La inversión pública se subordina a las prioridades del mercado. Y cuando llegan los temporales, quienes pagan las consecuencias son siempre los mismos: las y los trabajadores, las pobladoras, las familias endeudadas y quienes sobreviven con ingresos insuficientes o sin empleo.

Desde el Bloque de Organizaciones Populares sostenemos que la clase trabajadora y el pueblo no puede seguir siendo tratado como destinatario de la caridad estatal ni de la solidaridad ocasional que emerge en cada emergencia. Las organizaciones territoriales, las ollas comunes, las juntas de vecinos, los comités de vivienda y las diversas expresiones de organización clasista y popular han demostrado una y otra vez que es el propio pueblo quien primero responde cuando el Estado llega tarde o resulta insuficiente. Esa experiencia reafirma la importancia de fortalecer la organización popular y la participación desde una perspectiva de clase en la construcción de respuestas frente a las crisis.

Cada temporal vuelve a confirmar una realidad incómoda para quienes defienden el orden existente: las catástrofes no afectan por igual a las distintas clases sociales. Allí donde algunos observan un fenómeno meteorológico, el pueblo experimenta las consecuencias acumuladas de décadas de desigualdad, segregación territorial y precariedad habitacional. Mientras el lucro continúe organizando el acceso a la vivienda, al suelo urbano y a la infraestructura no será posible enfrentar de mejor manera los eventos climáticos; Mientras el poder no esté en manos de las y los trabajadores cada invierno volverá a demostrar que las tragedias sociales no son inevitables.

Porque cuando llueve sobre Chile, no se inundan los privilegios. Se inundan las poblaciones. Se inundan los campamentos. Se inundan las casas de las y los trabajadores.

Bloque de Organizaciones Populares

Chile, julio 2026

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